Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Mayo 13 – 2024

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco muchachos que fueron asesinados en agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad del barrio Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Hoy recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias, su cultura, esto a través de cuatro mujeres; una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que así sea por un segundo vuelvan a vivir en la palabra, una mujer negra del después de ser desplazada se hizo abogada, y una docente que humaniza la academia. 

Jimmy, Eloy, Lágrimas, Víctor y Vicky vuelven a vivir de alguna manera cuando Alejandrina pronuncia sus nombres. Ellos son sólo una parte de los niños y jóvenes que han sido asesinados desde que se fundó el barrio. A Alejandrina seguro se le escapan algunos de los nombres de los amigos que ha visto morir por una guerra que hoy trata de comprender y cambiar por medio del semillero Afrodes.

Alejandrina Falquez Sinisterra llegó a Llano Verde en el 2014. Se vino con sus hermanas porque su madre, al ver que la violencia se agudizaba año tras año, prefirió que sus hijas estuvieran seguras. Alejandrina proviene del municipio de Satinga u Olaya Herrera, como también es conocido. Es un territorio del Pacífico nariñense a 16 horas de Cali, 14 de ellas en barco y 2 en carro. 

Diez años después de que la familia de Alejandrina fuera obligada a migrar a Cali, persisten los desplazamientos por cuenta de enfrentamientos entre guerrilleros de las disidencias de la Segunda Marquetalia y las de ‘Iván Mordisco’. Más de 1.500 personas fueron obligadas a desplazarse el 10 de enero de este 2024.   

A pesar de tener que dejar su territorio, la primera vez que vio a Llano Verde le dio buena impresión. “Todo se parece. La organización, todo estaba divino. Fue muy acogedor. Hay muchas prácticas parecidas a las de nuestros territorios. Siempre está el tema de compartir, el respeto hacia el adulto mayor, todo. Entonces como que no fue muy alejado de lo que yo vivía en mi territorio ¡Sólo me faltaba el río y la canoa!” Se ríe.  Sin embargo esa sensación de belleza y organización del barrio cambió cuando Alejandrina vio que la muerte, que tan presente estaba en Satinga, la había seguido también a Cali. 

El cambio más abrupto fue cuando mataron a Vicky”. Vicky era una niña de 10 años y murió en medio de un enfrentamiento entre la policía y los grupos armados. Fue una bala perdida. “Estábamos celebrando el día de los niños cuando inició la balacera. Los niños empezaron a correr a sus hogares buscando un refugio. Vicky llegó a la casa de ella y se devolvió porque la puerta  estaba cerrada y de ahí, en ese correr y buscar ese resguardo, recibió el impacto. Pensamos que se había desmayado, que se había chocado, pero cuando la fuimos a ver tenía el impacto acá (se señala…), y lamentablemente Vicky murió”. 

Jimmy, Eloy, lágrimas, Víctor, entre otras víctimas, han sido asesinadas en Llano Verde, la mayoría amigos y conocidos de Alejandrina. Otros jóvenes han tenido que desplazarse del barrio o de Cali porque corrían peligro de ser asesinados.  El primero, el intraurbano, es una afectación muy común que viven las familias a causa de la violencia.

La joven concuerda con la mayor parte de la comunidad en que lo más fuerte que ha pasado es la masacre de los cinco de Llano Verde, sin embargo, dice que en el cañaduzal han encontrado muchachos desmembrados.   

“Está el chico de la iguana. Está Cristian. Para nosotros es muy triste, porque es nuestra población, es nuestra etnia, el futuro. Los chicos no tienen oportunidad de vida. Hay, digamos, un racismo, una discriminación muy grande frente a nuestra juventud y eso conlleva a la falta de oportunidades, a que nosotros o nuestros jóvenes tengan que buscar oportunidad laboral y de vida desde otras prácticas, digamos, no muy adecuadas y eso lleva a que, en el peor de los casos, pierdan la vida” dice Alejandrina.  

Alejandrina es consciente de las problemáticas de su barrio, pero también sabe que un cambio es posible si de manera colectiva se construye. Quizás esa es una de las razones por las que estudia Trabajo Social en la Universidad Antonio José Camacho y es coordinadora del Semillero AFRODES que nació en el 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Nació como una iniciativa de los jóvenes afrocolombianos en el suroccidente colombiano para articularse en torno a varias líneas de trabajo: fortalecimiento de la identidad ancestral, formación en derechos humanos, perspectiva de género, y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

En la actualidad, el semillero está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21, provenientes del Pacífico colombiano: Buenaventura, Tumaco, Satinga y El Charco. Sus edades oscilan entre 14 y 28 años, y sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el año 2013 en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. El proceso de formación de la agremiación se ha llevado a cabo entre 2017 y 2020.

Según información suministrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS,2014), para el 2014 en Llano Verde se reubicaron 2416 jóvenes entre 14 y 28 años (1259 mujeres y 1157 hombres). A la fecha el 44,3 % se encontraba estudiando en educación media, 36,3 % cursaba secundaria y un 6,1 % primaria. Apenas un 8 % contaba con un nivel de formación técnica y tan solo el 1,2 % había alcanzado el nivel de formación de educación superior. Mientras el 66 % se encontraba estudiando, el porcentaje restante se ocupaba en otras actividades así: tareas del hogar (14,2 %), otras actividades (3,1 %), buscaban trabajo (14,8 %); o contaban con una incapacidad permanente para trabajar (1,4 %).

Uno de los principales objetivos del semillero es realizar dinámicas que les permitan   conservar la cultura que tenían en sus tierras y que se ha ido perdiendo a causa del desplazamiento, ya que muchas de las nuevas generaciones no han nacido en el territorio, no recuerdan o bloquearon los recuerdos a causa de la violencia, lo que ha causado una desconexión total de sus raíces. Lo que ha provocado, por ejemplo, que muchas de las jóvenes del barrio sienten vergüenza por su cabello. “Tenemos las niñas, que muchas dicen que les da pena o no quieren tener el cabello que tienen, que quieren un pelo lacio. Esto es producto del desarraigo al que nos lleva la cultura occidental”.  

A raíz de esta situación, desde el semillero buscan el fortalecimiento de la cultura propia y la incidencia en las políticas públicas que ayuden a tener herramientas para proteger a los jóvenes. También han buscado que los adolescentes ocupen su tiempo en actividades que les permitan aprender un oficio y sirva de puente para, de alguna forma, reconectar, un ejemplo es un taller de estampados que tiene un enfoque en la afro-educación. 

Según Meneses la afro-educación debe pensar en cómo plantear soluciones a múltiples discriminaciones en los espacios educativos y revisar también que los efectos de la ideología del racismo complejizan las problemáticas sociales que han desencadenado los sistemas patriarcales y capitalistas sobre las mujeres afrodescendientes. Dadas las implicaciones del cuidado del otro en el hogar, se diseñaron talleres paralelos, a su vez, con los menores, para que las asistentes pudieran participar en todas las sesiones. De esta forma, se incorporaron al diseño del curso las necesidades planteadas por las mujeres afrocolombianas de AFRODES.

El semillero también ha logrado articulación con la academia, a través de diferentes universidades como la Javeriana, Unicatólica, Univalle, a donde los integrantes del grupo han participado en las escuelas de políticas públicas y, a través de lo aprendido, se han ido empoderando y tratando de construir una nueva vida.    

El semillero, además, tiene una escuela de formación ancestral que tiene como objetivo retomar las prácticas culturales  y  recuperar todas sus costumbres. El trabajo que realizan en este espacio no solamente llega a los jóvenes de Llano Verde, sino también a las comunas 13, 14, 15 y 21 que son las localidades donde hay más población afro y en condiciones de mayor vulnerabilidad en la ciudad de Cali.

Para Alejandrina seguirá siendo de vital importancia, primero, guardar la memoria de quienes han sido asesinados, seguir nombrándolos. Segundo, rescatar sus costumbres porque al practicarlas es como si tuvieran consigo un poco del territorio; tercero, buscar oportunidades para los jóvenes del territorio porque todos tienen múltiples capacidades. Por último, “hay que buscar articulaciones para poder llevar más impacto y lograr, de una u otra forma, cuidar la vida de nuestros muchachos que se ha ido perdiendo”.

Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Mayo 6 – 2024 

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco jóvenes que fueron asesinados en Cali, el 11 de agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad de Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es el barrio Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias y su cultura a través de cuatro mujeres: una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que, así sea por un segundo, vuelvan a vivir en la palabra; una mujer negra de  Buenaventura  que se hizo abogada y una docente que humaniza la academia.  

Está sentada en una silla de plástico. Al fondo la cocina y un letrero que dice Afrodes. Hay muñecas negras, timbales, materiales para trabajar. En la sala de esta casa  hay más movimiento, más vida, de la que logro percibir este lunes festivo. 

“Yo creo que la mitad de mi vida se perdió”, me responde Erlendy cuando le pregunto. ¿Qué cree que ha perdido con el desplazamiento? Estamos en la que antes era su casa, en la que dejó de ser una nómada en el mismísimo oriente de la ciudad y descansar de tanto trasteo. En esa casa en la que le hicieron un atentado, hoy recibe a los jóvenes del barrio que forman parte de un proyecto denominado Afrodes.  

Tiene casi 50 años, dos hijos, ojos negros y transparentes como los ríos de su corregimento. Le ha hecho duelo a 14 familiares que la violencia le arrebató.  Llegó a Cali con 300 mil pesos. Su mejor amigo fue Bernardo Cuero Bravo y a Cuero Bravo lo asesinaron el 7 de junio de 2017.  Se tituló de abogada en la Universidad Católica. Es líder social, nombre meritorio y escrito a pulso con la labor que realiza en su comunidad. 

Erlendy nació en un lugar que está atravesado  por agua. Es un pequeño paraíso que hasta hace unas décadas  estaba lejos  de la violencia. El corregimiento 8 está ubicado a 45 minutos de Buenaventura, lo atraviesan varios ríos cristalinos como Sabaleta, San Marcos y Agua Clara. “De ese corregimiento sale el mejor chontaduro de Buenaventura”, mientras ríe. Erlendy Cuero Bravo nació allí en 1975. En una época en la que  no había violencia o ella no la recuerda, pienso, pero luego reflexiono: la violencia no se olvida. 

Su  familia siempre se dedicó al comercio del chontaduro. Esa fruta es una de las que más se exporta en el Valle del Cauca y ocupa un 70% de la producción agrícola en Buenaventura, según el Plan de Desarrollo Distrital (2020-2023)  Es, también,  el sustento de muchas familias que viven de la informalidad, casi un 63 % de la población bonaverense. La madre de Erlendy murió en un viaje en el que intentaba abrir más espacios de venta.  

Después de esa muerte, la vida de la niña y su familia cambió. Primero dejaron sus ríos, su ruralidad y se fueron a vivir al barrio Rafael Uribe Uribe de la comuna 12 en Buenaventura y en el que actualmente, según informes de la Policía, hacen presencia distintos grupos armados como los Chotas y Espartanos. La vida en el barrio Uribe Uribe comenzaba a tomar forma ya que estaban construyendo la casa que sería su hogar, sin embargo, en 1987, el padre de Erlendy fue asesinado de ocho tiros. 

“Desde la muerte de mi padre ocurrieron asesinatos sistemáticos en mi familia. El último fue el 1 de enero del 2024. Cuando desapareció un primo y pusieron a su madre a buscar el cuerpo. Mi familia ha perdido más de 14 personas, todas asesinadas de forma violenta en Buenaventura”. Erlendy, además de afrontar estas violencias y la orfandad, sobrevivió viajando entre Cali y Buenaventura: una nómada atrapada en el Valle.

“Después de la muerte de mi papá me sacaron de Buenaventura, pero yo no me amañaba, entonces me devolví. Yo parecía una cosa loca”. A los 18 decidió quedarse en Buenaventura, terminando de construir lo que sus padres dejaron. En ese tiempo logró algo de estabilidad y, además, tuvo dos hijos, la parejita. Para este tiempo los victimarios ya habían mudado de nombre:  ya no eran los paramilitares sino el frente 30 de las Farc, que lideraba, en ese entonces, alias Mincho.  

Mincho me mandó una carta diciendo que tengo que entregar mi propiedad a otra persona” y como Erlendy, que siempre ha sido picada a loca como le dice su hijo, le respondió “hijo de puta”, y que no, que eso era de su familia. Entonces, Mincho dio la orden de que le desbarataran la casa y en el año 2000 debió salir de Buenaventura, esta vez, con sus dos hijos. Luego fue muy difícil reparar las tierras porque las comunidades afros, en su mayoría, no tienen titulación, porque ellos mismos marcan los linderos de propiedades de este territorio. 

En pleno cambio de siglo, cuando la humanidad tenía la esperanza de un futuro mejor, Erlendy llegó desplazada “con una mano adelante y otra atrás” a  Puertas del Sol, un barrio de Cali. 

Como Erlendy, miles de familias desplazadas siguen llegando desde los departamentos de Nariño y Cauca. Según el registro Único de Víctimas (RUV), esta ha sido la realidad de 8 millones de personas que han sufrido de desplazamiento forzado interno desde hace más de un siglo y que supera a la población de Bogotá. 

Erlendy llegó donde un familiar que le dejó poner las cosas en un rincón de la sala y de allí en adelante recorrió el oriente a pie. Con los únicos 300 mil pesos que traía le alcanzó para pagar el primer mes de alquiler, después le cortaron los servicios. “No teníamos qué comer, y empezó mi suplicio de vida, complejo. Yo intentaba conseguir trabajo y nada”. 

Aunque en Puertas del Sol parecía que no había salida en términos laborales,  esto la empujó a dejar a su hija bajo el cuidado de la abuela, la solidaridad de la gente negra y mestiza son el otro lado de la historia. Su arrendataria, por ejemplo, le fiaba el alquiler y además le llevaba comida. “Ella es mamá Mirian, una señora que para mí ha significado mucho. Yo le debía el arriendo y ella salía y me buscaba comida también. Bien conchuda”, sonríe Erlendy mientras me cuenta que ella llegaba con bolsitas de arroz y con plátano. 

Esta fue sólo una parte de la lucha. Erlendy montó una miscelánea:“esa vaina se cayó porque era más lo que me comía que lo que vendía”. Trabajó en máquina plana y se iba a jornadas de aseo con Visión Mundial, ya que cambiaban trabajo por comida. Pero ese era sólo un frente de batalla, la de la madre, pero estaba el otro, la de activista; así que los fines de semana iba a reuniones, se capacitaba y aprendió el enfoque étnico y que los negros tenían sus propias luchas y  reivindicaciones.  

Al principio le afectó esa estigmatización por lo que muchas veces era reacia a hablar con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero con el tiempo y con el trabajo, comenzaron a conversar y crear tejido entre los habitantes de diferentes sectores.  

Uno de los primeros logros de Erlendy fue participar en varias comisiones con el Gobierno Local, fue el no ser  representados por un tercero y así poder incidir en la formulación de políticas públicas para la comunidad afro desplazada en la ciudad. El segundo fue conocer  Afrodes.   

“En un viaje a Bogotá, en un evento al que van varias organizaciones, lo primero que hice fue identificarme con Afrodes. Y yo me digo: “qué chévere porque ellos hablan del sentir que yo tengo´. Me hicieron comprender lo que ha ocasionado el conflicto colombiano. Que el desplazamiento no es sólo mudarse, sino de quitarnos también la conexión con el territorio. Es dejarnos esa frustración de no encontrarnos con nuestro río, de no encontrarnos con esos rituales propios que utilizamos cuando alguien muere, de esas formas de solidaridad, del compartir”.  

Erlendy se vinculó con Afrodes en el 2012, trabajando como coordinadora en un programa de salud mental, donde quienes hacían las intervenciones tenían un modelo de atención de África y Pakistán, distintas a las tradiciones culturales de las comunidades negras de la ciudad. Allí Erlendy puso sus conocimientos para que la atención estuviera enfocada en las particularidades de las poblaciones de esos territorios. 

Elegida como vicepresidenta de AFRODES, Erlendy comenzó a ganar la confianza y ya con las bases se dijo; qué voy hacer. Tuvo que escoger entre psicología y derecho, pero un día en una conferencia, se encontró a Mary Grueso, quien le dijo “Mija, psicóloga no, váyase para derecho que a usted le gusta pelear y allí por lo menos va a tener herramientas que le ayuden a hacer el proceso en la formalidad y no quedarse solamente en las acciones de hecho”.

Cuando asesinaron a Bernardo Cuero Bravo, una pérdida que la acerca demasiado al dolor. Bernardo era Fiscal de Afrodes y un hermano para Erlendy. Se sentaban a hablar como niños y su plan a futuro era poner un buffet de abogados que se llamara Cuero y Cuero. Cuando ella iba a Bogotá y estaba atravesando por una situación de inseguridad crítica, Bernardo se alojaba en el mismo hotel, en una habitación delante de ella y a Erlendy le daba el cuarto de atrás, como una forma de protegerla. “Él decía, antes que me la toquen a ella primero me tienen que matar a mí”.  

“Le propinaron siete tiros y dije, ¡Dios qué hago! Eran las ganas de retirarme de este proceso, de salir corriendo del país; era decir ya no puedo más, pero sabía que él y yo teníamos una promesa que cumplir y dije que esto tiene que seguir, entonces primero era terminar de estudiar y pensé:  si muero , esto simplemente queda allí”.

Hasta que Erlendy lo dijo de la manera más clara: “yo hoy tengo un compromiso con el proceso: no lo dejaré mientras esté viva. Si me muero las fuerzas que yo tengo serán para ustedes y esto es a veces duro, pero necesitamos dejar enseñanzas antes de irnos”. Así nace el semillero Afrodes.  

Mientras converso con Erlendy, nos encontramos en las que era antes su casa y hoy es la sede de Afrodes.  Allí se reúnen algunos jóvenes del barrio para capacitarse, para aprender sobre derechos, sobre cómo exigirlos y también se reencuentran con sus historias de supervivencia que es al tiempo la historia negra. Entre los jóvenes que van se encuentra Alejandrina Falquez Sinisterra.  

“Tener a Alejandrina coordinando el semillero para mi es un descanso. Dice mientras la mira con una luz de orgullo. Ella es como una versión mía, ella también es fuerte”. Ella creó semillitas y ahora esparce el legado de Afrodes entre los niños de la comunidad. Alejandrina sale un momento para comprar todos los ingredientes con los que preparará un tapado típico del Pacifico, el pescado y todo lo demás lo encuentran en el barrio, porque Llano Verde es un pacifico pequeñito. 

Le preguntó a Erlendy ¿qué es lo más difícil de la situación que vive Llano Verde? 

Lo más grave es que si la gente negra no se organiza, no lucha por sus derechos, estarían retrocediendo de nuevo a la esclavitud. 

“Hoy las formas de esclavizarnos son otras, como meter drogas a estos sectores, enloquecernos, y es el extermino de matarse unos a otros. Mátense que ustedes no son gente. ¿Cómo es posible que entre nosotros siga pasando esto?, con tanto de lo que hemos vivido como pueblo negro, todo el daño que hemos padecido en este país, y que hoy sea casi un plan de nosotros mismos, un tema de canibalismo, acabarnos.”

La pregunta es; ¿a quién le sirve que entre nosotros nos asesinemos?  ¿En beneficio de quién es esta violencia? 

Llega Alejandrina y Erlendy se pone de pie para recibirle los paquetes. Alejandrina se sienta en el lugar que dejó Erlendy y esta le dice: “…hágale mija, ahora sigue usted”, aunque se refiere a la entrevista, yo siento que le está delegando la palabra, le está pasando la posta, la bandera de la lucha, siento que lo que veo  es mucho más grande y que de repente, la historia de los pueblos marginados se escribe así, de manera simple, en el día a día de sus gentes.

Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Abril 29 – 2024

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco jóvenes  que fueron asesinados en Cali, el 11 de agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad de Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es el barrio Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias y su cultura a través de cuatro mujeres: una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que, así sea por un segundo, vuelvan a vivir en la palabra; una mujer negra de un Buenaventura  que se hizo abogada y una docente que humaniza la academia.  

En el 2013, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se creó un proyecto de vivienda de interés prioritario. El ministerio de Vivienda realizó 284 proyectos, en Colombia, entre ellos La Urbanización Casas de Llano Verde en Cali, es el proyecto más grande a nivel suroccidental con más de 4700 viviendas entregadas a aproximadamente 2500 personas reubicadas, en su mayoría, población víctima del desplazamiento forzado, afrocolombiana, también reincorporada, excombatientes y población en extrema pobreza y reasentada por ola invernal.  

Este programa surgió a través de la reformulación, en el año 2013,  de la ley 1537 del 2012, en la cual se dictan normas para promover el desarrollo urbano y rural. Para la docente  Stephany Mercedes Vargas Rojas, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, esa modificación se hizo en gran parte para reactivar el sector de construcción del país, generar empleo y mostrar unos indicadores de crecimiento económico.

“Por lo general hay unos intereses económicos muy importantes cuando los gobiernos deciden que quieren impulsar la construcción de vivienda a nivel nacional. En ese momento, el objetivo fundamental, como lo explican las gacetas, era reactivar la economía, disminuir la pobreza y bancarizar a la población que resultara beneficiaria de estas viviendas, es decir; insertarlas en el sistema financiero. En este proceso incluyeron de forma mínima a quienes iban a habitar estas viviendas” explica la profesora Vargas.

A partir de la ley de víctimas 1448 se prioriza a las víctimas de desplazamiento forzado como principales beneficiarios de estas viviendas, adquiriendo algunos aspectos hacia la reparación. Pero nuevamente no se invita a las víctimas a participar en el diseño de dicho programa. Sumado a esto el proyecto de Ley 1537 pasó muy rápido en el Congreso, sin tener en cuenta las condiciones de los beneficiarios. Aproximadamente cinco  billones de pesos costó una primera fase de este programa de vivienda y se construyó rápidamente en todo el territorio nacional estos 284 proyectos de vivienda de interés prioritario.  

Según Vargas, aunque el programa benefició a un gran número de familias, no tuvo en cuenta la Ley 1482 del 2012, por la cual debe seguirse un protocolo de reubicación y retorno con las víctimas de conflictos armados. Uno de los momentos claves de la reparación es cuando se le dice a la víctima si quiere retornar al  lugar del desplazamiento o ser reubicada en proyectos de vivienda que ofrezca el Estado. Proyectos que deben seguir unos principios claves de seguridad, voluntariedad y dignidad. 

Hasta que se construyó el barrio, el sector era considerado zona rural de Cali. Ahora hace parte de la zona urbana -en la  comuna 15- y está ubicado en el costado suroriental de la ciudad. El Oriente es un lugar de resiliencia, de rebusque, el territorio negro, de indígenas, campesinos, de comunidades empobrecidas: la ciudad de los desplazados.

Aunque inicialmente el programa fue ejecutado por el Ministerio de Vivienda para las familias víctimas del conflicto armado, Cali tenía la necesidad de reubicar  a las que estaban en el Jarillón del Río Cauca porque corrían riesgo debido a la ola invernal. En ese momento el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, compró unas viviendas a la Constructora Bolívar para asignarlas a la población que se iba a reasentar, es decir, a  los posibles damnificados por el invierno.  

La construcción de Llano Verde es una muestra de marcada homogeneización y de la ausencia de una consideración sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad. Las casas, de no más de 48 metros cuadrados, tienen una sala-comedor, cocina, patio y dos habitaciones para familias que llegan a estar compuestas hasta por 12 personas. Tanto las casas como las calles no tenían mayores diferencias en su construcción, mientras que la composición de sus habitantes era diversa. 

Según la docente Stephany Vargas, la segregación que se hace en el momento de la construcción del barrio es muy visible porque las personas se distribuyen por manzanas según su procedencia, por ejemplo, una manzana se le asignó a la población desplazada, otra a quienes estaban siendo reubicados y venían del Jarillón del río para salvaguardarse de la ola invernal y las otras manzana se entregaron a excombatientes y a comunidades de otras culturas.  

Estas particularidades ponen en evidencia la lógica de proyectos de este estilo que buscan brindar vivienda a bajo costo para las constructoras, sin tener en cuenta las condiciones de la necesidades de las  familias que van a habitar y demostrando el nulo interés por la construcción de comunidades y tejido social.

“No hubo un proceso de integración comunitaria entre las personas que llegaron a vivir al barrio y personas que vivían en barrios vecinos, sumado a esto, en el barrio juntaron a ex combatientes, indígenas, víctimas  y población en pobreza extrema. Entonces tenemos un cóctel para muchas problemáticas que emergen después de la reubicación”, dice Stephany Vargas. 

Sumado a esto, aunque muchas instituciones han llegado a Llano Verde, su intervención ha sido atomizada. Con nuevos gobiernos llegan nuevos cambios y sin tener en cuenta el avance en proyectos de otras administraciones, se anula la continuidad de los logros. Además, como  las instituciones trabajan por poblaciones, es decir o los negros o los indigenas, esto genera que cada grupo poblacional compita por la atenciòn de las instituciones. Dicha competencia desemboca en conflictos comunitarios y fricción entre los liderazgos. Todo esto sin contar con que a veces las instituciones sólo buscan llenar los listados de asistencia de las jornadas que hacen de servicios.

La historia de Cali está marcada por la palabra esclavitud y por el concepto altos hacendados, expresiones que muestran contrastes brutales de violencia y desigualdad, no muy distintos a lo que vivimos ahora, quizás, con otros nombres. Hay que recordar que en la Sultana del Valle hubo asentamiento de esclavistas propietarios de importantes haciendas que, mediante la esclavización, tenían en sus manos el comercio, la ganadería, lo más grave la vida de los negros y su libertad. 

Según los historiadores  Urrea y Candelo, investigadores de las dinámicas  sociopolíticas de los afrodescendientes en el Pacífico,  para mediados del siglo XVIII, estos hacendados esclavistas empezaron, poco a poco, a perder su poder gracias a los procesos cimarroneros, de resistencia comunitaria y a partir de la Ley 21 de mayo de 1851, que dio paso a la abolición de la esclavitud en Colombia. 

Cali, por las transformaciones sociales emergentes, empezó un proceso de urbanización y modernización entre el siglo XIX y XX que, sumado a la demanda de producción agrícola, la prosperidad naciente de campesinos negros, el crecimiento de los cultivos de caña para las décadas del 50 y 60 posicionaron a la ciudad como la más importante en el suroccidente del país. También por su dinamismo económico, reflejado en su tamaño poblacional, Cali se convirtió en uno de los principales destinos para los migrantes de todo el país.

La amplia diversidad étnica y raizal, es la mayor riqueza del territorio y también el núcleo de los contrastes más profundos. Es como si esos factores positivos que se esperan de la pluralidad, se convirtieran en una especie de espada de Damocles o taladraran en la dirección opuesta: la de las diferencias sociales y geográficas, esas que se corresponden con las dinámicas y características de asentamientos populares ubicados en las antípodas de la ladera de la ciudad, en la parte alta del distrito de Aguablanca y en la parte plana, contrastando con la Cali industrial, comercial y residencial. 

Estos asentamientos populares están poblados por una amalgama de gente pobre, racializada y excluida, revelando así una ciudad que en su cara muestra los dientes que se clavan profundo en las inequidades que viven sus habitantes repartidos entre la Cali planificada y la Cali empobrecida.

Este costado oriental de la ciudad es el territorio que va a recibir de manera permanente a la población migrante, a la desplazada, a la gente negra, que ve en la ciudad una posibilidad de mejorar sus condiciones ante los embates del capitalismo y de la guerra. En términos concretos, la población afrocolombiana de Santiago de Cali se encuentra concentrada en el oriente de la ciudad. Se convierte en una pintura realista de la pobreza, la estigmatización y el olvido. Un lugar que nadie quiere ver y que se pone en el cuarto de atrás, que en este caso es el Oriente. 

En ese sentido, se recoge el comentario de Barbary en su estudio Gente negra en Colombia, dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico, destacando que “la región de Cali tiene la primera concentración urbana afrocolombiana en el país, ya sea como región (Cali-área metropolitana con el sur del Valle) o como ciudad entre las 13 áreas metropolitanas. Por ello, no es arbitrario que hoy en día Cali sea vista como la “capital del Pacífico”.

Para la investigadora Stephany Vargas, es muy preocupante lo que pasa con las comunidades  afrocolombianas, inclusive después del proceso de paz,  ya que aunque los acuerdos se firmaron en el 2016, la diáspora continúa como si la historia fuera cíclica.  Hay que recordar que en la colonización, las comunidades afrocolombianas fueron excluidas de participar en el desarrollo del país y las ciudades, luego con el conflicto armado son despojados forzosamente de sus territorios y sus comunidades, obligadas a llegar a la periferia de las ciudades.

Vargas señala que esto  parte de un proceso, de acuerdo a autores que trabajan estudios afrodiaspóricos, que se debe ver desde el análisis de relaciones de poder, donde ciertos autores coinciden en afirmar que, para las élites resulta conveniente mantener a estas comunidades al margen del Estado y las ciudades, esto para servir a algunos propósitos económicos, para ser controlados, explotados y expropiados continuamennto en su origen y la creencia de que el servicio docente y académico, puede contribuir de alguna manera a Colombia. 

Quizás por esta razón llegó a Llano Verde a trabajar con la comunidad. Después de  cinco años allí, decidió quedarse para trabajar en una investigación junto a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), a las universidades Javeriana, Católica y del Valle. La idea era encontrar cómo beneficiar a los jóvenes y participar en organizaciones sociales de base. 

En el año 2021, Vargas juntó a otras investigadores inició el proyecto La construcción de la paz desde abajo y la justicia transicional: una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes de AFRODES para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la Urbanización Casas de Llano Verde, comuna 15 de la ciudad de Cali (nombre corto: Paz en Llano Verde).

Como resultado del proyecto, en el libro La construcción de la paz en Llano Verde (Reflexiones situadas sobre la Justicia Transicional, la Educación y las Políticas  Públicas en el  Distrito de Aguablanca)  ofrece un análisis de las prácticas sociales de construcción de paz que dan contenido al modo en que los jóvenes del semillero AFRODES aportan a la realización de la justicia transicional en su territorio. Se trata de una aproximación sucesiva y en proceso que busca articular miradas prácticas y teóricas provenientes del trabajo social, la comunicología, la ciencia política y la administración de empresas, disciplinas y campos de conocimiento que posibilitan una comprensión ampliada de los dramas sociales del tiempo presente.

Los capítulos que componen el libro son el resultado del encuentro con el semillero de jóvenes AFRODES Cali. Este está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21 del distrito de Aguablanca, provenientes del Pacífico colombiano, especialmente de los municipios de Buenaventura, Tumaco, Satinga y  El Charco, entre otros. Sus edades oscilan entre los 14 y 28 años y sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el  2013, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. 

“Después de la masacre de los cinco jóvenes, la docente se unió a Afrodes  convocada por Erlendy Cuero Bravo, Coordinadora de la Asociación, para formular un proyecto de investigación que permitiera visibilizar las realidades de los jóvenes en Llano Verde, y al mismo tiempo, visibilizar las acciones de ellos para trabajar de allí nace en el proyecto Paz en Llano Verde y posteriormente el libro, que es una construcción colectiva entre el Semillero Afrodes, actores de la comunidad y la academia. 

Uno de los hallazgos que deja el libro es que  aunque el acuerdo de paz está pensado para sus comunidades y la población víctima del conflicto armado, el mismo no incluye de manera específica  a los jóvenes. Entonces se  encontraron con  esa visión de paz, que no incluía a los jóvenes, que han sido víctimas,  por lo que es necesario que se reformule la política de víctimas, además de políticas públicas, que deberían incluir  a los muchachos que la guerra ha dejado sin recuerdos y sin raíces, que tratan de vivir en un barrio con múltiples problemas sociales que están saliendo gracias a fundaciones como Afrodes y las comunidad que sigue resistiendo.  

Por Lisa Trujillo Laguna*  Me dicen La Negra
Especial para Hechoencali.com 

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entregó su primer informe temático el pasado 26 de julio, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.

Ha pasado un año desde que el padre Francisco de Roux hizo entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP.

A través de 11 textos, producciones audiovisuales, podcast y canciones, la CEV hizo un esfuerzo por presentar las razones, vejámenes, e impactos que tuvo el conflicto armado interno. El equipo convocado por la Comisión realizó más de 2000 entrevistas en territorio, y recogió un sin número de informes e insumos de Organizaciones de la Sociedad Civil, para intentar reconocer y explicar formal e institucionalmente la verdad de lo que pasó durante la guerra en Colombia.

Así pues, la Comisión de la Verdad, como parte del Sistema Integral para la Paz, en un plazo de 5 años, logró entregar 67 recomendaciones con enfoque diferencial, dirigidas a entidades del Estado, pero también a la sociedad civil, pues la construcción de una paz estable y duradera es un compromiso de cada persona que ocupa el territorio nacional.

Una vez entregado el Informe Final en junio de 2022, entró en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la CEV: 

El Informe Final entregado por la Comisión de la Verdad marcó un hito histórico para Colombia, no porque fuera la primera vez que se exponen las causas del conflicto, pues la radiografía de la violencia en nuestro territorio ha sido contada por artistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y líderes en un sin número de ocasiones. Lo realmente valioso en este caso, es que las recomendaciones están ligadas en un 58% al Acuerdo de Paz, además son coherentes y están ligadas a la Constitución de 1991 y con algunos Tratados Internacionales ratificados por el Estado, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento. Aunque sólo ha transcurrido un año, el impacto de las Recomendaciones provenientes del Sistema Integral para la Paz, se ha dejado ver en distintos escenarios. De la voz de Julia Eva Cogollo, turbaquera y miembro del CSM escuchamos uno de los avances más significativos.

De allí la importancia de las acciones del Comité de Seguimiento y Monitores (CSM). En su primer año adelantó la sistematización y codificación de las Recomendaciones de la CEV, de la mano con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, se formuló una guía de implementación para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y una propuesta para incorporar las recomendaciones en el Sistema Integrado para el Posconflicto; además se ha propendido por fortalecer el diálogo con las organizaciones de víctimas, sociales y la academia para el análisis de los retos relacionados con el seguimiento, así como el diseño de procesos de participación e incidencia ciudadana.

Las solicitudes de información realizadas por el CSM, han dejado en evidencia el conocimiento limitado que tienen los entes territoriales sobre las recomendaciones, por eso el Comité hace un llamado para que se fortalezca el diálogo entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, que permitan llevar procesos de educación y comunicación a los funcionarios y líderes, pues en este momento es crucial la implementación de las recomendaciones en los nuevos Planes Territoriales de Desarrollo de municipios y departamentos.

Durante la mañana del 26 de julio del 2023, los directores del Sistema Integral de Paz, compuesto por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), entregó su primer informe temático a Carmen Rivera Sousa, representante de la Mesa Distrital de Víctimas.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene una vigencia de 7 años, en los cuales debe insistir en el diálogo con las entidades competentes para la formulación de Políticas Públicas que aseguren el cumplimiento de las Recomendaciones de la CEV en el territorio nacional, esto con el único objetivo de garantizar la No Repetición de los hechos victimizantes del conflicto.

Dicha tarea no ha sido del todo fácil, pues el CSM no cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para la estrategia de comunicaciones diferenciada para zonas urbanas y rurales, sumado a la persistencia del conflicto armado en algunos territorios.

Sin embargo, y con el reloj apresurando la ejecución de las acciones necesarias, el CSM enfocó sus esfuerzos en desglosar las 67 Recomendaciones de la CEV para articularlas a través del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y que fueran integradas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

En un primer momento el Gobierno de Gustavo Petro propuso en las bases del PND (artículo 8), que fuera el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien especificara los roles, lineamientos y responsabilidades de las entidades competentes para la implementación de las recomendaciones de la CEV. Esto no prosperó en los debates del Congreso de la República.

A pesar de que “las recomendaciones tienen una obligatoriedad jurídica, ética, moral e histórica” (CSM 2023), el Senado de Colombia no aprobó el artículo 8 del PND, y en la conciliación se eliminó del texto final. Esto no quiere decir que la implementación de las recomendaciones quedó por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, pues la estructura del proyecto de ley incluía 39 recomendaciones articuladas sus 5 grandes ejes: Derecho Humano a la Alimentación, Ordenamiento del​ territorio alrededor del agua, Seguridad Humana, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y Convergencia regional.

El PND que sancionó la Presidencia de la República, sólo logró incorporar 14 de 39 recomendaciones, es decir solo el 20.89% de la propuesta inicial. El impacto será alrededor de:

Construcción de paz: fomentar la integración del Acuerdo Final de Paz, garantizar la seguridad de los excombatientes, fortalecer el rol del Consejo Nacional de Paz, dar prioridad al diálogo para la confrontación armada. Víctimas: Implementar una reparación integral, establecer una política de memoria y verdad, fomentar la búsqueda de personas desaparecidas.

Democracia: Crear un estatuto de derechos y garantías para organizaciones y movimientos sociales. Hacer ajustes para la igualdad de género, la seguridad y la vida libre de violencia para mujeres y población LGTBI.

Narcotráfico: Transitar hacia una regulación legal con enfoque de DD.HH, salud pública y racionalizar el uso de la acción penal.

Paz territorial: Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial; promover el acceso equitativo y democrático a la tierra, revertir la alta concentración de tierras.

Población LGTBIQ+: Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención a casos de violencia contra personas con orientaciones sexuales.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo en este primer informe resaltó la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro, y su compromiso con la implementación de las Recomendaciones de la CEV, además expresó su preocupación por los obstáculos impuestos por aquellos senadores que son detractores del Acuerdo de Paz, por tanto de los resultados entregados por la Comisión, pero también hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se apropie de las recomendaciones, pues la implementación está en manos y principalmente del Pueblo, quien debe exigir a los gobiernos actuales y venideros el cumplimiento de las acciones dispuestas para que en Colombia se pueda vivir en paz.

La paz es tejido constante a varias manos, una conversación diaria que no tiene fin.

*Lisa Trujillo es Periodista y Comunicadora Popular. Trabaja para la Revista Tribuna Cultural y hace parte del equipo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda 

Agosto 4 – 2023

Por Jorge Luis Galeano con apoyo de Juan David Acevedo

“La Paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles” repitieron muchas veces para explicar que una organización que lucha por la vivienda digna en Cali y otra que trabaja con Iglesias cristianas en el Oriente de la ciudad, estén buscando aportar en los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- que pronto iniciará su tercer ciclo de conversaciones.

Estas organizaciones y otras, se reunieron en Cali para poner en discusión temas fundamentales que deberían ser incluídos en este nuevo proceso de paz. La mirada con perspectiva de género, la lucha por el territorio, la vida digna en las ciudades, organizaciones de estudiantes, entre otras, participaron en el encuentro realizado en la Universidad del Valle, con la aspiración de que en la Mesa de Diálogo con el ELN se incluya la atención a los conflictos urbanos que también impiden la consolidación de una paz verdadera.

Durante esa reunión, denominada Juntanza por la Paz, se discutieron varios ejes, pero se priorizaron tres: enfoque de género, diversidades y disidencias sexuales; antimilitarismo y derecho a la ciudad con énfasis al territorio y vivienda. No como únicos temas, sino con los que iniciaría la participación de la sociedad civil en los diálogos, al menos, desde Cali.

Así lo explica Sara Vásquez de la organización Ciudad en Movimiento

“La idea de estos espacios es poder posicionar la visión que tenemos para la construcción de paz alrededor de dichos ejes. Mirar propuestas que permitan fortalecer los mecanismos de participación que se abordarán en el Comité Nacional de Participación y disputas que nutran la agenda de transformaciones propuesta en el Acuerdo de la Mesa de Diálogos” añade Sara Vásquez.

Ella menciona al Comité Nacional de Participación que es una instancia creada en la Mesa de Diálogos ELN-Gobierno y que coordinará, justamente, la forma en la que las inquietudes, propuestas y apuestas ciudadanas se vincularán al proceso de paz. Para hacer parte de este Comité, que ya fue instalado el 3 de agosto en Bogotá, la Juntanza por la Paz fue clave porque alimenta la agenda de las organizaciones sociales y sus razones de lucha.

Una de estas organizaciones que desde Cali, pone en la agenda el tema de la vivienda digna es La Minga Cali y Boris Delgado, uno de sus integrantes, dice que la paz sin justicia social no es una verdadera paz y por eso, incluir asuntos como la tierra y la vivienda digna en las ciudades para la población empobrecida es fundamental en cualquier proceso de reconciliación. “Como organizaciones sociales creemos que la lucha por el derecho a la vivienda digna, a la ciudad, a la soberanía alimentaria es muy importante y por eso estamos acá, apoyando estos diálogos porque creemos en la paz” termina Delgado.

En la Juntanza por la Paz también participó el Gobierno Nacional, a través del delegado Carlos Rosero, al igual que Claudia Rodríguez, delegada de la Gestoría de Paz del ELN quien, entre otras cosas, hizo un llamado para hacer propuestas de transformación a los problemas que tiene Colombia y añadió “Empoderémonos desde este sector de los históricamente excluidos, con esta agenda de transformaciones de vamos a plantear para consolidarnos en una alianza social y política fuerte para concretar un pacto de carácter nacional”.

La Juntanza por la Paz realizada en Cali se hizo en preparación a lo que fue la instalación del Comité Nacional de Participación, llevada a cabo el 3 de agosto en Bogotá. A este acto asistieron el Gobierno de Colombia, la Delegación de Paz del ELN y representantes de varias organizaciones sociales de todo el país que buscan alimentar la agenda de paz con sus luchas y reivindicaciones. Esta instancia tiene el reto de diseñar la metodología que facilite la participación de la sociedad civil en la Mesa y para ello realizará varios encuentros en todas las regiones del país que buscan recoger, justamente, los temas que son relevantes en cada una de ellas.

Juliana Ramírez, vocera de Ciudadanías para la Paz y delegada para el Comité, dice que “la participación de la sociedad civil va a arropar el proceso del Gobierno con el ELN porque así se logra que las transformaciones ayuden a avanzar hacia la paz y no al contrario”. De igual forma asegura que dicha participación debe ser vinculante y con concreciones territoriales.

El encuentro realizado en Cali se sumó a uno que se había hecho previamente en Medellín y se planean otros y así lo cuenta Juliana Ramírez.

En la instalación, Jimmy Erney Peña del pueblo Totoró del Cauca, dijo que la propuesta de inclusión de las comunidades es muy importante porque “los problemas en sí, están en los territorios porque en el pasado proceso con las Farc, la negociación se hizo entre el Gobierno y los cabecillas. Se necesita llegar a los territorios para desde ahí construir paz”.

El reto es grande porque se pretende abarcar la mayor cantidad de iniciativas y agendas territoriales que logren consolidar una paz integral en toda Colombia y por eso el Comité Nacional de Participación está integrado por 81 organizaciones de 30 sectores que hacen parte de las comunidades étnicas, organizaciones sociales, gremios e instituciones, y es liderado por la Mesa de Diálogos.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro se refirió así a la instalación y el trabajo que tendrá por delante el Comité

La instalación de este Comité se suma al inicio del Cese al Fuego Bilateral entre el Gobierno y el ELN que durará 180 días prorrogables y que tendrá vigilancia de instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo e internacionales como la ONU.

Julio 28 – 2023 

Por Laura Cruz

La instalación de la Mesa del Estallido, un aporte para la paz y la justicia social, en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Palmira, fue producto de una lucha que han seguido varios jóvenes, quienes en el 2021 participaron en el Estallido Social. Está Mesa tiene varios objetivos puntuales, uno de los cuales es la dignificación dentro del interior de los centros penitenciarios, pues muchos de los detenidos han tenido que seguir protestando desde las cárceles del país, no sólo por un cambio social, sino para lograr modificar su situación jurídica. 

Privados de la libertad, acusados de diferentes delitos que, muchos dicen no cometieron, lograron reorganizarse en la cárcel y formar una colectiva llamada Jhonatan Sabogal, en honor a su compañero que el 28 de junio del año pasado murió en extrañas circunstancias en un incendio en la cárcel de Tuluá, en un caso que no ha sido aclarado por las autoridades. 

Más de 20 personas hacen parte de esta colectiva, entre ellas, cuatro que hicieron parte de diferentes puntos de resistencia que se conformaron durante el paro como: La Y de Palmira, el Paso del Aguante, Puerto Resistencia, Luna, el Puente de las Mil Luchas en Cali, Juanchito, Andalucía, Bugalagrande al norte del Valle y Buenaventura. 

Los integrantes de esta colectiva se han turnado para realizar tres huelgas de hambre, la última fue realizada el 30 de junio y duró once días. Con dicha acción, se quiso presionar la instalación de la Mesa con el Gobierno para discutir la humanización carcelaria, tanto con los prisioneros del estallido social como con otros detenidos interesados en el proceso. Luego de una reunión entre delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Consejería Presidencial para la Juventud y de voceros del Proceso Colectivo, se acordó levantar esta manifestación pacífica, que se había iniciado en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad. ( CPAMS). 

Así, la Mesa de Paz se instaló el 19 de julio con la presencia de la Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, el Padre Javier Giraldo, Laura Guerrero, de Memoria Viva Colombia, un delegado del Ministerio de Justicia, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, Carlos Rosero, delegado del Gobierno, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, integrantes del Colectivo de Presos Políticos Jhonatan Sabogal, familiares de los jóvenes detenidos, entre otros. Después de varias horas de reunión entre el Alto Comisionado, Gabriela Posso, dos voceros de la colectiva, entre ellos David Bernal, el Ministerio de Justicia, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre otras personas, se firmó la primera acta después de instalada la mesa. 

Para Alberto Bejarano abogado y defensor de Derechos Humanos, evidentemente la mesa corresponde a una agenda de paz del Alto Comisionado, puesto que se reconoce como derecho fundamental contenido en el artículo 22 en la Constitución, entendiéndola, también, como una obligación del Estado para construir una sociedad que camine hacie la reconciliación.  

Bejarano señala que “En este caso es la Oficina del Alto Comisionado quien tiene facultades para construir esa paz con actores particularmente armados que están perturbando los escenarios pacíficos”, sin embargo, añade que no solamente estos diálogos se circunscriben con actores armados, sino que pueden tener un alcance mayor, y se construyen con diferentes actores de la sociedad, buscando la resolución de conflictos por medios pacíficos en los que se privilegie el diálogo.

El abogado dice, también, que evidentemente con los jóvenes del Estallido hay un conflicto muy profundo que conoce bien el país, pero sobre todo el Valle del Cauca y la ciudad de Cali. Para él, este conflicto se expresa hoy a través del alto número de jóvenes detenidos en las cárceles por razones ligadas a investigaciones de un tratamiento punitivo que se le ha dado a la protesta, por lo que se requiere un escenario de diálogo en el proceso, que no va a resolver situaciones de órdenes jurídicos procesal.

Para Alberto Bejarano, la Mesa que se abrió en Palmira es una mesa de paz que, fundamentalmente, construye una agenda de diálogo con el Gobierno. Sumado a esto le da un alcance político a las iniciativas juveniles que resisten al proceso de judicialización. Cabe aclarar que esas agendas de paz no se circunscriben solamente a los jóvenes que están en prisión, sino que además tiene un alcance mayor.

En cuanto a la agenda de paz que plantea la Mesa de Palmira, el abogado y defensor de derechos humanos señala que: “Estos puntos reflejan evidentemente unas preocupaciones sociales y reflejan una política de paz a partir del reconocimiento de sus actores”. Para él, el punto principal es la libertad, y de allí se desprende la idea de la construcción de una Política Pública, que garantice que los jóvenes y que cualquier actor de la sociedad pueda ejercer derechos como el de asociación o  de expresión en un momento dado sin ser perseguidos penalmente y sin ser objeto de un tratamiento de guerra y sin ser reprimidos violentamente por el Estado.

De otro lado, el abogado muestra su preocupación por la salud mental, no sólo de quienes están detenidos, sino de sus familias, pues han soportado la detención, pero además, el señalamiento por parte de personas influyentes, medios de comunicación y la opinión pública en general. Esto se suma a los asuntos de la seguridad física. Bejarano asegura que se han presentado atentados contra jóvenes que han quedado en libertad. Además, denunica  que en Palmira se presentó un homicidio en el mes de febrero de un joven que fue ultimado en su casa después de ser liberado del pabellón cuatro que es el que alberga las personas que participaron en el Paro Nacional, de ahí la importancia de que en la Mesa se hable de “propuestas y acuerdos  de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad”. 

En cuanto al tercer punto que trata del análisis y construcción de propuestas sobre alternativas sociopolíticas y jurídicas para las personas privadas de la libertad por su participación en la protesta social,  se realizaría en la figura de una ley de amnistía e indulto, que para el abogado no ha sido necesaria, por lo menos en las primeras fases de investigación penal, pero podrían ser muy necesarias a futuro en caso de que se presenten condenas a estos  jóvenes condenados. En condenas que para el defensor pueden resultar arbitrarias e injustas, y que van a requerir un tratamiento político, es decir,  ley de amnistía e indulto.

Para finalizar, Alberto Bejarano se refirió al cuarto punto que es: aportes de la mesa desde la perspectiva de participación a los diferentes procesos de construcción de paz establecidos en la ley 22 del 2022. “Estos jóvenes se reconocen como actores políticos, por esa razón  decidieron participar al Estallido porque tenían opinión política sobre el Estado de la sociedad y el proceso de cambio”. Los jóvenes, asegura el abogado,  están diciendo que sus derechos son vulnerados pero que, aun así, siguen pensando y queriendo construir, por eso quieren que se les tenga en cuenta como interlocutores políticos para hablar del proceso de cambio de la sociedad y desde sus comunidades. Ante este llamado, el Gobierno ha reconocido a los jóvenes como interlocutores políticos para un proceso de cambio y formar un tejido solidario que los acompañe.

También hubo acuerdos metodológicos, entre los que se encuentran:

1)  La mesa se reunirá mensualmente en la cárcel con participación de los delegados de las personas privadas de la libertad, el Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Juventud y un delegado del Ministerio de Justicia

2)  Durante la primera sesión de la misma, se definirá la priorización de la agenda temática y los mecanismos de funcionamiento, los cuales buscarán la ampliación de la participación de las personas privadas de la libertad, sus familiares, organizaciones y acompañantes

3)  La Mesa Técnica acordada el 14 de julio del 2023 continuará funcionando y aportando elementos a la construcción de paz

4)  La oficina del Alto Comisionado y el ministerio de Justicia traerán una propuesta de protocolo para las garantías señaladas 

 5)  Se establece un mecanismo de comunicación para las garantías de seguridad a través de la oficina del alto comisionado  

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la Mesa señalando que: “Estamos dando respuesta a un clamor de los jóvenes, ellos despertaron la conciencia de nuestro país, en esas profundas desigualdades sociales, el problema del hambre, la ausencia de derechos básicos insatisfechos, como el derecho a la Educación, a la Vivienda, a la Salud. Hoy desde nuestro gobierno estamos respondiendo a este clamor con esta instalación de Mesa de Paz. Los jóvenes son sujetos de derechos y como sujetos de derechos el gobierno los escucha”. Así mismo, dijo que su propósito en esa Mesa de Diálogo es el de construir unos escenarios de fortalecimiento de un estado de derecho con garantías para todos y para todas. “Esperamos que la sociedad vea la importancia de esta Mesa. Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo por la paz, por el diálogo y es un diálogo sin exclusión alguna, y aquí los jóvenes también son sujetos centrales de esta construcción”. 

El funcionario fue enfático en decir que nadie del gobierno estaba asociando a los jóvenes a violencias armadas, ni tampoco están hablando que ellos tengan diálogos con grupos armados, están hablando de que los procesos de construcción de paz con grupos armados, conforme a la Constitución y a la Ley tendrán mecanismos de participación de todas las organizaciones y expresiones de grupos sociales que bien quieran hacerlo, nadie se ve forzado a hacerlo. David Bernal, vocero del Colectivo Jhonatan Sabogal dijo que la apertura de la Mesa es un aporte para la ciudadanía, así mismo, para el tema de paz con justicia social. En cuanto al tema metodológico, Bernal señaló que ellos han puesto en consideración la apertura de la Mesa para que ésta sea ampliada y no haya sólo un diálogo con el colectivo Jhonatan Sabogal, sino también víctimas del Estallido Social. 

Por su parte, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado este proceso, dijo que este es uno de los grupos más grandes privados de la libertad por el Estallido Social que hay en Colombia. Y que es una muestra que el Paro Nacional continúa hasta que se resuelva esta situación. El Padre fue enfático en decir que en Colombia hay más de 300 detenidos por el Paro Nacional. Sumado a esto, un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, muestra que de las 228 personas judicializadas en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. 

En un comunicado público, el ‘Proceso Colectivo Jhonatan Sabogal’ reconoció el compromiso y la voluntad del Gobierno nacional y del Comisionado Rueda con este espacio de diálogo, además señalaron que este es un primer paso para lograr su libertad. Cabe señalar que este año más de 20 jóvenes detenidos han salido en libertad por vencimiento de términos. Abogados de los mismos han dicho que la Fiscalía se ha quedado sin argumentos para mantenerlos encarcelados.

Julio 6 – 2023 

Por Laura Cruz y Jorge Luis Galeano

“Estar aquí construyendo tejido social es como si a Nico no lo hubieran asesinado, como si su lucha no hubiera muerto. Creo que eso es lo que me sostiene todos los días”, dice Laura Guerrero, quien lleva en la camiseta, el rostro de Nicolás, su hijo mayor. Así lo ha llevado durante dos años desde que salió al Paso de Comercio a una velatón en memoria de un joven asesinado y, presuntamente, un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le disparó.

Esta vez, la lleva puesta en marco de un evento de memoria en el que, justamente, se recuerda la vida de su hijo y la de Yinson Angulo, otro joven asesinado durante el Paro. Se les recuerda como lo que eran: alegres, creativos y trabajadores y por eso, como parte de las actividades, se pintan sus rostros en una caseta de la Cancha de la Escuela Kokiro, del barrio Floralia al norte de Cali. Se les deja ahí para que no sean olvidados. Sólo han pasado dos años de los hechos y aunque Yinson vivía a una cuadra, muchos de sus vecinos, ya no lo recuerdan. Esa es la lucha de personas como Laura y Gloria, mamá de Yinson: que nunca se olviden sus vidas y lo que pasó.

Laura Guerrero ya conocía el dolor por haber perdido a su esposo años atrás, sin embargo, el que le arrebataran a su hijo es, quizás, algo que no tiene nombre, como diría la poeta Piedad Bonnet. Quizás de allí, de las ganas de ponerle nombre, nace Memoria Viva Colombia. Puede ser como un antídoto contra el olvido.

Memoria Viva Colombia -Mevico- apareció tras el encuentro de familiares de jóvenes que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021 en distintos lugares de Colombia. En Cali fueron 64, según la ONG Temblores. Estas familias se unieron con la intención de “permanecer recordando quiénes eran nuestros hijos, reivindicar sus nombres, sus luchas y sueños, su anhelo de un mejor país” dice Laura.

En estos momentos alrededor de 50 familias conforman Mevico. También hay varias organizaciones que han acompañado el proceso como el Observatorio de Paz, la Arquidiócesis de Cali, la Pastoral Social, el Centro de Paz Urbana, que ha sido un punto de encuentro para familiares y víctimas. Así mismo la ONG Nomadesc, ha trabajado de la mano con Memoria Viva Colombia y caminan con la Galería de la Memoria. Laura relató que la Galería de La Memoria es una muestra fotográfica itinerante que está siendo llevada a diferentes lugares de Colombia “porque la gente sabe que asesinaron 64 jóvenes en Cali, que tenían nombre, número de cédula, una familia detrás de él y eso hace que tengan rostros”.

Memoria Viva Colombia, ha iniciado una labor para conservar la memoria de aquellos que fueron asesinados en el Paro y también ha sido el refugio de varias madres que comenzaron a caminar juntas para exigir justicia, hacer memoria y abrazar al que quedó. Así mismo, para que nazcan nuevos liderazgos. “No podemos desconocer que muchas de las familias son de una condición socio económica muy difícil, que muchos de estos hijos traían el alimento a sus casas, ayudaban a sus madres con sus hermanos menores, entonces realmente creo que siempre va a haber la necesidad, de ayuda de una mano amiga en estos casos”, dice Laura, una de las fundadoras de Memoria Viva Colombia, quien también señaló que una de las madres que perdió a su hijo, padece cáncer y que el sistema de salud la revictimiza, ya que los medicamentos no le son entregados a tiempo.

Memoria Viva Colombia se ha convertido en un hijo más que nació después del mío. Con los otros cofundadores hemos acogido a aquellos lesionados, incluso viéndolos como la esperanza, el futuro lo que no tuvieron nuestros hijos, ellos quedaron en malas condiciones, pero nuestros hijos, no tuvieron ni siquiera la oportunidad, enfatizó Guerrero.

Los jóvenes que fueron lesionados no sólo enfrentan dolencias físicas sino emocionales, este tipo de situaciones hacen que hoy viven una realidad y es que muchos por la gravedad de sus heridas no pudieron volver a trabajar ya que enfrentan dolencias sumamente graves. Los fundadores de Mevico señalaron que: “tenemos lesionados que no pueden tener las tres comidas a veces ni siquiera una diaria, tomando medicamentos y que no pueden comprarlos”.

Desde Memoria Viva Colombia plantearon que no es lo mismo que alguien que trabajaba en logística y ahora esté en una silla de ruedas, son cosas bastantes pesadas de lidiar y eso desde lo psicólogo desde lo mental, desde lo físico que les cuesta mucho incluso ir a una cita médica porque no tienen para un bus y son personas que dos años después siguen lidiando con las consecuencias, tenemos personas con colonoscopia, en estado de discapacidad diferente por sus brazos, por sus piernas, la columna.

Uno de los casos que más ha despertado la indignación de la comunidad es el de Dudan Villegas que es uno de los sobrevivientes que en el 2019, recibió un disparo por parte de la Fuerza Pública que hizo que perdiera la movilidad, pero hoy gracias a la solidaridad de diferentes personas y de organizaciones como Mevico, va a viajar a Cuba para poder acceder a un tratamiento.

El caminar de las madres y familiares que hacen parte de Mevico les ha permitido no sólo exigir justicia, sino también empezar a sanar. “Entre nosotros es casi una especie de acicalamiento, porque el estado hizo presencia sí, pero para asesinar, para desaparecer, para violentar, pero no para reparar”, señaló Laura Guerrero. Cuando en la organización hablan de reparar no hablan sólo en términos económicos sino de reparación emocional y de salud mental, ya que la pérdida de un familiar de manera tan violenta es un proceso complejo, sumado a que las familias tienen que cargar con la revictimización: han llamado a los jóvenes vándalos, delincuentes, guerrilleros queriendo validar desde ese discurso de odio, el “enemigo interno”.

Gloria Estela Rodríguez, madre de Yinson Andrés Angulo, asesinado por el Esmad el 1 de mayo del 2021, quien hace parte de Mevico, resaltó la importancia del evento en el barrio Floralia, en donde, además de la pintatón, hubo una olla comunitaria con la que se construyó tejido social, además de un círculo donde se realizaron ojos de dios (tejidos). También hubo acompañamiento de circo por parte de la Maloca que nació en el Estallido Social.

A él le hubiera gustado que yo hiciera presencia donde se recuerda su nombre, donde se recuerda su memoria y esa es la idea: no dejar morir la memoria y para eso estamos: para seguir siendo la voz de aquellos que fueron callados” dice Gloria, quien también lleva una camiseta con el rostro estampado de su hijo. Ella se duele del olvido “lastimosamente Colombia es un país que no tiene memoria y al no tener memoria cometemos los mismos errores. El objetivo es que no suceda y no haya repetición de una masacre, de algo tan violento y tan fuerte como fue el asesinato de mi hijo y de los hijos de muchas madres más”.

Para Gloria “Memoria Viva Colombia ha sido una manera de empezar a hablar, a conocer a tratar a las otras madres y a saber que no fue solamente mi hijo”. Desde la organización, ella ha podido sanar, empoderarse y viajar. Hace poco fue a un intercambio a Costa Rica, en el cual pudo aprender en diferentes talleres y escuchar diferentes testimonios.

En cuanto al nuevo gobierno y a los políticos que vienen realizando campañas a nivel territorial, Laura Guerrero fue enfática en afirmar que, en el furor del Estallido Social, muchos políticos utilizaron la bandera de los chicos para las campañas pero que después de ser elegidos no han vuelto a aparecer. Incluso dijo que “caminamos de la mano con Francia Márquez quien es hoy vicepresidenta de Colombia, pero de ella no volvimos a recibir ni una llamada. Quienes hablaban en campaña de los muchachos y las violencias nunca han vuelto a aparecer. Hoy no se refieren a nosotros”.

La cofundadora de Mevico también afirmó que algunos jóvenes que pertenecieron a la Primera Línea se encuentran apoyando a candidatos que están en campaña, por lo que hizo un llamado a evaluar, no sólo el discurso de quienes estuvieron allí afuera, sino quienes realmente han permanecido en ese acompañamiento hasta el día hoy. “Muchos compañeros hoy están montados allá. Sobre la sangre de nuestros hijos ocupan cargos, les permiten unos puestos de trabajo”.

Para finalizar, Laura hizo un llamado a la conciencia al Gobierno del Cambio para que se den las garantías de no repetición. Para que estos hechos lamentables no ocurran en ningún hogar colombiano, que ninguna familia tenga que pasar por este dolor de la pérdida de nuestros hijos y quienes quedaron puedan vivir con dignidad. “No tenemos que vivir de forma constante reclamando la dignidad para nuestras vidas y las de nuestras familias”

Junio 30 – 2023

Por Laura Cruz

Como el macrocaso 11 se conocerá el capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que se abrirá formalmente y que tiene como objetivo la investigación y juzgamiento de la violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano. Gracias a la tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación y por Yolanda Perea Mosquera, una sobreviviente de este delito, en la que pedían la protección de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia en un plazo razonable.

La petición fue concedida por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión de la JEP al fallar ordenar a la Sala de Reconocimiento de la JEP que en menos de 30 días decida sobre la priorización del caso que investigará violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversas.

De investigaciones por parte de un órgano de control sobre las violencias sexuales contra las mujeres se tienen pocos antecedentes, sin embargo, uno de los más relevantes es el de La Comisión de la Verdad: Mi cuerpo es la verdad (EXPERIENCIAS DE MUJERES Y PERSONAS LGBTIQ+ EN EL CONFLICTO ARMADO). Para elaborar este informe la Comisión recogió 10 mil 864 testimonios de mujeres en los que se hizo patente cómo el conflicto armado las afectó de forma desproporcionada y causó en ellas un impacto diferenciado.

Entre los hallazgos que encontró la Comisión están:

Primero que hubo impactos diferenciados y desproporcionados, como el desplazamiento forzado, aunque es un delito dirigido contra la población civil en general, fueron afectadas gravemente 4.025.910 mujeres (el 50,1 % de las víctimas).

La Comisión mostró que las violencias sexuales fueron una práctica de todos los actores armados, extendida e invisibilizada durante el conflicto. En muchos casos, funcionó como una estrategia de guerra para producir el desplazamiento forzado y controlar determinadas zonas y se agudizaron en el período de mayor degradación de la guerra, entre 1996 y 2007.

Lida Elena Tascón Bejarano, Directora de la Casa de las Memoria del Conflicto y la Reconciliación señala: “El informe de la Comisión de la Verdad nos da una radiografía de lo que ha pasado con las mujeres en el conflicto armado, y nos muestra la gravedad del problema. También deja claro que las mujeres no solo viven las violencias en sus cuerpos como su primer territorio, sino también en los territorios desde sus comunidades”.

Añade que con la radiografía que hace la Comisión de la Verdad, se hace más que necesario que se abra el macro caso en la JEP “ya que el país aún hoy desconoce las realidades de las violencias sexuales que han sufridos las mujeres y que en la mayoría de los casos no se quedaron en la guerra, sino que aún siguen afectándolas”.

En Colombia, hasta ahora se habían realizado investigaciones sobre violencia sexual en el marco de otros delitos como secuestro, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. La JEP ya se había pronunciado respecto a la violencia sexual en estos casos que sistematizó señalando que hubo 2 mil 300 víctimas. 900 casos atribuidos a las FARC, 350 casos atribuidos a la Fuerza Pública y 700 casos a grupos paramilitares. Sin embargo, según el Registro Único de Víctimas, más de 30 mil mujeres habrían sido víctimas de violencias sexuales durante el conflicto armado en Colombia.

Para Verónica Moreno, psicóloga de Justicia y Paz, el hecho de que se aborde la violencia sexual en un macrocaso en la JEP es fundamental por dos razones: primero porque, en el caso de las dinámicas del conflicto armado, el cuerpo de las mujeres ha sido instrumentalizado por los grupos armados para tener control sobre las comunidades y población civil que se encuentra en los territorios.

Así mismo señala que “el acceder a una mujer sin su consentimiento y muchas veces por varios hombres, además de las afectaciones en las mujeres, tiene un impacto en las subjetividades de las comunidades, pues simboliza el acceder al Interior de la comunidad, a la vida y a sus miembros”.

A pesar de que las violencias sexuales durante la guerra han sido sistemáticas, han sido invisibilizadas, no sólo por los responsables sino por el mismo Estado. Para Lineth Katherine Coronado Vitolo, psicóloga, magister en DDHH, especialista en psicología jurídica y forense, candidata a especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, quien es docente y directora del voluntariado en prevención de Violencia y voluntaria de la ONG Fundación Mujer Libre USA, la violencia en Colombia es un fenómeno culturalmente aceptado e invisibilizado y este se incrementa aún más en las poblaciones donde no llega el Estado.

Por esta razón para Coronado es un logro que la justicia colombiana ahonde y aperture macrocasos que se centren en la violencia sexual y den a conocer el fenómeno. Estas acciones en el marco de la guerra son usuales e incluso aceptadas, por lo que la población en general debe conocer sobre los efectos y le otorgue a las víctimas restitución y dignidad.

Coronado fue enfática en señalar que: “Es importante garantizar la no repetición por medio de acciones de visibilización y educación a la población para que estos eventos violentos no se repitan y sean sancionados, no sólo en la norma, sino que también moralmente”.

Para Martha Elena Giraldo Mendoza, activista social, defensora de derechos humanos, eeminista e investigadora en temas del impacto de la guerra y las violencias en la vida de las mujeres, la apertura del macrocaso 11 es una oportunidad para romper la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia y la investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Giraldo puntualizó que: “ Este es un espacio para la superación de la impunidad que existe alrededor de estos crímenes y aquellos asociados a la discriminación por razones de género”. Sumado esto, dice la activista, sirve para incorporar y evidenciar a través de la Justicia Transicional la gravedad de los hechos, implementando metodologías de investigación y juzgamiento de crímenes cometidos contra el cuerpo y la vida de las mujeres y las personas LGTBIQ en el marco del conflicto armado que incluyan el enfoque de género y el enfoque diferencial.

María de los Ángeles Ríos Zuluaga, abogada, y coordinadora del área de incidencia de la Red Nacional de Mujeres, que hace parte de La Alianza Cinco, (Colombia Diversa, Sisma Mujer, Humanas Colombia y la Red Nacional de Mujeres), dijo que debe tenerse en cuenta que las violencias sexuales, violencias reproductivas y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas, son un crímenes que, en el marco del Acuerdo de Paz, no fueron objeto de amnistía o indulto y en ese sentido, es obligatorio para la Justicia Transicional, un adecuado tratamiento conforme a los más altos estándares de los derechos humanos.

Para Zuluaga en el proceso que llevará la JEP, es necesario que:

1. Los parámetros tradicionales del derecho penal con relación a la prueba deben flexibilizarse y concentrarse en el testimonio de la víctima.

2. Que la sanción no puede estar sujeta a que haya un reconocimiento por parte de los responsables, puesto que los grupos al margen de la ley tienen resistencia a reconocer los hechos de violencia.

3. Se debe dar un valor al contexto como prueba, esto quiere decir que las violencias sexuales fueron posibles porque subyacen a un contexto, un sistema de violencias que es permitido contra los cuerpos de las mujeres.

4. La JEP no está sancionando en el vacío. Colombia es un país que tiene experiencias previas, de intentos de sanción a graves violaciones de derechos humanos y en ese sentido es necesario que las tengan en cuenta. Por ejemplo, en el marco de Justicia y Paz, hay varias sentencias en las cuales se reconocen los daños en el marco de la violencia.

Este macrocaso no puede ser residual, es decir, que se entienda que lo que no va en los demás macrocasos, entonces va al macrocaso once.

1. No se puede revictimizar a las víctimas y la JEP tiene que garantizarles las condiciones económicas, emocionales para el proceso.

2. No puede haber impunidad, se debe sancionar a los responsables, también a los máximos responsables, que esto es muy importante porque hizo parte de políticas de los actores armados.

Entre las conclusiones a las que llega Zuluaga es que la JEP además de llevar un proceso judicial, también debe llevar un proceso dialógico. “Así como el esclarecimiento de la verdad debe tener un énfasis en el cual se tenga en cuenta las necesidades de las víctimas”.

También se debe dar una especial relevancia a las víctimas porque este tipo de violencias no son creídas y muchas veces son cuestionadas porque tienen sobre ellas la vergüenza, el juzgamiento, la revictimización. Por esa razón señala Zuluaga que: “Es necesario que en este proceso de esclarecimiento se adopten unas medidas que permitan saber lo que realmente pasó”.

Junio 23 – 2’023

Por Laura Cruz

En Colombia se está tramitando un proyecto que busca eliminar y prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” que tienen el objetivo de “curar” a las personas del colectivo LGTBIQ+ a través de ritos, “terapias psicológicas” o incluso exorcismos. El proyecto de ley fue presentado por el congresista Mauricio Toro Forero, que tiene todo el respaldo de las colectivas y las comunidades LGTBIQ+ que señalan que es necesario que haya políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida y a garantizar los derechos de las personas diversas.

El proyecto responde al “All Out”, un movimiento global por los derechos de las personas LGBTIQ+, al que se han unido más de 40 mil personas que le dicen NO a las mal llamadas «terapias de conversión». En el mundo ya son siete los países que las prohíben: Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta. Sin embargo, en 68 países de diferentes continentes, se siguen llevando a cabo. En América Latina, Caribe, Asía, África, incluso se calcula que unas 700.000 personas lesbianas, gais, trans o de género diverso han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida.

Referente a las terapias de conversión que generan polémica a nivel mundial, a través de un informe especial, la ONU ha concluido que son prácticas representativas de tortura que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+ y recomienda a los Estados, prohibirlas mediante leyes, pues denigran la dignidad de quienes son sometidos a ellas. A este llamado se unieron diferentes colectivos que, a través de Toro, presentaron el proyecto que tiene como objetivo eliminar y prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”.

Para entender qué derechos vulnera las mal llamadas “terapias de conversión” entrevistamos a Nataly González Arce, quien hace parte de la dirección de Comunes en Cali, es psicóloga con una especialización en neuropsicología infantil, cursante de maestría clínica y neurociencia social y precandidata al Concejo. Ella explicó que las terapias de conversión no tienen nada que ver con las buenas prácticas en la salud mental. 

“Ni la psiquiatría ni la psicología avalan ese tipo de terapias. No las avalan porque esas terapias son fundamentalmente de tipo religioso. Estas prácticas no son terapéuticas. Tú puedes ser psiquiatra y aplicarlas, pero ni la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, ni la Sociedad Colombiana de Psicología, te van a decir que alguna práctica terapéutica puede denigrar la dignidad del otro”. 

Sin embargo, González señala que en la historia de la salud mental, la homosexualidad se consideró una patología; y ese sería un punto en el que se relacionaría con las terapias de conversión, por supuesto un punto de encuentro no favorable, ya que la psicología corrigió su error y desde hace décadas no se patologiza a las personas homosexuales. 

“Ese tipo de terapias de conversión tienen varios paradigmas; ontológicamente mi visión del sujeto es que está confundido y sólo yo lo voy ayudar; lo segundo es que a nivel epistemológico, se cree que la verdad la tenemos nosotros (los “terapeutas”). Bajo estas premisas pueden generar que afloren comportamientos psicóticos, depresiones, patologías reales”. 

El proyecto que busca eliminar y prohibirlas , ya pasó el primer debate en el Congreso, por lo que el pasado 18 de junio en la Marcha del Orgullo Gay, la comunidad celebró que el proyecto vaya por buen camino. 

En cuanto a los derechos que vulneran las mal llamadas “Terapias de Conversión”, la neuropsicóloga fue enfática en afirmar: “En estas terapias se vulneran la dignidad de las personas, la libertad, incluso la propia vida porque si no los logran “curar”, que es lo que pasa generalmente, se corre el riesgo de que la persona sufra cuadros depresivos serios”.  Por eso González recalcó que esto es un tema de salud pública, más que un tema ideológico, lo que retifica el Instituto Williams de la Escuela de Derecho de UCLA, que dice que un estimado de 22% de personas LGBTQ+ que en Colombia han sido sometidas a terapia de conversión, tuvieron 76% más de probabilidades de intentar suicidarse, comparado con los colombianos LGBTQ+ que no fueron sometidos a ellas. 

4 mil 160 adultos de la comunidad LGBTIQ+ de Colombia, entrevistaron los investigadores para examinar la prevalencia de las ideaciones suicidas, la planificación del suicidio y los intentos de suicidio a lo largo de su vida para evaluar la asociación entre la exposición a la terapia de conversión y el suicidio. Esta es la encuesta más grande de personas LGBTIQ+ en Colombia hasta la fecha, y la primera en estudiar la asociación entre la terapia de conversión y el suicidio en Colombia.

Junio 16 –  2023 

Por Laura Cruz 

Después de 16 años, su rostro sigue sonriendo por el mismo hombre con el que se comprometió cuando estaba embarazada. Carlos Julio Caballero era su nombre y hoy sólo existe en la memoria, en los corazones de quienes lo amaron y en los rasgos de su hija de 16 años que sigue exigiendo justicia para su padre y su familia. Integrantes del del Gaula del ejército lo asesinaron.

Carlos Julio hace parte de las 160 víctimas individuales, acreditadas por la Justicia Especial Para la Paz -JEP- que abrió el Caso 05 para tratar de acercarse a la verdad y estudiar las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitaria ocurridas en el conflicto armado desde 1993 hasta el 2016 en 16 municipios del norte del Cauca y del Valle del Cauca. Yunari (la prometida de Caballero) y su hija, hacen parte de las 200.000 víctimas acreditadas de manera colectiva, puesto que las familias de las personas asesinadas son las que han sufrido e intentado por todos los medios saber ¿Quién dio la orden? En el caso de estos departamentos, la JEP tiene identificados a los actores responsables de la violencia que vivió la población por más de 16 años.

Entre ellos se encuentra la Farc-EP, quienes ocupaban la región a través del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano, los cuales operaban en este territorio por sus características geográficas, afectando a la población indígena, afrocolombiana y campesina. Sin embargo, no fueron los únicos actores armados que cometieron violaciones de derechos humanos, ya que la Fuerza Pública, tanto Ejército, como Policía y oficiales del Gaula del Valle del Cauca, cometieron ejecuciones extrajudiciales, muchas veces en alianza con los paramilitares del Bloque Calima. Gracias a las audiencias que ha realizado la JEP, hoy familiares de las víctimas se acercan a la verdad, por esta razón y en un acto restaurativo que tuvo lugar en la Universidad Santiago de Cali, dos ex-oficiales del Gaula que están compareciendo ante la JEP.

Se trata del exmayor Mauricio Ordóñez Galindo y el excoronel Jorge Enrique Florián Díaz, quien fue señalado por varios miembros de las fuerzas armadas de ser el “cerebro de los falsos positivos” en el Gaula del Valle, y que hoy comparecen ante la JEP, decidieron entregar a las víctimas las medallas que recibieron de forma inmerecida, ya que los resultados que presentaban a sus superiores eran producto de los asesinatos de hombres inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado. 

“Estas medallas significan la sangre de él, ahí se encuentra su sangre derramada, pero también significan haber ganado la batalla, haber cumplido lo que un día prometí”, dice Yunari Ordoñez, mientras sostiene la foto de su prometido. Para ella, antes de que ocurriría la masacre, la mañana y la tarde de ese día fueron uno de los días más felices de su vida. Era el año 2007 y casi las dos de la tarde, cuando Carlos la llevó a casa de un amigo. “Me dijo que me tenía una sorpresa, yo me imaginé que era una muda de ropa, pero cuando llegamos a la casa de su amigo, le pasaron un anillo, entonces Carlos me dijo: “Te acuerdas que dijimos que cuando estuvieras embarazada nos íbamos a casar. ¿Quieres casarte conmigo? yo le respondí inmediatamente que sí”.

En ese momento Carlos no cabía en la ropa de la felicidad. Invitó a sus amigos al matrimonio, después caminó hacia donde había quedado encontrarse con un militar que le había pedido que lo acompañara a Santander de Quilichao. “Él habló con el militar, le dijo: yo voy, pero con ella y mi junior; el hombre me volteó a mirar y le preguntó ¿cuál Junior?”

Carlos le respondió: Es que ella está embarazadita.
Militar: No importa, vamos.

“Ahora yo me pregunto ¿por qué si la militar sabía que los iban a asesinar, no le importaba llevarme a mí, aunque estuviera embarazada?”. Sin embargo, cuando llegaron a un sector, Carlos le dijo a Yunari que se bajara, que alistara maletas para viajar al grado de su hermana. “Yo me bajé lo abracé, me acuerdo como si fuera ayer. Al militar que se lo llevó y que espero verlo pronto frente a mí, le dije: “se lo recomiendo porque él para mí, vale más que mil kilos de oro, y arrancaron”. Ella se quedó llorando sin saber por qué, mientras más avanzaba el carro más lloraba, pensó que era el embarazo, sin embargo, hoy sabe que el corazón sentía el peligro, intuía de alguna manera que era la última vez que lo vería.

“El día que recibí la noticia fue a las siete de la mañana. Yo sabía que no estaba bien, porque Carlos siempre me llamaba. No sé si usted ha visto cuando uno juega en la playa a hacer un castillo y que alguien va, lo derrumba y la persona luego dice: ¡ah! lo derrumbé, así me sentí. Ni más ni menos”.

La historia de Yunari Ordoñez y Carlos Julio Castillo, se repite en el Valle y el Norte del Cauca, ya que militares decidieron asesinar a hombres inocentes que habitaban en esta región. Hoy la JEP, en un ejercicio por buscar justicia, paz y reconciliación, lleva a cabo estos encuentros con el objetivo de que llegue el perdón y el arrepentimiento o, por lo menos, que estas palabras se puedan nombrar al final de un conflicto que sólo dejó llanto y dolor.

El excoronel Jorge Enrique Florián Díaz, pidió perdón por medio de una carta y dijo que quienes estaban encargados de proteger la vida decidieron asesinar, así mismo señaló que sabe que ni el tiempo, podrá curar el dolor en las familias que ellos dejaron. Los dos exmilitares entregaron las medallas a funcionarios de la JEP, quienes las pusieron en un cofre de vidrio y dijeron que se trataba de un acto simbólico, con el fin de reparar a las víctimas y que en algún momento, pueda haber una reparación.

Por otro lado, el Magistrado Óscar Parra Vera dijo: “Estas son medallas de la infamia, son medallas manchadas de sangre”.

Al finalizar la entrega de las medallas, Yunari Ordoñez les dijo a los dos oficiales: “Quiero que, así como un día dijeron en voz alta que ellos eran guerrilleros, les digan a nuestros hijos que ellos (sus padres) no lo eran. Que ellos puedan estar orgullosos de sus padres donde quiera que estén”. El exmayor Mauricio Ordóñez Galindo, admitió su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y reafirmó que tales actos no deben repetirse. “Esto no es sólo simbólico, también estoy enviando un mensaje a los militares, porque lo que ocurrió no puede volver a suceder (…)  “Lo siento mucho, Carlos Julio Caballero, no era guerrillero”.