El Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene una vigencia de 7 años, en los cuales debe insistir en el diálogo con las entidades competentes para la formulación de Políticas Públicas que aseguren el cumplimiento de las Recomendaciones de la CEV en el territorio nacional, esto con el único objetivo de garantizar la No Repetición de los hechos victimizantes del conflicto.
Dicha tarea no ha sido del todo fácil, pues el CSM no cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para la estrategia de comunicaciones diferenciada para zonas urbanas y rurales, sumado a la persistencia del conflicto armado en algunos territorios.
Sin embargo, y con el reloj apresurando la ejecución de las acciones necesarias, el CSM enfocó sus esfuerzos en desglosar las 67 Recomendaciones de la CEV para articularlas a través del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y que fueran integradas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
En un primer momento el Gobierno de Gustavo Petro propuso en las bases del PND (artículo 8), que fuera el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien especificara los roles, lineamientos y responsabilidades de las entidades competentes para la implementación de las recomendaciones de la CEV. Esto no prosperó en los debates del Congreso de la República.
A pesar de que “las recomendaciones tienen una obligatoriedad jurídica, ética, moral e histórica” (CSM 2023), el Senado de Colombia no aprobó el artículo 8 del PND, y en la conciliación se eliminó del texto final. Esto no quiere decir que la implementación de las recomendaciones quedó por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, pues la estructura del proyecto de ley incluía 39 recomendaciones articuladas sus 5 grandes ejes: Derecho Humano a la Alimentación, Ordenamiento del territorio alrededor del agua, Seguridad Humana, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y Convergencia regional.
El PND que sancionó la Presidencia de la República, sólo logró incorporar 14 de 39 recomendaciones, es decir solo el 20.89% de la propuesta inicial. El impacto será alrededor de:
Construcción de paz: fomentar la integración del Acuerdo Final de Paz, garantizar la seguridad de los excombatientes, fortalecer el rol del Consejo Nacional de Paz, dar prioridad al diálogo para la confrontación armada. Víctimas: Implementar una reparación integral, establecer una política de memoria y verdad, fomentar la búsqueda de personas desaparecidas.
Democracia: Crear un estatuto de derechos y garantías para organizaciones y movimientos sociales. Hacer ajustes para la igualdad de género, la seguridad y la vida libre de violencia para mujeres y población LGTBI.
Narcotráfico: Transitar hacia una regulación legal con enfoque de DD.HH, salud pública y racionalizar el uso de la acción penal.
Paz territorial: Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial; promover el acceso equitativo y democrático a la tierra, revertir la alta concentración de tierras.
Población LGTBIQ+: Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención a casos de violencia contra personas con orientaciones sexuales.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo en este primer informe resaltó la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro, y su compromiso con la implementación de las Recomendaciones de la CEV, además expresó su preocupación por los obstáculos impuestos por aquellos senadores que son detractores del Acuerdo de Paz, por tanto de los resultados entregados por la Comisión, pero también hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se apropie de las recomendaciones, pues la implementación está en manos y principalmente del Pueblo, quien debe exigir a los gobiernos actuales y venideros el cumplimiento de las acciones dispuestas para que en Colombia se pueda vivir en paz.
La paz es tejido constante a varias manos, una conversación diaria que no tiene fin.
*Lisa Trujillo es Periodista y Comunicadora Popular. Trabaja para la Revista Tribuna Cultural y hace parte del equipo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda