“Por lo general hay unos intereses económicos muy importantes cuando los gobiernos deciden que quieren impulsar la construcción de vivienda a nivel nacional. En ese momento, el objetivo fundamental, como lo explican las gacetas, era reactivar la economía, disminuir la pobreza y bancarizar a la población que resultara beneficiaria de estas viviendas, es decir; insertarlas en el sistema financiero. En este proceso incluyeron de forma mínima a quienes iban a habitar estas viviendas” explica la profesora Vargas.

A partir de la ley de víctimas 1448 se prioriza a las víctimas de desplazamiento forzado como principales beneficiarios de estas viviendas, adquiriendo algunos aspectos hacia la reparación. Pero nuevamente no se invita a las víctimas a participar en el diseño de dicho programa. Sumado a esto el proyecto de Ley 1537 pasó muy rápido en el Congreso, sin tener en cuenta las condiciones de los beneficiarios. Aproximadamente cinco  billones de pesos costó una primera fase de este programa de vivienda y se construyó rápidamente en todo el territorio nacional estos 284 proyectos de vivienda de interés prioritario.  

Según Vargas, aunque el programa benefició a un gran número de familias, no tuvo en cuenta la Ley 1482 del 2012, por la cual debe seguirse un protocolo de reubicación y retorno con las víctimas de conflictos armados. Uno de los momentos claves de la reparación es cuando se le dice a la víctima si quiere retornar al  lugar del desplazamiento o ser reubicada en proyectos de vivienda que ofrezca el Estado. Proyectos que deben seguir unos principios claves de seguridad, voluntariedad y dignidad. 

Aunque inicialmente el programa fue ejecutado por el Ministerio de Vivienda para las familias víctimas del conflicto armado, Cali tenía la necesidad de reubicar  a las que estaban en el Jarillón del Río Cauca porque corrían riesgo debido a la ola invernal. En ese momento el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, compró unas viviendas a la Constructora Bolívar para asignarlas a la población que se iba a reasentar, es decir, a  los posibles damnificados por el invierno.  

La construcción de Llano Verde es una muestra de marcada homogeneización y de la ausencia de una consideración sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad. Las casas, de no más de 48 metros cuadrados, tienen una sala-comedor, cocina, patio y dos habitaciones para familias que llegan a estar compuestas hasta por 12 personas. Tanto las casas como las calles no tenían mayores diferencias en su construcción, mientras que la composición de sus habitantes era diversa. 

Según la docente Stephany Vargas, la segregación que se hace en el momento de la construcción del barrio es muy visible porque las personas se distribuyen por manzanas según su procedencia, por ejemplo, una manzana se le asignó a la población desplazada, otra a quienes estaban siendo reubicados y venían del Jarillón del río para salvaguardarse de la ola invernal y las otras manzana se entregaron a excombatientes y a comunidades de otras culturas.  

Estas particularidades ponen en evidencia la lógica de proyectos de este estilo que buscan brindar vivienda a bajo costo para las constructoras, sin tener en cuenta las condiciones de la necesidades de las  familias que van a habitar y demostrando el nulo interés por la construcción de comunidades y tejido social.

“No hubo un proceso de integración comunitaria entre las personas que llegaron a vivir al barrio y personas que vivían en barrios vecinos, sumado a esto, en el barrio juntaron a ex combatientes, indígenas, víctimas  y población en pobreza extrema. Entonces tenemos un cóctel para muchas problemáticas que emergen después de la reubicación”, dice Stephany Vargas. 

Sumado a esto, aunque muchas instituciones han llegado a Llano Verde, su intervención ha sido atomizada. Con nuevos gobiernos llegan nuevos cambios y sin tener en cuenta el avance en proyectos de otras administraciones, se anula la continuidad de los logros. Además, como  las instituciones trabajan por poblaciones, es decir o los negros o los indigenas, esto genera que cada grupo poblacional compita por la atenciòn de las instituciones. Dicha competencia desemboca en conflictos comunitarios y fricción entre los liderazgos. Todo esto sin contar con que a veces las instituciones sólo buscan llenar los listados de asistencia de las jornadas que hacen de servicios.

La historia de Cali está marcada por la palabra esclavitud y por el concepto altos hacendados, expresiones que muestran contrastes brutales de violencia y desigualdad, no muy distintos a lo que vivimos ahora, quizás, con otros nombres. Hay que recordar que en la Sultana del Valle hubo asentamiento de esclavistas propietarios de importantes haciendas que, mediante la esclavización, tenían en sus manos el comercio, la ganadería, lo más grave la vida de los negros y su libertad. 

Según los historiadores  Urrea y Candelo, investigadores de las dinámicas  sociopolíticas de los afrodescendientes en el Pacífico,  para mediados del siglo XVIII, estos hacendados esclavistas empezaron, poco a poco, a perder su poder gracias a los procesos cimarroneros, de resistencia comunitaria y a partir de la Ley 21 de mayo de 1851, que dio paso a la abolición de la esclavitud en Colombia. 

Cali, por las transformaciones sociales emergentes, empezó un proceso de urbanización y modernización entre el siglo XIX y XX que, sumado a la demanda de producción agrícola, la prosperidad naciente de campesinos negros, el crecimiento de los cultivos de caña para las décadas del 50 y 60 posicionaron a la ciudad como la más importante en el suroccidente del país. También por su dinamismo económico, reflejado en su tamaño poblacional, Cali se convirtió en uno de los principales destinos para los migrantes de todo el país.

La amplia diversidad étnica y raizal, es la mayor riqueza del territorio y también el núcleo de los contrastes más profundos. Es como si esos factores positivos que se esperan de la pluralidad, se convirtieran en una especie de espada de Damocles o taladraran en la dirección opuesta: la de las diferencias sociales y geográficas, esas que se corresponden con las dinámicas y características de asentamientos populares ubicados en las antípodas de la ladera de la ciudad, en la parte alta del distrito de Aguablanca y en la parte plana, contrastando con la Cali industrial, comercial y residencial. 

Estos asentamientos populares están poblados por una amalgama de gente pobre, racializada y excluida, revelando así una ciudad que en su cara muestra los dientes que se clavan profundo en las inequidades que viven sus habitantes repartidos entre la Cali planificada y la Cali empobrecida.

Este costado oriental de la ciudad es el territorio que va a recibir de manera permanente a la población migrante, a la desplazada, a la gente negra, que ve en la ciudad una posibilidad de mejorar sus condiciones ante los embates del capitalismo y de la guerra. En términos concretos, la población afrocolombiana de Santiago de Cali se encuentra concentrada en el oriente de la ciudad. Se convierte en una pintura realista de la pobreza, la estigmatización y el olvido. Un lugar que nadie quiere ver y que se pone en el cuarto de atrás, que en este caso es el Oriente. 

En ese sentido, se recoge el comentario de Barbary en su estudio Gente negra en Colombia, dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico, destacando que “la región de Cali tiene la primera concentración urbana afrocolombiana en el país, ya sea como región (Cali-área metropolitana con el sur del Valle) o como ciudad entre las 13 áreas metropolitanas. Por ello, no es arbitrario que hoy en día Cali sea vista como la “capital del Pacífico”.

Para la investigadora Stephany Vargas, es muy preocupante lo que pasa con las comunidades  afrocolombianas, inclusive después del proceso de paz,  ya que aunque los acuerdos se firmaron en el 2016, la diáspora continúa como si la historia fuera cíclica.  Hay que recordar que en la colonización, las comunidades afrocolombianas fueron excluidas de participar en el desarrollo del país y las ciudades, luego con el conflicto armado son despojados forzosamente de sus territorios y sus comunidades, obligadas a llegar a la periferia de las ciudades.

Vargas señala que esto  parte de un proceso, de acuerdo a autores que trabajan estudios afrodiaspóricos, que se debe ver desde el análisis de relaciones de poder, donde ciertos autores coinciden en afirmar que, para las élites resulta conveniente mantener a estas comunidades al margen del Estado y las ciudades, esto para servir a algunos propósitos económicos, para ser controlados, explotados y expropiados continuamennto en su origen y la creencia de que el servicio docente y académico, puede contribuir de alguna manera a Colombia. 

Quizás por esta razón llegó a Llano Verde a trabajar con la comunidad. Después de  cinco años allí, decidió quedarse para trabajar en una investigación junto a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), a las universidades Javeriana, Católica y del Valle. La idea era encontrar cómo beneficiar a los jóvenes y participar en organizaciones sociales de base. 

En el año 2021, Vargas juntó a otras investigadores inició el proyecto La construcción de la paz desde abajo y la justicia transicional: una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes de AFRODES para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la Urbanización Casas de Llano Verde, comuna 15 de la ciudad de Cali (nombre corto: Paz en Llano Verde).

Como resultado del proyecto, en el libro La construcción de la paz en Llano Verde (Reflexiones situadas sobre la Justicia Transicional, la Educación y las Políticas  Públicas en el  Distrito de Aguablanca)  ofrece un análisis de las prácticas sociales de construcción de paz que dan contenido al modo en que los jóvenes del semillero AFRODES aportan a la realización de la justicia transicional en su territorio. Se trata de una aproximación sucesiva y en proceso que busca articular miradas prácticas y teóricas provenientes del trabajo social, la comunicología, la ciencia política y la administración de empresas, disciplinas y campos de conocimiento que posibilitan una comprensión ampliada de los dramas sociales del tiempo presente.

Los capítulos que componen el libro son el resultado del encuentro con el semillero de jóvenes AFRODES Cali. Este está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21 del distrito de Aguablanca, provenientes del Pacífico colombiano, especialmente de los municipios de Buenaventura, Tumaco, Satinga y  El Charco, entre otros. Sus edades oscilan entre los 14 y 28 años y sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el  2013, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. 

“Después de la masacre de los cinco jóvenes, la docente se unió a Afrodes  convocada por Erlendy Cuero Bravo, Coordinadora de la Asociación, para formular un proyecto de investigación que permitiera visibilizar las realidades de los jóvenes en Llano Verde, y al mismo tiempo, visibilizar las acciones de ellos para trabajar de allí nace en el proyecto Paz en Llano Verde y posteriormente el libro, que es una construcción colectiva entre el Semillero Afrodes, actores de la comunidad y la academia. 

Uno de los hallazgos que deja el libro es que  aunque el acuerdo de paz está pensado para sus comunidades y la población víctima del conflicto armado, el mismo no incluye de manera específica  a los jóvenes. Entonces se  encontraron con  esa visión de paz, que no incluía a los jóvenes, que han sido víctimas,  por lo que es necesario que se reformule la política de víctimas, además de políticas públicas, que deberían incluir  a los muchachos que la guerra ha dejado sin recuerdos y sin raíces, que tratan de vivir en un barrio con múltiples problemas sociales que están saliendo gracias a fundaciones como Afrodes y las comunidad que sigue resistiendo.