Mayo 10 – 2026

Michael Saportas Peláez 
Periodista

La senadora y candidata presidencial uribista, Paloma Valencia, ha intentado a toda costa lanzar un salvavidas a los colegios privados y para lograrlo ha propuesto replicar el mismo sistema de bonos escolares que acabó con la educación pública en Chile en los 80s.

Desde el Congreso y en su plan de gobierno, Valencia ha impulsado su proyecto neoliberal de bonos escolares con el que busca ponerle una lápida a la educación pública, ya de por sí empobrecida, para llenar las arcas de los colegios privados. Insiste en replicar este modelo, implementado por primera vez en Chile durante la dictadura, con consecuencias nefastas para ese país.

El documento oficial del proyecto de ley sobre bonos escolares propuesto por Paloma Valencia consta de más de cuarenta páginas dedicadas a enaltecer el sistema educativo chileno que, según ella, le debe su éxito a los vouchers de Pinochet. Aunque en varios apartados advierte sobre los errores cometidos en el caso de Chile, falta claridad sobre su plan para evitarnos a los estudiantes colombianos el mismo camino de exclusión y marginalidad.

Durante el régimen de Pinochet se diseñó un modelo educativo privatizador en el que colegios públicos y privados competían en condiciones desiguales para recibir recursos del Estado. Tras más de treinta años de vigencia de este modelo, tuvieron que tomarse medidas urgentes y en 2015, con la Ley de Inclusión Escolar impulsada en el gobierno de Michelle Bachelet, sufrió varias modificaciones.

Así surgió la Ley de Inclusión Escolar, que reemplazó el sistema de vouchers, y fue implementada bajo cuatro ejes fundamentales: fin al lucro, fin al financiamiento compartido, fin a la selección, y eliminación de barreras de ingreso a los estudiantes. Una de las consecuencias del antiguo modelo de bonos escolares en Chile fue precisamente el lucro de los dueños de los colegios privados, quienes se quedaban con los recursos sobrantes suministrados por el Estado. También establecía un sistema de financiación compartida entre el Estado y las familias a colegios privados que acabó por ampliar las brechas de exclusión, pues muchos estudiantes no alcanzaban a pagar las cuotas mensuales. En Colombia tuvimos el programa Ser Pilo Paga, un modelo parecido a menor escala implementado en universidades privadas con errores similares que conllevaron a su descontinuación en 2018.

Valencia ha insistido ante el Congreso que “a uno no le debe importar de quién es el edificio”. La verdad es que sí nos tiene que importar de quién es el edificio porque hablamos de poner recursos públicos en manos de privados. La candidata uribista ignora dicho episodio fundamental de la historia de la educación chilena, el cual explica por qué decidieron modificar este absurdo modelo que ni siquiera fue escogido en democracia.

Los méritos del sistema educativo chileno de los últimos treinta años no tienen nada que ver con los vouchers que defiende Valencia. Son más bien el resultado de los esfuerzos de los distintos gobiernos por invertir en educación tras el fin de la dictadura. Tanto es así que desde 1990 Chile viene aumentando el PIB destinado a este sector. Según el último informe Education at a Glance 2024 de la OCDE, Chile invierte el 5,9% de su presupuesto público en educación, posicionándose entre los países latinoamericanos que más priorizan este rubro.

En la década de los 90s los gobiernos posdictadura pusieron en marcha el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, MECE, cuyo propósito fue modernizar el sistema educativo a partir de la financiación de proyectos pedagógicos para estudiantes y profesores, buscando atender las necesidades más urgentes de los colegios públicos en materia de enseñanza, material didáctico, y equipamiento tecnológico. Uno de los objetivos del MECE fue la creación de equipos multidisciplinarios, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa en los procesos de mejoramiento.

Actualmente Chile cuenta con un sistema jurídico y de vigilancia robusto bajo la supervisión del Ministerio de Educación, el Sistema de Información de Estudiantes, SIGUE, que cumple funciones similares al Adres del sector salud en Colombia, y los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, sistema creado para garantizar que los recursos previstos para cada municipio sean destinados exclusivamente a la educación.

El sistema educativo colombiano carece de herramientas para proteger sus propios recursos. Ahora mismo no se sabe a dónde fueron a parar más de COP $540,000 millones transferidos por el Estado a Colfuturo para la financiación de becas de posgrado en el exterior, de acuerdo con la denuncia presentada por el Ministerio de Ciencias ante los entes de control.

Paloma Valencia y la bancada del Centro Democrático llegaron al delirio de acudir a a la tesis pinochetista para rescatar a la élite dueña de los colegios privados más prestigiosos del país, actualmente en crisis por falta de estudiantes. Como siempre, observan la historia desde el lado más conveniente. Su máxima líder busca a quién engañar con su disfraz de centro, ya desteñido a pocos días de las elecciones presidenciales.

Abril 14 – 2026

Por Michael Saportas Peláez
Periodista

La situación de desabastecimiento de agua en las comunas 18 y 20 de Siloé al suroccidente de Cali ha dejado al descubierto la negligencia e incapacidad técnica de la administración municipal para garantizar el servicio en las zonas de ladera de la ciudad.

El pasado 27 de marzo habitantes de los barrios de ladera de las comunas 18 y 20 de Siloé bloquearon la glorieta, un punto neurálgico del sector, como protesta por la falta de agua. Llevan años padeciendo esta problemática sin una solución a la vista. La misma situación ha ocurrido antes en otros barrios de las laderas del norte como Terrón Colorado y Altos de Menga; sus pobladores se acostumbraron a llenar baldes y a vivir en la incertidumbre de los cortes del suministro que pueden durar hasta meses. Ninguna administración ha tomado cartas. Calman a la gente enviándoles carro tanques y se conforman con los informes de los expertos de Emcali en los que, si pudieran, escribirían cien veces que es imposible garantizar el servicio para estos barrios como se hace con el resto de la ciudad. 

La problemática de suministro de agua en las laderas de Cali se ha agudizado en las últimas décadas a consecuencia del crecimiento de los asentamientos ilegales, la contaminación, la falta de infraestructura y la desigualdad en el acceso al servicio básico. Los barrios de las comunas 18 y 20 de estratos 1 y 2, entre los que se encuentran Alto Nápoles, Los Chorros, Brisas de Mayo, y Alto Polvorines, han sido los más afectados. Este sector es abastecido por la cuenca del río Mélendez, uno de los afluentes más importantes de Cali y hoy gravemente afectado por la contaminación proveniente de los socavones de carbón y la invasión de predios cerca al cauce.

Según han denunciado líderes sociales, la captación irregular de agua en condominios, y sitios como el Club Campestre también estaría afectando el suministro, ya de por sí escaso en la zona baja del río. Hablé con Jair, habitante del barrio Los Chorros de la comuna 18, y esta fue su explicación:

“Para nadie es un secreto que una de las problemáticas del desabastecimiento del río es la desviación del agua hacia zonas de urbanización en la ladera, donde hay grandes casa fincas que podrían estar acaparando más agua; los técnicos que nos han acompañado admiten que una de las consecuencias de la escasez de agua es el bajo caudal; ya no corre la misma cantidad de agua por el tubo principal que años antes” y agregó que “ya veníamos con este problema de años antes, llevábamos muchos años conformándonos con que nos llegara agua solo en la noche y nunca habíamos protestado para que nos llegue también en el día hasta que la quitaron definitivamente y ahí sí nos pusimos las pilas”.

Le pregunté al personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, por las denuncias de la comunidad contra el Club Campestre por supuesta sustracción ilegal de agua en la zona y esto dijo:

“En la medida que hay despilfarro encontramos que no llega el agua a las comunidades que se encuentran en la parte alta de la ladera; hay que establecer unos controles y sancionar a quienes sustraen agua de manera irregular; el tema del Club Campestre se va a hablar con el director de la CVC quien nos invitó a una reunión para descartar la posibilidad de que el Club esté captando agua de forma irregular; aceptaré su invitación y entraré a evaluar con todos los detalles la situación”, señaló.

Busqué una explicación del director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez, pero desde su oficina me dijeron que ese tema no les corresponde, y que los datos sobre la cantidad de captación de agua del Club los debe proporcionar Emcali, no ellos.

El director desconoce que en años anteriores la entidad que hoy lidera ha estado al frente de las medidas para regular la circulación de agua del río Mélendez. Una de las últimas intervenciones se adelantó en 2016 cuando la misma CVC autorizó, mediante la resolución 000292 de ese mismo año, la construcción de obras hidráulicas en el río para optimizar las bocatomas del Club Campestre y la Universidad del Valle. Cabe resaltar que en su momento hubo alertas de la comunidad ante el temor de que se modificara el nivel de captación de agua y la respuesta que recibieron, según se puede leer en un comunicado disponible en la página oficial de la entidad, es que podían estar tranquilos porque eso no iba a suceder, pues las obras tenían otro propósito. Les dejo el enlace: https://cvc.gov.co/carousel/2394-bocatoma-rio-melendez

Al problema de la captación ilegal de agua se suma el de la minería ilegal en las cuencas de los ríos Melendez y Felidia. Hoy los habitantes del corregimiento de La Leonera y del municipio de Felidia exigen ayuda urgente a la Alcaldía y autoridades pues el agua estaría bajando contaminada de mercurio y otros químicos que podrían afectar gravemente al ecosistema y la salud de la población residente.

Desigualdad e intereses oscuros, eso es lo que se está moviendo en esta zona de Cali donde la presencia institucional brilla por su ausencia. A los habitantes de La Leonera, y de las comunas 18 y 20 los va a matar primero la negligencia de la Alcaldía, Emcali y la CVC. No dimensionan la gravedad de los hechos, y el riesgo de que esta crisis escale hasta convertirse en una emergencia ambiental y humanitaria de grandes proporciones. Si eso pasa, lo primero que harán será pasarse la pelota como lo están haciendo ahora con el asunto del Club Campestre.

Mientras tanto la gente seguirá padeciendo mientras se buscan responsables. Mi pregunta es: ¿habrá alguna autoridad que se apropie realmente de esta crisis y acompañe a la comunidad en la búsqueda de soluciones, o esperan simplemente calmar las cosas con el envío de carro tanques?

Marzo 29-2026

Por Michael Saportas Peláez
Periodista 

En la frontera entre Colombia y Ecuador convergen intereses estratégicos, económicos y delictivos perseguidos por múltiples actores, entre los que se destaca la presencia cada vez más visible de agentes estadounidenses.  

Una bomba de fabricación gringa sin estallar lanzada desde Ecuador a territorio colombiano desató una crisis diplomática no vista desde aquella vez en 2008 en que el gobierno de Uribe autorizó transgredir la frontera para asesinar a Raúl Reyes, uno de los máximos cabecillas de las extintas FARC. En esta trama, la realidad supera la ficción y, lo que pareciera una representación simbólica, es el mejor ejemplo de lo sucedido en la frontera desde hace décadas; la disputa entre grupos armados por el control de las rutas del narcotráfico, contrabando, militarización, desplazamiento forzado, abandono estatal y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región. 

El gobierno de Donald Trump pretende revivir los tiempos del Plan Colombia. Este proyecto fue consensuado en el Congreso estadounidense en la década de los 2000 con el objetivo de reforzar la presencia militar de ese país en Colombia. Su implementación tuvo un costo de USD 1,300,000, destinados al fortalecimiento de las capacidades logísticas de las fuerzas armadas colombianas y la instalación de bases extranjeras en puntos clave como la frontera con Ecuador. Lejos de acabar con la violencia, esta alianza macabra entre agentes extranjeros, paramilitares y gobierno dejó decenas de muertos y desplazados en esa zona del país donde hoy ha vuelto a intensificarse la guerra. 

El denominado Plan Colombia fue denunciado en su momento por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional ante el riesgo de escalar el conflicto. Una declaración pública de la organización con fecha del 21 de julio del 2000 titulado “La postura de Amnistía Internacional respecto al Plan Colombia” documenta lo siguiente:

 “Amnistía Internacional se opone al programa de ayuda militar para Colombia porque la organización cree que hará escalar el conflicto armado y la crisis de derechos humanos. La organización ha documentado de forma abrumadora la responsabilidad de las organizaciones paramilitares ilegales en violaciones de derechos humanos generalizadas, sistemáticas y sumamente graves. También existen pruebas concluyentes de que los grupos paramilitares continúan operando con el apoyo tácito o activo de las fuerzas armadas colombianas. Existen también pruebas de que personal militar colombiano entrenado por fuerzas especiales estadounidenses ha estado implicado —por acto u omisión— en violaciones graves de los derechos humanos, incluidas masacres de civiles. Según los informes, el equipo militar proporcionado por Estados Unidos a las fuerzas armadas colombianas se ha usado para cometer violaciones de derechos humanos contra los civiles”.

Las advertencias no fueron tenidas en cuenta. Eventualmente sucedió lo que se temía y Estados Unidos terminó usando el Plan como excusa para eliminar todo rastro de oposición a sus políticas imperialistas en la región, en colaboración con el gobierno de Álvaro Uribe, y en complicidad con los grupos paramilitares, disfrazándolo de “lucha contra el narcotráfico” para perseguir a líderes sociales y desplazar a comunidades campesinas enteras de zonas estratégicas y ricas en recursos como la frontera colombo ecuatoriana. 

Así fue como el vecino del norte convirtió las regiones de Nariño y Putumayo en un centro de operaciones a cargo de empresas privadas dedicadas a la extracción de petróleo, comercialización de equipos militares, mantenimiento de aeronaves, labores de inteligencia, y fumigación de cultivos ilícitos. Empresas como Monsanto, cuyo propietario es la multinacional alemana Bayer AG, y DynCorp, contratista estadounidense, hicieron contratos multimillonarios con la venta y aspersión de glifosato, herbicida utilizado para la erradicación de hoja de coca, y altamente cancerígeno, según estudios de la OMS. 

Hoy las dinámicas del conflicto en la frontera colombo-ecuatoriana siguen siendo las mismas, pero con la participación de nuevas bandas criminales de un lado y otro.  Según el portal investigativo Insight Crime, esta es una de las regiones del mundo más importantes para la producción y exportación de droga a nivel mundial, pues ahí se encuentran los campos de hoja de coca más productivos del continente y fácil acceso a las regiones de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, desde donde se despachan lanchas y barcos pesqueros con dirección a América del Norte, Europa y otros lugares. Como hace veinte años el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal siguen siendo el centro de la disputa en esta zona, donde la pobreza y la desigualdad siguen contribuyendo a la guerra. 

Desde Estados Unidos presionan al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para que permita la presencia de bases extranjeras en su país, llevándolo incluso a perjudicar las relaciones diplomáticas con Colombia. Lo de la bomba no ha sido para nada una casualidad y deja en evidencia la necesidad del gobierno estadounidense de recuperar su influencia geopolítica y sus intereses económicos en esta parte del mapa con la vieja excusa de la “lucha antidrogas”, que ya le sirvió para intervenir en Venezuela. 

Los ecuatorianos ya firmaron el No en el plebiscito del año pasado sobre la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio. Sin embargo, su Presidente se esfuerza en cometer el mismo error que nos costó a los colombianos tantos muertos inocentes a principios del siglo. Tampoco le importa debilitar las relaciones diplomáticas con Colombia, uno de sus principales socios comerciales y sin el cual podría afectar seriamente la economía en su país. Entonces, ¿Para quién gobierna?

Marzo 15-2026

Por Michael Saportas Peláez
Periodista  

Iván Cepeda apeló a sus convicciones ideológicas por encima del cálculo electoral para escoger a la lideresa indígena Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

La decisión del candidato del Pacto Histórico no fue bien recibida por ciertos sectores de la izquierda. Se ha dicho que Quilcué no es una figura relevante que pueda ayudar a jalar votos en otros sectores; que no marca la diferencia por fuera de su territorio en el Cauca, donde la victoria está prácticamente asegurada.

Mientras los otros candidatos hacian cálculos políticos con café y calculadora en mano Cepeda, guiado por sus principios progresistas, revisaba cada detalle de la hoja de vida de la lideresa caucana. Quilcué es la antítesis de Paloma Valencia. Nació en la periferia del departamento del Cauca en Páez, y Valencia en la capital Popayán; una sin formación universitaria y la otra egresada de la Universidad de Los Andes y nieta de un expresidente que mantuvo fuertes diferencias con los pueblos originarios que Quilcué representa.

El Pacto escogió a la lideresa indígena con el único propósito de reforzar sus pilares ideológicos de izquierda en un momento en que muchos votantes todavía tienen dudas sobre las posturas de ciertos candidatos. Cepeda gana puntos al dar claridad en medio de este panorama incierto que han sembrado sus rivales en su afán de llegar al poder posando de “alternativos” e “inclusivos”.

Los colombianos, desde múltiples sectores políticos, estamos exigiendo tomar posición frente a temas complejos como la seguridad, el conflicto armado, los diálogos de paz y las relaciones internacionales. La elección de Quilcué deja un mensaje de confianza a las comunidades indígenas y sectores populares que buscan darle continuidad al actual Gobierno.

Ya en otra columna que publiqué en noviembre (Léala aquí) había mencionado la necesidad de Cepeda de encontrar una fórmula vicepresidencial que le permitiera conectar con jóvenes en redes sociales y en las calles, y así mismo refrescar el debate en temas de interés nacional; una estrategia que Oviedo ejecutó a la perfección hasta ahora que se adhirió al uribismo. Oviedo pudo ser, sin lugar a dudas, el Mamdani colombiano pero lo derrotó su confusión ideológica.

De igual forma, la derrota de Oviedo en primera vuelta era previsible, y acaba de aterrizar en la campaña de Paloma Valencia para arrastrarla a la hoguera. Algunos uribistas radicales pregonan que Oviedo llegó a “mariquear” al uribismo, y sus más de un millón de votantes de la consulta se le están bajando del tren.

Ya no funciona la idea del “centro” en la política de hoy, ya no convence a nadie o sino que lo diga Fajardo. No es gratuito que sean justamente Cepeda y De La Espriella los dos candidatos punteros en las encuestas; uno símbolo de la izquierda petrista y el otro representante de un sector de la extrema derecha que se cansó de sus viejos patrones.

Según la última encuesta de Atlas Intel, Cepeda lidera la intención de voto con el 36,4%, logrando una ventaja de casi 10 puntos porcentuales sobre De La Espriella que registra un 27,9%, pero habría que ver cuántos de los votos de uribistas y oviedistas decepcionados terminarán en las urnas de uno y del otro.

Todo indica que estos dos podrían disputarse la Presidencia en segunda vuelta. Juegan a la par en el caótico parqués de la política colombiana. Ambos fueron tímidos al escoger su ficha vicepresidencial y optaron por personajes como Aida Quilcué y José Manuel Restrepo, férreos defensores de sus respectivos proyectos de país. Mientras Paloma y Oviedo se queman mutuamente, ellos aguardan a la primera vuelta apenas moviendo el tablero.

En últimas, Colombia necesitará un Presidente seguro de sus objetivos de país. Si en algo se equivocó el Gobierno Petro en estos cuatro años fue en perder el rumbo de su principal proyecto, el de la Paz Total. Como resultado: la inseguridad desbordada como consecuencia de la expansión de los grupos ilegales, que venían fortaleciéndose desde la pandemia, y aprovecharon la falta de carácter del Gobierno para consolidarse. Ya muy tarde y con la presión de Estados Unidos por fin se dieron cuenta que ninguna de estas estructuras ha tenido voluntad de diálogo y paz.

La elección de Quilcué demuestra que Cepeda es un hombre decidido y con personalidad. Ojalá así mismo sea un eventual gobierno suyo, y que no le tiemblen las piernas como a Petro cuando Mordisco y otros personajes le tiren la mesa en medio de las negociaciones.

Amanecerá y veremos.

Febrero 28 – 2026

Por Michael Saportas Peláez 
Periodista 

El proceso de gentrificación que se adelanta en el centro de Cali mediante proyectos de empresarialismo urbano, ha llevado al desplazamiento progresivo de las familias que habitan esta zona de la ciudad. El búnker de la Fiscalía y los elegantes conjuntos residenciales ubicados sobre El Calvario conforman un desolador contraste de desigualdad en medio de la miseria que rodea al sector.

Bajo la primera administración de Jorge Iván Ospina en 2009, iniciaron los proyectos de Ciudad Paraíso y Megaobras, ambos fueron fundamentales para la transformación estética y de infraestructura que se dio en los años siguientes. Desde entonces, la ciudad ha sufrido importantes cambios entre los que se destaca la intervención en los barrios populares del centro histórico, la construcción del Bulevar del Río y el túnel de la Avenida Colombia. Sin embargo, estos avances han sido el resultado de políticas dirigidas especialmente a la promoción del consumo y el turismo, poco centradas en el bienestar de las comunidades.

Y es que la informalidad y la pobreza monetaria siguen siendo barreras persistentes. Esto sumado a la construcción de viviendas de alto avalúo en zonas marginales del centro y oriente como Sucre, El Calvario, Petecuy y Aguablanca está arrastrando a las familias de estos sectores a una condición socioeconómica todavía más precaria.

Este modelo de empresarialismo urbano no es nuevo en la ciudad. Los consorcios inmobiliarios llevan años consolidándose en Cali con la construcción de lujosas residencias en barrios de estratos 1 y 2. Lo más lamentable es ver cómo estas obras de desarrollo urbano van ganando terreno, cómo se desplaza a estas familias de un barrio a otro y se les va quitando espacio poco a poco en una ciudad que les pertenece cada vez menos.

Cali está lejos de consolidarse como una urbe inclusiva al estilo de ciudades como Medellín y Bogotá. Medellín ha sido escogida por Naciones Unidas como ejemplo internacional de urbanismo y su comunidad recibe cada vez mayores beneficios en transporte, educación y salud gracias a la implementación de proyectos de infraestructura y arquitectura urbana con enfoque social. Mientras Bogotá se está consolidando como referente de inclusión y sostenibilidad en América Latina.

Un ejemplo clarísimo de cómo el mismo modelo arrebata incluso los entornos conquistados por la comunidad ha sido la privatización de la Feria de Cali y ahora quieren hacer lo mismo con la Calle del Sabor; ya hay advertencias de que este espacio que se consolidó como epicentro de la salsa ahora está en la mira de Bavaria y de la Licorera del Valle quienes, según denuncias en el Concejo, serìan los responsables de la instalación de palcos vip.

Por fortuna no todo está perdido. La apertura de los nuevos Multi Campus universitarios de la Ladera y Agua Blanca representa un paso importante hacia la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo urbano social, iniciando un camino de inclusión junto a poblaciones históricamente marginadas del oriente y periferia de la ciudad.

En todo caso, Cali necesita replantear con urgencia sus políticas de urbanismo. La ciudad se hunde cada vez más en la desigualdad y la pobreza mientras administraciones como la de Eder continúan priorizando sus intereses particulares a costa de la precarización de las familias que habitan los sectores intervenidos. Urge un plan que cobije a estas familias como ya se está haciendo en la comuna 20 en Siloé con la Ruta de la Esperanza, un espacio de diálogo intercultural para promover el respeto, diversidad e inclusión con el turismo como motor de desarrollo.

Enero 25 – 2026

Por Michael Saportas Peláez
Periodista 

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició una guerra arancelaria absurda con Colombia en su intento por ocultar el fracaso de su política de seguridad.

Fiel a su amo del norte el presidente ecuatoriano acató órdenes desde Davos de subir un 30% los aranceles a Colombia, uno de sus mayores socios comerciales. La excusa no podía ser otra que el narcotráfico, el mismo argumento que le ha servido a Trump para invadir Venezuela y amenazar a sus vecinos del sur. Con esta medida Noboa podría desatar una nueva crisis en su propio país más allá de la que ya viven por la inseguridad causada por bandas criminales locales en alianza con las colombianas.

No es la primera vez que el gobierno de Noboa pone en riesgo las relaciones internacionales con sus vecinos aludiendo a razones de seguridad y narcotráfico. Basta recordar la violenta irrupción de las autoridades ecuatorianas en la Embajada de México que derivó en la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba tramitando su exilio político.

Noboa viene de culminar un 2025 mediocre marcado por el rechazo de los ecuatorianos a su Asamblea Constituyente con la que pretendía, entre otras cosas, instalar bases militares extranjeras en su país. Con el 61,58% de votos en contra, al Presidente le tocó agachar la cabeza y aceptar la decisión de su gente. Esto y sus peleas con los magistrados de las altas cortes a quienes ha calificado de “activistas políticos” por interponerse en sus intentos de torpedear la Constitución, han creado un clima de desaprobación hacia su gobierno.

Ecuador vive una de las peores olas de violencia de su historia. Antes de que el presidente ecuatoriano asumiera funciones en 2023 se registraron 5893 muertes violentas y en 2025 esta misma cifra ascendió a 904 homicidios más, según datos del portal Lupamedia.

El remedio fue peor que la enfermedad. Los ecuatorianos que pusieron sus esperanzas en un gobierno que prometía reducir la inseguridad ya en aumento desde años anteriores hoy se sienten doblemente decepcionados tras su reelección y el poco avance reflejado en otros sectores como empleo y educación.

Noboa quiere cargarle la responsabilidad a Colombia de los ríos de sangre que hoy corren en su país y en la frontera, como si el problema del narcotráfico no fuera un asunto de interés bilateral. Muy al estilo Trump sube los aranceles de forma arbitraria y amenaza con hacer lo mismo con el crudo, desviando la atención a otros horizontes mientras se incendia su propia casa.

Ninguno de los dos países tiene cartas para pelear una batalla económica. El sector energético ecuatoriano es débil. La crisis de apagones del 2024 no fue peor gracias al respaldo de Colombia, así lo demostró el informe más reciente del Fondo Monetario Internacional. Las regiones del suroccidente colombiano como Nariño, Putumayo y el Valle del Cauca serían las más afectadas si esta guerra arancelaria sigue escalando. En Cali sólo en 2024 el comercio con Ecuador superó los USD 150 millones, la mayor parte proveniente de productos como medicinas, jabones, azúcar y aceites, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Lo cierto es que con las malas decisiones del gobierno de Ecuador perdemos todos. Pierden los comerciantes y sobre todo los consumidores de ambos lados de la frontera. Y mientras escala la guerra arancelaria los narcos siguen haciendo de las suyas, porque a todo el mundo le afectan estas medidas menos a ellos.

Enero 3 – 2026

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Los ataques “quirúrgicos” de Estados Unidos contra unidades militares venezolanas y la captura de Nicolás Maduro Moros constituyen una flagrante violación del derecho internacional. La acción temeraria de USA golpea la legitimidad e incluso la viabilidad de la ONU como institución multilateral garante de un orden internacional dominado por potencias militares y económicas que en el pasado y en mutuo acuerdo modificaron fronteras, crearon Estados y negociaron recursos.

El genocidio en Gaza es quizás el punto de inflexión (in) moral más reciente con el que se validarán en adelante ataques e intervenciones militares, estigmatizaciones y persecuciones étnicas y la apropiación de recursos estratégicos para un mundo que, con sus lógicas de consumo, necesita asegurar nuevas fuentes de energía y el control en pocas manos del petróleo y el gas.

Los gringos entraron a Venezuela no tanto para desmontar el régimen de Maduro, sino para garantizar una transición política, ojalá lo menos traumática posible que les permita controlar la producción de crudo y gas como lo hacían hasta antes de la irrupción de Chávez Frías. Eso de “reestablecer la democracia” es el parapeto ideológico sobre el que se justifica la violación de la soberanía. 

Llama la atención las reacciones de los escuderos de Maduro, entre ellos Diosdado Cabello y las declaraciones de un alto oficial: condenan la incursión armada sin la beligerancia y el patriotismo exhibidos meses atrás cuando Trump atracó sus barcos de guerra frente a las costas venezolanas. La mesura y la prudencia con la que salieron a informar sobre los hechos sobrevinientes hacen pensar en la posibilidad de que la “captura” del presidente Maduro haya sido fruto de una negociación directa del mandatario venezolano con agentes de Donald Trump.

Negociada o no la salida de Maduro de Miraflores, se confirma y se legitima a  Estados Unidos como el Gran Sheriff dispuesto a poner orden en la América Latina que se acercó peligrosamente a China a través de la Nueva Ruta de la Seda.

En el ámbito doméstico, la acción armada de USA podría jugar un papel clave en las elecciones presidenciales en Colombia. Recordemos la amenaza de Trump sobre el ya saliente presidente colombiano: ¡serás el próximo! Si el proyecto político progresista logra una victoria, ese ultimátum recaerá sobre Iván Cepeda. Ya veremos si una vez instalado en la Casa de Nariño modifica su discurso y asume que estamos solos ante la nueva doctrina Monroe que promueve el convicto presidente norteamericano: los recursos de América Latina, paras los americanos. 

Noviembre 23 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista

Alias Iván Mordisco logró juntar en su contra a la izquierda y derecha de este país, actualmente uno de los más polarizados de América Latina. La gota que colmó el vaso fue la muerte de siete niños secuestrados por sus disidencias, en medio de un bombardeo del Ejército en el Guaviare.

Es el hombre más perseguido de Colombia. El Gobierno ha ofrecido hasta $5 mil millones de pesos por información de su paradero. El ELN, la Segunda Marquetalia y otros grupos armados quieren su cabeza. Inició como guerrillero raso hace veinte años en las antiguas Farc. Tras la captura de alias Kokoriko en 2009, tomó el mando de la Compañía de Orden Público del Frente Primero. En 2016 se convirtió en el jefe del Estado Mayor Central, luego de rechazar el Acuerdo de Paz e invitar a sus compañeros a regresar a las armas.

Hoy vuelve a dar de qué hablar con sus declaraciones de guerra contra el presidente Petro en las que lo señala de “complacer a los gringos”. El discurso de Mordisco, que se hizo viral en redes, parece sacado de una película pro stalinista del siglo XX. Sin ninguna vergüenza habla de buscar soluciones al capitalismo mientras rentabiliza su bolsillo con el narcotráfico y la minería ilegal. Acusa al

Gobierno de perseguir líderes sociales, aún con todos los muertos que tiene encima por su absurda guerra. Se le olvidan los cuerpos de los ocho líderes comunitarios hallados en una fosa común en Calamar, Guaviare y que fueron asesinados en medio de las confrontaciones entre sus hombres y los de alias Calarcá.

La Defensoría ha advertido sobre la grave situación humanitaria que se vive en el Guaviare. Cerca de 10 mil personas se encuentran confinadas por la violencia armada. Hay escasez de alimentos y las brigadas médicas tienen restringido el ingreso. Todo esto ocurre en las narices del máximo líder del EMC, que está muy ocupado elaborando discursos sobre el pueblo y la revolución, oculto y custodiado por sus escoltas en medio de la selva.

Es tan lamentable la situación en Calamar que ya nadie se atreve a ejercer el liderazgo comunitario y hay temor hasta de ir a las iglesias. No sé si ese es el modelo de país al que nos quiere llevar Mordisco, un país libre de las desigualdades y la pobreza del capitalismo, donde la gente no tenga permitido ni siquiera asistir a una misa, un país democrático en el que se fusila al que piensa diferente, un país para el pueblo pero sin el pueblo. El líder del EMC tiró por segunda vez a la basura la oportunidad de cientos de hombres y mujeres a su mando de dejar las armas y construir una nueva vida junto a sus familias. Tuvo las agallas de hacerlo frente al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, un gobierno que ha hecho por el pueblo mucho más que él en veinte años atentando contra el ciudadano de a pie.

La inauguración del multicampus universitario en Siloé, uno de los focos de resistencia en Cali durante el estallido social, es la prueba de que el cambio es posible a través del poder popular y no con las armas. Pero qué va saber de esto Mordisco si su “revolución” no es más que una fachada ideológica.

Noviembre 9 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista 

Una de las claves del triunfo del socialista demócrata, Zorhan Mamdani, en los comicios del pasado 4 de noviembre para la Alcaldía de Nueva York, fue su estrategia comunicativa basada en mensajes claros y cercanos a la clase trabajadora. El Pacto Histórico debe utilizar como espejo el ejemplo de éxito de la campaña del líder musulmán; mantenerse cerca a sus fortines electorales, sobre todo en las regiones donde triunfó en 2022 y confrontar a la oposición con argumentos.

El musulmán de 34 años, nacido en Uganda, logró un triunfo histórico para la izquierda estadounidense, convirtiéndose en el Alcalde más joven desde 1892, y el primero de su origen en la ciudad cumbre del neoliberalismo. Mamdani, que hasta hace un año era un desconocido, consiguió más de un millón de votos saliendo a las calles a buscar a los jóvenes y amplificando su estrategia comunicativa en sus redes sociales, donde ha compartido desde reels editados al estilo Bollywood, hasta discursos en español y urdu, uno de los idiomas más hablados en India y Pakistán. Tampoco le ha temblado la voz al dirigirse a Donald Trump, a quien le aconsejó frente a las cámaras subir el volumen de su discurso de victoria.

En Colombia el Pacto Histórico está más fuerte que nunca. Con los 2,7 millones de votos de la consulta llevada a cabo el pasado 26 de octubre quedó demostrado el amplio apoyo con el que aún cuenta la fuerza política del actual gobierno. Pero la extrema derecha uribista se prepara con candidatos como Abelardo de La Espriella y María Fernanda Cabal que, aunque no convencen con propuestas, sí lo logran hacerse visibles por medio de la provocación a sus rivales.

Mamdani desafió al trumpismo durante toda su campaña, algo que ha sido inaceptable para los demócratas de las viejas generaciones, quienes sólo ven radicalismo en sus discursos. La tibieza les costó las presidenciales en 2024; le dejaron el camino a un Trump que se reencauchó tras sobrevivir al atentado en el que casi le vuelan la cabeza. Y es que si algo ha sabido hacer Trump es provocar y confrontar. Sus seguidores apoyan cada mensaje suyo en Truth Social y X; cada referencia o comentario punzante contra sus detractores es replicado miles de veces. Trump sabe que su actitud tóxica vende, que el ecosistema digital está diseñado para premiar las publicaciones sensacionalistas.

Según James Williams, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oxford y ex empleado de Google, hoy a las empresas tecnológicas les interesa captar la atención de los usuarios de redes para redirigirla con fines lucrativos y electorales. Eso explica cómo un montaje de Trump sirviendo papas fritas en un McDonald ‘s en Pensilvania pudo darle 300 millones de visualizaciones a la cuenta oficial del entonces candidato, en menos de un día. A esto se le llama toktificación del voto, y le ha permitido al magnate gringo conectar con audiencias jóvenes a punta de memes, emociones y polémica.

Aquí tenemos a nuestra Trump uribista, la senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal, quizás la figura de la extrema derecha colombiana que mejor ha entendido el concepto del odio como negocio. Cabal, que nos tiene acostumbrados a sus comentarios desinformados y fuera de contexto, arrancó su campaña a la Presidencia con una entrevista para La Silla Vacía dirigida por el periodista y editor de este medio, Daniel Pacheco, a quien le dijo que “tiene cemento en el cerebro” al referirse al exterminio de la Unión Patriótica a manos del Estado.

En Colombia no tenemos un Mamdani capaz de enfrentar con carácter a la candidata uribista. Tampoco existe una voz con la que los jóvenes podamos identificarnos. De ahí que el proyecto político de Petro necesite renovarse con nuevos representantes. El Pacto Histórico buscará dar la pelea de la mano de Iván Cepeda, congresista de vieja data que viene de medirle el pulso en un juicio a la máxima figura política que ha tenido el país en los últimos 30 años, el expresidente Uribe. Pero a pesar de su cercanía con la clase trabajadora, las comunidades LGBTIQ+, la clase campesina y el estudiantado, todavía no convence a muchos jóvenes progresistas que no se sienten identificados con el Pacto ni con ningún otro miembro de la izquierda.

Ahora bien, no basta una buena estrategia comunicativa. Mamdani manejó las redes sociales a la perfección y de eso no hay duda, pero pasó noches conversando con jóvenes en bares y discotecas, algo impensable en un país donde los políticos están acostumbrados a dirigirse a sus simpatizantes casi que exclusivamente por medio de sus redes.

Cepeda cuenta con el apoyo de un amplio sector de los colombianos que quiere darle continuidad al proyecto político del Gobierno Petro. Pero debe cuidarse de las provocaciones de los candidatos facinerosos de la extrema derecha; enfrentarlos con veracidad y evitar caer en discusiones vacías que inducen al error. Una fórmula vicepresidencial joven podría acercarlo a las nuevas generaciones que poco conocen de su trayectoria y sus ideales políticos.

Pero si el Pacto no se pone de acuerdo para la foto ocurrirá lo mismo que con Biden y Harris en 2024. Le dejarían el camino libre a una candidata como Cabal, que por ahora está haciendo bien la tarea.

Noviembre 1-2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

La unión – re-unión- entre los expresidentes César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez representa el regreso al pasado y es en sí misma una forma de negarse a superar la concepción mafiosa del desarrollo económico con la que se ha impulsado el bienestar de unas minorías que convirtieron la política en una transacción, en un negocio y por esa vía les negaron la ventura a las grandes mayorías en el país. De esa manera, la política perdió su carácter público y su sentido colectivo para quedar reducida a un arreglo o a un cruce entre perfumados politicastros.

Esa idea mafiosa del desarrollo está amparada en una economía de enclave pensada para que el valor agregado de la explotación de materias primas no se quede en el país. Y ello incluye, claro está, a la producción de la cocaína que bajo la misma lógica de los modelos exportador primario y el de gran plantación garantiza que el valor agregado y las ganancias se quedan en el exterior y en el sistema financiero  internacional. Y por supuesto que esa idea mafiosa del desarrollo está asociada y atada a la operación de castas políticas, casas y clanes políticos, gobernantes locales, regionales, presidentes de la República, generales de la República y comandantes paramilitares y guerrilleros. Todos juntos aportando su grano de arena para mantener y extender en el tiempo las precarias condiciones sociales y económicas propias de un país subdesarrollado. 

Veamos el caso del expresidente Uribe Vélez. Es un vulgar capataz, ordinario, apocado, marrullero y violento, con una visión reducida del desarrollo por su misma condición de ganadero y latifundista, de la que se desprende su carácter premoderno, incivilizado y feudatario.

El procesado y condenado en primera instancia por delitos no políticos jamás se atrevió a impulsar en sus ocho años de gobierno un desarrollo superlativo por una sola razón: solo le interesó sacar adelante a sus hijos ayudándoles con negocios como el de la zona franca de Mosquera (Cundinamarca) y la construcción de centros comerciales apalancados con el negocio de las pensiones tal y como lo reconoció Thomas Uribe[1][1], uno de los vástagos del expresidente antioqueño. Y claro, devolver los recursos económicos y políticos a los agentes que apoyaron la compra de su reelección presidencial inmediata a través de Agro Ingreso Seguro.  Y jugar a la guerra en el país, para beneficiar a los War Lord de los Estados Unidos e Israel y a sus amigos ganaderos y latifundistas, en particular a los señores de los proyectos agroindustriales que empezaron a instalarse en la Orinoquia y a copar los territorios que dejaron las desmovilizadas Farc-Ep y en los jamás hizo presencia el Estado. 

Así las cosas, al exdirector de la Aerocivil y exgobernador de Antioquia jamás le interesó reindustrializar al país. Él, como a otros políticos y poderosos actores económicos les interesa mantenerse como rentistas, esto es, vivir de la teta del Estado. Por ello insisto en que se autodenominan capitalistas y creen que pueden desarrollar el país con peajes caros y sin trenes. Son rentistas. No les gusta competir, les fascina concentrar el poder económico político. Su apuesta es privatizar el Estado. Por eso somo lo que somos: un platanal con bandera.

Entre tanto, César Gaviria Trujillo deviene como el sepulturero del Partido Liberal, en especial del ala progresista y de izquierda de esa colectividad con la que en el pasado se lograron avances en un país como Colombia que aún está lejos de ser una República. Gaviria Trujillo es un iliberal y comerciante de puestos al que solo le interesa asegurarle a su hijo Simón un lugar en la política. A lo mejor en lo hablado con Uribe acordó el lugar que él cree que se merece su vástago. El país no olvida que Simón Gaviria siendo “presidente de la Cámara de Representantes, firmó la conciliación de la reforma a la Justicia sin revisarla artículo por artículo. Esto incluyó “micos” (cláusulas polémicas) que no detectó, lo que llevó a que la ley fuera calificada como un “engendro” por la prensa. En declaraciones a medios como Semana y La W Radio, admitió: “Acepto el error y le pongo la cara al país por esto. Reconozco que leí la conciliación ‘por encima’ antes de firmarla” y “No vi la minucia de la ley ni revisé la ley artículo por artículo”.

La cumbre entre estos personajes constituye un retroceso para el país. Los 20 años de uribismo y los cuatro años de Gaviria sumieron a Colombia en un profundo subdesarrollo y en una insana premodernidad. Quienes hoy aplauden la reunión entre dos carcamales que huelen a gladiolo mustio lo hacen porque son igualmente rentistas o porque comparten su visión mafiosa y empobrecida del desarrollo económico y de la política. Nuevamente el futuro del país queda comprometido por estos dos politicastros. Así las cosas, bienvenidos al pasado. El país podría pasar en el 2026 del Pacto Histórico al Pacto Prehistórico (Vladdo). 

Octubre 24 – 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

La inclusión de Gustavo Petro y miembros de su familia en la famosa “Lista Clinton” obedece a una decisión política con propósitos electorales, y con visos de venganza personal de específicos congresistas norteamericanos. Además, se trata de un despropósito judicial y una arbitrariedad del fatuo presidente de los Estados Unidos, condenado por 34 cargos y señalado de pederastia, junto a Jeffrey Epstein.

El inmoral presidente de los Estados Unidos está siguiendo el guion político-moral-electoral que la uribizada derecha colombiana diseñó de la mano de Marco Rubio y Bernie Moreno, entre otros congresistas republicanos para construir el peor ambiente electoral en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Juan Carlos Pinzón Bueno, entre otros, le están apostando a deslegitimar al gobierno Petro con fines desestabilizadores, pero sobre todo para generar terror en el empresariado y en millones de colombianos que asumen que votar por la continuidad del proyecto progresista concita enormes riesgos económicos. 

En los visos de venganza que se observan en la decisión está el congresista republicano Bernie Moreno y su hermano de Luis Alberto Moreno, presidente del BID entre el 2005 y el 2020. En trinos y en reciente alocución presidencial, Petro atacó de manera directa a los hermanos Moreno. “En este libro que hice, que espera ser editado y ojalá traducido al inglés, se cuenta prueba fehaciente el robo del Banco del Pacífico por el hermano del actual senador por Ohio, Bernie Moreno. Aquí podrá ver porque están tan interesado en que Trump rompa con el gobierno de Colombia”. En otro mensaje, borrado por Petro, hizo referencia a “…una operación de lavado de activos hecho en el gobierno de Pastrana. Y hay un segundo hecho que vincula al señor Bernie y es que su hermano participa en esa operación de lavado de tierras”.

La reacción del presidente de la República le da sentido de realidad a la participación de Bernie Moreno en la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siguiendo instrucciones del huésped de la Casa Blanca. Esto espetó: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Veamos entonces cuáles son los objetivos planteados en esa tarea conjunta diseñada entre los republicanos y la derecha local: acorralar al presidente Petro para que de manera impulsiva termine de ahondar la crisis diplomática entre Washington y Bogotá, por ejemplo, expulsando del país a los militares gringos que hacen presencia en bases militares colombianas gracias a la cooperación bilateral firmada en el 2009. Una medida de esa naturaleza terminaría por consolidar la narrativa que indica que Petro y Maduro son enemigos de los Estados Unidos, razón suficiente para impulsar una intervención militar en ambos países, extender el bloqueo económico a Colombia y de esa manera construir un nuevo “eje del mal” que anime a Trump a tomar otras medidas excepcionales. 

El segundo propósito es deslegitimarlo como figura política haciéndolo aparecer como una defensor de Hamas, grupo extremista y terrorista que masacró a más de mil personas, hecho que generó la ira santa de Israel y el consabido genocidio contra el pueblo Palestino que Estados Unidos y Europa apoyaron de manera decidida.

El tercer objetivo es naturalizar de tal manera la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, que la continuidad del proyecto progresista o el triunfo de un candidato de “centro” obligaría a esos mandatarios a aceptar sin chistar las nuevas formas de intrusión de los gringos en las dinámicas institucionales de Colombia, en particular en asuntos como la lucha contra el narcotráfico en las que el próximo gobierno estaría obligado a perseguir al campesinado y  olvidarse de hostigar a los agentes mafiosos que el sistema financiero internacional y la DEA previamente han aceptado para mantener la pantomima de una lucha que aunque fracasada debe continuar por el bien de la economía norteamericana, la colombiana y la del mundo entero.

La pregunta que surge es: ¿Se pudo evitar este desenlace político-moral-electoral? La respuesta es no, por varias razones a saber: la crisis diplomática entre Bogotá y Washington, el desobligante trato de Trump al presidente Petro y la inclusión de este último en la Lista Clinton jamás fueron manejados internamente como asuntos de Estado. El silencio de los presidentes de las altas cortes, el apoyo de varios expresidentes de la República y del propio empresariado frente al calificativo que lanzó Trump contra Petro, llamándolo “líder de los narcotraficantes” dio cuenta de una inexistente visión de Estado y una fractura institucional que al final incentivó al presidente de los Estados Unidos a continuar atropellando al país, a la dignidad presidencial y a los colombianos. Por supuesto que estos tres últimos elementos los asumen los miembros de la derecha uribizada como parte de la retórica mamerta con la que Petro insiste en inhumar el concepto de dignidad que Uribe y otros agentes del Establecimiento colombiano  enterraron en una de las tantas fosas comunes que aún existen en el “País de la Belleza”.

Por supuesto que al presidente Petro le cabe responsabilidad política al preferir la confrontación personal con Trump, en lugar de entregarle a los diplomáticos la tarea de manejar este desenlace que de todas maneras afecta negativamente la continuidad del proyecto progresista en el 2026. Y no se trata aquí de gritar “ni un paso atrás y jamás de rodillas”, estribillo sostenido en una visión de Estado, con todo y soberanías, que no tienen los presidentes de las altas cortes y el uribismo. A lo mejor Petro no creyó que el Establecimiento colombiano fuera capaz de dejarlo solo frente al poder intimidatorio del gobierno norteamericano. O no midió de hasta dónde son capaces de llegar sus más visibles agentes de poder con tal de hacerse nuevamente con la Casa de Nari.

Adenda: si la izquierda gritaba con emoción y algarabía que Uribe es el primer expresidente condenado (en primera instancia) por delitos no políticos; la derecha hará lo mismo gritando que Petro es el primer presidente colombiano en hacer parte de la deshonrosa e inmoral Lista Clinton.

Octubre 22 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista

El Nobel de la Guerra tendría más candidatos que cualquier otro galardón en el mundo. Cada año los competidores se pelearían a muerte por alcanzar la máxima distinción, que reconocería sus esfuerzos por hacer el odio en un mundo que pide a gritos la paz.

Uno de los favoritos sería el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien se dedicó durante dos años seguidos a llevar a los palestinos al exterminio con bombardeos incesantes y el bloqueo de ayuda humanitaria. Le seguiría el grupo terrorista Hamas con su plan de aniquilación de familias judías. El presidente del país de la libertad, Donald Trump, candidato al Nobel de Paz a pesar de su proyecto de caza de migrantes; parece que fue escogido para el certamen equivocado porque seguro en este si ganaba. Putin, y su homólogo el comediante ucraniano que viaja por el mundo pidiendo armas. Y finalmente la última ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, máxima representante de la extrema derecha venezolana, por su persistencia en derrocar al dictador Maduro pidiendo intervención militar estadounidense mientras permanece escondida en su casa en Venezuela.

El Nobel de Guerra debería cumplir con ciertos requisitos: lo principal es que no aporte nada bueno a la humanidad, entre más miserable, mejor. Las candidaturas serían presentadas por tribunales de guerra, gobiernos, investigadores, profesores, miembros de asambleas nacionales de guerra, líderes de institutos de investigación para la guerra e institutos de asuntos exteriores para la guerra.

En ese orden de ideas el presidente Trump tendría más méritos de ganar el Nobel de Guerra por su empeño en perseguir migrantes, separar niños de sus familias, y promover sus deseos expansionistas a Groenlandia y Canadá. Machado hubiera ganado en esta categoría sin despeinarse junto a su amigo Netanyahu, al que ha aplaudido por su noble labor en Gaza.

La peligrosa activista Greta Thunberg tendría que ser condenada por sus acciones terroristas de llevar comida y medicinas a niños, mujeres y ancianos moribundos. También el presidente Petro por llamar a la desobediencia civil en el país de la libre expresión.

Y entonces el Nobel de Paz dejaría de existir. Ya no hay certeza de si vivimos en el mundo al derecho o al revés, pues como diría Discépolo en Cambalache vivimos mezclados en un merengue todos manoseaos, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.

Octubre 13 – 2025

Por Germán Ayala Osorio
Analista político 

El odio y la violencia discursiva marcan de manera temprana el talante y el nivel de la discusión pública de los asuntos propios de la campaña presidencial y congresional de 2026, convertida por la derecha en una suerte de revancha contra la izquierda, el petrismo y el progresismo. Desde esa orilla ideológica se ofrecen bala o balín, actividades asociadas a destripar a todo lo que huela a izquierda, que acercan a quien así lo propone al perfil criminal de Jack El Destripador; también se ofrecen persecuciones judiciales y se posiciona la narrativa que señala, en tono catastrofista, que el país va mal por culpa de Petro y que Colombia cayó a un precipicio, de ahí la necesidad de “salvar y recuperar al país”.

Por el lado de las huestes que apoyan al presidente Petro ese mismo escenario electoral se asume como la oportunidad histórica para consolidar procesos sociales, políticos y económicos, sin un mea culpa por los errores cometidos, pero que deben continuar para poder avanzar hacia estadios civilizatorios modernos a los que la derecha jamás apuntó a llegar porque justamente sus más reconocidos líderes y voceros se la han jugado para mantener a sectores societales sumidos en inmorales circunstancias de vida, naturalizadas porque hacemos parte del Sur global empobrecido, subdesarrollado y atávico culturalmente.

Unos y otros, cegados por la animadversión y la inquina se olvidan de reconocer errores, en particular los que son responsables políticamente de la irrupción de las ideas progresistas que encarna el presidente Petro y el consecuente despertar de sectores poblacionales que se sienten satisfechos mas que con las acciones y logros del gobierno conducentes a cambiar históricos estados de cosas inconstitucionales, con la actitud confrontadora y retadora del jefe del Estado contra los poderes tradicionales locales e incluso frente a un orden internacional atado a las relaciones de dominación entre el Norte global opulento y el Sur global sometido.

Entendida la política como el “arte de engañar”, en Colombia esa sentencia deviene con un profundo anclaje a una realidad incontrastable: la clase política y empresarial caminan de la mano de un ethos mafioso que por un lado enriquece a unos pocos, mientras que somete a millones de colombianos a vivir en miserables condiciones y a otros tantos a mendigar contratos con el Estado, previa venta del voto. Sobre esta última idea, todos los gobiernos pagan apoyos electorales de activistas y grupos de poder. Un círculo vicioso que confirma el imaginario que señala que efectivamente la “política es el arte del engaño”.

La corrupción público-privada es el correlato y la constatación de la efectiva operación del ethos mafioso que guía la vida de empresarios, rectores de universidades públicas y privadas, policías y militares de todos los rangos y por supuesto, políticos y candidatos presidenciales que prometen acabarla, mientras guardan silencio sobre las andanzas de sus familiares y no juzgan a las administraciones uribistas en las que se naturalizó la corrupción y el Todo Vale.

Bajo esas circunstancias en el 2026 iremos millones a votar y otros tantos se abstendrán de participar de la fiesta electoral en la “democracia más antigua de América Latina”, el más efectista eufemismo con el que evitamos reconocer que hemos consolidado una democracia formal y procedimental en la que hay gente que se muere  de hambre, otra por culpa de la corrupción de las EPS y de un sistema de salud hecho a la medida de la clase política mafiosa; a otros los asesinan porque sí, porque piensan distinto  o por culpa de un centenar de facinerosos que andan de camuflado, con fusil terciado, brazalete y se auto denominan “revolucionarios”.

Al final de cuentas, lo que queda en evidencia es que los precandidatos presidenciales- por lo menos 70- le apuntan exclusivamente a llegar a la Casa de Nariño con un vacío conceptual compartido alrededor de tres conceptos claves: Estado, Modernidad y Dignidad. En particular los candidatos de la derecha no conocen o prefieren ignorar las definiciones universales aceptadas de esas tres nomenclaturas, porque los guía el cortoplacismo, el clasismo, el racismo y la rabia que les produce saber que son hijos de un proceso de mestizaje en el que hay genes de indígenas y negros.

Septiembre 28 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista 

La decisión del gobierno estadounidense de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico debería hacernos replantear la manera como hemos enfrentado este flagelo en el que ya hemos desperdiciado infinidad de recursos y vidas.

 Al presidente Petro lo llaman loco por decir la verdad ante el mundo, que la política antidrogas ha sido un fraude. Y no es el primero que lo dice. Nuestro querido Eduardo Galeano ya había advertido a comienzos del siglo que la legalización era el único camino para solucionar el problema del narcotráfico. Y es que en cuarenta años de prohibicionismo hemos visto cómo los cárteles se hacen cada vez más ricos con la subida de los precios de la droga, pues la gente es capaz de pagar lo que sea con tal de consumir.

 En la década de los 70 el gobierno de Richard Nixon inició una guerra absurda para desviar la atención de las atrocidades que cometían sus soldados en Vietnam, la cual más adelante se convirtió en la excusa perfecta para justificar intervenciones militares en toda América Latina. Y, sin embargo, los muertos los hemos puesto los pueblos del sur global. Hoy el gobierno de Trump busca culpables y descertifica a Colombia en esta lucha que ya el mundo está dando por perdida, pues cada vez se avanza más hacia la despenalización.

Mucho antes, a principios del siglo XX, el Congreso estadounidense aprobó modificar la Constitución para prohibir el consumo de alcohol. Esta medida tenía como propósito acabar con la delincuencia, sobre todo en la población migrante. Pero ocurrió todo lo contrario, pues se crearon mafias que se adueñaron de la industria y estas se hicieron millonarias con el aumento de los precios. Además, la gente empezó a consumir incluso más que antes de la prohibición.

El gobierno dejó de percibir impuestos y desperdició millones de dólares en seguridad. No fue hasta 1930, en medio de la crisis del crack, que se vieron obligados a reconsiderar la medida. Fue Franklin D. Rooselvet quien sugirió al Congreso legalizar nuevamente la fabricación y venta de alcohol y para 1933 más de 40 Estados ya habían aprobado la enmienda.

Actualmente la industria licorera forma parte fundamental de la economía de Estados Unidos. De acuerdo con el portal de datos estadísticos Horizon Grand View Research, en 2023 este sector generó ganancias de USD 470.696,5 millones en 2023 y se pronostican USD 1.006.255,3 para el 2030.

En Colombia la mayor parte de los impuestos pagados por las licoreras a los departamentos se destina a los sectores de salud, educación y deporte. Pero suponiendo que existiera su prohibición este sería el negocio perfecto para los grupos delincuenciales, que hoy perciben millones de dólares sólo con el narcotráfico y la minería ilegal.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2018 el 80% de las víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado colombiano vivían en zonas de cultivo de hoja de coca. En el último año el Gobierno de Gustavo Petro destinó $42 mil millones en tecnología para enfrentar al narcotráfico. Estas cifras reflejan el alto costo que genera esta renta ilícita al país no solo en lo económico sino en vidas.

Mientras el Estado siga sin tener control sobre este mercado las rentas ilícitas continuarán financiando al crimen. Países Bajos, República Checa y Portugal ya dieron un paso adelante en la legalización total de las drogas, eso sí con una fuerte inversión en programas de prevención, cuidado y rehabilitación. Los resultados hablan por sí solos pues las cifras de consumo en estos países son bajísimas.

Países Bajos es el principal productor y distribuidor de drogas en Europa. En este país la fabricación de drogas como cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas e incluso heroína está en manos de fabricantes autorizados. A los dueños de los Coffee Shops se les permite vender la droga, pero no fabricarla. Sin embargo, la fabricación ilegal ha convertido a este país en el paraíso del crimen organizado nacional e internacional, quienes han encontrado un mejor negocio en la exportación a países como Estados Unidos y Australia. Esto ha llevado a que, tras más de treinta años de legalización, hoy el gobierno se esté replanteando su política de drogas.

Pero que haya redes criminales detrás no es una consecuencia de la legalización. La delincuencia siempre encontrará la forma de auto financiarse ya sea con drogas, armas, alcohol de contrabando o lo que sea.

En Colombia merecemos una discusión seria sobre nuestra política de drogas. Lastimosamente a ciertos sectores económicos y políticos les interesa seguir llenando los bolsillos de los capos. Desde la extrema derecha llaman a “defender la juventud y a nuestros niños” de la droga, pero poco les importa que estos caigan en manos de la delincuencia financiada con el lucrativo negocio de los narcos, que se enriquecen en nuestras narices. No les importa tampoco criminalizar a los jóvenes, ni que el país avance en tratar este flagelo como una problemática de salud pública.

Septiembre 24 – 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

El último discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas en condición de presidente estuvo marcado, nuevamente, por la rebeldía, la sinceridad y la confrontación política de un mandatario del Sur global que asumió la defensa de la soberanía de los pueblos, de la democracia y de la naturaleza desde un poderoso axioma que las guerras y el modelo universal de desarrollo económico extractivo se encargaron de proscribir: la dignidad humana, que incluye por supuesto a las relaciones étnico-culturales construidas por los pueblos milenarios con los ecosistemas naturales.

Desde los pensamientos sistémico y crítico Petro logró congregar en su diatriba contra el Norte opulento y los fascistas de Trump y Netanyahu factores identitarios, climáticos, religiosos, políticos y económicos recreados por una condición humana aviesa, alimentada y sostenida en el tiempo por el poder del dinero y la codicia de los Señores de la Guerra, de los banqueros y de familias ricas responsables en gran medida de haber convertido el planeta en un colosal dealer en el que se exhiben la estupidez, se negocia la dignidad humana, al tiempo que se lavan en Wall Street las ganancias del narcotráfico y se aplauden la arrogancia y la maldad. Eduardo Galeano dijo que  “los dueños del mundo lo están convirtiendo en un matadero y en un manicomio. Ellos dicen que la condición humana es así. Puede ser. No sé. No me convencen…”.

En medio de la más evidente crisis de legitimidad de la ONU, incluida su misionalidad, millones de seres humanos saben que en las Asambleas regulares de ese organismo multilateral los estridentes discursos de los presidentes de los países del sur global, como Petro, rechinan por un rato para luego ser pulverizados por la inercia de un manicomio gerenciado por atorrantes megalómanos como Donald Trump y Netanyahu, convertidos hoy en genocidas defendidos por millones de seres humanos que de manera obsecuente y estúpida creen en que hay un pueblo elegido por Dios, razón suficiente para validar la aniquilación de pueblos como el palestino cuya presencia en la franja de Gaza es el mayor obstáculo para la gentrificación urbana propuesta por el propio presidente de los Estados Unidos. Petro espetó que “no hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es Estados Unidos ni Israel. El pueblo elegido de Dios es la humanidad entera”.

Quizás le faltó decir al presidente colombiano que las religiones envilecen a quienes creen que hay pueblos superiores o una raza de particular belleza e inteligencia que por derecho divino debe imponerse sobre aquellas comunidades “genéticamente inferiores y feas” para la estética hegemónica dominante que, de la mano de la moda, la acción mediática, el cine americano y relatos religiosos les dijeron  a los pueblos del sur global que debían sentirse avergonzados por el color de ojos y de la piel.

A Petro le alcanzó hasta para pedir acciones legales contra el cachondo carcamal de Donald Trump, un machito decadente convertido en el “puto amo” del mundo por cuenta de la derecha internacional. Mientras Trump debilita los cimientos de la democracia gringa, en Colombia la derecha uribizada aplaude su cruzada contra el pueblo palestino, porque saben que al interior del “País de la Belleza” sobreviven comunidades afros, campesinas e indígenas que les resultan incómodos para sus proyectos de sometimiento a los ecosistemas naturales. Uribe, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y David Luna, entre otros más, aplauden a rabiar a Trump porque comparten con el fascista gringo la idea de que hay gente que no merece vivir. Además, niegan los efectos del cambio climático.

El presidente colombiano habló duro en una ONU que se tambalea frente a un sostenido proceso de estupidización y sionización del mundo. Los efectos sociales, políticos y mediáticos de su intervención durarán unos días más. Mientras tanto, Israel seguirá ejecutando su limpieza étnica en Gaza para despejarles el camino a los urbanizadores y cadenas de hoteles que sueñan con la gentrificación urbana que justifica el genocidio. Trump dará continuidad a su persecución contra los migrantes latinos mientras observa la posibilidad de imponer sobre toda América Latina los designios del Dios que lo guía. “Entonces, ahora estamos ante una situación diferente, quizás más global. La barbarie hoy es del planeta, hoy cae sobre la humanidad entera. Los misiles sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del mar Caribe, quizás algunos colombianos. La persecución, aprisionamiento, encadenamiento y expulsión de millones de migrantes”.

Al igual que la canción Cambalache de Santos Discépolo, Petro dijo verdades, pero la vida debe continuar. Nada cambiará en este matadero, en este manicomio.

Septiembre 10-2025

Por Michael Saportas Peláez 
Periodista

Si en algo se equivocó el Gobierno Petro fue en llegar al poder con funcionarios sin preparación suficiente para asumir el liderazgo de sus carteras.

La vicepresidenta Francia Márquez vio derrumbarse el Ministerio de la Igualdad que tanto anheló en campaña y no pudo hacer nada ante la decisión de la Procuraduría de eliminarlo por un vicio de trámite. Un Ministerio que además se ha caracterizado por la lentísima ejecución de sus recursos. En los primeros 10 meses de funcionamiento solo se ejecutó el 1,6 % de los 1,8 billones de pesos que se asignaron, según cifras del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Ministerio de Minas inició con Irene Vélez, una filósofa y docente formada en el activismo pero que nunca había ocupado un cargo como el que le dieron. La gestión de Vélez se caracterizó por sus declaraciones accidentadas ante los medios de comunicación y su radicalismo ideológico. Fue un error haber escogido una activista para liderar un Ministerio en el que avanzar en la transición energética era la prioridad. Su desconocimiento técnico del sector la llevó a cometer varios malentendidos. Hasta el Presidente tuvo que salir a desmentirla cuando dijo que Colombia tenía garantizado el abastecimiento de gas hasta 2037. De acuerdo con denuncias anónimas, víctima de su inexperiencia la entonces Ministra de Minas decidió reducir los estándares para contratar personal capacitado en el Ministerio, atrayendo a funcionarios poco preparados a una cartera tan compleja y técnica como esa.

A esto se suman nombramientos cuestionables como el de Álvaro Pardo, férreo crítico del sector minero, en la Agencia Nacional de Minería (ANM), sus peleas con los gremios y su propio gabinete. Pero la gota que colmó el vaso fue la denuncia por presunto abuso de poder y tráfico de influencias al intentar sacar del país a sus dos hijos menores de edad sin los requisitos que exige Migración Colombia.

De los 59 ministros que tuvo el Gobierno Petro en estos tres años solo rescato a unos pocos, como la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el exministro de Justicia, Néstor Osuna. Tres figuras clave que le dieron a dicho proyecto político el compromiso, el conocimiento y la experiencia que requería.

Susana Muhamad, que ya había acompañado a Petro como asesora de despacho en la Alcaldía de Bogotá, fue fundamental para que la COP16 fuera posible, uno de los eventos internacionales más grandes que se ha organizado en el país en las últimas décadas. Muhamad, de ascendencia palestina, quiere liderar el primer gobierno ambientalista en la historia del país. Y no hay duda que cuenta con las capacidades, la experiencia y la determinación para lograr ese objetivo.

No podemos votar otra vez por “buenas intenciones”. Hace tres años estuvimos a punto de subir a un señor patán a la Presidencia que prometía disque acabar con la corrupción, y luego terminó preso. Escogimos a Petro porque creímos en un proyecto de país diferente. Se inició con una mayoría de ministros muy bien preparados y con voluntad de hacer el cambio, pero con el tiempo se fue la experiencia y el rigor. Llegó el clientelismo y aparecieron funcionarios con hojas de vida cuestionables. Al final, las banderas del cambio se las robaron los corruptos y las iniciativas de transformación se fueron difuminando hasta quedar en lo que es hoy, o sea nada.

Por eso propongo apostarle a un candidato o candidata que esté a la altura de sus ambiciones. Uno que sea capaz de sentir las necesidades de los territorios y de llevar a la práctica los proyectos que se proponga con conocimiento de causa, disciplina y rigor. Y sobre todo que se sepa rodear, aunque eso ya es mucho pedir.

Es momento de empezar a votar con madurez. Debemos elegir la experiencia y el conocimiento por encima de la ideología. Un desafío en estos tiempos de populismos y desinformación.

Agosto 24 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista

Preocupan las cifras de desaparición de menores en el país. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el primer semestre del 2025 se registraron 1158 casos de desaparición, de los cuales los niños, niñas y adolescentes fueron las principales víctimas. 405 hombres y mujeres menores de edad fueron reportados como desaparecidos durante este periodo.

Las más afectadas por este flagelo han sido las niñas de 11 a 17 años, pues son perseguidas por las redes de tráfico sexual que operan especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Solo en Bogotá hasta abril se habían reportado 103 casos (39 niñas y 16 niños). La violencia intrafamiliar se destaca como una de las causas más frecuentes de desaparición. Las zonas donde más se registran desapariciones presentan altos índices de marginalidad, donde los menores suelen ser blanco de los grupos criminales.

Por eso es urgente la sanción del proyecto de ley “Sara Sofía”, que fue aprobado por el Congreso hace más de un año y está a la espera de la sanción presidencial. Tiene como objetivo promover la información sobre menores desaparecidos a la Policía Nacional y sociedad civil para su búsqueda en territorio colombiano. Toma el nombre de Sara Sofía Galván, la bebé de dos años que fue asesinada por sus padres en Bogotá en enero del 2021, y cuya desaparición tardó cinco años en esclarecer.

Propone la creación de un sistema nacional de alertas con el objetivo de que las autoridades y la ciudadanía participen activamente en la localización de menores. El sistema permitirá que los datos del menor lleguen de inmediato a todos los teléfonos móviles de la zona donde desapareció; además, la alerta podrá extenderse a otras regiones del país.

En el mundo ya existen mecanismos similares como la Alerta Amber, en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, los sistemas de búsqueda de menores de cada país del continente están conectados. Todos tienen en común la difusión inmediata en medios de comunicación, móviles y redes sociales.

Pero la alerta no se activa en todos los casos de desaparición de menores, y se deben cumplir los siguientes criterios: riesgo inminente de daño físico o muerte, desaparición confirmada por las autoridades e información suficiente para su localización. En la mayoría de países no aplica por uso arbitrario de custodia, solo si hay antecedentes de violencia contra el menor, el padre / madre incumple una orden judicial al llevarselo, o si existen indicios de que planea huir del país u esconderlo.

Es aquí donde vienen los obstáculos jurídicos a nivel nacional e internacional.

En Estados Unidos la Alerta Amber puede activarse si hay pruebas de que el menor pueda sufrir algún daño, lo mismo en México, Chile y Guatemala, donde la justicia sí hace énfasis en casos relacionados con custodia.

La sustracción parental sigue siendo una práctica frecuente en muchos países, a pesar de los esfuerzos de colaboración internacional para atender este tipo de casos. Una de las dificultades tiene que ver con la ausencia de un marco legislativo que imponga medidas contundentes contra quienes hacen uso arbitrario de la custodia, y brinde medidas urgentes para la localización y restablecimiento de derechos del menor, si aplica.

Para la redacción de esta columna me comuniqué con Will, que lleva más de doce meses sin ver a su hijo de 10 años desde que la madre del niño escapó con él a Estados Unidos con ayuda de una ONG llamada World Relief, y de sus padres, perseguidos políticos del gobierno venezolano.

“Ella se fue a Estados Unidos a través de una ONG llamada World Relief, que se encarga de apoyar el reasentamiento familiar de migrantes en todo el mundo, y de una supuesta manager llamada Morela Pérez; gracias a que el niño logró comunicarse con mi mamá, o sea su abuela, supimos que están en una ciudad llamada Spokane, en Washington; gracias a la presión que estoy haciendo en redes ella se pronunció, dijo que tenía para pruebas para defenderse y al final se desapareció”, explicó Will.

“Esto va mucho más allá y debe haber un tema de corrupción porque mi hijo no tenía Visa, ni pasaporte, estaba en Colombia con un permiso temporal de permanencia del gobierno colombiano, logra viajar con la ayuda de esa ONG”, agregó.

Como el de Will y su hijo hay cientos de casos que no han tenido la misma visibilidad. Al no encontrar apoyo en la justicia colombiana se vio obligado a escalar el caso a la Convención de La Haya, que establece como delito el ‘secuestro parental’. Si el caso prospera, su hijo deberá regresar a su país habitual de residencia.

La Ley Sara Sofía es un primer paso en la lucha por proteger la vida e integridad de los más pequeños. Pero urge un proyecto de ley que imponga verdaderas medidas contundentes contra quienes ejercen el uso arbitrario de la custodia, que permita la localización del menor con colaboración internacional dentro y fuera del país, y el restablecimiento de sus derechos de forma inmediata.

Agosto 10-2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista

La extrema derecha no tuvo más opción que acudir a sus viejas mañas de manipulación mediática, amenazas, desprestigio y persecución, tras el fallo condenatorio contra el expresidente Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

El uribismo inundó las redes de montajes y noticias falsas desde que se conoció el veredicto de la jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Heredia, contra su máximo representante. Desde un montaje en el que la jueza aparece junto a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el Presidente Petro, hasta fotos editadas de la jurista portando camuflado de las Farc e información sobre su familia y su equipo de trabajo, estas han sido algunas de las tácticas usadas por sus bodegas para desprestigiar su labor y hacerla blanco de amenazas. La cereza en el pastel fue el jalón de orejas de la jueza a la senadora Cabal por no guardar silencio durante la audiencia.

Así mismo sembraron el terror durante sus ocho años de gobierno, cuando jueces, periodistas y activistas tuvieron que exiliarse, mientras las maquinarias de los medios tradicionales nos vendían el cuento de que el país estaba recuperando la seguridad. Fue muy poco lo que se supo sobre los falsos positivos hasta mucho tiempo después, cuando pudimos escuchar los testimonios de quienes estaban siendo silenciados. Impulsaron el No a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 mintiéndole a la gente con que Timochenko y demás cabecillas iban a tomar el poder. Hubo tantas noticias falsas en ese entonces que surgieron los primeros portales contra la desinformación, como Colombia Check.

Son expertos inventando relatos falsos. Del hoy condenado Andrés Felipe Arias han insistido en que es un “preso político”. Del actual fallo contra el expresidente dicen que se trata de una “venganza” de la izquierda, como si él mismo no se hubiera puesto la soga al cuello al intentar torcer los testimonios de exparas contra el senador Cepeda y quedar en evidencia.

Desde el uribismo han acusado al Gobierno Petro de irrespetar las Instituciones judiciales, pero han sido los primeros en estigmatizar a los jueces y ponerles una lápida encima cuando no han fallado a su favor.

Ya inició la campaña para las elecciones del 2026. Al Presidente Petro se le fueron tres años trinando noticias falsas. En el uribismo ya no saben qué hacer para reencauchar la imagen de su líder. En todo caso, si en algo se parecen Petro y Uribe es que ambos cuentan con fervientes seguidores dispuestos a defenderlos hasta la última mentira.

Julio 27 – 2025

Por Michael Saportas Peláez
Periodista 

El Gobierno Petro debe tener cuidado con los beneficios que pretende darle a los grupos armados en el marco de la Paz Total. Con el Acuerdo de La Habana quedó demostrado que, si no hay verdadera voluntad de reparación, reconciliación y una ley de sometimiento lo suficientemente rígida, estaremos condenados a repetir la historia sin importar cuántas concesiones se les dé.

El pasado 20 de julio el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto de ley de Paz Total, en el Congreso de la República, mediante el cual se establece un trato penal diferenciado para integrantes de grupos ilegales y personas procesadas en el ejercicio de la protesta social.

Hay que decir que en este documento el Gobierno parece más empeñado en encontrar beneficios para los grupos armados que en proponer estrategias de sometimiento más eficaces, a través de las cuales se garantice la no repetición y se endurezcan las condenas a reincidentes. Propone, por ejemplo, la reducción de penas a criminales ya imputados, la posibilidad de ciertos beneficios como permitirles conservar un porcentaje de sus bienes obtenidos de dineros ilícitos, y la vinculación de actores judicializados de la protesta social que no tienen relación directa con la Paz Total.

Se está desconociendo el marco constitucional. La jurista y exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha advertido que el actual proyecto de Paz Total es una “mezcla de justicia y no justicia”. De acuerdo con Buitrago, en lo establecido en el artículo 26 el Gobierno estaría buscando rebajas de penas para personas privadas de la libertad sin justificación constitucional, dejando un pésimo mensaje a sus víctimas, y a los demás grupos que se quieran someter.

Por otro lado, al permitirles a los capos conservar un porcentaje de sus bienes se está pasando por encima de la ley 1708 de 2014, que establece la destinación de estos recursos en inversión pública, bajo la administración total del Estado y sin ninguna compensación. La Procuraduría General señaló en 2009 tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz que este tipo de beneficios son inconstitucionales, pues se desvirtúa el objetivo de la extinción de dominio al reconocer la propiedad privada sin arreglo a la ley. Además de inconstitucional, es grotesca la idea de que un narcotraficante sea beneficiado con dinero proveniente de extorsiones, robos, homicidios y secuestros.

Según la Presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila Roldán, el Gobierno no ha logrado justificar por qué el actual marco constitucional es insuficiente para llevar a cabo la propuesta en las condiciones dadas en el proyecto de ley de Paz Total.

La Paz Total fue la principal bandera con la que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño y ha sido también el proyecto que más tropiezos ha sufrido. Luego de tres años de intentos de negociaciones, el ELN sigue sin demostrar voluntad de paz, y las disidencias de Mordisco nos dejaron claro a los colombianos que son unos narcos disfrazados de revolucionarios, como el mismo Presidente lo dijo alguna vez.

A un año de las próximas elecciones el Gobierno todavía desconoce cuáles son las líneas rojas de la Paz Total en términos de política criminal. No se pueden cometer los mismos errores de la Ley de Justicia y Paz y del Acuerdo de Paz del 2016 con las Farc, que resultaron en la conformación de nuevas estructuras criminales. No se puede negociar si no hay una ley de sometimiento estricta, si el mensaje que se le envía a los grupos armados es el de recibir mayores beneficios a más cantidad de crímenes.  El presidente Petro y el mismo ministro de Justicia hablan de Paz Total con firmeza institucional, justicia, verdad y reparación, pero no es lo que se ve reflejado en el actual proyecto de ley. El comisionado de Paz del Gobierno Nacional, Otty Patiño, hizo un llamado a ampliar la discusión sobre el proyecto junto al Congreso y la sociedad civil, pero el ministro Montealegre lo llamó soberbiamente ‘francotirador de la paz’. Muy mal comienzo.

Mayo 16 – 2025

Este texto fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Édgar Rodríguez

Los modelos de desarrollo basados en la explotación ilimitada de los recursos naturales han demostrado ser insostenibles, por lo que la humanidad se encuentra abocada ante la urgencia de frenar la depredación irracional de la vida. En este sentido, reconocer derechos culturales, patrimoniales y jurídicos a la “Madre Tierra” no es solo una propuesta ética, sino una necesidad vital para la misma humanidad, pues posibilitaría racionalizar, aculturar y efectuar cambios profundos que permitan transitar de una visión antropocéntrica suicida hacia una relación ecocéntrica-biocéntrica sostenible.

El derecho ambiental tradicional, basado en regulaciones parciales y sanciones, ha fracasado en evitar la degradación sistemática de la Naturaleza por corresponder a una lógica económica de pagar por contaminar o normatividad inocua imposibilitada por tecnicismos jurídicos y leguleyadas. Ni las leyes nacionales ni los tratados internacionales han logrado frenar la contaminación, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, peor aún, la situación ambiental se agrava hasta el punto de alcanzar el punto de no retorno. Según el Informe de Evaluación Global sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos – IPBES, alrededor de un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción debido a actividades humanas (IPBES, 2019)

En el marco de la Alter Libro UniTierra 2025, “Feria de los libros, saberes y las culturas” organizada por la Universidad de la Tierra y la Memoria “Orlando Fals Borda”, de la cual Quira Medios es una de sus Aulas Vidas, en la mayoría de los círculos de la palabra y espacios de construcción dialógica, se reconoció que la Tierra es una Entidad Viva. Cosmovisiones ancestrales, como la de los pueblos andinos, así como la Yoruba de origen africano, sostienen que la Pachamama es madre y fuente de vida, y como tal merece respeto y protección de sus Derechos.

La teoría científico-ecológica contemporánea reconoce la interdependencia de todos los sistemas vivos, tal como se expone en el Informe Planeta Vivo 2022 de la World Wildlife Fund – WWF, se demuestra que la salud de los ecosistemas es esencial para la supervivencia humana. Por lo que, incluso, basados en una visión antropocéntrica, garantizar los Derechos al Planeta es fundamental para garantizar la existencia del ser humano.

Nos encontramos ante la urgencia de cambiar los modelos y estructuras sociales, obtusamente, aferradas a priorizar el lucro sobre la vida, imponiendo su filosofía individualista – utilitarista como paradigma de desarrollo. La sociedad occidental ha cimentado sus instituciones sobre la base del reconocimiento de Derechos, justo estos son los instrumentos necesarios para garantizar la dignidad y la existencia de la vida en la Tierra. Negarle estos Derechos a la Madre Tierra es perpetuar la ambición insaciable, suicida y sociópata de los grupos económicos y políticos que nos han traído hasta el punto de no retorno, y por lo visto, no planean parar hasta destruirlo todo.

No obstante, esta situación perversa, la humanidad está despertando gracias a las enseñanzas milenarias de los pueblos originarios guardadas en su memoria colectiva, tradiciones, usos y costumbres. En este sentido, reconocer los Derechos culturales y patrimoniales de las naciones originarias también es clave para entablar relaciones armónicas con la Naturaleza y todas las formas de vida. Los territorios no son solo espacios físicos, son también espacios de identidad, espiritualidad y memoria.

Desconocer este vínculo ha ocasionado amnesia colectiva, pérdida de saberes ancestrales, empobrecimiento cultural y desconexión de la humanidad con las vidas en el Planeta. Defender los derechos patrimoniales de la Tierra implica proteger estos conocimientos, filosofías y cosmovisiones que reconocen a la Naturaleza como parte de un mundo místico y sagrado y no como un factor de producción u objeto de comercialización.

La UNESCO, en su Convención sobre Patrimonio Cultural y Natural (1972), ya había señalado la importancia de preservar no solo monumentos sino también “los sitios naturales de valor excepcional” para las generaciones futuras. Extender esta perspectiva a toda la Madre Tierra refuerza la idea de que su destrucción implica una pérdida irreparable del patrimonio común de la humanidad.

En definitiva, reconocer Derechos a la Madre Tierra no se limita a una jurisprudencia fría e inerte, connota una transformación cultural profunda, que altere los imaginarios sociales y comportamientos que legitiman la explotación desenfrenada. Esta jurisprudencia implica leyes, políticas públicas, educación y modelos económicos que reconozcan a la Madre Tierra como un sujeto de Derechos, para así proteger a las formas de vida, al planeta, e incluso a la misma humanidad, de la casta de los “homo stultus” depredadores que no sacian su apetito destructivo.

La sobrevivencia de la vida en el planeta depende de un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con la Tierra. Reconocerle derechos jurídicos, culturales y patrimoniales no es un acto simbólico sino una medida urgente para garantizar su integridad y, en consecuencia, nuestra propia supervivencia.

La Madre Tierra no es un objeto pasivo, es un ser viviente que sostiene y entreteje la vida, nos debemos a ella, por lo que, como humanidad, tenemos la responsabilidad espiritual, ética, cultural y legal de protegerla. Tal como afirma la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (2010): “La Tierra y todos los seres que la componen tienen derechos intrínsecos, independientemente de su utilidad para los seres humanos”.

En este sentido, el movimiento por los Derechos de la Naturaleza aboga por mecanismos legales que den herramientas a una ciudadanía activa para actuar en defensa de la Tierra y de sus formas de vida y frenar la irracionalidad codiciosa de los delirantes del poder, pues de lo contrario no habrá territorio, cantos, ni nada que heredar, solo un vacío diminuto y profundo extraviado en la memoria del Universo.

Abril 23- 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Con la presentación de las 12 preguntas para que el Senado avale o no la Consulta Popular, el gobierno Petro adelanta de manera formal el debate electoral de 2026. Mientras que los candidatos y precandidatos de la derecha están decididos a “recuperar el país, salvarlo o recuperar el rumbo”, fruto de su visión catastrofista de la gestión del actual gobierno, el progresismo y la izquierda insisten en entregarle la responsabilidad social y política al constituyente primario de decidir sobre el futuro de la reforma laboral enterrada por la Comisión Séptima del Senado. Se invita al pueblo a movilizarse en medio de una peligrosa crispación ideológica entre la derecha y la izquierda, que alienta la lucha de clases, así como la permanencia de las ideas racistas, clasistas, machistas, misóginas, transfóbicas y homofóbicas diseminadas en todos los estratos sociales.

Antes de revisar el sentido y la pertinencia de cada uno de los interrogantes, es importante y necesario hacer referencia a los elementos, factores o circunstancias que dan vida al contexto sociocultural, económico y político en el que se instala el llamado a la Consulta Popular.

Desde una perspectiva sociocultural, hay sectores de la sociedad colombiana que exhiben “taras civilizatorias” que por largo tiempo impidieron alcanzar al colectivo a estadios de Modernidad. Al estar ubicadas cómodamente en esos escenarios de premodernidad, las élites económicas y políticas consolidaron un régimen de poder ilegítimo, mafioso, aporofóbico, corrupto, ecológica y ambientalmente insostenible, así como violento y proclive a violar los derechos humanos y desconocer las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política de 1991. Sus más visibles voceros lograron naturalizar esas impúdicas condiciones de vida capturando el Estado para hacerlo operar exclusivamente en beneficio de sus mezquinos intereses.

En lo que respecta a las clases dominadas o a los grupos subalternos, éstos también arrastran “taras civilizatorias” asociadas a la inexistencia de una conciencia de clase o en el mejor de los casos a la existencia de  una con un carácter complaciente que hace posible que cientos de miles de sus miembros actúen como súbditos o prefieran ejercer un tipo de ciudadanía no política o  de “baja intensidad”, en lugar de formarse para discutir de forma argumentada sobre los asuntos públicos que les interesan a todos.

La clase dominante y la subalterna juegan bajo las diferenciadas condiciones que impone un capitalismo salvaje que envilece las relaciones sociales, deslegitima la búsqueda de mejores condiciones laborales y justifica la operación de un Estado privatizado al servicio de una clase dominante cuyos miembros se autodeterminan capitalistas, pero que realmente son rentistas que por años han vivido de la “teta del Estado” a través de subsidios y la captura mafiosa de instituciones estatales. Ejemplo de lo anterior es la privatización de las vías a través de onerosas concesiones viales y consecuencialmente la imposición de gravosos peajes que terminan por encarecer la producción y circulación de mercancías, alimentos y la prestación de servicios. Eso sí, ese modelo de contratación enriquece a unas pocas familias y coadyuva a concentrar la riqueza en pocas manos. Acabar con el tren y evitar a toda costa su regreso va de la mano de la privatización de las vías 4G y 5G.

Los subsidios para los menos favorecidos también hacen parte del perverso juego político y electoral en el que la derecha viene incurriendo de tiempo atrás y en el que por supuesto incurrió el gobierno progresista de Gustavo Petro. Aunque con disímiles logros y objetivos, muchos de los subsidios alimentan, de un lado, las llamadas trampas de la pobreza (como Familias en Acción) y del otro, el favorecimiento económico a una clase dominante que, al sentirse privilegiada, deja salir su desprecio por el mestizaje que los arropó y les ayudó a justificar su racismo, clasismo y machismo, entre otras “taras civilizatorias”.

Antes de la pandemia del covid-19, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez regaló millones de pesos a las familias que apoyaron política y económicamente su reelección a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Durante la pandemia, pasó algo similar: mientras que los más pobres colgaban trapos rojos en las ventanas de sus viviendas como símbolo de necesidad y hambre, el gobierno Iván Duque Márquez, títere de Uribe, optó por beneficiar a los grandes ricos. “El dinero fue a parar en las cuentas de Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol Televisión y hoteles Decamerón”[1].

Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas hacían ingentes esfuerzos para sobrevivir en medio de una política económica errada, fruto de la captura mafiosa del Estado y su operación con los sempiternos criterios corporativos con los que se elimina cualquier posibilidad de actuar como un Estado Social de Derecho. Es en este punto en el que varias de las 12 preguntas enfrentan problemas de legitimidad y pertinencia social y económica. Veamos:

1.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? 2.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? 3.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? 6.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

En principio, el SÍ debería de ser la respuesta, pero al revisar las anteriores circunstancias contextuales y las propias de la carga impositiva que soportan las Pymes y MiPymes, entonces el No surge como alternativa y respuesta a unas condiciones desfavorables para quienes se esfuerzan por hacer empresa sin mayores apoyos de un Estado capturado por mafias de todo tipo y que opera para hacer más ricos a los ricos.

La pregunta 3, por ejemplo, no tendría mayor sentido si la banca privada, con el apoyo estatal, entregara créditos baratos para la compra de maquinaria o la expansión comercial de las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, no se necesitaría de una Consulta Popular para lograrlo. Bastaría con que los banqueros y el Estado tomaran la decisión. Pero para ello se necesitaría de un cambio cultural fruto de la superación de las “taras civilizatorias” de una élite económica parásita, rentista y premoderna. Por supuesto que los miembros de la clase subalterna también arrastran sus propias “taras”. La pereza, la desidia, la falta de compromiso con el trabajo y la irresponsabilidad de los trabajadores también hacen parte de las consideraciones al momento de votar la consulta, en caso, claro está, si el Senado la aprueba.

[1][1] Tomado de https://www.pares.com.co/post/subsidios-para-los-m%C3%A1s-ricos-de-colombia-una-estrategia-infame

Abril 6 – 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Durante años el conflicto armado interno, sus dinámicas y efectos en la sociedad fueron un factor electoral importante que definió en las urnas las aspiraciones de varios candidatos presidenciales. Pastrana terminó derrotando a Samper con la imagen de su reunión con Tirofijo y Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de Nariño gracias a dos hechos, uno interno y el otro externo. El primero, por el fortalecimiento militar de las Farc-Ep y sus arremetidas contra la población civil; y el segundo, los ataques terroristas, contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Auto infringidos o no, ese suceso le sirvió a Uribe para justificar su política de seguridad democrática porque, según él, en el país no había conflicto armado sino una “amenaza terrorista”.

A partir de la negociación en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, las dinámicas del conflicto cambiaron radicalmente. La conversión de las entonces Farc-Ep en el partido Comunes fue un fuerte golpe político a la guerrilla del ELN en la medida en que su lucha armada perdió sentido histórico, lo que terminó acrecentando sus divisiones internas, pero sobre todo su consolidación como una estructura armada narcotizada a la que no le interesa negociar curules y proyectos productivos porque tienen el músculo económico suficiente para extender las hostilidades por varios años más. Las economías ilegales les quitaron el ropaje político a los elenos.

Con el triunfo político de Gustavo Petro sectores de la sociedad pensaron que por haber militado en el M-19 sería más fácil negociar y firmar un armisticio con los elenos. Tanto Petro y los miembros del ELN llegaron a sendas conclusiones que alejaron la posibilidad de alcanzar la paz. El presidente Petro confirmó que el Ejército de Liberación Nacional abandonó su espíritu revolucionario y se convirtió en un conjunto de “traquetos con camuflado”. Mientras que la dirigencia del Coce llegó a la conclusión de que Petro no era el líder de izquierda que ellos pensaron que era.

En el presente hay asuntos electorales muchos más importantes y definitivos para la sociedad y los grupos de poder que se disputan el control del Estado: uno de ellos es la continuidad o no del proyecto progresista que encarna Petro o el regreso de la derecha uribista y neoliberal responsable de la privatización del Estado, la pobreza y la inequidad estructurales, así como de los efectos socioambientales y ecológicos que deja un modelo de desarrollo fincado en un tipo de Sostenibilidad Asistémica Funcional.

Hay un aparente despertar de una ciudadanía que habla más de condiciones laborales dignas, del cuidado de la naturaleza, del disfrute de la vida y del tiempo libre; de la superación de la pobreza, del clasismo y el racismo, dos de las taras civilizatorias que arrastramos como sociedad; de sectores interesados en reindustrializar el país y de superar los años de atraso que garantizó una élite conservadora, retardataria, mediocre e incapaz de leer los cambios societales.

Eso sí, ya hay candidatos presidenciales que intentarán poner como tema central la consecución de la paz a partir del fracaso de la apuesta maximalista de la Paz Total del gobierno Petro. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ya salió a los medios a decir que ella “impondrá la paz”. La goda y neoliberal congresista quiere poner en la agenda electoral de 2026 el tema de la paz sin reconocer la existencia del conflicto armado interno. Hábilmente la “generala o muñeca” de Uribe evita hablar de conflicto armado porque ello iría en contravía de la doctrina de su patrón. Ella habla de paz porque le sirve para despotricar de Petro, de su pasado guerrillero y de la fracasada Paz Total. El país sabe que a la Cabal le gusta es la bala, la bala y la bala. 

He venido diciendo que no tiene sentido de realidad hablar hoy de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Como tampoco el país enfrenta una “amenaza terrorista”, apelativo con el que sagazmente Uribe borró la historia de años y años de un conflicto social, económico y político que, gracias al proceso de paz de La Habana, a los avances territoriales que en varias materias dejará la administración Petro, pero sobre todo a la lumpenización y traquetización de los elenos y las disidencias perdió ese rimbombante nombre que tanto le sirvió a políticos y a la academia para justificar hechos de paz y de guerra.

Ya es tiempo de dejar de llamar conflicto armado interno a unos hechos de violencia originados por la traquetización de las organizaciones “postguerrilleras”. Que hay que combatirlos, por supuesto, pero no tiene mayor sentido hablar de paz en términos de una negociación política cuando todos los actores ilegales, con los que eventualmente se piense dialogar, se comportan como bárbaros, salvajes y agentes anacrónicos. Hay que poner mucho cuidado a los agentes de la derecha que quieran hablar de paz y de guerra a sabiendas de que lo único que les interesa son los lucrativos negocios del narcotráfico, la minería legal e ilegal y la comercialización de armas. Entonces, estaríamos hablando de Pactos Prepolíticos que terminan sirviendo a la derecha mafiosa y criminal y a esas “guerrillas” que dejaron atrás su espíritu revolucionario para convertirse en traquetos que dejaron de patrullar para montarse con Toyotas de alta gama. 

Noviembre 29 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Después del acto de bellaquería que protagonizó contra los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército nacional el insustancial Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli leyó uno a uno los nombres de los 1934 muchachos “fusilados” por agentes estatales, casos que se conocen como los “falsos positivos”.  “La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral”, señaló el jurista y cabeza visible de ese Tribunal de Paz. Una vez terminen las investigaciones, ese tribunal de justicia transicional entregará el resto de las identidades, hasta completar las 6402. 

Huelga recordar que el señalado congresista recogió y botó a la basura las botas que representaban a los muchachos asesinados por el Ejército, a los que se las pusieron al revés. Además, Polo Polo exigió que a las adoloridas madres presentes en el Congreso y a los senadores y representantes que repudiaron su agraviante acto que le mostraran la lista de los jóvenes asesinados, identificados cada uno con su número de cédula. Hoy 28 de noviembre, más de ocho días después, la JEP le entregó la lista al país y de manera indirecta al insignificante e ignaro político uribista. 

El calificativo de inmoral que usa Ramelli debe extenderse y aplicarse para nombrar a quienes insisten a asumir posturas negacionistas para desconocer la desviación misional que sufrió el Ejército nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los impúdicos resultados obtenidos: 6402 civiles asesinados de manera cobarde, ilegal y cruel.

Junto a ese homúnculo que ostenta la credencial de congresista, la ladina senadora María Fernanda Cabal se viene mofando también de las madres de Soacha y de otras cuyos hijos fueron ultimados por militares que, cumpliendo directrices emanadas de la política de defensa y seguridad democrática (2002-2010), los vistieron de guerrilleros, asesinaron y presentaron como “bajas en combate”. Durante esos ocho años de aplicación de la temida política de Seguridad Democrática la perfidia se convirtió en un valor castrense, defendido desde las huestes del uribismo.

El acto de desagravio organizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) es, en sí mismo, un episodio y un ejercicio de memoria histórica con el que se prueba la veracidad de los hechos criminales perpetrados por “héroes de la Patria” y se consolida la narrativa que indica que dentro de la derecha uribizada existen agentes políticos inmorales y crueles que, además de exhibir sin pudor alguno sus estultas actitudes negacionistas, se exponen como fieles seguidores de esa visión weberiana del Estado en la que se defiende a dentelladas la violencia legítima del Estado. La JEP de manera directa le envía al congresista Polo Polo este mensaje: ahí está su hijueputa lista de los falsos positivos.

Cabal y Polo Polo son negacionistas de los falsos positivos y de otras prácticas violatorias de los derechos humanos. Sus inmorales posturas las asumen porque están amparados, quizás sin saberlo, en aquella doctrina de Max Weber que esgrime que la violencia del Estado siempre devendrá legítima. Ya lo había hecho en su momento Paloma Valencia, otra agente del uribismo que cree a pie juntillas en que el Estado es la única estructura de poder que puede y debe violentarnos. Esto dijo a la revista Semana a propósito de los informes entregados por la Comisión de la Verdad: “En su narrativa, la Comisión de la Verdad equipara al Estado con los paramilitares y la guerrilla. Me parecen monstruosos los paramilitares y la guerrilla. El Estado, con total legitimidad, entregó la vida de muchísimos hombres y mujeres, por el bienestar de todos (…). Claro que el Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares. Grupos ilegales jamás contaron con la legitimidad del Estado y sus fuerzas”.

Estos tres agentes weberianos representan con honores a la derecha colombiana que defiende la inexistente legitimidad del Estado y por ese camino, las acciones ilegales de miembros de las fuerzas armadas que, a pesar del proceso de paz de La Habana, aún siguen plegados a la doctrina del enemigo interno, la misma que siguen extendiendo a todo lo que huela a progresismo y a izquierda.

Adenda: no sería raro que el hombrecillo del Polo Polo exija a la JEP los informes de balística y las fotografías de cada uno de los asesinados, con los orificios de entrada y de salida. De este tipo se puede esperar eso y mucho más.