Mayo 3 – 2026

Cinco años después del inicio del Estallido Social en Colombia, organizaciones sociales de Cali como El Tribunal Popular de Siloé, Memoria Viva Colombia y otras a nivel nacional lograron la creación de un Comité encargado de esclarecer la verdad sobre la represión estatal sufrida en marco de las protestas. La labor de esta instancia termina en julio de 2026, fecha en la que se espera la entrega de su informe. 

Por Jorge Luis Galeano 

El ruido llega antes que cualquier otra cosa. En la glorieta de la parte baja de la Comuna 20, el tráfico de un sábado a las cuatro de la tarde no da tregua. Los carros pasan, siguen, no miran. En el centro, sobre el pasto verde, un grupo de unas diez personas conversa, ríe, se cuenta cosas al oído. El viento mueve las pancartas que acaban de colgar. Sobre uno de los bordes que da a la calle, un monumento pequeño pero visible sostiene las fotos y los nombres de varios jóvenes. Ninguno de ellos llegó a los treinta años. Todos murieron aquí, en este mismo lugar en 2021.

Por eso este trozo redondo de asfalto y pasto que distribuye el flujo vehicular hacia los barrios de la ladera de Cali o hacia el sur de la ciudad, es también un lienzo sobre el cual se ha pintado la resistencia popular colombiana. Históricamente la Comuna 20, construida sobre antiguas minas de carbón y forjada por el esfuerzo de migrantes y desplazados, ha sido el corazón de una Cali que se niega a ser solo la sucursal del cielo para unos pocos. Antes de 2021, la glorieta era una referencia para los habitantes de los once barrios de la comuna, pero hoy es un altar de memoria que ha transformado su función social de manera irreversible.

Y parte de ese altar se materializa en un monumento que se alza como un contrapeso al olvido institucional. No es un monumento oficial, no fue inaugurado con cintas tricolores ni discursos de gobernantes; es una construcción colectiva de las familias que buscan justicia. Sara Vásquez, socióloga e integrante del Tribunal Popular en Siloé, instancia creada por la sociedad civil para encontrar respuestas de lo sucedido en las protestas, está ahí cada primer sábado de mes como parte de la lucha para evitar el olvido. Ella está ahí, como las familias de las víctimas, como un gesto de perseverancia. Han pasado 5 años, pero su presencia en ese punto de la ciudad aún genera resistencia. Ella dice “también hay que luchar contra la impunidad social”, esa que insinúa que los jóvenes merecían ser asesinados. Por eso el trabajo del Tribunal y las otras organizaciones surgidas en marco del paro como Memoria Viva Colombia -MEVICO- es clave para que nombres como Kevin, Michael, Daniel o Harold no pasen a la historia como meras víctimas, sino sean el punto de partida para la no repetición y la efectiva acción judicial. Una acción judicial, dice Sara, veloz para condenar manifestantes, pero desesperantemente lenta para investigar a la Fuerza Pública.

Don Abelardo Aranda no es un hombre de gestos histriónicos. Su forma de estar en la glorieta es de una sobriedad que impone respeto. Se mantiene de pie con los brazos cruzados o ajustando con sus manos alguna de las cintas que sujetan las fotos que se bambolean al viento y guardan los testimonios gráficos del paro y la lucha posterior. A cinco años del asesinato de su hijo Michael Andrés, ha desarrollado una especie de firmeza que parece haber endurecido su carácter tras años de golpear las puertas de una justicia que permanece cerrada. El peso que carga no es solo el del duelo, sino el saber que su hijo se convirtió en un símbolo de la violencia estatal en Cali.

La firmeza de su carácter no se debilita cuando menciona a Michael. Habla con fuerza y dice “Soy el padre de un joven asesinado” pero es consciente de que esa pena no es sólo suya, sino colectiva “porque este dolor mío es el dolor de las otras 15 familias que también perdieron a sus hijos”. Según el Tribunal Popular, 159 personas fueron víctimas de distintas violencias en la Comuna 20 durante el Estallido Social y 16 de ellas fueron asesinadas.

Don Abelardo resalta la importancia de la constancia: estar presente cada primer sábado de mes no es una elección, es un deber. Es como si dijera que al no ir, al no poner las fotos, a los muchachos los matan dos veces: una con la bala y otra con el olvido. Estar ahí es, también, un acto de vigilancia sobre el proceso judicial. Durante años ha denunciado que la investigación por la muerte de su hijo no avanza en la Fiscalía. En los primeros once meses después del asesinato, no hubo ni una sola audiencia, ni un llamado de las autoridades; solo el vacío. Esa inacción es la que lo ha llevado a unirse a otros padres y madres para exigir que el Estado reconozca su responsabilidad. Su búsqueda, como la de las otras personas, es por saber quién dio la orden de disparar contra la juventud de Siloé.

Que el dolor no es individual es algo que don Abelardo y las demás familias tienen muy claro. Saben que la lucha es colectiva y ellas y ellos lo repiten constantemente, pero no como un lema para campañas publicitarias, sino porque la han materializado en las organizaciones que han surgido desde 2021. La adopción del Tribunal Popular (figura internacionalmente conocida) fue sólo el comienzo y en la Glorieta se ve claramente: pancartas con los nombres de algunas de las colectividades que han fortalecido la tarea de buscar justicia y garantizar que no haya olvido. Aparece, por ejemplo, una con las palabras Memoria Viva Colombia -MEVICO- que agrupa familias de toda Colombia y que nació de otra tragedia: el asesinato de Nicolás Guerrero el 2 de mayo de 2021 en el sector conocido como el Paso del Comercio. Tristemente una de las víctimas de Siloé fue asesinada un día después mientras estaba en una velatón, precisamente, por la muerte de Nicolás. Su nombre era Kevin Agudelo.

Estas historias que parecen encontrar un lugar que las junta en la Glorieta de Siloé no podían quedar sueltas, luchando por separado. Nació, entonces, la Verdad y la Justicia en Acción que agrupa a 45 colectivos de todo el país cuya fuerza combinada sigue en la ardua labor de documentar los casos de violencia en marco del paro. Ya han producido varios informes en los que se muestra que hubo un patrón de represión que se repitió en Bogotá con Dilan Cruz, en Pereira con Lucas Villa, en Cali con Kevin, Harold, Michael, Nicolás y otros 61 jóvenes que, según el trabajo de estas organizaciones, fueron asesinados en la ciudad.

Por ello, la cita en la glorieta el primer sábado de cada mes no es sólo ocupar ese espacio y llenarlo de pancarta y fotos, sino una reapropiación del territorio porque no se trata simplemente de recordar el pasado, sino de demostrar que las familias siguen unidas, que el miedo que intentaron sembrar con la Operación Zapateiro no logró desarticular el tejido social.

De hecho, ese tejido logró que hubiera una sentencia, la del Tribunal Popular que, aunque no es vinculante al Estado, fue el primer gran triunfo al recuperar información y material probatorio que las autoridades habían ignorado sistemáticamente. Fue su trabajo el que abrió la puerta para que hoy, en mayo de 2026, exista un Comité de Expertos con mandato estatal para investigar los hechos.

El Comité nació de la presión de las organizaciones sociales que por años han exigido al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos de violencia. En noviembre de 2025, parte de esa exigencia se hizo realidad a través del Decreto 1190 del Ministerio del Interior, que dio vida a dicho Comité que tiene como función establecer qué pasó entre 2019 y 2021 en marco del Paro Nacional. La existencia de esa instancia es un triunfo con dos caras: por un lado, la posibilidad de que se sepa la verdad, pero por el otro, de que el proceso no prospere como se espera por el corto tiempo que tiene: su vida legal termina en julio de 2026 y aunque habría la posibilidad de una prórroga, la coyuntura electoral actual, haría ello inviable. Sara Vásquez no niega esta dificultad “lastimosamente es un decreto que está muy limitado porque busca que en menos de 6 meses se haga una investigación tan extensa”.   

Esa preocupación es compartida por Leyder Perdomo Ramírez, una de las tres personas que integran el Comité. “Sí, es una preocupación legítima, pero la hemos ido solventando con la ayuda de organizaciones como El Tribunal Popular y otras a nivel nacional” lo que confirma que la idea de lo colectivo está presente también en esta instancia tan importante: generar un informe que dé cuenta de lo sucedido entre 2019 y 2021 en marco del paro. Esa verdad, al publicarse, no será definitiva. Leyder dice que será un punto de partida para seguir trabajando y alimentando constantemente. No será, tampoco, vinculante. No servirá para condenar a nadie o acelerar procesos judiciales, pero será el resultado del trabajo de todas las organizaciones que se contrapone a la ausencia institucional, a su lentitud y, muchas veces, a su indolencia.

Este Comité, además, tiene entre sus obligaciones crear espacios de escucha con las víctimas. Ya han hecho dos encuentros y planean hacer otros 8 durante mayo, uno de ellos en Cali. Leyder se refiere a ellos como “espacios de desagravio” porque es donde las víctimas son escuchadas, tenidas en cuenta y sus aportes son definitivos para la creación del informe final.

Leyder resalta la independencia de esta instancia “más allá del Decreto que lo creó y la financiación, nuestra labor no está comprometida ideológicamente, pues estamos detrás de los hechos sin sesgos políticos” para centrarse en los estándares internacionales de derechos humanos. Su función es el esclarecimiento histórico y la recomendación institucional.

El tráfico es cada vez más intenso. Se acerca la hora pico y los conductores se impacientan. Hacen sonar sus pitos con dureza, esperando que el movimiento se agilice. Ese fondo sonoro contrasta con lo que sigue sucediendo en la glorieta: fotos y pancartas que se bambolean con el viento, personas conversando calmadamente, riendo y otras escribiendo letreros con mensajes claros: 58 meses de impunidad. Todo ello se combina para darle vida un grito colectivo, uno que se ahoga con los pitos y ruido de la ciudad. Un grito profundo que exige justicia y al que cada vez se unen más y más personas cansadas de la indiferencia y la sordera institucional.

Las pancartas se descuelgan, pero los rostros de los jóvenes asesinados permanecen ahí porque contra la impunidad no se lucha sólo el primer sábado de cada mes.

Abril 1 – 2026 

Texto publicado en Miraleeperiodicocultural que nos ha permitido compartirlo en nuestra web

No hace falta irse al fin del mundo para encontrar el principio de todo. A solo trece kilómetros de los semáforos impacientes y el afán del asfalto caleño, el aire cambia de textura. Se vuelve denso, fresco, casi masticable. Estamos en Villacarmelo, el pulmón verde que custodia a Cali desde las sombras de los Farallones, y aquí, el tiempo no se mide en minutos, sino en el aleteo frenético de un colibrí.

Llegar a Bosque Colibrí es asistir a un milagro de paciencia. Lo que hoy es un santuario de biodiversidad, hace dieciséis años era un lienzo de fe que Paola Andrea Dradá comenzó a trazar con la tenacidad de quien sabe que la tierra es un préstamo de los hijos. No es solo un destino turístico; es un acto de resistencia poética frente a la depredación urbana.

Al cruzar el umbral del bosque, el ruido de la ciudad se disuelve en el murmullo constante de la quebrada El Carmen. Es un sonido pedagógico: nos recuerda que cada gota que corre por aquí terminará, tarde o temprano, calmando la sed de la gran urbe allá abajo. Aquí la conservación no es un eslogan, es un estilo de vida que se respira en cada sendero.

El recorrido es una inmersión sensorial. Los visitantes caminan con la mirada elevada, buscando los destellos metálicos de las aves que han regresado a casa gracias a la restauración del ecosistema. En este rincón, la observación de aves deja de ser un hobby para convertirse en una meditación activa. Ver un ejemplar en total libertad, sin jaulas ni artificios, es entender que la verdadera riqueza no se acumula, se contempla.

Pero el bosque ofrece algo más que fotos bonitas para el feed de Instagram. Hay una intención profunda de sanación. Los talleres de cuidado emocional y las caminatas conscientes proponen un pacto: tú cuidas la montaña y la montaña te devuelve el eje. Como bien dicen quienes recorren sus trochas, aquí se viene a «oxigenar el alma».

* El Ritual del Café: Un encuentro con el aroma de nuestra tierra.

* La Sabiduría de las Abejas: Entender que sin esos pequeños seres, el ciclo de la vida se detiene.

* Fuego y Estrellas: Fogatas nocturnas donde la palabra vuelve a ser el vínculo principal entre humanos.

Este proyecto, que ha cruzado fronteras hasta llegar a misiones internacionales en Costa Rica, demuestra que el turismo sostenible es la única moneda válida para el siglo XXI.

Al elegir Villacarmelo sobre el centro comercial, el ciudadano se convierte en un aliado de las fuentes hídricas. Es un voto por la vida, por el agua y por la permanencia de nuestra biodiversidad.

Bosque Colibrí es, en esencia, un recordatorio de que somos parte de un tejido invisible. Al final del día, cuando el sol se oculta tras los cerros y el frío de la montaña empieza a bajar, uno comprende que proteger este paraíso no es una opción, sino un deber con nosotros mismos.

Cali tiene un tesoro a la vuelta de la esquina; solo hace falta el coraje de desconectarse para volver a conectar.

Marzo 28 – 2026 

Por Andrés Gómez

Texto publicado en El Turbión, organización tecnoactivista, que nos ha permitido su divulgación en nuestra web. 

Las mujeres en Colombia componen en gran parte los procesos de transformación socioambiental. De acuerdo con una encuesta hecha por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en junio de 2024, las mujeres representaban más del 42% del total de personas que se identifican como defensores en asuntos ambientales, pero poco se sabe de los riesgos diferenciados que enfrentan al cuidar la vida del planeta.

Un ejemplo reciente de falta de claridad es el informe público presentado en 2025 por la Fiscalía General de la Nación donde aclara que entre 2016 y 2024 registró 1.372 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, pero no discrimina quienes fueron asesinados por sus labores como ambientalista. Marlén Arévalo, líder ambiental y de derechos humanos, y representante a la Mesa Nacional de Garantías, habla de la incidencia que hasta ahora se ha logrado pero insiste en la falta de diferenciación:

La labor que hemos hecho en la mesa de garantías con mi compañera que es la delegada de mujeres, ha sido una cosa bien bien interesante, y en la política pública pues logramos por lo menos que se colocara la palabra defensor ambiental, porque no estaba, porque nos meten a todos en el mismo canasto.

La Fiscalía también reporta que desde el año 2016 al 2024, fueron asesinadas 14 mujeres por ser mujeres y ejercer liderazgo social: tres de los casos se encuentran inactivos, 4 en indagación, 4 en juicio y 3 más en ejecución de penas. Y en el caso de la desaparición forzada, la Fiscalía informa que del año 2016 al 2024 tiene registros de 40 casos en indagación, 14 en etapa de investigación, 6 en juicio y 4 en ejecución de penas, pero no ofrece información discriminada de quienes son mujeres.

La Fiscalía, institución que investiga delitos y ejerce la acción penal pública en Colombia, no reporta información diferenciada sobre liderazgos ambientalistas y menos la diferencia entre hombres y mujeres asesinadas o desaparecidas por su labor ambiental, tampoco respondió el derecho de petición que le envió el periódico preguntando sobre este tema.

Es necesario saber los riegos diferenciados que asumen las personas que cuidan la vida del planeta, debido a la presión de multinacionales extractivistas legales e ilegales, y que los ecosistemas están, cada vez, bajo más presión, y quienes lideran procesos socioambientales que resisten a la voracidad de la minería y los monocultivos extensivos, se han convertido en sus enemigos, especialmente en Sur América y el Caribe, ambientalistas como Marlén Arévalo, comentan sobre ésto:

Tuve la posibilidad en junio del año pasado de participar en la parte final de la construcción de la política pública [para defensores y defensoras de derechos humanos] porque llevaban más o menos construyéndola desde el 2022-2023. … Cuando yo llego allí y empiezo a hablar del tema ambiental, mira que curiosamente desde la institucionalidad todo el tiempo me callaban y me decían:‘No, es que eso se va a ver más adelante’; ‘No, mira, es que eso no se trabajará acá’. Inclusive compañeros defensores de derechos humanos lo que dijeron es que: ‘¡defensor es defensor, y ya!’. Y yo decía: ¿cómo así que defensor es defensor y ya? Si es el país en donde más asesina defensores ambientales por cuenta de la industria extractiva.

Marlén no se equivoca en su análisis. La organización Global Witness, expone que entre 2012 y 2024 han sido asesinadas 2.253 personas defensoras ambientales en el mundo, e informa que 509 casos ocurrieron en Colombia. La ONG especializada en reportar crímenes a defensores ambientales, también reporta que en 2024 fueron asesinadas 146 personas por defender sus derechos a sus territorios y a un ambiente limpio, sano y sostenible, 120 de ellas en Latinoamérica. Casi un tercio de los homicidios se perpetraron en Colombia, donde a 48 personas les quitaron la vida por defender la vida, 4 de ellas mujeres:

• Evangelina Quiguanás Quebrada en Jambaló, Cauca;
• Carmelina Yule Paví en Toribío, Cauca;
• Ludivia Galíndez Jiménez en Florencia, Caqueta; y
• Marián Rodríguez Camelo en Mapiripán, Meta.

Fuente: Global Witness

Colombia es de lejos el país más peligroso para ser líder social. En el informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó que entre 2016 y 2025, asesinaron en Colombia a 972 personas defensoras de derechos humanos: 112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+.

Fuente: OACNUDH

Este informe, aunque no discrimina si el liderazgo de las víctimas era social y/o ambiental, si aclara que, en el caso de las lideresas ambientales: Las agresiones suelen estar vinculadas a conflictos socioambientales y a la oposición frente a proyectos extractivos.

A un par de horas de Tumaco, en la vía que comunica con Pasto, está ubicado el municipio de Ricaurte, y en este lugar del piedemonte andino que conecta con el pacífico, son mujeres las que componen gran parte los procesos de transformación socioambiental y podría ser mayor su participación a la media nacional, solo en dos organizaciones ambientalistas del municipio más del 90% de sus integrantes son mujeres: Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y Guardabosques los Gualpantes.

Lea: Recicla Ricaurte detiene la muerte antes de que llegue al mar

Lea: Sembrar vida en tiempos de conflicto

Estas organizaciones, junto con la Fundación Bitácora Ciudadana, en el marco del proyecto “Sembrando paz y resiliencia” financiado por el Banco de proyectos para las comunidades del Ministerio del Interior, asumieron reflexionar sobre las amenazas que enfrentan como ambientalistas e invitaron a El Turbión a participar de una serie de encuentros con ellas para compartirlas. Los hallazgos sorprenden, porque reflejan que las personas ambientalistas enfrentan amenazas a su integridad mental y física no solo por parte de los actores armados, sino de la sociedad en general y propias de las crisis climática, al ser la primera línea de acción ambiental.

_{Mujeres articipantes de los encuentros “Sembrando paz y resiliencia” – Foto: Ximena Dorado}

Cuando las mujeres de la asociación Mujeres Recicla Ricaurte salen a las calles o a las veredas del municipio a recuperar materiales reciclables, no siempre reciben reconocimiento por el trabajo ambiental que realizan. Varias de ellas contaron que, además de recolectar y recorrer largas distancias para luego separar y compactar, también deben soportar burlas o comentarios humillantes de algunos vecinos, así lo comentó Pilar*, una de las mujeres que recicla:

Hay personas que digamos que nos nos tratan mal (…) que dicen a veces: «Ahí vienen las basureras, vienen las recoge basura.

Otras veces la humillación está ligada a la idea de que su trabajo es remunerado por la empresa de gestión de residuos Ecoopar, ante la confusión, algunas personas no separan los orgánicos de los materiales reciclables a propósito:

Siempre las personas piensan que nosotras somos unas empleadas de Ecoopar. Entonces desde ahí ha venido como esa crítica y muchas veces dicen: ‘No, es que ustedes para eso les pagan’.

Las palabras humillantes y las acciones mezquinas lastiman, pero las mujeres que se han organizado para evitar que la basura del municipio afecte la biodiversidad del chocó biogeográfico o alcance el mar, saben de la importancia del trabajo ambiental que hacen, y con el poco dinero que ganan recolectando, separando y comprimiendo la basura que recolectan en las calles y áreas rurales del municipio, hoy tienen más autonomía financiera, algo vital en un territorio que ofrece pocas alternativas lícitas para las mujeres indígenas y campesinas.

Otras personas víctimas de la baja educación ambiental son las mujeres que restauran los potreros sin árboles que han dejado economías de la coca y el ganado. Algunos vecinos de las mujeres que han traído de vuelta agua a los cauces de quebradas y ríos no les creen que hagan las cosas sin ánimo de lucro, así lo afirma Alexander*, miembro de Los Gualpantes:

Confunden el trabajo social, ambiental con la parte de dinero. El hecho de estar nosotros trabajando en este tema que estamos aquí, le dicen, ‘¿Cuánto le dieron a ustedes por estar con la doctora aquí en este proyecto?’

La incomprensión no siempre proviene de desconocidos. Ambas organizaciones de mujeres también enfrentan que las familias les digan que pierden el tiempo. Así lo aseguró Sandra*, participante y voluntaria de Recicla Ricaurte por la Paz.

Pues en en la en mi familia prácticamente sí tuvimos inconvenientes cuando recién iniciamos. Porque pues se puede decir esto es como una locura, ¿no? Hicieron algo loco, o sea, tú dejas de hacer tu trabajo en tu casa y te vas a a un trabajo, como lo mencionaba, que no es remunerado.

Y lo mismo relató Lina* en uno de los talleres con la Fundación Bitácora Ciudadana, una de las mujeres Guardabosque que es enfermera:

Mis amistades, mis compañeras de trabajo sí me lo han dicho. Que es lo que haces allá metida perdiendo el tiempo, vos.

En los diálogos entre las mujeres ambientalistas, surgió el respaldo solidario entre compañeras, y los encuentros sirvieron además para diseñar estrategias y mitigar la afectación en los procesos organizativos que la descalificación provoca, como lo explica una de las participantes, una de las principales acciones de mitigación frente a la estigmatización es escucharse:

Cuidar nuestra salud emocional compartiendo con nuestras compañeras la situación desagradable.

_{Espacios de cuidado mutuo – Foto: Andrés Gómez}

Ese respaldo mutuo también fortalece la convicción de que su trabajo tiene sentido, así lo afirmó Pilar*:

Creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre las compañeras de la organización y también reconocer las otras iniciativas de liderazgo y de conservación que se están desarrollando en el municipio,

Defender la naturaleza en medio de economías ilícitas y violencia

El trabajo ambiental de las organizaciones de mujeres en Ricaurte ocurre en un territorio con alta biodiversidad pero que está atravesado por estos riesgos, por lo que varias de sus actividades como recoger reciclables en veredas o restaurar zonas degradadas, implican recorrer caminos rurales donde también están presentes economías ilícitas, actores armados legales e ilegales, e incluso minas antipersonal o municiones sin explotar.

En algunos casos, los senderos de las guardabosques pasan cerca de predios donde existen cultivos de uso ilícito. Por ello Clara*, miembro de las Gualpantes y una de las participantes de los encuentros, explica que esa cercanía ha generado tensiones con quienes controlan esos espacios:

Cerca de los predios de la reserva hay personas que tienen cultivos ilícitos. Entonces, como algunos de nuestros senderos pasan cerca de esos lugares, sí ha habido como un cierto choque.

_{Cocales en Nariño – Foto: Andrés Gómez}

Recorrer el territorio también significa moverse en zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado. Ante esto, durante las jornadas de recolección o restauración ecológica, las mujeres saben que pueden encontrarse con combates, minas antipersonal o artefactos sin detonar. Pilar*, de Recicla Ricaurte, sabe de ese peligro: Al hacer recolección o recorrer los territorios, siempre estamos enfrentadas a ese riesgo cuando hay enfrentamientos o minas antipersona. Siempre hay que tener cuidado.

En ocasiones, incluso reciben advertencias directas para no ingresar a determinados lugares. Cuando eso ocurre, deben abandonar temporalmente sus actividades ambientales, así lo afirma Pilar*: Se han presentado situaciones donde a veces nos advierten, dicen nos dicen que pues a esa zona no podemos ingresar, no podemos hacer esa recuperación en ciertas zonas, entonces nos toca dejar, nos toca tratar de no hacer esa recuperación en esos lugares.

_{Talleres sobre minas antipersonal o artefactos sin detonar – Foto: Andrés Gómez}

El conflicto armado también ocasiona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y el Catatumbo, la oficina del ACNUDH verificó en 2025 al menos 150 casos de reclutamiento: 98 niños y 52 niñas, pero la cifra representa solo una pequeña parte de este crimen, debido al miedo a denunciar.

Uno de los modos empleados con las niñas y adolescentes es el enamoramiento. En el mismo informe, OACNUDH expone que sistemáticamente, integrantes de grupos armados coquetean en espacios comunitarios con las menores de edad para luego manipularlas con promesas de protección o apoyo económico, pero una vez reclutadas, enfrentan aislamiento, traslado forzado, coerción sexual y la imposición de tareas de cuidado o logísticas. Estas situaciones no son ajenas a los riesgos que enfrentan las organizaciones de mujeres de “Sembrando paz y resiliencia”, Clara no duda en ratificarlo: Muchas de de las personas o de los participantes de la organización o de los que trabajamos somos mujeres y en ocasiones se presenta de que pues esas personas empiezan como a molestar o a querer pretender a las niñas, con comentarios, a veces alusivos a nuestra parte física, y eso que nosotros no nos podemos ir cómodas.

El informe realizado por la OACNUDH sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025), también aclara que estas violencias no solo afectan a las mujeres, niñas y adolescentes que las sufren, sino a las comunidades: Para las mujeres de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, las violencias de género se inscriben además en contextos de racismo estructural y despojo territorial, afectando no solo a las personas directamente atacadas, sino también las dinámicas colectivas de cuidado, gobernanza y transmisión de la cultura.

Ante los riesgos que trae el conflicto armado, las organizaciones han tomado medidas de seguridad para reducir riesgos durante los recorridos, y una de las reglas principales es evitar desplazarse solas, así lo expresa Milena, otra miembro de los Gualpantes*: Cuando realizamos recorridos y pues en ocasiones como hay presencia de diferentes grupos en nuestros predios y si vamos a hacer un recorrido, pues lo hacemos acompañados.

También han aprendido a moverse únicamente por rutas conocidas y cuando circula información sobre posibles combates o presencia de artefactos explosivos suspenden toda actividad de reciclaje, así lo cuenta Pilar: “Cuando hay alertas de que hay cilindros bomba o esto, tratamos de no acercarnos”.

_{Reserva forestal Los Gualpantes – Foto: Andrés Gómez}

Las lluvias intensas y prolongadas han incrementado los riesgos de deslizamientos, avalanchas e inundaciones en el municipio, lo que afecta tanto los ecosistemas como la seguridad de quienes realizan recorridos en las montañas y en las vías del municipio.

En la reserva tenemos dos quebradas. Esa es una de las principales como riesgos que tenemos porque eh se crecen las quebradas… la reserva tiene un puente y pues eso es muy es un riesgo gravísimo… nos afectó parte de nuestras instalaciones… llevándose el puente por el cual nosotros accedemos.» Afirmó Clara*.

Durante las jornadas de recolección de reciclables, las mujeres de Recicla Ricaurte también enfrentan riesgos asociados a altas temperaturas, lluvias extremas o crecientes súbitas que dificultan sus desplazamientos por el territorio, y por ello Pilar explica que no salen a recuperar materiales cuando las lluvias son intensas: Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay pues avalanchas y esto eh están taponadas las vías, pues no, también se suspende

Las mujeres Guardabosques, sin embargo, enfrentan riesgos asociados a la deforestación y la contaminación que poco se hablan, y que afectan su proyecto ecológico. Uno es la contaminación: los cultivos ilícitos se utilizan muchos químicos… Todos esos químicos que están en lo alto de la montaña bajan hacia la parte baja de la reserva y en la reserva se siembran forrajes que estos son utilizados para los animalitos. Eso es un riesgo por la contaminación de toda las fumigadas porque consumimos el agua, es un riesgo bien alto.

Otro riesgo es la presencia de grandes felinos empujados hacia la reserva, lo que representa un riesgo adicional durante las actividades de monitoreo o restauración ecológica, como lo afirma Clara

Eh, tenemos la presencia de un puma… eso ha sido, pues digamos en nuestras zona es peligroso, ¿no?… hemos presenciado muertes de vacas… y como estamos en la reserva, van niños, van jóvenes, van adultos, hacen recorrido y pues eso puede ser peligroso para nosotros.

Las ambientalistas también han desarrollado medidas de prevención frente a eventos climáticos extremos que afectan sus recorridos y las zonas de conservación. Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay avalanchas y están taponadas las vías, pues no, también se suspende lo que hace la asociación.

Sin embargo, es el monitoreo permanente del territorio la forma de anticipar riesgos ambientales. Nosotros como estamos siempre haciendo los recorridos y estamos en los procesos de restauración ecológica, pues hacemos como un monitoreo de cómo están esos afluentes, de que si se ha presentado algún deslizamiento o algo, entonces estamos nosotros mismos previniendo esas situaciones.

_{Cuidarse para cuidar – Foto: Andrés Gómez}

Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y la Reserva Natural Los Gualpantes muestran que las organizaciones ambientalistas lideradas por mujeres enfrentan riesgos derivados del conflicto armado, estigmatización, crisis climática, pero también que intercambiando experiencias se construye de forma comunitaria formas de cuidado que les permiten continuar defendiendo el territorio y sostener sus procesos ambientales en el municipio.

Lo que no es poco, especialmente en un territorio donde la violencia, la degradación ambiental y la crisis climática se superponen. Pero mientras el Estado no produzca información clara sobre quiénes defienden el ambiente, qué riesgos enfrentan y cómo se diferencian esos riesgos entre las personas defensoras: hombres, mujeres, Lgbtiq+, la prevención seguirá siendo insuficiente.

Las mujeres que restauran bosques, recuperan ríos y evitan que los residuos lleguen al mar ya están nombrando esas violencias y construyendo sus propias estrategias de cuidado. Lo que aún falta es que el Estado las escuche, reconozca sus saberes y actúe, y una herramienta que podría incluir sus reflexiones para incidir en la vida cotidiana es el Acuerdo de Escazú, pero a un año de que Colombia se suscribiera, todavía no se incorpora a la institucionalidad, y para las defensoras no debe demorar, así lo exige Marlene Arévalo: Entonces, para nosotros es fundamental y era fundamental que eh se aprobara el Acuerdo de Escazú, se acogiera el Acuerdo de Escazú acá en Colombia. Pero al día de hoy, mira, ya llevamos más de 1 año y no se ha hecho nada con el Acuerdo de Escazú.

El reclamo de Marlene es apenas justo. El informe de 2016 a 2025 sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone una cifra aterradora. Casi 100 personas han muerto cada año durante los últimos 9 años; y por ello recomendó poner en práctica la red institucional de protección de personas defensoras del derecho al medio ambiente y profundizar la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.

Diciembre 8 – 2025

Por Laura Cruz 

Algunas víctimas de la violencia se sienten obligadas a perdonar porque se ha dicho mucho que el perdón lleva a la reconciliación, que perdonar es religioso, correcto, bien visto. Tomasa Calonge Ortiz, que tiene la independencia de una abeja reina, dice: “la guerra deja huellas, deja heridas que no sanan. Pienso que uno no perdona. Para perdonar habría que olvidar, y eso no se logra. Lo que uno hace es asimilar los malos momentos, las crisis, las angustias que ha tenido que vivir”. 

Tomasa tiene la belleza de las montañas que cuelgan del cielo del Carmen de Bolívar; tiene ojos que guardan lo bello y lo triste de estas tierras en la misma proporción. “Llegué sin un peso, con un bolso, tres bluyines, dos suéteres y la Geraldine en los brazos” dice para contar cómo llegó a trabajar a la finca de la que hoy es dueña. con su hija de apenas unos meses. 

A sus sesenta y siete años ha vivido en muchos lugares: nueve años en Bogotá, tres en Medellín y seis en Baranoa, Atlántico “este ha sido el mejor lugar, el mejor espacio en el que yo he vivido”, dice con orgullo y con esa calma que solo dan los años, los mismos que hoy le permiten reconocer que “aquí he tenido mis mejores momentos, mis mayores logros, los más grandes triunfos de mi vida. Pero también tengo que decirlo: aquí mismo viví mis peores experiencias, mis peores momentos, las noches más largas… las más largas, y las incertidumbres más dolorosas”.

Nos encontramos en la carretera del Troncal Occidente en el Carmen de Bolívar en su finca que ha sido refugio, hogar, y trinchera cuando la guerra ha invadido como la hiedra estos territorios, que hoy siguen resistiendo para que no haya algo que no pertenezca a ellos. En este mismo lugar está La Casa de la Miel, donde Tomasa vende diferentes productos como: cera, polen, jalea y miel. 

Todo lo que hoy tiene ha sido un proceso extenso de lucha, resistencias y renuncias “El primer año nos tocó comer ñame con agua tres veces al día. Sí, ñame con agua” acordándose de cómo comenzó en la apicultura. Desde el primer momento siempre pensó en independizarse, por eso cuando le ofrecieron venderle cien colmenas y además entregarle la maquinaria: carro, centrífuga, cubeta y los tanques de reposo que debía pagar en diez años, no lo dudo un minuto y aceptó el negocio. 

“Cuando uno invierte en abejas, a los seis meses ya puede recuperar la inversión. Entonces, con la primera cosecha pagué una parte y ahorré; con la segunda también ahorré, y al tercer año compré esto y terminé de pagarle al señor”.

Según relata en esa época, año 1996 para ser precisos, se recogían entre 60 y 80 kilos por colmena. Llegó a su casa en noviembre de ese año. No es claro si aquellos años fueron prósperos porque, aunque las colmenas daban bastante, nadie compraba miel. Fue una época muy dura: se acumulaban cosechas de tres o cuatro años porque no se alcanzaba a vender toda la miel que se producía. Sin embargo, con empuje, picaduras de abejas y negocios fallidos, hoy es la propietaria de La Casa de la Miel. 

—¿Qué significa para usted ser una mujer apicultora?

—Más que un oficio, siento que las abejas han conducido mi vida por buenos caminos, por senderos que me han fortalecido. De ellas he aprendido a ser luchadora y, sobre todo, a ser rebelde. Me considero una mujer rebelde, especialmente frente a las adversidades y las injusticias.

También dice que la apicultura le ha enseñado paciencia y tolerancia. Vivir en una zona de conflicto exige aprender a ser muy tolerante para poder sobrevivir, a ser mediadora, a buscar siempre el equilibrio. “Las abejas me han mostrado cómo ser imparcial, cómo encontrar en la calma y en la resistencia una forma de seguir adelante”. 

Cuando Tomasa dice que no perdona, no es porque no tenga fuerzas para perdonar, todo lo contrario, tiene la fuerza para decir que no lo quiere hacer, que no lo va hacer porque en su cabeza hay recuerdos que se siguen repitiendo, como si de la  guerra hubiera armado una trinchera. 

“Me acuerdo una vez que estábamos sacando miel. Para hacerlo, se tiende una carpa y se maneja humo; esto fue cerca de una base del ejército y, al momento, un avión pasó volando encima de la carpa. ¡Dios mío! Éramos como siete personas metidas ahí y yo dije: «nos van a bombardear». Salimos y sacamos trapos blancos; al final se quitaron y nos dejaron quietos, se fueron” dice Tomasa. 

Por ese entonces la guerra era como un rumor, como un fantasma, sin embargo, pronto comenzó a escalar y empezaron las extorsiones. Tomasa cuenta que tenía un ganado y que se lo llevaron, pero no dice quién. Hay que hurgar y preguntar para saber que fue la guerrilla. “Fui a la casa del hombre que se llevó las vacas, un tipo conocido por cobrar extorsiones y asesinar jóvenes. Lo enfrenté directamente y le advertí que si el ganado no aparecía, uno de los dos tenía que morir, y el que quedara vivo se quedaría con las reses”.

Para devolverle las reses le exigían a cambio 500 mil pesos. Ella respondió que solo tenía 200.000 “100 para Geraldine y 100 para mis gastos”, y les dijo con la fuerza que la caracteriza “¿por qué debo financiar la guerra con el dinero que me gano quemándome las manos y la cara, para darle de comer a mi hija?” Todavía hoy, Tomasa se pregunta por qué la dejaron ir viva y con su ganado. Yo que no puedo dejar de verla como a una abeja reina, pienso que aquello simplemente era inevitable porque está signada a una vida longeva sin abandonar su colmena. Lo que sigue me confirma que Tomasa es la única abeja del mundo que puede picar más de una vez y seguir viva.

                                                            *** 

Tomasa, con un tono firme, como si mirara a alguien que yo no logro ver cuando habla de aquel recuerdo que ha se ha vuelto una foto en la cabeza dice “las abejas para defenderse se matan. Una abeja se defiende picándote; después de picarte, no dura ni un minuto y se muere”. 

“Han pasado más de veinte, veinticinco años, y todavía esa imagen está clarita en mi cabeza. Cuando me preguntan qué fue lo que más me afectó de la guerra, siempre recuerdo eso”. 

—¿Se refiere a la que usted califica como la noche más larga de su vida? 

Tomasa es una mujer que habla fluidamente; sin embargo, en este momento necesita detener sus palabras porque teme que el recuerdo la pueda atravesar. 

“Puntualmente, la noche en que volaron la finca de acá al frente. Volaron la finca de acá al frente y una torre allá atrás —una torre de alta tensión—. Me acuerdo que yo estaba dormida y, cuando me desperté, estaba en el aire: la bomba me suspendió de la cama. Eso fue horrible; fue, para mí, el peor momento”.

Otro momento que marcó mucho la guerra fue cuando una madrugada fueron los vecinos a buscar a Tomasa porque habían asesinado a los padres de una compañerita de Giraldine, una niña de cinco años.  

 —Señora Tomasa, cuénteme de ese período en que tuvo que enviar a su hija a Bogotá, ¿cómo fue esa época para usted?

 “Ver a esa niña arrodillada al lado de sus papás muertos. Me pareció horrible y enseguida pensé: «esta mañana puede ser Geraldine”. 

No sólo Tomasa y su familia empezaban a sentir que los próximos podían ser ellos, porque en los 90, Bolívar sufría los embates de una guerra que no les pertenecía. 

El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, fue uno de los municipios más golpeados por la violencia desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000. Esta región, con fuerte tradición campesina, productora de tabaco, yuca, maíz y aguacate, se convirtió en escenario de confrontación entre guerrillas (principalmente las FARC y el ELN), paramilitares y, en menor medida, las fuerzas del Estado.

Las disputas por el control del territorio —clave por su ubicación estratégica entre la Costa Caribe y el interior del país, y también por el cultivo de hoja de coca en algunas zonas — derivó en violencia sistemática contra la población civil.

Después de la masacre de los padres de la compañera de su hija, Tomasa sabía que tenía que proteger a Geraldine, y entonces decidió enviarla para Bogotá a vivir con unos familiares.  

Llegó el momento en que ella tenía que salir. Las monjas también se ofrecieron a llevarla a Cartagena. “Recuerdo que nosotras conversábamos mucho, y el mejor momento del diálogo era cuando nos íbamos a acostar. Entonces le dije: ´Geri, tú tienes que irte, mira lo que pasó con Marta Lucía. Las monjas me ofrecieron llevarte a Cartagena, está cerca, o yo voy o tú vienes´.

“Yo le insistí: no, mi amor… no, no, no pero ella fue firme: ´si me tengo que ir, es para Bogotá; a Cartagena no voy´. Así que al final no aceptó ir con las monjas a Cartagena. Le organicé las maletas y se fue para Bogotá”.

Geraldín vivió lejos de su madre por muchos años, ya que Tomasa esperaba que la violencia amainara y eso sólo ocurrió ocho años después. Cuando Geraldín tenía trece años comenzaron los problemas propios de la adolescencia: tenía novio y se había puesto un piercing. Entonces, Tomasa decidió traer a su hija de regreso a la casa, de donde nunca debió salir. Sin embargo, la niña no quería volver.

“No, tú te vas conmigo esta noche. Yo no te estoy preguntando si quieres irte, te estoy ordenando que esta noche te vas conmigo”.

Y terminaron regresando juntas al Carmen de Bolívar. En el recorrido, se dijeron que ya no se querían, y eso podía ser cierto, pero que al final solo se tenían la una a la otra y debían darse otra oportunidad.

“Ella me contó muchas cosas, yo también le conté muchas cosas de mí, y ya no volvió más a Bogotá ni a buscar la ropa. Nos quedamos aquí hasta el día de hoy”.

Volvieron a construir su relación desde la amistad y Geraldín se fue enamorando otra vez del campo, tanto que estudió Medicina Veterinaria y hoy hace parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

“Para mí, el ICA siempre ha sido muy cercano. Y no lo digo solo porque Geraldín trabaje allí, sino porque desde antes ya existía un vínculo especial. Yo me siento muy identificada con la entidad, sobre todo por los eventos que realizan y en los que siempre me tienen en cuenta, tanto en el área de ganadería como en la de apicultura. En ganadería soy un referente, pero principalmente en apicultura, donde mi participación es aún más destacada. Por eso siento que el ICA es una de las instituciones con las que más afinidad tengo”.

Geraldín es médica veterinaria zootecnista. El amor por el campo le vino de las vacaciones en la finca de sus abuelos en Montería, donde siempre practicaron la ganadería, montaban a caballo y ordeñaban las vacas. Además, decidió quedarse porque creció viendo a su mamá trabajar con las abejas.

“Admiro muchísimo a Tomasa —dice—. Ha sido una mujer muy fuerte, resiliente, bastante. Ha sabido sobrellevar los inconvenientes y tantos problemas en su área de trabajo que nos han marcado. Es una mujer muy fuerte. Fuerte, fuerte y digna de admirar, muy conocida aquí en la zona por su capacidad de trabajo y su fortaleza”. También señala que el ICA ha significado una gran escuela y, además, la oportunidad de ver cómo su municipio mejora desde lo rural.

Tomasa reconoce que, en algunos momentos, pensó en abandonar el territorio porque los hechos de violencia que por años coexistieron con el campo eran insoportables. No obstante, también reconoce que hubo instantes que la fortalecieron, que le hicieron crecer el alma y el ser.

Recuerda, por ejemplo, cuando llegaron unas vecinas —cinco o seis señoras, tal vez más—.

“Yo estaba pasando por un mal momento: Geraldín estaba en Bogotá y una de mis mejores amigas se había ido para Estados Unidos, desplazada por la guerra. Ella no entendía cómo yo seguía acá, en este pueblo donde casi todos se habían desplazado. La Cruz Roja les hizo un llamado de atención y por eso muchos se fueron. Los vecinos de al lado venían todos los días a decirme que me fuera con ellos, pero yo estaba sola, y aun así nunca me fui”.

“Ese día, cuando llegaron las señoras, me preguntaron:
—Tomasa, ¿es verdad que usted se va para Estados Unidos? 

Yo les dije que, si me seguía yendo mal, no descartaba la idea de probar otros horizontes. Entonces ellas me respondieron:

—Si usted se va, nosotras también nos vamos.

Yo no entendía y les pregunté por qué

—Porque nosotras estamos aquí por el ejemplo que usted nos da —me dijeron.

Y esas palabras me hicieron desarmar de nuevo las maletas”.

Maletas que nunca volvió a empacar porque su vida la fue construyendo paso a paso, como las abejas. De la tierra aprendió la paciencia necesaria para esperar a que las semillas den frutos, de las abejas aprendió la perseverancia de supervivir, no es una abeja común, es la abeja que no abandonaría su colmena.

Agosto 18-2025 

Por Laura Cruz 
Periodista 

Resuenan las palabras “Con el favor de Dios de pronto, muy pronto, vamos a tener nuestra parcelita para volver a trabajar, aunque ya estamos viejos, ya nos estamos muriendo porque ya casi la mayoría de nosotros que habían estado allá, ya se han ido, ya no están con nosotros.” Cecilia Hernandez Durán.

En algunas culturas se cree que los antepasados habitan en la tierra, que la tierra es una entidad ancestral, que cultivarla mantiene el equilibrio y que el cuerpo de quien la cultiva está unido a ella. Entonces ¿qué pasa cuando ese equilibrio se rompe?

En 1997, paramilitares del Frente William Rivas del Bloque Norte rompieron el equilibrio en tierras de la Zona Bananera con el despojo de más de cien familias de las fincas Cantagallar, Nigrinis, Ceibones y El Chimborazo en Pueblo Viejo, Magdalena. La Comisión de la Verdad y Restitución de Tierras, en un informe de 2022, señalaron que entre 1999 y 2000, 25 mujeres entre los 17 y 53 años, tres niñas, un niño y dos hombres jóvenes de 17 y 18 años, todos ellos campesinos de la finca El Chimborazo, fueron víctimas de violencia sexual, usada como arma de desplazamiento.

Hoy estas familias, lideradas por las mujeres, vuelven a sus tierras para tratar de restaurar el equilibrio, sanando la tierra que fue de sus ancestros. Algunas prefieren no recordar o mejor, no hablar de lo ocurrido, pero adentro las habita el recuerdo, les resuenan como un eco los recuerdos plantados en estas tierras, resuenan en sus cuerpos y en los cuerpos de los suyos.

Cecilia Hernández Durán dice que lleva cuarenta y pico de años en el Magdalena, que llegó del interior de Bucaramanga cuando tenía 14 años. Se vino buscando tierra y amor, y al principio los encontró. Se casó a esa edad y tuvo dos hijos. Luego encontró al que sería el amor de su vida, a él le parió cinco hijos, como ella dice “con el señor que estuvimos allá en Chimborazo.”

—¿Qué significa para usted Chimborazo?

“Imagínese: qué no recordar”, dice Cecilia y se le quiebra la voz.  “Mejor es no recordar lo que vivimos allá porque yo tenía tres niñas, imagínese. La mayor… Es mejor no recordar. Hay muchos malos recuerdos. Aunque hay que ir borrando poco a poco, porque, de todas formas…”

Sembrar y borrar son cosas parecidas. Cuando se siembra, el verde sustituye el color de la tierra, lo borra. La tierra cultivada ya no es tierra a secas, es cultivo de algo que la resignifica. El cuerpo, cuando trabaja la tierra, cuando la cultiva y la consume, también deja de ser un cuerpo a secas y se convierte en campesino. El cuerpo, el cuerpo campesino, como toda semilla, también regresará a la tierra al final de todo. Por eso, volver al lugar donde el cuerpo fue roto no carece de sentido. Retornar es desandar. Recuperar la tierra es sanar el cuerpo.

Pasa el tren y las palabras se van enredadas en los rieles. En la finca El Trébol, que está ubicada en La Agustina, una vereda del corregimiento Guacamayal en la Zona Bananera, el calor no amaina, tampoco la energía de Cecilia, Beatriz y Ligia, tres mujeres que representan a la Asociación El Chimborazo y que hoy relatan sus historias:

“Voy a hablar de mí y de la comunidad en general. A nosotros nos reunieron en una de las fincas, cuando nos dijeron que nos daban 24 horas para que saliéramos” dice Beatriz. Tuvieron que pasar diez años y que el dolor tomara distintas formas para que las 112 familias que fueron desplazadas por el Frente William Rivas del Bloque Norte comenzaran a hablar de lo que pasó.

“Empezaron a violar a nuestros hijos, nuestras hijas. Empezaron a violar una, iban a una, dos, tres casas. Entonces uno decía: Nos vamos antes de que nos toque a nosotros. Ellos decían que si nos íbamos era porque había algo ahí. O sea, primero vivimos un terror terrible. En el momento en que nos reúnen y nos dicen: Bueno, ya está bueno, ya se pueden ir de aquí, de este lote. 24 horas pa’ que salgan de aquí. Nosotros no esperamos 24 horas. Eso fue a las 4 de la tarde y ya a las 7 estábamos nosotros recogiendo motete. Dejamos animales, dejamos todo, todo lo que teníamos: los cultivos, la ropa. Dejamos todo.” remata Beatriz. 

Gracias al apoyo del Consejo Noruego, crearon la Asociación El Chimborazo, nombre que tomaron de la finca más grande entre las despojadas, conformada por cuatro predios del mismo sector, habitados por familias unidas por lazos comunitarios.

“Nuestra asociación es de personas desplazadas y personas vulnerables, que exigimos que se restituyan nuestros derechos. Hemos anhelado eso, pero en el camino han fallecido muchos compañeros. Apenas estamos iniciando a ver cosas que el Estado nos está reparando, como las maquinarias, como el ganado, con la entrega de algunas tierras, pero faltan muchos por ser restituidos para poder ejecutar nuestros proyectos” añade  Beatriz.

Para las 112 familias que conforman la Asociación El Chimborazo, el camino institucional ha sido largo, sus derechos han sido restituidos a cuentagotas. Han tenido que enfrentarse con la revictimización, y sin embargo, gracias a un esfuerzo férreo, ahora están viendo algunos resultados. Declaraciones rechazadas por la Personería local los obligaron a acudir a la Defensoría del Pueblo y a Justicia y Paz. Sólo así lograron que sus voces fueran escuchadas.

En 2014, el colectivo presentó su demanda de restitución. Cuatro años después, en 2018, los magistrados respondieron. De los cuatro predios, solo se restituyó uno: la finca Negride, entregada a 15 familias. A ellas se les construyeron viviendas y se les entregó un proyecto productivo. 

Sin embargo, aún faltan 97 familias por recibir tierra. Beatriz ha perseguido respuestas personalmente desde Santa Marta hasta Cartagena, subiendo a la Sierra, buscando al director del programa. “¿Nada se ha conseguido?”, se pregunta. “¡Sí se ha conseguido! Corriendo detrás de ellos.”

El grupo ha recibido maquinaria, ganado y apoyo parcial, incluyendo el PIR (Proyecto Integral de Reparación), pero viven en terrenos arrendados, pagando hasta 4 millones por 22 hectáreas, sostenidos por ventas de pasteles, rifas y bazares. 

“Imagínese que nosotros regresamos… pero no del todo. Muchos aún no tienen casa. La mayoría sigue viviendo con el papá, la mamá, el hermano, el cuñado. Algunos compañeros siguen por fuera, lejos de sus tierras. El terror fue tan grande que por mucho tiempo no pudimos hablar, no podíamos reclamar, no sabíamos a quién acudir. Todo estaba revuelto” señala Beatriz.

La fortaleza, según Beatriz, la ha recibido de sus compañeras, de la tierra, de hijos y de sus nietos. A los que les ha contado de las violaciones de las que fue víctima. Cuenta que les dice:  “Tienen que sentirse orgullosos de mí porque no toda mujer reconoce y yo reconozco que yo no tuve ni la culpa de eso. Hoy en día ya a mí no me da pena decir que yo fui violada”.

“Nosotros fuimos víctimas de violaciones, no solamente las mujeres. En esa época yo tenía 33 años. Mis otras compañeras, que son más jóvenes que yo, imagínatelas, y bien bonitas. Esos hombres metidos con nosotros en esa selva, allá, y nuestros maridos, nuestros compañeros. Mira, muchos de los compañeros dejaron a sus esposas por esa violación. Y de pronto no fue porque violaron a la mujer, sino que ellos también fueron víctimas de violencia sexual. Nosotros hemos perdido de todo, no solamente perdimos las tierras, sino también la dignidad de nuestros maridos, de nuestras compañeras. Pero gracias a tanta capacitación y ayudas que nos dieron algunas organizaciones de derechos humanos.”

Beatriz nació en un corregimiento llamado Campeche, pero desde muy pequeña, sus padres llegaron a la Zona Bananera, y aunque no nació en el lugar, lo dice con orgullo: “Yo soy de aquí, me siento zonera.”

 —Pero ¿qué es ser zonero?

 Aquí a todo el mundo se le da el espacio, y es un municipio tan pasivo que acoge a todo el que viene aquí. Entonces, yo llegué muy niña, pequeñita, y aquí pues me casé, tengo mi familia, mis hijos.

Este año Beatriz cumple 60 y nada le cuelga en su cuerpo —dice—. ¿Por qué? “Del azadón, de picar, de moler, de coger un machete. Mire todo lo que hemos conseguido, mire todo lo que hemos hecho y no me sienta… estoy vieja de cédula, como dicen los compañeros.”

Aunque no nació en este territorio, Ligia Isabel Conrado fue bautizada en la Zona Bananera, se casó, parió allí y para ella, eso es más importante. Por eso se declara zonera. Cuenta que hace más de 20 años tuvieron que salir con una mano adelante y otra atrás; sin embargo, gracias a la asociación, ella ve que les espera un futuro maravilloso. “Yo a esta asociación, la veo y sé que estamos bien gracias a Dios porque aquí nos han visitado varias entidades. No solamente el Consejo Noruego. El SENA nos ha capacitado y además el ICA”. 

Adal José Alfaro López, profesional universitario del ICA dijo que para el 2025, dentro de la estrategia de la seccional, está la extensión fitosanitaria y zoosanitaria, además del  compromiso del acompañamiento a la comunidad de mujeres del municipio de Zona Bananera, víctimas del desplazamiento forzado y la violencia. 

“Son mujeres resilientes, organizadas, que han logrado acceder a tierras y formación con apoyo institucional, y con quienes hoy trabajamos en su caracterización sanitaria. Más allá del rol técnico, este proceso nos conmueve profundamente: escuchar sus historias nos confronta con una realidad que duele, pero también inspira. Desde el ICA, seguimos firmes en el propósito de apoyar su camino hacia la productividad, la sanación y la generación de vida y alimentos para la región y el país” señaló Alfaro. 

“El ICA ha empezado a capacitarnos, visitarnos y guiarnos en cada paso: nos han orientado en el manejo del ganado, en los pequeños cultivos que tenemos en nuestras fincas —que suman apenas 22 hectáreas— donde cultivamos yuca, plátano y guineo, y donde también estamos recuperando la palma que encontramos en mal estado cuando retornamos. 

Nuestra meta es convertirnos en una empresa sólida; hoy, damos esta entrevista con la esperanza de que, para esta misma fecha del próximo año, nuestra finca sea reconocida como una empresa de producción de harina y alimentos transformados, mostrando una nueva cara del ICA al país. Estamos comenzando, pero el próximo año ya estaremos ejecutando nuestro sueño. ”Además de este sueño, Ligia dice: “Yo la verdad es que yo me sueño toda una ganadera, con ganado, tener cerdo —porque a mí también me gusta— la gallina, tener gallina. Que yo venga al campo y yo coja una gallina, matarla para hacer un sancocho. Yo sueño con todo eso”.

Julio 18 – 2025 

Por Luisa María Vidal 

Para hablar de comida tenemos que hablar de hambre, porque no puede existir la una sin la otra. El hambre es esa sensación de vacío incómodo que se siente en la boca del estómago, es ese fuego que te consume, que te da dolor de cabeza, que cambia tu estado de ánimo, y que te quita la vitalidad, y aunque cada quien lo sacia como puede -si puede-, no siempre lo sacia como quiere. Es más, algunos ni siquiera pueden pensar en saciarla, no necesariamente porque no tengan tiempo o por alguna enfermedad, si no porque no tienen cómo, porque no hay un plato sobre su mesa, o un árbol que de fruto cerca, por la guerra, el difícil acceso a las zonas de producción, las condiciones económicas, las condiciones climáticas, y otras más.

De acuerdo al informe Mundial sobre las crisis alimentarias, presentado por Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) en mayo de este año, la inseguridad alimentaria y la malnutrición infantil a nivel mundial afectó a 295 millones de personas a nivel mundial. Eso es como si cinco veces el total de la población de nuestro país sufriera de de hambre aguda.

Por su parte, este año el Dane publicó los resultados de la prevalencia de la inseguridad alimentaria en el país, y los resultados fueron desalentadores.

“Los resultados de la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave a partir de la escala FIES revelan que el indicador se redujo 0,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2024 para el total nacional, al pasar de 26,1% a 25,5%. Por su parte, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave creció de 4,8% en 2023 a 5,0% en 2024. El análisis por áreas evidencia que, mientras la inseguridad alimentaria moderada o grave cayó 1,7 puntos porcentuales en las cabeceras (al pasar de 24,7% a 23,0%), aumentó 3,0 puntos porcentuales en centros poblados y rural disperso (pasó de 31,2% a 34,2%). Por último, la inseguridad alimentaria grave creció 0,2 puntos porcentuales en las cabeceras y 0,1 puntos porcentuales en centros poblados y rural disperso”.

Pero ¿eso qué quiere decir y cómo nos toca a todos? Significa aunque hubo una leve, leve, leve reducción de la inseguridad alimentaria (0,6% por si se saltó el segmento del informe), las políticas actuales no están funcionando con la fuerza y la rapidez que se requiere, y es que según el Boletín Epidemiológico Semanal, del Instituto Nacional de Salud, de la semana 44 del 2024 (o sea del 27 de octubre al 2 de noviembre), se habían registrado 21 867 casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. 1 448 más que en el 2023. Siendo la Guajira en los dos años, el departamento con mayor cantidad de casos presentados, y el Valle con 536 casos para el 2024.

Y ahí están solo los casos reportados de manera oficial, y solo los niños menores de 5 años. No se habla de niños mayores de 5 años, ni de adultos, ni de adultos mayores, es decir que esa cifra podría ser mucho más alta y, por lo tanto, el problema mucho más preocupante.

El hambre es tan potente que se ha usado en la guerra, no solo para alentar a quienes en ella combaten, sino para debilitar a los del bando contrario o para debilitar pueblos hasta su extinción, y así mismo han surgido muchas formas de saciarla o intentar saciarla, algunas de ellas ni siquiera podría escribirlas aquí, pero otras más sencillas, más humanas, relacionadas con la caridad, otras con el “ingenio” de volver a lo básico: la siembra.

El primero de los relatos que conocí sobre el hambre como arma de guerra está en la Biblia, en 2 Reyes 6, la cual relata

“Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por ochenta piezas de plata, y trescientos mililitros de estiércol de paloma se vendía por cinco piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó: —¡Mi señor el rey, por favor, ayúdeme! —le dijo. Él le respondió: —Si el SEÑOR no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó: —¿Qué te pasa? Ella contestó: —Esta mujer me dijo: “Mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío”. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos”.

Y antes de que pensemos que eso ya no pasa, veamos rápidamente una de las guerras en las que el hambre fue declarada como arma de guerra:

Bloqueo de Biafra en Nigeria de 1967, la cual surge porque esta ciudad declara su independencia, por lo que las autoridades nigerianas se negaron a esa secesión, y sitiaron la ciudad, es decir, cerraron sus carreteras y como consecuencia no ingresaban alimentos a esa región, por lo que murieron cerca de un millón de personas. (más info: BBC)

De eso han pasado solo 58 años.

En mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró que la vida de 2,1 millones personas en la franja de Gaza se encontraba en riesgo debido a la falta de alimentos porque se estaba reteniendo a propósito la ayuda humanitaria que se envía a esa región.

El objetivo: debilitar a la población, no solo para hacer presión al Gobierno, si no para que no tengan personal para defenderse.

Y si piensa que eso sucede solo por allá, bueno, en el 2021, cuando muchos estaban tratando de sobreponerse a las consecuencias de las exigencias por la pandemia, llega lo que llamaron el “estallido social”, en la que las carreteras fueron cerradas para “hacer presión” al Gobierno para que negociara con los diferentes actores sociales implicados.

Y no vayamos “tan atrás”, cuando se bloquea una vía principal se encarecen los artículos de primera necesidad si la ciudad que se sitia no los produce, y si la que se sitia los produce, pues genera pérdidas económicas significativas en el que usualmente el que primero se quiebra es el pequeño productor. Así que sí, el hambre es uno de los filos que más corta. Y no decimos el que más, porque seguramente habrá razones para argumentar otro.

El campo es muy noble y se presta para hacer analogías en muchos momentos de la vida; el sembrador prepara la tierra, limpiándola de la maleza, nutriéndola con abonos y, en el tiempo indicado, coloca la semilla que después de algunos días/semanas/meses brotará para luego, esperar y cosechar el fruto del que podrá comer y dar de comer.  En un mundo que prioriza la rapidez sobre la calidad, sembrar en la ciudad y las casas es una idea que requiere empuje.

En Colombia hay muchísimas huertas privadas; unas pequeñas y otras que se extienden por miles de hectáreas. También hay otras tantas de carácter público ¿cuántas? no pudimos encontrar el dato, pero algunas de las que hemos ido conociendo, han surgido con el propósito recuperar espacios que la violencia y las fronteras invisibles les habían arrebatado.

En el norte de Cali desde la pandemia, en el barrio La Villa del Parque, hay una huerta cuidada y cultivada por cinco mujeres, algunos pares de manos voluntarias ocasionales, y con el apoyo de los técnicos de Sembrando Cali. Esta huerta nació como una oportunidad para aprovechar un espacio que estaba siendo ocupado por escombros y basura, y que hoy es una pequeña extensión de tierra da berenjenas, tomates, cebolla, banano, y otras verduras.

Conocimos la huerta en una mañana lluviosa. Nos alistamos para, junto a ellos y ellas (las huerteras, voluntarias, y los técnicos), hacerle mantenimiento a la huerta; limpiar la tierra, abonarla, sembrar, regar, cosechar, y quitarle una que otra plaga. Todo lo tenían muy bien organizado; al llegar hicimos una reunión inicial en la que nos daban las instrucciones de las tareas del día, nos presentamos, nos dieron algunas recomendaciones de seguridad, desayunamos, y manos a la obra.

A los nuevos nos acompañó una huertera ya experimentada. Tuvimos el honor de trabajar con doña Nidia, una mujer con una fuerza increíble a la hora de mover la tierra, y una firmeza para dirigirnos como voluntarios, y eso sí, mucha paciencia.

En esta huerta se lleva un registro de lo que se ha sembrado en cada cama; una especie de matera gigante que se limpia, se abona y se recoge en cada jornada. El propósito es sembrar algo distinto que en la cosecha pasada, porque cada planta toma algo diferente de la tierra. El objetivo es que las posibles plagas de la planta anterior, no afecten a la que se está sembrando.

Mientras removemos la tierra y sembramos, doña Nidia nos cuenta que quieren que la comunidad participe más de la huerta; tienen como propósito invitar a los colegios que están cerca para que los niños puedan aprender allí también.

Labrar es una tarea que por momentos requiere mucha fuerza. Julián, uno de los dos únicos hombres del equipo de trabajo, empieza a cortar un árbol que pone en riesgo la caseta donde guardan las cosas, y le quita sol a las camas. Coge sus botas, un sierra eléctrica, pone la escalera y una a una va cortando las ramas. El espacio se ve despejado, y el sol que -creíamos- se asomaba tímidamente, ahora parece una gran lámpara. Las hojas y algunas de las ramas mas grandes las usan ahí mismo en algo que llaman paca digestora: un arrume organizado de residuos orgánicos con hojas, que después de unos seis meses termina convirtiéndose en tierra, la cual usan para rellenar las camas. Las pacas también contienen residuos orgánicos que algunos vecinos les llevan.

Lo que produce esta tierra en ocasiones lo venden a la gente de la misma comunidad, y lo que alcanzan a recoger de dinero lo usan para comprar más insumos; semillas, herramientas, entre otros. También nos cuentan que le dan al comedor comunitario, y -¿cómo no?- se llevan algo para sus casas.

Ya hemos trabajado cuatro camas, y se va acercando el medio día, y en total son nueve. Todos se reúnen para descansar un momento y tomar el almuerzo. Entre charla y charla se van contando lo que vieron en la tierra durante la jornada. Empieza a llover. Nos resguardamos un rato bajo el techo que ahora deja pasar más luz porque ya no hay ramas que lo impidan, y mientras tanto puedo ver cómo esa pequeña extensión de tierra no solo da fruto, si no espacio y tiempo para diferentes generaciones trabajen por un mismo objetivo. El la próxima cosecha creo que habrá lechugas y habichuelas. Muchas.

Mientras tanto, a unos cuantos barrios de distancia, en la esquina de la cancha del barrio Olaya Herrera hay una huerta que poco a poco se abre paso a nivel social en una zona que anteriormente era usada para actividades de las que no todos podían participar. Esta es cuidada por doña Amparo, una mujer que lidera el comedor comunitario del barrio, con el apoyo de Socorro, una vecina que se levanta muy temprano para regar las plantas y limpiar la tierra.

A esta huerta pudimos llegar después de mucho coordinar con Franci -una madre y vecina a la que describen como muy colaboradora con las actividades del barrio-, pues doña Amparo había estado fuera desde hace varias semanas por una calamidad doméstica, y es ella quien usualmente tiene las llaves de la huerta. Llegamos con el sol en su cenit. Fuimos a buscar las llaves al comedor comunitario para entrar y ver bien cómo se encuentran las plantas. Al entrar vemos que ya varias se han secado, y hay otras que resisten a marchitarse sin dar su fruto, la razón: la ausencia de doña Amparo, y es que es ella quien inició la huerta, y quien siembra y cosecha. Tiene ayuda ocasional de amigos y vecinos, pero es ella quien mayormente gestiona lo que ahí se requiere. 

Es un pequeño espacio donde tienen cerca de ocho camas, en las que actualmente tienen sembrado pimentón, limoncillo, cebolla larga, papaya, piña, sábila, lechuga y una que otra planta aromática. Nos contaron que incluso han tenido papa, yuca, berenjena, cilantro, y tomate. En un rinconcito de esa huerta, las pacas digestoras, aunque no le dicen así, en las que echan los residuos orgánicos que de vez en vez le llevan algunos vecinos, aunque estos -en su mayoría-salen del comedor.

Franci, trabaja en una de las empresas que están cerca a la cancha, y también vive en el sector. Ha liderado y gestionado actividades no solo de carácter ambiental, sino también actividades que promueven la apropiación de los espacios destinados para la comunidad. Nos cuenta que darle continuidad a este tipo de proyectos no es fácil por varias razones, entre ellas, el tiempo que le queda entre ser mamá, trabajar y estudiar, pero que se da sus mañas para que espacios como la huerta no mueran.

Una de las primeras cosechas que tuvieron fueron las berenjenas -que hoy por hoy está a $ 4.500 cada 500 gramos en el mercado-, y fueron tantas que mucha gente llevó, pero no sabían que hacer con ellas, así que les tocó investigar y aprender, y claro, las usaron en el comedor comunitario.

Lo que ahí se produce es usado mayormente en El Amparo de Alegría, un comedor comunitario que sirve no solo al barrio, si no a quien lo necesite. Aunque -según nos contaron- de vez en vez hay familias que se benefician directamente de la huerta.

En muchos lugares del mundo, la pandemia evidenció la necesidad de aprovechar las tierras para ser fuentes de suministro de alimentos para la comunidad. En Cali, el estallido social dio paso al nacimiento de algunas huertas en la ciudad, algunos testimonios indican que bajo el Sistema Distrital de Huertas, liderado en ese momento por la alcaldía, y hoy por el Dagma, otros dicen que con el proyecto Ecobarrios, y otros que nace como complemento de los comedores comunitarios.

De acuerdo con información de la alcaldía de Cali, en la ciudad y sus perímetros hay unas 490 huertas que hacen parte de la red de huertas, las cuales nacieron con el objetivo de “generar capacidades de autogestión en las poblaciones vulnerables de Cali y su área rural”; es decir que además de borrar esas fronteras invisibles, las huertas deberían ser fuente de alimentos para la comunidad. Sin embargo, y como muchos proyectos sociales de largo aliento, hoy por hoy algunas de ellas son apoyadas e impulsadas por organizaciones diferentes al Estado, mientras otras tratan de sostenerse con la gestión que adelantan líderes de los barrios, pues a pesar de que la ayuda y acompañamiento de la alcaldía ahora es poca, reconocen que es importante para ellos como comunidad por el suministro de alimentos, y por no dejar a merced del destino el uso de ese suelo.

Pero ¿por qué es tan importante que las ciudades le apuesten a las huertas urbanas y caseras? Bien, porque podrían ser un apoyo significativo para las familias que no llegan a final de mes, porque podrían reducir los desperdicios que se generan por los alimentos que no llegan a algunos barrios y que se quedan en las centrales de abasto, o en los supermercados y en las tiendas, porque muchos residuos orgánicos de las casas pueden ser tratados y usados como abono para las huertas.

Hablar de seguridad alimentaria es también abordar temas como el transporte de los alimentos para asegurar su disponibilidad, es hablar del aprovechamiento de zonas comunes para el beneficio de la comunidad, y que a veces están abandonadas o entregadas a actividades delictivas. Las huertas urbanas representan ese espacio en el que convergen la satisfacción de necesidades como la alimentación, la ocupación del tiempo libre, la gestión de residuos orgánicos, el aprendizaje por servicios y la construcción de comunidad.

Así que si tiene la oportunidad de desarrollar o apoyar una de esas iniciativas -en su barrio cualquier otro-, hágalo, bien sea como voluntario, como comprador de sus productos o facilitándole herramientas o residuos orgánicos, pues al hacerlo no solo motivan a quienes ahí sirven, sino que visibiliza la importancia del aprovechamiento de los espacios, de no dejarlos para que sean sucursales de relleno sanitario, ni para expendio de drogas, además -quien quita- podría ser su próximo suministro en caso de alguna novedad.  

Abril 4 – 2025

Por Laura Cruz

En el Centro de Memoria Histórica de Bogotá se reunieron en rueda de prensa, más de 30 colectivas de todo el país, sobrevivientes y familiares de personas victimizadas en el Paro Nacional que este año tiene su cuarta conmemoración. Su clamor sigue siendo el mismo: justicia y verdad para las personas que fueron asesinadas por el estado en un ataque sistemático y de represión a las protestas durante el Gobierno de Iván Duque. 

En la rueda de prensa, los representantes de las víctimas desbordaron la mesa con telas pintadas con los rostros de sus familiares y mensajes que reclaman justicia, verdad y acción.  Señalaron que hay un subregistro alarmante de víctimas y que de estas acciones también son responsables: Diego Molano Aponte,  exministro de Defensa y Eduardo Enrique Zapateiro, Excomandante del Ejército Nacional. Según las colectivas “ellos ordenaron, de 2019 a 2021, sendos y horrendos crímenes que se tradujeron en asesinatos, intentos de asesinato, detenciones arbitrarias y tratos crules a toda colombia”. 

Se destacó la existencia de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, cuyo  principal propósito de exigirle que cumpla con su palabra, ya que el 10 de mayo del 2024 en el Coliseo del Pueblo de Cali, el presidente le ordenó al Ministerio del Interior crear la Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de represión estatal que se presentaron durante el año 2021.

Se cumplen cuatro año del Estallido Social del 2021 y aunque el informe final de INDEPAZ señala que ese año ocurrieron 79 asesinatos en el marco de las protestas, las colectivas claman por la cifra de 169 víctimas; también lo hacen por un centenar de personas con heridas que dejaron secuelas como las lesiones oculares. De igual manera, reclaman justicia por los jóvenes que permanecen detenidos y “también por el número importante de personas dadas por desaparecidas que siguen clamando que la Justicia actúe para que la sociedad conozca los motivos de las agresiones.  Los sueños y búsquedas de las personas victimizadas, al igual que los responsables de dichos crímenes, los que nunca debieron ocurrir” aseguraron durante la rueda de prensa.

Los representantes de las diferentes colectivas también se reunieron con representantes de la Comunidad Internacional y  llegaron a varios compromisos, entre ellos, hacer escuelas políticas a nivel nacional. Luego en la plaza Bolívar durante la jornada de incidencia, cantaron y arengaron en compañía de la batucada.  

A la Casa de Nariño llegaron tres representantes de las colectivas quienes radicaron en la Secretaría de la Presidencia la carta en cuya referencia dice: “Solicitud de cumplimiento de compromiso con la creación de una Comisión de la Verdad sobre la represión estatal en el Paro Nacional 2019-2021 en Colombia”.  Declarando que:  “más que una expectativa ciega, es una acción de dignidad y presión política. La promesa de una “Comisión de la Verdad del Estallido Social” debe cumplirse. Las víctimas del estallido (más de 170 solo en 2021) no pueden quedar olvidadas, ni sus muertes archivadas”. 

David Medina, tío de Dilan Mauricio Cruz Medina, quien fue asesinado el 23 de noviembre del 2019 por un uniformado del Esmad, señaló que “Dilan era un joven de 18 años, hijo de Bogotá, un joven soñador que salió a las calles pensando en un mejor futuro y encontró la muerte a manos del Estado que debía protegerlo”.  También dijo que después de cinco años, el caso no ha tenido ningún avance, puesto que han habido diferentes dilaciones, por ejemplo, el cambio de los fiscales y que lo único que considera un avance significativo, es la llegada de una nueva fiscal en la Comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía, quien abrió la expectativa de que esta vez sí se tengan en cuenta pruebas clave, como el peritaje de Forest Investigation.

“No hay justicia aún. No basta con conocer el nombre y el número de placa del uniformado que disparó. Exigimos que se procese no solo al autor material, Manuel Cubillos, sino también a toda la cadena de mando que permitió y ordenó el uso desmedido de la fuerza. Señalamos directamente al entonces alcalde Enrique Peñalosa, al secretario de Gobierno de la época y al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.”

Sandra Arazo Reyes, en representación del Tribunal Popular en Siloé, explicó que el Tribunal ha sido uno de los impulsores de la iniciativa, junto con Mevico y otras organizaciones de víctimas. Aunque la sentencia del Tribunal no es vinculante, ha servido como herramienta para fortalecer la exigencia de verdad y justicia, recordando además que el presidente Petro se comprometió públicamente en el Coliseo del Pueblo durante su campaña. Respecto al papel de la nueva fiscal en el caso, señaló que aún deben esperar respuestas, pero advirtió que los procesos en la Fiscalía han sido intencionalmente lentos y dilatados, contrastando con la falta total de debido proceso que sufrieron las víctimas durante el estallido social.

En representación de Memoria Viva Colombia estuvo Sandra Moreno, madre de Santiago Moreno Moreno —joven asesinado el 1° de mayo de 2021 en Cali, quien señaló el dolor emocional que siguen viviendo al cumplirse cuatro años del crimen y anticipó el difícil momento de enfrentar las exhumaciones, un proceso que consideran aún más doloroso que el primer entierro.

Sobre el avance judicial en el caso de su hijo, lamentó que no haya habido ningún progreso, ni para Santiago ni para otros asesinados por el Estado. Denunció las burlas y dilaciones en las audiencias, donde incluso funcionarios alegan excusas absurdas como no saber abrir un PDF.

Frente a la carta que entregaron al presidente Petro, expresó que esperan que cumpla su promesa de crear una Comisión de la Verdad para las víctimas del estallido social, y que escuche directamente sus voces y rostros, no solo a través de intermediarios.

En Cali, la violencia estatal durante las protestas se vivió en muchos sectores, siendo uno de los más afectados, Siloé en la ladera de la ciudad. Por eso les compartimos una versión corta de un especial que realizamos en 2023 y que cuenta la historia de ese barrio y una de las víctimas durante el paro.

Abril 14 – 2025

Por Laura Cruz y Jorge Luis Galeano

Los habitantes de algunos sectores del Oriente de Cali, en especial los que viven en el Jarillón del río Cauca, han estado en constante incertidumbre por los desalojos que muchos han tenido que afrontar. Estos desalojos reviven sus experiencias con el desplazamiento forzado y agravan la falta de empleo formal, la estigmatización, entre otras situaciones que vulneran sus derechos. Quizás por esta razón y porque ya intentaron de varias maneras, hoy reconocen que la mejor forma de reclamar sus derechos es en colectivo, tal como lo hace la asociación “Mujeres Mayoras Dejando Huellas”, un espacio de lucha y reconocimiento para las mujeres del territorio.

Esta asociación nació gracias al proyecto Senderos de Paz, en el que encontraron un espacio de Memoria pero también un medio para crear en colectivo. La propuesta realizada por Alexandra Arango Salazar y Jennifer Arango Salazar, fue ganadora en la Convocatoria Estímulos Cali 2024 y propone un proceso de escritura creativa y recopilación de la tradición oral de un grupo de mujeres cuidadoras, lideresas sociales y gestoras de paz del sector Las Palmas en el Jarillón del Río Cauca en Cali, Colombia.

Entre estas mujeres se encuentran Flor Valencia, lideresa del grupo y defensora de derechos humanos; María Esperanza Acevedo, escritora y artista; Aleyda Giraldo, guardiana del territorio y defensora de la tierra y los animales, y Carmen Fides Angulo Quiñones, quien con seis mujeres más, fueron unidas por este territorio y su profundo compromiso con la comunidad, la cultura y la convivencia, además de la defensa de los derechos.  Estas mujeres que provienen de Tumaco (Nariño), Medellín y Cali no son solo lideresas sociales, sino también, madres que aportan a la construcción del territorio y de ciudadanía.

Senderos de Paz se desarrolló a través de un ciclo de talleres en los que las participantes exploraron la escritura creativa, poética y narrativa, compartiendo sus memorias autobiográficas, saberes ancestrales sobre plantas medicinales y conocimientos culinarios. Las actividades incluyeron ejercicios prácticos de escritura, comadreo y comitivas, que dieron forma al producto final: una cartilla que recoge sus poesías y relatos que preservan sus memorias y saberes tradicionales.

Este tipo de ejercicios permitieron a las participantes no solo recordar sus lugares de origen, sino reafirmar sus tradiciones y costumbres, para que sigan honrando la memoria de las mayoras y cuidando a los más pequeños a través de la asociación “Mujeres Mayoras Dejando Huellas”, que aunque reconoce otros procesos como la Guardia Cimarrona y el Consejo Comunitario Raizales del Pacifico, se distingue por ser un espacio en donde habrán solo mujeres.

“Lo que más me gustó de este proyecto fue la oportunidad de escribir mi historia de desplazamiento y narrar mis vivencias. Esto me permitió mantener viva mi memoria y mi tradición, reafirmando mi identidad y la de mi comunidad. Valencia también señaló que el Colectivo de Mujeres nació como respuesta a la vulneración de sus derechos. “Decidimos conformar esta asociación para defender y fortalecer nuestra voz dentro del Consejo Comunitario”.  Flor Valencia.  

Un dique artificial de 17 kilómetros de largo recorre el mismo camino que el río Cauca, construido en los años 60´s para resguardar a la ciudad de posibles desbordamientos y expandir las áreas de cultivo. En principio un muro de contención que evitaría que Cali se inundara, pero con el tiempo se convirtió en una línea invisible con un alto contenido simbólico que separa a la ciudad blanca, tradicional y elitista de la que  en los años 80s, poblaron los desplazados por la violencia y el conflicto que llegaban desde regiones como el departamento del Pacifico, del Cauca y Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Huila.

En la actualidad el dique artificial tiene el lomo cubierto por incontables casas, hechas de madera y adobe, con tejas de zinc, y materiales reciclados, que se abren camino hacia el lado opuesto del río. Desde el barrio Petecuy hasta el corregimiento de Navarro numerosas familias lo habitan en condiciones de hacinamiento, pues como una forma de enfrentar la pobreza extrema, se mudaron allí y comenzaron a criar gallinas, cerdos, hicieron lagos de pesca y fundaron una agricultura familiar a pequeña escala. Después incursionaron en el reciclaje, organizando bodegas que les sirven para llevar a cabo dicha actividad.

Unos años atrás, mientras el Jarillón protegía a Cali del río Cauca, la ciudad se desbordaba de migrantes que, debido a la parsimonia de las administraciones locales, el desconocimiento del fenómeno migratorio y la falta de planes de reubicación adecuados, optaron por asentarse en el sector del Jarillón.  Casi 7 mil familias ocuparon las áreas no habitables, so pena de exponer sus vidas a una situación de alto riesgo.

Después del invierno de finales del 2010, el río forzó a las entidades estatales a realizar un plan. Así, desde la Gobernación y la alcaldía nace el megaproyecto Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias, que tenía como principal objetivo mitigar el riesgo de inundación y la reubicación de 8 mil 777 familias y el reforzamiento de la estructura para prevenir posibilidades de riesgo.

En octubre de 2016 Juan Diego Saa, el entonces gerente del Plan Jarillón, declaró que “sí o sí van a liberar el Jarillón, esto quiere decir que para el año 2018 deberán ser evacuadas las familias asentadas allí”. Lo que no tuvo en cuenta el señor Saa, es que en la ejecución del desalojo de 2 mil 500 familias víctimas del conflicto armado, no tuvieron en cuenta la construcción de viviendas con un enfoque diferencial. Como resultado, estas comunidades que ya vivían en la periferia y con escaso apoyo estatal, fueron nuevamente vulneradas, pues el proyecto no ha garantizado sus derechos. Por otra parte, el Plan Jarillón carece de un componente ambiental para la recuperación del río Cauca, sus afluentes, las zonas de inundación y la biodiversidad, ecosistemas que han sido degradados por más de 50 años debido a la agroindustria cañera.

Una de las tantas personas que migró a este sector fue Flor Valencia, quien hoy es una de las habitantes que conforman el Consejo Comunitario: “Cuando llegamos aquí en el 2009, encontramos el territorio olvidado y marginado. Aunque el corregimiento de Navarro contaba con un corregidor, en nuestra zona no se hacía presente. Tampoco había presencia de la policía, ni de entidades como el Dagma o la CVC”.  

Después de varios desplazamientos y cuando vieron que en el sector vendían algunos pequeños lotes, decidieron establecerse. Con el paso del tiempo comenzaron a ver las necesidades que tenían como comunidad. Lo primero fue combatir la delincuencia, entonces la comunidad hizo su propia guardia para apoyarse entre todos y recuperar el territorio.

Sin embargo, en los años siguientes tuvieron que enfrentar los desalojos, ya que la Alcaldía argumenta que aquella era una zona de alto riesgo. El paisaje que tuvieron por mucho tiempo fue el humo del Esmad que cada semana desalojaba a la fuerza a los que antes eran sus vecinos, para lanzarlo una vez más a una situación de desplazamiento.

Dice Flor Valencia: “Venimos de territorios como Tumaco y Barbacoas en Nariño, así como del Cauca, donde conocíamos la importancia de los Consejos Comunitarios”.  Entonces, entre el  2016 y 2017, respaldados por la Ley 70 de 1993 que establece que las comunidades negras deben organizarse en consejos comunitarios para reclamar títulos colectivos sobre sus territorios ancestrales, conformaron el consejo.

Ante la amenaza de desalojo, la comunidad se organizó para defender el territorio. Enfrentaron la presión de las autoridades, quienes mediante el Plan Jarillón y el Fondo Adaptación, intentaron sacarlos con argumentos de alto riesgo.

Como respuesta realizaron una toma de la Alcaldía de Cali durante el gobierno de Maurice Armitage, exigiendo el reconocimiento del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico, Algunos miembros hicieron huelga de hambre, pero la administración no cedió. En cambio, cambiaron el nombre del proyecto y continuaron con su estrategia de presión.

A pesar de la resistencia, algunos habitantes entregaron sus viviendas, pero el Consejo Comunitario se mantuvo firme. La comunidad identificó que el verdadero interés de la Alcaldía era la construcción de un puerto fluvial y no la seguridad de los habitantes.

Los desalojos dejaron terrenos vacíos que ahora están llenos de basura y escombros, lo que agrava la situación ambiental y social. La comunidad ha propuesto recuperar estos lotes para que funcionen como espacios recreativos y de seguridad alimentaria, pero enfrentan restricciones impuestas por el Plan Jarillón.

“Nosotros hemos tenido muchas barreras, pero como comunidades negras, sabemos que históricamente se nos han asignado tierras en zonas consideradas de alto riesgo, pues, por tradición, nos asentamos en riberas de ríos y orillas del mar”, dice Flor Valencia, quien sabe que en el marco legal hay varios artículos que protegen a los habitantes del Jarillón.

A pesar de que hay una normativa explícita, los derechos de los habitantes del Jarillón siguen siendo vulnerados porque hay muchas necesidades en el territorio que aún no son cubiertas. Ellos mencionan la necesidad de más apoyo a las familias recicladoras porque desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente, y tanto jóvenes como adultos mayores trabajan en esta labor y requieren ayuda especial. También les preocupa la seguridad alimentaria y consideran que es urgente contar con un territorio donde puedan cultivar y garantizar la soberanía alimentaria, y por último, quieren el reconocimiento como Consejo Comunitario, ya que sin la firma del alcalde Alejandro Eder, esto no será posible. A pesar de que han enviado en reiteradas ocasiones derechos de petición y han hecho llamados por todos los medios a la Administración Municipal, el Consejo Comunitario ha decidido realizar una Asamblea Preparatoria, convocando a las entidades competentes para exponer nuestras necesidades y exigir soluciones. Además que se respete un derecho primordial: el de una vivienda digna para una comunidad que no quiera afrontar un desplazamiento más.

Abril 9 – 2025

Por Jorge Luis Galeano Bolaños

A corte del 28 de febrero de 2025, la Unidad de Víctimas reporta más de 9 millones de víctimas en Colombia por el conflicto armado. Entre los hechos preocupantes aparecen la vinculación y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales con 10.900 casos. Este delito es una constante y se sigue cometiendo en todo el país. 

Según la Justicia Especial para la Paz -JEP- más de 18.600 niños fueron reclutados y vinculados al conflicto armado por parte de las Farc entre 1996 y 2016 y el 68% de las víctimas acreditadas es menor de 15 años. Para 2023, la misma entidad registró 163 casos y hasta noviembre de 2024, ya habían 160. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Huila.

Por la gravedad del hecho, la JEP abrió el Caso 07 para condenar a los culpables de este delito y en los avances muestra que de las más de 10 mil víctimas acreditadas, casi 9 mil pertenecen a pueblos indígenas, lo que confirma la vulnerabilidad de esta población a las acciones de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, el 51% de niños, niñas y adolescentes reclutados era indígena, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Tras la ruptura de la tregua entre las bandas Los Shottas y Los Espartanos a mediados de enero de este año, los índices de violencia se dispararon en Buenaventura. Todo esto, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por mantener viva la mesa con estos dos grupos. La situación es grave desde inicios de febrero de este año, pero empeoró en marzo. Según la Fundación Paz y Reconciliación -PARES- en dicho mes hubo 20 asesinatos, una cifra que no se presentaba desde mayo de 2023. En total, en el primer trimestre de este año se presentaron 46 asesinatos, un número mayor al que se obtiene al sumar los casos del mismo período de 2023 y 2024. 

Esto hizo que la Gobernación del Valle, tras un consejo de seguridad, decidiera trasladarse temporalmente al Puerto para atender el caso de cerca. En ese proceso y, tras el recrudecimiento de la violencia, se conoció que ambas bandas delincuenciales están dispuestas a retomar la tregua, pues ya venían consolidando un pacto de no agresión. Eso sí, pusieron una condición: el reemplazo de Fabio Cardozo como jefe negociador por parte del Gobierno Nacional. Esta petición la hicieron tras una declaraciones del funcionario en las que afirmó que la tregua era aprovechada por ambas bandas para fortalecerse, lo que no cayó bien entre los integrantes de los Shottas y Espartanos.  

La población civil y los liderazgos sociales de Buenaventura piden y esperan que ambas bandas se comprometan a reiniciar una tregua que, en su período más largo, logró 19 meses de relativa tranquilidad para la gente del Puerto, pero cuyo rompimiento genera olas de violencia cada vez más grandes.

En marco de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales que operan en Colombia, la población civil sufre las más graves afectaciones: desplazamientos forzados, confinamiento, exposición a fuego cruzado, entre otras. Dichas afectaciones han ido en aumento por la fragmentación de esos grupos armados, lo que incrementa los enfrentamientos entre ellos, además, las crisis en las distintas mesas exponen a la población civil a sufrir hechos victimizantes que significa la violación de las normas que rigen los conflictos: El Derecho Internacional Humanitario -DIH- En ese sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- muestra un deterioro de la situación de la población no combatiente en muchas regiones del país. 

Entre lo que muestra el más reciente informe del Comité, es el uso que hacen los grupos armados ilegales de armas no convencionales como las minas antipersonal que dejó 709 víctimas civiles en 2024, pero también atentados contra misiones médicas, especialmente en el departamento del Cauca, en donde se pudieron registrar 67 de los 201 casos el año pasado. 

De igual manera, la creciente disputa territorial entre los grupos armados ilegales  somete a la población civil a estados de confinamiento que provocan graves vulneraciones a derechos como el de la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros. Para ese caso, el CICR pudo comprobar que 88.874 personas padecieron de este fenómeno en 2024, 36 mil de ellas en el departamento del Chocó, el más afectado.   

Por lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja hace un llamado a los actores armados (legales e ilegales) a cumplir con las normas del DIH, así no haya cese al fuego vigente entre las partes porque el respeto por dichas normas garantiza que no se afecte a la población civil, es decir, aquéllas personas no combatientes.

El más reciente hecho grave de violación de Derechos Humanos en marco del conflicto armad en Colombia, ha sido lo sucedido en la región de El Catatumbo, al oriente del país. Ahí se disputan el territorio el ELN y las Disidencias de las antiguas FARC. Dicha confrontación ha dejado un balance trágico entre la población civil: más de 97 mil personas afectadas, 21 mil con restricciones en la movilidad que les dificulta el acceso a bienes y servicios, además de 50 mil desplazados forzadamente. Además, se reportan 35 acciones armadas Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo niños y adolescentes.

Los graves hechos ocurridos ahí produjeron el congelamiento de los diálogos de Paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Un congelamiento que, para algunos analistas, es sólo una forma de decir que terminaron, sobre todo, por las recientes declaraciones de integrantes de la guerrilla, quienes han dicho que la paz no se podrá firmar antes del 2026.

En medio del panorama difícil de las negociaciones del Gobierno de Colombia con actores armados, se logró la desmovilización del grupo denominado Comuneros del Sur de Nariño, que en mayo del 2024 se apartó del Ejército de Liberación Nacional. Dicha desmovilización implica un respiro, no sólo para la Paz Total como proyecto, sino para la tranquilidad de los territorios en donde operaba esta agrupación.

Entre los acuerdos firmados está la creación de mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre otros. Además se firmó otro acuerdo, pensado para la sustitución voluntaria de 5 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados en Nariño. El acuerdo se firmó por parte de Carlos Erazo y Roger Garzón, como representantes de las partes y leído por la delegada del Gobierno para estos diálogos, Ángela María Robledo.

Abril 1 – 2025

Este reportaje fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ)*

El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las violaciones más alarmantes a los derechos humanos en Colombia. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, con una mayor incidencia en el primer semestre del año, cuando se reportaron 267 casos, frente a los 142 del segundo semestre. Los meses más críticos fueron enero, con 62 casos, y marzo, con 58. El principal grupo armado señalado en estos reclutamientos es el Estado Mayor Central, vinculado con el reclutamiento de al menos 135 menores, evidenciando la persistencia de esta práctica en el marco del conflicto armado.

El departamento del Cauca ha sido el más afectado, concentrando el 70% de los casos reportados, lo que equivale a 300 menores reclutados en su territorio. A esta preocupante cifra se suma la alarmante afectación a comunidades indígenas, que representan el 51% de las víctimas. Más allá de la violación sistemática de los derechos de niñas, niños y jóvenes, esta práctica atenta contra la salvaguarda de los saberes ancestrales, la autonomía de los pueblos indígenas, sus sistemas educativos propios y su estructura de gobierno. La vinculación de menores a grupos armados no solo les niega su derecho al desarrollo y la protección, sino que también impacta gravemente el tejido social de estas comunidades, debilitando su identidad y su resistencia ante la violencia.

A la crisis en el Cauca se suman los departamentos de Nariño y Putumayo, consolidando al suroccidente colombiano como una de las regiones más vulnerables para la niñez y juventud en el país. La falta de medidas efectivas de prevención y protección por parte del Estado, sumada a la presencia de actores armados ilegales, ha convertido a esta zona en un escenario recurrente de violaciones a los derechos humanos de menores. Ante esta realidad, se hace urgente la implementación de estrategias de intervención que no solo respondan a la protección inmediata de las víctimas, sino que también ataquen las causas estructurales que perpetúan el reclutamiento forzado en el país.

El reclutamiento y la explotación de menores por parte de grupos armados en Colombia no responden únicamente a la lógica de la coacción directa, sino que también se sustentan en la profunda crisis social que afecta a la niñez y la juventud en el país. La pobreza extrema, la falta de acceso a una educación de calidad, la carencia de condiciones de vida dignas y la imposibilidad de disfrutar de una infancia libre de responsabilidades económicas o parentales prematuras han generado un escenario propicio para la captación de niñas, niños y jóvenes (NNJ). Estas condiciones estructurales obligan a muchos menores a asumir roles de adultos, privándolos de sus derechos básicos y exponiéndolos a dinámicas de violencia y explotación.

En los últimos años, los grupos armados han diversificado sus estrategias de vinculación, adoptando métodos más sutiles y manipulativos que van más allá del reclutamiento forzado tradicional. La manipulación emocional y económica se ha convertido en una herramienta clave para atraer a los menores a actividades delictivas. En muchos casos, estos grupos se aprovechan de la precariedad económica de las familias y de la ausencia de oportunidades, ofreciendo incentivos como dinero, motocicletas y dispositivos electrónicos. En el caso de las niñas y jóvenes, la captación se combina con estrategias de grooming y online-grooming, en las que los reclutadores establecen relaciones de confianza para luego involucrarlas en actividades ilegales, como el traslado de armas, la comunicación de mensajes y la explotación sexual. Esta última forma de violencia afecta de manera desproporcionada a las niñas, quienes representan el 24% de las víctimas en zonas de conflicto, según la Defensoría del Pueblo. Los efectos de esta violencia incluyen embarazos forzados, infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos y el estigma social que dificulta su reintegración.

El desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales vulneraciones a los derechos de la niñez en Colombia. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, más de 2.5 millones de menores han sido desplazados por la violencia, privándolos de estabilidad, redes de apoyo y acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud. En zonas rurales, la falta de infraestructura y las barreras geográficas agravan aún más su situación, dificultando su acceso a servicios esenciales y aumentando su vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia. La precariedad en la que crecen niñas, niños y jóvenes no solo es resultado del conflicto armado, sino también de una ausencia estructural del Estado, que no ha logrado garantizar condiciones dignas para su desarrollo integral.

Frente a este panorama, la protección de los menores desvinculados de grupos armados no puede seguir siendo una tarea pendiente. Se requiere con urgencia una respuesta estructurada que garantice su recuperación, protección y participación en la reconstrucción de sus proyectos de vida, evitando su revictimización y la perpetuación de los ciclos de violencia y exclusión. Sin embargo, uno de los principales obstáculos radica en la exclusión sistemática de niñas, niños y jóvenes (NNJ) de los espacios de toma de decisiones sobre las políticas que los afectan directamente. Este desplazamiento simbólico es reflejo de una concepción adultocéntrica profundamente arraigada, que no solo los priva de voz, sino que también refuerza la idea de que su presencia en los procesos de transformación social es secundaria. La exclusión y la minimización de su protagonismo perpetúan una visión en la que los menores son considerados únicamente receptores de medidas y no sujetos activos en la construcción de soluciones a su propia problemática.

Los NNJ no enfrentan una única forma de violencia, sino múltiples agresiones que se intersectan y amplifican sus impactos. Entre estas violencias está la cultural, que legitima su exclusión y normaliza la falta de oportunidades, pero también se suman el empobrecimiento sistemático, la desigualdad social y el clasismo estructural. Estos factores no solo marginan a la niñez y la juventud de espacios de decisión, sino que además los colocan en una situación de vulnerabilidad extrema, donde actores armados y redes criminales explotan su precariedad para manipularlos emocional y económicamente. En este contexto, el abandono social estatal no solo se traduce en la falta de infraestructura o en barreras geográficas que dificultan el acceso a derechos básicos, sino que refleja una desprotección estructural y sostenida, que deja a millones de menores expuestos a la violencia y sin opciones reales de desarrollo. Garantizar su protección requiere no solo medidas reactivas, sino estrategias preventivas que aborden las causas profundas de su exclusión, incluyendo el acceso equitativo a educación, salud y espacios de participación efectiva que les permitan ser protagonistas de su propio futuro.

Para garantizar una protección efectiva de niñas, niños y jóvenes (NNJ) en el contexto del conflicto armado en Colombia, es fundamental que el Estado adopte medidas concretas que reconozcan y prioricen su participación activa en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y derechos. La escucha de sus voces no solo es una herramienta clave para comprender su estado de vulnerabilidad y los riesgos específicos a los que están expuestos en sus territorios, sino también un mecanismo para diseñar estrategias de prevención y protección más eficaces.

En este sentido, es imperativo crear y financiar espacios culturales, artísticos y deportivos que promuevan el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Estos espacios, concebidos como escenarios de fortalecimiento de la creatividad, autonomía y liderazgo de NNJ, deben contar con presupuestos adecuados, administrados con transparencia y bajo la veeduría de los propios menores, garantizando así que respondan a sus necesidades y expectativas reales.

Además, es necesario fortalecer y ampliar los espacios de participación política e incidencia ciudadana para NNJ, asegurando su representación en mecanismos como las plataformas de juventudes, los consejos de juventudes y otros espacios de toma de decisiones a nivel local y nacional. Se recomienda que, en escenarios de participación ciudadana como consejos locales, juntas de acción comunal, consejos comunales y comunitarios, y mesas de diálogo con actores armados, se establezca al menos una curul o representación específica para NNJ. Esta medida debe implementarse con un enfoque diferencial que considere factores de género, etnia, discapacidad, orientación sexual y otros elementos que inciden en la experiencia de los menores. Para ello, es fundamental que el Estado garantice recursos suficientes, fortalezca las capacidades institucionales y promueva un cambio cultural que reconozca a NNJ como actores legítimos en la construcción de soluciones y en la formulación de políticas públicas.

Asimismo, es crucial incluir la participación activa de niñas, niños y adolescentes (NNA) en los procesos y políticas de paz, asegurando garantías sólidas para la protección integral de sus derechos en estos escenarios. Su involucramiento no solo representa un reconocimiento de su agencia y protagonismo en la sociedad, sino que también desafía las estructuras adultocéntricas que históricamente han excluido sus voces de los espacios de decisión.

La integración de los NNA en los procesos de paz fortalece su sentido de pertenencia y empoderamiento, y permite diseñar políticas más efectivas y contextualizadas que respondan a las realidades que enfrentan en las zonas afectadas por el conflicto. Para que esta participación sea efectiva, es necesario garantizar condiciones de seguridad, espacios de diálogo inclusivos y mecanismos de apoyo que eviten su revictimización. Además, el diseño e implementación de políticas públicas en el marco de la paz deben priorizar el interés superior de los NNA, asegurando su acceso a la educación, la salud y la protección contra cualquier tipo de violencia o explotación.

La inclusión de los menores en estos procesos no solo contribuye a su protección integral, sino que también establece bases sólidas para una paz duradera, reconociendo que su bienestar y desarrollo son esenciales para la reconstrucción del tejido social en Colombia.

*Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ) es una organización no gubernamental fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la defensa y promoción integral de los derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado. A lo largo de más de 25 años, HVCJ ha trabajado en articulación con distintos sectores de la sociedad, formando parte del comité operativo de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes, el Fondo de Fortalecimiento y Protección (FFP), la Red Llano y Selva por la Defensa del Territorio y la Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Su labor se ha enfocado en la incidencia política, el acompañamiento jurídico y la visibilización de violaciones a los derechos humanos, lo que le ha valido reconocimiento a nivel nacional e internacional, siendo finalista en 2016 del premio otorgado por Diakonia y la Embajada de Suecia por su compromiso en la defensa de los derechos humanos en Colombia. 

hvcj@humanidadvigente – netprensa@humanidadvigente.net

Marzo 25 – 2025

Texto: Laura Cruz Comunicaciones ICA
Fotografías: Nelson de Jesús Bedoya Ríos Comunicaciones ICA

En 2024, Colombia alcanzó un récord histórico en la producción de cacao con 73 mil toneladas cosechadas. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad equivale a llenar 49 piscinas olímpicas con granos de cacao. Pero este no fue el único logro del sector agropecuario, durante el segundo semestre de 2023 su crecimiento fue clave para impulsar la economía del país. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), actividades como la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca lograron un aumento del 10,2 % en su valor agregado, superando en 8,1 puntos porcentuales la variación del PIB nacional. Esta diferencia resalta el papel fundamental del agro como motor del desarrollo económico en Colombia.

Leyendo el párrafo anterior vemos solo cifras, pero estas metas alcanzadas son la suma del esfuerzo de los campesinos colombianos que, desde regiones apartadas e incluso jamás nombradas, trabajan para que a nuestras mesas lleguen alimentos de la mejor calidad.

Algunas de las manos que han hecho posible estos logros son las de Yosimar Maury Martínez, un joven que vive en Sucre en el corregimiento de El Coco.

“No sé exactamente por qué mis padres eligieron mi nombre, pero hay una historia curiosa detrás. Mis hermanos mayores eran apasionados del fútbol, y cuando nací, jugaban constantemente en el campo. Mis padres debatieron entre dos nombres: “Gareca” y “Yosimar”. Así, en algunos pueblos de Majagual me llaman Gareca, en otros, Yosimar. Con el tiempo, cuando inicié mi vida profesional, el primero quedó en el olvido, y todos comenzaron a llamarme solo Yosimar. Sé que mi nombre viene de un jugador brasileño, pero su elección sigue siendo un pequeño misterio familiar”.

Yosimar ha heredado de sus padres el color de los ojos, la forma de hablar y lo más importante: el amor por la tierra. Sus padres han hecho del campo una forma de vida, no porque no conozcan otra sino porque todos los días eligen cultivar la tierra, como un ritual, como una forma de estar más cerca de Dios.

“Mis padres son nativos del campo, ambos tienen 77 años y son del corregimiento de El Coco. Somos diez hermanos y, gracias al esfuerzo de nuestros padres, todos estamos vivos y trabajando, ya sea como profesionales o como campesinos. En mi caso, aunque soy profesional, sigo trabajando en el campo y compartiendo con los campesinos en el día a día”.

Yosimar forma parte de Jóvenes Rurales y es una voz importante en su territorio. Si alguien quiere ir al corregimiento de El Coco, debe viajar desde Sincelejo hasta Majagual, el recorrido en carro puede tomar hasta dos horas. Luego, debe ir a la zona de La Mojana, conseguir una motocicleta y atravesar por una hora la finca Las Pozonas hasta encontrar el hogar de Yosimar: árboles de roble, cedro, penique y uvero dan la bienvenida a El Coco, que de lejos parece un paisaje dibujado por un niño.

“Actualmente, me encuentro en el pueblo. Nunca he dejado mi territorio porque amo el campo y quiero vivir aquí toda mi vida”. Yosimar más que un joven rural es un líder social nato, una persona emprendedora, que ha salido del campo a estudiar, pero sin dejar su tierra, porque entiende que el campo se debe tecnificar (…) llevo tres años trabajando con el cultivo de cacao, manejando las especies CCN51 y CCN64, que son variedades híbridas. Como joven emprendedor, he estado regalando semillas a las comunidades y orientándolas en la creación de viveros, el lavado de semillas para asegurar su correcta germinación y la técnica de clonación, que en el campo llamamos injerto. También les enseño sobre el proceso de poda y la manipulación adecuada del cultivo de cacao”.

La clonación o injerto es un proceso que consiste en tomar una rama muy delgada de otro árbol de cacao más viejo, vigoroso y ejemplar. Luego, la rama se corta en el pecíolo, que es la unión entre la hoja y la rama. Posteriormente, en el árbol joven —que lleva aproximadamente seis meses o un año de sembrado— se realiza un pequeño corte en el tronco, se le hace una herida en la que se injerta la rama más pequeña, y finalmente, se cubre con una cinta para evitar la entrada de agua y proteger el injerto.

El árbol de cacao y la familia de Yosimar tienen muchas cosas en común: los troncos viejos, pero ejemplares, sus conocimientos sanan la herida de los próximos campesinos que harán del cultivo una forma de vida.

“Estamos promoviendo el cacao como un proyecto social sostenible, ya que es un cultivo que puede producir durante aproximadamente sesenta años. En nuestra región, en la zona de La Mojana, municipio de Majagual, hemos logrado que el cacao comience a producir en apenas dos años y cinco o seis meses, generando ya una rentabilidad para los campesinos.

Actualmente, en nuestro territorio, se vende a $20.000, el kilo y, con solo cinco o seis mazorcas, se puede obtener un kilo de cacao. Cultivar una hectárea de cacao implica una inversión máxima de entre un millón quinientos mil y dos millones de pesos, incluyendo el trabajo del campesino. Es una diferencia muy significativa respecto a otros cultivos”.

Durante la vigencia 2024, el instituto desarrolló diversas actividades de protección fitosanitaria en el sistema productivo de cacao en el departamento de Sucre. Estas actividades se enfocaron especialmente en la región de La Mojana Sucreña, en los municipios de Majagual y Guaranda.

Además, se realizaron cuatro eventos de comunicación del riesgo con la participación de 103 personas. En estos eventos se abordaron temas fundamentales, como el manejo de Monilia, Phytophthora y Escoba de Bruja, así como la implementación de buenas prácticas agrícolas, aliadas en el mejoramiento de los sistemas productivos de cacao.

El ICA ha detectado que la mayoría de los cultivadores de cacao en la subregión de La Mojana son jóvenes que apenas inician su producción; jóvenes como Yosimar, que nunca piensa en irse del campo.

“En lo personal, nunca había tenido un contacto tan cercano con el ICA. En nuestra región, conocíamos esta institución solo cuando venían a vacunar el ganado. Sin embargo, ahora el ICA ha pasado de ser un ente regulador para convertirse en un organismo capacitador para los campesinos, brindándonos conocimiento sobre cómo trabajar mejor el campo. Ya no lo veo solo como un regulador, sino como un aliado en la formación de los productores rurales. Nos sentimos satisfechos con el apoyo del ICA departamental y de la doctora Catherine Duarte, quienes nos han brindado capacitaciones y asesoramiento en el manejo del cultivo. Antes de esto, trabajábamos el cacao de manera empírica en los corregimientos de El Coco, El Naranjo y Pueblo Nuevo. Ahora, estos tres corregimientos han implementado este cultivo con éxito y ya están viendo producción”.

Como Yosimar hay miles de jóvenes campesinos que, con un trabajo disciplinado y riguroso, hacen que el plato de comida que llega a nuestra mesa parezca producto de un proceso sencillo. No obstante, comer bien, sano y en abundancia son cosas que le debemos a la gente que se ha quedado en el campo. Ser campesino es una vocación en la que las manos y la tierra se vinculan como lo hace la familia:

“Yo tengo dos hijos. Uno tiene 15 años, está estudiando y trabajando en el campo. Su meta a futuro es ser ingeniero industrial, para procesar la materia prima que se produzca en nuestro campo. Mi otro hijo tiene apenas 22 días de nacido. Me gustaría que mis hijos se preparen, que se queden en el campo, para que la educación rural y la solidaridad con el campo no se pierdan. Porque, con sinceridad, nosotros, los campesinos, nos sentimos sumergidos en el yugo de no contar con la educación adecuada para seguir en el campo y trabajar. Sin embargo, el campo es la base fundamental para que nuestro país tenga lo que producimos aquí.

Me gustaría que mis hijos sean profesionales, mucho mejores que yo, y que no abandonen a los campesinos ni al campo”.

Enero 28 – 2025

Por Ximena Vélez Periodista
Especial para Hechoencali.com desde Nueva York

La nueva administración presidencial no ha tardado en realizar cambios que impactan profundamente la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los Estados Unidos. Una de las primeras medidas, la orden ejecutiva titulada “Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing”, promulgada el 20 de enero de 2025, marcó un giro radical en la política federal al desmantelar los programas y posiciones relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal.

Resumen de la orden ejecutiva

Esta orden ejecutiva argumenta que los programas DEI, creados por la administración anterior, fomentaron discriminación y un uso ineficiente de los recursos federales. La orden establece:

1. Propósito y política: El documento acusa a los programas DEI de ser inmorales, ilegales y de haber infiltrado todas las esferas del gobierno, desde la seguridad aérea hasta las fuerzas armadas. La administración actual defiende una visión de “igualdad de dignidad y respeto” sin considerar factores de diversidad o equidad.
2. Implementación:

• Se ordena la eliminación de todas las oficinas y posiciones relacionadas con DEI, así como de los planes de acción de equidad y programas asociados.
• Las agencias deben revisar y ajustar sus prácticas de empleo, contratos sindicales y capacitación, eliminando cualquier referencia a DEI o conceptos similares.
• Los líderes de cada agencia deben presentar informes sobre el impacto y costos de los programas DEI y recomendar acciones para alinear las operaciones con la nueva política.

1. Monitoreo y ajustes:

• La Casa Blanca coordinará reuniones mensuales para supervisar el avance en la eliminación de programas DEI y evaluar el costo económico y social de estas políticas en el pasado.

Ataques adicionales a la diversidad y derechos fundamentales

El alcance de las medidas de la nueva administración no se limita a la eliminación de programas DEI. En pocos días, se han llevado a cabo acciones que también afectan a otras comunidades vulnerables:

1. Eliminación de portales gubernamentales clave:

• El portal sobre derechos reproductivos (reproductiverights.gov) y el sitio en español de la Casa Blanca (whitehouse.gov/es) han sido desactivados, lo que dificulta el acceso a información esencial para millones de personas.

1. Ataques a comunidades inmigrantes, LGBTQ+ y a la equidad de género:

• Una nueva orden ejecutiva limita el acceso a atención de afirmación de género, incluso para adultos trans menores de 19 años. Planned Parenthood denunció esta medida como estigmatizante, contraria a la ciencia y peligrosa para la salud de la comunidad trans.

Reacciones de organizaciones y activistas

Organizaciones como Planned Parenthood han alzado la voz frente a estas medidas, señalando que la administración está propagando información falsa y atacando derechos fundamentales. Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Federation of America, declaró:

“El presidente Trump no tiene el poder de despojar unilateralmente a las personas de sus derechos. Planned Parenthood seguirá respaldando a la comunidad trans, que merece la libertad de tomar decisiones sobre sus cuerpos, vidas y futuros. Todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto.”

Un futuro incierto para la diversidad y la equidad

Estas acciones representan un retroceso significativo en los esfuerzos por construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Al desmantelar programas que buscaban abordar desigualdades estructurales, la administración no solo pone en riesgo derechos conquistados, sino que también perpetúa una narrativa que minimiza las luchas de comunidades históricamente marginadas.

El futuro de la diversidad, equidad e inclusión en los Estados Unidos depende ahora de la resistencia de las comunidades afectadas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el poder de una sociedad civil que no está dispuesta a retroceder en la lucha por la justicia social.

Noviembre 20 – 2024

Por Laura Cruz

Hablamos con el Ex Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda sobre el derecho a la paz de los colombianos, de cómo han mutado los grupos criminales, del actual acuerdo, sus tropiezos y sus logros. Además de la importancia de hablar y llegar a consensos de la protección del medio ambiente en el marco del conflicto colombiano. También la importancia de haber logrado por primera vez un cese al fuego. 

Rueda se refirió a la diferencia entre negociar y dialogar, señalando que negociar se vuelve algo mercantil y que lo importante de la llamada Paz Total, es poder tener conversaciones que ayuden a la reparación. Así mismo, señaló que el negociar con varios grupos es fundamental porque en procesos anteriores no ha bastado sentarse con un solo grupo. También resaltó los avances que hubo cuando era comisionado con el ELN, Segunda Marquetalia. Por último concluyó que la paz es una decisión de los colombianos y que solo sucederá cuando el pueblo esté listo para afrontar lo que significa.

Octubre 30 – 2024

Por Laura Cruz

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad celebrada en Colombia, que ha hecho que el mundo ponga los ojos en el país y ha logrado poner en la conversación nacional los temas de cuidado del medio ambiente, se ha desarrollado en Cali con un gran aforo, sin embargo, tan solo 33 países de 196 han enviado sus planes de acción para revertir la destrucción de los ecosistemas. La ausencia de mandatarios de países con gran responsabilidad medioambiental como Brasil, Indonesia, India, y de los líderes de potencias económicas como Estados Unidos, China, y la Unión Europea, preocupa porque pone en entredicho el futuro de acciones concretas y el compromiso real de fortalecer las iniciativas climáticas globales. 

En contraste, Organizaciones Culturales, Populares y Comunitarias del Oriente de Cali, Guardias Indígena, Cimarrona, Campesina y Populares, sectores juveniles de mujeres y organizaciones comunitarias urbanas se juntaron en defensa de la biodiversidad y la Paz con la Naturaleza y llegaron a la zona verde ubicada en el Boulevard del Río para compartir un Mandato Popular, elaborado durante la Asamblea Popular que se realizó el 19 de octubre de 2024 en la  Institución Educativa Nuevo Latir,  que busca fortalecer la unidad y la voz de los pueblos, partiendo de un enfoque diferencial, con las mujeres  Defensoras de la Naturaleza y la Madre Tierra, con Visión Espiritual y Cultural entorno a la Paz, orientados desde la autonomía, la defensa del territorio y los principios de solidaridad, sororidad, doloridad, hermandad y la dignificación de la VIDA.

En medio de bailes y músicas tradicionales de las culturas indígena, cimarrona y campesina, en donde líderes de las diferentes comunidades, leyeron el Mandato Popular, frente a la flor de Inírida, la Flor eterna que al secarse mantiene su estructura y no se deforma con el paso de los años. El Mandato Popular comenzó reconociendo el papel de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y propios como ejercicios de resistencia que aportan a la notoriedad y posicionamiento de nuestro pensamientos, cosmovisiones y experiencias locales. Así mismo, fueron enfáticos en afirmar que reconocen la buena voluntad del gobierno actual en la distribución de la tierra en algunos territorios, sin embargo, señalan que se necesita con urgencia una política agraria que garantice economías que sustentan la VIDA, que interactúe con la naturaleza, que dignifique el campesinado y permita resolver el problema histórico de la tierra en Colombia. 

1. Las políticas públicas, modelos económicos y sectores de poder económico que desarmonizan los territorios, rompen los tejidos organizativos y profundizan conflictos entre pueblos como una estrategia que rompe la unidad y la hermandad de lucha y resistencia, con el objetivo de materializar intereses que destruyen la Madre tierra. 

2. El modelo extractivista, el uso de químicos para la fumigación y quema de las plantaciones que destruyen bosques, selvas, páramos y montañas, que contaminan el agua, el aire y los suelos, arrasando con la salud, la vida y los ecosistemas. Sus empresas de seguridad amenazan a la juventud, tal como el monocultivo de la caña que no deja descansar a la Tierra, forzándola a la explotación, negando su derecho a recuperar la fuerza.

3. Las falsas soluciones de las energías renovables porque reafirman los modelos de dominación y explotación de las grandes empresas. Los campos de energía solar y eólica que instalan las grandes empresas sin incluir a las comunidades, invadiendo los territorios con lógicas similares a las de los monocultivos. 

4. Las políticas que destruyen a miles de personas, a la diversidad de especies de animales, de plantas y a los territorios de vida. Políticas que despojan territorios y formas de relacionamiento familiar, comunitario, natural y cultural y construyen edificios, ampliando la ciudad, ocupando viviendas y territorios, negando nuestros planes de vida.

5. La deforestación, la minería legal e ilegal, los megaproyectos y monocultivos como la palma de aceite, la coca, el banano, el pino, los cañadulzales en la región del Cauca y Valle del Cauca, planteados desde el sistema capitalista y patriarcal, responsables directos del conflicto social y armado en Colombia, del despojo, de la ocupación de nuestras tierras, de la violencia contra las mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, campesinas y urbanas.

6. El racismo estructural y cultural que excluye, discrimina, estigmatiza y marginaliza a los pueblos indígenas y negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Llamamos a consolidar una paz incluyente que garantice el derecho a habitar y transitar los territorios.

7. Condenamos la guerra que afecta nuestras prácticas culturales, destruyendo familias, comunidades y territorios. Es esencial mantener una relación armónica con la Madre Tierra, respetar las prácticas culturales ligadas a sanación y la armonización fundamental para la Pervivencia de los Pueblos, respetar los saberes de Mayoras y Mayores para caminar descalzos, ombligar y danzar en el territorio.

8. Denunciamos que el narcotráfico que destruye los territorios urbanos, rurales y a las comunidades, conduciendo a nuestros jóvenes a problemas de salud, desarraigo de la vida, profanando nuestras culturas, nuestros planes de vida y procesos organizativos. 

9.  El sistema capitalista y el patriarcado que niegan oportunidades a las niñas, las jóvenes y las mujeres y ha convertido a la Madre Naturaleza en un objeto, así como a nosotras las mujeres; hoy tanto la Madre Tierra como nuestros cuerpos se encuentran lastimados y destruidos. Rechazamos que nuestros vientres sigan siendo colonizados desde la ciencia, nombrados y de propiedad por el poder masculino. 

10.  Las prácticas religiosas que han llevado al exterminio de nuestros saberes propios, destruyendo las creencias ancestrales y nuestras espiritualidades. Invitamos a volver al origen a encontrarnos con nuestras propias raíces. Rechazamos las religiones que nos hacen pensar que tenemos un poder superior como seres humanos sobre la Naturaleza, destruyendo la vida de la Madre Tierra.

11.  La de violencia institucional y reclamamos un comportamiento distinto de las autoridades policiales, especialmente contra las juventudes. La policía debe actuar en el marco del respeto y garantía integral de los derechos humanos. 

Luis Acosta,  Coordinador Nacional  de las guardias indígenas en Colombia (ONIC), señaló que estaban caminando con los sectores populares de Cali con la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena, como cuidadores legítimos del territorio que siempre han defendido la cultura, el arte, la biodiversidad y la vida, y que llegaron a la COP con el objetivo de que los asistentes a ese espacio,  conocieran a quienes siempre han cuidado los territorios y cuál es la realidad que se vive en los mismos. 

1. La reparación integral de los daños causados a las niñas, a los niños, a las mujeres, a la juventud, a las Mayoras y los Mayores y a los diversos Pueblos, como comunidades populares y organizaciones sociales y comunitarias que han sido desplazadas y desterradas por las violencias dentro de las ciudades y hacía las ciudades desde sus territorios.  
2. La reparación del territorio y la visibilización de hechos de violencia como las desapariciones forzadas, los asesinatos, las masacres, las violencias sexuales y otras violencias. 
3. Exigimos al Estado colombiano un verdadero compromiso con el desmonte del paramilitarismo y la condena a sus promotores y beneficiarios.
4. Exigimos profundizar y avanzar en las reformas y las promesas del cambio para las verdaderas transformaciones que requiere el Pueblo colombiano y nuestras apuestas por la conservación, protección y defensa de la vida, la paz y la Madre Naturaleza.
5. La creación de espacios en la ciudad donde podamos contemplar, caminar y conectar con la esencia de la naturaleza; anhelamos gestar lugares de participación y construcción, donde las comunidades y los territorios se entrelacen para edificar una ciudad que respira espiritualidad y las cosmovisiones de quienes provenimos de la tierra y de aquellos que han florecido en los sectores populares. 
6. Una nueva perspectiva de construcción de las ciudades desde las organizaciones populares, comunitarias y los liderazgos ambientales, proponiendo procesos de ordenamiento territorial popular que luche contra el concreto y edifique con “sentido del cuidado”, respeto y en armonía con la naturaleza. 
7. justicia climática y ambiental en articulación integral con la justicia social que reclamamos para la dignificación de la vida y un buen vivir.

8. Que se asuma por parte de las Instituciones Públicas estatales el manejo responsable de los escombros y de los desechos residuales en las ciudades, municipios y sus terrenos aledaños, porque están generando daños profundos a nuestra Madre Naturaleza, ambientes barriales y a las comunidades. 

El Mandato Popular reconoce al Gobierno Nacional actual, progresista y del cambio, como aliado de sus luchas como sujetos de derechos. Sin embargo, es enfático en afirmar que los procesos dependen de las organizaciones sociales, políticas, populares y comunitarias desde los Territorios. 

Seguirán caminando hacia el fortalecimiento de propuestas de educación propia, popular, ambiental, cultural y social, desde la música, el arte y la danza, así como la reivindicación de saberes: la partería, los rituales de armonización y ofrenda, y el autogobierno como parte de las identidades étnicas y culturales unidas al ombligo de la Madre Tierra. 

Reivindicando la juntanza que mantiene las luchas territoriales ancestrales a la luz del principio: “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, y su lucha por el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, entendiendo que la biodiversidad no puede desentenderse de la diversidad de nuestros Pueblos. 

Mandataron la descolonización de los saberes y las transformaciones estructurales que replanteen el modelo económico capitalista, responsable de la crisis y problema ambiental actual. En ese sentido, exigen procesos de economías circulares e incluyentes que permitan convivir en armonía y equilibrio con la Naturaleza y que generen poder popular y comunitario.

Defienden la memoria de sus luchas, de sus ancestros y ancestras y los guardianes espirituales que ofrendaron su vida por el cuidado de los territorios y los derechos de sus pueblos. Hicieron un llamado para salvaguardar los cuentos, los mitos, las leyendas, el fogón, el baile, el canto y la danza como herramientas imprescindibles para caminar y defender el territorio y todos los seres que lo habitan. Elementos esenciales para sostener la fuerza de las luchas y resistencias colectivas, que hoy se trenzan y tejen con todas las Guardias y los sectores populares urbanos. 

Destacaron el papel de las huertas y terrazas como propuestas de soberanía alimentaria, ambiental y organizativa que incluye el intercambio de semillas. Al igual que el papel de líderes y lideresas ambientales, quienes cumplen un rol fundamental de lucha contra la crisis climática, el consumismo y la globalización de las economías.

El Mandato Popular nos recuerda la importancia de que los pueblos campesinos, afros, raizales, indígenas, sigan resistiendo ante los gobiernos municipales, incluido el actual de Santiago de Cali, que ignora como se ha hecho por años, la lucha de comunidades como la de Playa Renaciente, donde intentan imponer procesos de destierro sin garantizar derechos y amenazan con desalojos sin ofrecer condiciones dignas. Las comunidades exigen vivienda digna y territorio.

Octubre 28 – 2024

Por Jorge Luis Galeano 

En marco de la Conferencia de las Partes de la Biodiversidad (COP16) que se realiza en Cali, ONU Mujeres organizó el encuentro Defendiendo a las mujeres que defienden el planeta, un espacio con dos objetivos: hablar de las estrategias de protección para aquellas que se han dedicado al cuidado del medio ambiente en Latinoamérica y escuchar las experiencias y demandas de quienes decidieron proteger a la Casa Común, la naturaleza. 

Lideresas de Colombia, Perú, Brasil  y otros países  describieron tanto lo que hacen para evitar la destrucción de bosques, playas, ríos, manglares, selvas, como las consecuencias que tiene ello para su seguridad e integridad. 

Según el reporte de Global Witness, 196 defensores y defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinados en 2023 en Latinoamérica, de ellos 79 sucedieron en Colombia. Sin embargo, este crimen no es el único al que se enfrentan, pues el silenciamiento a través de amenazas y procesos judiciales suelen ser comunes a la hora de querer silenciar las luchas por la tierra y la naturaleza. 

Además, la crisis climática afecta de manera diferencial a ciertas poblaciones. Se estima que “las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres cuando tienen lugar desastres climáticos principalmente a causa del acceso limitado a la información, a la toma de decisiones y a los recursos” según ONU Mujeres.

Entre las lideresas ambientales participantes del encuentro, estuvo Kelly Campo Becerra de la Organización Femenina Popular, que se dedica a la protección de las cuencas del río Magdalena en Colombia. Para ella, estos espacios son importantes y más, en marco de una Conferencia de la ONU, pero enfatiza en que todo lo que suceda ahí debe impactar en los territorios “Es un puente que existe, pero que debe fortalecerse” dice y una de las formas que propone para ello es la utilización de un lenguaje menos técnico para, por ejemplo, dar a conocer las implicaciones de los Tratados y decisiones que se tomen para las estrategias de protección. 

Esa distancia (lo técnico y los territorios) se debe achicar, pues las mujeres que viven en zonas rurales están muy expuestas  a distintas violencias “Nosotros estamos en el corazón del extractivismo” dice Kelly y asegura que son zonas con alta presencia de grupos armados que, muchas veces, se oponen a su labor lo que incrementa el riesgo para sus vidas. 

La Declaración de Inídira, que nació de la movilización de varias organizaciones de Colombia y que resume las ideas de cómo las agendas ambientales deben responder a las necesidades de las mujeres en los territorios y poner en el centro las experiencias de cuidado y protección del planeta de las mujeres cuidadoras de la biodiversidad, fue recibida por el Gobierno colombiano para incorporarla como un insumo en el proceso de la toma de decisiones de la COP16. Decisiones que, se espera, fortalezcan los mecanismos de protección y, por supuesto, los recursos que viabilicen proyectos de bienestar para todas las que se dedican al liderazgo ambiental.

Las violencias en contra de las defensoras del territorio no sólo las sufren las mujeres colombianas. Es un problema de toda latinoamérica. Se estima que en 2023, el 85% de los asesinatos de lideresas ambientales sucedieron en este continente, convirtiéndolo en el más peligroso para esta labor. 

Casos y denuncias hay muchos. Fuera de Colombia recordamos el asesinato de la ambientalista Bertha Cáceres, sucedido en 2016 en Honduras o el desastre de Minas Gerais en Brasil o la lucha de una campesina peruana que, por años, se ha enfrentado a una minera que ha intentado sacarla de su vivienda para explotar la tierra. Y justamente para conocer de dichas tragedias y las mujeres detrás de la lucha por justicia, se exhibe, en marco de la COP16, la película la Ilusión de la Abundancia, dirigida por Érika González y Matthieu Lietaert. 

En Hechoencali.com conversamos con Máxima Acuña y Carolina De Moura Campos, dos de las protagonistas de la cinta. Máxima, que visitó a Cali desde el Perú, es una mujer campesina que vive en un pequeño pueblo de la zona de Cajamarca. Habla de su experiencia de resistencia de años contra las mineras Newmont y Buenaventura que pretenden la explotación de su territorio. Ella se ha negado a irse, lo que le ha generado amenazas, acosos y un proceso judicial que ya cumple 14 años. La acusan de ser invasora, aunque ella dice tener todos los documentos que la acreditan como dueña de la tierra. 

Pese a todo ello,  se ha mantenido firme. No se ha ido del lugar, no sólo por defender su casa, sino al medioambiente, a la tierra que tanto ama. “Mi vida está en riesgo. Todos estamos amenazados por la contaminación que puede traer la minera” dice con convicción. Su determinación no ha pasado desapercibida, tanto ha resonado su lucha  que en 2016 fue reconocida con el  Goldman Environmental Prize, el más importante premio medioambiental del mundo. 

Por su parte, Carolina pelea contra otra minera en Brasil. Una que, si bien no la quiere sacar de su casa,  sí parece querer destruir la Casa Común, la naturaleza. Eso dice ella con vehemencia “Es una explotación irracional” y que ya generó una tragedia inmensa.  En 2019, un dique de la empresa Vale (así se llama la minera) se rompió y mató a 270 personas y más de 250 mil resultaron damnificadas. 

Lo peor del caso es que la construcción de dicho dique había recibido el certificado de una cualificadora alemana. Carolina y el grupo de personas con el que trabaja, lucha por justicia, porque la empresa responda por los daños ocasionados y, además, se abra un proceso en contra de dicha cualificadora por otorgar el aval a una construcción que, dice ella, a todas luces era inviable.  

Esas luchas enfrentan a mujeres comunes y corrientes (Carolina enfatiza en ello) a grandes poderes económicos y delincuenciales y combinan la exigencia de justicia y la protección del territorio.

Octubre 14  – 2024

Por Laura Cruz

“Los antidepresivos no quitan la depresión, al contrario, generan adicción. Jamás me curaron de nada, todo lo contrario, me enfermaron de otras cosas”. Esto dice Jonh Maicol Cardona Jaramillo, de 32 años, después de intentar varios tratamientos para mejorar su salud mental. Desde los doce años asiste al psicólogo por fuertes dolores de cabeza y porque tenía problemas para la resolución de conflictos. La primera barrera que encontró en este camino, fue la demora en las citas; lo segundo fue que la mayoría de los psicólogos le parecían apáticos y nunca pudo confiar en ellos. “La atención en las EPS es nefasta, las citas son muy demoradas, la mayoría del personal médico funciona en automático, y no le dan la importancia al motivo de consulta, creen que simplemente es una pataleta de adolescente”, dice John. 

El otro obstáculo que tuvo que enfrentar fue cuando de psicología lo remitieron a psiquiatría. Allí el especialista le dijo, sin ambages, que padecía depresión, bipolaridad, estrés postraumático, y esquizofrenia. A los 17 años, John y su familia tuvieron que cargar con un diagnóstico que para él fue una condena, un rótulo. “Lo que he entendido en palabras normales es que yo estoy loco, no me dicen esas palabras, pero eso se sobreentiende. Encima me dieron como cinco medicamentos y entonces yo me volví dependiente, sin eso no podía dormir”. 

Para John Maicol las consultas por un largo tiempo consistieron en que le preguntaran ¿cómo está? Y dependiendo de eso le bajaran o le subieran las dosis, motivo por el cual abandonó la terapia psiquiátrica y dejó los medicamentos. Afirma que desde el día que dejó de medicarse se encuentra mucho mejor, que controla mucho más sus impulsos, es más responsable y es consciente de que tiene un problema. Para John el gran problema de las terapias a las que asistió, es que no lo vieron a él, al paciente, sino que simplemente le recetaron como si se tratara de una simple gripa. 

A John todavía se le complica dormir. Sigue lidiando con sus problemas emocionales. Aunque actualmente recibe terapia con una psicóloga particular, aún se le dificulta abrirse y confiar. “Yo no confío y siempre pienso que las personas usan las debilidades de uno en contra en cualquier momento. El lunes tengo terapia. Con Jenny (la terapeuta) apenas empezamos y aunque tampoco hemos tocado a fondo, ella sí me inspira un poco más de confianza. Yo estoy dispuesto a seguir”. 

El de John Maicol no es un caso aislado. Según una investigación en Política Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, en colaboración con el Centro Nacional de Consultoría en 2023,  el 66,3% de los colombianos mayores de 18 años ha experimentado algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Este porcentaje es significativamente mayor en mujeres (69,9%), con un aumento notable entre las jóvenes de 18 a 24 años. Lo grave de la situación no es que más del 50 por ciento de los colombianos padezca una enfermedad relacionada con salud mental, sino que pocos reciben atención oportuna como lo corroboró el Instituto Nacional de Salud, que señala que cuatro de cada diez personas que en Colombia sufren o han sufrido alguna enfermedad mental, han tenido algún tratamiento o atención y, para cuando realizan la primera consulta, ya han trascurrido aproximadamente ocho años de enfermedad.

Esta falta de atención se ve reflejada en las 49 mil 321 manifestaciones de inconformidad relacionadas con salud mental que recibió la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y agosto del 2023. Inconformidades que fueron radicadas, mayoritariamente, contra Entidades Promotoras de Salud (EPS), tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Las EPS con mayor cantidad de manifestaciones de inconformidad por problemas de atención en salud mental de sus afiliados son: Nueva EPS, Sanitas, SURA y Salud Total. Las quejas más frecuentes de los pacientes son: la negación de las citas o demora de asignación de estas, así mismo, la falta de especialistas en el campo y la no entrega o la entrega inoportuna de medicamentos.

Pero ¿Cómo repercute en los colombianos que no haya un buen servicio en la prestación de servicios de salud mental? Aunque no está comprobado que haya una relación directa entre la falta de atencióna la salud mental y el suicidio, es importante mencionar que según un informe del Instituto de Medicina Legal correspondiente al primer trimestre de 2024, se registraron 712 casos de suicidio, de los cuales 205 fueron cometidos por jóvenes entre los 18 y 28 años.

Cabe resaltar que el Derecho a la Salud implica, también, acceso a todos los servicios de salud mental “Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a unos servicios de salud de calidad y aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación”.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se lleva a cabo cada 10 de octubre, es importante saber  qué tanto se garantiza en Colombia el acceso de calidad a pacientes que quieren tratar su salud mental y dónde están las principales fallas. Para esto consultamos a dos psicólogos que tienen una amplia experiencia en la atención de pacientes.

Robinson Grajales, psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en psicoanálisis,   señala que en Colombia siguen aumentando los reportes de personas con trastornos de salud mental. Más de 500 mil personas se han reportado en los últimos años con trastornos, pero el problema es que ni siquiera la mitad recibe diagnósticos en salud mental, en parte debido a que todavía existe cierta estigmatización. 

Para Grajales otro grave problema que enfrenta la salud mental en Colombia es que hay un déficit en esta atención, ya que se calcula que en Colombia hay alrededor  de 5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes. Lo recomendable es que sean diez psiquiatras.  Esta situación no  solamente afecta la atención en las EPS, las citas suelen demorarse, y  además  la medicación usualmente no está disponible. Otro problema es que muchos de estos tratamientos deberían ser acompañados con psicoterapia, principalmente los que tienen que ver con ansiedad y depresión, y esto no es posible siempre. 

La psicóloga Andrea Muriel Benavidez, egresada de la Universidad Javeriana, quien lleva ocho años ejerciendo en este campo, dice que, al menos en su propia práctica, las enfermedades de salud más comunes son: cuestiones relacionadas con la ansiedad, ya sea trastorno de ansiedad, ataques de pánico, estrés crónico, depresión, trastorno depresivo como tal o generalmente tristeza o desesperanza, y el motivo de consulta más frecuente son las relaciones de parejas o relacionales. 

Para ambos psicólogos la principal falla de las EPS consiste en que las citas con psicólogos no se dan con la celeridad suficiente, y se dan con espacios muy amplios entre una y otra, cuando la psicoterapia requiere la mayoría de las veces, una atención constante. Como las citas son muy dispersas en el tiempo el paciente no puede hacer un proceso adecuado. Una de las principales causas de que las terapias no sean constantes es que los psicólogos toman el modelo de la atención psiquiátrica, es decir, medicar y controlar la medicación.

“Las EPS deberían procurar que haya citas oportunas con los psiquiatras, entrega oportuna de medicamentos, un acompañamiento de psicoterapia con una cantidad de citas suficientes para atender por lo menos ciertas crisis puntuales y hacer más cortos los periodos entre las citas con los psicólogos” sugiere la doctora  Muriel.

Para Robinson Grajales, las nuevas generaciones han tenido más oportunidades de hablar de salud mental, debido a que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud y que reza:  “la salud es el bienestar completo físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. Este énfasis pone en el mapa, las enfermedades que no son visibles en el cuerpo, dice Grajales lo que  permite entonces, que las enfermedades del aspecto mental tomen importancia. “Se ha ido desestigmatizando poco a poco. Para la gente ya es más común hablar de su salud mental; al léxico cotidiano de la gente se ha incorporado conceptos que tienen que ver con cómo detectar la ansiedad, cómo manejar las emociones. Sumado a esto hay muchas campañas de las diferentes instituciones. Sin embargo, esto no significa que se garantice el acceso a la salud y  una consulta privada por lo regular es bastante costosa”

Dado el costo de las consultas psicólogas, ¿cómo hacen los jóvenes para acceder a un tratamiento? Según el ministerio de Salud,  en la población joven de entre  18 a 24 años, el 75,4% reporta haber enfrentado problemas de salud mental.  

Isabela Romero Castaño, quien cursa último semestre de psicología en la Universidad del Valle y hace sus prácticas en el área de psicología de la misma Institución Educativa,  señala que  muchos estudiantes de la universidad presentan quejas  respecto a la rapidez en la atención de las citas. Además la planta donde se presta el servicio de psicología, antiguos dormitorios que se dividieron y ahora se utilizan como consultorios, tienen paredes muy delgadas, que impiden la privacidad necesaria para este tipo de atención. Por último, muchos jóvenes se quejan de la calidad del servicio porque no es extenso y no se tratan todos los temas que llevan a terapia. 

“Hay mucha demanda, el personal trata primero lo que implique cualquier tipo de violencia o sugiera riesgo de suicidio”, señala Romero. “Es necesario informar mejor a los estudiantes sobre lo que pueden esperar del servicio de psicología de la Universidad, ya que muchos van con altas expectativas, creyendo que van a resolver todos los temas y cuando ven que esos temas no se abordan, llega la decepción y la verdad es que durante la consultan pueden abordar un área, la atención de la universidad nunca va a reemplazar la terapia normal”, concluye.

Otro factor que influye en la salud mental de los colombianos, según Robinson Grajales, es la historia de violencia que ha vivido nuestro país. “La violencia, la desigualdad y la inseguridad, efectivamente afectan la salud mental de las personas, en términos de producir incluso ansiedad, depresión y también otros aspectos sociales” Añade que el desempleo y  la inseguridad económica también afectan en estos casos, además, dice que la falta de educación para el manejo adecuado de las emociones, los roles sociales de hombres y mujeres que generan presiones para amoldarse a ciertos modelos en los cuales a veces no encajan muchas personas, se cuentan como factores que desestabilizan la salud mental.

Para Andrea Muriel un factor que se debe tener en cuenta son la redes sociales y los medios de comunicación, ya  que pueden incidir en la salud mental, sobre todo porque “muestran fenómenos  cercanos a nuestra realidad,  y otros que nos pueden afectar, también cuestiones como de comparación, de reconocimiento de vida de otros, que puede generar ciertos efectos sobre mí, cuestionamientos, culpa, emociones o pensamientos que no sean tan favorables para afrontar la cotidianidad y que son lejanos” La profesional añade que  algunas personas deciden socializar más por las plataformas digitales y se alejan de sus círculos sociales, de sus familias y el aislamiento puede traer problemas de ansiedad y depresión.

Según Robinson Grajales en Colombia hay unas políticas públicas para la prevención del suicidio, “el Ministerio de Salud ha venido realizando un seguimiento durante los últimos años a la problemática del suicidio y ha identificado unos factores de riesgo  para los cuales han generado estrategias de atención. Una tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Otra estrategia es el fomento de las habilidades socioemocionales, y campañas  para la reducción del consumo del alcohol o para prevenir el abuso de sustancias psicoactivas. Asi mismo, las instituciones tratan de controlar el  acceso a medicamentos u otros medios de suicidio y fomentan la intervención en crisis, no solamente a través de la formación de profesionales propios de la salud mental, sino también de otro profesionales que están en contacto con personas que están en riesgo, por ejemplo en los colegios y en las universidades.”

“También se forman docentes en intervención en crisis”, asegura Grajales. “Los primeros auxilios psicológicos también hacen parte de una política pública. Lo otro es cómo brindar atención también a las personas que tienen otros trastornos o problemas mentales, por ejemplo como la esquizofrenia u otros que también son parte del suicidio. Realmente parece que esas políticas han funcionado, porque en el último año han disminuido los suicidios, de hecho pasaron en el primer semestre de 2023 de 1833 a 1677 en el primer semestre de este año. Lo que implica una reducción de alrededor del 9%.”

“Esto no acaba del todo con el problema y van apareciendo otros factores que son importantes allí, por ejemplo, los suicidios se dan sobre todo entre los jóvenes, entre hombres y mujeres, entre 20 y 29 años sobre todo y el grupo poblacional que le sigue es de los 15 a los 20 años, lo que implica que nos pensemos, qué está pasando con este segmento de la población. Tal vez sea que están más expuestos a asuntos de riesgo como se mencionan  de la salud mental como son las redes sociales, la inseguridad económica, ciertas condiciones de habilidades socioemocionales. Se podría pensar que esta población es más vulnerable a esos factores de riesgo”, concluye. 

Las causas más frecuentes de suicidio son padecimientos como la ansiedad y la depresión, además de otras enfermedades mentales secundarias como la esquizofrenia.  Otras causas son las decepciones amorosas y las dificultades económicas, además de las causas asociadas al uso de drogas o del alcohol. Otros aspectos que tiene que ver con el suicidio y que distingue entre hombres y mujeres, según Grajales, es que “los hombres son los que usan métodos más definitivos y eficaces para quitarse la vida, mientras que las mujeres parece que intentan suicidarse más, usan métodos menos eficaces; los hombres parece que usan métodos más violentos mientras que las mujeres prefieren las sustancias tóxicas”

Lo recomendable si alguien cercano está en riesgo de suicidio es tomarlo en serio.Según Robinson Grajales, no importa de dónde provenga la situación el problema o su tamaño, “desde afuera se puede ver algo sencillo o una exageración, pero las personas cuando se suicidan no quieren quitarse la vida en sí misma sino acabar con un sufrimiento al que no le ven salida o del que no tienen ninguna esperanza de salir.”

En casos extremos, ante un intento de suicidio y/o de una crisis emocional muy fuerte, es recomendable acudir a los centros de atención mental, “pero básicamente es la compañía y también involucrar a esta persona en redes sociales de apoyo de diversa índole. Un dato que llama la atención en los suicidios, es que definitivamente aumentan los domingos, los fines de semana, entonces uno podría pensar que ahí las personas  están por fuera del trabajo, que están solas, que no tienen una vida social adecuada y eso puede ser identificado como otro factor de riesgo.”

“Otro aspecto muy importante es seguir concientizando a la gente de que acuda a los especialistas en salud mental, pues puede ser que para todas las personas no sea fácil acceder, pero con seguridad en muchas instituciones, en escuelas, colegios, universidades y en empresas tienen programas de atención en salud mental. Cada vez en las instituciones la gente está más atenta a estos rasgos y efectivamente yo creo que uno de los puntos que si pueden mejorar mucho la atención al suicidio, la prevención del suicidio, es precisamente que la gente pueda tener acceso a procesos de psicoterapia a través de un terapeuta especializado y que haya un acompañamiento constante de un psicólogo”, recomienda Grajales. Otro aspecto importante es insistir y concientizar en el pedido de ayuda, “ cuando sientan que no pueden manejar una situación emocional provocada por cualquier circunstancia de la vida por más insignificante que parezca”, es posible pedir ayuda.

Redes sociales fuertes,  acceso a especialistas. y prácticas de autocuidado como  una alimentación saludable, la práctica de algún deporte, el no abuso de sustancias psicoactivas, el ocio, el descanso y actividades de esparcimiento, son las recomendaciones mencionadas por los especialistas, todas válidas y avaladas por quienes saben de salud mental, pero de difícil aplicabilidad en ciertos contextos sociales. También se sugiere, debido a que la salud mental no suele presentar una sintomatología física o explícita, la prevención,“ los seguimientos, el antes, durante o después para concientizar más a la población, de por ejemplo, qué efectos puede tener la noticia de una enfermedad crónica que está recién diagnosticada” en lo que Robinson Grajales, menciona todavía no son fuertes las EPS.

Septiembre 16 – 2024

Por Laura Cruz

En el 2023 se presentaron 93 masacres, cifras similares a las que ocurrieron en el mandato de Iván Duque, un gobierno que fue denunciado por organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales por múltiples hechos de violencia. Así mismo, durante los cuatro años del mandatario del Centro Democrático se perdieron más de 500 mil millones de pesos del dinero para implementación del Acuerdo de Paz. 

Diego Alejandro Restrepo (D.R) – Coordinador de la línea de Conflicto, Paz, Postconflicto y DD.HH. de la Fundación Pares, señaló que hubo varios factores por los que se incrementó la violencia durante el Gobierno de Iván Duque. Por ejemplo, la falta de voluntad política para implementar el Acuerdo de Paz en temas fundamentales como seguridad y la economía ilegal.

En el periodo de Duque no se activó la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad, que era una instancia donde participarían distintos sectores institucionales y de la sociedad civil. Además del incumplimiento en los planes de acción para la transformación territorial. Debido a estos incumplimientos y a otros factores, Pares señaló que en el pasado Gobierno hubo un crecimiento y un fortalecimiento de los principales grupos armados organizados (Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN).

Este es un breve resumen de cómo el Gobierno de Gustavo Petro recibió el país en materia de seguridad y protección de los Derechos Humanos. Y  aunque el panorama no era nada alentador, los líderes, madres comunitarias, defensores y la población en general, tenían expectativas muy altas sobre la protección a las comunidades, ya que el plan de Gobierno 2022-2026 denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida, tiene como principal objetivo entrar en una era de paz. “Un programa construido desde los territorios y las voces de sus gentes, está concebido como el inicio de una transición, que en lo inmediato hará posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra”. Dice en dicho plan, sin embargo, han transcurrido dos años del Gobierno del Pacto Histórico, y la crisis humanitaria en el país es evidente. 

El 29 de agosto de 2024 fue asesinado Carlos Andrés Ascué Tumbo, el líder social número 99 de este año, sin contar los 17 firmantes del Acuerdo de Paz que corrieron con igual final.  El 30 de agosto el Presidente Gustavo Petro posicionó a Iris Marín Ortiz como nueva Defensora del Pueblo en el Chocó, uno de los departamentos donde más vulneraciones de derechos humanos se presentan, como las dos masacres de este año, que hacen parte de las 41 que se han presentado en el país y que han dejado 300 víctimas.

Debido a las continuas violaciones de Derechos Humanos, varias organizaciones sociales de diferentes partes del país, por medio de protestas y tomas culturales, se declararon en crisis humanitaria. De ahí nació la Caravana Humanitaria que recorrió el nororiente Antioqueño, Sur de Bolívar, Arauca y la Costa Pacífica en los departamentos del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Una iniciativa llevada a cabo por más de cien organizaciones y catorce países que hacen parte de  la Red Hermandad y Solidaridad por Colombia, 

En la Universidad del Valle, la Caravana Humanitaria presentó un informe preliminar donde señalaron que pudieron verificar que la crisis humanitaria que viven los líderes sociales es alarmante y que el ejercicio de liderazgo está en un altísimo riesgo por las nuevas formas de paramilitarismo que desde siempre han querido exterminar a las organizaciones sociales que protegen sus territorios de multinacionales y megaproyectos ante la ausencia del Estado. 

Una de las primeras causas de violencia que pudo verificar la Caravana es que los intereses económicos de algunas personas prima sobre la vida, ya que cuando megaproyectos llegan a la zona, las comunidades palenqueras, raizales, afrodescendientes, indígenas y campesinas que protegen el ambiente, se convierten en un palo en la rueda. Wilmar Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, quien hace parte de la Caravana Humanitaria señaló que: “las comunidades denuncian que los megaproyectos ponen en riesgo su permanencia en el territorio. Dichos proyectos parecen un gran desarrollo para las comunidades, pero lo que han generado es un riesgo para la vida, también un riesgo para los recursos naturales y la biodiversidad que es lo que más protegen estas comunidades de primera mano”. 

Muñoz agregó que las comunidades se vuelven un obstáculo para los intereses económicos de cierto sectores empresariales, entonces llegan grupos emergentes de bandas criminales, paramilitares y toda su gama de guerra con el fin de exterminar  y continuar con el genocidio, a fin de cumplir con los intereses de multinacionales, megaproyectos, grandes empresarios y sectores económicos del país. 

Colombia, que será anfitrión en la conferencia de biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas este año, fue el país sudamericano que más registró asesinatos de activistas ambientales en 2023, con 79 casos en total, según el reporte de Global Witness. El monitoreo de estos asesinatos le da mucho peso a lo denunciado por la Caravana Humanitaria, ya que el exterminio de las comunidades se sigue presentado por un factor en concreto: el control del territorio. 

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dijo que el Gobierno tiene varias estrategias para proteger la vida de los líderes sociales, entre ellas, la protección de testigos, y que para esto han trabajo de forma conjunta brigada, policía y los líderes, con el fin  de tener zonas especiales de protección. Sin embargo, reconoció que es imposible brindarle un esquema de protección a cada persona que lo solicita. Por lo que desde el Congreso han  pedido que en los Diálogos de Paz se avance en la necesidad del respeto por la vida, además de solicitar a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, una mesa de verificación con la finalidad de saber quiénes en verdad están asesinando líderes sociales y cuál es en verdad el seguimiento que hace el Estado a los presuntos responsables.

En cuanto a las masacres el representante señaló “Una cosa es tener un conflicto entre el Estado colombiano y un grupo irregular, a disputas entre esos grupos o dominación del narcotráfico, entonces esto hace que las masacres sean de distintos tipos y distintas formas”. 

Sobre el reclutamiento forzado Wilmar Muñoz, vocero de la Caravana Humanitaria, afirmó que:  “Lamentablemente este fenómeno se ha visto de diversas dinámicas en el conflicto colombiano. Las principales víctimas son los jóvenes que son atraídos por propuestas económicas, ya que ven allí lamentablemente una alternativa para la pobreza en la que viven y son engañados”.

El defensor agregó que se presenta otro tipo de reclutamiento como las operaciones cívico-militares realizadas por la fuerza pública, como pudieron observar en el departamento de Arauca, donde pese a una sentencia de la Corte Constitucional, se siguen realizando operaciones en la que la Fuerza Pública recluta jóvenes y estudiantes. Defensores de derechos humanos piden que se cumpla esta sentencia porque es otra forma de vinculación forzada de los jóvenes al conflicto armado. 

En el informe preliminar se evidenció que las mujeres son el principal sector poblacional que más sufre los embates del conflicto colombiano, muestra de ello es el Sur de Bolívar donde algunas madres no podían enviar a sus hijos al colegio porque las niñas, en algunos sectores controlados por el paramilitarismo, corren un alto riesgo de ser abusadas sexualmente.  Sumado a esta problemática muchas mujeres son prácticamente obligadas a ejercer la prostitución sin las mínimas medidas de salubridad. En estas regiones la mujer se convierte en un objeto sexual.  

En las denuncias presentadas a la Caravana, la población civil dice que cuando los paramilitares llegan a los caseríos lo primero que hacen los padres es esconder a las niñas porque pueden ser violadas. Así mismo, la trata de personas es evidente en los diferentes territorios.  Esta situación es más problemática en el Sur de Bolívar, pero se vio en todas las regiones que visitaron.

Wilmar Muñoz afirmó que un fenómeno que se está dando en las diferentes regiones es el de militares retirados que trabajan en alcaldías y/o  gobernaciones y están ejerciendo algunos cargos administrativos y de seguridad desde los cuales impulsan esos frentes de seguridad de los que también hacen partícipes a la población civil. “Unas formas institucionales que seguro cumplen con el objetivo de crear una seguridad, sin embargo, esto es a costa de la población con el fin de blindar los intereses económicos generando una aparente calma como se puede evidenciar en el oriente antioqueño, en el sur del Bolívar y en el centro del País. Se evidencia estas situaciones y estas formas de paramilitarismo y sus nuevas dinámicas a lo largo y ancho del país.“

La Caravana Humanitaria logró identificar que las bandas criminales locales se ponen al servicio de políticos corruptos. Señalando que estos no llegan de la nada, sino que son llamados a cumplir una función. Muñoz señaló “como lo hemos identificado hay unos cerebros que lo permiten desde las administraciones.”

Cuenta Wilmar Muñoz que algunos grupos llegan a los territorios y prometen a las poblaciones progreso por medio de las minas de oro. Ofrecen trabajo y los residentes ven la posibilidad de solventar una necesidad inmediata. El problema de estos procesos es que no tienen autogestión, soberanía alimentaria, no hay conciencia de la protección del medio ambiente y el paramilitarismo se aprovecha de las necesidades para dar supuestas garantías de vida.  

“Los paramilitares usan esto como un tipo de estrategia política de cara a las próximas elecciones presidenciales, esto fue evidente en las diferentes regiones visitadas, juegan con la inconformidad de la gente y esto se suma a la gran campaña mediática de diferentes empresas de comunicación tradicional.  Un ejemplo claro es Antioquia, en la Serranía de San Lucas donde nace el agua limpia, sin embargo, a pocos metros contaminada por mercurio para poder sacar el oro. Esta agua es consumida por las poblaciones y vemos con preocupación que esta es una realidad que el Gobierno actual no ha podido atender.”

Respecto a la protección del medio ambiente el congresista Alejandro Ocampo afirmó “Es el momento en la historia de Colombia donde hay más acciones para proteger el medio ambiente. Un ejemplo es el Acuerdo de Escazú que prueba cuál es el compromiso real del Gobierno de Gustavo Petro”.  El Representante señaló que este es el primer acuerdo que existe en Centroamérica que permite tener información constante y cierta frente a las acciones que se van a tomar.  También señaló qué este es el único Gobierno que ha generado políticas para la protección del agua, que ha sido capaz de enfrentar la discusión económica versus la protección de la vida. 

En cuanto a los logros en la defensa de Derechos Humanos en los dos años de este gobierno, puso como ejemplo las conversaciones entre Shottas y Espartanos. “Las acciones que hemos realizado han permitido eliminar fronteras invisibles, hoy los niños vuelven a salir a las calles, y esto es una ganancia para los Derechos Humanos”. Ocampo finalizó diciendo que las cifras muestran unos aspectos importantes, en agosto ha disminuido el 80 por ciento los homicidios y el 70 por ciento incursiones en comparación al año pasado en Buenaventura.

Que se haga una intervención urgente para escuchar a las víctimas. Hay personas con información valiosa que quieren hablar de estos nuevos casos de paramilitarismo, pero dicen que, si no encuentran las rutas para su denuncia no lo harán, porque en sus territorios no hay garantías, por eso aquí se pide una comisión especial del gobierno nacional que pueda recibir las denuncias. Lo segundo es el cumplimiento de pliegos de exigencia que se han dado en las movilizaciones y también las negociaciones en cuanto a las emergencias humanitarias que se han dado en Bogotá, donde se inician las reuniones, pero no hay una continuidad para resolverlas.

“Es vital que el Gobierno haga un identificación plena de los actores políticos y empresariales que están bastante inmersos en el conflicto, pues como referimos, el paramilitarismo no sale de la nada sino no hay alguien que lo impulsa alguien que aprovecha estas  estructuras para sus intenciones y vemos como territorialmente han ido cambiando estas formas de paramilitarismo, pero cumpliendo la misma finalidad, el exterminio, quitar de camino a las comunidades, grandes grupos empresariales que ya han sido cuestionados en informes anteriores, denunciados incluso por miembros de las autodefensas que han pasado lista de algunas empresas y esto aun continua porque no se han tomando medidas a grupos que aún consideramos que tienen el poder  y no han dejado gobernar en la actualidad.” 

Wilmer Muñoz nos recuerda que para hablar de la nueva defensora es necesario, comenzar diciendo que “lamentablemente, la Defensoría del Pueblo en la administración pasada, la del señor Camargo, tiene un sin número de observaciones, un ejemplo es cómo la defensora del pueblo de Cundinamarca era la esposa del alcalde de Madrid Cundinamarca, pues él estaba recibiendo reclamos por la muerte de dos manifestantes en el año 2021, donde él mismo da la orden de la intervención que ocasiona la muerte de dos jóvenes madrileños. Este caso no surtió ninguna investigación, al contrario, había un grupo de militares que realizaban seguimientos y estigmatización a quien pensaran diferente que el mencionado alcalde.”

“Es un alivio el cambio el Defensor del Pueblo -continúa Wimer Muñoz- pero se necesitan herramientas que materialicen escuchen y den una ruta de protección porque las alertas tempranas solas como tal pues no van  a dar garantías la vida, esto se garantiza siempre y cuando haya una respuesta institucional conjunta, pero seguimos viendo el corto circuito en algunas instituciones que por más políticas gubernamentales que se tracen.”

Alejandro Ocampo, también se manifestó sobre la elección de la Defensora señalando que “Debe haber más institucionalidad, más comunicación, porque en la Defensoría pasada desarrollaba algunas acciones, con funcionarios que eran más de carácter político”.  Ocampo agregó que espera que esta nueva defensoría que cuenta no sólo con elementos técnicos, sino que realmente sabe de Derechos Humanos, dé muy buenos resultados. “Pero que para esto es vital que haya una articulación con las distintas entidades como la Fiscalía, la Fuerza Pública, alcaldías y gobernaciones.”

Septiembre 9 – 2024

Por Jorge Luis Galeano

21 de agosto de 2020 y el mundo está en plena pandemia por el Covid-19. Hay miedo e incertidumbre y en ese contexto sucede la desaparición de Alejandro Ramírez Chávez, un joven caleño, hincha a morir del América de Cali. 

Cuatro años después, este caso se camufla entre los miles de casos registrados en Colombia cada año. Se vuelve, entonces, uno más en la maraña de cifras que sobre este delito arroja el país. Es un caso más, excepto claro, para su familia y algunas organizaciones sociales que le ayudan.

Paloma Chávez, mamá de Alejandro, es la cara y la voz de este episodio doloroso. Es quien aparece en medios de comunicación y en plantones para contar su historia y exigir justicia “Antes ni siquiera sabía que se llamaba desaparición forzada. Yo veía los casos y pensaba: se fue, se fue. O pensaba que sólo le pasaba a personas como líderes sociales, en las zonas rurales, en el conflicto armado” dice hoy tras convertirse en activista en contra de este delito. Como muchas otras madres buscadoras, es activista a la fuerza, arrastrada por la realidad de este país. 

Recuerda muy bien ese 21 de agosto de 2020: “Ese día Alejandro se levantó a las 8:30  de la mañana y hacia las 4 pm, me dijo que iba salir con unos amigos. No me dijo a dónde exactamente, pero era normal. Yo sabía que no iba lejos porque no llevaba su billetera, sino sólo el celular. Nos dimos un beso de despedida y esa fue la última vez que lo ví” y el camino de búsqueda ha sido tortuoso, como para todas las personas que padecen lo mismo. Denuncia desinterés del Estado, falta de empatía de funcionarios y funcionarias y la constante revictimización. 

Esto no es nuevo. Aun hoy, las familias deben actuar como investigadoras porque sienten pocas o nulas las acciones de las autoridades, trasladándole a ellas la carga de descubrir la verdad y eso, por supuesto, no llega solo “Son momentos que le cambian la vida de un día para otro. Quizás hubiera sido un poco menos doloroso encontrar el cuerpo y hacer su duelo, pero tenemos que soportar la incertidumbre de no saber si comió, si está enfermo, si lo asesinaron”.

En la primera conversación que tuvimos, estuvo acompañada de su esposo, padrastro de Alejandro y aunque él no habla, Paloma dice que ha sido fundamental en el proceso de búsqueda y reconoce que sería muy difícil mantenerse en pie si no tuviera a su familia detrás, apoyándola. Recuerda, por ejemplo, que sólo nueve días después de la desaparición de su hijo pudo poner la denuncia formal porque se mantiene el mito de las 72 horas. Era época de pandemia y debía enviar un correo porque no se atendía de manera presencial. 

Dice Paloma que hay una sensación de abandono, de soledad. Afortunadamente su familia, pero también organizaciones sociales como la Fundación Guagua existen para apoyar el proceso de búsqueda y fue gracias a ese acompañamiento que pudo, por fin, formalizar la denuncia para que inicie el proceso judicial. Proceso que, como muchos otros, ha sido lento e incluso, según ella,  lleno de incompetencia por parte de algunas autoridades que, pese a que ella y su familia han actuado como investigadores, entregando indicios y pistas, éstas se pierden por la inoperancia institucional.

Algo que caracteriza a las familias buscadoras es el hecho de nunca parar, pese al contexto adverso por la falta de apoyo institucional, por los riesgos que asumen, por las profundas transformaciones que sufren sus vidas. Algunas pierden empleos o si los mantienen, implica doble esfuerzo de seguir adelante con sus vidas sin abandonar la ardua tarea de encontrar la verdad sobre la suerte de su ser querido. Paloma dice que es un compromiso moral como mamá, “es esa promesa que le hice a Alejandro desde el momento en el que hice conciencia de que él había sido desaparecido: que yo lo voy a encontrar en las condiciones que Dios lo designe, pero yo lo voy a encontrar”.  Aunque confiesa que hay momentos de flaqueza en los que siente que ya no puede más por la indiferencia de la gente, sabe que la búsqueda no se detendrá. 

El último viernes de cada mes Paloma y otras personas integrantes de la Fundación Guagua hacen un plantón para recordar a sus seres queridos desaparecidos y seguir exigiendo justicia. Es una tarea que, sin descanso, realizan desde el momento el en que son empujadas a buscar a una persona que les fue arrebatada forzadamente. Es un momento de dar y recibir apoyo, de encontrarse con otras que pasan por lo mismo y de reafirmar que la búsqueda no se hace en solitario

Agosto 19 – 2024

Por Jorge Luis Galeano

Entran a la caseta comunal y sonríen. Nada en su ánimo hace pensar que viven con miedo y preocupación por sus vidas, que reciben panfletos, mensajes de texto amenazantes y llamadas atemorizantes.

Estamos en el barrio Pizamos II-Sol de Oriente de Cali, exactamente en el Polideportivo que es como un refugio, un espacio de encuentro y de paz que, por momentos, se desconecta de esa realidad a veces violenta del barrio.

El polideportivo es un parque con infraestructura para hacer deporte y espacios verdes para encuentros y eventos comunitarios. Cerca de la entrada principal, está la caseta comunal en donde conversamos con Nancy y Angélica, dos mujeres lideresas de la zona y que han decidido contar lo que viven por cuenta de las amenazas e intimidaciones.

Ellas lideran procesos comunitarios en este barrio de la Comuna 21 de Cali desde la Junta de Acción Comunal y aunque todo el mundo las conoce y reconoce su trabajo, por casi un año han tenido que moverse con miedo por las calles de una zona que aman y por la que luchan.

El trabajo de Angélica y Nancy en el barrio se parece a su nombre: Sol de Oriente, pues busca ser una luz que empiece a iluminar el camino de niños, niñas y jóvenes que habitan Pizamos II-Sol de Oriente. Personas que representan el 61% de la población de ese territorio, según reporte demográfico de la Secretaría de Bienestar Social hecho en 2016.

Angélica Pertuz tiene una voz potente. Habla con firmeza sobre lo que hace en el barrio desde hace varios años. Es Madre Comunitaria hace 20 años y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Sol de Oriente desde el 2021 y dice que lo que ha buscado siempre es sacar a los jóvenes de la violencia y eso es lo que, según ella, ha hecho que su vida corra peligro.“Yo vengo siendo amenazada desde diciembre” dice. Además, cuenta que ha tenido que moverse constantemente de su casa por el temor que le genera poner en riesgo a su familia. “Eso es desplazamiento intraurbano y todos los líderes estamos pasando por eso” remata. Aunque ha trabajado por la comunidad por tanto tiempo, en ella se percibe el miedo, pero sobre todo, la tristeza de saber que luchar por la comunidad, signifique temer por su vida.

Angélica relaciona lo que le pasa a ella, a Nancy y a los otros liderazgos con el “Guireo”, es decir, el enfrentamiento entre jóvenes del sector que establecen “fronteras” que defienden a sangre y fuego. Justamente cuenta su historia en la caseta comunal, punto que está dividido por una de esas “fronteras” y que, curiosamente, se ubica muy cerca del CAI del barrio Pízamos II.

La alegría con la empezó la conversación se va perdiendo en la medida en que cuentan lo que están padeciendo y la incertidumbre que les genera no sentirse protegidas. “A pesar de que ya pusimos todo en conocimiento de las autoridades, no nos sentimos seguras en nuestro propio sector” dice Angélica, quien aún espera ser escuchada en la Fiscalía para dar detalles de su situación. El temor es evidente y hay mucho de lo que ahí sucede que pidieron no publicar, pues no hay información exacta que permita identificar plenamente a los autores de las amenazas. Lo cierto es que hay quienes preferirían que personas como Angélica o Nancy no continuaran con su labor. En el caso de ella, Nancy, los hechos han sido aun más turbios, pues no sólo es víctima de amenazas, sino que ya perdió a un hijo y estuvo a punto de perder a otro.

“A causa de mi liderazgo, me asesinaron a un hijo y a otro lo intentaron secuestrar pero alcanzó a tirarse de la moto” dice. El caso del asesinato de su hijo, sucedido en junio de 2022, aún no está resuelto y de hecho, denuncia que su propia familia rescató el cuerpo, semanas después de reportar la desaparición, pues las autoridades no quisieron hacerlo. Ella, quien atiende un comedor comunitario ya piensa en retirarse. “Si yo veo que la comunidad no me rodea, creo que lo mejor es retirarme. Por mí y por mi familia.” dice con la evidente tristeza de quien debe abandonar algo que ama. Lo hace porque no quiere que, si los violentos atentan contra ella, los niños y niñas que asisten al comedor comunitario, puedan resultar heridos o peor, muertos.

Los casos de Nancy y Angélica no son los únicos en la ciudad. Varias dependencias han reportado amenazas e intimidaciones. Entre enero y julio de 2024, se recibieron 14 denuncias por amenazas a líderes sociales en Cali. Estas denuncias, según lo que nos informó la Secretaría de Paz y Cultura ciudadana, se presentaron en 7 Comunas y un corregimiento de la ciudad. La Comuna 21, en donde está ubicado el barrio Sol de Oriente, junto a la Comuna 14, es el lugar en el que se reportaron más casos, con tres en total.

El reporte oficial también indica que dos de los casos de amenazas reportados, uno de la Comuna 1 y el otro de la Comuna 21, se atribuyen al ELN, sin embargo, en muchas de las denuncias, la autoría es desconocida lo que dificulta las labores de protección y esclarecimiento de los hechos.

Existe una ruta de emergencia para la atención de este tipo de casos. Dicha ruta involucra a Personería, Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Paz, entre otras, y está diseñada para la acción inmediata de protección de las personas afectadas. Johana Caicedo Sinisterra, Secretaria de Paz y Cultura ciudadana de Cali, dice que a raíz de las denuncias presentadas por algunas personas líderes de la Comuna 21, varias dependencias del Estado hicieron un recorrido para conocer detalles de la situación y tomar las medidas preventivas que eviten que las amenazas se materialicen.

Angélica y Nancy han tramitado de diferente manera las amenazas. Angélica ha hecho la denuncia ante la Fiscalía. Ya fue llamada a una primera audiencia que fue aplazada y está a la espera de poder ir y entregar más detalles, pero sobre todo, sentir la protección del Estado que, según ella, hasta ahora no ha sido palpable y por eso transita con temor por el barrio.

Nancy, por su parte, decidió no denunciar. Le pregunto la razón y me dice que es por el miedo a la revictimizacíón. “Esa gente siempre se entera que uno denuncia y es peor”. Es decir, su caso no aparece en las estadísticas y según ella, es lo mismo con muchas personas líderes que han decidido no hacer pública la situación. Hay, entonces, un subregistro de la verdadera magnitud de las amenazas y riesgos del liderazgo comunitario en Cali.

Angélica se va primero porque su trabajo de Madre Comunitaria así lo requiere. Vuelve a sonreír al despedirse. Nancy me espera y me dice a modo de secreto: “¿Se acuerda de lo que le dije que me toca hacer por estar amenazada?”, le digo que sí y nos despedimos. Claro, no lo puedo publicar por su seguridad.

Agosto 14 – 2024

Por Óscar Tibaduiza Rodríguez
Defensor de Derechos Humanos y Comunicador popular

Este artículo fue publicado en www.quiramedios.com  y hace parte de la Alianza de Medios Alternativos de Colombia

El 23 de junio de 2020, en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, varias familias se establecieron en un lote con la esperanza de acceder a una vivienda digna. Esta acción se debió a la imposibilidad de cubrir los gastos de alquiler, exacerbada por la crisis económica causada por la pandemia, así como a los problemas estructurales de desigualdad social, injusticia y precariedad económica que estas familias enfrentan y que el estado colombiano no ha resuelto.

La respuesta de la administración municipal fue recurrir a la Fuerza Pública, específicamente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para desalojar violentamente a las familias. Durante el procedimiento de desalojo, el 25 de junio, Duván Mateo Aldana Álvarez, de 15 años, fue asesinado por el impacto de un proyectil de arma de fuego. Duván Mateo era estudiante de octavo grado del Colegio Distrital Buenos Aires, habitante del barrio Ciudadela Sucre en Soacha. Su asesinato sigue en la impunidad. 

En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Plataforma Regional de Derechos Humanos Mateo Aldana, organizó una jornada de conmemoración en homenaje a Duván Mateo, exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos para que su caso no quede impune.

Junto a Deisy Álvarez, madre de Mateo, la plataforma, diferentes organizaciones, colectivos y procesos comunitarios continúan trabajando por la Memoria, reivindicando la vida y exigiendo justicia por Mateo y por todas las personas que han sido asesinadas, así como por el acceso a una vivienda digna para las familias Ciudadela Sucre en Soacha. 

A continuación compartimos la entrevista a Deisy Álvarez realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizada en el marco del homenaje a su hijo Duván Mateo:

Agosto 12 – 2024

Por Laura Cruz

A la 1 de la tarde la entrada lateral del Palacio de Justicia de Cali, ubicado en la carrera 10, comenzaba a llenarse con familiares de Luz Mery Tristán. También llegaron periodistas y algunos grupos de mujeres que llevaban en sus camisetas y pancartas, el rostro de la patinadora, tan lleno de ese algo que sólo tiene la mirada de quienes aman la vida. Seguro quienes desconocían del hecho, no se hubieran imaginado que la mujer de la camiseta había sido asesinada el 4 de agosto del 2023, cuando estaba en su casa ubicada en el kilómetro uno en la vía que conduce a Cristo Rey, presuntamente a manos de su compañero sentimental, el empresario de 58 años, Andrés Gustavo Ricci García.

Mientras llegaba la hora de la audiencia, algunos familiares atendían a la prensa. Era fácil saber quiénes eran parientes de Tristán, no sólo por sus rasgos físicos (blancos, cabello castaño y de ojos claros) sino porque en cada uno ellos se hacía evidente esa mirada de quien busca justicia. A las dos de la tarde, casi un año después del asesinato, se iniciaba la audiencia oral y pública del caso de feminicidio en cabeza de Óscar Castillón León, juez 14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento. Desde el primer momento en que se instaló la audiencia, el Juez se dirigió al abogado defensor Álvaro Diaz para agradecerle por la colaboración con el proceso, ya que el jurista tenía una incapacidad después de una delicada cirugía.

En la sala de la audiencia estaba el Juez, su asistente, el representante de víctimas, el fiscal y al fondo una docena de familiares de la víctima, mientras que en la pantalla al lado derecho, Andrés Gustavo Ricci García recluido en la cárcel Picaleña en Ibagué. Álvaro Díaz, su abogado y al otro lado, la delegada de la procuraduría. A pesar de que víctimas y victimario estuvieran tan sólo de manera virtual, la incomodidad y el silencio eran palpables.

Luego de hacerle saber al indiciado que tiene derecho a no autoincriminarse, la primera pregunta del juez fue tajante:

—¿Cómo se declara? ¿inocente o culpable?

Con una voz muy débil, casi como si se negara a salir, el acusado respondió.

—Su señoría: me declaro inocente.

 Entonces se instaló como protesta el silencio, la forma más pura de indignación. 

¡Justicia, Justicia!  Se escuchaba la palabra entre otras arengas que gritaban las mujeres desde afuera de la sala, como si hubieran escuchado que el acusado se declaraba inocente. Nunca la palabra justicia tuvo tanto sentido como en ese momento.

El Fiscal Víctor Alfonso Giraldo mostró la teoría del caso, señalando primero los delitos de que es acusado Andrés Gustavo Ricci García: feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  El delito de porte obedece a que el día cinco de agosto, en el momento de la captura, las autoridades encontraron cinco armas, entre ellas dos de fuego y tres traumáticas que no contaban con ningún salvoconducto.

Segundo Giraldo relató cómo actuó Gustavo en el momento en el que habría asesinado a la expatinadora.  “Utilizando  un arma de fuego, el señor Andrés Gustavo Ricci García y con plena intencionalidad de matar, disparó en contra de su compañera intima Luz Mery Tristán Gil en varias ocasiones cuando se encontraba resguardando tras una puerta, logrando ocasionar lesión con proyectil de arma de fuego en región dorsal que le provocó su fallecimiento, con orificio de entrada en esa región y de salida en el tórax; habiendo previamente, el señor Ricci García, golpeado y maltratado a su víctima para luego utilizar el elemento letal y culminar su nociva intención”.

Mientras el Fiscal leía el escrito de acusación, familiares de Luz María escuchaban en silencio, a veces murmuraban una que otra cosa, pero lo que hacía más ruido era todo lo que estaban conteniendo.

Para la Fiscalía, el móvil o motivo fueron los celos. Así mismo, la parte acusadora argumentó que Gustavo Ricci durante la relación con Luz María Tristán, participó en un ciclo de violencias físicas, verbales y psicológicas, en las que pretendía tener control de la autonomía o libertad de la víctima, hasta el punto de disponer de su vida.

El Fiscal dijo que se cuenta con las pruebas para formular acusación en contra de Andrés Gustavo Ricci García por los delitos de feminicidio en concurso homogéneo con dos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía pidió una sentencia condenatoria y el juez partirá en este caso de una pena mínima de 500 meses y máxima de 600 meses que le corresponde al delito de Feminicidio Agravado.

Las próximas audiencias donde se escucharán a más de 40 testigos por parte de la Fiscalía y la defensa se realizarán el 14 de agosto, el 2 de septiembre, el 18 de octubre y del 9 al 13 de diciembre. El juez señaló que espera que este año pueda dar un fallo.

Julio 22 – 2024

Por Laura Cruz

Tres años y cuatro meses pasaron antes de que la Fiscalía llevara a juicio a los presuntos asesinos de Lucas Villa, el estudiante que, durante las protestas del Paro Nacional, se destacó por sus arengas y por su alegría. Lucas Villa fue víctima de un atentado sicarial el día 5 de mayo de 2021 en Pereira y falleció seis días después. Sidssy Uribe Vázquez, su hermana, de cierta forma ha postergado su duelo, para buscar justicia y verdad. En diálogo con Hechoencali.com, cuenta que el juicio que se aproxima y que involucra a los hermanos Mejía Hurtado, presuntos asesinos de su hermano, es la punta del iceberg de una verdad que se le ha contado a medias al país, ya que en este asesinato aparecen los nombres de varios coroneles, alcaldes, médicos, narcotraficante y políticos ligados a la oficina La cordillera que funciona en Risaralda y que fue la encargada de asesinar a Lucas Villa.

Queda esperar a cómo se desarrollará el juicio de Jhonatan Mejía Hurtado y Jhon Alexander Hurtado, quienes irán a juicio el 28 y 29 de octubre del presente año. El resultado del juicio será solo un paso para la búsqueda de la verdadera justicia, ya que para Sidsy es claro que el asesinato de su hermano no fue autoría de los dos peones de la banda La Cordillera, sino el resultado de una orden que vino de personas mucho más poderosas, quizás de los mismos que por años han decidido el futuro de este país.

Junio 26 -2024

Crónica en los manglares colombianos, trinchera contra el cambio climático

Por G. Jaramillo Rojas desde Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Cataca

Este texto fue publicado en www.desdeabajo.info  y hace parte de una alianza entre medios Alternativos

En el Caribe colombiano, tres pueblos palafíticos ubicados en medio de la Ciénaga Grande de Santa Marta se apoyan en la identidad ecológica de los manglares para hacer frente al cambio climático. Una historia de múltiples resistencias.

«Solo si fuera una película, creería que todo esto es real»
Werner Herzog

Llegamos a La Bendición de Dios el mediodía de un martes. Treinta y cinco grados de temperatura. Dos horas antes habíamos partido de Pueblo Viejo, una humilde población de pescadores que posee una fortuna tan pero tan grande que tiene mucho de desgracia: hacia el norte, costa de agua salada, hacia el sur, ribera de agua dulce. Las olas del mar Caribe permanecen divorciadas artificialmente de la corriente de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En medio, una carretera, un cementerio de manglar y cientos de casitas sostenidas por latas y palos.

Íbamos con la ilusión de encontrar un paraíso y el calor era más bien la antesala de un infierno. Sorteamos zonas de pesca de róbalo, camarón y jaiba. Las lisas, pequeños peces plateados con ínfulas de vuelo, nos escoltan todo el trayecto con sus fugaces y enceguecedores brillos. Las poblaciones de Tasajeras y Palmira son el último esbozo de tierra firme. La eterna romería consiste en la venta de los frutos que regalan el mar y la ciénaga. Productos frescos que en nada ya están en los mercados de Santa Marta, Barranquilla, Riohacha y Cartagena con su valor inicial multiplicado por diez.

Ya en el primer quilómetro de navegación se pueden ver los primeros palafitos. Casas sostenidas con estacas que flotan sobre el agua como los pensamientos lo hacen en la mente. La fortuna de tener las dos aguas tan cerca se convirtió en desgracia cuando en 1956 fueron separadas por la construcción de la vía Ciénaga-Barranquilla. Un corredor vial de 64 quilómetros que rompió abruptamente con la armonía del ecosistema del manglar, unos arbolitos etéreos que forman insumergibles y estirados bosques que saben crecer exclusivamente en áreas inundadas de agua dulce con presencia de mareas.

RUIDO PHOTO, PAU COLL

Más que ingresar a una ciénaga lo que atravesamos fue un enorme paisaje de sacrificio humano: los cuerpos sudorosos de incontables pescadores brillaban castigados por el sol. ¿Y si pensamos que esta agua moderadamente salada se debe más a la transpiración de sus anfibios habitantes que a su proximidad con el mar? Mi mente empezaba a jugar en favor de fantasías deshaciéndose de las pesadeces de la razón.

Colombia se adhirió a la Convención Ramsar el 18 de junio de 1998. El primer «humedal de importancia internacional» que inscribió allí fue el sistema delta estuarino del río Magdalena, más conocido como Ciénaga Grande de Santa Marta. Para que un humedal sea considerado de importancia internacional debe ostentar gran variedad de especies vegetales y animales, poseer comunidades ecológicas representativas, raras o únicas, y, esencialmente, albergar una extensa diversidad biogeográfica. Hoy hay 12 sitios Ramsar, solo el 3 por ciento de todas las áreas de humedales que tiene el país. El 52,6 por ciento de este 3 por ciento es la ciénaga que navegamos.

Nuestro hospedaje se llama La Bendición de Dios. Es una casa de madera, sostenida por gruesos palos de manglar rojo y pintada de azul y blanco. Estamos 37 quilómetros adentro de la ciénaga, en Nueva Venecia, el centro neurálgico de la cultura palafítica del Caribe colombiano. Mi teléfono registra una sensación térmica que sobrepasa los 40 grados. La ciénaga despide el delgado vapor de una sopa caliente, los pescadores regresan de faenar ceñidos a una frugalidad semejante a la que despliegan las carrozas fúnebres y un estrepitoso vallenato de Diomedes Díaz que airea «menos mal que yo he sido un hombre valiente/ que aunque sangre no me duelen las heridas/ porque tengo mi experiencia conseguida/ mantendré siempre levantada la frente» anega aún más la monotonía del lugar. El almuerzo consiste en trozos de carne asada con patacones, arroz blanco y ensalada de cebolla y tomate. En Nueva Venecia hay cerca de 3 mil personas y las 3 mil personas viven, de una u otra manera, de la pesca.

Si nos disgustamos, me dice Pau, cada uno se va a una punta del bote. Me hace gracia esa acotación, pero me parece injusta porque, de suceder un enojo entre los dos, alguno debería irse para la punta de atrás, donde está Luis, nuestro capitán, morocho de enorme sonrisa blanca que, aunque casi no habla, seguramente al percibir la incomodidad de sus tripulantes preguntará por algo así como si el teléfono es iPhone, si el reloj es resistente al agua o por qué nos complicamos tanto armando tabacos si en la tienda ya los venden hechos. En cambio, el otro sí podría irse lejos del sonido del motor y conectarse de forma solitaria con el panorama lagunar y, así, olvidarse de todo mientras su rostro choca con la sutileza de un viento que arrastra chispitas de agua ambiguas, a veces dulces, a veces saladas.

Si el disgusto llegara a pasar, que se vaya Pau para adelante a sacar sus fotos. Yo me voy a responder el interrogatorio del capitán. De hecho, adelantándome a esa posibilidad, ya le había curioseado a Luis, a propósito de su comida preferida: camarón en cualquier presentación. Coincidimos, si bien esa no es mi comida preferida, sí que me gusta mucho.

—¿Y allá en tu tierra sí comes harto camarón? –pregunta Luis.

—No, ya quisiera. En Bogotá 1 quilogramo de camarón sale hasta 15 veces más caro que acá.

—Acá tampoco es que comamos tanto camarón.

—¿Y eso por qué, si es lo que abunda?

—Eso es pa’ fuera, pa’ vendé, pal’ que paga.

***

Juanca es nuestro guía. Pescador y actor de 45 años, nacido y criado en Nueva Venecia. Hizo un par de escenas en la película colombiana Los viajes del viento. De aquellos días recuerda la buena atención y el lujo cinematográfico. Juanca habla pausadamente y su tono de voz es sumamente bajo, en un contexto en el que cualquier forastero puede imaginar que va a quedar sordo en cualquier momento. La facilidad con la que los locales sobrepasan los niveles normales de audición no solo es sorprendente, sino apabullante. En sus efímeros días de actor, Juanca conoció a Jesús. Desde entonces son buenos amigos. Jesús vive en un palafito completamente blanco que sabe llamar la atención en Nueva Venecia, donde la gran mayoría de los palafitos lucen colores provocadores, tipo amarillo pollito, verde aguamarina, azul celeste y rosa Barbie.

El palafito que habita Jesús está situado en la mitad del pueblo que, a su vez, está ubicado en un lugar muy cercano al ombligo de los 3.812 quilómetros cuadrados que tiene la ciénaga. De esta dimensión, una tercera parte forma espejos de agua adheridos a un veintenar de lagunas interconectadas entre sí por una vasta red de humedales y caños (cursos de agua cuya profundidad cambia en función de las mareas). Jesús Suárez, de 55 años, nos recibe en su sala, una tarde de luz cerúlea y tranquilo oleaje. Hombre menudo de mirada fija y palabra elegante, vive solo y trabaja en Invemar (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis) como una especie de científico y arqueólogo local en temas de cosmogonía anfibia y valoración y aprovechamiento de recursos hídricos. Desde 2008 tiene su propio blog, donde comparte pensamientos, cuentos, crónicas y poemas alrededor de la cultura palafítica: Cienagamachete.

—Acá lo que hay es una comunidad que vive de, por y para el agua. Una comunidad sostenida por palos de mangle, botes y atarrayas. Una comunidad de hombres y mujeres que son la mezcla de lo afro, lo indígena y lo blanco. Una comunidad dulce y salada. Venir a Nueva Venecia, a Buenavista y a Bocas de Cataca, este último al borde de la disipación, es enterarse de que los territorios no solo se refieren a la tierra, sino que también son agua, porque los ríos, las lagunas y los mares son sujetos de derecho, territorios que, en lugar de tener tierra, tienen agua.

—¿Qué peligros tiene la ciénaga?

—Todos los imaginables. Los manglares están muriendo y con esto el desequilibrio cada vez es mayor. La construcción de la carretera lo cambió todo. Para construirla, sacrificaron 20 mil hectáreas de manglar, casi la mitad del existente, y, desde entonces, este número sigue escalando. Antes esta era una bahía abierta. Hoy estamos encerrados y luchamos contra la sedimentación de este hábitat patrocinado por el delta del río Magdalena.

—¿Qué hace puntualmente el manglar?

—Es un filtro natural. Los manglares limpian el agua, básicamente, de la contaminación, de los metales pesados que arrastran los ríos, por la minería, por ejemplo. También protegen la ciénaga de la erosión costera, son un refugio de peces, un espacio de reproducción y prolongación de las especies.

—¿Hay una palabra que defina el manglar?

—Adaptación. Creo que funciona perfectamente. Los manglares, al tener la capacidad de existir entre el agua salada y el agua dulce, al resistir fuertes calores y vientos o temperaturas más moderadas, son maestros de la adaptación, muy parecidos a nosotros, los anfibios, como nos bautizó el sociólogo Orlando Fals Borda, que por generaciones nos hemos adaptado a vivir sobre el agua. Difícilmente podríamos ajustarnos con plenitud a la vida en tierra firme, un fenómeno directamente impensable para el manglar, que en tierra muere.

Al día siguiente de nuestro encuentro con Jesús hicimos una pequeña gran expedición con el objetivo de poder entender mejor aquello del delta del río Magdalena. Salimos de Nueva Venecia sobre las dos de la tarde, con una marea libertina en dirección al Caño Aguas Negras. Luis cantaba empalagosos vallenatos mientras Juanca sorteaba la lotería de troncos con los que nuestra embarcación se topaba. El agua mutaba de una forma progresiva del verde y azul oscuro al marrón, es decir, de una suerte de tonalidades oceánicas a la gama parda que ostentan la gran mayoría de los afluentes.

Lentamente abandonamos la rudeza de las olas para entrar en aguas apacibles y bajas sobre las cuales flotaban guijos de flora nativa. A nuestro alrededor un sinfín de plantas se movían dignas de medallas olímpicas en nado. El paisaje de mangle disminuía y se hacía cada vez más esquelético, hasta que desapareció por completo. Cuando el mangle deja de recibir la dosis necesaria de agua salada, chao. Cuando el mangle deja de recibir la dosis necesaria de agua dulce, chao. Navegábamos entre adioses. El mangle es un árbol que sobrevive gracias a la mesura perfecta entre las dos aguas. El mangle es un árbol que tiene dos vidas. Una como algodón flotador que absorbe lo que le llega y lo higieniza hasta más no poder y otra como efigie de la catástrofe de la contaminación y el calentamiento global.

En ambas orillas del Caño Aguas Negras, osarios de mangle: tristes figuras arbóreas completamente secas con barbas que cuelgan como delicadas telarañas a punto de quebrarse. Hectáreas enteras de esqueletos carcomidos por el bosque seco. En la ciénaga, la aparición de bosque seco es una suerte de sentencia de muerte. Es la sedimentación, la tierra firme en difusos cascajos de expiración amarilla y café con intrascendentes brochazos de verde. Lodo por todos lados. Muchas, muchísimas iguanas, tiesas y fisgonas. Lentamente fueron revelándose campos de palma y arroz y grandes extensiones de tierra ganadera. Los terratenientes son los dueños de todo esto, incluida el agua que usan sin regla para sacar adelante sus negocios, afirma Juanca.

El Caño Aguas Negras es apenas un ligero apéndice de la ciénaga que se va secando, retraídamente, hasta volverse campo del Magdalena, el río más importante de Colombia. Después de cuatro horas de navegación y de haber visto el enorme caudal del río, las palabras de Jesús retumban en la cabeza de la tripulación. La ciénaga es un corredor ecológico que comunica el río Magdalena con la Sierra Nevada de Santa Marta, un afluente que trae consigo absolutamente todos los desperdicios de medio país. Ya en la desembocadura del Caño Aguas Negras se puede divisar, a lo lejos, el mar, que oficia como el gran testigo al cual, también, va a parar todo el desastre.

El viaje de vuelta estuvo presidido por el silencio. De vez en cuando, Luis silbaba alguna tersa melodía que tenía el poder de recordarnos que, en medio de la desolación, la ciénaga estaba viva y, al adentrarnos en ella, nos recibía como propios. Pájaros volaban sin rumbo, con el sol bien bajo, expandiendo sus alas. El final de la tarde rociaba los montes, antes inundados, con pesadez y humedad. Descubrimos la obstinación de algunos pescadores que no agarraron nada durante el día y continuaban aferrados a sus mallas. Estaban ahí, levitando sobre el agua, estáticos, cubiertos como momias para resguardarse de los ejércitos de mosquitos. Solo se les veía el cansancio y, arriba, el cielo crepitaba de tensiones. «Esta noche llueve», dice Juanca. La ciénaga invita a dos cosas: a contemplarla y a trabajarla. Nueva Venecia se anida en sus pequeñas luces nocturnas.

RUIDO PHOTO, PAU COLL

***

—Somos un pueblo de pescadores –dice Chichi, 37 años, piel azabache y brazos macizos.

—¿Cómo alguien decidió vivir en la mitad de una ciénaga? 

—Buscando trabajo y comida los antiguos llegaron hasta acá y echaron raíces. 

—¿Te imaginas viviendo en tierra firme?

—No, mi tierra es esta. En medio de tantas cosas uno vive tranquilo. 

—¿Cómo es una jornada tuya?

—Desde las cuatro o cinco de la mañana hasta las dos o tres de la tarde. A veces sale bien, a veces no tan bien. La realidad es que el pescado escasea. Pero bueno, el sólo hecho de estar vivos ya es pa’ agradecerle a Dios. 

Si no hay explicaciones formales, sí que hay leyendas para suplantarlas. Los pescadores, como los agricultores, buscan las mejores zonas para trabajar. Así, se dice que hace más de dos siglos algunos pescadores descubrieron la frondosa ciénaga y, por supuesto, sus selectos frutos. 

Como la ciénaga estaba tan lejos como para ir a faenar y volver a los pueblos costeros, esos algunos empezaron a pensar en la posibilidad de pasar noches en las islitas de mangle. Pero los mangles escondían animales peligrosos como caimanes y serpientes. Tachado. 

Después, esos mismos algunos, al lado de los mangles, construyeron sobre troncos pequeños espacios al nivel del agua para descansar y amarrar sus botes. Pero los mangles son pletóricos en mosquitos. Tachado. 

Entonces, un alguien se fue hasta el centro de la ciénaga porque las aguas allí eran calmosas y bajas, no había animales peligrosos y los mosquitos no llegaban. Visto bueno. 

Este alguien enterró allí cuatro palos de mangle y, sobre los palos más palos que, bien amarrados, le permitieron conseguir un suelo y un techo. Sobre la audaz arquitectura su cuerpo descansó. 

Las faenas duraban días, semanas, hasta que la mujer de ese alguien fue picada por el bicho de la duda y cuando su esposo volvió a tierra firme le exigió ir con él para ver por qué se demoraba tanto. El alguien accedió y la señora empezó a quedarse con él el tiempo de trabajo para cocinarle y ayudarle y después se trajo a los hijos y la arquitectura se fue agrandando y optimizando. 

Así fue que familias enteras de pescadores empezaron a pasar más tiempo sobre el agua que en tierra firme: se quedaron a vivir. Tenían comida, resguardo, trabajo, serenidad y, lo más importante: botes para desplazarse. 

Adaptación, dijo Jesús Suárez.

***

Efectivamente, la noche que volvimos de la expedición al río Magdalena, llueve a cántaros. La niebla se apropia de cada palafito. Es una bruma, típica de páramo, pero en el medio de la ciénaga. En mi habitación de 5 metros cuadrados me dejo soplar por los ecos de la tormenta. Se va la luz. La actividad eléctrica se siente como el rugir de un volcán. No sé si lo sueño o es verdad. Sueño que me salen alas y que me voy volando hasta las nieves perpetuas de la Sierra Nevada. Al despertar lamento que nadie vaya a saber lo que significó mi viaje.

Salimos antes del amanecer. Una brisa indeciblemente dócil. Sobre la calle acuática de nuestro palafito una túnica vegetal. Los pájaros aún duermen. Cuando pasamos por debajo del puentecito de la escuela el motor suena hueco. Juanca, Luis, Pau y yo cuidamos cada movimiento como si fuéramos animales que tantean alternativas para no despertar la bestia. Las huellas del silencio son muy profundas. Juanca dice que la tormenta trajo las aguas del río. El agua es parda y empuja troncos. Los perros, afónicos, siguen la estela de nuestro bote. Una mujer vieja, envuelta por el humo de un fogón nos suministra arepas para el camino. Un hombre bebe café y nos franquea con su mirada yerma. Pienso en si ya habrá pronunciado la primera palabra del día. La noche sigue larga y nos sumergimos en sus sobras de oscuridad. Corren vahos entre nosotros hasta que una rendija se abre en el cielo. Es un rojo profundo el que nace. Es el inicio del que será un sol sangriento, como de batalla. 

Armando Retamos y Ávila tiene sesenta y siete años, pero parece de noventa. Va con su hijo, Darío José Retamos, de veintiséis. Ambos llevan desgastadas gorras de los New York Yankees. Son las 6:30 de la mañana y en su bote de madera, llamado Tenampa, además de dos hachas y algunos cuchillos, llevan un recipiente con el arroz y las arepas de yuca suficientes para hacer cara a la jornada laboral. Los brazos de Armando son firmes. Sus jadeos débiles, vidriados. La vieja embarcación llega al manglar El olivo. Estaciona en un microscópico trecho de esa línea verde que conforma el horizonte de la ciénaga. Armando le aprendió a su padre el oficio de cortar madera. Cuando está frente al mangle lo troza con la fuerza de un bisonte. Cuando descansa, reposa como una montaña. Darío escucha la historia de su padre mientras corta y el sudor le funciona como repelente natural para lidiar con los mosquitos. 

La madera es el sustento de la familia. El envejecimiento una amenaza. Ellos cortan y reman tres, cuatro, cinco viajes diarios entre el palafito y el mangle para descargar la materia prima. La esposa de Armando, madre de Darío, es la encargada de venderla en el pueblo para dar vida a las cocinas locales. El Tenampa cada vez tiene que ir más lejos para conseguir buena madera. No se corta el mangle vivo, se corta el mangle que va cayendo, entre otras cosas porque así es más combustible. Padre e hijo saben que la intranquilidad de la naturaleza es el ser humano y por eso no atentan contra ella. Del mangle El olivo van a El rincón de Solano. 

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Los ojos de Armando están recubiertos por un fino velo blanco. En 1999 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Pasó un año de zozobra y resistencia, hasta la madrugada del 22 de noviembre del 2000, cuando los mismos hombres que lo habían imputado por algo sin sentido, ingresaron a Nueva Venecia y asesinaron a 37 personas. Armando se desplazó con toda su familia a la comunidad ribereña de Palmira. No duró ni seis meses. La tierra firme lo expulsó. Decidió regresar y se quedó entregado a la suerte.

—Un hombre es varias cosas: su memoria, su tierra y su trabajo –dice Armando, con los pies sumergidos entre el lodo del mangle y su hacha entre las manos.

—Darío ¿cuál es tu sueño?

—Mi sueño es la vida.

Dani Cervantes tiene 42 años y, desde que tiene uso de razón, trabaja la madera. Su padre le transmitió el oficio de astillero y es quien repara y construye los botes de Nueva Venecia y Buenavista. En el patio de su casa, montículo de tierra forjado a punta de desechos comprimidos, tiene su taller. Allí, media docena de largos botes en reparación, una caja llena de herramientas y cuatro perritas macilentas.

—La madera se corta cuando hay luna llena. Si no se hace así no sirve: se pudre, se quiebra. Ahora el material que más se usa por economía y duración es la fibra. Son pocas las personas que quieren hacer botes de madera. Yo uso mangle porque es fuerte.

—¿A quién le transmites tu oficio?

—Tengo un hijo chiquito, pero no creo que se vaya a interesar por esto. La verdad no hay mucho futuro.

—¿A qué te gustaría que se dedicara tu hijo?

—A lo que él quiera, pero acá sólo está la posibilidad de la pesca. Aunque me gustaría que fuera futbolista, mi sueño frustrado.

Cinco de la mañana. Luis, Juanca y Chichi pasan a buscarnos a La bendición de Dios para ir a pescar. El lugar estaba puntualizado en el mapa que lleva Juanca en su cerebro: ciénaga Alfandoque. Pau y yo no entendemos nada. Son laberintos de caños y humedales y lagunas los que transitamos. Luis es una brújula andante. Nos movemos entre enérgicos y exuberantes manglares, con el silencio del alba apenas entrecortado por el canto diverso de las aves lindantes. El sol no se decide a salir y las aguas templadas de la ciénaga alargan el poema sensitivo de estar navegando entre nubes.

Mangles rojos, blancos y amarillos. Los va señalando Juanca. Este es el más fuerte de los tres, este es el campeón de la filtración, este es el más delicado, este el más inflamable. Los manglares son arboledas que crecen en todas direcciones y se reconocen porque sus raíces están a la vista, disipadas entre el agua y el cielo. Son como las barbas de un viejo gigante y bondadoso que exhibe su experiencia a partir de naturaleza flotante y vaporosa.

Juanca tira una atarraya. Solo alevinos. Uno a uno dice sus nombres. Una treintena de frutos que no pasan de la primera infancia. Todos vuelven al agua. Estamos en el corazón de la ciénaga Alfandoque. El motor se apaga. El nivel del agua no supera los 30 centímetros. En algún momento Pau le había preguntado a Juanca por el cambio climático. ¿Si esto no es el cambio climático entonces qué es? Pregunta, mirando a Pau. Luis apoya sus remos entre el agua que rápidamente se convierte en barro. Chichi forcejea con el fango. Tenemos que salir de la Alfandoque a menos de que el objetivo sea pescar congojas. A lo lejos se ven los botes de los pescadores estáticos. No los de más paciencia, sino los que persiguen la cantidad.

Cuando era niño la profundidad de esta ciénaga era de cinco o seis metros, comenta Juanca. Nadar acá era muy rico, le responde Chichi. La ciénaga agoniza. Nos recluimos en uno de los arroyos que custodia el manglar. La luz primera del día aumenta la temperatura de forma calamitosa y, con esta, surgen de la espesura arduos trazados de basura: recipientes y espumas de plástico, envolturas de alimentos, pedazos de chancletas, botellas de vidrio, bombillos, toallas higiénicas y hasta un televisor marca Sanyo de 20 pulgadas. El agua clara de la ciénaga disiente con sus múltiples orillas echadas a perder. Juanca y Chichi callan. Luis nos aleja del hundimiento anímico y nos lleva a la ciénaga del Tigre.

Otro tipo de pesca consiste en encerrar una parte de la ciénaga con holgadas redes y, después de zapatear el bote y golpear con fuerza el agua, ver qué se amontona. Después de una hora de implementación del artesanal plan y ya con el sol haciendo la suya sobre nuestras espaldas, empezamos a recoger las redes. Tres bagres de libra y cinco cangrejos. Luis pidió los pescados para su almuerzo y los cangrejos fueron devueltos a la profundidad del agua no sin antes ser advertidos de que no podíamos irnos sin probar el arroz de jaiba, una delicia local que tiene como principal materia prima las blandas y blancas entrañas de esos cangrejos que dejamos escapar.

Sol, esa es la sorpresa que guarda la ciénaga para todos los días. Los bosques de mangle son un refugio perfecto, pero los mosquitos no dejan que uno medio se asome. La naturaleza sabe salvaguardar su virginidad. Pau imparte una clase de geografía a Juanca. Le enseña a manejar Google Maps. Juanca alucina al ver en la pantalla de su dispositivo cómo el punto azul que somos se zarandea entre la ciénaga Pajaral. Luis y Chichi se fascinan con la idea de que en la lejana tierra de Pau ya es la tarde. Los tres albergan un único pensamiento omnipresente: hacer lo posible por quedarse acá.

Vamos a ver a Ángela Donado. Es la madre de Luis. Tiene 42 años y cuatro hijos. Pero también tiene otros diez a lo largo y ancho del pueblo. Es la madre comunitaria de Nueva Venecia. Todos los días, desde hace 26 años, recibe un grupo de niños en su palafito. Allí los alimenta con lo que le entrega semanalmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también les enseña cosas esenciales para la vida como los colores, los números, las vocales, los animales, los tipos de pesca. Los padres dejan a sus hijos allí a las 8 de la mañana y vuelven por ellos a las 4 de la tarde. La seño, le dicen en la comunidad, y se conmueve al contar que, de vez en cuando, pasan a visitarla adultos que en algún momento fueron sus hijitos adoptivos.

Ángela teme que los niños se le caigan al agua, no tanto porque se ahoguen, finalmente ya forma parte del gen local el reflejo del nado, sino porque ha venido descubriendo una lenta, pero alarmante degradación del agua de la ciénaga que, al contacto con la suave piel de sus niños, genera sarpullidos, brotes y hasta llagas. Como si de una paradoja se tratara, otra de sus preocupaciones también tiene que ver con el agua: rodeada de agua, lo que menos tiene es agua. Diariamente le llega al muellecito de su casa un tesoro que consiste en un tanque con 50 litros potables que debe tazar inteligentemente para garantizar la dieta de sus niños.

El funesto 22 de noviembre del 2000, Ángela vio cómo asesinaron a su marido en la sala de su casa. Antes del amanecer, un grupo de paramilitares tumbó la puerta del palafito y se dirigió hasta la habitación matrimonial en busca de Ever Julio Rodríguez. Él se negó a irse con ellos y les dejó claro que si lo iban a matar debían hacerlo ahí. Recibió un balazo en la frente, ante la tribulación de su esposa e hijas que no podían echarse a correr. Con el cuerpo de su esposo desparramado e intentando que sus hijas salieran lo más pronto posible de ese abismo, clausuró la puerta de su casa, se lanzó al agua hasta dar con el bote de su hermana, regresó por sus hijas y se fue.

Se desplazó a Sitionuevo, la municipalidad de la cual Nueva Venecia es un corregimiento. Como Ángela, el 90 por ciento del pueblo abandonó sus palafitos, para regresar paulatinamente en el transcurso de los siguientes diez años. Ángela fue una de las primeras retornadas. No se acomodó en tierra firme. Volvió, limpió su casa, se paró firme con sus hijas y con los niños que le llegaban y emergió de esa fosa que le cavaron en su corazón.

No salimos nunca después de las seis de la mañana. Intentamos esquivar el mediodía. Nadie quiere convertirse en un chicharrón ambulante. Vamos a Bocas de Cataca, hora y media de navegación. Este pueblo fue el palafito más próspero y grande de la ciénaga. Eso a finales del siglo pasado, hasta que la guerra hirió. Antonio Guerrero, de 81 años y su esposa, Evangelina Moreno de 62, recuerdan el 11 de febrero de 2000. Once personas asesinadas. Lo cuentan todo, con sus voces quebradizas, en la sala de su casa que está tutelada por los retratos de dos familiares de Evangelina y un amigo cercano que pagaron con su vida el haber nacido ahí.

Se refieren al momento de la masacre como «la mala hora». Evangelina recuerda que el pueblo se desocupó. Sólo quedaron ella y Antonio. Los perros aullaron por semanas y meses reclamando a sus dueños, hasta que fueron muriendo, no de hambre, sino de pena moral. Eso fue muy feo, sella Evangelina.

El televisor de 14’ pulgadas de la vieja casa que en algún momento supo mantenerse estable sobre el agua, transmite el Giro de Italia. La carrera va llegando a la ciudad de Torino. Antonio pregunta si conocemos por allá. Negamos. Por acá ya podría pasar una carrera de esas, bromea, con el hecho de que estamos sobre tierra firme. Algunas casas alrededor tienen ganado. El que fluye pegado a las puertas de las viviendas es un bracito del río Aracataca, que baja de la sierra, frío y pródigo, pero que a esta altura ya es una historia que Antonio prefiere no recordar. Luis se baña en el río. Antonio lo mira. La soledad llena su pecho. La tristeza sus ojos.

RUIDO PHOTO, PAU COLL

***

En Bocas de Cataca viven aproximadamente 20 familias cuyos integrantes más jóvenes han ido perdiendo la idiosincrasia anfibia: piensan en comprar motos y van al agua solo cuando es rotundamente necesario. Cuando, por ejemplo, hay hambre y en tierra no se consigue nada porque no hay dinero. Dora Garizábalo tiene ocho hijos y todos se han ido. Vive con su hermano Rafael y su esposo, Candelario. A sus 65 años, Dora ha desarrollado un carácter luchador. Tiene muy claro que los trances que vive su pueblo se deben a muchos factores y que tanto la pobreza adyacente como la crisis ambiental tienen nombre propio.

—En cinco años, si no antes, Bocas de Cataca será monte. Acá detrás tenemos a los terratenientes apropiándose de la tierra después de cada inundación. De metro en metro han ido acaparando el terreno que supuestamente está protegido por ser reserva. Hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. El agua de los ríos la desvían para sus fincas y acá lo que nos llega es basura o agua contaminada por los químicos esos que usan para sembrar. Ya ni pescado baja y la parte de la ciénaga que nos toca se está sedimentando. La ganadería es un problema gigantesco, ¿pero uno cómo le dice al vecino que no tenga sus vaquitas si eso ya es una cuestión de supervivencia? Es la ganadería de ellos la que nos amenaza. Salir a pescar acá es exponerse al hambre. Nosotros queremos volver a ser un palafito, pero sin agua eso no será posible ni en los sueños. Hace 30 años éramos casi 300 familias y ahora, mire, casi un pueblo fantasma. La única forma de hacernos respetar es a la brava, pero aquí nadie quiere exponerse y mucho menos cuando tenemos el antecedente ese de la masacre, el miedo es una cosa jodida. Acá necesitamos al gobierno, porque si no nos morimos ahogados, nos morimos de sed o directamente intoxicados y si abrimos la boca, nos morimos asesinados. El pueblo está sedimentado en un 70 por ciento. Lo que antes era agua y vida hoy es barro, tierra infecunda. Es verdad, vamos a desaparecer: ¿uno por qué va a negar la luz del día? –dice Dora, sentada en el pórtico de tierra negra que funciona de entrada a su humilde casa que, al igual que la de Antonio y Evangelina, hace no mucho tiempo fue palafito.

Bocas de Cataca se muerde los nervios ante la inminencia de su extinción. Los pómulos de sus últimos manglares están negros y ya nunca más podrán desplegarse con la espontaneidad de una sonrisa. Dora es una madre que protege a su hijo, no porque su hijo lo requiera, sino para olvidarse ella misma de que ambos un día no estarán. Su hijo es su pueblo: Bocas de Cataca existe porque resiste, grita, mientras nos vamos alejando.

Las raíces de los manglares, largos zancos entrelazados entre sí, no solo son sitios de refugio, reproducción y alimentación para muchas plantas y animales (peces, moluscos, crustáceos, reptiles, aves y mamíferos), sino que también brindan importantes beneficios ecológicos para las comunidades humanas que conviven con él, ya que son un aliado importante en la lucha contra el cambio climático: poseen la capacidad de secuestrar los gases de CO₂ de la atmósfera hasta cinco veces más que los bosques regulares. Este CO₂ lo almacenan en forma de carbono en sus hojas, troncos, raíces y suelo.

En Buenavista, pueblo palafito de aproximadamente 800 habitantes, ubicado a 30 minutos de regata de Nueva Venecia, hay un vivero de manglar. Javier de la Cruz, de 57 años, Dinson Cordonó, de 45, y Luis Obeso, de 52, son los anfitriones. Trabajan para Parques Nacionales Naturales y están gestionando este jardín de manglar desde el 2000. Aseguran que, entre 2021 y 2022, han sembrado 40 mil plántulas de mangle en las zonas más críticas de la ciénaga.

—Cuando se destruye un manglar, se liberan enormes cantidades de CO₂ a la atmósfera y, así, se aceleran procesos como el calentamiento global. Los manglares no solo representan una barrera natural y dinámica que hace frente a fuertes tormentas, huracanes y oleajes, sino que también combaten positivamente la erosión y la inundación en áreas costeras, y, ante el aumento del nivel del mar, brindan protección por su capacidad de acumular sedimentos e incrementar los niveles del suelo marino. Los manglares son la armonía de la ciénaga, los reguladores y los coladores naturales de las aguas dulces y las aguas saladas, sin ellos estamos expuestos a todo –dice Javier, con sus manos hundidas entre una de las tinas de mangles.

—¿Qué es todo, Javier?

—Todo es la desaparición.

***

A través de los bosques de manglar, Juanca puede ver más allá. Los árboles se mecen unos contra otros, las garzas vuelan contra la luz, sin avanzar ni un poquito. Luis direcciona el bote con la sabiduría del instinto y atrás van quedando Nueva Venecia y Buenavista, meciéndose sobre sus grandes espigas de mangle. Una turba de cuadros fantásticos me abre los ojos: una zanja llena de agua repleta de largos pastos recostados es atravesada por un chigüiro. La silueta de la Sierra Nevada de Santa Marta brota del mar y me empotra en sus picos más altos. Un grupo de flamencos rosados forman una V y vuelan por encima de nosotros para una foto que Pau no saca. El agua es tan cristalina que me asombra que no sea de hielo. De cualquier forma, seguro en su fondo habrá algún zapato. La Bichota, así se llama el bote que suplantó nuestras piernas por estos días, nos deja en tierra firme.

Abrazo de la tripulación y selfi de despedida.

En breve descubro que caminar me resulta doloroso.

Junio 10 – 2024

Por Laura Cruz

No es que estén muertos, es que nadie los ve. Están en las aceras o en las afueras de las iglesias como monumentos a los ancestros que hace cinco siglos poblaron el Río San Juan en el Chocó o Valle del río Cauca. Son de carne, hueso y tierra, recorren la ciudad como las piedras que movemos a paso indiferente, ciego.  Muchas veces con un niño a las espaldas, se posan en la quietud del que no puede decir porque desconoce una lengua. No los vemos porque dan miedo, porque son la carne, el hueso y la tierra de la guerra que no acabó.

Jose Mambuche es Wounaan, habla despacio. Busca las palabras en español, una lengua desconocida y ajena para él. Hace más de 500 años los colonos españoles hicieron tabla rasa de los pueblo indígenas, entre otras cosas, les quitaron su lengua y como la historia parece repetirse en sus horrores, hace cinco años los paramilitares hicieron lo mismo, desplazaron al pueblo de José a la urbe y sus palabras se quedaron atrás. Tambo: la lengua y el territorio son lo mismo, como si el Español, al igual que el cemento, mandara en la urbe. 

Mambuche tiene como lengua nativa la Woun Meu, quizás por eso o porque los recuerdos son más miedo que otra cosa, habla despacio casi sin mirar la cámara y comienza a contarme una historia a pedazos, con la dificultad de poner el dolor en orden. 

“Nosotros somos de la comunidad de Balsalito, del Chocó. Uno se sienta a pensar y allá teníamos todo. Cultivamos papachina, plátano, banano. Los peces estaban en el mar, los niños vivían contentos. No teníamos problemas, aquí en la ciudad se sufre de hambre.” 

El resguardo indígena Unión Balsalito, o lo que queda, está ubicado frente a la cabecera municipal de Docordó en límites entre los departamentos de Valle y Chocó.  Todas las casas son de dos metros de altura para evitar que el Río San Juan las inunde. 

Unión Balsalito fue fundada hace 50  años por cinco familias indígenas  Wounaan, nombre que tomaron de su Dios  Wuandan. Esa etnia vive del corte de madera, la agricultura y la pesca; se dedican a la siembra de banano, plátano, yuca, maíz, tomate y pepino para el consumo diario, así como la pesca de Gualajo, Ñato y Eliza.

Según un informe del 2023 de la Secretaría de Bienestar Social del Distrito, Cali es la ciudad que más recibió  desplazados por el conflicto armado, ya que atendieron a 6 mil 405 personas que fueron obligadas a abandonar sus territorios. La mayoría de estas familias proviene de Cauca, Nariño, Buenaventura y Chocó, zonas donde se ha agudizado el conflicto y es continuo el abandono estatal.

“Nosotros estábamos trabajando cuando ellos llegaron a nuestro territorio, estabamos sembrando y llegaron  para forzarnos a nosotros a salir rápidamente”. José Mambuche que  salió de su territorio cuando tenía 18 años. Tan solo llevó la ropa que tenía puesta. Su primera parada fue en Buenaventura pero allí también llegaron ellos, como se refiere a los paramilitares. 

“Lo más difícil fue haber dejado nuestra tierra porque perdimos todo. Perdimos nuestro cultivo, perdimos nuestros animales, ellos los cojieron. Extraño mucho bañar en el río”. Lo que más le preocupa a José es la salud de los niños y cómo seguir viviendo de acuerdo a sus creencias ancestrales, ya que los niños al estar en contacto con otras etnias, comienzan a hablar español y cambian, los adultos tratan de conservar sus costumbres y explicarles su cultura.

La primera vez que ví a Jaime Negría Cuero me dijo: “grabemos adentro”. Estábamos en Talanga, un barrio de Cali al lado del Jarillón del Río, construido de guadua y de tablas,  al igual que la casa donde se estaban quedando diez familias Wounaan, conformadas por 60 personas, la mayoría niños.  

Esa noche Jaime había permanecido de pie hasta el amanecer porque la casa donde se estaban quedando, era un préstamos de una vecina y ya no había espacio en donde acostarse. Ellos siguen migrando en la ciudad, como si fueran extranjeros en el territorio. 

Esta migración inició en el año 2018, cuando estaban en el Río San Juan del Chocó y los paramilitares armados los amenazaron y tuvieron que desplazarse hasta Buenaventura para proteger a sus familias; sin embargo, en el 2022 llegó el mismo grupo al Puerto e hirió a un joven indígena que sobrevivió. Por esa razón decidieron desplazarse a Cali, donde la Alcaldía les gestionó un albergue temporal en Samaritanos de la Calle aunque sólo por un mes y medio; después lograron encontrar un lote en Jamundí, pero allí también había grupos armados “Y nos fuimos allá y cuando llegamos eso fue, mejor dicho nos llevaron fue dónde está el lobo con las bocas abiertas”. Para poder comprar una librita de sal y una libra de azúcar, nos gastábamos varios días”,  relata Jaime. 

En una reunión del Cabildo decidieron devolverse a Cali y estuvieron en Siloé unos meses, pero de allí los terminaron sacando y se trasladaron al Jarillón, el último sitio del que los echaron. Hoy se encuentran en un albergue de la arquidiócesis de Cali a la espera de que  organizaciones como la Unidad de Víctimas, la Personería, La SAE,  la Unidad de Restitución de Víctimas y la Alcaldía de Cali, puedan trabajar en conjunto para que por fin tengan la solución concreta de un lugar donde asentarse.

Taller Abierto es una organización que está presente, especialmente en el Sur Occidente colombiano, en procesos de acompañamiento a comunidades indígenas, afros, campesinas, urbanas y realiza procesos de formación a mujeres y a jóvenes.  Desde hace dos años esta organización acompaña a la comunidad Wounaan en asistencia humanitaria,  alimentación y necesidades básicas; también apoyan en la gestión de trámites relacionados con Unidad de Víctimas y en temas de formación. 

Gustavo Adolfo Calle Quintero, quien trabaja en Taller Abierto, señaló que si bien se logró un acuerdo con la Subsecretaría de Etnias de Cali, la Personería Municipal, el Ministerio del Interior para que la comunidad tuviera un resguardo, es necesario que se trabaje en la reubicación permanente de estas familias indígenas. 

Las comunidades indígenas, en especial la comunidades Wounaan, han sido víctimas de múltiples violencias, desde no incluirles de los planes de desarrollo que implementa la ciudad de Cali, aún  sabiendo que una comunidad que está en unas condiciones muy difíciles y de hecho “está en vía de extinción”, afirma Gustavo.

“Ha faltado apoyo también en temas alimentarios, sobre todo con los niños y las niñas, el acceso a la salud es muy precario, hay niños y niñas en situación de desnutrición” Así mismo, Calle señala que no tienen acceso a la educación y que en caso de tenerlo no hay un criterio  de enfoque diferencial. Sumado a esto no se les incluye en actividades culturales y eso los pone en una situación de exclusión muy fuerte. 

Gustavo hace un llamado: primero para que el albergue que lograron en los últimos días se garantice y que a la par, los entes correspondientes sigan trabajando para lograr una reubicación definitiva; segundo, para que se reconozca a la población indigena como víctima del desplazamiento forzado y sea incorporada al restablecimiento de derechos como víctimas del Conflicto Armado, pero también como sujetos de especial protección y,  tercero, para que este restablecimiento de derechos tenga el enfoque diferencial y que no les traten como comunidades urbanas, para que en el caso de una reubicación tengan unas condiciones similares de donde vienen y si no, por lo menos, tengan la oportunidad desarrollarse en condiciones dignas en los lugares que se les asignen.