Noviembre 29 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Después del acto de bellaquería que protagonizó contra los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército nacional el insustancial Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli leyó uno a uno los nombres de los 1934 muchachos “fusilados” por agentes estatales, casos que se conocen como los “falsos positivos”.  “La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral”, señaló el jurista y cabeza visible de ese Tribunal de Paz. Una vez terminen las investigaciones, ese tribunal de justicia transicional entregará el resto de las identidades, hasta completar las 6402. 

Huelga recordar que el señalado congresista recogió y botó a la basura las botas que representaban a los muchachos asesinados por el Ejército, a los que se las pusieron al revés. Además, Polo Polo exigió que a las adoloridas madres presentes en el Congreso y a los senadores y representantes que repudiaron su agraviante acto que le mostraran la lista de los jóvenes asesinados, identificados cada uno con su número de cédula. Hoy 28 de noviembre, más de ocho días después, la JEP le entregó la lista al país y de manera indirecta al insignificante e ignaro político uribista. 

El calificativo de inmoral que usa Ramelli debe extenderse y aplicarse para nombrar a quienes insisten a asumir posturas negacionistas para desconocer la desviación misional que sufrió el Ejército nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los impúdicos resultados obtenidos: 6402 civiles asesinados de manera cobarde, ilegal y cruel.

Junto a ese homúnculo que ostenta la credencial de congresista, la ladina senadora María Fernanda Cabal se viene mofando también de las madres de Soacha y de otras cuyos hijos fueron ultimados por militares que, cumpliendo directrices emanadas de la política de defensa y seguridad democrática (2002-2010), los vistieron de guerrilleros, asesinaron y presentaron como “bajas en combate”. Durante esos ocho años de aplicación de la temida política de Seguridad Democrática la perfidia se convirtió en un valor castrense, defendido desde las huestes del uribismo.

El acto de desagravio organizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) es, en sí mismo, un episodio y un ejercicio de memoria histórica con el que se prueba la veracidad de los hechos criminales perpetrados por “héroes de la Patria” y se consolida la narrativa que indica que dentro de la derecha uribizada existen agentes políticos inmorales y crueles que, además de exhibir sin pudor alguno sus estultas actitudes negacionistas, se exponen como fieles seguidores de esa visión weberiana del Estado en la que se defiende a dentelladas la violencia legítima del Estado. La JEP de manera directa le envía al congresista Polo Polo este mensaje: ahí está su hijueputa lista de los falsos positivos.

Cabal y Polo Polo son negacionistas de los falsos positivos y de otras prácticas violatorias de los derechos humanos. Sus inmorales posturas las asumen porque están amparados, quizás sin saberlo, en aquella doctrina de Max Weber que esgrime que la violencia del Estado siempre devendrá legítima. Ya lo había hecho en su momento Paloma Valencia, otra agente del uribismo que cree a pie juntillas en que el Estado es la única estructura de poder que puede y debe violentarnos. Esto dijo a la revista Semana a propósito de los informes entregados por la Comisión de la Verdad: “En su narrativa, la Comisión de la Verdad equipara al Estado con los paramilitares y la guerrilla. Me parecen monstruosos los paramilitares y la guerrilla. El Estado, con total legitimidad, entregó la vida de muchísimos hombres y mujeres, por el bienestar de todos (…). Claro que el Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares. Grupos ilegales jamás contaron con la legitimidad del Estado y sus fuerzas”.

Estos tres agentes weberianos representan con honores a la derecha colombiana que defiende la inexistente legitimidad del Estado y por ese camino, las acciones ilegales de miembros de las fuerzas armadas que, a pesar del proceso de paz de La Habana, aún siguen plegados a la doctrina del enemigo interno, la misma que siguen extendiendo a todo lo que huela a progresismo y a izquierda.

Adenda: no sería raro que el hombrecillo del Polo Polo exija a la JEP los informes de balística y las fotografías de cada uno de los asesinados, con los orificios de entrada y de salida. De este tipo se puede esperar eso y mucho más. 

Noviembre 28 – 2024

Este texto fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Daisy Yael Castañeda

En este mes dedicado a la no violencia contra la mujer, el desafío trasciende las fronteras de lo evidente y entra en una esfera más profunda: cuestionar las estructuras de poder que sostienen la violencia de género y explorar un nuevo modelo de justicia que, además de castigar, busque reparar y transformar. Este modelo debe ser capaz de eliminar prácticas que, lejos de proteger, terminan actuando como herramientas de omisión y revictimización, distorsionando los principios de equidad y respeto para ejercer poder sobre quienes buscan justicia. Esto nos invita a explorar un modelo de justicia que, más allá de la simple sanción punitiva, busque también la reparación y transformación de las relaciones sociales y de poder que perpetúan esta violencia. En este contexto, la justicia terapéutica emerge como una alternativa para enfrentar no solo a los perpetradores de violencia, sino también a las instituciones que, de manera consciente o no, reproducen prácticas revictimizantes que afectan gravemente a las mujeres.

Este abuso de autoridad y manipulación de principios como la equidad y el respeto constituyen una forma de violencia institucional: un tipo de agresión que transforma a las mujeres en objetos de trámite, cifras en expedientes o casos burocráticos que deben ajustarse a formalidades arbitrarias. En lugar de proporcionar un entorno seguro y empático, muchas instituciones judiciales y de protección terminan distorsionando sus propias funciones, convirtiendo procedimientos y políticas en obstáculos y opresiones. La violencia institucional no solo agrede a las mujeres en su dignidad, sino que las coloca en situaciones donde la búsqueda de justicia se convierte en una prolongación de su sufrimiento, enfrentándolas a la omisión y a un tratamiento insensible en el sistema.

Es aquí donde la justicia terapéutica presenta un cambio de paradigma. Este modelo, propuesto por el profesor David Wexler en 1996, observa los efectos de las prácticas legales no solo desde un enfoque punitivo, sino también desde una perspectiva terapéutica. Esto implica considerar cómo los procedimientos judiciales afectan el bienestar emocional, psicológico y social de las personas que los atraviesan, especialmente de las víctimas de violencia de género. En lugar de ser un sistema que revictimiza y genera barreras, la justicia terapéutica aboga por un enfoque sensible y reparador que priorice el apoyo emocional y social a las víctimas, lo cual es fundamental en un contexto de violencia contra la mujer.

La justicia terapéutica aboga por que los sistemas legales y las instituciones adopten una postura de apoyo y recuperación, permitiendo a las mujeres afectadas por la violencia encontrar un espacio seguro dentro del sistema judicial. Este modelo de justicia propone integrar conocimientos de psicología, trabajo social y criminología, fomentando prácticas que miren más allá de los hechos criminales y busquen abordar también los efectos traumáticos en la vida de las víctimas. Al hacerlo, se transforma la justicia en un medio de sanación y no solo de retribución. Esto es esencial en contextos donde el sistema tradicional muchas veces ignora el impacto emocional de sus prácticas, como la burocratización o los enfrentamientos directos entre las partes, y donde la mujer acaba siendo sometida a una nueva forma de abuso. (Rama judicial, concejo superior de la judicatura, 2024).

Aplicar la justicia terapéutica en contextos de violencia de género e institucional requiere un cambio de mentalidad y paradigma en todos los actores del sistema judicial, desde jueces hasta abogados, trabajadores sociales y en general equipos interdisciplinarios. Este cambio implica reconocer que la violencia contra la mujer no se limita a las acciones individuales de un agresor, sino que también se ve exacerbada cuando las instituciones no cumplen su rol protector y actúan como omisores ante la atención oportuna de las violencias. Un sistema de justicia que siga prolongando el dolor de las víctimas con procesos inhumanos, actitudes frías y una burocracia sin empatía no es un sistema verdaderamente justo. La justicia plena solo puede lograrse si el sistema deja de ser encubridor y comienza a reconocer su responsabilidad en la perpetuación de estas dinámicas. (espectador, 2024).

Integrar la justicia terapéutica en la lucha contra la violencia institucional significa replantear y eliminar actitudes y prácticas dentro de las instituciones que, lejos de proteger, intensifican y perpetúan el sufrimiento de las víctimas. En este sentido, es necesario que el sistema se transforme en un espacio de acogida, donde las mujeres se sientan seguras y respetadas, y donde sus experiencias y emociones sean consideradas en la búsqueda de soluciones y protección. Esta visión humanizadora de la justicia no solo contribuye a la protección de las mujeres, sino que también promueve una sociedad más equitativa, en la que las instituciones cumplen su función con empatía y respeto. (Wexler, Fariña Rivera, Morales Quintero, & Colin Soto, 2014).

Este mes de la no violencia de género recordamos que la igualdad de género no es solo un ideal abstracto, sino una realidad tangible construida a partir de cambios en la justicia y en las relaciones de poder. Integrar este paradigma terapéutico en casos de violencia de género contribuiría a que las instituciones no se conviertan en coautores de la violencia, sino en entidades protectoras activas de la paz y el bienestar de las mujeres. La justicia terapéutica tiene el potencial de transformar el tratamiento de estos casos, al considerar el impacto psicológico y social de cada intervención, y al ofrecer un enfoque que da prioridad a la sanación, la prevención y el apoyo efectivo a las víctimas. (Montoya, 2003).

Lograr una verdadera igualdad implica que la justicia no solo castigue a los culpables, sino que también actúe como un agente de sanación y transformación, respetando y protegiendo a quienes buscan ayuda. La igualdad de género debe reflejarse en la práctica cotidiana y en un sistema de justicia que, en lugar de ser un obstáculo, sea un aliado en la lucha contra la violencia de género.

Que noviembre el mes de la no violencia contra la mujer nos inspire a vivir una igualdad real, a hacer de la justicia terapéutica un pilar en nuestras instituciones y a crear una sociedad donde el respeto y la empatía sean la norma y no la excepción.

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Espectador, E. (22 de Febrero de 2024). El juez de Yopal que condenó al Estado por la omisión de un feminicidio. El juez de Yopal que condeno al Estado por la omisión de un feminicidio.

Montoya, A. L. (2003). Relación de poder en la sociedad patriarcal. Revista espiga , 75-90.

Rama judicial, concejo superior de la judicatura. (28 de octubre de 2024). Rama judicial. Obtenido de Rama judicial: https://lms-ejrlb.ramajudicial.gov.co   

Wexler, D., Fariña Rivera, F., Morales Quintero, L., & Colin Soto, S. (2014). Justicia terapéutica experiencias y aplicaciones. Segundo Congreso iberoamericano de justicia terapéutica, (pág. 224). Puebla México.

Noviembre 16 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

El grotesco acto público del congresista Miguel Polo Polo con el que se burló del dolor de las víctimas de los crímenes de Estado (falsos positivos), la designación descomedida de exjefes paramilitares como gestores de Paz por parte del presidente Petro y el fallo absolutorio de primera instancia a favor de Santiago Uribe Vélez, procesado por la conformación del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles de Yarumal (Antioquia), ofrecen pistas muy claras de las dificultades o talanqueras culturales que como sociedad y Estado afrontamos para pasar las dolorosas páginas que escribieron con sangre los actores armados, legales e ilegales, y poderosos agentes económicos de la sociedad civil, durante más de 50 años de conflicto armado interno.

Esas barreras culturales están soportadas en por lo menos cuatro factores: el primero, la debilidad del aparato de justicia, permeado por la corrupción de jueces y magistrados (el Cartel de la Toga, por ejemplo), a lo que se suman las presiones de las que son objeto los operadores judiciales al momento de fallar en derecho. Bajo esas circunstancias, terminamos como sociedad viendo a jueces y magistrados que temen a poderosos bandidos de cuello blanco porque están parapetados en fueros y dignidades cargadas de ilegitimidad y en relaciones familiares que terminan por debilitar la majestad de la justicia y las de otras instituciones estatales. La carrera judicial en el país está permeada por enrarecidos intereses de clase, recomendaciones y favores que en algún momento deberán ser pagados con fallos absolutorios o condenas amañadas.

El segundo, la ideologización del dolor de las víctimas y las responsabilidades de los victimarios que le sirve a específicos agentes del establecimiento colombiano y a otros de reciente aparición pública para deslegitimar la operación de los dos modelos de justicia que hoy operan en Colombia y repudiar a las familias que reclaman justicia punitiva, o por lo menos verdad, reparación y no repetición en el marco de una justicia restaurativa. Al convertir los padecimientos de hombres y mujeres violentados por paramilitares, militares, empresarios del campo y guerrilleros en un asunto ideológico, las víctimas pasan rápidamente a ser objetivo militar, político, judicial y de burla por aquellos agentes de la derecha que siguen instalados en la doctrina extendida del enemigo interno.

Un tercer elemento tiene que ver con la construcción de la verdad y la memoria histórica. Al tratar de edificar una versión oficial, plausible y verosímil de lo acontecido durante 50 años de guerra interna, los dos anteriores factores se juntan para impedir su aceptación, lo que imposibilita las acciones de perdón, arrepentimiento y la aceptación universal de esa verdad. De esa manera, esas y otras vicisitudes por las que pasan los procesos sociales, políticos y jurídicos pensados para construir verdad y memoria histórica terminan por evitar reconciliarnos. Y un cuarto factor tiene que ver con la consolidación de una fuerte animadversión hacia todo lo que huela a paz. Hablar de paz en Colombia es sinónimo de impunidad y debilidad estatal, lo que despierta las más airadas reacciones de aquellos sectores sociales que insisten naturalizar la ya histórica división moral entre buenos y malos, estadio de fraccionamiento que se profundizó desde el 7 de agosto de 2022 y que, por lo visto, se tornará perenne.

Mientras estos cuatro factores sigan instalados en las prácticas institucionales privadas y estatales, así como en las representaciones sociales de millones de colombianos, la construcción de una paz estable y duradera no solo seguirá siendo una quimera, sino el más fuerte obstáculo para minimizar los riesgos de vivir juntos en una democracia imperfecta, en una sociedad moralmente confundida y en un Estado que viene operando bajo criterios corporativos, en contravía de los derechos del colectivo.

El congresista Polo Polo dejó ver su estolidez en todo su esplendor. A él, gracias por dejarse ver como hijo legítimo de la Colombia premoderna, ignorante y empobrecida culturalmente que no nos deja avanzar hacia estadios civilizatorios superiores; designar a los paramilitares como gestores de Paz sin que hayan aportado verdad, justicia, reparación y no repetición constituye un acto desproporcionado de parte del presidente de la República. En particular, en el caso de Hernán Giraldo, alias Taladro, un depredador sexual que violó niñas y adolescentes mucho antes de que apareciera la canción +57 en la que se alude al frecuente deseo sexual de cientos de machos hacia las niñas de 14 años. En cuanto al fallo absolutorio proferido por el juez Jaime Herrera Niño, las dudas jurídicas y de otra índole le hacen mucho daño a la imagen de la justicia colombiana. Su fallo niega lo investigado por la JEP y otros agentes que dedicaron años a develar quiénes están detrás de los 12 Apóstoles. Lo cierto es que todos los grupos paramilitares, incluido el de Yarumal, asumieron la violación de los derechos humanos como un apostolado socialmente aceptado y admirado.