Octubre 14  – 2024

Por Laura Cruz

“Los antidepresivos no quitan la depresión, al contrario, generan adicción. Jamás me curaron de nada, todo lo contrario, me enfermaron de otras cosas”. Esto dice Jonh Maicol Cardona Jaramillo, de 32 años, después de intentar varios tratamientos para mejorar su salud mental. Desde los doce años asiste al psicólogo por fuertes dolores de cabeza y porque tenía problemas para la resolución de conflictos. La primera barrera que encontró en este camino, fue la demora en las citas; lo segundo fue que la mayoría de los psicólogos le parecían apáticos y nunca pudo confiar en ellos. “La atención en las EPS es nefasta, las citas son muy demoradas, la mayoría del personal médico funciona en automático, y no le dan la importancia al motivo de consulta, creen que simplemente es una pataleta de adolescente”, dice John. 

El otro obstáculo que tuvo que enfrentar fue cuando de psicología lo remitieron a psiquiatría. Allí el especialista le dijo, sin ambages, que padecía depresión, bipolaridad, estrés postraumático, y esquizofrenia. A los 17 años, John y su familia tuvieron que cargar con un diagnóstico que para él fue una condena, un rótulo. “Lo que he entendido en palabras normales es que yo estoy loco, no me dicen esas palabras, pero eso se sobreentiende. Encima me dieron como cinco medicamentos y entonces yo me volví dependiente, sin eso no podía dormir”. 

Para John Maicol las consultas por un largo tiempo consistieron en que le preguntaran ¿cómo está? Y dependiendo de eso le bajaran o le subieran las dosis, motivo por el cual abandonó la terapia psiquiátrica y dejó los medicamentos. Afirma que desde el día que dejó de medicarse se encuentra mucho mejor, que controla mucho más sus impulsos, es más responsable y es consciente de que tiene un problema. Para John el gran problema de las terapias a las que asistió, es que no lo vieron a él, al paciente, sino que simplemente le recetaron como si se tratara de una simple gripa. 

A John todavía se le complica dormir. Sigue lidiando con sus problemas emocionales. Aunque actualmente recibe terapia con una psicóloga particular, aún se le dificulta abrirse y confiar. “Yo no confío y siempre pienso que las personas usan las debilidades de uno en contra en cualquier momento. El lunes tengo terapia. Con Jenny (la terapeuta) apenas empezamos y aunque tampoco hemos tocado a fondo, ella sí me inspira un poco más de confianza. Yo estoy dispuesto a seguir”. 

El de John Maicol no es un caso aislado. Según una investigación en Política Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, en colaboración con el Centro Nacional de Consultoría en 2023,  el 66,3% de los colombianos mayores de 18 años ha experimentado algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Este porcentaje es significativamente mayor en mujeres (69,9%), con un aumento notable entre las jóvenes de 18 a 24 años. Lo grave de la situación no es que más del 50 por ciento de los colombianos padezca una enfermedad relacionada con salud mental, sino que pocos reciben atención oportuna como lo corroboró el Instituto Nacional de Salud, que señala que cuatro de cada diez personas que en Colombia sufren o han sufrido alguna enfermedad mental, han tenido algún tratamiento o atención y, para cuando realizan la primera consulta, ya han trascurrido aproximadamente ocho años de enfermedad.

Esta falta de atención se ve reflejada en las 49 mil 321 manifestaciones de inconformidad relacionadas con salud mental que recibió la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y agosto del 2023. Inconformidades que fueron radicadas, mayoritariamente, contra Entidades Promotoras de Salud (EPS), tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Las EPS con mayor cantidad de manifestaciones de inconformidad por problemas de atención en salud mental de sus afiliados son: Nueva EPS, Sanitas, SURA y Salud Total. Las quejas más frecuentes de los pacientes son: la negación de las citas o demora de asignación de estas, así mismo, la falta de especialistas en el campo y la no entrega o la entrega inoportuna de medicamentos.

Pero ¿Cómo repercute en los colombianos que no haya un buen servicio en la prestación de servicios de salud mental? Aunque no está comprobado que haya una relación directa entre la falta de atencióna la salud mental y el suicidio, es importante mencionar que según un informe del Instituto de Medicina Legal correspondiente al primer trimestre de 2024, se registraron 712 casos de suicidio, de los cuales 205 fueron cometidos por jóvenes entre los 18 y 28 años.

Cabe resaltar que el Derecho a la Salud implica, también, acceso a todos los servicios de salud mental “Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a unos servicios de salud de calidad y aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación”.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se lleva a cabo cada 10 de octubre, es importante saber  qué tanto se garantiza en Colombia el acceso de calidad a pacientes que quieren tratar su salud mental y dónde están las principales fallas. Para esto consultamos a dos psicólogos que tienen una amplia experiencia en la atención de pacientes.

Robinson Grajales, psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en psicoanálisis,   señala que en Colombia siguen aumentando los reportes de personas con trastornos de salud mental. Más de 500 mil personas se han reportado en los últimos años con trastornos, pero el problema es que ni siquiera la mitad recibe diagnósticos en salud mental, en parte debido a que todavía existe cierta estigmatización. 

Para Grajales otro grave problema que enfrenta la salud mental en Colombia es que hay un déficit en esta atención, ya que se calcula que en Colombia hay alrededor  de 5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes. Lo recomendable es que sean diez psiquiatras.  Esta situación no  solamente afecta la atención en las EPS, las citas suelen demorarse, y  además  la medicación usualmente no está disponible. Otro problema es que muchos de estos tratamientos deberían ser acompañados con psicoterapia, principalmente los que tienen que ver con ansiedad y depresión, y esto no es posible siempre. 

La psicóloga Andrea Muriel Benavidez, egresada de la Universidad Javeriana, quien lleva ocho años ejerciendo en este campo, dice que, al menos en su propia práctica, las enfermedades de salud más comunes son: cuestiones relacionadas con la ansiedad, ya sea trastorno de ansiedad, ataques de pánico, estrés crónico, depresión, trastorno depresivo como tal o generalmente tristeza o desesperanza, y el motivo de consulta más frecuente son las relaciones de parejas o relacionales. 

Para ambos psicólogos la principal falla de las EPS consiste en que las citas con psicólogos no se dan con la celeridad suficiente, y se dan con espacios muy amplios entre una y otra, cuando la psicoterapia requiere la mayoría de las veces, una atención constante. Como las citas son muy dispersas en el tiempo el paciente no puede hacer un proceso adecuado. Una de las principales causas de que las terapias no sean constantes es que los psicólogos toman el modelo de la atención psiquiátrica, es decir, medicar y controlar la medicación.

“Las EPS deberían procurar que haya citas oportunas con los psiquiatras, entrega oportuna de medicamentos, un acompañamiento de psicoterapia con una cantidad de citas suficientes para atender por lo menos ciertas crisis puntuales y hacer más cortos los periodos entre las citas con los psicólogos” sugiere la doctora  Muriel.

Para Robinson Grajales, las nuevas generaciones han tenido más oportunidades de hablar de salud mental, debido a que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud y que reza:  “la salud es el bienestar completo físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. Este énfasis pone en el mapa, las enfermedades que no son visibles en el cuerpo, dice Grajales lo que  permite entonces, que las enfermedades del aspecto mental tomen importancia. “Se ha ido desestigmatizando poco a poco. Para la gente ya es más común hablar de su salud mental; al léxico cotidiano de la gente se ha incorporado conceptos que tienen que ver con cómo detectar la ansiedad, cómo manejar las emociones. Sumado a esto hay muchas campañas de las diferentes instituciones. Sin embargo, esto no significa que se garantice el acceso a la salud y  una consulta privada por lo regular es bastante costosa”

Dado el costo de las consultas psicólogas, ¿cómo hacen los jóvenes para acceder a un tratamiento? Según el ministerio de Salud,  en la población joven de entre  18 a 24 años, el 75,4% reporta haber enfrentado problemas de salud mental.  

Isabela Romero Castaño, quien cursa último semestre de psicología en la Universidad del Valle y hace sus prácticas en el área de psicología de la misma Institución Educativa,  señala que  muchos estudiantes de la universidad presentan quejas  respecto a la rapidez en la atención de las citas. Además la planta donde se presta el servicio de psicología, antiguos dormitorios que se dividieron y ahora se utilizan como consultorios, tienen paredes muy delgadas, que impiden la privacidad necesaria para este tipo de atención. Por último, muchos jóvenes se quejan de la calidad del servicio porque no es extenso y no se tratan todos los temas que llevan a terapia. 

“Hay mucha demanda, el personal trata primero lo que implique cualquier tipo de violencia o sugiera riesgo de suicidio”, señala Romero. “Es necesario informar mejor a los estudiantes sobre lo que pueden esperar del servicio de psicología de la Universidad, ya que muchos van con altas expectativas, creyendo que van a resolver todos los temas y cuando ven que esos temas no se abordan, llega la decepción y la verdad es que durante la consultan pueden abordar un área, la atención de la universidad nunca va a reemplazar la terapia normal”, concluye.

Otro factor que influye en la salud mental de los colombianos, según Robinson Grajales, es la historia de violencia que ha vivido nuestro país. “La violencia, la desigualdad y la inseguridad, efectivamente afectan la salud mental de las personas, en términos de producir incluso ansiedad, depresión y también otros aspectos sociales” Añade que el desempleo y  la inseguridad económica también afectan en estos casos, además, dice que la falta de educación para el manejo adecuado de las emociones, los roles sociales de hombres y mujeres que generan presiones para amoldarse a ciertos modelos en los cuales a veces no encajan muchas personas, se cuentan como factores que desestabilizan la salud mental.

Para Andrea Muriel un factor que se debe tener en cuenta son la redes sociales y los medios de comunicación, ya  que pueden incidir en la salud mental, sobre todo porque “muestran fenómenos  cercanos a nuestra realidad,  y otros que nos pueden afectar, también cuestiones como de comparación, de reconocimiento de vida de otros, que puede generar ciertos efectos sobre mí, cuestionamientos, culpa, emociones o pensamientos que no sean tan favorables para afrontar la cotidianidad y que son lejanos” La profesional añade que  algunas personas deciden socializar más por las plataformas digitales y se alejan de sus círculos sociales, de sus familias y el aislamiento puede traer problemas de ansiedad y depresión.

Según Robinson Grajales en Colombia hay unas políticas públicas para la prevención del suicidio, “el Ministerio de Salud ha venido realizando un seguimiento durante los últimos años a la problemática del suicidio y ha identificado unos factores de riesgo  para los cuales han generado estrategias de atención. Una tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Otra estrategia es el fomento de las habilidades socioemocionales, y campañas  para la reducción del consumo del alcohol o para prevenir el abuso de sustancias psicoactivas. Asi mismo, las instituciones tratan de controlar el  acceso a medicamentos u otros medios de suicidio y fomentan la intervención en crisis, no solamente a través de la formación de profesionales propios de la salud mental, sino también de otro profesionales que están en contacto con personas que están en riesgo, por ejemplo en los colegios y en las universidades.”

“También se forman docentes en intervención en crisis”, asegura Grajales. “Los primeros auxilios psicológicos también hacen parte de una política pública. Lo otro es cómo brindar atención también a las personas que tienen otros trastornos o problemas mentales, por ejemplo como la esquizofrenia u otros que también son parte del suicidio. Realmente parece que esas políticas han funcionado, porque en el último año han disminuido los suicidios, de hecho pasaron en el primer semestre de 2023 de 1833 a 1677 en el primer semestre de este año. Lo que implica una reducción de alrededor del 9%.”

“Esto no acaba del todo con el problema y van apareciendo otros factores que son importantes allí, por ejemplo, los suicidios se dan sobre todo entre los jóvenes, entre hombres y mujeres, entre 20 y 29 años sobre todo y el grupo poblacional que le sigue es de los 15 a los 20 años, lo que implica que nos pensemos, qué está pasando con este segmento de la población. Tal vez sea que están más expuestos a asuntos de riesgo como se mencionan  de la salud mental como son las redes sociales, la inseguridad económica, ciertas condiciones de habilidades socioemocionales. Se podría pensar que esta población es más vulnerable a esos factores de riesgo”, concluye. 

Las causas más frecuentes de suicidio son padecimientos como la ansiedad y la depresión, además de otras enfermedades mentales secundarias como la esquizofrenia.  Otras causas son las decepciones amorosas y las dificultades económicas, además de las causas asociadas al uso de drogas o del alcohol. Otros aspectos que tiene que ver con el suicidio y que distingue entre hombres y mujeres, según Grajales, es que “los hombres son los que usan métodos más definitivos y eficaces para quitarse la vida, mientras que las mujeres parece que intentan suicidarse más, usan métodos menos eficaces; los hombres parece que usan métodos más violentos mientras que las mujeres prefieren las sustancias tóxicas”

Lo recomendable si alguien cercano está en riesgo de suicidio es tomarlo en serio.Según Robinson Grajales, no importa de dónde provenga la situación el problema o su tamaño, “desde afuera se puede ver algo sencillo o una exageración, pero las personas cuando se suicidan no quieren quitarse la vida en sí misma sino acabar con un sufrimiento al que no le ven salida o del que no tienen ninguna esperanza de salir.”

En casos extremos, ante un intento de suicidio y/o de una crisis emocional muy fuerte, es recomendable acudir a los centros de atención mental, “pero básicamente es la compañía y también involucrar a esta persona en redes sociales de apoyo de diversa índole. Un dato que llama la atención en los suicidios, es que definitivamente aumentan los domingos, los fines de semana, entonces uno podría pensar que ahí las personas  están por fuera del trabajo, que están solas, que no tienen una vida social adecuada y eso puede ser identificado como otro factor de riesgo.”

“Otro aspecto muy importante es seguir concientizando a la gente de que acuda a los especialistas en salud mental, pues puede ser que para todas las personas no sea fácil acceder, pero con seguridad en muchas instituciones, en escuelas, colegios, universidades y en empresas tienen programas de atención en salud mental. Cada vez en las instituciones la gente está más atenta a estos rasgos y efectivamente yo creo que uno de los puntos que si pueden mejorar mucho la atención al suicidio, la prevención del suicidio, es precisamente que la gente pueda tener acceso a procesos de psicoterapia a través de un terapeuta especializado y que haya un acompañamiento constante de un psicólogo”, recomienda Grajales. Otro aspecto importante es insistir y concientizar en el pedido de ayuda, “ cuando sientan que no pueden manejar una situación emocional provocada por cualquier circunstancia de la vida por más insignificante que parezca”, es posible pedir ayuda.

Redes sociales fuertes,  acceso a especialistas. y prácticas de autocuidado como  una alimentación saludable, la práctica de algún deporte, el no abuso de sustancias psicoactivas, el ocio, el descanso y actividades de esparcimiento, son las recomendaciones mencionadas por los especialistas, todas válidas y avaladas por quienes saben de salud mental, pero de difícil aplicabilidad en ciertos contextos sociales. También se sugiere, debido a que la salud mental no suele presentar una sintomatología física o explícita, la prevención,“ los seguimientos, el antes, durante o después para concientizar más a la población, de por ejemplo, qué efectos puede tener la noticia de una enfermedad crónica que está recién diagnosticada” en lo que Robinson Grajales, menciona todavía no son fuertes las EPS.

Septiembre 16 – 2024

Por Laura Cruz

En el 2023 se presentaron 93 masacres, cifras similares a las que ocurrieron en el mandato de Iván Duque, un gobierno que fue denunciado por organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales por múltiples hechos de violencia. Así mismo, durante los cuatro años del mandatario del Centro Democrático se perdieron más de 500 mil millones de pesos del dinero para implementación del Acuerdo de Paz. 

Diego Alejandro Restrepo (D.R) – Coordinador de la línea de Conflicto, Paz, Postconflicto y DD.HH. de la Fundación Pares, señaló que hubo varios factores por los que se incrementó la violencia durante el Gobierno de Iván Duque. Por ejemplo, la falta de voluntad política para implementar el Acuerdo de Paz en temas fundamentales como seguridad y la economía ilegal.

En el periodo de Duque no se activó la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad, que era una instancia donde participarían distintos sectores institucionales y de la sociedad civil. Además del incumplimiento en los planes de acción para la transformación territorial. Debido a estos incumplimientos y a otros factores, Pares señaló que en el pasado Gobierno hubo un crecimiento y un fortalecimiento de los principales grupos armados organizados (Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN).

Este es un breve resumen de cómo el Gobierno de Gustavo Petro recibió el país en materia de seguridad y protección de los Derechos Humanos. Y  aunque el panorama no era nada alentador, los líderes, madres comunitarias, defensores y la población en general, tenían expectativas muy altas sobre la protección a las comunidades, ya que el plan de Gobierno 2022-2026 denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida, tiene como principal objetivo entrar en una era de paz. “Un programa construido desde los territorios y las voces de sus gentes, está concebido como el inicio de una transición, que en lo inmediato hará posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra”. Dice en dicho plan, sin embargo, han transcurrido dos años del Gobierno del Pacto Histórico, y la crisis humanitaria en el país es evidente. 

El 29 de agosto de 2024 fue asesinado Carlos Andrés Ascué Tumbo, el líder social número 99 de este año, sin contar los 17 firmantes del Acuerdo de Paz que corrieron con igual final.  El 30 de agosto el Presidente Gustavo Petro posicionó a Iris Marín Ortiz como nueva Defensora del Pueblo en el Chocó, uno de los departamentos donde más vulneraciones de derechos humanos se presentan, como las dos masacres de este año, que hacen parte de las 41 que se han presentado en el país y que han dejado 300 víctimas.

Debido a las continuas violaciones de Derechos Humanos, varias organizaciones sociales de diferentes partes del país, por medio de protestas y tomas culturales, se declararon en crisis humanitaria. De ahí nació la Caravana Humanitaria que recorrió el nororiente Antioqueño, Sur de Bolívar, Arauca y la Costa Pacífica en los departamentos del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Una iniciativa llevada a cabo por más de cien organizaciones y catorce países que hacen parte de  la Red Hermandad y Solidaridad por Colombia, 

En la Universidad del Valle, la Caravana Humanitaria presentó un informe preliminar donde señalaron que pudieron verificar que la crisis humanitaria que viven los líderes sociales es alarmante y que el ejercicio de liderazgo está en un altísimo riesgo por las nuevas formas de paramilitarismo que desde siempre han querido exterminar a las organizaciones sociales que protegen sus territorios de multinacionales y megaproyectos ante la ausencia del Estado. 

Una de las primeras causas de violencia que pudo verificar la Caravana es que los intereses económicos de algunas personas prima sobre la vida, ya que cuando megaproyectos llegan a la zona, las comunidades palenqueras, raizales, afrodescendientes, indígenas y campesinas que protegen el ambiente, se convierten en un palo en la rueda. Wilmar Muñoz, abogado y defensor de derechos humanos, quien hace parte de la Caravana Humanitaria señaló que: “las comunidades denuncian que los megaproyectos ponen en riesgo su permanencia en el territorio. Dichos proyectos parecen un gran desarrollo para las comunidades, pero lo que han generado es un riesgo para la vida, también un riesgo para los recursos naturales y la biodiversidad que es lo que más protegen estas comunidades de primera mano”. 

Muñoz agregó que las comunidades se vuelven un obstáculo para los intereses económicos de cierto sectores empresariales, entonces llegan grupos emergentes de bandas criminales, paramilitares y toda su gama de guerra con el fin de exterminar  y continuar con el genocidio, a fin de cumplir con los intereses de multinacionales, megaproyectos, grandes empresarios y sectores económicos del país. 

Colombia, que será anfitrión en la conferencia de biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas este año, fue el país sudamericano que más registró asesinatos de activistas ambientales en 2023, con 79 casos en total, según el reporte de Global Witness. El monitoreo de estos asesinatos le da mucho peso a lo denunciado por la Caravana Humanitaria, ya que el exterminio de las comunidades se sigue presentado por un factor en concreto: el control del territorio. 

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dijo que el Gobierno tiene varias estrategias para proteger la vida de los líderes sociales, entre ellas, la protección de testigos, y que para esto han trabajo de forma conjunta brigada, policía y los líderes, con el fin  de tener zonas especiales de protección. Sin embargo, reconoció que es imposible brindarle un esquema de protección a cada persona que lo solicita. Por lo que desde el Congreso han  pedido que en los Diálogos de Paz se avance en la necesidad del respeto por la vida, además de solicitar a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia, una mesa de verificación con la finalidad de saber quiénes en verdad están asesinando líderes sociales y cuál es en verdad el seguimiento que hace el Estado a los presuntos responsables.

En cuanto a las masacres el representante señaló “Una cosa es tener un conflicto entre el Estado colombiano y un grupo irregular, a disputas entre esos grupos o dominación del narcotráfico, entonces esto hace que las masacres sean de distintos tipos y distintas formas”. 

Sobre el reclutamiento forzado Wilmar Muñoz, vocero de la Caravana Humanitaria, afirmó que:  “Lamentablemente este fenómeno se ha visto de diversas dinámicas en el conflicto colombiano. Las principales víctimas son los jóvenes que son atraídos por propuestas económicas, ya que ven allí lamentablemente una alternativa para la pobreza en la que viven y son engañados”.

El defensor agregó que se presenta otro tipo de reclutamiento como las operaciones cívico-militares realizadas por la fuerza pública, como pudieron observar en el departamento de Arauca, donde pese a una sentencia de la Corte Constitucional, se siguen realizando operaciones en la que la Fuerza Pública recluta jóvenes y estudiantes. Defensores de derechos humanos piden que se cumpla esta sentencia porque es otra forma de vinculación forzada de los jóvenes al conflicto armado. 

En el informe preliminar se evidenció que las mujeres son el principal sector poblacional que más sufre los embates del conflicto colombiano, muestra de ello es el Sur de Bolívar donde algunas madres no podían enviar a sus hijos al colegio porque las niñas, en algunos sectores controlados por el paramilitarismo, corren un alto riesgo de ser abusadas sexualmente.  Sumado a esta problemática muchas mujeres son prácticamente obligadas a ejercer la prostitución sin las mínimas medidas de salubridad. En estas regiones la mujer se convierte en un objeto sexual.  

En las denuncias presentadas a la Caravana, la población civil dice que cuando los paramilitares llegan a los caseríos lo primero que hacen los padres es esconder a las niñas porque pueden ser violadas. Así mismo, la trata de personas es evidente en los diferentes territorios.  Esta situación es más problemática en el Sur de Bolívar, pero se vio en todas las regiones que visitaron.

Wilmar Muñoz afirmó que un fenómeno que se está dando en las diferentes regiones es el de militares retirados que trabajan en alcaldías y/o  gobernaciones y están ejerciendo algunos cargos administrativos y de seguridad desde los cuales impulsan esos frentes de seguridad de los que también hacen partícipes a la población civil. “Unas formas institucionales que seguro cumplen con el objetivo de crear una seguridad, sin embargo, esto es a costa de la población con el fin de blindar los intereses económicos generando una aparente calma como se puede evidenciar en el oriente antioqueño, en el sur del Bolívar y en el centro del País. Se evidencia estas situaciones y estas formas de paramilitarismo y sus nuevas dinámicas a lo largo y ancho del país.“

La Caravana Humanitaria logró identificar que las bandas criminales locales se ponen al servicio de políticos corruptos. Señalando que estos no llegan de la nada, sino que son llamados a cumplir una función. Muñoz señaló “como lo hemos identificado hay unos cerebros que lo permiten desde las administraciones.”

Cuenta Wilmar Muñoz que algunos grupos llegan a los territorios y prometen a las poblaciones progreso por medio de las minas de oro. Ofrecen trabajo y los residentes ven la posibilidad de solventar una necesidad inmediata. El problema de estos procesos es que no tienen autogestión, soberanía alimentaria, no hay conciencia de la protección del medio ambiente y el paramilitarismo se aprovecha de las necesidades para dar supuestas garantías de vida.  

“Los paramilitares usan esto como un tipo de estrategia política de cara a las próximas elecciones presidenciales, esto fue evidente en las diferentes regiones visitadas, juegan con la inconformidad de la gente y esto se suma a la gran campaña mediática de diferentes empresas de comunicación tradicional.  Un ejemplo claro es Antioquia, en la Serranía de San Lucas donde nace el agua limpia, sin embargo, a pocos metros contaminada por mercurio para poder sacar el oro. Esta agua es consumida por las poblaciones y vemos con preocupación que esta es una realidad que el Gobierno actual no ha podido atender.”

Respecto a la protección del medio ambiente el congresista Alejandro Ocampo afirmó “Es el momento en la historia de Colombia donde hay más acciones para proteger el medio ambiente. Un ejemplo es el Acuerdo de Escazú que prueba cuál es el compromiso real del Gobierno de Gustavo Petro”.  El Representante señaló que este es el primer acuerdo que existe en Centroamérica que permite tener información constante y cierta frente a las acciones que se van a tomar.  También señaló qué este es el único Gobierno que ha generado políticas para la protección del agua, que ha sido capaz de enfrentar la discusión económica versus la protección de la vida. 

En cuanto a los logros en la defensa de Derechos Humanos en los dos años de este gobierno, puso como ejemplo las conversaciones entre Shottas y Espartanos. “Las acciones que hemos realizado han permitido eliminar fronteras invisibles, hoy los niños vuelven a salir a las calles, y esto es una ganancia para los Derechos Humanos”. Ocampo finalizó diciendo que las cifras muestran unos aspectos importantes, en agosto ha disminuido el 80 por ciento los homicidios y el 70 por ciento incursiones en comparación al año pasado en Buenaventura.

Que se haga una intervención urgente para escuchar a las víctimas. Hay personas con información valiosa que quieren hablar de estos nuevos casos de paramilitarismo, pero dicen que, si no encuentran las rutas para su denuncia no lo harán, porque en sus territorios no hay garantías, por eso aquí se pide una comisión especial del gobierno nacional que pueda recibir las denuncias. Lo segundo es el cumplimiento de pliegos de exigencia que se han dado en las movilizaciones y también las negociaciones en cuanto a las emergencias humanitarias que se han dado en Bogotá, donde se inician las reuniones, pero no hay una continuidad para resolverlas.

“Es vital que el Gobierno haga un identificación plena de los actores políticos y empresariales que están bastante inmersos en el conflicto, pues como referimos, el paramilitarismo no sale de la nada sino no hay alguien que lo impulsa alguien que aprovecha estas  estructuras para sus intenciones y vemos como territorialmente han ido cambiando estas formas de paramilitarismo, pero cumpliendo la misma finalidad, el exterminio, quitar de camino a las comunidades, grandes grupos empresariales que ya han sido cuestionados en informes anteriores, denunciados incluso por miembros de las autodefensas que han pasado lista de algunas empresas y esto aun continua porque no se han tomando medidas a grupos que aún consideramos que tienen el poder  y no han dejado gobernar en la actualidad.” 

Wilmer Muñoz nos recuerda que para hablar de la nueva defensora es necesario, comenzar diciendo que “lamentablemente, la Defensoría del Pueblo en la administración pasada, la del señor Camargo, tiene un sin número de observaciones, un ejemplo es cómo la defensora del pueblo de Cundinamarca era la esposa del alcalde de Madrid Cundinamarca, pues él estaba recibiendo reclamos por la muerte de dos manifestantes en el año 2021, donde él mismo da la orden de la intervención que ocasiona la muerte de dos jóvenes madrileños. Este caso no surtió ninguna investigación, al contrario, había un grupo de militares que realizaban seguimientos y estigmatización a quien pensaran diferente que el mencionado alcalde.”

“Es un alivio el cambio el Defensor del Pueblo -continúa Wimer Muñoz- pero se necesitan herramientas que materialicen escuchen y den una ruta de protección porque las alertas tempranas solas como tal pues no van  a dar garantías la vida, esto se garantiza siempre y cuando haya una respuesta institucional conjunta, pero seguimos viendo el corto circuito en algunas instituciones que por más políticas gubernamentales que se tracen.”

Alejandro Ocampo, también se manifestó sobre la elección de la Defensora señalando que “Debe haber más institucionalidad, más comunicación, porque en la Defensoría pasada desarrollaba algunas acciones, con funcionarios que eran más de carácter político”.  Ocampo agregó que espera que esta nueva defensoría que cuenta no sólo con elementos técnicos, sino que realmente sabe de Derechos Humanos, dé muy buenos resultados. “Pero que para esto es vital que haya una articulación con las distintas entidades como la Fiscalía, la Fuerza Pública, alcaldías y gobernaciones.”

Septiembre 9 – 2024

Por Jorge Luis Galeano

21 de agosto de 2020 y el mundo está en plena pandemia por el Covid-19. Hay miedo e incertidumbre y en ese contexto sucede la desaparición de Alejandro Ramírez Chávez, un joven caleño, hincha a morir del América de Cali. 

Cuatro años después, este caso se camufla entre los miles de casos registrados en Colombia cada año. Se vuelve, entonces, uno más en la maraña de cifras que sobre este delito arroja el país. Es un caso más, excepto claro, para su familia y algunas organizaciones sociales que le ayudan.

Paloma Chávez, mamá de Alejandro, es la cara y la voz de este episodio doloroso. Es quien aparece en medios de comunicación y en plantones para contar su historia y exigir justicia “Antes ni siquiera sabía que se llamaba desaparición forzada. Yo veía los casos y pensaba: se fue, se fue. O pensaba que sólo le pasaba a personas como líderes sociales, en las zonas rurales, en el conflicto armado” dice hoy tras convertirse en activista en contra de este delito. Como muchas otras madres buscadoras, es activista a la fuerza, arrastrada por la realidad de este país. 

Recuerda muy bien ese 21 de agosto de 2020: “Ese día Alejandro se levantó a las 8:30  de la mañana y hacia las 4 pm, me dijo que iba salir con unos amigos. No me dijo a dónde exactamente, pero era normal. Yo sabía que no iba lejos porque no llevaba su billetera, sino sólo el celular. Nos dimos un beso de despedida y esa fue la última vez que lo ví” y el camino de búsqueda ha sido tortuoso, como para todas las personas que padecen lo mismo. Denuncia desinterés del Estado, falta de empatía de funcionarios y funcionarias y la constante revictimización. 

Esto no es nuevo. Aun hoy, las familias deben actuar como investigadoras porque sienten pocas o nulas las acciones de las autoridades, trasladándole a ellas la carga de descubrir la verdad y eso, por supuesto, no llega solo “Son momentos que le cambian la vida de un día para otro. Quizás hubiera sido un poco menos doloroso encontrar el cuerpo y hacer su duelo, pero tenemos que soportar la incertidumbre de no saber si comió, si está enfermo, si lo asesinaron”.

En la primera conversación que tuvimos, estuvo acompañada de su esposo, padrastro de Alejandro y aunque él no habla, Paloma dice que ha sido fundamental en el proceso de búsqueda y reconoce que sería muy difícil mantenerse en pie si no tuviera a su familia detrás, apoyándola. Recuerda, por ejemplo, que sólo nueve días después de la desaparición de su hijo pudo poner la denuncia formal porque se mantiene el mito de las 72 horas. Era época de pandemia y debía enviar un correo porque no se atendía de manera presencial. 

Dice Paloma que hay una sensación de abandono, de soledad. Afortunadamente su familia, pero también organizaciones sociales como la Fundación Guagua existen para apoyar el proceso de búsqueda y fue gracias a ese acompañamiento que pudo, por fin, formalizar la denuncia para que inicie el proceso judicial. Proceso que, como muchos otros, ha sido lento e incluso, según ella,  lleno de incompetencia por parte de algunas autoridades que, pese a que ella y su familia han actuado como investigadores, entregando indicios y pistas, éstas se pierden por la inoperancia institucional.

Algo que caracteriza a las familias buscadoras es el hecho de nunca parar, pese al contexto adverso por la falta de apoyo institucional, por los riesgos que asumen, por las profundas transformaciones que sufren sus vidas. Algunas pierden empleos o si los mantienen, implica doble esfuerzo de seguir adelante con sus vidas sin abandonar la ardua tarea de encontrar la verdad sobre la suerte de su ser querido. Paloma dice que es un compromiso moral como mamá, “es esa promesa que le hice a Alejandro desde el momento en el que hice conciencia de que él había sido desaparecido: que yo lo voy a encontrar en las condiciones que Dios lo designe, pero yo lo voy a encontrar”.  Aunque confiesa que hay momentos de flaqueza en los que siente que ya no puede más por la indiferencia de la gente, sabe que la búsqueda no se detendrá. 

El último viernes de cada mes Paloma y otras personas integrantes de la Fundación Guagua hacen un plantón para recordar a sus seres queridos desaparecidos y seguir exigiendo justicia. Es una tarea que, sin descanso, realizan desde el momento el en que son empujadas a buscar a una persona que les fue arrebatada forzadamente. Es un momento de dar y recibir apoyo, de encontrarse con otras que pasan por lo mismo y de reafirmar que la búsqueda no se hace en solitario

Agosto 19 – 2024

Por Jorge Luis Galeano

Entran a la caseta comunal y sonríen. Nada en su ánimo hace pensar que viven con miedo y preocupación por sus vidas, que reciben panfletos, mensajes de texto amenazantes y llamadas atemorizantes.

Estamos en el barrio Pizamos II-Sol de Oriente de Cali, exactamente en el Polideportivo que es como un refugio, un espacio de encuentro y de paz que, por momentos, se desconecta de esa realidad a veces violenta del barrio.

El polideportivo es un parque con infraestructura para hacer deporte y espacios verdes para encuentros y eventos comunitarios. Cerca de la entrada principal, está la caseta comunal en donde conversamos con Nancy y Angélica, dos mujeres lideresas de la zona y que han decidido contar lo que viven por cuenta de las amenazas e intimidaciones.

Ellas lideran procesos comunitarios en este barrio de la Comuna 21 de Cali desde la Junta de Acción Comunal y aunque todo el mundo las conoce y reconoce su trabajo, por casi un año han tenido que moverse con miedo por las calles de una zona que aman y por la que luchan.

El trabajo de Angélica y Nancy en el barrio se parece a su nombre: Sol de Oriente, pues busca ser una luz que empiece a iluminar el camino de niños, niñas y jóvenes que habitan Pizamos II-Sol de Oriente. Personas que representan el 61% de la población de ese territorio, según reporte demográfico de la Secretaría de Bienestar Social hecho en 2016.

Angélica Pertuz tiene una voz potente. Habla con firmeza sobre lo que hace en el barrio desde hace varios años. Es Madre Comunitaria hace 20 años y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Sol de Oriente desde el 2021 y dice que lo que ha buscado siempre es sacar a los jóvenes de la violencia y eso es lo que, según ella, ha hecho que su vida corra peligro.“Yo vengo siendo amenazada desde diciembre” dice. Además, cuenta que ha tenido que moverse constantemente de su casa por el temor que le genera poner en riesgo a su familia. “Eso es desplazamiento intraurbano y todos los líderes estamos pasando por eso” remata. Aunque ha trabajado por la comunidad por tanto tiempo, en ella se percibe el miedo, pero sobre todo, la tristeza de saber que luchar por la comunidad, signifique temer por su vida.

Angélica relaciona lo que le pasa a ella, a Nancy y a los otros liderazgos con el “Guireo”, es decir, el enfrentamiento entre jóvenes del sector que establecen “fronteras” que defienden a sangre y fuego. Justamente cuenta su historia en la caseta comunal, punto que está dividido por una de esas “fronteras” y que, curiosamente, se ubica muy cerca del CAI del barrio Pízamos II.

La alegría con la empezó la conversación se va perdiendo en la medida en que cuentan lo que están padeciendo y la incertidumbre que les genera no sentirse protegidas. “A pesar de que ya pusimos todo en conocimiento de las autoridades, no nos sentimos seguras en nuestro propio sector” dice Angélica, quien aún espera ser escuchada en la Fiscalía para dar detalles de su situación. El temor es evidente y hay mucho de lo que ahí sucede que pidieron no publicar, pues no hay información exacta que permita identificar plenamente a los autores de las amenazas. Lo cierto es que hay quienes preferirían que personas como Angélica o Nancy no continuaran con su labor. En el caso de ella, Nancy, los hechos han sido aun más turbios, pues no sólo es víctima de amenazas, sino que ya perdió a un hijo y estuvo a punto de perder a otro.

“A causa de mi liderazgo, me asesinaron a un hijo y a otro lo intentaron secuestrar pero alcanzó a tirarse de la moto” dice. El caso del asesinato de su hijo, sucedido en junio de 2022, aún no está resuelto y de hecho, denuncia que su propia familia rescató el cuerpo, semanas después de reportar la desaparición, pues las autoridades no quisieron hacerlo. Ella, quien atiende un comedor comunitario ya piensa en retirarse. “Si yo veo que la comunidad no me rodea, creo que lo mejor es retirarme. Por mí y por mi familia.” dice con la evidente tristeza de quien debe abandonar algo que ama. Lo hace porque no quiere que, si los violentos atentan contra ella, los niños y niñas que asisten al comedor comunitario, puedan resultar heridos o peor, muertos.

Los casos de Nancy y Angélica no son los únicos en la ciudad. Varias dependencias han reportado amenazas e intimidaciones. Entre enero y julio de 2024, se recibieron 14 denuncias por amenazas a líderes sociales en Cali. Estas denuncias, según lo que nos informó la Secretaría de Paz y Cultura ciudadana, se presentaron en 7 Comunas y un corregimiento de la ciudad. La Comuna 21, en donde está ubicado el barrio Sol de Oriente, junto a la Comuna 14, es el lugar en el que se reportaron más casos, con tres en total.

El reporte oficial también indica que dos de los casos de amenazas reportados, uno de la Comuna 1 y el otro de la Comuna 21, se atribuyen al ELN, sin embargo, en muchas de las denuncias, la autoría es desconocida lo que dificulta las labores de protección y esclarecimiento de los hechos.

Existe una ruta de emergencia para la atención de este tipo de casos. Dicha ruta involucra a Personería, Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Paz, entre otras, y está diseñada para la acción inmediata de protección de las personas afectadas. Johana Caicedo Sinisterra, Secretaria de Paz y Cultura ciudadana de Cali, dice que a raíz de las denuncias presentadas por algunas personas líderes de la Comuna 21, varias dependencias del Estado hicieron un recorrido para conocer detalles de la situación y tomar las medidas preventivas que eviten que las amenazas se materialicen.

Angélica y Nancy han tramitado de diferente manera las amenazas. Angélica ha hecho la denuncia ante la Fiscalía. Ya fue llamada a una primera audiencia que fue aplazada y está a la espera de poder ir y entregar más detalles, pero sobre todo, sentir la protección del Estado que, según ella, hasta ahora no ha sido palpable y por eso transita con temor por el barrio.

Nancy, por su parte, decidió no denunciar. Le pregunto la razón y me dice que es por el miedo a la revictimizacíón. “Esa gente siempre se entera que uno denuncia y es peor”. Es decir, su caso no aparece en las estadísticas y según ella, es lo mismo con muchas personas líderes que han decidido no hacer pública la situación. Hay, entonces, un subregistro de la verdadera magnitud de las amenazas y riesgos del liderazgo comunitario en Cali.

Angélica se va primero porque su trabajo de Madre Comunitaria así lo requiere. Vuelve a sonreír al despedirse. Nancy me espera y me dice a modo de secreto: “¿Se acuerda de lo que le dije que me toca hacer por estar amenazada?”, le digo que sí y nos despedimos. Claro, no lo puedo publicar por su seguridad.

Agosto 14 – 2024

Por Óscar Tibaduiza Rodríguez
Defensor de Derechos Humanos y Comunicador popular

Este artículo fue publicado en www.quiramedios.com  y hace parte de la Alianza de Medios Alternativos de Colombia

El 23 de junio de 2020, en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, varias familias se establecieron en un lote con la esperanza de acceder a una vivienda digna. Esta acción se debió a la imposibilidad de cubrir los gastos de alquiler, exacerbada por la crisis económica causada por la pandemia, así como a los problemas estructurales de desigualdad social, injusticia y precariedad económica que estas familias enfrentan y que el estado colombiano no ha resuelto.

La respuesta de la administración municipal fue recurrir a la Fuerza Pública, específicamente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para desalojar violentamente a las familias. Durante el procedimiento de desalojo, el 25 de junio, Duván Mateo Aldana Álvarez, de 15 años, fue asesinado por el impacto de un proyectil de arma de fuego. Duván Mateo era estudiante de octavo grado del Colegio Distrital Buenos Aires, habitante del barrio Ciudadela Sucre en Soacha. Su asesinato sigue en la impunidad. 

En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Plataforma Regional de Derechos Humanos Mateo Aldana, organizó una jornada de conmemoración en homenaje a Duván Mateo, exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos para que su caso no quede impune.

Junto a Deisy Álvarez, madre de Mateo, la plataforma, diferentes organizaciones, colectivos y procesos comunitarios continúan trabajando por la Memoria, reivindicando la vida y exigiendo justicia por Mateo y por todas las personas que han sido asesinadas, así como por el acceso a una vivienda digna para las familias Ciudadela Sucre en Soacha. 

A continuación compartimos la entrevista a Deisy Álvarez realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación realizada en el marco del homenaje a su hijo Duván Mateo:

Agosto 12 – 2024

Por Laura Cruz

A la 1 de la tarde la entrada lateral del Palacio de Justicia de Cali, ubicado en la carrera 10, comenzaba a llenarse con familiares de Luz Mery Tristán. También llegaron periodistas y algunos grupos de mujeres que llevaban en sus camisetas y pancartas, el rostro de la patinadora, tan lleno de ese algo que sólo tiene la mirada de quienes aman la vida. Seguro quienes desconocían del hecho, no se hubieran imaginado que la mujer de la camiseta había sido asesinada el 4 de agosto del 2023, cuando estaba en su casa ubicada en el kilómetro uno en la vía que conduce a Cristo Rey, presuntamente a manos de su compañero sentimental, el empresario de 58 años, Andrés Gustavo Ricci García.

Mientras llegaba la hora de la audiencia, algunos familiares atendían a la prensa. Era fácil saber quiénes eran parientes de Tristán, no sólo por sus rasgos físicos (blancos, cabello castaño y de ojos claros) sino porque en cada uno ellos se hacía evidente esa mirada de quien busca justicia. A las dos de la tarde, casi un año después del asesinato, se iniciaba la audiencia oral y pública del caso de feminicidio en cabeza de Óscar Castillón León, juez 14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento. Desde el primer momento en que se instaló la audiencia, el Juez se dirigió al abogado defensor Álvaro Diaz para agradecerle por la colaboración con el proceso, ya que el jurista tenía una incapacidad después de una delicada cirugía.

En la sala de la audiencia estaba el Juez, su asistente, el representante de víctimas, el fiscal y al fondo una docena de familiares de la víctima, mientras que en la pantalla al lado derecho, Andrés Gustavo Ricci García recluido en la cárcel Picaleña en Ibagué. Álvaro Díaz, su abogado y al otro lado, la delegada de la procuraduría. A pesar de que víctimas y victimario estuvieran tan sólo de manera virtual, la incomodidad y el silencio eran palpables.

Luego de hacerle saber al indiciado que tiene derecho a no autoincriminarse, la primera pregunta del juez fue tajante:

—¿Cómo se declara? ¿inocente o culpable?

Con una voz muy débil, casi como si se negara a salir, el acusado respondió.

—Su señoría: me declaro inocente.

 Entonces se instaló como protesta el silencio, la forma más pura de indignación. 

¡Justicia, Justicia!  Se escuchaba la palabra entre otras arengas que gritaban las mujeres desde afuera de la sala, como si hubieran escuchado que el acusado se declaraba inocente. Nunca la palabra justicia tuvo tanto sentido como en ese momento.

El Fiscal Víctor Alfonso Giraldo mostró la teoría del caso, señalando primero los delitos de que es acusado Andrés Gustavo Ricci García: feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  El delito de porte obedece a que el día cinco de agosto, en el momento de la captura, las autoridades encontraron cinco armas, entre ellas dos de fuego y tres traumáticas que no contaban con ningún salvoconducto.

Segundo Giraldo relató cómo actuó Gustavo en el momento en el que habría asesinado a la expatinadora.  “Utilizando  un arma de fuego, el señor Andrés Gustavo Ricci García y con plena intencionalidad de matar, disparó en contra de su compañera intima Luz Mery Tristán Gil en varias ocasiones cuando se encontraba resguardando tras una puerta, logrando ocasionar lesión con proyectil de arma de fuego en región dorsal que le provocó su fallecimiento, con orificio de entrada en esa región y de salida en el tórax; habiendo previamente, el señor Ricci García, golpeado y maltratado a su víctima para luego utilizar el elemento letal y culminar su nociva intención”.

Mientras el Fiscal leía el escrito de acusación, familiares de Luz María escuchaban en silencio, a veces murmuraban una que otra cosa, pero lo que hacía más ruido era todo lo que estaban conteniendo.

Para la Fiscalía, el móvil o motivo fueron los celos. Así mismo, la parte acusadora argumentó que Gustavo Ricci durante la relación con Luz María Tristán, participó en un ciclo de violencias físicas, verbales y psicológicas, en las que pretendía tener control de la autonomía o libertad de la víctima, hasta el punto de disponer de su vida.

El Fiscal dijo que se cuenta con las pruebas para formular acusación en contra de Andrés Gustavo Ricci García por los delitos de feminicidio en concurso homogéneo con dos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía pidió una sentencia condenatoria y el juez partirá en este caso de una pena mínima de 500 meses y máxima de 600 meses que le corresponde al delito de Feminicidio Agravado.

Las próximas audiencias donde se escucharán a más de 40 testigos por parte de la Fiscalía y la defensa se realizarán el 14 de agosto, el 2 de septiembre, el 18 de octubre y del 9 al 13 de diciembre. El juez señaló que espera que este año pueda dar un fallo.

Julio 22 – 2024

Por Laura Cruz

Tres años y cuatro meses pasaron antes de que la Fiscalía llevara a juicio a los presuntos asesinos de Lucas Villa, el estudiante que, durante las protestas del Paro Nacional, se destacó por sus arengas y por su alegría. Lucas Villa fue víctima de un atentado sicarial el día 5 de mayo de 2021 en Pereira y falleció seis días después. Sidssy Uribe Vázquez, su hermana, de cierta forma ha postergado su duelo, para buscar justicia y verdad. En diálogo con Hechoencali.com, cuenta que el juicio que se aproxima y que involucra a los hermanos Mejía Hurtado, presuntos asesinos de su hermano, es la punta del iceberg de una verdad que se le ha contado a medias al país, ya que en este asesinato aparecen los nombres de varios coroneles, alcaldes, médicos, narcotraficante y políticos ligados a la oficina La cordillera que funciona en Risaralda y que fue la encargada de asesinar a Lucas Villa.

Queda esperar a cómo se desarrollará el juicio de Jhonatan Mejía Hurtado y Jhon Alexander Hurtado, quienes irán a juicio el 28 y 29 de octubre del presente año. El resultado del juicio será solo un paso para la búsqueda de la verdadera justicia, ya que para Sidsy es claro que el asesinato de su hermano no fue autoría de los dos peones de la banda La Cordillera, sino el resultado de una orden que vino de personas mucho más poderosas, quizás de los mismos que por años han decidido el futuro de este país.