Paloma Valencia revive a Pinochet con sus bonos escolares

Mayo 10 – 2026

Michael Saportas Peláez 
Periodista

La senadora y candidata presidencial uribista, Paloma Valencia, ha intentado a toda costa lanzar un salvavidas a los colegios privados y para lograrlo ha propuesto replicar el mismo sistema de bonos escolares que acabó con la educación pública en Chile en los 80s.

Desde el Congreso y en su plan de gobierno, Valencia ha impulsado su proyecto neoliberal de bonos escolares con el que busca ponerle una lápida a la educación pública, ya de por sí empobrecida, para llenar las arcas de los colegios privados. Insiste en replicar este modelo, implementado por primera vez en Chile durante la dictadura, con consecuencias nefastas para ese país.

El documento oficial del proyecto de ley sobre bonos escolares propuesto por Paloma Valencia consta de más de cuarenta páginas dedicadas a enaltecer el sistema educativo chileno que, según ella, le debe su éxito a los vouchers de Pinochet. Aunque en varios apartados advierte sobre los errores cometidos en el caso de Chile, falta claridad sobre su plan para evitarnos a los estudiantes colombianos el mismo camino de exclusión y marginalidad.

Durante el régimen de Pinochet se diseñó un modelo educativo privatizador en el que colegios públicos y privados competían en condiciones desiguales para recibir recursos del Estado. Tras más de treinta años de vigencia de este modelo, tuvieron que tomarse medidas urgentes y en 2015, con la Ley de Inclusión Escolar impulsada en el gobierno de Michelle Bachelet, sufrió varias modificaciones.

Así surgió la Ley de Inclusión Escolar, que reemplazó el sistema de vouchers, y fue implementada bajo cuatro ejes fundamentales: fin al lucro, fin al financiamiento compartido, fin a la selección, y eliminación de barreras de ingreso a los estudiantes. Una de las consecuencias del antiguo modelo de bonos escolares en Chile fue precisamente el lucro de los dueños de los colegios privados, quienes se quedaban con los recursos sobrantes suministrados por el Estado. También establecía un sistema de financiación compartida entre el Estado y las familias a colegios privados que acabó por ampliar las brechas de exclusión, pues muchos estudiantes no alcanzaban a pagar las cuotas mensuales. En Colombia tuvimos el programa Ser Pilo Paga, un modelo parecido a menor escala implementado en universidades privadas con errores similares que conllevaron a su descontinuación en 2018.

Valencia ha insistido ante el Congreso que “a uno no le debe importar de quién es el edificio”. La verdad es que sí nos tiene que importar de quién es el edificio porque hablamos de poner recursos públicos en manos de privados. La candidata uribista ignora dicho episodio fundamental de la historia de la educación chilena, el cual explica por qué decidieron modificar este absurdo modelo que ni siquiera fue escogido en democracia.

Los méritos del sistema educativo chileno de los últimos treinta años no tienen nada que ver con los vouchers que defiende Valencia. Son más bien el resultado de los esfuerzos de los distintos gobiernos por invertir en educación tras el fin de la dictadura. Tanto es así que desde 1990 Chile viene aumentando el PIB destinado a este sector. Según el último informe Education at a Glance 2024 de la OCDE, Chile invierte el 5,9% de su presupuesto público en educación, posicionándose entre los países latinoamericanos que más priorizan este rubro.

En la década de los 90s los gobiernos posdictadura pusieron en marcha el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, MECE, cuyo propósito fue modernizar el sistema educativo a partir de la financiación de proyectos pedagógicos para estudiantes y profesores, buscando atender las necesidades más urgentes de los colegios públicos en materia de enseñanza, material didáctico, y equipamiento tecnológico. Uno de los objetivos del MECE fue la creación de equipos multidisciplinarios, involucrando a todos los actores de la comunidad educativa en los procesos de mejoramiento.

Actualmente Chile cuenta con un sistema jurídico y de vigilancia robusto bajo la supervisión del Ministerio de Educación, el Sistema de Información de Estudiantes, SIGUE, que cumple funciones similares al Adres del sector salud en Colombia, y los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, sistema creado para garantizar que los recursos previstos para cada municipio sean destinados exclusivamente a la educación.

El sistema educativo colombiano carece de herramientas para proteger sus propios recursos. Ahora mismo no se sabe a dónde fueron a parar más de COP $540,000 millones transferidos por el Estado a Colfuturo para la financiación de becas de posgrado en el exterior, de acuerdo con la denuncia presentada por el Ministerio de Ciencias ante los entes de control.

Paloma Valencia y la bancada del Centro Democrático llegaron al delirio de acudir a a la tesis pinochetista para rescatar a la élite dueña de los colegios privados más prestigiosos del país, actualmente en crisis por falta de estudiantes. Como siempre, observan la historia desde el lado más conveniente. Su máxima líder busca a quién engañar con su disfraz de centro, ya desteñido a pocos días de las elecciones presidenciales.