Junio 3 – 2024

Por Jorge Luis Galeano

Su camiseta dice “Buscar es luchar contra el olvido” y con la misma contundencia de esa frase, le exigió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a todas las instituciones presentes, agilizar el proceso de búsqueda de su hermano, cuyo cuerpo está en el estero San Antonio de Buenaventura. 

Juranny Asprilla ha intentado rescatar los restos de Alex Mauricio Asprilla desde el 2007, cuando fue desaparecido y luego asesinado por negarse a ser parte de los grupos armados ilegales que operan en el Puerto. Ella dice que, primero la búsqueda y luego el rescate del cuerpo, han sido procesos solitarios y llenos de revictimización “No fue sino hasta que yo decidí ir personalmente al estero a buscar a mi hermano que se dieron cuenta que sí se podía porque me habían dicho que era imposible”. 

En octubre de 2020,  varias organizaciones defensoras de derechos humanos le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP- adoptar medidas cautelares sobre el estero para  garantizar que no se intervenga de ninguna manera. Dichas medidas se tomaron en el 2021 y se mantienen hasta el momento. Por eso, la exigencia de Yuranny es que no se dilate más la búsqueda para cerrar ese ciclo de incertidumbre y dolor. 

Las palabras de Juranny se escucharon en el VII Encuentro de Familiares de personas desaparecidas en el Valle del Cauca con el que se cerró la Semana del Detenido-Desaparecido en Colombia. Al evento asistieron varias de las dependencias encargadas de la investigación, búsqueda y asesoría en temas de la Desaparición Forzada en marco del conflicto armado y se oyeron las exigencias de las familias que desean encontrar a sus seres queridos. Segundo Emilio Angulo Quiñonez, por ejemplo, pidió apoyo para encontrar a su hijo Leider Eugenio Angulo, desaparecido en 2016 cuando viajaba de Cali al departamento de Nariño 

Además de no saber de su hijo desde hace ocho años, a Segundo le preocupa que la investigación no avance “Hay rumores de que lo mataron. A mí me sacaron muestras de sangre, pero no han encontrado ningún cuerpo para saber si está vivo o muerto” dice  mientras muestra los documentos que llevó al evento en un intento por recibir respuestas contundentes.  Este hombre de 67 años no pudo seguir buscando a su hijo en donde desapareció, Barbacoas en Nariño, por el temor que le genera la fuerte presencia de actores armados 

“Yo sólo quiero recuperar los restos de mi muchacho y que el Estado me responda. Que me dé un trabajo o una pensión para yo poder sobrevivir porque no tengo nada” terminar Segundo. 

Al evento asistieron la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD-, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU, la Unidad de Víctimas, la Secretaría de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Medicina Legal, la Personería de Cali y la Defensoría del Pueblo y es justamente en esta maraña institucional en la que las personas víctimas tienen que moverse para denunciar, recibir orientación y realizar la búsqueda de un ser querido desaparecido. 

Y lo que en principio puede ser una fortaleza, también se convierte en una debilidad. Elizabeth Belalcázar Mejía de la Corporación para el Desarrollo Regional -CDR- dice que una de las grandes peticiones de las personas es que haya un mayor y mejor trabajo interinstitucional  porque ante el hecho, se sienten desamparadas y hasta revictimizadas “Lo primero que le dicen a una persona que va a denunciar una desaparición es que tiene que esperar 72 horas y eso no es verdad”. Añade Elizabeth que no hay una orientación adecuada que le permita seguir el proceso establecido por la ley “No les dicen, por ejemplo, que deben ir a Medicina Legal a tomarse una prueba de ADN y eso se añade a la angustia por su ser querido: la falta de coherencia institucional”. 

Por lo anterior, es clave la labor de las organizaciones de la sociedad civil como CDR o MOVICE o la Fundación Guagua, entre otras, pues apoyan a los familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas maneras. Algunas están en capacidad de dar apoyo legal, otras dan orientación psicosocial y otras, como CDR impulsan el acompañamiento y la visibilización de los casos en diferentes espacios. 

“Nosotros como Corporación, cada año en mayo, agosto y diciembre hacemos un evento público llamado La Carpa de la Memoria en el que exponemos los nombres y fotografías de las personas desaparecidas y sus familiares le narran a los transeúntes lo que significa tener un ser querido desaparecido porque nadie se lo imagina”.

Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Encontrarse con los ojos de Ruby es como ver el ocaso desaparecer en el horizonte, son de una luz triste. Ruby Cortes Castro hace muchísimas cosas: trabaja por la comunidad, para la familia e intenta no olvidar y a la vez hacerlo. “A mi me gusta mucho trabajar con los adultos mayores. Dialogar con los jóvenes que están en una situación de consumo, profundizar en el porqué lo hacen, cuál es la necesidad que tienen. También me gusta trabajar con niños.” 

Quizás por esa razón llegó a trabajar a Afrodes,  después de que uno de sus hijos le contó de la fundación. Allí lleva varios años acompañando procesos, al lado de su comadre Erlendy. Una de las principales labores de Ruby es el diálogo con los jóvenes. “Fuera de eso, estamos al pendiente de que día a día esto mejore”. 

Antes de vivir en Llano Verde, Ruby vivía en Sardi ( un asentamiento en el barrio Charco azul, al oriente de la ciudad) y antes en Mojica y antes en Tumaco, Nariño. “Yo tenía 14 años cuando llegué a Cali. Nos vinimos porque los dueños de lo ajeno nos quitaron de nuestro territorio, nos despojaron de nuestras casas. Al principio  vivía  con mi abuelita”. 

En Charco Azul vivió diez años, para ese tiempo ya había sido madre. Al principio vivía en casas alquiladas, pero después logró tener un lugar. Sin embargo, la ola invernal obligó a que las familias del sector fueran ubicadas en un proyecto que llevó como nombre Plan Jarillón. 

El día que llegó al barrio todo fue felicidad, la casa era muy diferente a la de su ranchito de Sardi. “Cuando llegamos, me acuerdo tanto, que la primera noche yo no dormí esperando que lloviera  para ver si caían goteras,¡ay Dios mío!, me dije, quiero ver si cae agua por el techo o alguna gotera para ir corriendo a  colocar la ollita. Fue una emoción muy grande, le agradecí mucho a Dios por darme esta vivienda, a pesar de que no estuviera en las condiciones adecuadas. Yo ya tenía a mis siete hijos así que la felicidad fue muy grande”. 

Sin embargo, con la alegría también vinieron los problemas. Cuenta Ruby.   

“Yo voy con esa alegría, meto la llave, se abre la puerta y veo por dentro.  No, esa no es mi casa, se equivocaron” Me devuelvo y le digo al señor: Yo tengo un hijo que es discapacitado y a mí me dijeron que nos iban a entregar las viviendas adecuadas para las personas discapacitadas

• Esa es su vivienda, esta es su casa  ¿Usted es Ruby Cortes Castro? A usted le pertenece esta llave”.  
• Yo digo “No, es que no es.” Pero él insiste 
• “Esa es su casa señora, no hay más, lo toma o lo deja,  así de sencillo.

 Esta fue la respuesta que le dio un funcionario de la Alcaldía a Ruby cuando le entregaron su casa cuando reclamó.

“¿Qué podía hacer? si mi rancho en Sardi ya me lo habían tumbado. Porque donde no me lo hubiesen tumbado yo me devuelvo, yo me devuelvo pero ¿Qué podía hacer?”. 

Debían subirlo todos los días, lo cual era un desgaste físico para toda la familia, pero además, descubrieron que el barrio tenía otros problemas.  

Cuando entregaron Llano Verde  no había Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ni  colegios. Hoy uno de los principales problemas es que muchas de las casas no tienen energía y el único punto para tener luz son los Ganes y si no hay Ganes, no hay luz.  

Sumado a esto, Llano Verde lleva diez años sin transporte público por lo que a sus habitantes les toca caminar veinticinco minutos para llegar a la  Avenida Simón Bolívar, que es la última vía grande del oriente de Cali y da acceso al sistema de transporte integrado Mío. Frente al parque principal del barrio estacionan uno o dos jeepetos —como se les dice a los camperos—, que transportan gente hacia otros barrios del oriente, pero nunca hacia otros sectores de la ciudad. Por eso, muchos de sus habitantes dicen estar confinados, aislados socialmente y desconectados con el resto de la urbe.

“Todos los días me pregunto: ¿qué pasó?, ¿por qué?” Después de tres años y cinco meses, Ruby se sigue preguntando con obstinación “¿Quién le arrebató al menor de sus hijos? ese 11 de agosto del 2020, el día de  la masacre que hoy recordamos como “los cinco de Llano Verde”. Las víctimas fueron : Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

El hijo de Ruby se llamaba Jair Andres Cortés, llevaba el nombre de su padre. Era el menor, le gustaba el fútbol, tenía 14 años y seis hermanos. Estaba en séptimo grado. Tenía prohibido ir al cañaduzal. 

“A veces yo veía que llegaba con los pies sucios, quemados. Yo lo regañaba y le llamaba la atención. Me decía: ´no má, eso fue hasta ahí no más que fuimos a comer la caña.´ Y yo: no, no, no y no. Pero a ellos les gustaba aquí, aquí en la puntica”, dice Ruby. 

Según testimonios que recoge el libro Construcción de Paz en Llano Verde,  ese día los jóvenes caminaron mucho más en el cañaduzal, porque habían cortado las cañas. Ese día eran las siete  y los pelados no llegaban.  Fueron al CAI y les dijeron la frase ya hecha de la mayoría de policías, “hay que esperar 72 horas”.

Los padres de los jóvenes, entre ellos Ruby, no esperaron. ¿Cómo esperar si eran unos niños que no se quedaban por fuera de la casa nunca?. “Todo estaba oscuro, no teníamos linternas (uno que otros llevábamos celular), entonces con esa oscuridad y así nos fuimos, a ciegas prácticamente a buscar a nuestros hijos, hasta que llegamos a una casa blanca”. 

En esa casa, dice Ruby, los atendieron de forma displicente y en medio de un coro estridente de perros que ladraban. “Mi hijo mayor de alguna manera sintió a su hermano y se fue al interior del cañaduzal”. Mientras se adentraba en la oscuridad  del lugar, vieron que venían dos motocicletas de Policía que fueron hasta la casa blanca y se devolvieron, les contaron el caso y su respuesta fue que esperaran ahí.  Nadie esperó nada, todo el mundo salió detrás de ellos sin importar la oscuridad ni los perros.  

Luego, todos empezaron a gritar: “Jair, Alvaro, Josmar, Luis, Leider”  pero no hubo ninguna respuesta hasta que alguien dijo “amá.”

“Nosotros respondimos: ¡por aquí están, qué alegría, aquí están, por aquí están!, ¡ay, Dios mío!, ¡Ya nos íbamos a meter a ese cañaduzal, cuando empezamos a escuchar llantos, los llantos, los llantos. ¿qué pasó?, me preguntaba a mí misma.” 

Lo siguiente con lo que se encontraron las familias de los jóvenes, fue que en el lugar estaba la Policía  junto con dos personas que cargaban un machete, que aún no se sabe quiénes eran.

“Envolvimos a nuestros hijos. Estaban ahí degollados… Yo volteé a Jaircito, que estaba en el suelo, muerto, y lo primero que hice fue alzar la pantaloneta para ver si tenía sus partes íntimas. A los niños les habían quitado las camisas, todos estaban sin camisas, el único que tenía la camisa puesta era Jaircito. Jaircito… él andaba de blanco ese día.  A los niños los habían golpeado, los maltrataron mucho” asegura Ruby.  

Muchas de las familias de los jóvenes que fueron al cañaduzal, aún después de cuatro años no pueden dormir con las luces apagadas, porque apenas se apagan vuelve el miedo. Aunque no se ha repetido una masacre como la del año 2020, a los jóvenes de Llano Verde los siguen asesinando.  

“En este momento no sabemos qué hacer porque  día a día  están reclutando nuestros jóvenes, nuestras chicas están metidas en la prostitución debido a que no tienen apoyo económico,  oportunidades de capacitarse. No vamos a tapar el sol con un dedo, hay otros jóvenes que no quieren nada de esto, pero hay muchos que quieren salir, quieren avanzar.” 

Con la oscuridad llega el miedo otra vez. Es un miedo que se siente en cada rincón de Llano Verde, un miedo que se ha arraigado en el alma de quienes han perdido a sus seres queridos. Ruby lo sabe demasiado bien. Sus ojos, como el ocaso desvaneciéndose en el horizonte, reflejan esa triste luz que acompaña al recuerdo de los cinco pelados: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas. Cada nombre pronunciado es un eco de vida y de dolor, una súplica silenciosa para que el mundo no olvide la tragedia que envolvió a esta comunidad.

En este torbellino de emociones y recuerdos, Ruby se aferra a la esperanza. A pesar del miedo, sigue adelante, trabajando incansablemente por su comunidad, por sus hijos y por el legado de aquellos que ya no están. Su historia es un testimonio de resiliencia y lucha, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque las sombras del pasado persisten, Ruby se niega a rendirse, llevando consigo la memoria de los que se fueron y la determinación de construir un futuro mejor para aquellos que aún quedan.

Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Mayo 13 – 2024

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco muchachos que fueron asesinados en agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad del barrio Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Hoy recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias, su cultura, esto a través de cuatro mujeres; una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que así sea por un segundo vuelvan a vivir en la palabra, una mujer negra del después de ser desplazada se hizo abogada, y una docente que humaniza la academia. 

Jimmy, Eloy, Lágrimas, Víctor y Vicky vuelven a vivir de alguna manera cuando Alejandrina pronuncia sus nombres. Ellos son sólo una parte de los niños y jóvenes que han sido asesinados desde que se fundó el barrio. A Alejandrina seguro se le escapan algunos de los nombres de los amigos que ha visto morir por una guerra que hoy trata de comprender y cambiar por medio del semillero Afrodes.

Alejandrina Falquez Sinisterra llegó a Llano Verde en el 2014. Se vino con sus hermanas porque su madre, al ver que la violencia se agudizaba año tras año, prefirió que sus hijas estuvieran seguras. Alejandrina proviene del municipio de Satinga u Olaya Herrera, como también es conocido. Es un territorio del Pacífico nariñense a 16 horas de Cali, 14 de ellas en barco y 2 en carro. 

Diez años después de que la familia de Alejandrina fuera obligada a migrar a Cali, persisten los desplazamientos por cuenta de enfrentamientos entre guerrilleros de las disidencias de la Segunda Marquetalia y las de ‘Iván Mordisco’. Más de 1.500 personas fueron obligadas a desplazarse el 10 de enero de este 2024.   

A pesar de tener que dejar su territorio, la primera vez que vio a Llano Verde le dio buena impresión. “Todo se parece. La organización, todo estaba divino. Fue muy acogedor. Hay muchas prácticas parecidas a las de nuestros territorios. Siempre está el tema de compartir, el respeto hacia el adulto mayor, todo. Entonces como que no fue muy alejado de lo que yo vivía en mi territorio ¡Sólo me faltaba el río y la canoa!” Se ríe.  Sin embargo esa sensación de belleza y organización del barrio cambió cuando Alejandrina vio que la muerte, que tan presente estaba en Satinga, la había seguido también a Cali. 

El cambio más abrupto fue cuando mataron a Vicky”. Vicky era una niña de 10 años y murió en medio de un enfrentamiento entre la policía y los grupos armados. Fue una bala perdida. “Estábamos celebrando el día de los niños cuando inició la balacera. Los niños empezaron a correr a sus hogares buscando un refugio. Vicky llegó a la casa de ella y se devolvió porque la puerta  estaba cerrada y de ahí, en ese correr y buscar ese resguardo, recibió el impacto. Pensamos que se había desmayado, que se había chocado, pero cuando la fuimos a ver tenía el impacto acá (se señala…), y lamentablemente Vicky murió”. 

Jimmy, Eloy, lágrimas, Víctor, entre otras víctimas, han sido asesinadas en Llano Verde, la mayoría amigos y conocidos de Alejandrina. Otros jóvenes han tenido que desplazarse del barrio o de Cali porque corrían peligro de ser asesinados.  El primero, el intraurbano, es una afectación muy común que viven las familias a causa de la violencia.

La joven concuerda con la mayor parte de la comunidad en que lo más fuerte que ha pasado es la masacre de los cinco de Llano Verde, sin embargo, dice que en el cañaduzal han encontrado muchachos desmembrados.   

“Está el chico de la iguana. Está Cristian. Para nosotros es muy triste, porque es nuestra población, es nuestra etnia, el futuro. Los chicos no tienen oportunidad de vida. Hay, digamos, un racismo, una discriminación muy grande frente a nuestra juventud y eso conlleva a la falta de oportunidades, a que nosotros o nuestros jóvenes tengan que buscar oportunidad laboral y de vida desde otras prácticas, digamos, no muy adecuadas y eso lleva a que, en el peor de los casos, pierdan la vida” dice Alejandrina.  

Alejandrina es consciente de las problemáticas de su barrio, pero también sabe que un cambio es posible si de manera colectiva se construye. Quizás esa es una de las razones por las que estudia Trabajo Social en la Universidad Antonio José Camacho y es coordinadora del Semillero AFRODES que nació en el 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Nació como una iniciativa de los jóvenes afrocolombianos en el suroccidente colombiano para articularse en torno a varias líneas de trabajo: fortalecimiento de la identidad ancestral, formación en derechos humanos, perspectiva de género, y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

En la actualidad, el semillero está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21, provenientes del Pacífico colombiano: Buenaventura, Tumaco, Satinga y El Charco. Sus edades oscilan entre 14 y 28 años, y sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el año 2013 en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. El proceso de formación de la agremiación se ha llevado a cabo entre 2017 y 2020.

Según información suministrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS,2014), para el 2014 en Llano Verde se reubicaron 2416 jóvenes entre 14 y 28 años (1259 mujeres y 1157 hombres). A la fecha el 44,3 % se encontraba estudiando en educación media, 36,3 % cursaba secundaria y un 6,1 % primaria. Apenas un 8 % contaba con un nivel de formación técnica y tan solo el 1,2 % había alcanzado el nivel de formación de educación superior. Mientras el 66 % se encontraba estudiando, el porcentaje restante se ocupaba en otras actividades así: tareas del hogar (14,2 %), otras actividades (3,1 %), buscaban trabajo (14,8 %); o contaban con una incapacidad permanente para trabajar (1,4 %).

Uno de los principales objetivos del semillero es realizar dinámicas que les permitan   conservar la cultura que tenían en sus tierras y que se ha ido perdiendo a causa del desplazamiento, ya que muchas de las nuevas generaciones no han nacido en el territorio, no recuerdan o bloquearon los recuerdos a causa de la violencia, lo que ha causado una desconexión total de sus raíces. Lo que ha provocado, por ejemplo, que muchas de las jóvenes del barrio sienten vergüenza por su cabello. “Tenemos las niñas, que muchas dicen que les da pena o no quieren tener el cabello que tienen, que quieren un pelo lacio. Esto es producto del desarraigo al que nos lleva la cultura occidental”.  

A raíz de esta situación, desde el semillero buscan el fortalecimiento de la cultura propia y la incidencia en las políticas públicas que ayuden a tener herramientas para proteger a los jóvenes. También han buscado que los adolescentes ocupen su tiempo en actividades que les permitan aprender un oficio y sirva de puente para, de alguna forma, reconectar, un ejemplo es un taller de estampados que tiene un enfoque en la afro-educación. 

Según Meneses la afro-educación debe pensar en cómo plantear soluciones a múltiples discriminaciones en los espacios educativos y revisar también que los efectos de la ideología del racismo complejizan las problemáticas sociales que han desencadenado los sistemas patriarcales y capitalistas sobre las mujeres afrodescendientes. Dadas las implicaciones del cuidado del otro en el hogar, se diseñaron talleres paralelos, a su vez, con los menores, para que las asistentes pudieran participar en todas las sesiones. De esta forma, se incorporaron al diseño del curso las necesidades planteadas por las mujeres afrocolombianas de AFRODES.

El semillero también ha logrado articulación con la academia, a través de diferentes universidades como la Javeriana, Unicatólica, Univalle, a donde los integrantes del grupo han participado en las escuelas de políticas públicas y, a través de lo aprendido, se han ido empoderando y tratando de construir una nueva vida.    

El semillero, además, tiene una escuela de formación ancestral que tiene como objetivo retomar las prácticas culturales  y  recuperar todas sus costumbres. El trabajo que realizan en este espacio no solamente llega a los jóvenes de Llano Verde, sino también a las comunas 13, 14, 15 y 21 que son las localidades donde hay más población afro y en condiciones de mayor vulnerabilidad en la ciudad de Cali.

Para Alejandrina seguirá siendo de vital importancia, primero, guardar la memoria de quienes han sido asesinados, seguir nombrándolos. Segundo, rescatar sus costumbres porque al practicarlas es como si tuvieran consigo un poco del territorio; tercero, buscar oportunidades para los jóvenes del territorio porque todos tienen múltiples capacidades. Por último, “hay que buscar articulaciones para poder llevar más impacto y lograr, de una u otra forma, cuidar la vida de nuestros muchachos que se ha ido perdiendo”.

Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Mayo 6 – 2024 

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco jóvenes que fueron asesinados en Cali, el 11 de agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad de Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es el barrio Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias y su cultura a través de cuatro mujeres: una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que, así sea por un segundo, vuelvan a vivir en la palabra; una mujer negra de  Buenaventura  que se hizo abogada y una docente que humaniza la academia.  

Está sentada en una silla de plástico. Al fondo la cocina y un letrero que dice Afrodes. Hay muñecas negras, timbales, materiales para trabajar. En la sala de esta casa  hay más movimiento, más vida, de la que logro percibir este lunes festivo. 

“Yo creo que la mitad de mi vida se perdió”, me responde Erlendy cuando le pregunto. ¿Qué cree que ha perdido con el desplazamiento? Estamos en la que antes era su casa, en la que dejó de ser una nómada en el mismísimo oriente de la ciudad y descansar de tanto trasteo. En esa casa en la que le hicieron un atentado, hoy recibe a los jóvenes del barrio que forman parte de un proyecto denominado Afrodes.  

Tiene casi 50 años, dos hijos, ojos negros y transparentes como los ríos de su corregimento. Le ha hecho duelo a 14 familiares que la violencia le arrebató.  Llegó a Cali con 300 mil pesos. Su mejor amigo fue Bernardo Cuero Bravo y a Cuero Bravo lo asesinaron el 7 de junio de 2017.  Se tituló de abogada en la Universidad Católica. Es líder social, nombre meritorio y escrito a pulso con la labor que realiza en su comunidad. 

Erlendy nació en un lugar que está atravesado  por agua. Es un pequeño paraíso que hasta hace unas décadas  estaba lejos  de la violencia. El corregimiento 8 está ubicado a 45 minutos de Buenaventura, lo atraviesan varios ríos cristalinos como Sabaleta, San Marcos y Agua Clara. “De ese corregimiento sale el mejor chontaduro de Buenaventura”, mientras ríe. Erlendy Cuero Bravo nació allí en 1975. En una época en la que  no había violencia o ella no la recuerda, pienso, pero luego reflexiono: la violencia no se olvida. 

Su  familia siempre se dedicó al comercio del chontaduro. Esa fruta es una de las que más se exporta en el Valle del Cauca y ocupa un 70% de la producción agrícola en Buenaventura, según el Plan de Desarrollo Distrital (2020-2023)  Es, también,  el sustento de muchas familias que viven de la informalidad, casi un 63 % de la población bonaverense. La madre de Erlendy murió en un viaje en el que intentaba abrir más espacios de venta.  

Después de esa muerte, la vida de la niña y su familia cambió. Primero dejaron sus ríos, su ruralidad y se fueron a vivir al barrio Rafael Uribe Uribe de la comuna 12 en Buenaventura y en el que actualmente, según informes de la Policía, hacen presencia distintos grupos armados como los Chotas y Espartanos. La vida en el barrio Uribe Uribe comenzaba a tomar forma ya que estaban construyendo la casa que sería su hogar, sin embargo, en 1987, el padre de Erlendy fue asesinado de ocho tiros. 

“Desde la muerte de mi padre ocurrieron asesinatos sistemáticos en mi familia. El último fue el 1 de enero del 2024. Cuando desapareció un primo y pusieron a su madre a buscar el cuerpo. Mi familia ha perdido más de 14 personas, todas asesinadas de forma violenta en Buenaventura”. Erlendy, además de afrontar estas violencias y la orfandad, sobrevivió viajando entre Cali y Buenaventura: una nómada atrapada en el Valle.

“Después de la muerte de mi papá me sacaron de Buenaventura, pero yo no me amañaba, entonces me devolví. Yo parecía una cosa loca”. A los 18 decidió quedarse en Buenaventura, terminando de construir lo que sus padres dejaron. En ese tiempo logró algo de estabilidad y, además, tuvo dos hijos, la parejita. Para este tiempo los victimarios ya habían mudado de nombre:  ya no eran los paramilitares sino el frente 30 de las Farc, que lideraba, en ese entonces, alias Mincho.  

Mincho me mandó una carta diciendo que tengo que entregar mi propiedad a otra persona” y como Erlendy, que siempre ha sido picada a loca como le dice su hijo, le respondió “hijo de puta”, y que no, que eso era de su familia. Entonces, Mincho dio la orden de que le desbarataran la casa y en el año 2000 debió salir de Buenaventura, esta vez, con sus dos hijos. Luego fue muy difícil reparar las tierras porque las comunidades afros, en su mayoría, no tienen titulación, porque ellos mismos marcan los linderos de propiedades de este territorio. 

En pleno cambio de siglo, cuando la humanidad tenía la esperanza de un futuro mejor, Erlendy llegó desplazada “con una mano adelante y otra atrás” a  Puertas del Sol, un barrio de Cali. 

Como Erlendy, miles de familias desplazadas siguen llegando desde los departamentos de Nariño y Cauca. Según el registro Único de Víctimas (RUV), esta ha sido la realidad de 8 millones de personas que han sufrido de desplazamiento forzado interno desde hace más de un siglo y que supera a la población de Bogotá. 

Erlendy llegó donde un familiar que le dejó poner las cosas en un rincón de la sala y de allí en adelante recorrió el oriente a pie. Con los únicos 300 mil pesos que traía le alcanzó para pagar el primer mes de alquiler, después le cortaron los servicios. “No teníamos qué comer, y empezó mi suplicio de vida, complejo. Yo intentaba conseguir trabajo y nada”. 

Aunque en Puertas del Sol parecía que no había salida en términos laborales,  esto la empujó a dejar a su hija bajo el cuidado de la abuela, la solidaridad de la gente negra y mestiza son el otro lado de la historia. Su arrendataria, por ejemplo, le fiaba el alquiler y además le llevaba comida. “Ella es mamá Mirian, una señora que para mí ha significado mucho. Yo le debía el arriendo y ella salía y me buscaba comida también. Bien conchuda”, sonríe Erlendy mientras me cuenta que ella llegaba con bolsitas de arroz y con plátano. 

Esta fue sólo una parte de la lucha. Erlendy montó una miscelánea:“esa vaina se cayó porque era más lo que me comía que lo que vendía”. Trabajó en máquina plana y se iba a jornadas de aseo con Visión Mundial, ya que cambiaban trabajo por comida. Pero ese era sólo un frente de batalla, la de la madre, pero estaba el otro, la de activista; así que los fines de semana iba a reuniones, se capacitaba y aprendió el enfoque étnico y que los negros tenían sus propias luchas y  reivindicaciones.  

Al principio le afectó esa estigmatización por lo que muchas veces era reacia a hablar con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero con el tiempo y con el trabajo, comenzaron a conversar y crear tejido entre los habitantes de diferentes sectores.  

Uno de los primeros logros de Erlendy fue participar en varias comisiones con el Gobierno Local, fue el no ser  representados por un tercero y así poder incidir en la formulación de políticas públicas para la comunidad afro desplazada en la ciudad. El segundo fue conocer  Afrodes.   

“En un viaje a Bogotá, en un evento al que van varias organizaciones, lo primero que hice fue identificarme con Afrodes. Y yo me digo: “qué chévere porque ellos hablan del sentir que yo tengo´. Me hicieron comprender lo que ha ocasionado el conflicto colombiano. Que el desplazamiento no es sólo mudarse, sino de quitarnos también la conexión con el territorio. Es dejarnos esa frustración de no encontrarnos con nuestro río, de no encontrarnos con esos rituales propios que utilizamos cuando alguien muere, de esas formas de solidaridad, del compartir”.  

Erlendy se vinculó con Afrodes en el 2012, trabajando como coordinadora en un programa de salud mental, donde quienes hacían las intervenciones tenían un modelo de atención de África y Pakistán, distintas a las tradiciones culturales de las comunidades negras de la ciudad. Allí Erlendy puso sus conocimientos para que la atención estuviera enfocada en las particularidades de las poblaciones de esos territorios. 

Elegida como vicepresidenta de AFRODES, Erlendy comenzó a ganar la confianza y ya con las bases se dijo; qué voy hacer. Tuvo que escoger entre psicología y derecho, pero un día en una conferencia, se encontró a Mary Grueso, quien le dijo “Mija, psicóloga no, váyase para derecho que a usted le gusta pelear y allí por lo menos va a tener herramientas que le ayuden a hacer el proceso en la formalidad y no quedarse solamente en las acciones de hecho”.

Cuando asesinaron a Bernardo Cuero Bravo, una pérdida que la acerca demasiado al dolor. Bernardo era Fiscal de Afrodes y un hermano para Erlendy. Se sentaban a hablar como niños y su plan a futuro era poner un buffet de abogados que se llamara Cuero y Cuero. Cuando ella iba a Bogotá y estaba atravesando por una situación de inseguridad crítica, Bernardo se alojaba en el mismo hotel, en una habitación delante de ella y a Erlendy le daba el cuarto de atrás, como una forma de protegerla. “Él decía, antes que me la toquen a ella primero me tienen que matar a mí”.  

“Le propinaron siete tiros y dije, ¡Dios qué hago! Eran las ganas de retirarme de este proceso, de salir corriendo del país; era decir ya no puedo más, pero sabía que él y yo teníamos una promesa que cumplir y dije que esto tiene que seguir, entonces primero era terminar de estudiar y pensé:  si muero , esto simplemente queda allí”.

Hasta que Erlendy lo dijo de la manera más clara: “yo hoy tengo un compromiso con el proceso: no lo dejaré mientras esté viva. Si me muero las fuerzas que yo tengo serán para ustedes y esto es a veces duro, pero necesitamos dejar enseñanzas antes de irnos”. Así nace el semillero Afrodes.  

Mientras converso con Erlendy, nos encontramos en las que era antes su casa y hoy es la sede de Afrodes.  Allí se reúnen algunos jóvenes del barrio para capacitarse, para aprender sobre derechos, sobre cómo exigirlos y también se reencuentran con sus historias de supervivencia que es al tiempo la historia negra. Entre los jóvenes que van se encuentra Alejandrina Falquez Sinisterra.  

“Tener a Alejandrina coordinando el semillero para mi es un descanso. Dice mientras la mira con una luz de orgullo. Ella es como una versión mía, ella también es fuerte”. Ella creó semillitas y ahora esparce el legado de Afrodes entre los niños de la comunidad. Alejandrina sale un momento para comprar todos los ingredientes con los que preparará un tapado típico del Pacifico, el pescado y todo lo demás lo encuentran en el barrio, porque Llano Verde es un pacifico pequeñito. 

Le preguntó a Erlendy ¿qué es lo más difícil de la situación que vive Llano Verde? 

Lo más grave es que si la gente negra no se organiza, no lucha por sus derechos, estarían retrocediendo de nuevo a la esclavitud. 

“Hoy las formas de esclavizarnos son otras, como meter drogas a estos sectores, enloquecernos, y es el extermino de matarse unos a otros. Mátense que ustedes no son gente. ¿Cómo es posible que entre nosotros siga pasando esto?, con tanto de lo que hemos vivido como pueblo negro, todo el daño que hemos padecido en este país, y que hoy sea casi un plan de nosotros mismos, un tema de canibalismo, acabarnos.”

La pregunta es; ¿a quién le sirve que entre nosotros nos asesinemos?  ¿En beneficio de quién es esta violencia? 

Llega Alejandrina y Erlendy se pone de pie para recibirle los paquetes. Alejandrina se sienta en el lugar que dejó Erlendy y esta le dice: “…hágale mija, ahora sigue usted”, aunque se refiere a la entrevista, yo siento que le está delegando la palabra, le está pasando la posta, la bandera de la lucha, siento que lo que veo  es mucho más grande y que de repente, la historia de los pueblos marginados se escribe así, de manera simple, en el día a día de sus gentes.

Portada tomada de ilustración elaborada por la ilustradora MAPA para la Fundación NOMADESC

Abril 29 – 2024

Por Laura Cruz  

Empezamos este reportaje nombrando a los cinco jóvenes  que fueron asesinados en Cali, el 11 de agosto de 2020 y que formaban parte de la comunidad de Llano Verde: Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas.

Recordamos a las víctimas y tratamos de entender qué es el barrio Llano Verde, sus dinámicas sociales, sus luchas, las violencias y su cultura a través de cuatro mujeres: una madre que recuerda y reivindica el dolor, una joven líder que repite el nombre de sus amigos muertos para que, así sea por un segundo, vuelvan a vivir en la palabra; una mujer negra de un Buenaventura  que se hizo abogada y una docente que humaniza la academia.  

En el 2013, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se creó un proyecto de vivienda de interés prioritario. El ministerio de Vivienda realizó 284 proyectos, en Colombia, entre ellos La Urbanización Casas de Llano Verde en Cali, es el proyecto más grande a nivel suroccidental con más de 4700 viviendas entregadas a aproximadamente 2500 personas reubicadas, en su mayoría, población víctima del desplazamiento forzado, afrocolombiana, también reincorporada, excombatientes y población en extrema pobreza y reasentada por ola invernal.  

Este programa surgió a través de la reformulación, en el año 2013,  de la ley 1537 del 2012, en la cual se dictan normas para promover el desarrollo urbano y rural. Para la docente  Stephany Mercedes Vargas Rojas, Magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, esa modificación se hizo en gran parte para reactivar el sector de construcción del país, generar empleo y mostrar unos indicadores de crecimiento económico.

“Por lo general hay unos intereses económicos muy importantes cuando los gobiernos deciden que quieren impulsar la construcción de vivienda a nivel nacional. En ese momento, el objetivo fundamental, como lo explican las gacetas, era reactivar la economía, disminuir la pobreza y bancarizar a la población que resultara beneficiaria de estas viviendas, es decir; insertarlas en el sistema financiero. En este proceso incluyeron de forma mínima a quienes iban a habitar estas viviendas” explica la profesora Vargas.

A partir de la ley de víctimas 1448 se prioriza a las víctimas de desplazamiento forzado como principales beneficiarios de estas viviendas, adquiriendo algunos aspectos hacia la reparación. Pero nuevamente no se invita a las víctimas a participar en el diseño de dicho programa. Sumado a esto el proyecto de Ley 1537 pasó muy rápido en el Congreso, sin tener en cuenta las condiciones de los beneficiarios. Aproximadamente cinco  billones de pesos costó una primera fase de este programa de vivienda y se construyó rápidamente en todo el territorio nacional estos 284 proyectos de vivienda de interés prioritario.  

Según Vargas, aunque el programa benefició a un gran número de familias, no tuvo en cuenta la Ley 1482 del 2012, por la cual debe seguirse un protocolo de reubicación y retorno con las víctimas de conflictos armados. Uno de los momentos claves de la reparación es cuando se le dice a la víctima si quiere retornar al  lugar del desplazamiento o ser reubicada en proyectos de vivienda que ofrezca el Estado. Proyectos que deben seguir unos principios claves de seguridad, voluntariedad y dignidad. 

Hasta que se construyó el barrio, el sector era considerado zona rural de Cali. Ahora hace parte de la zona urbana -en la  comuna 15- y está ubicado en el costado suroriental de la ciudad. El Oriente es un lugar de resiliencia, de rebusque, el territorio negro, de indígenas, campesinos, de comunidades empobrecidas: la ciudad de los desplazados.

Aunque inicialmente el programa fue ejecutado por el Ministerio de Vivienda para las familias víctimas del conflicto armado, Cali tenía la necesidad de reubicar  a las que estaban en el Jarillón del Río Cauca porque corrían riesgo debido a la ola invernal. En ese momento el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, compró unas viviendas a la Constructora Bolívar para asignarlas a la población que se iba a reasentar, es decir, a  los posibles damnificados por el invierno.  

La construcción de Llano Verde es una muestra de marcada homogeneización y de la ausencia de una consideración sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad. Las casas, de no más de 48 metros cuadrados, tienen una sala-comedor, cocina, patio y dos habitaciones para familias que llegan a estar compuestas hasta por 12 personas. Tanto las casas como las calles no tenían mayores diferencias en su construcción, mientras que la composición de sus habitantes era diversa. 

Según la docente Stephany Vargas, la segregación que se hace en el momento de la construcción del barrio es muy visible porque las personas se distribuyen por manzanas según su procedencia, por ejemplo, una manzana se le asignó a la población desplazada, otra a quienes estaban siendo reubicados y venían del Jarillón del río para salvaguardarse de la ola invernal y las otras manzana se entregaron a excombatientes y a comunidades de otras culturas.  

Estas particularidades ponen en evidencia la lógica de proyectos de este estilo que buscan brindar vivienda a bajo costo para las constructoras, sin tener en cuenta las condiciones de la necesidades de las  familias que van a habitar y demostrando el nulo interés por la construcción de comunidades y tejido social.

“No hubo un proceso de integración comunitaria entre las personas que llegaron a vivir al barrio y personas que vivían en barrios vecinos, sumado a esto, en el barrio juntaron a ex combatientes, indígenas, víctimas  y población en pobreza extrema. Entonces tenemos un cóctel para muchas problemáticas que emergen después de la reubicación”, dice Stephany Vargas. 

Sumado a esto, aunque muchas instituciones han llegado a Llano Verde, su intervención ha sido atomizada. Con nuevos gobiernos llegan nuevos cambios y sin tener en cuenta el avance en proyectos de otras administraciones, se anula la continuidad de los logros. Además, como  las instituciones trabajan por poblaciones, es decir o los negros o los indigenas, esto genera que cada grupo poblacional compita por la atenciòn de las instituciones. Dicha competencia desemboca en conflictos comunitarios y fricción entre los liderazgos. Todo esto sin contar con que a veces las instituciones sólo buscan llenar los listados de asistencia de las jornadas que hacen de servicios.

La historia de Cali está marcada por la palabra esclavitud y por el concepto altos hacendados, expresiones que muestran contrastes brutales de violencia y desigualdad, no muy distintos a lo que vivimos ahora, quizás, con otros nombres. Hay que recordar que en la Sultana del Valle hubo asentamiento de esclavistas propietarios de importantes haciendas que, mediante la esclavización, tenían en sus manos el comercio, la ganadería, lo más grave la vida de los negros y su libertad. 

Según los historiadores  Urrea y Candelo, investigadores de las dinámicas  sociopolíticas de los afrodescendientes en el Pacífico,  para mediados del siglo XVIII, estos hacendados esclavistas empezaron, poco a poco, a perder su poder gracias a los procesos cimarroneros, de resistencia comunitaria y a partir de la Ley 21 de mayo de 1851, que dio paso a la abolición de la esclavitud en Colombia. 

Cali, por las transformaciones sociales emergentes, empezó un proceso de urbanización y modernización entre el siglo XIX y XX que, sumado a la demanda de producción agrícola, la prosperidad naciente de campesinos negros, el crecimiento de los cultivos de caña para las décadas del 50 y 60 posicionaron a la ciudad como la más importante en el suroccidente del país. También por su dinamismo económico, reflejado en su tamaño poblacional, Cali se convirtió en uno de los principales destinos para los migrantes de todo el país.

La amplia diversidad étnica y raizal, es la mayor riqueza del territorio y también el núcleo de los contrastes más profundos. Es como si esos factores positivos que se esperan de la pluralidad, se convirtieran en una especie de espada de Damocles o taladraran en la dirección opuesta: la de las diferencias sociales y geográficas, esas que se corresponden con las dinámicas y características de asentamientos populares ubicados en las antípodas de la ladera de la ciudad, en la parte alta del distrito de Aguablanca y en la parte plana, contrastando con la Cali industrial, comercial y residencial. 

Estos asentamientos populares están poblados por una amalgama de gente pobre, racializada y excluida, revelando así una ciudad que en su cara muestra los dientes que se clavan profundo en las inequidades que viven sus habitantes repartidos entre la Cali planificada y la Cali empobrecida.

Este costado oriental de la ciudad es el territorio que va a recibir de manera permanente a la población migrante, a la desplazada, a la gente negra, que ve en la ciudad una posibilidad de mejorar sus condiciones ante los embates del capitalismo y de la guerra. En términos concretos, la población afrocolombiana de Santiago de Cali se encuentra concentrada en el oriente de la ciudad. Se convierte en una pintura realista de la pobreza, la estigmatización y el olvido. Un lugar que nadie quiere ver y que se pone en el cuarto de atrás, que en este caso es el Oriente. 

En ese sentido, se recoge el comentario de Barbary en su estudio Gente negra en Colombia, dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacifico, destacando que “la región de Cali tiene la primera concentración urbana afrocolombiana en el país, ya sea como región (Cali-área metropolitana con el sur del Valle) o como ciudad entre las 13 áreas metropolitanas. Por ello, no es arbitrario que hoy en día Cali sea vista como la “capital del Pacífico”.

Para la investigadora Stephany Vargas, es muy preocupante lo que pasa con las comunidades  afrocolombianas, inclusive después del proceso de paz,  ya que aunque los acuerdos se firmaron en el 2016, la diáspora continúa como si la historia fuera cíclica.  Hay que recordar que en la colonización, las comunidades afrocolombianas fueron excluidas de participar en el desarrollo del país y las ciudades, luego con el conflicto armado son despojados forzosamente de sus territorios y sus comunidades, obligadas a llegar a la periferia de las ciudades.

Vargas señala que esto  parte de un proceso, de acuerdo a autores que trabajan estudios afrodiaspóricos, que se debe ver desde el análisis de relaciones de poder, donde ciertos autores coinciden en afirmar que, para las élites resulta conveniente mantener a estas comunidades al margen del Estado y las ciudades, esto para servir a algunos propósitos económicos, para ser controlados, explotados y expropiados continuamennto en su origen y la creencia de que el servicio docente y académico, puede contribuir de alguna manera a Colombia. 

Quizás por esta razón llegó a Llano Verde a trabajar con la comunidad. Después de  cinco años allí, decidió quedarse para trabajar en una investigación junto a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), a las universidades Javeriana, Católica y del Valle. La idea era encontrar cómo beneficiar a los jóvenes y participar en organizaciones sociales de base. 

En el año 2021, Vargas juntó a otras investigadores inició el proyecto La construcción de la paz desde abajo y la justicia transicional: una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes de AFRODES para la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en la Urbanización Casas de Llano Verde, comuna 15 de la ciudad de Cali (nombre corto: Paz en Llano Verde).

Como resultado del proyecto, en el libro La construcción de la paz en Llano Verde (Reflexiones situadas sobre la Justicia Transicional, la Educación y las Políticas  Públicas en el  Distrito de Aguablanca)  ofrece un análisis de las prácticas sociales de construcción de paz que dan contenido al modo en que los jóvenes del semillero AFRODES aportan a la realización de la justicia transicional en su territorio. Se trata de una aproximación sucesiva y en proceso que busca articular miradas prácticas y teóricas provenientes del trabajo social, la comunicología, la ciencia política y la administración de empresas, disciplinas y campos de conocimiento que posibilitan una comprensión ampliada de los dramas sociales del tiempo presente.

Los capítulos que componen el libro son el resultado del encuentro con el semillero de jóvenes AFRODES Cali. Este está integrado por jóvenes víctimas del conflicto armado de las comunas 14, 15 y 21 del distrito de Aguablanca, provenientes del Pacífico colombiano, especialmente de los municipios de Buenaventura, Tumaco, Satinga y  El Charco, entre otros. Sus edades oscilan entre los 14 y 28 años y sus familias fueron reubicadas en la Urbanización Casas de Llano Verde en el  2013, en el marco de la implementación del Programa Nacional de Vivienda Gratuita. 

“Después de la masacre de los cinco jóvenes, la docente se unió a Afrodes  convocada por Erlendy Cuero Bravo, Coordinadora de la Asociación, para formular un proyecto de investigación que permitiera visibilizar las realidades de los jóvenes en Llano Verde, y al mismo tiempo, visibilizar las acciones de ellos para trabajar de allí nace en el proyecto Paz en Llano Verde y posteriormente el libro, que es una construcción colectiva entre el Semillero Afrodes, actores de la comunidad y la academia. 

Uno de los hallazgos que deja el libro es que  aunque el acuerdo de paz está pensado para sus comunidades y la población víctima del conflicto armado, el mismo no incluye de manera específica  a los jóvenes. Entonces se  encontraron con  esa visión de paz, que no incluía a los jóvenes, que han sido víctimas,  por lo que es necesario que se reformule la política de víctimas, además de políticas públicas, que deberían incluir  a los muchachos que la guerra ha dejado sin recuerdos y sin raíces, que tratan de vivir en un barrio con múltiples problemas sociales que están saliendo gracias a fundaciones como Afrodes y las comunidad que sigue resistiendo.  

Por Lisa Trujillo Laguna*  Me dicen La Negra
Especial para Hechoencali.com 

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entregó su primer informe temático el pasado 26 de julio, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.

Ha pasado un año desde que el padre Francisco de Roux hizo entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP.

A través de 11 textos, producciones audiovisuales, podcast y canciones, la CEV hizo un esfuerzo por presentar las razones, vejámenes, e impactos que tuvo el conflicto armado interno. El equipo convocado por la Comisión realizó más de 2000 entrevistas en territorio, y recogió un sin número de informes e insumos de Organizaciones de la Sociedad Civil, para intentar reconocer y explicar formal e institucionalmente la verdad de lo que pasó durante la guerra en Colombia.

Así pues, la Comisión de la Verdad, como parte del Sistema Integral para la Paz, en un plazo de 5 años, logró entregar 67 recomendaciones con enfoque diferencial, dirigidas a entidades del Estado, pero también a la sociedad civil, pues la construcción de una paz estable y duradera es un compromiso de cada persona que ocupa el territorio nacional.

Una vez entregado el Informe Final en junio de 2022, entró en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la CEV: 

El Informe Final entregado por la Comisión de la Verdad marcó un hito histórico para Colombia, no porque fuera la primera vez que se exponen las causas del conflicto, pues la radiografía de la violencia en nuestro territorio ha sido contada por artistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y líderes en un sin número de ocasiones. Lo realmente valioso en este caso, es que las recomendaciones están ligadas en un 58% al Acuerdo de Paz, además son coherentes y están ligadas a la Constitución de 1991 y con algunos Tratados Internacionales ratificados por el Estado, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento. Aunque sólo ha transcurrido un año, el impacto de las Recomendaciones provenientes del Sistema Integral para la Paz, se ha dejado ver en distintos escenarios. De la voz de Julia Eva Cogollo, turbaquera y miembro del CSM escuchamos uno de los avances más significativos.

De allí la importancia de las acciones del Comité de Seguimiento y Monitores (CSM). En su primer año adelantó la sistematización y codificación de las Recomendaciones de la CEV, de la mano con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, se formuló una guía de implementación para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y una propuesta para incorporar las recomendaciones en el Sistema Integrado para el Posconflicto; además se ha propendido por fortalecer el diálogo con las organizaciones de víctimas, sociales y la academia para el análisis de los retos relacionados con el seguimiento, así como el diseño de procesos de participación e incidencia ciudadana.

Las solicitudes de información realizadas por el CSM, han dejado en evidencia el conocimiento limitado que tienen los entes territoriales sobre las recomendaciones, por eso el Comité hace un llamado para que se fortalezca el diálogo entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales, que permitan llevar procesos de educación y comunicación a los funcionarios y líderes, pues en este momento es crucial la implementación de las recomendaciones en los nuevos Planes Territoriales de Desarrollo de municipios y departamentos.

Durante la mañana del 26 de julio del 2023, los directores del Sistema Integral de Paz, compuesto por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), entregó su primer informe temático a Carmen Rivera Sousa, representante de la Mesa Distrital de Víctimas.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo tiene una vigencia de 7 años, en los cuales debe insistir en el diálogo con las entidades competentes para la formulación de Políticas Públicas que aseguren el cumplimiento de las Recomendaciones de la CEV en el territorio nacional, esto con el único objetivo de garantizar la No Repetición de los hechos victimizantes del conflicto.

Dicha tarea no ha sido del todo fácil, pues el CSM no cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para la estrategia de comunicaciones diferenciada para zonas urbanas y rurales, sumado a la persistencia del conflicto armado en algunos territorios.

Sin embargo, y con el reloj apresurando la ejecución de las acciones necesarias, el CSM enfocó sus esfuerzos en desglosar las 67 Recomendaciones de la CEV para articularlas a través del Departamento Nacional de Planeación -DNP- y que fueran integradas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

En un primer momento el Gobierno de Gustavo Petro propuso en las bases del PND (artículo 8), que fuera el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien especificara los roles, lineamientos y responsabilidades de las entidades competentes para la implementación de las recomendaciones de la CEV. Esto no prosperó en los debates del Congreso de la República.

A pesar de que “las recomendaciones tienen una obligatoriedad jurídica, ética, moral e histórica” (CSM 2023), el Senado de Colombia no aprobó el artículo 8 del PND, y en la conciliación se eliminó del texto final. Esto no quiere decir que la implementación de las recomendaciones quedó por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, pues la estructura del proyecto de ley incluía 39 recomendaciones articuladas sus 5 grandes ejes: Derecho Humano a la Alimentación, Ordenamiento del​ territorio alrededor del agua, Seguridad Humana, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y Convergencia regional.

El PND que sancionó la Presidencia de la República, sólo logró incorporar 14 de 39 recomendaciones, es decir solo el 20.89% de la propuesta inicial. El impacto será alrededor de:

Construcción de paz: fomentar la integración del Acuerdo Final de Paz, garantizar la seguridad de los excombatientes, fortalecer el rol del Consejo Nacional de Paz, dar prioridad al diálogo para la confrontación armada. Víctimas: Implementar una reparación integral, establecer una política de memoria y verdad, fomentar la búsqueda de personas desaparecidas.

Democracia: Crear un estatuto de derechos y garantías para organizaciones y movimientos sociales. Hacer ajustes para la igualdad de género, la seguridad y la vida libre de violencia para mujeres y población LGTBI.

Narcotráfico: Transitar hacia una regulación legal con enfoque de DD.HH, salud pública y racionalizar el uso de la acción penal.

Paz territorial: Diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial; promover el acceso equitativo y democrático a la tierra, revertir la alta concentración de tierras.

Población LGTBIQ+: Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención a casos de violencia contra personas con orientaciones sexuales.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo en este primer informe resaltó la voluntad política del Gobierno de Gustavo Petro, y su compromiso con la implementación de las Recomendaciones de la CEV, además expresó su preocupación por los obstáculos impuestos por aquellos senadores que son detractores del Acuerdo de Paz, por tanto de los resultados entregados por la Comisión, pero también hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se apropie de las recomendaciones, pues la implementación está en manos y principalmente del Pueblo, quien debe exigir a los gobiernos actuales y venideros el cumplimiento de las acciones dispuestas para que en Colombia se pueda vivir en paz.

La paz es tejido constante a varias manos, una conversación diaria que no tiene fin.

*Lisa Trujillo es Periodista y Comunicadora Popular. Trabaja para la Revista Tribuna Cultural y hace parte del equipo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda 

Agosto 4 – 2023

Por Jorge Luis Galeano con apoyo de Juan David Acevedo

“La Paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles” repitieron muchas veces para explicar que una organización que lucha por la vivienda digna en Cali y otra que trabaja con Iglesias cristianas en el Oriente de la ciudad, estén buscando aportar en los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- que pronto iniciará su tercer ciclo de conversaciones.

Estas organizaciones y otras, se reunieron en Cali para poner en discusión temas fundamentales que deberían ser incluídos en este nuevo proceso de paz. La mirada con perspectiva de género, la lucha por el territorio, la vida digna en las ciudades, organizaciones de estudiantes, entre otras, participaron en el encuentro realizado en la Universidad del Valle, con la aspiración de que en la Mesa de Diálogo con el ELN se incluya la atención a los conflictos urbanos que también impiden la consolidación de una paz verdadera.

Durante esa reunión, denominada Juntanza por la Paz, se discutieron varios ejes, pero se priorizaron tres: enfoque de género, diversidades y disidencias sexuales; antimilitarismo y derecho a la ciudad con énfasis al territorio y vivienda. No como únicos temas, sino con los que iniciaría la participación de la sociedad civil en los diálogos, al menos, desde Cali.

Así lo explica Sara Vásquez de la organización Ciudad en Movimiento

“La idea de estos espacios es poder posicionar la visión que tenemos para la construcción de paz alrededor de dichos ejes. Mirar propuestas que permitan fortalecer los mecanismos de participación que se abordarán en el Comité Nacional de Participación y disputas que nutran la agenda de transformaciones propuesta en el Acuerdo de la Mesa de Diálogos” añade Sara Vásquez.

Ella menciona al Comité Nacional de Participación que es una instancia creada en la Mesa de Diálogos ELN-Gobierno y que coordinará, justamente, la forma en la que las inquietudes, propuestas y apuestas ciudadanas se vincularán al proceso de paz. Para hacer parte de este Comité, que ya fue instalado el 3 de agosto en Bogotá, la Juntanza por la Paz fue clave porque alimenta la agenda de las organizaciones sociales y sus razones de lucha.

Una de estas organizaciones que desde Cali, pone en la agenda el tema de la vivienda digna es La Minga Cali y Boris Delgado, uno de sus integrantes, dice que la paz sin justicia social no es una verdadera paz y por eso, incluir asuntos como la tierra y la vivienda digna en las ciudades para la población empobrecida es fundamental en cualquier proceso de reconciliación. “Como organizaciones sociales creemos que la lucha por el derecho a la vivienda digna, a la ciudad, a la soberanía alimentaria es muy importante y por eso estamos acá, apoyando estos diálogos porque creemos en la paz” termina Delgado.

En la Juntanza por la Paz también participó el Gobierno Nacional, a través del delegado Carlos Rosero, al igual que Claudia Rodríguez, delegada de la Gestoría de Paz del ELN quien, entre otras cosas, hizo un llamado para hacer propuestas de transformación a los problemas que tiene Colombia y añadió “Empoderémonos desde este sector de los históricamente excluidos, con esta agenda de transformaciones de vamos a plantear para consolidarnos en una alianza social y política fuerte para concretar un pacto de carácter nacional”.

La Juntanza por la Paz realizada en Cali se hizo en preparación a lo que fue la instalación del Comité Nacional de Participación, llevada a cabo el 3 de agosto en Bogotá. A este acto asistieron el Gobierno de Colombia, la Delegación de Paz del ELN y representantes de varias organizaciones sociales de todo el país que buscan alimentar la agenda de paz con sus luchas y reivindicaciones. Esta instancia tiene el reto de diseñar la metodología que facilite la participación de la sociedad civil en la Mesa y para ello realizará varios encuentros en todas las regiones del país que buscan recoger, justamente, los temas que son relevantes en cada una de ellas.

Juliana Ramírez, vocera de Ciudadanías para la Paz y delegada para el Comité, dice que “la participación de la sociedad civil va a arropar el proceso del Gobierno con el ELN porque así se logra que las transformaciones ayuden a avanzar hacia la paz y no al contrario”. De igual forma asegura que dicha participación debe ser vinculante y con concreciones territoriales.

El encuentro realizado en Cali se sumó a uno que se había hecho previamente en Medellín y se planean otros y así lo cuenta Juliana Ramírez.

En la instalación, Jimmy Erney Peña del pueblo Totoró del Cauca, dijo que la propuesta de inclusión de las comunidades es muy importante porque “los problemas en sí, están en los territorios porque en el pasado proceso con las Farc, la negociación se hizo entre el Gobierno y los cabecillas. Se necesita llegar a los territorios para desde ahí construir paz”.

El reto es grande porque se pretende abarcar la mayor cantidad de iniciativas y agendas territoriales que logren consolidar una paz integral en toda Colombia y por eso el Comité Nacional de Participación está integrado por 81 organizaciones de 30 sectores que hacen parte de las comunidades étnicas, organizaciones sociales, gremios e instituciones, y es liderado por la Mesa de Diálogos.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro se refirió así a la instalación y el trabajo que tendrá por delante el Comité

La instalación de este Comité se suma al inicio del Cese al Fuego Bilateral entre el Gobierno y el ELN que durará 180 días prorrogables y que tendrá vigilancia de instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo e internacionales como la ONU.

Julio 28 – 2023 

Por Laura Cruz

La instalación de la Mesa del Estallido, un aporte para la paz y la justicia social, en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Palmira, fue producto de una lucha que han seguido varios jóvenes, quienes en el 2021 participaron en el Estallido Social. Está Mesa tiene varios objetivos puntuales, uno de los cuales es la dignificación dentro del interior de los centros penitenciarios, pues muchos de los detenidos han tenido que seguir protestando desde las cárceles del país, no sólo por un cambio social, sino para lograr modificar su situación jurídica. 

Privados de la libertad, acusados de diferentes delitos que, muchos dicen no cometieron, lograron reorganizarse en la cárcel y formar una colectiva llamada Jhonatan Sabogal, en honor a su compañero que el 28 de junio del año pasado murió en extrañas circunstancias en un incendio en la cárcel de Tuluá, en un caso que no ha sido aclarado por las autoridades. 

Más de 20 personas hacen parte de esta colectiva, entre ellas, cuatro que hicieron parte de diferentes puntos de resistencia que se conformaron durante el paro como: La Y de Palmira, el Paso del Aguante, Puerto Resistencia, Luna, el Puente de las Mil Luchas en Cali, Juanchito, Andalucía, Bugalagrande al norte del Valle y Buenaventura. 

Los integrantes de esta colectiva se han turnado para realizar tres huelgas de hambre, la última fue realizada el 30 de junio y duró once días. Con dicha acción, se quiso presionar la instalación de la Mesa con el Gobierno para discutir la humanización carcelaria, tanto con los prisioneros del estallido social como con otros detenidos interesados en el proceso. Luego de una reunión entre delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Consejería Presidencial para la Juventud y de voceros del Proceso Colectivo, se acordó levantar esta manifestación pacífica, que se había iniciado en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad. ( CPAMS). 

Así, la Mesa de Paz se instaló el 19 de julio con la presencia de la Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso Restrepo, el Padre Javier Giraldo, Laura Guerrero, de Memoria Viva Colombia, un delegado del Ministerio de Justicia, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, Carlos Rosero, delegado del Gobierno, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, integrantes del Colectivo de Presos Políticos Jhonatan Sabogal, familiares de los jóvenes detenidos, entre otros. Después de varias horas de reunión entre el Alto Comisionado, Gabriela Posso, dos voceros de la colectiva, entre ellos David Bernal, el Ministerio de Justicia, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre otras personas, se firmó la primera acta después de instalada la mesa. 

Para Alberto Bejarano abogado y defensor de Derechos Humanos, evidentemente la mesa corresponde a una agenda de paz del Alto Comisionado, puesto que se reconoce como derecho fundamental contenido en el artículo 22 en la Constitución, entendiéndola, también, como una obligación del Estado para construir una sociedad que camine hacie la reconciliación.  

Bejarano señala que “En este caso es la Oficina del Alto Comisionado quien tiene facultades para construir esa paz con actores particularmente armados que están perturbando los escenarios pacíficos”, sin embargo, añade que no solamente estos diálogos se circunscriben con actores armados, sino que pueden tener un alcance mayor, y se construyen con diferentes actores de la sociedad, buscando la resolución de conflictos por medios pacíficos en los que se privilegie el diálogo.

El abogado dice, también, que evidentemente con los jóvenes del Estallido hay un conflicto muy profundo que conoce bien el país, pero sobre todo el Valle del Cauca y la ciudad de Cali. Para él, este conflicto se expresa hoy a través del alto número de jóvenes detenidos en las cárceles por razones ligadas a investigaciones de un tratamiento punitivo que se le ha dado a la protesta, por lo que se requiere un escenario de diálogo en el proceso, que no va a resolver situaciones de órdenes jurídicos procesal.

Para Alberto Bejarano, la Mesa que se abrió en Palmira es una mesa de paz que, fundamentalmente, construye una agenda de diálogo con el Gobierno. Sumado a esto le da un alcance político a las iniciativas juveniles que resisten al proceso de judicialización. Cabe aclarar que esas agendas de paz no se circunscriben solamente a los jóvenes que están en prisión, sino que además tiene un alcance mayor.

En cuanto a la agenda de paz que plantea la Mesa de Palmira, el abogado y defensor de derechos humanos señala que: “Estos puntos reflejan evidentemente unas preocupaciones sociales y reflejan una política de paz a partir del reconocimiento de sus actores”. Para él, el punto principal es la libertad, y de allí se desprende la idea de la construcción de una Política Pública, que garantice que los jóvenes y que cualquier actor de la sociedad pueda ejercer derechos como el de asociación o  de expresión en un momento dado sin ser perseguidos penalmente y sin ser objeto de un tratamiento de guerra y sin ser reprimidos violentamente por el Estado.

De otro lado, el abogado muestra su preocupación por la salud mental, no sólo de quienes están detenidos, sino de sus familias, pues han soportado la detención, pero además, el señalamiento por parte de personas influyentes, medios de comunicación y la opinión pública en general. Esto se suma a los asuntos de la seguridad física. Bejarano asegura que se han presentado atentados contra jóvenes que han quedado en libertad. Además, denunica  que en Palmira se presentó un homicidio en el mes de febrero de un joven que fue ultimado en su casa después de ser liberado del pabellón cuatro que es el que alberga las personas que participaron en el Paro Nacional, de ahí la importancia de que en la Mesa se hable de “propuestas y acuerdos  de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad”. 

En cuanto al tercer punto que trata del análisis y construcción de propuestas sobre alternativas sociopolíticas y jurídicas para las personas privadas de la libertad por su participación en la protesta social,  se realizaría en la figura de una ley de amnistía e indulto, que para el abogado no ha sido necesaria, por lo menos en las primeras fases de investigación penal, pero podrían ser muy necesarias a futuro en caso de que se presenten condenas a estos  jóvenes condenados. En condenas que para el defensor pueden resultar arbitrarias e injustas, y que van a requerir un tratamiento político, es decir,  ley de amnistía e indulto.

Para finalizar, Alberto Bejarano se refirió al cuarto punto que es: aportes de la mesa desde la perspectiva de participación a los diferentes procesos de construcción de paz establecidos en la ley 22 del 2022. “Estos jóvenes se reconocen como actores políticos, por esa razón  decidieron participar al Estallido porque tenían opinión política sobre el Estado de la sociedad y el proceso de cambio”. Los jóvenes, asegura el abogado,  están diciendo que sus derechos son vulnerados pero que, aun así, siguen pensando y queriendo construir, por eso quieren que se les tenga en cuenta como interlocutores políticos para hablar del proceso de cambio de la sociedad y desde sus comunidades. Ante este llamado, el Gobierno ha reconocido a los jóvenes como interlocutores políticos para un proceso de cambio y formar un tejido solidario que los acompañe.

También hubo acuerdos metodológicos, entre los que se encuentran:

1)  La mesa se reunirá mensualmente en la cárcel con participación de los delegados de las personas privadas de la libertad, el Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Juventud y un delegado del Ministerio de Justicia

2)  Durante la primera sesión de la misma, se definirá la priorización de la agenda temática y los mecanismos de funcionamiento, los cuales buscarán la ampliación de la participación de las personas privadas de la libertad, sus familiares, organizaciones y acompañantes

3)  La Mesa Técnica acordada el 14 de julio del 2023 continuará funcionando y aportando elementos a la construcción de paz

4)  La oficina del Alto Comisionado y el ministerio de Justicia traerán una propuesta de protocolo para las garantías señaladas 

 5)  Se establece un mecanismo de comunicación para las garantías de seguridad a través de la oficina del alto comisionado  

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la Mesa señalando que: “Estamos dando respuesta a un clamor de los jóvenes, ellos despertaron la conciencia de nuestro país, en esas profundas desigualdades sociales, el problema del hambre, la ausencia de derechos básicos insatisfechos, como el derecho a la Educación, a la Vivienda, a la Salud. Hoy desde nuestro gobierno estamos respondiendo a este clamor con esta instalación de Mesa de Paz. Los jóvenes son sujetos de derechos y como sujetos de derechos el gobierno los escucha”. Así mismo, dijo que su propósito en esa Mesa de Diálogo es el de construir unos escenarios de fortalecimiento de un estado de derecho con garantías para todos y para todas. “Esperamos que la sociedad vea la importancia de esta Mesa. Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo por la paz, por el diálogo y es un diálogo sin exclusión alguna, y aquí los jóvenes también son sujetos centrales de esta construcción”. 

El funcionario fue enfático en decir que nadie del gobierno estaba asociando a los jóvenes a violencias armadas, ni tampoco están hablando que ellos tengan diálogos con grupos armados, están hablando de que los procesos de construcción de paz con grupos armados, conforme a la Constitución y a la Ley tendrán mecanismos de participación de todas las organizaciones y expresiones de grupos sociales que bien quieran hacerlo, nadie se ve forzado a hacerlo. David Bernal, vocero del Colectivo Jhonatan Sabogal dijo que la apertura de la Mesa es un aporte para la ciudadanía, así mismo, para el tema de paz con justicia social. En cuanto al tema metodológico, Bernal señaló que ellos han puesto en consideración la apertura de la Mesa para que ésta sea ampliada y no haya sólo un diálogo con el colectivo Jhonatan Sabogal, sino también víctimas del Estallido Social. 

Por su parte, el padre Javier Giraldo, quien ha acompañado este proceso, dijo que este es uno de los grupos más grandes privados de la libertad por el Estallido Social que hay en Colombia. Y que es una muestra que el Paro Nacional continúa hasta que se resuelva esta situación. El Padre fue enfático en decir que en Colombia hay más de 300 detenidos por el Paro Nacional. Sumado a esto, un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, muestra que de las 228 personas judicializadas en el marco de la protesta, 145 personas se encuentran con medida de aseguramiento privativa de la libertad: 113 de manera intramural y 32 en su lugar de residencia. 

En un comunicado público, el ‘Proceso Colectivo Jhonatan Sabogal’ reconoció el compromiso y la voluntad del Gobierno nacional y del Comisionado Rueda con este espacio de diálogo, además señalaron que este es un primer paso para lograr su libertad. Cabe señalar que este año más de 20 jóvenes detenidos han salido en libertad por vencimiento de términos. Abogados de los mismos han dicho que la Fiscalía se ha quedado sin argumentos para mantenerlos encarcelados.

Julio 6 – 2023 

Por Laura Cruz y Jorge Luis Galeano

“Estar aquí construyendo tejido social es como si a Nico no lo hubieran asesinado, como si su lucha no hubiera muerto. Creo que eso es lo que me sostiene todos los días”, dice Laura Guerrero, quien lleva en la camiseta, el rostro de Nicolás, su hijo mayor. Así lo ha llevado durante dos años desde que salió al Paso de Comercio a una velatón en memoria de un joven asesinado y, presuntamente, un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le disparó.

Esta vez, la lleva puesta en marco de un evento de memoria en el que, justamente, se recuerda la vida de su hijo y la de Yinson Angulo, otro joven asesinado durante el Paro. Se les recuerda como lo que eran: alegres, creativos y trabajadores y por eso, como parte de las actividades, se pintan sus rostros en una caseta de la Cancha de la Escuela Kokiro, del barrio Floralia al norte de Cali. Se les deja ahí para que no sean olvidados. Sólo han pasado dos años de los hechos y aunque Yinson vivía a una cuadra, muchos de sus vecinos, ya no lo recuerdan. Esa es la lucha de personas como Laura y Gloria, mamá de Yinson: que nunca se olviden sus vidas y lo que pasó.

Laura Guerrero ya conocía el dolor por haber perdido a su esposo años atrás, sin embargo, el que le arrebataran a su hijo es, quizás, algo que no tiene nombre, como diría la poeta Piedad Bonnet. Quizás de allí, de las ganas de ponerle nombre, nace Memoria Viva Colombia. Puede ser como un antídoto contra el olvido.

Memoria Viva Colombia -Mevico- apareció tras el encuentro de familiares de jóvenes que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021 en distintos lugares de Colombia. En Cali fueron 64, según la ONG Temblores. Estas familias se unieron con la intención de “permanecer recordando quiénes eran nuestros hijos, reivindicar sus nombres, sus luchas y sueños, su anhelo de un mejor país” dice Laura.

En estos momentos alrededor de 50 familias conforman Mevico. También hay varias organizaciones que han acompañado el proceso como el Observatorio de Paz, la Arquidiócesis de Cali, la Pastoral Social, el Centro de Paz Urbana, que ha sido un punto de encuentro para familiares y víctimas. Así mismo la ONG Nomadesc, ha trabajado de la mano con Memoria Viva Colombia y caminan con la Galería de la Memoria. Laura relató que la Galería de La Memoria es una muestra fotográfica itinerante que está siendo llevada a diferentes lugares de Colombia “porque la gente sabe que asesinaron 64 jóvenes en Cali, que tenían nombre, número de cédula, una familia detrás de él y eso hace que tengan rostros”.

Memoria Viva Colombia, ha iniciado una labor para conservar la memoria de aquellos que fueron asesinados en el Paro y también ha sido el refugio de varias madres que comenzaron a caminar juntas para exigir justicia, hacer memoria y abrazar al que quedó. Así mismo, para que nazcan nuevos liderazgos. “No podemos desconocer que muchas de las familias son de una condición socio económica muy difícil, que muchos de estos hijos traían el alimento a sus casas, ayudaban a sus madres con sus hermanos menores, entonces realmente creo que siempre va a haber la necesidad, de ayuda de una mano amiga en estos casos”, dice Laura, una de las fundadoras de Memoria Viva Colombia, quien también señaló que una de las madres que perdió a su hijo, padece cáncer y que el sistema de salud la revictimiza, ya que los medicamentos no le son entregados a tiempo.

Memoria Viva Colombia se ha convertido en un hijo más que nació después del mío. Con los otros cofundadores hemos acogido a aquellos lesionados, incluso viéndolos como la esperanza, el futuro lo que no tuvieron nuestros hijos, ellos quedaron en malas condiciones, pero nuestros hijos, no tuvieron ni siquiera la oportunidad, enfatizó Guerrero.

Los jóvenes que fueron lesionados no sólo enfrentan dolencias físicas sino emocionales, este tipo de situaciones hacen que hoy viven una realidad y es que muchos por la gravedad de sus heridas no pudieron volver a trabajar ya que enfrentan dolencias sumamente graves. Los fundadores de Mevico señalaron que: “tenemos lesionados que no pueden tener las tres comidas a veces ni siquiera una diaria, tomando medicamentos y que no pueden comprarlos”.

Desde Memoria Viva Colombia plantearon que no es lo mismo que alguien que trabajaba en logística y ahora esté en una silla de ruedas, son cosas bastantes pesadas de lidiar y eso desde lo psicólogo desde lo mental, desde lo físico que les cuesta mucho incluso ir a una cita médica porque no tienen para un bus y son personas que dos años después siguen lidiando con las consecuencias, tenemos personas con colonoscopia, en estado de discapacidad diferente por sus brazos, por sus piernas, la columna.

Uno de los casos que más ha despertado la indignación de la comunidad es el de Dudan Villegas que es uno de los sobrevivientes que en el 2019, recibió un disparo por parte de la Fuerza Pública que hizo que perdiera la movilidad, pero hoy gracias a la solidaridad de diferentes personas y de organizaciones como Mevico, va a viajar a Cuba para poder acceder a un tratamiento.

El caminar de las madres y familiares que hacen parte de Mevico les ha permitido no sólo exigir justicia, sino también empezar a sanar. “Entre nosotros es casi una especie de acicalamiento, porque el estado hizo presencia sí, pero para asesinar, para desaparecer, para violentar, pero no para reparar”, señaló Laura Guerrero. Cuando en la organización hablan de reparar no hablan sólo en términos económicos sino de reparación emocional y de salud mental, ya que la pérdida de un familiar de manera tan violenta es un proceso complejo, sumado a que las familias tienen que cargar con la revictimización: han llamado a los jóvenes vándalos, delincuentes, guerrilleros queriendo validar desde ese discurso de odio, el “enemigo interno”.

Gloria Estela Rodríguez, madre de Yinson Andrés Angulo, asesinado por el Esmad el 1 de mayo del 2021, quien hace parte de Mevico, resaltó la importancia del evento en el barrio Floralia, en donde, además de la pintatón, hubo una olla comunitaria con la que se construyó tejido social, además de un círculo donde se realizaron ojos de dios (tejidos). También hubo acompañamiento de circo por parte de la Maloca que nació en el Estallido Social.

A él le hubiera gustado que yo hiciera presencia donde se recuerda su nombre, donde se recuerda su memoria y esa es la idea: no dejar morir la memoria y para eso estamos: para seguir siendo la voz de aquellos que fueron callados” dice Gloria, quien también lleva una camiseta con el rostro estampado de su hijo. Ella se duele del olvido “lastimosamente Colombia es un país que no tiene memoria y al no tener memoria cometemos los mismos errores. El objetivo es que no suceda y no haya repetición de una masacre, de algo tan violento y tan fuerte como fue el asesinato de mi hijo y de los hijos de muchas madres más”.

Para Gloria “Memoria Viva Colombia ha sido una manera de empezar a hablar, a conocer a tratar a las otras madres y a saber que no fue solamente mi hijo”. Desde la organización, ella ha podido sanar, empoderarse y viajar. Hace poco fue a un intercambio a Costa Rica, en el cual pudo aprender en diferentes talleres y escuchar diferentes testimonios.

En cuanto al nuevo gobierno y a los políticos que vienen realizando campañas a nivel territorial, Laura Guerrero fue enfática en afirmar que, en el furor del Estallido Social, muchos políticos utilizaron la bandera de los chicos para las campañas pero que después de ser elegidos no han vuelto a aparecer. Incluso dijo que “caminamos de la mano con Francia Márquez quien es hoy vicepresidenta de Colombia, pero de ella no volvimos a recibir ni una llamada. Quienes hablaban en campaña de los muchachos y las violencias nunca han vuelto a aparecer. Hoy no se refieren a nosotros”.

La cofundadora de Mevico también afirmó que algunos jóvenes que pertenecieron a la Primera Línea se encuentran apoyando a candidatos que están en campaña, por lo que hizo un llamado a evaluar, no sólo el discurso de quienes estuvieron allí afuera, sino quienes realmente han permanecido en ese acompañamiento hasta el día hoy. “Muchos compañeros hoy están montados allá. Sobre la sangre de nuestros hijos ocupan cargos, les permiten unos puestos de trabajo”.

Para finalizar, Laura hizo un llamado a la conciencia al Gobierno del Cambio para que se den las garantías de no repetición. Para que estos hechos lamentables no ocurran en ningún hogar colombiano, que ninguna familia tenga que pasar por este dolor de la pérdida de nuestros hijos y quienes quedaron puedan vivir con dignidad. “No tenemos que vivir de forma constante reclamando la dignidad para nuestras vidas y las de nuestras familias”

Junio 30 – 2023

Por Laura Cruz

Como el macrocaso 11 se conocerá el capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que se abrirá formalmente y que tiene como objetivo la investigación y juzgamiento de la violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano. Gracias a la tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación y por Yolanda Perea Mosquera, una sobreviviente de este delito, en la que pedían la protección de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia en un plazo razonable.

La petición fue concedida por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión de la JEP al fallar ordenar a la Sala de Reconocimiento de la JEP que en menos de 30 días decida sobre la priorización del caso que investigará violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversas.

De investigaciones por parte de un órgano de control sobre las violencias sexuales contra las mujeres se tienen pocos antecedentes, sin embargo, uno de los más relevantes es el de La Comisión de la Verdad: Mi cuerpo es la verdad (EXPERIENCIAS DE MUJERES Y PERSONAS LGBTIQ+ EN EL CONFLICTO ARMADO). Para elaborar este informe la Comisión recogió 10 mil 864 testimonios de mujeres en los que se hizo patente cómo el conflicto armado las afectó de forma desproporcionada y causó en ellas un impacto diferenciado.

Entre los hallazgos que encontró la Comisión están:

Primero que hubo impactos diferenciados y desproporcionados, como el desplazamiento forzado, aunque es un delito dirigido contra la población civil en general, fueron afectadas gravemente 4.025.910 mujeres (el 50,1 % de las víctimas).

La Comisión mostró que las violencias sexuales fueron una práctica de todos los actores armados, extendida e invisibilizada durante el conflicto. En muchos casos, funcionó como una estrategia de guerra para producir el desplazamiento forzado y controlar determinadas zonas y se agudizaron en el período de mayor degradación de la guerra, entre 1996 y 2007.

Lida Elena Tascón Bejarano, Directora de la Casa de las Memoria del Conflicto y la Reconciliación señala: “El informe de la Comisión de la Verdad nos da una radiografía de lo que ha pasado con las mujeres en el conflicto armado, y nos muestra la gravedad del problema. También deja claro que las mujeres no solo viven las violencias en sus cuerpos como su primer territorio, sino también en los territorios desde sus comunidades”.

Añade que con la radiografía que hace la Comisión de la Verdad, se hace más que necesario que se abra el macro caso en la JEP “ya que el país aún hoy desconoce las realidades de las violencias sexuales que han sufridos las mujeres y que en la mayoría de los casos no se quedaron en la guerra, sino que aún siguen afectándolas”.

En Colombia, hasta ahora se habían realizado investigaciones sobre violencia sexual en el marco de otros delitos como secuestro, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. La JEP ya se había pronunciado respecto a la violencia sexual en estos casos que sistematizó señalando que hubo 2 mil 300 víctimas. 900 casos atribuidos a las FARC, 350 casos atribuidos a la Fuerza Pública y 700 casos a grupos paramilitares. Sin embargo, según el Registro Único de Víctimas, más de 30 mil mujeres habrían sido víctimas de violencias sexuales durante el conflicto armado en Colombia.

Para Verónica Moreno, psicóloga de Justicia y Paz, el hecho de que se aborde la violencia sexual en un macrocaso en la JEP es fundamental por dos razones: primero porque, en el caso de las dinámicas del conflicto armado, el cuerpo de las mujeres ha sido instrumentalizado por los grupos armados para tener control sobre las comunidades y población civil que se encuentra en los territorios.

Así mismo señala que “el acceder a una mujer sin su consentimiento y muchas veces por varios hombres, además de las afectaciones en las mujeres, tiene un impacto en las subjetividades de las comunidades, pues simboliza el acceder al Interior de la comunidad, a la vida y a sus miembros”.

A pesar de que las violencias sexuales durante la guerra han sido sistemáticas, han sido invisibilizadas, no sólo por los responsables sino por el mismo Estado. Para Lineth Katherine Coronado Vitolo, psicóloga, magister en DDHH, especialista en psicología jurídica y forense, candidata a especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, quien es docente y directora del voluntariado en prevención de Violencia y voluntaria de la ONG Fundación Mujer Libre USA, la violencia en Colombia es un fenómeno culturalmente aceptado e invisibilizado y este se incrementa aún más en las poblaciones donde no llega el Estado.

Por esta razón para Coronado es un logro que la justicia colombiana ahonde y aperture macrocasos que se centren en la violencia sexual y den a conocer el fenómeno. Estas acciones en el marco de la guerra son usuales e incluso aceptadas, por lo que la población en general debe conocer sobre los efectos y le otorgue a las víctimas restitución y dignidad.

Coronado fue enfática en señalar que: “Es importante garantizar la no repetición por medio de acciones de visibilización y educación a la población para que estos eventos violentos no se repitan y sean sancionados, no sólo en la norma, sino que también moralmente”.

Para Martha Elena Giraldo Mendoza, activista social, defensora de derechos humanos, eeminista e investigadora en temas del impacto de la guerra y las violencias en la vida de las mujeres, la apertura del macrocaso 11 es una oportunidad para romper la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia y la investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Giraldo puntualizó que: “ Este es un espacio para la superación de la impunidad que existe alrededor de estos crímenes y aquellos asociados a la discriminación por razones de género”. Sumado esto, dice la activista, sirve para incorporar y evidenciar a través de la Justicia Transicional la gravedad de los hechos, implementando metodologías de investigación y juzgamiento de crímenes cometidos contra el cuerpo y la vida de las mujeres y las personas LGTBIQ en el marco del conflicto armado que incluyan el enfoque de género y el enfoque diferencial.

María de los Ángeles Ríos Zuluaga, abogada, y coordinadora del área de incidencia de la Red Nacional de Mujeres, que hace parte de La Alianza Cinco, (Colombia Diversa, Sisma Mujer, Humanas Colombia y la Red Nacional de Mujeres), dijo que debe tenerse en cuenta que las violencias sexuales, violencias reproductivas y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas, son un crímenes que, en el marco del Acuerdo de Paz, no fueron objeto de amnistía o indulto y en ese sentido, es obligatorio para la Justicia Transicional, un adecuado tratamiento conforme a los más altos estándares de los derechos humanos.

Para Zuluaga en el proceso que llevará la JEP, es necesario que:

1. Los parámetros tradicionales del derecho penal con relación a la prueba deben flexibilizarse y concentrarse en el testimonio de la víctima.

2. Que la sanción no puede estar sujeta a que haya un reconocimiento por parte de los responsables, puesto que los grupos al margen de la ley tienen resistencia a reconocer los hechos de violencia.

3. Se debe dar un valor al contexto como prueba, esto quiere decir que las violencias sexuales fueron posibles porque subyacen a un contexto, un sistema de violencias que es permitido contra los cuerpos de las mujeres.

4. La JEP no está sancionando en el vacío. Colombia es un país que tiene experiencias previas, de intentos de sanción a graves violaciones de derechos humanos y en ese sentido es necesario que las tengan en cuenta. Por ejemplo, en el marco de Justicia y Paz, hay varias sentencias en las cuales se reconocen los daños en el marco de la violencia.

Este macrocaso no puede ser residual, es decir, que se entienda que lo que no va en los demás macrocasos, entonces va al macrocaso once.

1. No se puede revictimizar a las víctimas y la JEP tiene que garantizarles las condiciones económicas, emocionales para el proceso.

2. No puede haber impunidad, se debe sancionar a los responsables, también a los máximos responsables, que esto es muy importante porque hizo parte de políticas de los actores armados.

Entre las conclusiones a las que llega Zuluaga es que la JEP además de llevar un proceso judicial, también debe llevar un proceso dialógico. “Así como el esclarecimiento de la verdad debe tener un énfasis en el cual se tenga en cuenta las necesidades de las víctimas”.

También se debe dar una especial relevancia a las víctimas porque este tipo de violencias no son creídas y muchas veces son cuestionadas porque tienen sobre ellas la vergüenza, el juzgamiento, la revictimización. Por esa razón señala Zuluaga que: “Es necesario que en este proceso de esclarecimiento se adopten unas medidas que permitan saber lo que realmente pasó”.

Junio 23 – 2’023

Por Laura Cruz

En Colombia se está tramitando un proyecto que busca eliminar y prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” que tienen el objetivo de “curar” a las personas del colectivo LGTBIQ+ a través de ritos, “terapias psicológicas” o incluso exorcismos. El proyecto de ley fue presentado por el congresista Mauricio Toro Forero, que tiene todo el respaldo de las colectivas y las comunidades LGTBIQ+ que señalan que es necesario que haya políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida y a garantizar los derechos de las personas diversas.

El proyecto responde al “All Out”, un movimiento global por los derechos de las personas LGBTIQ+, al que se han unido más de 40 mil personas que le dicen NO a las mal llamadas «terapias de conversión». En el mundo ya son siete los países que las prohíben: Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta. Sin embargo, en 68 países de diferentes continentes, se siguen llevando a cabo. En América Latina, Caribe, Asía, África, incluso se calcula que unas 700.000 personas lesbianas, gais, trans o de género diverso han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida.

Referente a las terapias de conversión que generan polémica a nivel mundial, a través de un informe especial, la ONU ha concluido que son prácticas representativas de tortura que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+ y recomienda a los Estados, prohibirlas mediante leyes, pues denigran la dignidad de quienes son sometidos a ellas. A este llamado se unieron diferentes colectivos que, a través de Toro, presentaron el proyecto que tiene como objetivo eliminar y prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”.

Para entender qué derechos vulnera las mal llamadas “terapias de conversión” entrevistamos a Nataly González Arce, quien hace parte de la dirección de Comunes en Cali, es psicóloga con una especialización en neuropsicología infantil, cursante de maestría clínica y neurociencia social y precandidata al Concejo. Ella explicó que las terapias de conversión no tienen nada que ver con las buenas prácticas en la salud mental. 

“Ni la psiquiatría ni la psicología avalan ese tipo de terapias. No las avalan porque esas terapias son fundamentalmente de tipo religioso. Estas prácticas no son terapéuticas. Tú puedes ser psiquiatra y aplicarlas, pero ni la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, ni la Sociedad Colombiana de Psicología, te van a decir que alguna práctica terapéutica puede denigrar la dignidad del otro”. 

Sin embargo, González señala que en la historia de la salud mental, la homosexualidad se consideró una patología; y ese sería un punto en el que se relacionaría con las terapias de conversión, por supuesto un punto de encuentro no favorable, ya que la psicología corrigió su error y desde hace décadas no se patologiza a las personas homosexuales. 

“Ese tipo de terapias de conversión tienen varios paradigmas; ontológicamente mi visión del sujeto es que está confundido y sólo yo lo voy ayudar; lo segundo es que a nivel epistemológico, se cree que la verdad la tenemos nosotros (los “terapeutas”). Bajo estas premisas pueden generar que afloren comportamientos psicóticos, depresiones, patologías reales”. 

El proyecto que busca eliminar y prohibirlas , ya pasó el primer debate en el Congreso, por lo que el pasado 18 de junio en la Marcha del Orgullo Gay, la comunidad celebró que el proyecto vaya por buen camino. 

En cuanto a los derechos que vulneran las mal llamadas “Terapias de Conversión”, la neuropsicóloga fue enfática en afirmar: “En estas terapias se vulneran la dignidad de las personas, la libertad, incluso la propia vida porque si no los logran “curar”, que es lo que pasa generalmente, se corre el riesgo de que la persona sufra cuadros depresivos serios”.  Por eso González recalcó que esto es un tema de salud pública, más que un tema ideológico, lo que retifica el Instituto Williams de la Escuela de Derecho de UCLA, que dice que un estimado de 22% de personas LGBTQ+ que en Colombia han sido sometidas a terapia de conversión, tuvieron 76% más de probabilidades de intentar suicidarse, comparado con los colombianos LGBTQ+ que no fueron sometidos a ellas. 

4 mil 160 adultos de la comunidad LGBTIQ+ de Colombia, entrevistaron los investigadores para examinar la prevalencia de las ideaciones suicidas, la planificación del suicidio y los intentos de suicidio a lo largo de su vida para evaluar la asociación entre la exposición a la terapia de conversión y el suicidio. Esta es la encuesta más grande de personas LGBTIQ+ en Colombia hasta la fecha, y la primera en estudiar la asociación entre la terapia de conversión y el suicidio en Colombia.

Junio 16 –  2023 

Por Laura Cruz 

Después de 16 años, su rostro sigue sonriendo por el mismo hombre con el que se comprometió cuando estaba embarazada. Carlos Julio Caballero era su nombre y hoy sólo existe en la memoria, en los corazones de quienes lo amaron y en los rasgos de su hija de 16 años que sigue exigiendo justicia para su padre y su familia. Integrantes del del Gaula del ejército lo asesinaron.

Carlos Julio hace parte de las 160 víctimas individuales, acreditadas por la Justicia Especial Para la Paz -JEP- que abrió el Caso 05 para tratar de acercarse a la verdad y estudiar las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitaria ocurridas en el conflicto armado desde 1993 hasta el 2016 en 16 municipios del norte del Cauca y del Valle del Cauca. Yunari (la prometida de Caballero) y su hija, hacen parte de las 200.000 víctimas acreditadas de manera colectiva, puesto que las familias de las personas asesinadas son las que han sufrido e intentado por todos los medios saber ¿Quién dio la orden? En el caso de estos departamentos, la JEP tiene identificados a los actores responsables de la violencia que vivió la población por más de 16 años.

Entre ellos se encuentra la Farc-EP, quienes ocupaban la región a través del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano, los cuales operaban en este territorio por sus características geográficas, afectando a la población indígena, afrocolombiana y campesina. Sin embargo, no fueron los únicos actores armados que cometieron violaciones de derechos humanos, ya que la Fuerza Pública, tanto Ejército, como Policía y oficiales del Gaula del Valle del Cauca, cometieron ejecuciones extrajudiciales, muchas veces en alianza con los paramilitares del Bloque Calima. Gracias a las audiencias que ha realizado la JEP, hoy familiares de las víctimas se acercan a la verdad, por esta razón y en un acto restaurativo que tuvo lugar en la Universidad Santiago de Cali, dos ex-oficiales del Gaula que están compareciendo ante la JEP.

Se trata del exmayor Mauricio Ordóñez Galindo y el excoronel Jorge Enrique Florián Díaz, quien fue señalado por varios miembros de las fuerzas armadas de ser el “cerebro de los falsos positivos” en el Gaula del Valle, y que hoy comparecen ante la JEP, decidieron entregar a las víctimas las medallas que recibieron de forma inmerecida, ya que los resultados que presentaban a sus superiores eran producto de los asesinatos de hombres inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado. 

“Estas medallas significan la sangre de él, ahí se encuentra su sangre derramada, pero también significan haber ganado la batalla, haber cumplido lo que un día prometí”, dice Yunari Ordoñez, mientras sostiene la foto de su prometido. Para ella, antes de que ocurriría la masacre, la mañana y la tarde de ese día fueron uno de los días más felices de su vida. Era el año 2007 y casi las dos de la tarde, cuando Carlos la llevó a casa de un amigo. “Me dijo que me tenía una sorpresa, yo me imaginé que era una muda de ropa, pero cuando llegamos a la casa de su amigo, le pasaron un anillo, entonces Carlos me dijo: “Te acuerdas que dijimos que cuando estuvieras embarazada nos íbamos a casar. ¿Quieres casarte conmigo? yo le respondí inmediatamente que sí”.

En ese momento Carlos no cabía en la ropa de la felicidad. Invitó a sus amigos al matrimonio, después caminó hacia donde había quedado encontrarse con un militar que le había pedido que lo acompañara a Santander de Quilichao. “Él habló con el militar, le dijo: yo voy, pero con ella y mi junior; el hombre me volteó a mirar y le preguntó ¿cuál Junior?”

Carlos le respondió: Es que ella está embarazadita.
Militar: No importa, vamos.

“Ahora yo me pregunto ¿por qué si la militar sabía que los iban a asesinar, no le importaba llevarme a mí, aunque estuviera embarazada?”. Sin embargo, cuando llegaron a un sector, Carlos le dijo a Yunari que se bajara, que alistara maletas para viajar al grado de su hermana. “Yo me bajé lo abracé, me acuerdo como si fuera ayer. Al militar que se lo llevó y que espero verlo pronto frente a mí, le dije: “se lo recomiendo porque él para mí, vale más que mil kilos de oro, y arrancaron”. Ella se quedó llorando sin saber por qué, mientras más avanzaba el carro más lloraba, pensó que era el embarazo, sin embargo, hoy sabe que el corazón sentía el peligro, intuía de alguna manera que era la última vez que lo vería.

“El día que recibí la noticia fue a las siete de la mañana. Yo sabía que no estaba bien, porque Carlos siempre me llamaba. No sé si usted ha visto cuando uno juega en la playa a hacer un castillo y que alguien va, lo derrumba y la persona luego dice: ¡ah! lo derrumbé, así me sentí. Ni más ni menos”.

La historia de Yunari Ordoñez y Carlos Julio Castillo, se repite en el Valle y el Norte del Cauca, ya que militares decidieron asesinar a hombres inocentes que habitaban en esta región. Hoy la JEP, en un ejercicio por buscar justicia, paz y reconciliación, lleva a cabo estos encuentros con el objetivo de que llegue el perdón y el arrepentimiento o, por lo menos, que estas palabras se puedan nombrar al final de un conflicto que sólo dejó llanto y dolor.

El excoronel Jorge Enrique Florián Díaz, pidió perdón por medio de una carta y dijo que quienes estaban encargados de proteger la vida decidieron asesinar, así mismo señaló que sabe que ni el tiempo, podrá curar el dolor en las familias que ellos dejaron. Los dos exmilitares entregaron las medallas a funcionarios de la JEP, quienes las pusieron en un cofre de vidrio y dijeron que se trataba de un acto simbólico, con el fin de reparar a las víctimas y que en algún momento, pueda haber una reparación.

Por otro lado, el Magistrado Óscar Parra Vera dijo: “Estas son medallas de la infamia, son medallas manchadas de sangre”.

Al finalizar la entrega de las medallas, Yunari Ordoñez les dijo a los dos oficiales: “Quiero que, así como un día dijeron en voz alta que ellos eran guerrilleros, les digan a nuestros hijos que ellos (sus padres) no lo eran. Que ellos puedan estar orgullosos de sus padres donde quiera que estén”. El exmayor Mauricio Ordóñez Galindo, admitió su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y reafirmó que tales actos no deben repetirse. “Esto no es sólo simbólico, también estoy enviando un mensaje a los militares, porque lo que ocurrió no puede volver a suceder (…)  “Lo siento mucho, Carlos Julio Caballero, no era guerrillero”.

Junio 2 – 2023

Por Laura Cruz

Con 122 votos a favor y uno en contra, quedó por fuera el artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. Artículo que pretendía crear la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos e iba dirigido a generar una política a través de la cual, de manera participativa y colaborativa, tuviera presentes los “… enfoques de género, discapacidad, étnico-territorial y de curso de vida”. 

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ha sido uno de los principales triunfos de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Este es uno de los documentos más importantes del Gobierno Nacional, ya que es la hoja de ruta para el 2022-2026, también define los instrumentos financieros y presupuestales, para lograr dichas metas. 

Sin embargo, aunque el PND sea la bandera a izar del Gobierno, la aprobación del mismo no fue del todo un triunfo, puesto que para muchas organizaciones, el artículo 304 fue sacrificado para su aprobación. Cabe recordar que durante cuatro meses, (septiembre a diciembre del año pasado), se realizaron 51 diálogos vinculantes de los que salieron más de 89 mil propuestas fundamentales para definir la hoja de ruta del Gobierno. Algunas de ellas fueron: Ordenamiento Territorial; Seguridad Humana; Derecho Humano a la Alimentación; Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático; y Convergencia regional. A estos encuentros asistieron más de 250.000 personas. 

Es decir, el artículo 304, que se enfocaba en crear la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos, fue una construcción social partiendo de los diálogos regionales. Por esta razón, a diferentes organizaciones sociales y colectivas de mujeres les preocupa su eliminación, ya que su finalidad era garantizar que todas las personas pudieran vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. 

Es importante saber que, aunque existen varios antecedentes internacionales, hay dos conferencias que marcan la senda por la que transitan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos: la Conferencia Internacional de la Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994 y la IV Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín de 1995, que reconoce los derechos como fundamentales para la vida y el libre desarrollo de la mujer. 

Derechos que hoy no se encuentran en el PND, en parte por una mala interpretación del artículo que hizo el representante Luis Miguel López, que señaló “El Gobierno pide una facultad extraordinaria para hacer una política de derechos sexuales, donde se incluyen a las niñas y el Ministerio de Educación, es decir, los colegios”. Y también el senador Mauricio Giraldo, que llegó repartiendo camándulas y fetos de plásticos a sus compañeros. Sin embargo, lo más preocupante es que los dos funcionarios proponian hablar solamente de derechos sexuales y excluir del artículo los derechos reproductivos. Quitar la palabra “reproducción”, pues para ellos significa aborto o también asesinato.

Para entender mejor qué son los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de las dos palabras, hablamos con Luis Felipe Rodríguez Rodas, candidato a Doctor en Educación, Magíster en Gestión Pública, Especialista en Estudios Políticos y Constitucionales y Licenciado en Lenguas Extranjeras y Enlace LGBTI en Alcaldía de Santiago de Cali, que, entre otras cosas, señaló que según el Ministerio de Salud, los derechos sexuales son aquellos que aseguran el ejercicio y desarrollo informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad “con el fin de que todas las personas tengan pleno disfrute de esta y del erotismo sin coacción y libre de cualquier forma de violencia. Para esto, se necesita del acceso a servicios de salud sexual y medidas de prevención como atención de infecciones de transmisión sexual (ITS), enfermedades y dolencias que afecten el ejercicio placentero de la sexualidad”. 

Los derechos reproductivos son aquellos que hablan de la facultad que tienen todas las personas de tomar decisiones libres y sin discriminación sobre la posibilidad de procrear o no y de regular su fecundidad con información, seguridad y garantizando el acceso a servicios de salud reproductiva. Estos últimos deben garantizar las maternidades seguras y el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).  

En el mismo sentido, Laura Alexandra Castro González, quien coordina la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización pionera en el Movimiento Causa Justa, se refirió a lo peligroso que hubiera sido hablar solamente de derechos sexuales y excluir del artículo los derechos reproductivos. “Los derechos sexuales y reproductivos se interconectan con otros derechos humanos e influyen directamente con el desarrollo del ser humano en diferentes etapas de su vida”. Agrega que, especialmente para las mujeres, el vínculo entre sexualidad y reproducción es más estrecho porque está asociado a cargas sociales que tienen efectos en desigualdad, en mayores dificultades para participación en esferas públicas y privadas. 

Para la coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, estos derechos, aunque autónomos, son dos caras de la misma moneda que se interconectan, porque muchas veces el ejercicio de esa sexualidad puede llevar a elegir cargas o responsabilidades o decisiones en materia reproductiva. Añade que lo derechos sexuales y reproductivos, no son solamente de las mujeres o de la comunidad LGBTIQ+, como a veces se cree, sino que son derechos de los que gozan niños y niñas, es decir desde una etapa temprana de la vida, hasta los adultos mayores, esto sin discriminación de género. Cabe agregar que la diferencia entre derechos sexuales y reproductivos es que los primeros se refieren al goce de una sexualidad plena. También está vinculado al acceso de educación, de salud sexual e integral, incluso vinculado al conocimiento pleno del cuerpo. Los segundos, los reproductivos, se centran en la posibilidad de decidir tener hijos o no tenerlos, cuántos, con quién tenerlos y en qué momento tenerlos.

Para más información sobre estos derechos, puede consultar https://www.unfpa.org/data/CO

Hay que señalar que las políticas públicas como el PND son instrumentos puntuales de medición, asignación de presupuesto, entonces con las políticas, se deriva la creación de programas, indicadores de cumplimiento que pueden ser indicadores de avances, o seguimientos y todo esto es muy importante para garantizar mejoras, en este caso, en la prestación de los servicios de salud o en la oferta de bienes que tiene el estado. Aunque Colombia cuenta con una Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos desde la década de los 90, ésta ha tenido varias actualizaciones, ha cumplido sus vigencias y ha sido necesario actualizarla. 

Para Castro hay dos factores relevantes por los que era importante que el artículo estuviera en el PND: la primera es que la última política que tuvo Colombia culminó en 2022, por eso era tan necesario que en este Plan Nacional de Desarrollo se incluyera de manera explícita porque tener esa política responde a las bases del PND que fueron consultadas por el gobierno con los diferentes grupos. El segundo es que, si el artículo quedaba unido al Plan de Desarrollo, había una transferencia de recursos más directa desde el Departamento de Planeación. 

Según el Partido Conservador, el artículo 304 buscaba “…imponer la educación sexual ideologizada en los colegios”. Sobre este pronunciamiento, Luis Felipe Rodríguez Rodas dijo que la educación sexual debe estar presente, hablar del cuidado y conocimiento de los cuerpos es fundamental, evitar conductas discriminatorias así como de las infecciones de transmisión sexual – ITS-, embarazos a temprana edad, identificar hechos de violencia sexual, conocer las rutas de atención por violencia sexual.También es fundamental que la niñez y la juventud estén informadas y empoderadas. Rodríguez fue enfático en decir que “Es una lástima que sigamos estando tan marcados por prejuicios y doble moral mientras el índice de violaciones y embarazos no deseados sigue estando presente”. 

Para Laura Castro, el hecho de que haya sido sacado el artículo fue también una pérdida simbólica, debido a la desinformación del Partido Conservador que usó estrategias de desinformación y manipulación como un video de cómo se lleva a cabo el aborto que está muy desactualizado en temas técnicos. Para Castro, el impacto fue más en términos de la estigmatización y también la desinformación sobre políticas de salud sexual integral. “Se habló también de políticas en derechos sexuales y reproductivos, vinculadas solamente al aborto, pero no se habló de cómo esta política ayudaría a reducir los embarazos en adolescentes o reducir cifras de mortalidad materna o incluso, cómo generaría más información para evitar el cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino”. 

Así mismo agregó que la experiencia del Plebiscito por la paz y el fantasma de la ideología de género fue lo que logró apelar a emociones como la desprotección de los niños, la vulneración de sus derechos, o las afrentas al modelo tradicional de familia. Lo que para Castro “resulta un caballo de batalla muy útil, muy instrumentalizado por los actores de derecha y los actores conservadores, de cara a los escenarios electorales”.

Nicolás Giraldo, coordinador de Cambio Político de Profamilia, señaló que, si bien no pasó el artículo 304, la política de derechos sexuales y reproductivos, se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en componentes como la seguridad humana y justicia social. Es decir, que están asegurados los recursos para la inversión. Ante estas declaraciones Luis Felipe Rodríguez, señaló no estar de acuerdo porque lo que no esté en el PND va a quedar con muy pocos recursos y va a ser un tema de gestión y voluntad política. Rodríguez dijo “ese artículo era necesario pues aseguraba recursos y les obligaba a las entidades competentes a desarrollar acciones en términos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de los colombianos. 

Por su parte, Castro enfatizó que si bien el artículo 304 no fue incluido en el PND, eso no quiero decir que el ejecutivo, es decir, el Ministerio de Salud, en articulación con el Ministerio de la Igualdad y el ICBF, no puedan destinar recursos de sus carteras específicas para la implementación de las políticas que, es ahora lo que les compete hacer. Así mismo dijo que desde Causa Justa, estarán con las puertas abiertas en materia de vigilancia, pero también de asistencia técnica a la actualización de esa política, que reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como derechos fundamentales y también lo hacen los tratados universales. Castro finalizó diciendo: “no hemos tenido una pérdida en esos derechos, en términos de esos principios que la Corte ya ha sido muy clara, y garantista. En el papel vamos muy bien, pero no resta atar esa implementación y esa garantía a instrumentos de políticas públicas”.

Mayo 12 – 2023 

En Hechoencali.com quisimos darle una mirada amplia a la libertad de prensa y por eso conversamos con distintos actores que hoy en día ejercen una labor informativa. Esto incluye, por supuesto, aquéllos que se han posicionado desde la alternatividad, sean periodistas formados académicamente o no, pero que han decidido garantizar el ejercicio de ese derecho humano en sus propias manos.

Por Jorge Luis Galeano 

Repite la palabra “verdad” muchas veces. Él siente que desde el periodismo tradicional ya no se muestra. Eso lo dice con un chaleco azul y blanco que tiene su nombre y la frase ´Derechos Humanos´ cocidas en la parte de adelante, mientras que en sus espaldas, se lee ´Prensa´. Hace más de cinco años que lo usa. Se acompaña de cámaras fotográficas y un celular con el que hace transmisiones en vivo a través de las redes sociales para visibilizar esas verdades que no aparecen en ninguna parte.

Héctor Martínez es, en realidad, una persona que se ha convertido en lo que es a punta de los golpes de la vida. Trabajó como conductor en un medio de comunicación en Bogotá y estuvo en la Defensa Civil, pero Colombia es un país que puede romper la vida a cualquiera, en cualquier momento y así fue para él. En el 2012, su hijo Héctor Fabio Reyes fue asesinado. Eso lo obligó a plantarse todos los días en la Plazoleta de San Francisco de Cali para exigir justicia. Día tras día y año tras año buscó que la persona culpable, pagara. El caso, sin embargo, no avanzó. Lo mostró en medios e hizo todo el ruido que pudo, pero no logró mucho. Eso, entonces, hizo que tomara la decisión de convertirse en defensor de derechos humanos porque descubrió que, como él, había muchas personas pasando por lo mismo

Pero ser defensor no era suficiente. Le llegaban denuncias de muchas vulneraciones de derechos humanos y al intentar que los medios las registraran, muchas veces se encontraba con barreras. Él dice “No pueden decir la verdad”, entonces, ante la sordera mediática, tomó la otra decisión importante: convertirse en prensa alternativa. Asegura que desde ahí, no debe esperar a que algún periodista cubra las denuncias que tiene, sino que él mismo lo hace. Para él, eso es decir la verdad “Que las víctimas puedan contar su verdad” algo que, asegura, no es fácil de hacer desde los medios tradicionales.

Once años después del asesinato de su hijo y en el mismo lugar en el que inició este viaje que lo convirtió en prensa alternativa, Héctor Martínez recoge su equipo y cuenta que se prepara para un nuevo cubrimiento de una denuncia ciudadana. Ahora no tiene que buscarlas, pues su página en facebook se ha vuelto muy popular y quienes sienten vulneración de sus derechos, acuden a él y piden su presencia.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, entre otras cosas dice que se garantiza que toda persona pueda “fundar medios masivos de comunicación”. Y así es como en Colombia, en los últimos tres años, han surgido cerca de 300 medios de comunicación. Uno de los momentos clave fue el Paro Nacional de 2021 que vio cómo la gente se volcaba a plataformas distintas a las de los medios tradicionales para saber lo que pasaba.

Uno de esos casos es el trabajo de Lisa Trujillo, profesional en Comunicación Social y Periodismo, vinculada a varias organizaciones sociales y a un medio independiente en Bogotá, pero que en 2020 creó un espacio propio en redes sociales para hacer un periodismo en defensa de los derechos humanos “Ahí se partió mi historia en dos porque me convertí en una persona interesada en defender la dignidad de la gente, en entender porqué hay tanta desigualdad” dice describiendo lo que ha significado para ella su labor periodística en Instagram, en la cuenta Me Dicen La Negra.

Ella se describe como Comunicadora Popular o, en sus propias palabras “estar en las calles, en los barrios no sólo para sacar provecho de los contextos, sino a construir procesos” es decir, acercarse a las comunidades y pese a que esto puede entenderse como una contradicción para el ejercicio periodístico, Lisa dice que en la medida en que el o la persona no “venda” sus principios, se mantiene lo fundamental: no decir mentiras y ser transparentes “Uno puede encariñarse mucho con una persona, pero si se descubre que es corrupta, o si ejerce violencia de género o recluta jóvenes para grupos armados ilegales, pues uno no puede guardar silencio”.

Ella ha sufrido violencias por su trabajo. Dice que la han insultado, acosado, incluso, ha sufrido atentados en su contra. Todo ello no sólo la afecta a nivel personal, pues genera miedo por ella y sus personas queridas, sino que obstaculiza su labor informativa. Ella, por su parte, tiene claro que no quiere morir por decir la verdad “Le he dicho a mis amigos que no quiero terminar siendo un cartel en una pared”.

En los departamentos del Meta y Guaviare, al oriente de Colombia, el ejercicio de la libertad de prensa es complicado por la falta de medios de comunicación y plataformas informativas que den cuenta de lo que allá sucede. Entra a escena, entonces, El Cuarto Mosquetero.

Este medio de comunicación alternativa y popular “No sólo trabaja desde lo periodístico, sino también, desde lo comunicativo informativo. Desarrollamos procesos formativos a personas de distintas edades para que puedan hacer uso de sus habilidades comunicativas, con ayuda de la tecnología, para que puedan dar a conocer sus cosmovisiones” dice Lina Álvarez, su directora.

Para ella, eso también es una forma en la que se puede garantizar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa porque les ha permitido generar espacios de participación social y, de paso, “tenemos la posibilidad de ejercer la libertad de prensa al hacer el periodismo que queremos, como lo queremos y dentro de las comunidades”.

En ocho años de existencia, salvo las a conocidas estigmatizaciones que se reciben constantemente por ejercer periodismo alternativo y algunos ataques cibernéticos, no han tenido mayores inconvenientes para desarrollar su labor informativa, aun cuando abordan temas complejos como la paz, género, conflictos socioambientales, entre otros.

Hay normas y acuerdos que existen para proteger la libertad de prensa en Colombia y en el mundo. La Constitución Política de nuestro país, por ejemplo, habla de la garantía que tenemos todas las personas para expresar y difundir nuestros pensamientos y opiniones, informar y a recibir información veraz e imparcial. Esto último está ligado a la calidad de lo que se difunde, es decir, qué y cómo se cuenta en medios de comunicación y en las plataformas hoy existentes para ejercer plenamente este derecho. Así lo dice Oscar Martínez, director del medio digital El Faro de El Salvador, para quien el compromiso desde el periodismo debe estar, justamente, en la manera que crea y se ofrece el contenido a las audiencias.

Además de una mala práctica informativa, las presiones ejercidas desde el poder también son formas en las que se impide ejercer del derecho a la libre expresión y de prensa. De esto sabe mucho El Faro que ha sido sometido a una campaña de desprestigio y persecución por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Sus consecuencias se sienten a todo nivel: en lo personal para los y las periodistas y en el ejercicio como tal.

En Colombia, por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- dice que, desde el 2018, la violencia contra la prensa ha sido constante. En el 2022 hubo 218 amenazas, la cifra más alta de los últimos 15 años en el país. Además, dice que 2 periodistas fueron asesinados este año. Un total de 5 en los últimos tres años y añade que ya ha documentado 41 amenazas en lo corrido de 2023.

Sin embargo, la violencia no es la única preocupación para el ejercicio informativo. Aparece, también, la pauta como una herramienta para presionar e incluso, censurar a los medios de comunicación y así nos lo cuenta John Bock, director ejecutivo de la FLIP

Otra de las estrategias para garantizar la Libertad de Prensa son los acuerdos y declaraciones que son firmadas por actores públicos y privados que se comprometen a respetar este derecho. Es el caso de las declaraciones de Chapultepec y Salta por la libertad de prensa. La primera creada en 1994 y que enfatiza en que el ejercicio libre de la prensa “es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación” y tiene 10 principios, entre los cuales está el de que #Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.

Por su parte, la Declaración de Salta nació en 2018 y se ocupa del ejercicio de la libertad de prensa en el entorno digital. Entre sus 13 principios están:

1. Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.

2. La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Cuando se adopten decisiones sobre internet, deben considerarse los puntos de vista de todos los actores.

Este año las declaraciones fueron firmadas en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, en marco del XI Encuentro internacional de programas acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP). En el acto participaron Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y director global de Licencias e Innovación de Impresión del New York Times; Luis H. Pérez, rector de la UAO; Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP; Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun; Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación de Medios de Información, AMI; Tulio Ángel, presidente de Asomedios; Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y Catalina Jiménez, decana de la facultad de Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales de la UAO.

 Abril 28 – 2023 

Por Jorge Escobar Banderas  y Jorge Luis Galeano

Hablar del Paro Nacional en Colombia de 2021 trae a la memoria las barricadas, los enfrentamientos, el ESMAD, las capuchas, un poco el caos vivido en las calles de Cali que, rápidamente, se convirtió en la Capital de la Resistencia. Fueron 4 meses en los que esas imágenes fueron las protagonistas y que opacaron otros fenómenos no menos importantes.

La ciudad tuvo 25 puntos de resistencia y uno de ellos fue el de Meléndez, un barrio al sur de Cali. Ahí, como en los otros 24, hubo de todo: apropiación del espacio, cierre de vías, enfrentamientos, actividades culturales, de participación ciudadana, entre otras cosas. En ese lugar se concentraron las peticiones de los habitantes de la Comuna 18 que por años se sintieron abandonados por los Gobiernos y vieron en ello, una oportunidad.

Tras dos años del inicio de lo que se conoció como el estallido social, hablamos con una de las participantes de las protestas en ese punto y de quien no revelaremos su nombre por cuestiones de seguridad.

La participación en esas protestas, dice ella, ha tenido unos costos altísimos para muchas personas. Ella lo sabe porque es una de las tantas que han sufrido las consecuencias. “Dejó familias, líderes de los puntos desarraigados por la política de miedo infundida a través de las amenazas, la persecución política, la estigmatización y criminalización de la sociedad y los medios de comunicación tradicionales”.

Añade que, pese al tiempo transcurrido, continúa la estigmatización de los y las jóvenes que estuvieron en ese y otros puntos de resistencia de la ciudad “las personas que participamos en el paro nacional seguimos siendo estigmatizadas a pesar de que se sigue trabajando, ya no desde las barricadas, sino desde los procesos comunitarios en el mejoramiento de los territorios de la ciudad”

Para ella, el paro “ha dejado muchos interrogantes en una comunidad orgánica que se manifestó para visibilizar las inconformidades, la pobreza extrema y los altos índices de desigualdad que sigue siendo un motivo altamente motivador para movilizarse” pero también dice que parte del legado está en los muchos procesos comunitarios que surgieron, además de “las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas mortales que en su mayoría son madres que cargan esa memoria como una segunda vestimenta, los nuevos liderazgos que son como un vástago de esperanza para las comunidades instrumentalizadas por décadas”.

Y justamente sobre esa parte del legado, de los procesos comunitarios y organizativos es de lo que queremos hablar aquí porque, como decíamos antes, fueron opacados por la avalancha de información sobre violencia que se tomó todos los medios (tradicionales e independientes). Al respecto, nuestra invitada nos dice que “la estación de Meléndez a dos años del paro es esa plataforma de apertura a nuevas expresiones comunitarias y sociales del estallido social, de las cuales salen varios procesos que terminan siendo innumerables en una comuna tan diversa como la 18”.

Ella habla de fundaciones, organizaciones ambientales, grupos artísticos, colectivos de defensa de los Derechos Humanos “pero también se presenta un fenómeno muy interesante de fortalecimiento en recurso humano de las organizaciones ya existentes antes del estallido social, que llevan una trayectoria de muchos años trabajando por los territorios más vulnerables de la comuna y que integran a estos nuevos liderazgos comunitarios”.

Por eso es que decidimos subir a la parte alta de la Comuna 18 para conocer una de esas tantas organizaciones. Sus integrantes bajaban todos los días a la estación Meléndez para construir y labrar un camino que no terminara en el 2021.

Llegar al corazón de la comuna 18, ubicada en el suroccidente de Cali, significa recorrer sus calles empinadas y otras tantas que se encuentran destapadas. Tenacidad podría ser una palabra para describir este camino que día a día transitan cientos de mujeres y hombres para labrar un mejor destino.

En lo alto de la loma se abre espacio un parque rodeado por viviendas de dos y tres pisos, ventas de ropa por parte de mujeres cabeza de familia y algunas tiendas. La estridencia de la música se combinaba con los ladridos de los perros a su paso por la cancha de Los Mandarinos.

El día que lo visitamos, el ambiente era festivo. Por un lado, un grupo de niños jugaba con las piedras que encontraba en un trozo del camino que no está pavimentado y por el otro, se sentía la adrenalina que transmite el fútbol con un ‘picadito’ disputado entre los vecinos del barrio Alto Jordán.

Mientras esperábamos a las mujeres que conforman la Fundación Tepac, pudimos ver que desde este punto se divisa un paisaje monumental donde los contrastes sociales de Cali se hacen mucho más evidentes. En primer plano figuran los esbeltos edificios de sectores como Valle del Lili y Bochalema, los cuales contrastan con el panorama que se observa en la ribera del río Cauca. En el fondo, la inmensidad del monocultivo de caña de azúcar se extiende al piedemonte de la cordillera central.

Ese parque, el de Los Mandarinos, ha sido el punto cero, el centro de los sueños, anhelos y temores que han enfrentado ese grupo de mujeres que se la ha jugado toda por contribuir con el bienestar de su comunidad. Ellas promueven la participación ciudadana, el emprendimiento y el fortalecimiento de habilidades artísticas, deportivas y culturales.

Melissa, Deisy y Greidy, bajan por la loma y se asoman por la curva. Ese recorrido hoy tiene un significado diferente al de hace dos años. Antes de abril de 2021, no se consideraban agentes de cambio. Llevan camisetas iguales, color azul turquesa que tiene el logo de la fundación que nació, justamente, tras el estallido social, cuando el descontento generalizado por las cruentas condiciones de vida, entre un amplio espectro de la población, las impulsó a salir a las calles en un acontecimiento sin precedentes.

Bajar desde el Alto Jordán y otros barrios de la Comuna 18 era, en esa época, intentar hacerse visibles. Era intentar que la ciudad recordara que hay 21 barrios en esa Comuna y que entre ellos, 8 están priorizados como vulnerables, es decir, con altos índices de pobreza. El estallido fue, entonces, una oportunidad.

Y Cali fue el epicentro, acuñando el nombre de ‘capital de la resistencia’, título concedido por el aguante de hombres y mujeres, especialmente jóvenes de clases populares que enfrentaron el poderío del Estado. Los vecinos de la comuna 18 no fueron ajenos a tal situación.

Ellas bajaban de la ladera y se concentraron en la emblemática calle 5. La estación del sistema MIO de Meléndez fue el lugar donde decidieron manifestarse. Pero, más allá de hacer una recreación de los hechos que ahí tuvieron lugar, ocurrió algo impensado para algunos en medio de la conmoción: la gestación de un ideal de cambio.

La comunidad encontró en aquel lugar un instrumento para expresar sus ideas. Ahí, las áreas verdes se convirtieron en huertas urbanas, las rejas grises se llenaron de colores y las bahías de abordaje dieron paso a una biblioteca pública que pretendía estimular el debate, junto al intercambio de ideas.

Esta fue una deconstrucción del espacio. Aquel punto destinado a movilizar masas rumbo a su trabajo, se convirtió en un fortín colorido que deseaba ser un punto de encuentro a la vista de una ciudad que en muchas ocasiones ignora la existencia de la ladera.

Meses de aguante, como lo llamaron, no podían ser infértiles. La cosecha fue de ideas, de inquietudes, de ganas de transformación y tras la entrega de la estación y el punto de resistencia de la calle 5 con carrera 94, el regreso al barrio adentro fue distinto. Tenían una nueva perspectiva de vida. El reto en ese momento era canalizar ese deseo en acciones concretas.

Aparece, entonces, la Fundación Juvenil Tepac, cuyo nombre es la suma de las palabras: Tejido, Pacífico y Comunitario. Deisy Valencia es una de sus integrantes y reconoce que este nombre refleja la esencia y los valores del grupo, además de rendir un homenaje con los colores naranja, azul, turquesa y púrpura a la Guardia Indígena, que estuvo presente durante el estallido social en el punto de Meléndez.

Hablamos con ellas en una banca que está en el parque. Justamente ese sitio que les ha servido para ganarse la confianza de los vecinos. Cosa, claro que fue una auténtica proeza. Por ello, Deisy recuerda que durante una celebración del día de Halloween, no contaban con los recursos suficientes para organizar un festejo a los niños y niñas del sector. Sin embargo, la comunidad, al ver el ahínco y la preocupación por cumplir ese cometido, decidieron unirse en pro de la actividad.

“La comunidad hoy en día, dos años después, se ha dado cuenta de que los jóvenes queremos cambiar el territorio”, resalta.

Keitis Melissa Mina, también integrante de Tepac, dice que la metodología de trabajo tiene como eje fundamental la vinculación con el barrio, reconociendo las múltiples problemáticas que ahí se presentan, además del potencial, junto a la consecución de soluciones.

“Trabajar barrio adentro es hacerlo por el territorio, hacer cosas significantes e incluir o visibilizar esos sectores, esos lugares que no son visibles, que son invisibilizados. Queremos aportar nuestro granito de arena para que eso suceda y dejar ese legado”, explica.

El deseo por querer ayudar no se limita únicamente a la Comuna 18, sino que en el futuro proyectan hacer parte de múltiples alianzas que les permitan expandir sus acciones por diferentes zonas de la ciudad.

En Tepac la mirada está puesta en el ahora. Centrarse en lo que pasó o preocuparse por el futuro es algo que no tiene cabida. Sus integrantes reconocen que sus proyectos están enfocados en el corto plazo, con acciones concretas para atender las necesidades que se presenten en la comuna.

No obstante, y dándose la licencia de imaginar un escenario ideal, a Keyra Melissa Mina le gustaría que la fundación pudiese tener una sede, un espacio físico donde los vecinos puedan encontrarse y hacer uso de esas instalaciones para la realización de actividades pedagógicas y culturales.

De esta forma es como un grupo de jóvenes que se encontró en las manifestaciones del paro nacional hace dos años, se hizo consciente del rol que podían jugar en su barrio, promoviendo oportunidades para el bienestar de sus vecinos. Tal y como lo afirman en Tepac, todo ha sido un triunfo en este proceso.

Con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y poder impactar a un número más grande de personas, este grupo se encuentra abierto a la recepción de donaciones. Para ello, los interesados pueden comunicarse al número 315 685 43 73 o el correo electrónico: fundaciontepac28a@gmail.com

Abril 21-2023

Por Laura Cruz 

En América Latina 60 millones de personas pasan hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Esto equivale a una población un poco más grande que Colombia. En nuestro país, un 30 por ciento de los ciudadanos enfrenta la inseguridad alimentaria, este porcentaje equivale a 15.5 millones de personas a quienes se les vulnera el derecho a la alimentación. En el Valle del Cauca, el 22 por ciento de los habitantes no tiene qué comer, esto incluye por supuesto a los habitantes de Cali, ya que según Bienestar Social, el 13, 3 por ciento de la población de la ciudad, sufre de hambre.

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. El derecho a alimentarse dignamente está contemplado como un Derecho Internacional, por lo que varios países han implementado reformas y políticas públicas para disminuir la desigualdad alimentaria, incluso entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está contemplando que para el año 2030, la población mundial tenga cero hambre.

Sin embargo, este objetivo parece hoy una utopía, puesto que la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en “niveles de crisis o peores”. En América Latina y el Caribe, son 60 millones de personas sin alimentación asegurada, entre estos niños que tienen desnutrición crónica y aguda. Según Juan Carlos Buitrago, Director ejecutivo del Banco de Alimentos de Colombia, entre el 10 y el 15 por ciento de los menores en Colombia sufren desnutrición crónica.

El Programa Mundial de Alimentos, en el segundo semestre del 2022, realizó una evaluación enfocada en la seguridad alimentaria por departamento. Ahí, el Valle del Cauca aparece con un índice de inseguridad alimentaria del 22 por ciento, es decir, uno de cada cinco hogares se encuentra en inseguridad alimentaria en el departamento.

Así mismo, la Secretaría de Bienestar Social de Cali, señaló que cerca del 13,3 % de la población caleña no tiene garantizado el derecho a la alimentación. Sumado a esto, la Secretaría de Salud, indicó que el 4,7 % de los infantes que hacen parte de la primera infancia en la ciudad tienen desnutrición global, lo que equivale a tener menos peso del que corresponde de acuerdo a su edad.

La desnutrición aguda de los niños menores de cinco años es el reflejo de la extrema pobreza en la que viven cerca de 290.000 personas en Cali siendo este un problema estructural para las familias que ganan menos de $169.871 pesos mensuales, ingreso sobre el cual, en el 2022, el DANE calificó como condiciones de pobreza extrema. Esto debido a que más del 40 por ciento de la población se dedica al trabajo informal.

Según Bienestar Social, “en el desarrollo del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria – Comedores Comunitarios Corazón Contento, entre 2020 y 2022, la Administración del alcalde Jorge Iván Ospina realizó una inversión de más de $97 mil millones de pesos para beneficiar a 89.675 personas, de las cuales 18.500 son menores de 5 años. Reconociendo como prioritaria la intervención en las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 donde según el DANE se concentra la miseria en Cali”.

Si bien no se puede negar que estas políticas lograron mitigar el hambre de algunas comunidades, no son una solución de base, puesto que la ciudad tiene una tasa de desempleo del 12, 2 por ciento, el número de personas desocupadas creció de 4 mil personas a 149 mil personas. La cifra más preocupante fue la revelada por el Dane: el 48,4% de las personas ocupadas en la ciudad de Cali y el área metropolitana tenía una actividad informal al cierre del trimestre de diciembre del 2022 a febrero del 2023. Estos indicadores muestran cómo está relacionado el derecho a la alimentación con el derecho al trabajo, dos derechos que según las cifras, no se protegieron en la administración de Ospina, puesto que más del 22 por ciento de la población caleña sufre de hambre.

La casa no se diferencia de las otras del barrio Talanga de la Comuna 21, excepto por un pequeño tablero que hay afuera que dice “ Almuerzos, Casa del Desplazado”. Antes de que se atienda a cualquier forastero que llegue a algo diferente a comer, se recibe primero a los comensales diarios, que son casi 150, unos 750 a la semana y que pagan dos mil pesos, que muchos a veces no tienen. Se preocupan, tienen impotencia y hambre.

No todos entienden que no tienen seguridad alimentaria, porque ellos llaman las cosas por su nombre, y lo que tienen es hambre. La causa quizás la desconocen, todo cuesta más caro cada día, así resumen la inflación y quizás sea la mejor forma. La guerra de Rusia y Ucrania, la han oído nombrar pero no saben que este conflicto bélico aumentó el precio de los fertilizantes por ende de la comida, lo que sí saben es que la guerra interna que ha vivido Colombia los desplazó y que ha causa de ésta, también hay poco acceso a la comida.

Lacoste, como le dicen a Edilma Gomez, abreviando La Costeña, representante Legal de la Casa del Desplazado y líder comunitaria del barrio, es una mujer bajita, sin embargo, cuando habla de dignidad luce mucho más erguida. Llegó a Cali desde el Departamento de Córdoba y Urabá, desplazada por las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC), después de que abusaron sexualmente de ella. “Yo puedo hablar de eso sin que me tiemble la voz, sin que me queden las palabras dentro, porque yo decidí no ser más víctima y construir”.

Marzo 31 – 2023 

Por Laura Cruz 

Es difícil no hablar de Nayid Bukele sin mencionar su política de seguridad en el Salvador, que ha sido interpretada por sectores defensores de derechos humanos, como la aplicación del todo vale en una “guerra”, es decir, la ley del talión (el ojo por ojo y diente por diente).

Pero lo que se ha hecho en el país centroamericano ha tenido eco fuera de sus fronteras y en sociedades en donde se viven problemas de delincuencia similares, se ha añorado que se tomen medidas parecidas. Cali es uno de esos lugares, entre otras cosas, porque el 80% de su población, la percibe como una ciudad insegura según el último reporte del observatorio Cali Cómo Vamos. En la capital del Valle, muchas personas han puesto como ejemplo lo hecho con las pandillas salvadoreñas como una solución al problema local.

Las cifras del Salvador muestran que terminó el 2022 con una tasa de homicidios de 7,8 por cada cien mil habitantes, un contraste abismal con las cifras del 2015, cuando era considerado el más violento del mundo, puesto que presentaron 6 mil 600 homicidios, esto debido según Fortín Magaña, que para esa fecha era director del Instituto de Medicina Legal (IML), a las agresiones entre pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que por más de 20 años han generado terror en los habitantes.

En este panorama entra Nayib Bukele, de 39 años de edad. Comenzó su carrera política siendo alcalde del Nuevo Cuscatlán y posteriormente fue alcalde de San Salvador. A Bukele es difícil ponerlo en alguna orilla ideológica política porque que comenzó siendo parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, en el 2019 cuando ganó las elecciones presidenciales después de presentarse como un “outsider”, lo ya estaba con el partido de la extrema derecha Gran Alianza Nacional.

Bukele, sin importarle las críticas y reclamos de varias organizaciones de derechos humanos, ha implementado políticas que para muchos son anticonstitucionales, como declarar un Estado de Excepción saltándose las otras ramas del poder. Desde el 2019, cuando fue elegido Presidente, creó una política denominada Plan de Control Territorial en contra del Crimen Organizado, que como gran símbolo tiene el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Para su apertura utilizó un plan de medios eficaz, con videos cinematográficos de pandilleros totalmente sometidos, pero más allá de la dureza de las imágenes, las condiciones de los presos son extremas: no tienen derecho a visitas y las penas no bajan de 20 años.

Human Rights Watch (HRW), en su último informe, señaló que en el centro carcelario se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de ello, el presidente tiene la aceptación más alta en su país y es uno de los más populares en redes sociales cuando se reportan noticias sobre un delito. Por esto, en Hechoencali.com hicimos una pequeña revisión de los comentarios en algunas redes sociales cuando otros medios reportan hechos delincuenciales sucedidos en Cali y encontramos cosas como: “Necesitamos que Bukele gobierne Colombia para que haya orden”, otro internauta dice: “Qué vaina no tener un revolver en este momento…es mejor tener un arma y no usarla nunca, que necesitarla y no tenerla”. Otros van más lejos y escriben: “Cuánta falta hacen los grupos de limpieza social” y “Ahora matan por todo… se volvió negocio. Bukele donde estás”.

Cabe aclarar, claro, que hay personas en Cali que aún creen que la delincuencia se derrota con políticas de impacto social. En un pequeño ejercicio que hicimos en este medio, preguntando sobre la mejor manera de enfrentar los delitos, nos encontramos con respuestas como: “A largo plazo, hacer inversión social y de infraestructura fuerte en la ciudad. Mejorar la infraestructura carcelaria” “Revisión y depuración de malos elementos dentro de la misma Policía. Contar con un eficiente sistema de justicia”. “Recuperar la confianza en las autoridades. Desarrollar programas de emprendimiento”.

Pero es cierto que la aceptación de estrategias la de El Salavador, puede estar sustentada en las distintas violencias que vive la ciudadanía a diario que, además, no ve que las autoridades locales tengan suficiente fuerza para evitar que ello escale. Los procesos a largo plazo, más centrados en el diálogo, suelen ser vistos como inefectivos frente a las acciones como las del presidente salvadoreño que tienen efectos inmediatos. No hay que olvidar que, en el Plebiscito de 2016 para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, el 50,2% de los votantes optaron por el No.

Es decir, un importante porcentaje de colombianos quiere resultados inmediatos, sin importar el costo. Eslóganes como “Mano Firme, Corazón Grande”, ofrecen dichos resultados y posibilitan ganar elecciones. La Seguridad Democrática, por ejemplo, fue mostrada como una efectiva estrategia de lucha en contra de la subversión, pero tuvo altísimos costos como las 6 mil 402 personas civiles asesinadas a manos del ejército, cuyos crímenes fueron encubiertos y presentados como bajas en combate.

Ese tipo de políticas, justificadas por el afán de proporcionar seguridad a la ciudadanía, pueden desencadenar en graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, bajo el régimen de excepción en el Salvador, muchos de los capturados no tienen derecho a la defensa, ya que si originalmente, una persona podía ser detenida por 72 horas, este plazo se amplió a 15 días.

Asimismo, actualmente, el inicio de un juicio se puede prolongar hasta por un año. Sumado a esto en el Salvador se está presentada violación del derecho a expresión por medio de una reforma a su código penal, donde prácticamente los medios no pueden publicar noticias relacionadas con declaraciones de líderes pandilleros, bajo amenaza de ser declarados cómplices de criminales.

La idea o la esperanza de que una figura como Bukele llegue al poder en Colombia o a Cali, tendría repercusiones serias. Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), estas políticas suelen tener buena aceptación por ser de un carácter populista, no obstante, a mediano y largo plazo no son sostenibles porque una buena parte de la población está en prisión y esta cuestión va generando un círculo de violencia.

De igual forma, la estrategia de Bukele y otros mandatarios similares, se sustenta en reducir todo a asuntos de orden público lo que implica olvidar que la delincuencia puede ser el resultado de múltiples factores sociales que se han acumulado por años. Eso justifica acciones que pueden estar por fuera de la ley.

En este contexto quedan varias preguntas, ¿De tener un Gobierno como el de Bukele, ¿cuál sería el costo para Cali en términos de Derechos Humanos? ¿Habría democracia o un liderazgo autoritario? ¿Qué costo están dispuestos a pagar los caleños por caminar seguros en la calle?

Marzo 17 – 2023

Por Jorge Luis Galeano Bolaños 

El próximo 28 de abril se cumplirán dos años del inicio del Paro Nacional en Colombia. Durante ese tiempo se ha conocido información relacionada con las consecuencias de la acción de la Fuerza Pública en su intento por aplacar las protestas de las personas en las calles. Organizaciones nacionales e internacionales se dieron a la tarea de recopilar, analizar y crear informes acerca de lo ocurrido y uno de ellos, fue presentado recientemente en Cali para mostrar de qué manera la población LGBTIQ, las mujeres, las mujeres afrodescendientes, indígenas, defensoras de derechos humanos, entre otras, padecieron distintas violencias por parte de la Policía Nacional.

El documento creado publicado por Amnistía Internacional se titula: Colombia, la Policía Nacional no me cuida: violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021 y “devela prácticas reiteradas y generalizadas de violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI+, a través de la documentación de 28 casos.” Estos casos documentados sucedieron en Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá.

Algunos de los testimonios recopilados, dan cuenta del peligro que corrieron las personas, especialmente mujeres, defensoras de derechos humanos, integrantes de la comunidad LGBTIQ y similares, cuando la Policía intentaba dispersar las protestas.

Además de este tipo de violencia, el informe revela que la justicia es inoperante pues en este caso y pese a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, la investigación no avanza.

En otro de los casos, el documento dice que después de ser heridas con gases lacrimógenos y además, golpeadas por agentes del ESMAD, dos mujeres fueron agredidas sexualmente y luego, amenazadas.

El acto de presentación de este informe en Cali, se hizo en la Loma de la Cruz que durante el Paro se llamó la Loma de la Dignidad porque fue un punto estratégico en el desarrollo de las protestas. Ahí estuvieron las organizaciones que participaron en su construcción y una de ellas, de carácter local, es la Manada Feminista de Derechos Humanos y justamente, conversamos con una de sus integrantes, la historiadora Caro Hung Gray, quien nos habló de su trabajo en el informe y de la importancia de que la información de lo sucedido durante las protestas, se siga conociendo.

“Nosotras hicimos una labor de acompañamiento y sistematización de casos de violencias basadas en género en los que la responsabilidad de la Policía Nacional resultó comprometida.” Añade la historiadora que por su trabajo, lograron evidenciar que tras los actos de violencia, hubo graves daños a la integridad física y mental de las personas víctimas de esos hechos y que no se cumplieron con los estándares nacionales ni los protocolos internacionales en materia de derechos humanos.

Para Caro Hung, la importancia de la participación de una organización como La Manada en el informe de Amnistía Internacional radica en “la necesidad de hacer análisis con enfoque feminista para comprender cómo la violencia opera de manera diferencial en este tipo de casos.” De igual manera, asegura que lo que se evidenció es que hubo estigmatización y criminalización de la protesta social por parte de las autoridades que, además, expresaron su rechazo a la presencia de mujeres, mujeres trans y personas no binarias a través de las distintas violencias que ejercieron sobre ellas: la sexual, la verbal, la física, la simbólica y la política.

“De una u otra manera, se buscaba el ´disciplinamiento´ de los cuerpos de quienes protestaban pacíficamente. Y de manera diferencial, la presencia de las mujeres se vio truncada porque se nos negaba la participación en el espacio público.” Finaliza la historiadora, recordando que la estrategia usada para evitar que las mujeres hicieran presencia en las calles durante las protestas, fue, sobre todo,  la violencia sexual.

Pueden leer el informe completo aquí 

Marzo 3 – 2023 

Por Jhon Gamboa

A casi dos años del estallido social provocado por el Paro Nacional en Colombia, Siloé, una de las zonas más afectadas y violentadas por la fuerza pública en Cali, le ha apostado a un ejercicio de memoria y justicia alternativa: con el nombre de Tribunal Popular en Siloé, tuvo el propósito de presentar una versión de los hechos a partir de los relatos de familiares de víctimas. El pasado 13 de febrero, luego de cerca de un año de investigaciones, dictó su sentencia, que a pesar de no tener implicaciones legales, les ha brindado a los habitantes de este sector de ladera, la oportunidad en creer en una idea de justicia más cercana a sus historias.

José Benito Garzón es docente universitario y me explica, sentados a una de las mesas del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la historia de lo que fue el Tribunal Popular en Siloé. Según él, el Tribunal nació luego de preguntarse qué destino darle al vasto acervo de información que tenían en su poder como resultado del ejercicio que habían realizado grupos de defensores y activistas de los derechos humanos en múltiples puntos de la ciudad durante 2021. “En el mes de octubre decíamos: ¿qué hacemos con toda esta información? Y sobre todo con la de Siloé, que era la más cualificada”, me cuenta José.

Hubo varias propuestas. Se habló de un informe, también de una página web con la que se pudiera interactuar, pero no tardaron en desestimarse ambas. Ninguna de las dos los convencía, y no estaban seguros de que esa fuera la manera más idónea de generar conexión con la comunidad del barrio. Entonces a alguien se le ocurrió una idea para conjurar el fantasma de la impunidad que se cernía sobre los múltiples casos de violencia y asesinato de jóvenes manifestantes en Siloé. Habló de iniciar un proceso de justicia alternativa. Estuvieron de acuerdo.

Algunas personas ya tenían experiencia en el Tribunal Permanente de los Pueblos, una plataforma nacida en 1979 en Bolonia, Italia, que siguió la estela del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, y cuyo propósito es la promoción y defensa de los derechos humanos y la denuncia de faltas al derecho internacional humanitario. Sin embargo, en esta ocasión decidieron llamarlo “Tribunal Popular”, ya que su deseo era que desde un principio este órgano estuviera volcado hacia la comunidad. “Que no fuese la forma sino el propósito: recuperar confianza, construir tejido social”, dice José.

A la hora de pensar en quienes integrarían el Tribunal, recurrieron a la teoría de los seis grados de separación. Dicha teoría, acuñada por primera vez en 1930 y recogida por la sociología, está basada en un razonamiento cuantitativo, y postula que todas las personas en el planeta están conectadas a seis grados de separación. Es casi una visión piramidal de contactos, en el que uno te puede llevar a otro, y así sucesivamente, hasta dar con personas que en principio parecerían imposibles de contactar, por ubicarse en lo alto de la esfera social, como actores famosos o grandes personalidades de la política internacional. Así pues, con la idea de que alguien conoce a alguien, y ese alguien a alguien más, empezó el proceso de búsqueda de los que serían los y las magistradas del Tribunal Popular de Siloé.

Se utilizaron redes sociales propias, hubo interrelación y, poco a poco, empezaron a llegar las personas, entre ellos académicas, activistas, abogados. El número, en su momento, fue mucho mayor al que quedó al final, pues otras circunstancias empezaron a jugar en contra. Algunas personas querían estar, pero no contaban con tiempo. Otras tenían tiempo, pero no podían estar siempre. “Incluso algunos de ellos, como Boaventura, lo manifestaron: yo quiero estar pero no tengo todo el tiempo. Yo puedo aportar en esto y esto”, añade José.

Además de Boaventura de Sousa Santos, el eminente sociólogo portugués, el Tribunal estuvo compuesto entre otros por la filósofa cubana Johanka León del Río, la política de izquierda alemana Heike Hänsel, el abogado y dirigente social argentino Juan Grabois —a quien, en medio del Paro Nacional, se le impidió el ingreso al país—, al sociólogo argentino Daniel Feierstein y la investigadora y activista de derechos humanos Jo-Marie Burt.

Lo que vendría, en adelante, sería condensado en tres momentos puntuales del Tribunal. Las audiencias de instalación, la de acusación y la de sentencia. Era fines de 2021 y el camino apenas empezaba.

Para hacer parte del Tribunal era necesario contar con una conciencia ética que hubiera sido puesta al servicio de organizaciones o entidades, y una especial sensibilidad por la defensa de los derechos humanos, dos características que aseguraran que la posterior relación que se estableciera con los familiares de las víctimas en Siloé estuviera siempre marcada por el respeto a sus historias de vida. El Tribunal era consciente de que, con su labor, no quería revictimizar ni hacer ninguna acción con daño sobre cada una de las personas que se acercaran a brindar su testimonio.

Abelardo Aranda fue una de ellas. Él es el papá de Maicol Andrés Aranda Pérez, un joven de 24 años que fue asesinado durante las protestas del 28 de mayo en Siloé. Abelardo me cuenta que, además de su trabajo de investigación sobre lo ocurrido en el barrio durante el Paro, el Tribunal también les ha brindado un acompañamiento integral. “Nos han reunido, nos han hablado sobre los derechos humanos, sobre lo principal, que es el derecho a la vida… Ellos siempre han estado con nosotros ahí, nos han apoyado. Lo que no ha hecho el Estado colombiano”.

Por cuestiones de seguridad, muchos de estos testimonios se dieron de forma privada. Se trató del mismo ejercicio que hicimos muchas y muchos reporteros durante esa época, ahora sin la premura, la incertidumbre y la paranoia que imponía la amenaza constante de un nuevo enfrentamiento. Esta distancia les permitió a los y las magistradas adentrarse en el contexto del barrio, la historia de su conformación y las razones por las que desde sus inicios Siloé fue un barrio conocido bajo el rótulo de “peligroso”. Razones que, según su fallo, contribuyeron al desmedido asedio por parte de la fuerza pública durante los días del Paro Nacional.

Otra de las consecuencias derivadas del miedo generalizado durante el paro tuvo que ver con el subregistro que quedó de muchos casos. Pese a que la prensa mundial se volcó, durante esos días, sobre Siloé, la crudeza de algunos de los episodios de violencia y la brutalidad de las historias relegaron a las sombras a otras víctimas, quienes no figuraron más que como una cifra, en el mejor de los casos. Para ellas, el Tribunal fue una ocasión para salir a contar lo que les había ocurrido.

El total de eventos trágicos que contabilizó el Tribunal, dentro de lo que calificó como un “genocidio continuado”, fue de 16 asesinatos, 6 víctimas de tentativa de desaparición y/o desaparición forzada, 74 víctimas de tortura, 48 heridos con armas de fuego, 73 personas detenidas arbitrariamente y 94 víctimas de amenazas. Lo anterior sucedió en los 46 días en que el Tribunal se centró, y que fueron desde el 28 de abril hasta el 12 de junio de 2021. Más de tres casos por día.

A pesar de esto, la presencia del Tribunal en Siloé representó mucho más que la visibilización de los casos de violencia en el Paro. Fue, también, la oportunidad de recibir y brindar apoyo, incluso entre los mismos familiares de víctimas. Para Steven Ospina, líder social que jugó parte activa en las manifestaciones de Siloé, este fue un espacio que les sirvió para verse a través de otras personas que habían atravesado por lo mismo. “Donde se dan cuenta de que no es un castigo del destino o de la vida el hecho de que hayan perdido a un familiar, sino que fue un asesinato sistemático del Estado en el marco de una protesta”, me explica, y agrega que ese encuentro les permitió a las familias caminar de la mano a lo largo de su duelo, su dolor, y les devolvió la esperanza. En eso concuerda Abelardo, pues me dice que es importante para él saber que cuenta con alguien. “Que alguien lo acompaña a uno. Es que es muy duro… Hay familias que era su único hijo, y lo han perdido…”. Según él, en cada ocasión en la que se encuentran, se abrazan, lloran y ríen juntos, y siente vigente la esperanza de que se haga justicia con sus casos.

La sentencia del Tribunal Popular de Siloé se leyó el 20 de febrero, en las instalaciones del Colegio Eustaquio Palacios, a pocos metros de la glorieta donde ocurrió la mayoría de los casos fatales. En la sentencia se indica que esta “se profiere acudiendo a la ética ciudadana, la que nos compromete a la búsqueda de la verdad, la exigencia de justicia y reparación integral con garantías de no repetición, para que Nunca Más ninguna otra persona en ningún lugar del planeta sea sometida a aberraciones indignantes tras la acción u omisión de los Estados”. El documento dedica una primera parte a ahondar en la historia de la comuna 20, las olas de desplazados y los asentamientos que se fueron concentrando y dando nombre a algunos de los barrios del sector, y cómo desde entonces sufrieron sistemáticamente la violencia y la represión, además de la estigmatización por su carácter altivo y la presencia de grupos irregulares como el ELN y bandas criminales. Con respecto al Paro Nacional del 2021, el Tribunal consideró los delitos de “ejecución extrajudicial”, “tentativa de ejecución extrajudicial, incluso de feminicidio”, “genocidio continuado” e “intento de destrucción parcial del grupo nacional colombiano”.

En cuanto a responsabilidades, el Tribunal optó por dos ámbitos, uno nacional y otro regional. En el primero, se endilgó responsabilidad al expresidente Iván Duque, al exministro de Defensa Diego Molano, al Fiscal General Francisco Barbosa, al general (r) Eduardo Zapateiro y al brigadier general (r) Hoover Alfredo Penilla Romero, subdirector de la Policía Nacional. En el segundo, a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara luz Roldán Gonzáles; al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; al brigadier general Juan Carlos Rodríguez, comandante Policía Metropolitana de Cali; al brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana de Cali —quien en su momento reemplazó al brigadier general Rodríguez—; al Coronel Edgar Vega Gómez, comandante Operativo Policía Metropolitana de Cali; y al Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía de Cali.

Cabe recalcar que, en todo caso, dicha sentencia no tiene carácter vinculante, por lo que lo que en esta se dictaminó no obliga a los declarados culpables a comparecer ante la justicia. Frente a esto, Steven opina que “esto es un ejercicio simbólico, de memoria y también de dignidad, porque nosotros entendemos que la justicia normal es una máquina de impunidad. Y que por esa vía de justicia no va a pasar nada, por más que hayan imputado a policías”. Para él, en últimas, el Tribunal es un ejercicio de memoria, de acompañamiento y sanación para las familias, y la posibilidad de que se visibilice las vidas de quienes fallecieron en el estallido social.

José me dice que el proceso que se inició con el Tribunal es un ejercicio a largo plazo, pero reconoce que existe la posibilidad de que, mediante este, muchos familiares de víctimas no logren obtener el nivel de satisfacción que esperan, ni que sus casos lleguen a resolverse pronto. Menciona, como ejemplo, el caso de Johny Silva, estudiante de la Universidad del Valle que murió asesinado luego de una incursión a la Universidad por parte de integrantes del ESMAD en 2005, cuyo caso todavía se mantiene en la impunidad. Pero agrega que tienen esperanza: “La idea es seguir presionando. Sobre todo con la CIDH, porque con la coyuntura el presidente estuvo reunido con la CIDH y se comprometió a asumir las recomendaciones”.

A propósito de dichas recomendaciones, el pasado 23 de enero la CIDH publicó su Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones, luego de su visita al país en 2021. Según su metodología, clasificó el estado de adecuación de políticas públicas y reforma en tres estados: parcial, en la que el Estado “ha adoptado algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de medidas adicionales sigue siendo necesaria”; parcial sustancial, cuando el Estado “ha adoptado medidas relevantes para su cumplimiento y ha aportado pruebas de dichas medidas, pero frente a la cual la CIDH considera que las medidas para su cumplimiento aún no han concluido”; y total, cuando el Estado “ha iniciado y concluido satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento”.

El informe de la CIDH evaluó un total de 28 de las 41 recomendaciones tras su visita. De estas 28, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 están parcialmente cumplidas y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustancial. De aquellas que se enmarcan en la defensa de los derechos humanos en el marco de una protesta social como la que se vivió en el Paro Nacional del 2021, siete están pendientes de cumplimiento, lo que todavía deja al país muy lejos de lo que se espera en materia de defensa y garantías para las personas durante las protestas.

Sin embargo, Steven Ospina cree que está situación está cerca de cambiar, ahora que ha llegado a la presidencia Gustavo Petro, y que el fallo del Tribunal será bien recibido por parte del ejecutivo. “Yo creo que el fallo respalda la posición del señor presidente, que dice que la Policía y su doctrina está hecha para la muerte de los pobres. Para la muerte de los que se manifestaban”, pero aclara que más que esperar algo del gobierno –independiente de las políticas que se instauren con este gobierno—, lo que el Tribunal ha logrado es darle herramientas para afianzar y legitimar la importancia de la memoria en Siloé. “Con el fallo, particularmente, queda claro en la historia quiénes fueron. No es simplemente un chisme, sino que tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos testimonios, tenemos todo para mostrar que fueron ellos, así la justicia nunca lo haga visible”.

La memoria, entonces, el legado conjunto de aquellas personas que perdieron la vida durante las protestas y la lucha diaria por reivindicar sus historias, ahora por cuenta de sus familiares. Abelardo sabe que, con la publicación del fallo, quizá cambie la perspectiva del Tribunal, pero ellos seguirán en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para todas las familias involucradas. “Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir en la juntanza porque esto no acaba aquí, esto es algo simbólico. Queremos que el gobierno actual nos escuche, que nos oiga, que estamos aquí, que también vivimos lo del Paro, y fue fuerte para nosotros”, cuenta, y me explica que la memoria también se trabaja:

“La memoria también se trabaja. El primer sábado de cada mes, estamos haciendo un acto de memoria en nombre de esos 16 muchachos que fueron asesinados en la glorieta de Siloé. El primer sábado de cada mes, a las 4:00 p.m. nos reunimos en la glorieta de Siloé, para hacer un acto de memoria en nombre de todas esas personas que cayeron ahí. Los hemos estado haciendo desde hace ya cuatro meses, y lo queremos seguir haciendo hasta que la memoria se haga costumbre.”

La lectura del fallo: 

Febrero 24 – 2023 

Por Jorge Luis Galeano  

El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y las organizaciones que lucharon por ello en todo el país, lo interpretaron como un triunfo, pues el tema ya empieza a ser tratado como un asunto de salud pública.

Para entender mejor los alcances y las implicaciones de la sentencia, conversamos con la organización que aglutinó a otras y que abanderó esa lucha. Nos referimos a Causa Justa.

Al cumplirse un año de dicho fallo, se organizaron plantones y celebraciones en varias ciudades para recordar la importancia de la Sentencia de la alta Corte porque no solo significa la posibilidad de interrumpir el embarazo voluntariamente, sino que se debe destacar “su carácter histórico porque, entre otras cosas, nos permite estar más cerca de la ciudadanía plena de las mujeres” dice Juliana Martínez Londoño, politóloga, Magister en Género y Diversidad, Doctora en Ciencias Humanas y Sociales y secretaria técnica del Movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de aborto.

La politóloga añade que esta decisión ha sido la más importante en los últimos 50 años y que además, ha permitido empezar a ver el aborto no como un delito sino como un “asunto de salud pública del que muchas veces, depende la vida de muchas mujeres.”

Un año después de la sentencia, la C-055, el Movimiento Causa Justa ha observado que las mujeres acceden al servicio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- de manera temprana, es decir, que no son gestaciones de 24 semanas, sino que pueden realizarse el procedimiento cuando han decidido hacerlo, sobre todo, en lugares en donde no les ponen barreras para ello.

Uno de los retos que sigue después del fallo judicial, es la implementación del mismo para que no se presenten barreras que impidan acceder al servicio de manera normal, ello incluye, la capacitación del personal médico y las instituciones. Además, Juliana Martínez dice que el otro asunto por el que se debe seguir trabajando es el de la despenalización social, porque “avanzamos en la despenalización de la conducta dentro del código penal, pero quedaron efectos sobre la manera en que la gente entiende esto y cómo se relaciona con las mujeres, las mujeres trans o personas no binarias que deciden interrumpir sus embarazos, así como en los prestadores del servicio de salud, que a veces reciben ataques por prestar este servicio.”

Cabe destacar que, si bien la decisión judicial despenaliza el aborto, su alcance involucra el ejercicio de otros derechos humanos por parte de las personas que deciden interrumpir el embarazo voluntariamente. En este caso, se habla de, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, siendo la IVE uno de ellos  “y que estos derechos tienen gran trascendencia en la vida de las mujeres por lo que implica la reproducción para sus vidas y todas las decisiones que involucren sus cuerpos” dice Martínez. Pero, además, la sentencia también pone a la IVE en relación al derecho a la Salud que hoy en Colombia es uno Fundamental.

De igual forma, afirma Juliana Martínez que “uno puede pensar en un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres porque, por ejemplo, las barreras que se presentan cuando se solicita una IVE atentan contra los derechos humanos y por eso esta decisión judicial conecta derechos como: una vida libre de violencias y el derecho a la no discriminación.”

La secretaria del Movimiento Causa Justa habla de que se siguen presentando hechos de violencias y discriminación, sobre todo, para las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente sus embarazos que se encuentran en zonas rurales, aquellas que han sufrido violencia sexual, las niñas y las mujeres migrantes a quienes se les niega el servicio, pero además, con xenofobia.

Uno de los aspectos que a veces se convierte en una barrera de acceso a la IVE es el uso de la objeción de conciencia que es el derecho que la Constitución describe así: “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” y Juliana Martínez reafirma que este es derecho que debe ser respetado, pero que para el caso del aborto, no puede convertirse en excusa para que quien decide interrumpir su embarazo, vea afectado su propio derecho. Aquí, entonces, cómo opera la objeción de conciencia:

El gran objetivo de Causa Justa es la despenalización total del aborto y hacia el futuro han identificado los retos en 3 escenarios: el primero es la implementación de la Sentencia, la defensa legal y política del fallo para evitar que haya retrocesos o diseminación de información falsa y la eliminación del estigma social a través de la creación de espacios para hablar de que el aborto no es un delito y sea posible tener una conversación transparente, tranquila e informada.

Para más información puede visitar 

•  causajustaporelaborto.org 

•   profamilia.org 

•   orientame.org