Mayo 20-2026

Por PANAL MEDIOS Red de Medios Alternativos y Comunitarios

La tarde cae lentamente sobre Buenaventura. El aire húmedo del Pacífico atraviesa las calles del barrio El Ruiz mientras un grupo de niños corre detrás de un balón en una cancha que, hasta hace poco, permanecía deteriorada y silenciosa. Las graderías recién cubiertas resguardan ahora a madres, abuelos y vecinos que observan el partido improvisado como si asistieran a la recuperación de algo más profundo que un escenario deportivo: la posibilidad de volver a encontrarse como comunidad.

En un territorio marcado durante décadas por el conflicto armado, la pobreza y el abandono institucional, la entrega del mejoramiento del escenario deportivo del “Barrio El Ruiz” se convirtió en una jornada cargada de simbolismo. No fue únicamente la inauguración de una obra pública; fue también una escena de reapropiación del espacio colectivo y de reconstrucción de la confianza comunitaria.

La intervención fue realizada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República, con acompañamiento técnico y social de Findeter, como parte de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro por consolidar procesos de paz territorial en las regiones más golpeadas por la violencia.

En “El Ruiz”, los habitantes recuerdan que durante años la cancha permaneció en condiciones precarias. Las lluvias inundaban el lugar, la iluminación era insuficiente y el deterioro alejaba progresivamente a la comunidad. Sin embargo, la memoria del barrio sigue vinculada a ese espacio: allí crecieron generaciones enteras entre campeonatos barriales, encuentros culturales y celebraciones populares.

Por eso, cuando comenzaron las obras, muchos vecinos siguieron de cerca cada avance. La inversión, superior a los 699 millones de pesos, permitió la construcción de una cubierta para las graderías, instalación del sistema de evacuación de aguas lluvias, nuevas luminarias y cerramiento de la cancha con malla de protección.

“Esta intervención no solo dignifica el territorio, sino que fortalece la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia, transformando un espacio físico en un motor de esperanza institucional y cohesión comunitaria”, expresó José Luis Rendón, supervisor técnico de Fondo Paz, durante el acto de entrega.

Pero más allá de las declaraciones oficiales, la transformación se percibe en las pequeñas escenas cotidianas. Un grupo de adolescentes organiza ya los próximos torneos; varias madres comentan la tranquilidad de contar nuevamente con un espacio seguro para sus hijos; los líderes comunitarios hablan de impulsar actividades culturales y jornadas juveniles alrededor de la cancha renovada.

“Con esta obra no solo entregamos una cancha, entregamos oportunidades. Hoy niños, jóvenes y familias cuentan con un espacio seguro para encontrarse, compartir y construir un mejor futuro”, señaló Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter.

Cerca de 500 habitantes serán beneficiados directamente con este proyecto. Sin embargo, en Buenaventura las cifras rara vez alcanzan a explicar la dimensión humana de estos procesos. Aquí, donde muchas comunidades han resistido entre el miedo, la exclusión y las heridas sociales, recuperar un escenario deportivo significa abrir un lugar para la convivencia y para la esperanza.

Mientras avanza la noche y las luminarias recién instaladas iluminan el barrio, la cancha vuelve a llenarse de voces y movimiento. El balón rueda una vez más sobre el cemento nuevo y, por un instante, el sonido del juego parece imponerse sobre los ecos de la violencia que durante años acompañaron a la ciudad puerto.

En “El Ruiz”, la comunidad sabe que una cancha no resuelve todos los problemas de Buenaventura. Pero también entiende que la paz empieza muchas veces en escenarios sencillos: una gradería llena, un partido entre vecinos, un niño jugando sin miedo y un barrio que vuelve a reconocerse en lo colectivo.

Marzo -2026

Por PANAL MEDIOS 

En los barrios donde el agua llega con dificultad, en las veredas donde la luz aún es un privilegio intermitente y en las ciudades donde el transporte define el ritmo de la vida cotidiana, hablar de desarrollo no es una abstracción técnica: es hablar de dignidad. Es en ese país profundo, diverso y desigual, donde una noticia como la reciente iniciativa de Findeter cobra un significado que va mucho más allá de los números.

La Banca de Desarrollo Territorial -Findeter- anunció el lanzamiento de la Línea Especial de Crédito del Banco de Desarrollo Alemán -Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)- Sostenible EMUA (proyectos sostenibles de energía, movilidad urbana, agua y saneamiento básico), una fuente de financiación por 150 millones de dólares que, en apariencia, podría leerse como otro instrumento financiero. Pero en el lenguaje de las comunidades, esto se traduce en algo distinto: posibilidades. Posibilidades de transformar realidades que durante décadas han permanecido en espera.

Esta línea nace con el respaldo del KFW, en el marco del Programa de Desarrollo Económico y Urbano Sostenible. No se trata únicamente de una alianza internacional, sino de un puente entre visiones: la experiencia técnica global y las necesidades urgentes de los territorios colombianos.

Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, lo expresó con claridad: estos recursos buscan impulsar proyectos que no solo construyan infraestructura, sino que respondan a criterios de sostenibilidad ambiental, mitigación del cambio climático y fortalecimiento del tejido económico. En otras palabras, no se trata solo de hacer obras, sino de hacerlas bien, con sentido y con futuro.

Para muchas comunidades, el desarrollo sostenible no es un concepto académico: es la diferencia entre tener agua limpia o no tenerla, entre respirar aire contaminado o caminar hacia una ciudad más habitable, entre depender de energías costosas o acceder a alternativas renovables.

La nueva línea de crédito apunta precisamente a esos sectores que impactan la vida cotidiana: energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y agua potable. Cada uno de estos frentes representa una deuda histórica con amplias regiones del país.

Pensar, por ejemplo, en proyectos de energías renovables en zonas rurales no es solo hablar de paneles solares o tecnología avanzada. Es hablar de escuelas que pueden funcionar sin interrupciones, de centros de salud que pueden atender emergencias, de hogares que dejan atrás la oscuridad. Es, en esencia, hablar de equidad.

En el ámbito urbano, la apuesta por sistemas de transporte sostenible —como flotas de bajas o cero emisiones y sistemas inteligentes de tránsito— abre la puerta a ciudades menos contaminadas, más eficientes y, sobre todo, más humanas. En ciudades donde el tiempo se pierde en trancones interminables, estas transformaciones no son menores: son una forma de devolverle calidad de vida a millones de personas.

Y cuando se habla de agua potable y saneamiento básico, el impacto es aún más profundo. Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y promover el uso eficiente del recurso hídrico no solo previene enfermedades, sino que dignifica la vida. En muchos territorios, el acceso al agua sigue siendo una lucha diaria; por eso, cada inversión en este sector es también una inversión en salud y en justicia social.

Uno de los aspectos más significativos de esta iniciativa no está únicamente en el capital disponible, sino en las condiciones que lo acompañan. Para acceder a estos recursos, los proyectos deberán cumplir con rigurosos criterios técnicos, financieros, climáticos y socioambientales definidos por el KFW.

Esto implica que cada iniciativa será evaluada con herramientas especializadas que garantizan su viabilidad y su alineación con estándares internacionales de sostenibilidad. En un país donde muchas obras han quedado inconclusas o mal ejecutadas, este enfoque representa un cambio de paradigma: no basta con invertir, es necesario hacerlo con responsabilidad y visión de largo plazo.

Además, el programa incluye asistencia técnica gratuita. Este componente es crucial para las entidades territoriales y organizaciones que, aunque tienen la voluntad de ejecutar proyectos transformadores, a menudo carecen de capacidades técnicas o administrativas suficientes. La asistencia no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que fortalece las instituciones locales, generando un impacto que perdura más allá de una obra específica.

En otras palabras, no se trata solo de financiar proyectos, sino de sembrar conocimiento, de construir capacidades y de empoderar a los territorios para que sean protagonistas de su propio desarrollo.

La Línea KFW Sostenible EMUA está dirigida a una amplia diversidad de actores: entidades territoriales, empresas de servicios públicos, operadores de transporte, empresas públicas, privadas y mixtas, e incluso empresas sociales del Estado.

Detrás de esta diversidad hay una apuesta clara: el desarrollo sostenible no puede depender de un solo actor. Requiere articulación, cooperación y, sobre todo, participación.

Para los medios comunitarios, las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal, esta iniciativa abre una ventana que no puede pasar desapercibida. Aunque no todos serán beneficiarios directos, sí pueden convertirse en actores clave en la veeduría, en la promoción de proyectos y en la construcción de propuestas que respondan a las necesidades reales de sus territorios.

Las comunidades conocen mejor que nadie sus problemáticas y sus potencialidades. Por eso, el reto no es solo acceder a estos recursos, sino asegurar que lleguen a donde más se necesitan y que se traduzcan en transformaciones reales.

Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: avanzar hacia un modelo de desarrollo que no sacrifique el ambiente, que no profundice las desigualdades y que no deje a nadie atrás. En ese contexto, iniciativas como esta se convierten en piezas clave de un rompecabezas más amplio.

La transición energética, la movilidad limpia, la gestión eficiente del agua y la construcción de ciudades resilientes no son metas aisladas. Son parte de una misma visión: la de un país que reconoce que el desarrollo no puede medirse únicamente en crecimiento económico, sino en bienestar colectivo.

La Línea KFW Sostenible EMUA representa, en ese sentido, una herramienta concreta para avanzar en esa dirección. Pero su verdadero impacto dependerá de cómo se utilice, de quiénes accedan a ella y de la capacidad de las comunidades para apropiarse de estos procesos.

En los territorios, las grandes transformaciones no suelen anunciarse con discursos grandilocuentes. Se construyen poco a poco, con esfuerzo colectivo, con liderazgo comunitario y con decisiones que, aunque parezcan técnicas, tienen profundas implicaciones humanas.

Hoy, esta nueva línea de crédito se presenta como una oportunidad. No una solución mágica, pero sí un camino posible. Un camino que, si se recorre con responsabilidad, participación y enfoque territorial, puede contribuir a cerrar brechas históricas y a construir un país más justo.

Porque al final, el desarrollo sostenible no se trata solo de infraestructura, ni de financiamiento, ni de indicadores. Se trata de algo más simple y más profundo: garantizar que todas las personas, sin importar dónde vivan, puedan habitar un territorio digno, habitable y lleno de futuro.

Marzo 2026

Por PANAL MEDIOS 

En Colombia, donde la organización comunitaria ha sido históricamente uno de los pilares de la vida social en barrios, veredas y municipios, las Juntas de Acción Comunal continúan demostrando que la participación ciudadana no es solo un principio constitucional, sino una práctica cotidiana de construcción colectiva. En esa dirección, el Ministerio del Interior anunció el inicio de la ejecución de 60 proyectos comunitarios que hacen parte del Banco de Proyectos Comunales – Fase III, una estrategia que busca fortalecer el liderazgo territorial y apoyar soluciones construidas desde las propias comunidades.

La iniciativa cuenta con una inversión de 2.210 millones de pesos y beneficiará a 39 municipios en 18 departamentos del país, con el acompañamiento técnico de Findeter, entidad que actúa como banca de desarrollo para apoyar proyectos regionales. Más que una cifra presupuestal, el programa representa una apuesta por reconocer el papel de las organizaciones comunales como actores fundamentales en el desarrollo local y en la consolidación de la democracia participativa.

Las Juntas de Acción Comunal han sido, durante décadas, una de las estructuras organizativas más extendidas en el territorio colombiano. Desde pequeñas veredas hasta barrios populares de las grandes ciudades, estas organizaciones han permitido que las comunidades gestionen proyectos colectivos, defiendan intereses comunes y generen soluciones frente a necesidades locales.

En el marco de esta nueva fase del Banco de Proyectos Comunales, el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, resaltó que el fortalecimiento de estas organizaciones es clave para construir territorios más participativos.

Según explicó el funcionario, cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada con este tipo de iniciativas no solo se materializa una obra o un programa comunitario. También se fortalece la participación ciudadana, entendida como la base de una democracia que se construye desde lo local.

“Cuando una Junta de Acción Comunal resulta beneficiada, se fortalece la participación ciudadana como base de nuestra democracia. Estos proyectos permiten que las comunidades tengan incidencia en las decisiones que impactan su entorno y que la inversión pública responda a sus prioridades”, señaló.

La estrategia parte de un principio sencillo pero profundo: las comunidades conocen mejor que nadie sus necesidades y también sus potencialidades. Por eso, los proyectos no son diseñados exclusivamente desde las instituciones, sino formulados por las propias organizaciones comunales mediante procesos de diagnóstico participativo.

El Banco de Proyectos Comunales contempla cinco líneas de financiación que buscan responder a diversas necesidades de las organizaciones de base. Los recursos asignados a cada iniciativa oscilan entre 25 y 80 millones de pesos, dependiendo del tipo de proyecto y su alcance.

1. Mantenimiento, mejora o adecuación de recintos comunales, espacios que funcionan como centros de reunión, formación y encuentro para las comunidades.
2. Reconstrucción de la memoria y la cultura comunal, orientada a rescatar procesos históricos, saberes colectivos y experiencias organizativas.
3. Soberanía alimentaria y fortalecimiento de unidades productivas, que incluye apoyo a mercados campesinos y ferias populares.
4. Dotaciones para el fortalecimiento organizativo, que facilitan herramientas para mejorar la gestión comunitaria.
5. Mitigación del riesgo de desastres, cambio climático y conservación ambiental.

Dentro de los 60 proyectos seleccionados, la mayor parte corresponde a iniciativas de dotación para organizaciones comunales (24 proyectos) y a acciones relacionadas con la mitigación de riesgos ambientales (19 proyectos). También se incluyen propuestas de reconstrucción cultural (8), soberanía alimentaria (6) y mantenimiento de casetas comunales (3).

Tecnología para cerrar brechas en el campo

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el presentado por la Junta de Acción Comunal de la vereda Nemoga, ubicada en el sector de Siberia, en el municipio de Fúquene (Cundinamarca). Allí, la comunidad decidió apostar por una iniciativa que busca reducir la brecha digital en zonas rurales.

El proyecto contempla la dotación de computadores, impresoras, un video beam y un televisor, equipos que permitirán habilitar espacios de formación tecnológica para habitantes de la vereda.

Para Yesenia Marqués, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Nemoga, el acceso a herramientas digitales puede marcar una diferencia significativa en la vida cotidiana de las comunidades rurales.

Según explicó, uno de los objetivos centrales del proyecto es facilitar el aprendizaje de nuevas tecnologías, especialmente para los adultos mayores, quienes muchas veces enfrentan mayores dificultades para acceder al mundo digital.

“Gracias a la postulación de nuestro proyecto tendremos tres computadores, un video beam, dos impresoras y un televisor que le permitirá a la gente, sobre todo a los adultos mayores, familiarizarse con el uso de internet y conectarse con la familia que no vive cerca”, afirmó.

Este tipo de iniciativas evidencian cómo la organización comunitaria puede contribuir a cerrar brechas tecnológicas y generar espacios de aprendizaje colectivo en territorios donde el acceso a infraestructura digital sigue siendo limitado.

Reforestar para proteger el agua y la vida

Otro de los proyectos destacados se desarrolla en la vereda Alto Cuembí, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, donde la Junta de Acción Comunal impulsa una iniciativa ambiental orientada a la recuperación de fuentes hídricas.

Durante años, parte de esta zona fue utilizada para la siembra de cultivos ilícitos, lo que provocó procesos de degradación ambiental y pérdida de cobertura vegetal. Frente a esta situación, la comunidad decidió emprender un proyecto de restauración ecológica que incluye la siembra de especies nativas como nacederos y chiparos.

La iniciativa busca no solo reforestar el territorio, sino también promover procesos de educación ambiental entre los habitantes de la vereda.

Julio Mesa Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Cuembí, explicó que el proyecto contempla actividades de capacitación comunitaria sobre la importancia de proteger los humedales y nacimientos de agua.

“Vamos a realizar talleres y capacitaciones a la comunidad sobre la importancia de la conservación, la recuperación y el mantenimiento de los humedales y nacederos de agua para el equilibrio de nuestro ecosistema”, señaló.

Este tipo de acciones demuestran cómo las organizaciones comunitarias pueden convertirse en protagonistas de procesos de restauración ambiental y defensa del territorio.

Participación para construir soluciones colectivas

Uno de los aspectos más relevantes del Banco de Proyectos Comunales es el proceso participativo que acompaña la formulación de cada iniciativa. Antes de presentar un proyecto, las organizaciones deben desarrollar espacios de diálogo comunitario en los que se identifican necesidades, se priorizan soluciones y se definen metas de manera colectiva.

Durante este proceso, las comunidades también elaboran presupuestos participativos y construyen acuerdos sobre la ejecución de las iniciativas.

Este enfoque busca garantizar que los proyectos respondan realmente a las problemáticas del territorio y no a decisiones externas alejadas de la realidad local.

Además, el programa se articula con la estrategia nacional de economía popular y solidaria, que promueve el fortalecimiento de iniciativas productivas comunitarias y el impulso de empleos locales.

Convenios solidarios: comunidades que ejecutan sus propios proyectos

Un elemento clave de la estrategia es la implementación de convenios solidarios, un mecanismo mediante el cual las propias organizaciones comunitarias pueden ejecutar los proyectos aprobados.

Este modelo rompe con la lógica tradicional de contratación pública, en la que las obras y programas suelen ser ejecutados por terceros. En cambio, permite que las comunidades participen directamente en la gestión de los recursos y en la implementación de las iniciativas.

La modalidad busca aprovechar el conocimiento territorial que tienen las organizaciones de base y fortalecer sus capacidades administrativas y organizativas.

De esta manera, además de generar empleo local y dinamizar las economías regionales, los proyectos también contribuyen a consolidar procesos de autonomía comunitaria.

Democracia desde los territorios

El Banco de Proyectos Comunales se inscribe dentro de una visión más amplia del desarrollo territorial, en la que la democracia no se limita a los procesos electorales, sino que se expresa en la participación cotidiana de la ciudadanía en las decisiones públicas.

En un país marcado por profundas desigualdades regionales, fortalecer la organización comunitaria puede ser una herramienta clave para avanzar hacia modelos de desarrollo más incluyentes y sostenibles.

Los 60 proyectos que comienzan a ejecutarse en diferentes regiones del país son, en ese sentido, ejemplos concretos de cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas de las transformaciones de sus propios territorios.

Desde la dotación tecnológica en una vereda de Cundinamarca hasta la restauración ambiental en Putumayo, las iniciativas reflejan una diversidad de apuestas comunitarias que comparten un mismo objetivo: construir bienestar colectivo desde lo local.

En un contexto donde las comunidades enfrentan retos como la pobreza rural, el cambio climático, la brecha digital o la falta de oportunidades económicas, programas como el Banco de Proyectos Comunales buscan abrir caminos para que las soluciones nazcan desde los territorios.

Porque, como lo han demostrado históricamente las organizaciones comunales en Colombia, cuando la comunidad participa, el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a convertirse en realidad.

Para Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, este tipo de iniciativas no solo fortalecen la organización comunitaria, sino que también contribuyen a dinamizar las economías locales.

Desde su perspectiva, se trata de proyectos que permiten mejorar infraestructura social, reactivar procesos productivos y fortalecer el tejido social, todo ello mediante inversión pública que llega directamente a los territorios en Colombia.

Febrero 2026

Panal Medios 
Red de Comunicación Alternativa y Comunitaria

En el Chocó, la escuela no es solo un lugar para aprender a leer y escribir. Es punto de encuentro, refugio frente a la lluvia, espacio de palabra y memoria, y, muchas veces, el corazón mismo de la comunidad. Por eso, cuando una escuela se cae a pedazos, no solo se deterioran las paredes: se resiente la esperanza colectiva. En contraste, cuando una institución educativa se fortalece, el territorio respira y la vida comunitaria encuentra nuevos caminos para florecer.

Más de 1.100 niñas, niños y jóvenes de los municipios de Bajo Baudó y Quibdó hoy vuelven a sus clases en espacios renovados, más seguros y dignos, luego de la entrega de obras de mejoramiento en cuatro sedes educativas del departamento. Estas intervenciones, realizadas con una inversión cercana a los $981 millones, llegan a zonas urbanas y rurales donde la educación ha resistido históricamente en medio del abandono, la precariedad y las difíciles condiciones climáticas.

Para muchas familias, madres comunitarias, docentes y liderazgos locales, estas obras significan algo muy concreto: aulas que ya no se inundan cuando llueve, techos que no filtran agua, baños que funcionan y comedores escolares donde la alimentación puede brindarse con mayor cuidado. Son cambios que, aunque puedan parecer pequeños desde afuera, transforman profundamente la cotidianidad de quienes habitan y sostienen la escuela día a día.

Bajo Baudó: escuelas que sostienen la vida comunitaria

En el municipio de Bajo Baudó (Pizarro), las obras se realizaron en tres sedes educativas fundamentales para la vida del territorio: la Institución Educativa Indígena Embera de Pizarro – sede principal, la Institución Educativa Francisco Pizarro – sede principal y la sede María Isabel Mosquera. En conjunto, estas intervenciones benefician a 987 estudiantes, en su mayoría niñas y niños pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Las mejoras incluyeron la adecuación interior y exterior de las aulas, la reposición de cubiertas con canales y bajantes —una necesidad urgente en una región donde la lluvia acompaña casi todo el año—, el arreglo de pisos, la renovación de baterías sanitarias y la instalación de puertas y ventanas. También se modernizaron las redes eléctricas y los sistemas de iluminación, logrando que varios bloques quedaran completamente habilitados.

Para las comunidades, estas obras no solo representan infraestructura nueva, sino la posibilidad de enseñar y aprender con mayor tranquilidad. “La escuela es donde se reúne la comunidad, donde se hacen reuniones, mingas y celebraciones”, comentan líderes locales, quienes reconocen que contar con espacios adecuados fortalece el tejido social y reafirma el sentido de pertenencia territorial.

Tagachí: aprender del campo y para el territorio

En la zona rural de Quibdó, la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tagachí también fue intervenida, beneficiando a 193 estudiantes que se forman en saberes ligados a la tierra, la producción de alimentos y el cuidado del entorno. Con una inversión cercana a los $92 millones, se mejoraron las cubiertas con teja termoacústica, se adecuaron aulas, se cambiaron pisos de madera y se fortalecieron las baterías sanitarias y el restaurante escolar.

Para esta comunidad educativa, el mejoramiento del restaurante escolar es especialmente significativo, ya que la alimentación es un pilar fundamental para la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo. Además, al tratarse de una institución técnica agropecuaria, estos espacios fortalecen procesos de formación que dialogan con la soberanía alimentaria y el conocimiento ancestral del territorio.

Educar con dignidad es un derecho, no un privilegio

Desde Panal Medios, red de comunicación alternativa y comunitaria, insistimos en que hablar de infraestructura educativa en el Chocó es hablar de dignidad, justicia territorial y derechos colectivos. Durante años, las comunidades han sostenido las escuelas con esfuerzo propio, autogestión y trabajo comunitario, a pesar de la falta de inversión pública suficiente.

La entrega de estas obras, impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional y Findeter, se suma a la necesidad de avanzar hacia procesos más integrales, donde la infraestructura vaya acompañada de dotación, fortalecimiento pedagógico y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.

En un departamento donde educar ha sido también un acto de resistencia, estas escuelas renovadas se convierten en espacios para sembrar futuro, cuidar la vida y fortalecer la organización comunitaria. Porque cuando la escuela se cuida, no solo aprenden las niñas y los niños: se fortalece el territorio y se reafirma la esperanza colectiva.