Mayo 3 – 2026

Cinco años después del inicio del Estallido Social en Colombia, organizaciones sociales de Cali como El Tribunal Popular de Siloé, Memoria Viva Colombia y otras a nivel nacional lograron la creación de un Comité encargado de esclarecer la verdad sobre la represión estatal sufrida en marco de las protestas. La labor de esta instancia termina en julio de 2026, fecha en la que se espera la entrega de su informe. 

Por Jorge Luis Galeano 

El ruido llega antes que cualquier otra cosa. En la glorieta de la parte baja de la Comuna 20, el tráfico de un sábado a las cuatro de la tarde no da tregua. Los carros pasan, siguen, no miran. En el centro, sobre el pasto verde, un grupo de unas diez personas conversa, ríe, se cuenta cosas al oído. El viento mueve las pancartas que acaban de colgar. Sobre uno de los bordes que da a la calle, un monumento pequeño pero visible sostiene las fotos y los nombres de varios jóvenes. Ninguno de ellos llegó a los treinta años. Todos murieron aquí, en este mismo lugar en 2021.

Por eso este trozo redondo de asfalto y pasto que distribuye el flujo vehicular hacia los barrios de la ladera de Cali o hacia el sur de la ciudad, es también un lienzo sobre el cual se ha pintado la resistencia popular colombiana. Históricamente la Comuna 20, construida sobre antiguas minas de carbón y forjada por el esfuerzo de migrantes y desplazados, ha sido el corazón de una Cali que se niega a ser solo la sucursal del cielo para unos pocos. Antes de 2021, la glorieta era una referencia para los habitantes de los once barrios de la comuna, pero hoy es un altar de memoria que ha transformado su función social de manera irreversible.

Y parte de ese altar se materializa en un monumento que se alza como un contrapeso al olvido institucional. No es un monumento oficial, no fue inaugurado con cintas tricolores ni discursos de gobernantes; es una construcción colectiva de las familias que buscan justicia. Sara Vásquez, socióloga e integrante del Tribunal Popular en Siloé, instancia creada por la sociedad civil para encontrar respuestas de lo sucedido en las protestas, está ahí cada primer sábado de mes como parte de la lucha para evitar el olvido. Ella está ahí, como las familias de las víctimas, como un gesto de perseverancia. Han pasado 5 años, pero su presencia en ese punto de la ciudad aún genera resistencia. Ella dice “también hay que luchar contra la impunidad social”, esa que insinúa que los jóvenes merecían ser asesinados. Por eso el trabajo del Tribunal y las otras organizaciones surgidas en marco del paro como Memoria Viva Colombia -MEVICO- es clave para que nombres como Kevin, Michael, Daniel o Harold no pasen a la historia como meras víctimas, sino sean el punto de partida para la no repetición y la efectiva acción judicial. Una acción judicial, dice Sara, veloz para condenar manifestantes, pero desesperantemente lenta para investigar a la Fuerza Pública.

Don Abelardo Aranda no es un hombre de gestos histriónicos. Su forma de estar en la glorieta es de una sobriedad que impone respeto. Se mantiene de pie con los brazos cruzados o ajustando con sus manos alguna de las cintas que sujetan las fotos que se bambolean al viento y guardan los testimonios gráficos del paro y la lucha posterior. A cinco años del asesinato de su hijo Michael Andrés, ha desarrollado una especie de firmeza que parece haber endurecido su carácter tras años de golpear las puertas de una justicia que permanece cerrada. El peso que carga no es solo el del duelo, sino el saber que su hijo se convirtió en un símbolo de la violencia estatal en Cali.

La firmeza de su carácter no se debilita cuando menciona a Michael. Habla con fuerza y dice “Soy el padre de un joven asesinado” pero es consciente de que esa pena no es sólo suya, sino colectiva “porque este dolor mío es el dolor de las otras 15 familias que también perdieron a sus hijos”. Según el Tribunal Popular, 159 personas fueron víctimas de distintas violencias en la Comuna 20 durante el Estallido Social y 16 de ellas fueron asesinadas.

Don Abelardo resalta la importancia de la constancia: estar presente cada primer sábado de mes no es una elección, es un deber. Es como si dijera que al no ir, al no poner las fotos, a los muchachos los matan dos veces: una con la bala y otra con el olvido. Estar ahí es, también, un acto de vigilancia sobre el proceso judicial. Durante años ha denunciado que la investigación por la muerte de su hijo no avanza en la Fiscalía. En los primeros once meses después del asesinato, no hubo ni una sola audiencia, ni un llamado de las autoridades; solo el vacío. Esa inacción es la que lo ha llevado a unirse a otros padres y madres para exigir que el Estado reconozca su responsabilidad. Su búsqueda, como la de las otras personas, es por saber quién dio la orden de disparar contra la juventud de Siloé.

Que el dolor no es individual es algo que don Abelardo y las demás familias tienen muy claro. Saben que la lucha es colectiva y ellas y ellos lo repiten constantemente, pero no como un lema para campañas publicitarias, sino porque la han materializado en las organizaciones que han surgido desde 2021. La adopción del Tribunal Popular (figura internacionalmente conocida) fue sólo el comienzo y en la Glorieta se ve claramente: pancartas con los nombres de algunas de las colectividades que han fortalecido la tarea de buscar justicia y garantizar que no haya olvido. Aparece, por ejemplo, una con las palabras Memoria Viva Colombia -MEVICO- que agrupa familias de toda Colombia y que nació de otra tragedia: el asesinato de Nicolás Guerrero el 2 de mayo de 2021 en el sector conocido como el Paso del Comercio. Tristemente una de las víctimas de Siloé fue asesinada un día después mientras estaba en una velatón, precisamente, por la muerte de Nicolás. Su nombre era Kevin Agudelo.

Estas historias que parecen encontrar un lugar que las junta en la Glorieta de Siloé no podían quedar sueltas, luchando por separado. Nació, entonces, la Verdad y la Justicia en Acción que agrupa a 45 colectivos de todo el país cuya fuerza combinada sigue en la ardua labor de documentar los casos de violencia en marco del paro. Ya han producido varios informes en los que se muestra que hubo un patrón de represión que se repitió en Bogotá con Dilan Cruz, en Pereira con Lucas Villa, en Cali con Kevin, Harold, Michael, Nicolás y otros 61 jóvenes que, según el trabajo de estas organizaciones, fueron asesinados en la ciudad.

Por ello, la cita en la glorieta el primer sábado de cada mes no es sólo ocupar ese espacio y llenarlo de pancarta y fotos, sino una reapropiación del territorio porque no se trata simplemente de recordar el pasado, sino de demostrar que las familias siguen unidas, que el miedo que intentaron sembrar con la Operación Zapateiro no logró desarticular el tejido social.

De hecho, ese tejido logró que hubiera una sentencia, la del Tribunal Popular que, aunque no es vinculante al Estado, fue el primer gran triunfo al recuperar información y material probatorio que las autoridades habían ignorado sistemáticamente. Fue su trabajo el que abrió la puerta para que hoy, en mayo de 2026, exista un Comité de Expertos con mandato estatal para investigar los hechos.

El Comité nació de la presión de las organizaciones sociales que por años han exigido al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos de violencia. En noviembre de 2025, parte de esa exigencia se hizo realidad a través del Decreto 1190 del Ministerio del Interior, que dio vida a dicho Comité que tiene como función establecer qué pasó entre 2019 y 2021 en marco del Paro Nacional. La existencia de esa instancia es un triunfo con dos caras: por un lado, la posibilidad de que se sepa la verdad, pero por el otro, de que el proceso no prospere como se espera por el corto tiempo que tiene: su vida legal termina en julio de 2026 y aunque habría la posibilidad de una prórroga, la coyuntura electoral actual, haría ello inviable. Sara Vásquez no niega esta dificultad “lastimosamente es un decreto que está muy limitado porque busca que en menos de 6 meses se haga una investigación tan extensa”.   

Esa preocupación es compartida por Leyder Perdomo Ramírez, una de las tres personas que integran el Comité. “Sí, es una preocupación legítima, pero la hemos ido solventando con la ayuda de organizaciones como El Tribunal Popular y otras a nivel nacional” lo que confirma que la idea de lo colectivo está presente también en esta instancia tan importante: generar un informe que dé cuenta de lo sucedido entre 2019 y 2021 en marco del paro. Esa verdad, al publicarse, no será definitiva. Leyder dice que será un punto de partida para seguir trabajando y alimentando constantemente. No será, tampoco, vinculante. No servirá para condenar a nadie o acelerar procesos judiciales, pero será el resultado del trabajo de todas las organizaciones que se contrapone a la ausencia institucional, a su lentitud y, muchas veces, a su indolencia.

Este Comité, además, tiene entre sus obligaciones crear espacios de escucha con las víctimas. Ya han hecho dos encuentros y planean hacer otros 8 durante mayo, uno de ellos en Cali. Leyder se refiere a ellos como “espacios de desagravio” porque es donde las víctimas son escuchadas, tenidas en cuenta y sus aportes son definitivos para la creación del informe final.

Leyder resalta la independencia de esta instancia “más allá del Decreto que lo creó y la financiación, nuestra labor no está comprometida ideológicamente, pues estamos detrás de los hechos sin sesgos políticos” para centrarse en los estándares internacionales de derechos humanos. Su función es el esclarecimiento histórico y la recomendación institucional.

El tráfico es cada vez más intenso. Se acerca la hora pico y los conductores se impacientan. Hacen sonar sus pitos con dureza, esperando que el movimiento se agilice. Ese fondo sonoro contrasta con lo que sigue sucediendo en la glorieta: fotos y pancartas que se bambolean con el viento, personas conversando calmadamente, riendo y otras escribiendo letreros con mensajes claros: 58 meses de impunidad. Todo ello se combina para darle vida un grito colectivo, uno que se ahoga con los pitos y ruido de la ciudad. Un grito profundo que exige justicia y al que cada vez se unen más y más personas cansadas de la indiferencia y la sordera institucional.

Las pancartas se descuelgan, pero los rostros de los jóvenes asesinados permanecen ahí porque contra la impunidad no se lucha sólo el primer sábado de cada mes.

Abril 1 – 2026 

Texto publicado en Miraleeperiodicocultural que nos ha permitido compartirlo en nuestra web

No hace falta irse al fin del mundo para encontrar el principio de todo. A solo trece kilómetros de los semáforos impacientes y el afán del asfalto caleño, el aire cambia de textura. Se vuelve denso, fresco, casi masticable. Estamos en Villacarmelo, el pulmón verde que custodia a Cali desde las sombras de los Farallones, y aquí, el tiempo no se mide en minutos, sino en el aleteo frenético de un colibrí.

Llegar a Bosque Colibrí es asistir a un milagro de paciencia. Lo que hoy es un santuario de biodiversidad, hace dieciséis años era un lienzo de fe que Paola Andrea Dradá comenzó a trazar con la tenacidad de quien sabe que la tierra es un préstamo de los hijos. No es solo un destino turístico; es un acto de resistencia poética frente a la depredación urbana.

Al cruzar el umbral del bosque, el ruido de la ciudad se disuelve en el murmullo constante de la quebrada El Carmen. Es un sonido pedagógico: nos recuerda que cada gota que corre por aquí terminará, tarde o temprano, calmando la sed de la gran urbe allá abajo. Aquí la conservación no es un eslogan, es un estilo de vida que se respira en cada sendero.

El recorrido es una inmersión sensorial. Los visitantes caminan con la mirada elevada, buscando los destellos metálicos de las aves que han regresado a casa gracias a la restauración del ecosistema. En este rincón, la observación de aves deja de ser un hobby para convertirse en una meditación activa. Ver un ejemplar en total libertad, sin jaulas ni artificios, es entender que la verdadera riqueza no se acumula, se contempla.

Pero el bosque ofrece algo más que fotos bonitas para el feed de Instagram. Hay una intención profunda de sanación. Los talleres de cuidado emocional y las caminatas conscientes proponen un pacto: tú cuidas la montaña y la montaña te devuelve el eje. Como bien dicen quienes recorren sus trochas, aquí se viene a «oxigenar el alma».

* El Ritual del Café: Un encuentro con el aroma de nuestra tierra.

* La Sabiduría de las Abejas: Entender que sin esos pequeños seres, el ciclo de la vida se detiene.

* Fuego y Estrellas: Fogatas nocturnas donde la palabra vuelve a ser el vínculo principal entre humanos.

Este proyecto, que ha cruzado fronteras hasta llegar a misiones internacionales en Costa Rica, demuestra que el turismo sostenible es la única moneda válida para el siglo XXI.

Al elegir Villacarmelo sobre el centro comercial, el ciudadano se convierte en un aliado de las fuentes hídricas. Es un voto por la vida, por el agua y por la permanencia de nuestra biodiversidad.

Bosque Colibrí es, en esencia, un recordatorio de que somos parte de un tejido invisible. Al final del día, cuando el sol se oculta tras los cerros y el frío de la montaña empieza a bajar, uno comprende que proteger este paraíso no es una opción, sino un deber con nosotros mismos.

Cali tiene un tesoro a la vuelta de la esquina; solo hace falta el coraje de desconectarse para volver a conectar.

Marzo 28 – 2026 

Por Andrés Gómez

Texto publicado en El Turbión, organización tecnoactivista, que nos ha permitido su divulgación en nuestra web. 

Las mujeres en Colombia componen en gran parte los procesos de transformación socioambiental. De acuerdo con una encuesta hecha por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en junio de 2024, las mujeres representaban más del 42% del total de personas que se identifican como defensores en asuntos ambientales, pero poco se sabe de los riesgos diferenciados que enfrentan al cuidar la vida del planeta.

Un ejemplo reciente de falta de claridad es el informe público presentado en 2025 por la Fiscalía General de la Nación donde aclara que entre 2016 y 2024 registró 1.372 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, pero no discrimina quienes fueron asesinados por sus labores como ambientalista. Marlén Arévalo, líder ambiental y de derechos humanos, y representante a la Mesa Nacional de Garantías, habla de la incidencia que hasta ahora se ha logrado pero insiste en la falta de diferenciación:

La labor que hemos hecho en la mesa de garantías con mi compañera que es la delegada de mujeres, ha sido una cosa bien bien interesante, y en la política pública pues logramos por lo menos que se colocara la palabra defensor ambiental, porque no estaba, porque nos meten a todos en el mismo canasto.

La Fiscalía también reporta que desde el año 2016 al 2024, fueron asesinadas 14 mujeres por ser mujeres y ejercer liderazgo social: tres de los casos se encuentran inactivos, 4 en indagación, 4 en juicio y 3 más en ejecución de penas. Y en el caso de la desaparición forzada, la Fiscalía informa que del año 2016 al 2024 tiene registros de 40 casos en indagación, 14 en etapa de investigación, 6 en juicio y 4 en ejecución de penas, pero no ofrece información discriminada de quienes son mujeres.

La Fiscalía, institución que investiga delitos y ejerce la acción penal pública en Colombia, no reporta información diferenciada sobre liderazgos ambientalistas y menos la diferencia entre hombres y mujeres asesinadas o desaparecidas por su labor ambiental, tampoco respondió el derecho de petición que le envió el periódico preguntando sobre este tema.

Es necesario saber los riegos diferenciados que asumen las personas que cuidan la vida del planeta, debido a la presión de multinacionales extractivistas legales e ilegales, y que los ecosistemas están, cada vez, bajo más presión, y quienes lideran procesos socioambientales que resisten a la voracidad de la minería y los monocultivos extensivos, se han convertido en sus enemigos, especialmente en Sur América y el Caribe, ambientalistas como Marlén Arévalo, comentan sobre ésto:

Tuve la posibilidad en junio del año pasado de participar en la parte final de la construcción de la política pública [para defensores y defensoras de derechos humanos] porque llevaban más o menos construyéndola desde el 2022-2023. … Cuando yo llego allí y empiezo a hablar del tema ambiental, mira que curiosamente desde la institucionalidad todo el tiempo me callaban y me decían:‘No, es que eso se va a ver más adelante’; ‘No, mira, es que eso no se trabajará acá’. Inclusive compañeros defensores de derechos humanos lo que dijeron es que: ‘¡defensor es defensor, y ya!’. Y yo decía: ¿cómo así que defensor es defensor y ya? Si es el país en donde más asesina defensores ambientales por cuenta de la industria extractiva.

Marlén no se equivoca en su análisis. La organización Global Witness, expone que entre 2012 y 2024 han sido asesinadas 2.253 personas defensoras ambientales en el mundo, e informa que 509 casos ocurrieron en Colombia. La ONG especializada en reportar crímenes a defensores ambientales, también reporta que en 2024 fueron asesinadas 146 personas por defender sus derechos a sus territorios y a un ambiente limpio, sano y sostenible, 120 de ellas en Latinoamérica. Casi un tercio de los homicidios se perpetraron en Colombia, donde a 48 personas les quitaron la vida por defender la vida, 4 de ellas mujeres:

• Evangelina Quiguanás Quebrada en Jambaló, Cauca;
• Carmelina Yule Paví en Toribío, Cauca;
• Ludivia Galíndez Jiménez en Florencia, Caqueta; y
• Marián Rodríguez Camelo en Mapiripán, Meta.

Fuente: Global Witness

Colombia es de lejos el país más peligroso para ser líder social. En el informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reportó que entre 2016 y 2025, asesinaron en Colombia a 972 personas defensoras de derechos humanos: 112 mujeres, 843 hombres y 17 personas LGTBI+.

Fuente: OACNUDH

Este informe, aunque no discrimina si el liderazgo de las víctimas era social y/o ambiental, si aclara que, en el caso de las lideresas ambientales: Las agresiones suelen estar vinculadas a conflictos socioambientales y a la oposición frente a proyectos extractivos.

A un par de horas de Tumaco, en la vía que comunica con Pasto, está ubicado el municipio de Ricaurte, y en este lugar del piedemonte andino que conecta con el pacífico, son mujeres las que componen gran parte los procesos de transformación socioambiental y podría ser mayor su participación a la media nacional, solo en dos organizaciones ambientalistas del municipio más del 90% de sus integrantes son mujeres: Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y Guardabosques los Gualpantes.

Lea: Recicla Ricaurte detiene la muerte antes de que llegue al mar

Lea: Sembrar vida en tiempos de conflicto

Estas organizaciones, junto con la Fundación Bitácora Ciudadana, en el marco del proyecto “Sembrando paz y resiliencia” financiado por el Banco de proyectos para las comunidades del Ministerio del Interior, asumieron reflexionar sobre las amenazas que enfrentan como ambientalistas e invitaron a El Turbión a participar de una serie de encuentros con ellas para compartirlas. Los hallazgos sorprenden, porque reflejan que las personas ambientalistas enfrentan amenazas a su integridad mental y física no solo por parte de los actores armados, sino de la sociedad en general y propias de las crisis climática, al ser la primera línea de acción ambiental.

_{Mujeres articipantes de los encuentros “Sembrando paz y resiliencia” – Foto: Ximena Dorado}

Cuando las mujeres de la asociación Mujeres Recicla Ricaurte salen a las calles o a las veredas del municipio a recuperar materiales reciclables, no siempre reciben reconocimiento por el trabajo ambiental que realizan. Varias de ellas contaron que, además de recolectar y recorrer largas distancias para luego separar y compactar, también deben soportar burlas o comentarios humillantes de algunos vecinos, así lo comentó Pilar*, una de las mujeres que recicla:

Hay personas que digamos que nos nos tratan mal (…) que dicen a veces: «Ahí vienen las basureras, vienen las recoge basura.

Otras veces la humillación está ligada a la idea de que su trabajo es remunerado por la empresa de gestión de residuos Ecoopar, ante la confusión, algunas personas no separan los orgánicos de los materiales reciclables a propósito:

Siempre las personas piensan que nosotras somos unas empleadas de Ecoopar. Entonces desde ahí ha venido como esa crítica y muchas veces dicen: ‘No, es que ustedes para eso les pagan’.

Las palabras humillantes y las acciones mezquinas lastiman, pero las mujeres que se han organizado para evitar que la basura del municipio afecte la biodiversidad del chocó biogeográfico o alcance el mar, saben de la importancia del trabajo ambiental que hacen, y con el poco dinero que ganan recolectando, separando y comprimiendo la basura que recolectan en las calles y áreas rurales del municipio, hoy tienen más autonomía financiera, algo vital en un territorio que ofrece pocas alternativas lícitas para las mujeres indígenas y campesinas.

Otras personas víctimas de la baja educación ambiental son las mujeres que restauran los potreros sin árboles que han dejado economías de la coca y el ganado. Algunos vecinos de las mujeres que han traído de vuelta agua a los cauces de quebradas y ríos no les creen que hagan las cosas sin ánimo de lucro, así lo afirma Alexander*, miembro de Los Gualpantes:

Confunden el trabajo social, ambiental con la parte de dinero. El hecho de estar nosotros trabajando en este tema que estamos aquí, le dicen, ‘¿Cuánto le dieron a ustedes por estar con la doctora aquí en este proyecto?’

La incomprensión no siempre proviene de desconocidos. Ambas organizaciones de mujeres también enfrentan que las familias les digan que pierden el tiempo. Así lo aseguró Sandra*, participante y voluntaria de Recicla Ricaurte por la Paz.

Pues en en la en mi familia prácticamente sí tuvimos inconvenientes cuando recién iniciamos. Porque pues se puede decir esto es como una locura, ¿no? Hicieron algo loco, o sea, tú dejas de hacer tu trabajo en tu casa y te vas a a un trabajo, como lo mencionaba, que no es remunerado.

Y lo mismo relató Lina* en uno de los talleres con la Fundación Bitácora Ciudadana, una de las mujeres Guardabosque que es enfermera:

Mis amistades, mis compañeras de trabajo sí me lo han dicho. Que es lo que haces allá metida perdiendo el tiempo, vos.

En los diálogos entre las mujeres ambientalistas, surgió el respaldo solidario entre compañeras, y los encuentros sirvieron además para diseñar estrategias y mitigar la afectación en los procesos organizativos que la descalificación provoca, como lo explica una de las participantes, una de las principales acciones de mitigación frente a la estigmatización es escucharse:

Cuidar nuestra salud emocional compartiendo con nuestras compañeras la situación desagradable.

_{Espacios de cuidado mutuo – Foto: Andrés Gómez}

Ese respaldo mutuo también fortalece la convicción de que su trabajo tiene sentido, así lo afirmó Pilar*:

Creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre las compañeras de la organización y también reconocer las otras iniciativas de liderazgo y de conservación que se están desarrollando en el municipio,

Defender la naturaleza en medio de economías ilícitas y violencia

El trabajo ambiental de las organizaciones de mujeres en Ricaurte ocurre en un territorio con alta biodiversidad pero que está atravesado por estos riesgos, por lo que varias de sus actividades como recoger reciclables en veredas o restaurar zonas degradadas, implican recorrer caminos rurales donde también están presentes economías ilícitas, actores armados legales e ilegales, e incluso minas antipersonal o municiones sin explotar.

En algunos casos, los senderos de las guardabosques pasan cerca de predios donde existen cultivos de uso ilícito. Por ello Clara*, miembro de las Gualpantes y una de las participantes de los encuentros, explica que esa cercanía ha generado tensiones con quienes controlan esos espacios:

Cerca de los predios de la reserva hay personas que tienen cultivos ilícitos. Entonces, como algunos de nuestros senderos pasan cerca de esos lugares, sí ha habido como un cierto choque.

_{Cocales en Nariño – Foto: Andrés Gómez}

Recorrer el territorio también significa moverse en zonas donde persisten riesgos asociados al conflicto armado. Ante esto, durante las jornadas de recolección o restauración ecológica, las mujeres saben que pueden encontrarse con combates, minas antipersonal o artefactos sin detonar. Pilar*, de Recicla Ricaurte, sabe de ese peligro: Al hacer recolección o recorrer los territorios, siempre estamos enfrentadas a ese riesgo cuando hay enfrentamientos o minas antipersona. Siempre hay que tener cuidado.

En ocasiones, incluso reciben advertencias directas para no ingresar a determinados lugares. Cuando eso ocurre, deben abandonar temporalmente sus actividades ambientales, así lo afirma Pilar*: Se han presentado situaciones donde a veces nos advierten, dicen nos dicen que pues a esa zona no podemos ingresar, no podemos hacer esa recuperación en ciertas zonas, entonces nos toca dejar, nos toca tratar de no hacer esa recuperación en esos lugares.

_{Talleres sobre minas antipersonal o artefactos sin detonar – Foto: Andrés Gómez}

El conflicto armado también ocasiona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y el Catatumbo, la oficina del ACNUDH verificó en 2025 al menos 150 casos de reclutamiento: 98 niños y 52 niñas, pero la cifra representa solo una pequeña parte de este crimen, debido al miedo a denunciar.

Uno de los modos empleados con las niñas y adolescentes es el enamoramiento. En el mismo informe, OACNUDH expone que sistemáticamente, integrantes de grupos armados coquetean en espacios comunitarios con las menores de edad para luego manipularlas con promesas de protección o apoyo económico, pero una vez reclutadas, enfrentan aislamiento, traslado forzado, coerción sexual y la imposición de tareas de cuidado o logísticas. Estas situaciones no son ajenas a los riesgos que enfrentan las organizaciones de mujeres de “Sembrando paz y resiliencia”, Clara no duda en ratificarlo: Muchas de de las personas o de los participantes de la organización o de los que trabajamos somos mujeres y en ocasiones se presenta de que pues esas personas empiezan como a molestar o a querer pretender a las niñas, con comentarios, a veces alusivos a nuestra parte física, y eso que nosotros no nos podemos ir cómodas.

El informe realizado por la OACNUDH sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025), también aclara que estas violencias no solo afectan a las mujeres, niñas y adolescentes que las sufren, sino a las comunidades: Para las mujeres de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, las violencias de género se inscriben además en contextos de racismo estructural y despojo territorial, afectando no solo a las personas directamente atacadas, sino también las dinámicas colectivas de cuidado, gobernanza y transmisión de la cultura.

Ante los riesgos que trae el conflicto armado, las organizaciones han tomado medidas de seguridad para reducir riesgos durante los recorridos, y una de las reglas principales es evitar desplazarse solas, así lo expresa Milena, otra miembro de los Gualpantes*: Cuando realizamos recorridos y pues en ocasiones como hay presencia de diferentes grupos en nuestros predios y si vamos a hacer un recorrido, pues lo hacemos acompañados.

También han aprendido a moverse únicamente por rutas conocidas y cuando circula información sobre posibles combates o presencia de artefactos explosivos suspenden toda actividad de reciclaje, así lo cuenta Pilar: “Cuando hay alertas de que hay cilindros bomba o esto, tratamos de no acercarnos”.

_{Reserva forestal Los Gualpantes – Foto: Andrés Gómez}

Las lluvias intensas y prolongadas han incrementado los riesgos de deslizamientos, avalanchas e inundaciones en el municipio, lo que afecta tanto los ecosistemas como la seguridad de quienes realizan recorridos en las montañas y en las vías del municipio.

En la reserva tenemos dos quebradas. Esa es una de las principales como riesgos que tenemos porque eh se crecen las quebradas… la reserva tiene un puente y pues eso es muy es un riesgo gravísimo… nos afectó parte de nuestras instalaciones… llevándose el puente por el cual nosotros accedemos.» Afirmó Clara*.

Durante las jornadas de recolección de reciclables, las mujeres de Recicla Ricaurte también enfrentan riesgos asociados a altas temperaturas, lluvias extremas o crecientes súbitas que dificultan sus desplazamientos por el territorio, y por ello Pilar explica que no salen a recuperar materiales cuando las lluvias son intensas: Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay pues avalanchas y esto eh están taponadas las vías, pues no, también se suspende

Las mujeres Guardabosques, sin embargo, enfrentan riesgos asociados a la deforestación y la contaminación que poco se hablan, y que afectan su proyecto ecológico. Uno es la contaminación: los cultivos ilícitos se utilizan muchos químicos… Todos esos químicos que están en lo alto de la montaña bajan hacia la parte baja de la reserva y en la reserva se siembran forrajes que estos son utilizados para los animalitos. Eso es un riesgo por la contaminación de toda las fumigadas porque consumimos el agua, es un riesgo bien alto.

Otro riesgo es la presencia de grandes felinos empujados hacia la reserva, lo que representa un riesgo adicional durante las actividades de monitoreo o restauración ecológica, como lo afirma Clara

Eh, tenemos la presencia de un puma… eso ha sido, pues digamos en nuestras zona es peligroso, ¿no?… hemos presenciado muertes de vacas… y como estamos en la reserva, van niños, van jóvenes, van adultos, hacen recorrido y pues eso puede ser peligroso para nosotros.

Las ambientalistas también han desarrollado medidas de prevención frente a eventos climáticos extremos que afectan sus recorridos y las zonas de conservación. Tratamos de que cuando hay deslizamientos, cuando hay lluvias fuertes, entonces no se salga a hacer esos recorridos o cuando hay avalanchas y están taponadas las vías, pues no, también se suspende lo que hace la asociación.

Sin embargo, es el monitoreo permanente del territorio la forma de anticipar riesgos ambientales. Nosotros como estamos siempre haciendo los recorridos y estamos en los procesos de restauración ecológica, pues hacemos como un monitoreo de cómo están esos afluentes, de que si se ha presentado algún deslizamiento o algo, entonces estamos nosotros mismos previniendo esas situaciones.

_{Cuidarse para cuidar – Foto: Andrés Gómez}

Mujeres Recicla Ricaurte por la Paz y la Reserva Natural Los Gualpantes muestran que las organizaciones ambientalistas lideradas por mujeres enfrentan riesgos derivados del conflicto armado, estigmatización, crisis climática, pero también que intercambiando experiencias se construye de forma comunitaria formas de cuidado que les permiten continuar defendiendo el territorio y sostener sus procesos ambientales en el municipio.

Lo que no es poco, especialmente en un territorio donde la violencia, la degradación ambiental y la crisis climática se superponen. Pero mientras el Estado no produzca información clara sobre quiénes defienden el ambiente, qué riesgos enfrentan y cómo se diferencian esos riesgos entre las personas defensoras: hombres, mujeres, Lgbtiq+, la prevención seguirá siendo insuficiente.

Las mujeres que restauran bosques, recuperan ríos y evitan que los residuos lleguen al mar ya están nombrando esas violencias y construyendo sus propias estrategias de cuidado. Lo que aún falta es que el Estado las escuche, reconozca sus saberes y actúe, y una herramienta que podría incluir sus reflexiones para incidir en la vida cotidiana es el Acuerdo de Escazú, pero a un año de que Colombia se suscribiera, todavía no se incorpora a la institucionalidad, y para las defensoras no debe demorar, así lo exige Marlene Arévalo: Entonces, para nosotros es fundamental y era fundamental que eh se aprobara el Acuerdo de Escazú, se acogiera el Acuerdo de Escazú acá en Colombia. Pero al día de hoy, mira, ya llevamos más de 1 año y no se ha hecho nada con el Acuerdo de Escazú.

El reclamo de Marlene es apenas justo. El informe de 2016 a 2025 sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expone una cifra aterradora. Casi 100 personas han muerto cada año durante los últimos 9 años; y por ello recomendó poner en práctica la red institucional de protección de personas defensoras del derecho al medio ambiente y profundizar la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú.