Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Abril 29 – 2024

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco jóvenes  que fueron asesinados en Cali, el 11 de agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad de Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es el barrio Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias y su cultura a través de cuatro mujeres: una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que, así sea por un segundo, vuelvan a vivir en la palabra; una mujer negra de un Buenaventura  que se hizo abogada y una docente que humaniza la academia.  

En el 2013, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se creó un proyecto de vivienda de interés prioritario. El ministerio de Vivienda realizó 284 proyectos, en Colombia, entre ellos La Urbanización Casas de Llano Verde en Cali, es el proyecto más grande a nivel suroccidental con más de 4700 viviendas entregadas a aproximadamente 2500 personas reubicadas, en su mayoría, población víctima del desplazamiento forzado, afrocolombiana, también reincorporada, excombatientes y población en extrema pobreza y reasentada por ola invernal.  

Este programa surgió a través de la reformulación, en el año 2013,  de la ley 1537 del 2012, en la cual se dictan normas para promover el desarrollo urbano y rural. Para la docente  Stephany Mercedes Vargas Rojas, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, esa modificación se hizo en gran parte para reactivar el sector de construcción del país, generar empleo y mostrar unos indicadores de crecimiento económico.

“Por lo general hay unos intereses económicos muy importantes cuando los gobiernos deciden que quieren impulsar la construcción de vivienda a nivel nacional. En ese momento, el objetivo fundamental, como lo explican las gacetas, era reactivar la economía, disminuir la pobreza y bancarizar a la población que resultara beneficiaria de estas viviendas, es decir; insertarlas en el sistema financiero. En este proceso incluyeron de forma mínima a quienes iban a habitar estas viviendas” explica la profesora Vargas.

A partir de la ley de víctimas 1448 se prioriza a las víctimas de desplazamiento forzado como principales beneficiarios de estas viviendas, adquiriendo algunos aspectos hacia la reparación. Pero nuevamente no se invita a las víctimas a participar en el diseño de dicho programa. Sumado a esto el proyecto de Ley 1537 pasó muy rápido en el Congreso, sin tener en cuenta las condiciones de los beneficiarios. Aproximadamente cinco  billones de pesos costó una primera fase de este programa de vivienda y se construyó rápidamente en todo el territorio nacional estos 284 proyectos de vivienda de interés prioritario.  

Según Vargas, aunque el programa benefició a un gran número de familias, no tuvo en cuenta la Ley 1482 del 2012, por la cual debe seguirse un protocolo de reubicación y retorno con las víctimas de conflictos armados. Uno de los momentos claves de la reparación es cuando se le dice a la víctima si quiere retornar al  lugar del desplazamiento o ser reubicada en proyectos de vivienda que ofrezca el Estado. Proyectos que deben seguir unos principios claves de seguridad, voluntariedad y dignidad. 

Hasta que se construyó el barrio, el sector era considerado zona rural de Cali. Ahora hace parte de la zona urbana -en la  comuna 15- y está ubicado en el costado suroriental de la ciudad. El Oriente es un lugar de resiliencia, de rebusque, el territorio negro, de indígenas, campesinos, de comunidades empobrecidas: la ciudad de los desplazados.

Aunque inicialmente el programa fue ejecutado por el Ministerio de Vivienda para las familias víctimas del conflicto armado, Cali tenía la necesidad de reubicar  a las que estaban en el Jarillón del Río Cauca porque corrían riesgo debido a la ola invernal. En ese momento el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, compró unas viviendas a la Constructora Bolívar para asignarlas a la población que se iba a reasentar, es decir, a  los posibles damnificados por el invierno.  

La construcción de Llano Verde es una muestra de marcada homogeneización y de la ausencia de una consideración sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad. Las casas, de no más de 48 metros cuadrados, tienen una sala-comedor, cocina, patio y dos habitaciones para familias que llegan a estar compuestas hasta por 12 personas. Tanto las casas como las calles no tenían mayores diferencias en su construcción, mientras que la composición de sus habitantes era diversa. 

Según la docente Stephany Vargas, la segregación que se hace en el momento de la construcción del barrio es muy visible porque las personas se distribuyen por manzanas según su procedencia, por ejemplo, una manzana se le asignó a la población desplazada, otra a quienes estaban siendo reubicados y venían del Jarillón del río para salvaguardarse de la ola invernal y las otras manzana se entregaron a excombatientes y a comunidades de otras culturas.  

Estas particularidades ponen en evidencia la lógica de proyectos de este estilo que buscan brindar vivienda a bajo costo para las constructoras, sin tener en cuenta las condiciones de la necesidades de las  familias que van a habitar y demostrando el nulo interés por la construcción de comunidades y tejido social.

“No hubo un proceso de integración comunitaria entre las personas que llegaron a vivir al barrio y personas que vivían en barrios vecinos, sumado a esto, en el barrio juntaron a ex combatientes, indígenas, víctimas  y población en pobreza extrema. Entonces tenemos un cóctel para muchas problemáticas que emergen después de la reubicación”, dice Stephany Vargas. 

Sumado a esto, aunque muchas instituciones han llegado a Llano Verde, su intervención ha sido atomizada. Con nuevos gobiernos llegan nuevos cambios y sin tener en cuenta el avance en proyectos de otras administraciones, se anula la continuidad de los logros. Además, como  las instituciones trabajan por poblaciones, es decir o los negros o los indigenas, esto genera que cada grupo poblacional compita por la atenciòn de las instituciones. Dicha competencia desemboca en conflictos comunitarios y fricción entre los liderazgos. Todo esto sin contar con que a veces las instituciones sólo buscan llenar los listados de asistencia de las jornadas que hacen de servicios.

La historia de Cali está marcada por la palabra esclavitud y por el concepto altos hacendados, expresiones que muestran contrastes brutales de violencia y desigualdad, no muy distintos a lo que vivimos ahora, quizás, con otros nombres. Hay que recordar que en la Sultana del Valle hubo asentamiento de esclavistas propietarios de importantes haciendas que, mediante la esclavización, tenían en sus manos el comercio, la ganadería, lo más grave la vida de los negros y su libertad. 

Según los historiadores  Urrea y Candelo, investigadores de las dinámicas  sociopolíticas de los afrodescendientes en el Pacífico,  para mediados del siglo XVIII, estos hacendados esclavistas empezaron, poco a poco, a perder su poder gracias a los procesos cimarroneros, de resistencia comunitaria y a partir de la Ley 21 de mayo de 1851, que dio paso a la abolición de la esclavitud en Colombia. 

Cali, por las transformaciones sociales emergentes, empezó un proceso de urbanización y modernización entre el siglo XIX y XX que, sumado a la demanda de producción agrícola, la prosperidad naciente de campesinos negros, el crecimiento de los cultivos de caña para las décadas del 50 y 60 posicionaron a la ciudad como la más importante en el suroccidente del país. También por su dinamismo económico, reflejado en su tamaño poblacional, Cali se convirtió en uno de los principales destinos para los migrantes de todo el país.

La amplia diversidad étnica y raizal, es la mayor riqueza del territorio y también el núcleo de los contrastes más profundos. Es como si esos factores positivos que se esperan de la pluralidad, se convirtieran en una especie de espada de Damocles o taladraran en la dirección opuesta: la de las diferencias sociales y geográficas, esas que se corresponden con las dinámicas y características de asentamientos populares ubicados en las antípodas de la ladera de la ciudad, en la parte alta del distrito de Aguablanca y en la parte plana, contrastando con la Cali industrial, comercial y residencial. 

Estos asentamientos populares están poblados por una amalgama de gente pobre, racializada y excluida, revelando así una ciudad que en su cara muestra los dientes que se clavan profundo en las inequidades que viven sus habitantes repartidos entre la Cali planificada y la Cali empobrecida.

Este costado oriental de la ciudad es el territorio que va a recibir de manera permanente a la población migrante, a la desplazada, a la gente negra, que ve en la ciudad una posibilidad de mejorar sus condiciones ante los embates del capitalismo y de la guerra. En términos concretos, la población afrocolombiana de Santiago de Cali se encuentra concentrada en el oriente de la ciudad. Se convierte en una pintura realista de la pobreza, la estigmatización y el olvido. Un lugar que nadie quiere ver y que se pone en el cuarto de atrás, que en este caso es el Oriente. 

En ese sentido, se recoge el comentario de Barbary en su estudio Gente negra en Colombia, dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico, destacando que “la región de Cali tiene la primera concentración urbana afrocolombiana en el país, ya sea como región (Cali-área metropolitana con el sur del Valle) o como ciudad entre las 13 áreas metropolitanas. Por ello, no es arbitrario que hoy en día Cali sea vista como la “capital del Pacífico”.

Para la investigadora Stephany Vargas, es muy preocupante lo que pasa con las comunidades  afrocolombianas, inclusive después del proceso de paz,  ya que aunque los acuerdos se firmaron en el 2016, la diáspora continúa como si la historia fuera cíclica.  Hay que recordar que en la colonización, las comunidades afrocolombianas fueron excluidas de participar en el desarrollo del país y las ciudades, luego con el conflicto armado son despojados forzosamente de sus territorios y sus comunidades, obligadas a llegar a la periferia de las ciudades.

Vargas señala que esto  parte de un proceso, de acuerdo a autores que trabajan estudios afrodiaspóricos, que se debe ver desde el análisis de relaciones de poder, donde ciertos autores coinciden en afirmar que, para las élites resulta conveniente mantener a estas comunidades al margen del Estado y las ciudades, esto para servir a algunos propósitos económicos, para ser controlados, explotados y expropiados continuamennto en su origen y la creencia de que el servicio docente y académico, puede contribuir de alguna manera a Colombia. 

Quizás por esta razón llegó a Llano Verde a trabajar con la comunidad. Después de  cinco años allí, decidió quedarse para trabajar en una investigación junto a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), a las universidades Javeriana, Católica y del Valle. La idea era encontrar cómo beneficiar a los jóvenes y participar en organizaciones sociales de base. 

En el año 2021, Vargas juntó a otras investigadores inició el proyecto La construcción de la paz desde abajo y la justicia transicional: una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes de AFRODES para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la Urbanización Casas de Llano Verde, comuna 15 de la ciudad de Cali (nombre corto: Paz en Llano Verde).

Como resultado del proyecto, en el libro La construcción de la paz en Llano Verde (Reflexiones situadas sobre la Justicia Transicional, la Educación y las Políticas  Públicas en el  Distrito de Aguablanca)  ofrece un análisis de las prácticas sociales de construcción de paz que dan contenido al modo en que los jóvenes del semillero AFRODES aportan a la realización de la justicia transicional en su territorio. Se trata de una aproximación sucesiva y en proceso que busca articular miradas prácticas y teóricas provenientes del trabajo social, la comunicología, la ciencia política y la administración de empresas, disciplinas y campos de conocimiento que posibilitan una comprensión ampliada de los dramas sociales del tiempo presente.

Los capítulos que componen el libro son el resultado del encuentro con el semillero de jóvenes AFRODES Cali. Este está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21 del distrito de Aguablanca, provenientes del Pacífico colombiano, especialmente de los municipios de Buenaventura, Tumaco, Satinga y  El Charco, entre otros. Sus edades oscilan entre los 14 y 28 años y sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el  2013, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. 

“Después de la masacre de los cinco jóvenes, la docente se unió a Afrodes  convocada por Erlendy Cuero Bravo, Coordinadora de la Asociación, para formular un proyecto de investigación que permitiera visibilizar las realidades de los jóvenes en Llano Verde, y al mismo tiempo, visibilizar las acciones de ellos para trabajar de allí nace en el proyecto Paz en Llano Verde y posteriormente el libro, que es una construcción colectiva entre el Semillero Afrodes, actores de la comunidad y la academia. 

Uno de los hallazgos que deja el libro es que  aunque el acuerdo de paz está pensado para sus comunidades y la población víctima del conflicto armado, el mismo no incluye de manera específica  a los jóvenes. Entonces se  encontraron con  esa visión de paz, que no incluía a los jóvenes, que han sido víctimas,  por lo que es necesario que se reformule la política de víctimas, además de políticas públicas, que deberían incluir  a los muchachos que la guerra ha dejado sin recuerdos y sin raíces, que tratan de vivir en un barrio con múltiples problemas sociales que están saliendo gracias a fundaciones como Afrodes y las comunidad que sigue resistiendo.  

Por Lisa Trujillo Laguna*  Me dicen La Negra
Especial para Hechoencali.com 

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entregó su primer informe temático el pasado 26 de julio, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.

Ha pasado un año desde que el padre Francisco de Roux hizo entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP.

A través de 11 textos, producciones audiovisuales, podcast y canciones, la CEV hizo un esfuerzo por presentar las razones, vejámenes, e impactos que tuvo el conflicto armado interno. El equipo convocado por la Comisión realizó más de 2000 entrevistas en territorio, y recogió un sin número de informes e insumos de Organizaciones de la Sociedad Civil, para intentar reconocer y explicar formal e institucionalmente la verdad de lo que pasó durante la guerra en Colombia.

Así pues, la Comisión de la Verdad, como parte del Sistema Integral para la Paz, en un plazo de 5 años, logró entregar 67 recomendaciones con enfoque diferencial, dirigidas a entidades del Estado, pero también a la sociedad civil, pues la construcción de una paz estable y duradera es un compromiso de cada persona que ocupa el territorio nacional.

Una vez entregado el Informe Final en junio de 2022, entró en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la CEV: 

El Informe Final entregado por la Comisión de la Verdad marcó un hito histórico para Colombia, no porque fuera la primera vez que se exponen las causas del conflicto, pues la radiografía de la violencia en nuestro territorio ha sido contada por artistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y líderes en un sin número de ocasiones. Lo realmente valioso en este caso, es que las recomendaciones están ligadas en un 58% al Acuerdo de Paz, además son coherentes y están ligadas a la Constitución de 1991 y con algunos Tratados Internacionales ratificados por el Estado, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento. Aunque sólo ha transcurrido un año, el impacto de las Recomendaciones provenientes del Sistema Integral para la Paz, se ha dejado ver en distintos escenarios. De la voz de Julia Eva Cogollo, turbaquera y miembro del CSM escuchamos uno de los avances más significativos.

De allí la importancia de las acciones del Comité de Seguimiento y Monitores (CSM). En su primer año adelantó la sistematización y codificación de las Recomendaciones de la CEV, de la mano con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, se formuló una guía de implementación para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y una propuesta para incorporar las recomendaciones en el Sistema Integrado para el Posconflicto; además se ha propendido por fortalecer el diálogo con las organizaciones de víctimas, sociales y la academia para el análisis de los retos relacionados con el seguimiento, así como el diseño de procesos de participación e incidencia ciudadana.

Las solicitudes de información realizadas por el CSM, han dejado en evidencia el conocimiento limitado que tienen los entes territoriales sobre las recomendaciones, por eso el Comité hace un llamado para que se fortalezca el diálogo entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, que permitan llevar procesos de educación y comunicación a los funcionarios y líderes, pues en este momento es crucial la implementación de las recomendaciones en los nuevos Planes Territoriales de Desarrollo de municipios y departamentos.

Durante la mañana del 26 de julio del 2023, los directores del Sistema Integral de Paz, compuesto por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), entregó su primer informe temático a Carmen Rivera Sousa, representante de la Mesa Distrital de Víctimas.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene una vigencia de 7 años, en los cuales debe insistir en el diálogo con las entidades competentes para la formulación de Políticas Públicas que aseguren el cumplimiento de las Recomendaciones de la CEV en el territorio nacional, esto con el único objetivo de garantizar la No Repetición de los hechos victimizantes del conflicto.

Dicha tarea no ha sido del todo fácil, pues el CSM no cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para la estrategia de comunicaciones diferenciada para zonas urbanas y rurales, sumado a la persistencia del conflicto armado en algunos territorios.

Sin embargo, y con el reloj apresurando la ejecución de las acciones necesarias, el CSM enfocó sus esfuerzos en desglosar las 67 Recomendaciones de la CEV para articularlas a través del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y que fueran integradas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

En un primer momento el Gobierno de Gustavo Petro propuso en las bases del PND (artículo 8), que fuera el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien especificara los roles, lineamientos y responsabilidades de las entidades competentes para la implementación de las recomendaciones de la CEV. Esto no prosperó en los debates del Congreso de la República.

A pesar de que “las recomendaciones tienen una obligatoriedad jurídica, ética, moral e histórica” (CSM 2023), el Senado de Colombia no aprobó el artículo 8 del PND, y en la conciliación se eliminó del texto final. Esto no quiere decir que la implementación de las recomendaciones quedó por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, pues la estructura del proyecto de ley incluía 39 recomendaciones articuladas sus 5 grandes ejes: Derecho Humano a la Alimentación, Ordenamiento del​ territorio alrededor del agua, Seguridad Humana, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y Convergencia regional.

El PND que sancionó la Presidencia de la República, sólo logró incorporar 14 de 39 recomendaciones, es decir solo el 20.89% de la propuesta inicial. El impacto será alrededor de:

Construcción de paz: fomentar la integración del Acuerdo Final de Paz, garantizar la seguridad de los excombatientes, fortalecer el rol del Consejo Nacional de Paz, dar prioridad al diálogo para la confrontación armada. Víctimas: Implementar una reparación integral, establecer una política de memoria y verdad, fomentar la búsqueda de personas desaparecidas.

Democracia: Crear un estatuto de derechos y garantías para organizaciones y movimientos sociales. Hacer ajustes para la igualdad de género, la seguridad y la vida libre de violencia para mujeres y población LGTBI.

Narcotráfico: Transitar hacia una regulación legal con enfoque de DD.HH, salud pública y racionalizar el uso de la acción penal.

Paz territorial: Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial; promover el acceso equitativo y democrático a la tierra, revertir la alta concentración de tierras.

Población LGTBIQ+: Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención a casos de violencia contra personas con orientaciones sexuales.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo en este primer informe resaltó la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro, y su compromiso con la implementación de las Recomendaciones de la CEV, además expresó su preocupación por los obstáculos impuestos por aquellos senadores que son detractores del Acuerdo de Paz, por tanto de los resultados entregados por la Comisión, pero también hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se apropie de las recomendaciones, pues la implementación está en manos y principalmente del Pueblo, quien debe exigir a los gobiernos actuales y venideros el cumplimiento de las acciones dispuestas para que en Colombia se pueda vivir en paz.

La paz es tejido constante a varias manos, una conversación diaria que no tiene fin.

*Lisa Trujillo es Periodista y Comunicadora Popular. Trabaja para la Revista Tribuna Cultural y hace parte del equipo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda 

Agosto 4 – 2023

Por Jorge Luis Galeano con apoyo de Juan David Acevedo

“La Paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles” repitieron muchas veces para explicar que una organización que lucha por la vivienda digna en Cali y otra que trabaja con Iglesias cristianas en el Oriente de la ciudad, estén buscando aportar en los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- que pronto iniciará su tercer ciclo de conversaciones.

Estas organizaciones y otras, se reunieron en Cali para poner en discusión temas fundamentales que deberían ser incluídos en este nuevo proceso de paz. La mirada con perspectiva de género, la lucha por el territorio, la vida digna en las ciudades, organizaciones de estudiantes, entre otras, participaron en el encuentro realizado en la Universidad del Valle, con la aspiración de que en la Mesa de Diálogo con el ELN se incluya la atención a los conflictos urbanos que también impiden la consolidación de una paz verdadera.

Durante esa reunión, denominada Juntanza por la Paz, se discutieron varios ejes, pero se priorizaron tres: enfoque de género, diversidades y disidencias sexuales; antimilitarismo y derecho a la ciudad con énfasis al territorio y vivienda. No como únicos temas, sino con los que iniciaría la participación de la sociedad civil en los diálogos, al menos, desde Cali.

Así lo explica Sara Vásquez de la organización Ciudad en Movimiento

“La idea de estos espacios es poder posicionar la visión que tenemos para la construcción de paz alrededor de dichos ejes. Mirar propuestas que permitan fortalecer los mecanismos de participación que se abordarán en el Comité Nacional de Participación y disputas que nutran la agenda de transformaciones propuesta en el Acuerdo de la Mesa de Diálogos” añade Sara Vásquez.

Ella menciona al Comité Nacional de Participación que es una instancia creada en la Mesa de Diálogos ELN-Gobierno y que coordinará, justamente, la forma en la que las inquietudes, propuestas y apuestas ciudadanas se vincularán al proceso de paz. Para hacer parte de este Comité, que ya fue instalado el 3 de agosto en Bogotá, la Juntanza por la Paz fue clave porque alimenta la agenda de las organizaciones sociales y sus razones de lucha.

Una de estas organizaciones que desde Cali, pone en la agenda el tema de la vivienda digna es La Minga Cali y Boris Delgado, uno de sus integrantes, dice que la paz sin justicia social no es una verdadera paz y por eso, incluir asuntos como la tierra y la vivienda digna en las ciudades para la población empobrecida es fundamental en cualquier proceso de reconciliación. “Como organizaciones sociales creemos que la lucha por el derecho a la vivienda digna, a la ciudad, a la soberanía alimentaria es muy importante y por eso estamos acá, apoyando estos diálogos porque creemos en la paz” termina Delgado.

En la Juntanza por la Paz también participó el Gobierno Nacional, a través del delegado Carlos Rosero, al igual que Claudia Rodríguez, delegada de la Gestoría de Paz del ELN quien, entre otras cosas, hizo un llamado para hacer propuestas de transformación a los problemas que tiene Colombia y añadió “Empoderémonos desde este sector de los históricamente excluidos, con esta agenda de transformaciones de vamos a plantear para consolidarnos en una alianza social y política fuerte para concretar un pacto de carácter nacional”.

La Juntanza por la Paz realizada en Cali se hizo en preparación a lo que fue la instalación del Comité Nacional de Participación, llevada a cabo el 3 de agosto en Bogotá. A este acto asistieron el Gobierno de Colombia, la Delegación de Paz del ELN y representantes de varias organizaciones sociales de todo el país que buscan alimentar la agenda de paz con sus luchas y reivindicaciones. Esta instancia tiene el reto de diseñar la metodología que facilite la participación de la sociedad civil en la Mesa y para ello realizará varios encuentros en todas las regiones del país que buscan recoger, justamente, los temas que son relevantes en cada una de ellas.

Juliana Ramírez, vocera de Ciudadanías para la Paz y delegada para el Comité, dice que “la participación de la sociedad civil va a arropar el proceso del Gobierno con el ELN porque así se logra que las transformaciones ayuden a avanzar hacia la paz y no al contrario”. De igual forma asegura que dicha participación debe ser vinculante y con concreciones territoriales.

El encuentro realizado en Cali se sumó a uno que se había hecho previamente en Medellín y se planean otros y así lo cuenta Juliana Ramírez.

En la instalación, Jimmy Erney Peña del pueblo Totoró del Cauca, dijo que la propuesta de inclusión de las comunidades es muy importante porque “los problemas en sí, están en los territorios porque en el pasado proceso con las Farc, la negociación se hizo entre el Gobierno y los cabecillas. Se necesita llegar a los territorios para desde ahí construir paz”.

El reto es grande porque se pretende abarcar la mayor cantidad de iniciativas y agendas territoriales que logren consolidar una paz integral en toda Colombia y por eso el Comité Nacional de Participación está integrado por 81 organizaciones de 30 sectores que hacen parte de las comunidades étnicas, organizaciones sociales, gremios e instituciones, y es liderado por la Mesa de Diálogos.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro se refirió así a la instalación y el trabajo que tendrá por delante el Comité

La instalación de este Comité se suma al inicio del Cese al Fuego Bilateral entre el Gobierno y el ELN que durará 180 días prorrogables y que tendrá vigilancia de instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo e internacionales como la ONU.

Julio 28 – 2023 

Por Laura Cruz

La instalación de la Mesa del Estallido, un aporte para la paz y la justicia social, en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Palmira, fue producto de una lucha que han seguido varios jóvenes, quienes en el 2021 participaron en el Estallido Social. Está Mesa tiene varios objetivos puntuales, uno de los cuales es la dignificación dentro del interior de los centros penitenciarios, pues muchos de los detenidos han tenido que seguir protestando desde las cárceles del país, no sólo por un cambio social, sino para lograr modificar su situación jurídica. 

Privados de la libertad, acusados de diferentes delitos que, muchos dicen no cometieron, lograron reorganizarse en la cárcel y formar una colectiva llamada Jhonatan Sabogal, en honor a su compañero que el 28 de junio del año pasado murió en extrañas circunstancias en un incendio en la cárcel de Tuluá, en un caso que no ha sido aclarado por las autoridades. 

Más de 20 personas hacen parte de esta colectiva, entre ellas, cuatro que hicieron parte de diferentes puntos de resistencia que se conformaron durante el paro como: La Y de Palmira, el Paso del Aguante, Puerto Resistencia, Luna, el Puente de las Mil Luchas en Cali, Juanchito, Andalucía, Bugalagrande al norte del Valle y Buenaventura. 

Los integrantes de esta colectiva se han turnado para realizar tres huelgas de hambre, la última fue realizada el 30 de junio y duró once días. Con dicha acción, se quiso presionar la instalación de la Mesa con el Gobierno para discutir la humanización carcelaria, tanto con los prisioneros del estallido social como con otros detenidos interesados en el proceso. Luego de una reunión entre delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Consejería Presidencial para la Juventud y de voceros del Proceso Colectivo, se acordó levantar esta manifestación pacífica, que se había iniciado en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad. ( CPAMS). 

Así, la Mesa de Paz se instaló el 19 de julio con la presencia de la Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, el Padre Javier Giraldo, Laura Guerrero, de Memoria Viva Colombia, un delegado del Ministerio de Justicia, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, Carlos Rosero, delegado del Gobierno, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, integrantes del Colectivo de Presos Políticos Jhonatan Sabogal, familiares de los jóvenes detenidos, entre otros. Después de varias horas de reunión entre el Alto Comisionado, Gabriela Posso, dos voceros de la colectiva, entre ellos David Bernal, el Ministerio de Justicia, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre otras personas, se firmó la primera acta después de instalada la mesa. 

Para Alberto Bejarano abogado y defensor de Derechos Humanos, evidentemente la mesa corresponde a una agenda de paz del Alto Comisionado, puesto que se reconoce como derecho fundamental contenido en el artículo 22 en la Constitución, entendiéndola, también, como una obligación del Estado para construir una sociedad que camine hacie la reconciliación.  

Bejarano señala que “En este caso es la Oficina del Alto Comisionado quien tiene facultades para construir esa paz con actores particularmente armados que están perturbando los escenarios pacíficos”, sin embargo, añade que no solamente estos diálogos se circunscriben con actores armados, sino que pueden tener un alcance mayor, y se construyen con diferentes actores de la sociedad, buscando la resolución de conflictos por medios pacíficos en los que se privilegie el diálogo.

El abogado dice, también, que evidentemente con los jóvenes del Estallido hay un conflicto muy profundo que conoce bien el país, pero sobre todo el Valle del Cauca y la ciudad de Cali. Para él, este conflicto se expresa hoy a través del alto número de jóvenes detenidos en las cárceles por razones ligadas a investigaciones de un tratamiento punitivo que se le ha dado a la protesta, por lo que se requiere un escenario de diálogo en el proceso, que no va a resolver situaciones de órdenes jurídicos procesal.

Para Alberto Bejarano, la Mesa que se abrió en Palmira es una mesa de paz que, fundamentalmente, construye una agenda de diálogo con el Gobierno. Sumado a esto le da un alcance político a las iniciativas juveniles que resisten al proceso de judicialización. Cabe aclarar que esas agendas de paz no se circunscriben solamente a los jóvenes que están en prisión, sino que además tiene un alcance mayor.

En cuanto a la agenda de paz que plantea la Mesa de Palmira, el abogado y defensor de derechos humanos señala que: “Estos puntos reflejan evidentemente unas preocupaciones sociales y reflejan una política de paz a partir del reconocimiento de sus actores”. Para él, el punto principal es la libertad, y de allí se desprende la idea de la construcción de una Política Pública, que garantice que los jóvenes y que cualquier actor de la sociedad pueda ejercer derechos como el de asociación o  de expresión en un momento dado sin ser perseguidos penalmente y sin ser objeto de un tratamiento de guerra y sin ser reprimidos violentamente por el Estado.

De otro lado, el abogado muestra su preocupación por la salud mental, no sólo de quienes están detenidos, sino de sus familias, pues han soportado la detención, pero además, el señalamiento por parte de personas influyentes, medios de comunicación y la opinión pública en general. Esto se suma a los asuntos de la seguridad física. Bejarano asegura que se han presentado atentados contra jóvenes que han quedado en libertad. Además, denunica  que en Palmira se presentó un homicidio en el mes de febrero de un joven que fue ultimado en su casa después de ser liberado del pabellón cuatro que es el que alberga las personas que participaron en el Paro Nacional, de ahí la importancia de que en la Mesa se hable de “propuestas y acuerdos  de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad”. 

En cuanto al tercer punto que trata del análisis y construcción de propuestas sobre alternativas sociopolíticas y jurídicas para las personas privadas de la libertad por su participación en la protesta social,  se realizaría en la figura de una ley de amnistía e indulto, que para el abogado no ha sido necesaria, por lo menos en las primeras fases de investigación penal, pero podrían ser muy necesarias a futuro en caso de que se presenten condenas a estos  jóvenes condenados. En condenas que para el defensor pueden resultar arbitrarias e injustas, y que van a requerir un tratamiento político, es decir,  ley de amnistía e indulto.

Para finalizar, Alberto Bejarano se refirió al cuarto punto que es: aportes de la mesa desde la perspectiva de participación a los diferentes procesos de construcción de paz establecidos en la ley 22 del 2022. “Estos jóvenes se reconocen como actores políticos, por esa razón  decidieron participar al Estallido porque tenían opinión política sobre el Estado de la sociedad y el proceso de cambio”. Los jóvenes, asegura el abogado,  están diciendo que sus derechos son vulnerados pero que, aun así, siguen pensando y queriendo construir, por eso quieren que se les tenga en cuenta como interlocutores políticos para hablar del proceso de cambio de la sociedad y desde sus comunidades. Ante este llamado, el Gobierno ha reconocido a los jóvenes como interlocutores políticos para un proceso de cambio y formar un tejido solidario que los acompañe.

También hubo acuerdos metodológicos, entre los que se encuentran:

1)  La mesa se reunirá mensualmente en la cárcel con participación de los delegados de las personas privadas de la libertad, el Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Juventud y un delegado del Ministerio de Justicia

2)  Durante la primera sesión de la misma, se definirá la priorización de la agenda temática y los mecanismos de funcionamiento, los cuales buscarán la ampliación de la participación de las personas privadas de la libertad, sus familiares, organizaciones y acompañantes

3)  La Mesa Técnica acordada el 14 de julio del 2023 continuará funcionando y aportando elementos a la construcción de paz

4)  La oficina del Alto Comisionado y el ministerio de Justicia traerán una propuesta de protocolo para las garantías señaladas 

 5)  Se establece un mecanismo de comunicación para las garantías de seguridad a través de la oficina del alto comisionado  

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la Mesa señalando que: “Estamos dando respuesta a un clamor de los jóvenes, ellos despertaron la conciencia de nuestro país, en esas profundas desigualdades sociales, el problema del hambre, la ausencia de derechos básicos insatisfechos, como el derecho a la Educación, a la Vivienda, a la Salud. Hoy desde nuestro gobierno estamos respondiendo a este clamor con esta instalación de Mesa de Paz. Los jóvenes son sujetos de derechos y como sujetos de derechos el gobierno los escucha”. Así mismo, dijo que su propósito en esa Mesa de Diálogo es el de construir unos escenarios de fortalecimiento de un estado de derecho con garantías para todos y para todas. “Esperamos que la sociedad vea la importancia de esta Mesa. Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo por la paz, por el diálogo y es un diálogo sin exclusión alguna, y aquí los jóvenes también son sujetos centrales de esta construcción”. 

El funcionario fue enfático en decir que nadie del gobierno estaba asociando a los jóvenes a violencias armadas, ni tampoco están hablando que ellos tengan diálogos con grupos armados, están hablando de que los procesos de construcción de paz con grupos armados, conforme a la Constitución y a la Ley tendrán mecanismos de participación de todas las organizaciones y expresiones de grupos sociales que bien quieran hacerlo, nadie se ve forzado a hacerlo. David Bernal, vocero del Colectivo Jhonatan Sabogal dijo que la apertura de la Mesa es un aporte para la ciudadanía, así mismo, para el tema de paz con justicia social. En cuanto al tema metodológico, Bernal señaló que ellos han puesto en consideración la apertura de la Mesa para que ésta sea ampliada y no haya sólo un diálogo con el colectivo Jhonatan Sabogal, sino también víctimas del Estallido Social. 

Por su parte, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado este proceso, dijo que este es uno de los grupos más grandes privados de la libertad por el Estallido Social que hay en Colombia. Y que es una muestra que el Paro Nacional continúa hasta que se resuelva esta situación. El Padre fue enfático en decir que en Colombia hay más de 300 detenidos por el Paro Nacional. Sumado a esto, un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, muestra que de las 228 personas judicializadas en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. 

En un comunicado público, el ‘Proceso Colectivo Jhonatan Sabogal’ reconoció el compromiso y la voluntad del Gobierno nacional y del Comisionado Rueda con este espacio de diálogo, además señalaron que este es un primer paso para lograr su libertad. Cabe señalar que este año más de 20 jóvenes detenidos han salido en libertad por vencimiento de términos. Abogados de los mismos han dicho que la Fiscalía se ha quedado sin argumentos para mantenerlos encarcelados.