Abril 4 – 2025

Por Laura Cruz

En el Centro de Memoria Histórica de Bogotá se reunieron en rueda de prensa, más de 30 colectivas de todo el país, sobrevivientes y familiares de personas victimizadas en el Paro Nacional que este año tiene su cuarta conmemoración. Su clamor sigue siendo el mismo: justicia y verdad para las personas que fueron asesinadas por el estado en un ataque sistemático y de represión a las protestas durante el Gobierno de Iván Duque. 

En la rueda de prensa, los representantes de las víctimas desbordaron la mesa con telas pintadas con los rostros de sus familiares y mensajes que reclaman justicia, verdad y acción.  Señalaron que hay un subregistro alarmante de víctimas y que de estas acciones también son responsables: Diego Molano Aponte,  exministro de Defensa y Eduardo Enrique Zapateiro, Excomandante del Ejército Nacional. Según las colectivas “ellos ordenaron, de 2019 a 2021, sendos y horrendos crímenes que se tradujeron en asesinatos, intentos de asesinato, detenciones arbitrarias y tratos crules a toda colombia”. 

Se destacó la existencia de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, cuyo  principal propósito de exigirle que cumpla con su palabra, ya que el 10 de mayo del 2024 en el Coliseo del Pueblo de Cali, el presidente le ordenó al Ministerio del Interior crear la Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de represión estatal que se presentaron durante el año 2021.

Se cumplen cuatro año del Estallido Social del 2021 y aunque el informe final de INDEPAZ señala que ese año ocurrieron 79 asesinatos en el marco de las protestas, las colectivas claman por la cifra de 169 víctimas; también lo hacen por un centenar de personas con heridas que dejaron secuelas como las lesiones oculares. De igual manera, reclaman justicia por los jóvenes que permanecen detenidos y “también por el número importante de personas dadas por desaparecidas que siguen clamando que la Justicia actúe para que la sociedad conozca los motivos de las agresiones.  Los sueños y búsquedas de las personas victimizadas, al igual que los responsables de dichos crímenes, los que nunca debieron ocurrir” aseguraron durante la rueda de prensa.

Los representantes de las diferentes colectivas también se reunieron con representantes de la Comunidad Internacional y  llegaron a varios compromisos, entre ellos, hacer escuelas políticas a nivel nacional. Luego en la plaza Bolívar durante la jornada de incidencia, cantaron y arengaron en compañía de la batucada.  

A la Casa de Nariño llegaron tres representantes de las colectivas quienes radicaron en la Secretaría de la Presidencia la carta en cuya referencia dice: “Solicitud de cumplimiento de compromiso con la creación de una Comisión de la Verdad sobre la represión estatal en el Paro Nacional 2019-2021 en Colombia”.  Declarando que:  “más que una expectativa ciega, es una acción de dignidad y presión política. La promesa de una “Comisión de la Verdad del Estallido Social” debe cumplirse. Las víctimas del estallido (más de 170 solo en 2021) no pueden quedar olvidadas, ni sus muertes archivadas”. 

David Medina, tío de Dilan Mauricio Cruz Medina, quien fue asesinado el 23 de noviembre del 2019 por un uniformado del Esmad, señaló que “Dilan era un joven de 18 años, hijo de Bogotá, un joven soñador que salió a las calles pensando en un mejor futuro y encontró la muerte a manos del Estado que debía protegerlo”.  También dijo que después de cinco años, el caso no ha tenido ningún avance, puesto que han habido diferentes dilaciones, por ejemplo, el cambio de los fiscales y que lo único que considera un avance significativo, es la llegada de una nueva fiscal en la Comisión de Derechos Humanos de la Fiscalía, quien abrió la expectativa de que esta vez sí se tengan en cuenta pruebas clave, como el peritaje de Forest Investigation.

“No hay justicia aún. No basta con conocer el nombre y el número de placa del uniformado que disparó. Exigimos que se procese no solo al autor material, Manuel Cubillos, sino también a toda la cadena de mando que permitió y ordenó el uso desmedido de la fuerza. Señalamos directamente al entonces alcalde Enrique Peñalosa, al secretario de Gobierno de la época y al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.”

Sandra Arazo Reyes, en representación del Tribunal Popular en Siloé, explicó que el Tribunal ha sido uno de los impulsores de la iniciativa, junto con Mevico y otras organizaciones de víctimas. Aunque la sentencia del Tribunal no es vinculante, ha servido como herramienta para fortalecer la exigencia de verdad y justicia, recordando además que el presidente Petro se comprometió públicamente en el Coliseo del Pueblo durante su campaña. Respecto al papel de la nueva fiscal en el caso, señaló que aún deben esperar respuestas, pero advirtió que los procesos en la Fiscalía han sido intencionalmente lentos y dilatados, contrastando con la falta total de debido proceso que sufrieron las víctimas durante el estallido social.

En representación de Memoria Viva Colombia estuvo Sandra Moreno, madre de Santiago Moreno Moreno —joven asesinado el 1° de mayo de 2021 en Cali, quien señaló el dolor emocional que siguen viviendo al cumplirse cuatro años del crimen y anticipó el difícil momento de enfrentar las exhumaciones, un proceso que consideran aún más doloroso que el primer entierro.

Sobre el avance judicial en el caso de su hijo, lamentó que no haya habido ningún progreso, ni para Santiago ni para otros asesinados por el Estado. Denunció las burlas y dilaciones en las audiencias, donde incluso funcionarios alegan excusas absurdas como no saber abrir un PDF.

Frente a la carta que entregaron al presidente Petro, expresó que esperan que cumpla su promesa de crear una Comisión de la Verdad para las víctimas del estallido social, y que escuche directamente sus voces y rostros, no solo a través de intermediarios.

En Cali, la violencia estatal durante las protestas se vivió en muchos sectores, siendo uno de los más afectados, Siloé en la ladera de la ciudad. Por eso les compartimos una versión corta de un especial que realizamos en 2023 y que cuenta la historia de ese barrio y una de las víctimas durante el paro.

Abril 14 – 2025

Por Laura Cruz y Jorge Luis Galeano

Los habitantes de algunos sectores del Oriente de Cali, en especial los que viven en el Jarillón del río Cauca, han estado en constante incertidumbre por los desalojos que muchos han tenido que afrontar. Estos desalojos reviven sus experiencias con el desplazamiento forzado y agravan la falta de empleo formal, la estigmatización, entre otras situaciones que vulneran sus derechos. Quizás por esta razón y porque ya intentaron de varias maneras, hoy reconocen que la mejor forma de reclamar sus derechos es en colectivo, tal como lo hace la asociación “Mujeres Mayoras Dejando Huellas”, un espacio de lucha y reconocimiento para las mujeres del territorio.

Esta asociación nació gracias al proyecto Senderos de Paz, en el que encontraron un espacio de Memoria pero también un medio para crear en colectivo. La propuesta realizada por Alexandra Arango Salazar y Jennifer Arango Salazar, fue ganadora en la Convocatoria Estímulos Cali 2024 y propone un proceso de escritura creativa y recopilación de la tradición oral de un grupo de mujeres cuidadoras, lideresas sociales y gestoras de paz del sector Las Palmas en el Jarillón del Río Cauca en Cali, Colombia.

Entre estas mujeres se encuentran Flor Valencia, lideresa del grupo y defensora de derechos humanos; María Esperanza Acevedo, escritora y artista; Aleyda Giraldo, guardiana del territorio y defensora de la tierra y los animales, y Carmen Fides Angulo Quiñones, quien con seis mujeres más, fueron unidas por este territorio y su profundo compromiso con la comunidad, la cultura y la convivencia, además de la defensa de los derechos.  Estas mujeres que provienen de Tumaco (Nariño), Medellín y Cali no son solo lideresas sociales, sino también, madres que aportan a la construcción del territorio y de ciudadanía.

Senderos de Paz se desarrolló a través de un ciclo de talleres en los que las participantes exploraron la escritura creativa, poética y narrativa, compartiendo sus memorias autobiográficas, saberes ancestrales sobre plantas medicinales y conocimientos culinarios. Las actividades incluyeron ejercicios prácticos de escritura, comadreo y comitivas, que dieron forma al producto final: una cartilla que recoge sus poesías y relatos que preservan sus memorias y saberes tradicionales.

Este tipo de ejercicios permitieron a las participantes no solo recordar sus lugares de origen, sino reafirmar sus tradiciones y costumbres, para que sigan honrando la memoria de las mayoras y cuidando a los más pequeños a través de la asociación “Mujeres Mayoras Dejando Huellas”, que aunque reconoce otros procesos como la Guardia Cimarrona y el Consejo Comunitario Raizales del Pacifico, se distingue por ser un espacio en donde habrán solo mujeres.

“Lo que más me gustó de este proyecto fue la oportunidad de escribir mi historia de desplazamiento y narrar mis vivencias. Esto me permitió mantener viva mi memoria y mi tradición, reafirmando mi identidad y la de mi comunidad. Valencia también señaló que el Colectivo de Mujeres nació como respuesta a la vulneración de sus derechos. “Decidimos conformar esta asociación para defender y fortalecer nuestra voz dentro del Consejo Comunitario”.  Flor Valencia.  

Un dique artificial de 17 kilómetros de largo recorre el mismo camino que el río Cauca, construido en los años 60´s para resguardar a la ciudad de posibles desbordamientos y expandir las áreas de cultivo. En principio un muro de contención que evitaría que Cali se inundara, pero con el tiempo se convirtió en una línea invisible con un alto contenido simbólico que separa a la ciudad blanca, tradicional y elitista de la que  en los años 80s, poblaron los desplazados por la violencia y el conflicto que llegaban desde regiones como el departamento del Pacifico, del Cauca y Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Huila.

En la actualidad el dique artificial tiene el lomo cubierto por incontables casas, hechas de madera y adobe, con tejas de zinc, y materiales reciclados, que se abren camino hacia el lado opuesto del río. Desde el barrio Petecuy hasta el corregimiento de Navarro numerosas familias lo habitan en condiciones de hacinamiento, pues como una forma de enfrentar la pobreza extrema, se mudaron allí y comenzaron a criar gallinas, cerdos, hicieron lagos de pesca y fundaron una agricultura familiar a pequeña escala. Después incursionaron en el reciclaje, organizando bodegas que les sirven para llevar a cabo dicha actividad.

Unos años atrás, mientras el Jarillón protegía a Cali del río Cauca, la ciudad se desbordaba de migrantes que, debido a la parsimonia de las administraciones locales, el desconocimiento del fenómeno migratorio y la falta de planes de reubicación adecuados, optaron por asentarse en el sector del Jarillón.  Casi 7 mil familias ocuparon las áreas no habitables, so pena de exponer sus vidas a una situación de alto riesgo.

Después del invierno de finales del 2010, el río forzó a las entidades estatales a realizar un plan. Así, desde la Gobernación y la alcaldía nace el megaproyecto Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias, que tenía como principal objetivo mitigar el riesgo de inundación y la reubicación de 8 mil 777 familias y el reforzamiento de la estructura para prevenir posibilidades de riesgo.

En octubre de 2016 Juan Diego Saa, el entonces gerente del Plan Jarillón, declaró que “sí o sí van a liberar el Jarillón, esto quiere decir que para el año 2018 deberán ser evacuadas las familias asentadas allí”. Lo que no tuvo en cuenta el señor Saa, es que en la ejecución del desalojo de 2 mil 500 familias víctimas del conflicto armado, no tuvieron en cuenta la construcción de viviendas con un enfoque diferencial. Como resultado, estas comunidades que ya vivían en la periferia y con escaso apoyo estatal, fueron nuevamente vulneradas, pues el proyecto no ha garantizado sus derechos. Por otra parte, el Plan Jarillón carece de un componente ambiental para la recuperación del río Cauca, sus afluentes, las zonas de inundación y la biodiversidad, ecosistemas que han sido degradados por más de 50 años debido a la agroindustria cañera.

Una de las tantas personas que migró a este sector fue Flor Valencia, quien hoy es una de las habitantes que conforman el Consejo Comunitario: “Cuando llegamos aquí en el 2009, encontramos el territorio olvidado y marginado. Aunque el corregimiento de Navarro contaba con un corregidor, en nuestra zona no se hacía presente. Tampoco había presencia de la policía, ni de entidades como el Dagma o la CVC”.  

Después de varios desplazamientos y cuando vieron que en el sector vendían algunos pequeños lotes, decidieron establecerse. Con el paso del tiempo comenzaron a ver las necesidades que tenían como comunidad. Lo primero fue combatir la delincuencia, entonces la comunidad hizo su propia guardia para apoyarse entre todos y recuperar el territorio.

Sin embargo, en los años siguientes tuvieron que enfrentar los desalojos, ya que la Alcaldía argumenta que aquella era una zona de alto riesgo. El paisaje que tuvieron por mucho tiempo fue el humo del Esmad que cada semana desalojaba a la fuerza a los que antes eran sus vecinos, para lanzarlo una vez más a una situación de desplazamiento.

Dice Flor Valencia: “Venimos de territorios como Tumaco y Barbacoas en Nariño, así como del Cauca, donde conocíamos la importancia de los Consejos Comunitarios”.  Entonces, entre el  2016 y 2017, respaldados por la Ley 70 de 1993 que establece que las comunidades negras deben organizarse en consejos comunitarios para reclamar títulos colectivos sobre sus territorios ancestrales, conformaron el consejo.

Ante la amenaza de desalojo, la comunidad se organizó para defender el territorio. Enfrentaron la presión de las autoridades, quienes mediante el Plan Jarillón y el Fondo Adaptación, intentaron sacarlos con argumentos de alto riesgo.

Como respuesta realizaron una toma de la Alcaldía de Cali durante el gobierno de Maurice Armitage, exigiendo el reconocimiento del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico, Algunos miembros hicieron huelga de hambre, pero la administración no cedió. En cambio, cambiaron el nombre del proyecto y continuaron con su estrategia de presión.

A pesar de la resistencia, algunos habitantes entregaron sus viviendas, pero el Consejo Comunitario se mantuvo firme. La comunidad identificó que el verdadero interés de la Alcaldía era la construcción de un puerto fluvial y no la seguridad de los habitantes.

Los desalojos dejaron terrenos vacíos que ahora están llenos de basura y escombros, lo que agrava la situación ambiental y social. La comunidad ha propuesto recuperar estos lotes para que funcionen como espacios recreativos y de seguridad alimentaria, pero enfrentan restricciones impuestas por el Plan Jarillón.

“Nosotros hemos tenido muchas barreras, pero como comunidades negras, sabemos que históricamente se nos han asignado tierras en zonas consideradas de alto riesgo, pues, por tradición, nos asentamos en riberas de ríos y orillas del mar”, dice Flor Valencia, quien sabe que en el marco legal hay varios artículos que protegen a los habitantes del Jarillón.

A pesar de que hay una normativa explícita, los derechos de los habitantes del Jarillón siguen siendo vulnerados porque hay muchas necesidades en el territorio que aún no son cubiertas. Ellos mencionan la necesidad de más apoyo a las familias recicladoras porque desempeñan un papel fundamental en la protección del medio ambiente, y tanto jóvenes como adultos mayores trabajan en esta labor y requieren ayuda especial. También les preocupa la seguridad alimentaria y consideran que es urgente contar con un territorio donde puedan cultivar y garantizar la soberanía alimentaria, y por último, quieren el reconocimiento como Consejo Comunitario, ya que sin la firma del alcalde Alejandro Eder, esto no será posible. A pesar de que han enviado en reiteradas ocasiones derechos de petición y han hecho llamados por todos los medios a la Administración Municipal, el Consejo Comunitario ha decidido realizar una Asamblea Preparatoria, convocando a las entidades competentes para exponer nuestras necesidades y exigir soluciones. Además que se respete un derecho primordial: el de una vivienda digna para una comunidad que no quiera afrontar un desplazamiento más.

Abril 9 – 2025

Por Jorge Luis Galeano Bolaños

A corte del 28 de febrero de 2025, la Unidad de Víctimas reporta más de 9 millones de víctimas en Colombia por el conflicto armado. Entre los hechos preocupantes aparecen la vinculación y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales con 10.900 casos. Este delito es una constante y se sigue cometiendo en todo el país. 

Según la Justicia Especial para la Paz -JEP- más de 18.600 niños fueron reclutados y vinculados al conflicto armado por parte de las Farc entre 1996 y 2016 y el 68% de las víctimas acreditadas es menor de 15 años. Para 2023, la misma entidad registró 163 casos y hasta noviembre de 2024, ya habían 160. Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Huila.

Por la gravedad del hecho, la JEP abrió el Caso 07 para condenar a los culpables de este delito y en los avances muestra que de las más de 10 mil víctimas acreditadas, casi 9 mil pertenecen a pueblos indígenas, lo que confirma la vulnerabilidad de esta población a las acciones de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, en el primer semestre de 2024, el 51% de niños, niñas y adolescentes reclutados era indígena, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Tras la ruptura de la tregua entre las bandas Los Shottas y Los Espartanos a mediados de enero de este año, los índices de violencia se dispararon en Buenaventura. Todo esto, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por mantener viva la mesa con estos dos grupos. La situación es grave desde inicios de febrero de este año, pero empeoró en marzo. Según la Fundación Paz y Reconciliación -PARES- en dicho mes hubo 20 asesinatos, una cifra que no se presentaba desde mayo de 2023. En total, en el primer trimestre de este año se presentaron 46 asesinatos, un número mayor al que se obtiene al sumar los casos del mismo período de 2023 y 2024. 

Esto hizo que la Gobernación del Valle, tras un consejo de seguridad, decidiera trasladarse temporalmente al Puerto para atender el caso de cerca. En ese proceso y, tras el recrudecimiento de la violencia, se conoció que ambas bandas delincuenciales están dispuestas a retomar la tregua, pues ya venían consolidando un pacto de no agresión. Eso sí, pusieron una condición: el reemplazo de Fabio Cardozo como jefe negociador por parte del Gobierno Nacional. Esta petición la hicieron tras una declaraciones del funcionario en las que afirmó que la tregua era aprovechada por ambas bandas para fortalecerse, lo que no cayó bien entre los integrantes de los Shottas y Espartanos.  

La población civil y los liderazgos sociales de Buenaventura piden y esperan que ambas bandas se comprometan a reiniciar una tregua que, en su período más largo, logró 19 meses de relativa tranquilidad para la gente del Puerto, pero cuyo rompimiento genera olas de violencia cada vez más grandes.

En marco de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales que operan en Colombia, la población civil sufre las más graves afectaciones: desplazamientos forzados, confinamiento, exposición a fuego cruzado, entre otras. Dichas afectaciones han ido en aumento por la fragmentación de esos grupos armados, lo que incrementa los enfrentamientos entre ellos, además, las crisis en las distintas mesas exponen a la población civil a sufrir hechos victimizantes que significa la violación de las normas que rigen los conflictos: El Derecho Internacional Humanitario -DIH- En ese sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- muestra un deterioro de la situación de la población no combatiente en muchas regiones del país. 

Entre lo que muestra el más reciente informe del Comité, es el uso que hacen los grupos armados ilegales de armas no convencionales como las minas antipersonal que dejó 709 víctimas civiles en 2024, pero también atentados contra misiones médicas, especialmente en el departamento del Cauca, en donde se pudieron registrar 67 de los 201 casos el año pasado. 

De igual manera, la creciente disputa territorial entre los grupos armados ilegales  somete a la población civil a estados de confinamiento que provocan graves vulneraciones a derechos como el de la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros. Para ese caso, el CICR pudo comprobar que 88.874 personas padecieron de este fenómeno en 2024, 36 mil de ellas en el departamento del Chocó, el más afectado.   

Por lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja hace un llamado a los actores armados (legales e ilegales) a cumplir con las normas del DIH, así no haya cese al fuego vigente entre las partes porque el respeto por dichas normas garantiza que no se afecte a la población civil, es decir, aquéllas personas no combatientes.

El más reciente hecho grave de violación de Derechos Humanos en marco del conflicto armad en Colombia, ha sido lo sucedido en la región de El Catatumbo, al oriente del país. Ahí se disputan el territorio el ELN y las Disidencias de las antiguas FARC. Dicha confrontación ha dejado un balance trágico entre la población civil: más de 97 mil personas afectadas, 21 mil con restricciones en la movilidad que les dificulta el acceso a bienes y servicios, además de 50 mil desplazados forzadamente. Además, se reportan 35 acciones armadas Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo niños y adolescentes.

Los graves hechos ocurridos ahí produjeron el congelamiento de los diálogos de Paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Un congelamiento que, para algunos analistas, es sólo una forma de decir que terminaron, sobre todo, por las recientes declaraciones de integrantes de la guerrilla, quienes han dicho que la paz no se podrá firmar antes del 2026.

En medio del panorama difícil de las negociaciones del Gobierno de Colombia con actores armados, se logró la desmovilización del grupo denominado Comuneros del Sur de Nariño, que en mayo del 2024 se apartó del Ejército de Liberación Nacional. Dicha desmovilización implica un respiro, no sólo para la Paz Total como proyecto, sino para la tranquilidad de los territorios en donde operaba esta agrupación.

Entre los acuerdos firmados está la creación de mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre otros. Además se firmó otro acuerdo, pensado para la sustitución voluntaria de 5 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados en Nariño. El acuerdo se firmó por parte de Carlos Erazo y Roger Garzón, como representantes de las partes y leído por la delegada del Gobierno para estos diálogos, Ángela María Robledo.

Abril 1 – 2025

Este reportaje fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ)*

El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las violaciones más alarmantes a los derechos humanos en Colombia. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, con una mayor incidencia en el primer semestre del año, cuando se reportaron 267 casos, frente a los 142 del segundo semestre. Los meses más críticos fueron enero, con 62 casos, y marzo, con 58. El principal grupo armado señalado en estos reclutamientos es el Estado Mayor Central, vinculado con el reclutamiento de al menos 135 menores, evidenciando la persistencia de esta práctica en el marco del conflicto armado.

El departamento del Cauca ha sido el más afectado, concentrando el 70% de los casos reportados, lo que equivale a 300 menores reclutados en su territorio. A esta preocupante cifra se suma la alarmante afectación a comunidades indígenas, que representan el 51% de las víctimas. Más allá de la violación sistemática de los derechos de niñas, niños y jóvenes, esta práctica atenta contra la salvaguarda de los saberes ancestrales, la autonomía de los pueblos indígenas, sus sistemas educativos propios y su estructura de gobierno. La vinculación de menores a grupos armados no solo les niega su derecho al desarrollo y la protección, sino que también impacta gravemente el tejido social de estas comunidades, debilitando su identidad y su resistencia ante la violencia.

A la crisis en el Cauca se suman los departamentos de Nariño y Putumayo, consolidando al suroccidente colombiano como una de las regiones más vulnerables para la niñez y juventud en el país. La falta de medidas efectivas de prevención y protección por parte del Estado, sumada a la presencia de actores armados ilegales, ha convertido a esta zona en un escenario recurrente de violaciones a los derechos humanos de menores. Ante esta realidad, se hace urgente la implementación de estrategias de intervención que no solo respondan a la protección inmediata de las víctimas, sino que también ataquen las causas estructurales que perpetúan el reclutamiento forzado en el país.

El reclutamiento y la explotación de menores por parte de grupos armados en Colombia no responden únicamente a la lógica de la coacción directa, sino que también se sustentan en la profunda crisis social que afecta a la niñez y la juventud en el país. La pobreza extrema, la falta de acceso a una educación de calidad, la carencia de condiciones de vida dignas y la imposibilidad de disfrutar de una infancia libre de responsabilidades económicas o parentales prematuras han generado un escenario propicio para la captación de niñas, niños y jóvenes (NNJ). Estas condiciones estructurales obligan a muchos menores a asumir roles de adultos, privándolos de sus derechos básicos y exponiéndolos a dinámicas de violencia y explotación.

En los últimos años, los grupos armados han diversificado sus estrategias de vinculación, adoptando métodos más sutiles y manipulativos que van más allá del reclutamiento forzado tradicional. La manipulación emocional y económica se ha convertido en una herramienta clave para atraer a los menores a actividades delictivas. En muchos casos, estos grupos se aprovechan de la precariedad económica de las familias y de la ausencia de oportunidades, ofreciendo incentivos como dinero, motocicletas y dispositivos electrónicos. En el caso de las niñas y jóvenes, la captación se combina con estrategias de grooming y online-grooming, en las que los reclutadores establecen relaciones de confianza para luego involucrarlas en actividades ilegales, como el traslado de armas, la comunicación de mensajes y la explotación sexual. Esta última forma de violencia afecta de manera desproporcionada a las niñas, quienes representan el 24% de las víctimas en zonas de conflicto, según la Defensoría del Pueblo. Los efectos de esta violencia incluyen embarazos forzados, infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos y el estigma social que dificulta su reintegración.

El desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales vulneraciones a los derechos de la niñez en Colombia. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, más de 2.5 millones de menores han sido desplazados por la violencia, privándolos de estabilidad, redes de apoyo y acceso a derechos fundamentales como la educación y la salud. En zonas rurales, la falta de infraestructura y las barreras geográficas agravan aún más su situación, dificultando su acceso a servicios esenciales y aumentando su vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia. La precariedad en la que crecen niñas, niños y jóvenes no solo es resultado del conflicto armado, sino también de una ausencia estructural del Estado, que no ha logrado garantizar condiciones dignas para su desarrollo integral.

Frente a este panorama, la protección de los menores desvinculados de grupos armados no puede seguir siendo una tarea pendiente. Se requiere con urgencia una respuesta estructurada que garantice su recuperación, protección y participación en la reconstrucción de sus proyectos de vida, evitando su revictimización y la perpetuación de los ciclos de violencia y exclusión. Sin embargo, uno de los principales obstáculos radica en la exclusión sistemática de niñas, niños y jóvenes (NNJ) de los espacios de toma de decisiones sobre las políticas que los afectan directamente. Este desplazamiento simbólico es reflejo de una concepción adultocéntrica profundamente arraigada, que no solo los priva de voz, sino que también refuerza la idea de que su presencia en los procesos de transformación social es secundaria. La exclusión y la minimización de su protagonismo perpetúan una visión en la que los menores son considerados únicamente receptores de medidas y no sujetos activos en la construcción de soluciones a su propia problemática.

Los NNJ no enfrentan una única forma de violencia, sino múltiples agresiones que se intersectan y amplifican sus impactos. Entre estas violencias está la cultural, que legitima su exclusión y normaliza la falta de oportunidades, pero también se suman el empobrecimiento sistemático, la desigualdad social y el clasismo estructural. Estos factores no solo marginan a la niñez y la juventud de espacios de decisión, sino que además los colocan en una situación de vulnerabilidad extrema, donde actores armados y redes criminales explotan su precariedad para manipularlos emocional y económicamente. En este contexto, el abandono social estatal no solo se traduce en la falta de infraestructura o en barreras geográficas que dificultan el acceso a derechos básicos, sino que refleja una desprotección estructural y sostenida, que deja a millones de menores expuestos a la violencia y sin opciones reales de desarrollo. Garantizar su protección requiere no solo medidas reactivas, sino estrategias preventivas que aborden las causas profundas de su exclusión, incluyendo el acceso equitativo a educación, salud y espacios de participación efectiva que les permitan ser protagonistas de su propio futuro.

Para garantizar una protección efectiva de niñas, niños y jóvenes (NNJ) en el contexto del conflicto armado en Colombia, es fundamental que el Estado adopte medidas concretas que reconozcan y prioricen su participación activa en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y derechos. La escucha de sus voces no solo es una herramienta clave para comprender su estado de vulnerabilidad y los riesgos específicos a los que están expuestos en sus territorios, sino también un mecanismo para diseñar estrategias de prevención y protección más eficaces.

En este sentido, es imperativo crear y financiar espacios culturales, artísticos y deportivos que promuevan el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Estos espacios, concebidos como escenarios de fortalecimiento de la creatividad, autonomía y liderazgo de NNJ, deben contar con presupuestos adecuados, administrados con transparencia y bajo la veeduría de los propios menores, garantizando así que respondan a sus necesidades y expectativas reales.

Además, es necesario fortalecer y ampliar los espacios de participación política e incidencia ciudadana para NNJ, asegurando su representación en mecanismos como las plataformas de juventudes, los consejos de juventudes y otros espacios de toma de decisiones a nivel local y nacional. Se recomienda que, en escenarios de participación ciudadana como consejos locales, juntas de acción comunal, consejos comunales y comunitarios, y mesas de diálogo con actores armados, se establezca al menos una curul o representación específica para NNJ. Esta medida debe implementarse con un enfoque diferencial que considere factores de género, etnia, discapacidad, orientación sexual y otros elementos que inciden en la experiencia de los menores. Para ello, es fundamental que el Estado garantice recursos suficientes, fortalezca las capacidades institucionales y promueva un cambio cultural que reconozca a NNJ como actores legítimos en la construcción de soluciones y en la formulación de políticas públicas.

Asimismo, es crucial incluir la participación activa de niñas, niños y adolescentes (NNA) en los procesos y políticas de paz, asegurando garantías sólidas para la protección integral de sus derechos en estos escenarios. Su involucramiento no solo representa un reconocimiento de su agencia y protagonismo en la sociedad, sino que también desafía las estructuras adultocéntricas que históricamente han excluido sus voces de los espacios de decisión.

La integración de los NNA en los procesos de paz fortalece su sentido de pertenencia y empoderamiento, y permite diseñar políticas más efectivas y contextualizadas que respondan a las realidades que enfrentan en las zonas afectadas por el conflicto. Para que esta participación sea efectiva, es necesario garantizar condiciones de seguridad, espacios de diálogo inclusivos y mecanismos de apoyo que eviten su revictimización. Además, el diseño e implementación de políticas públicas en el marco de la paz deben priorizar el interés superior de los NNA, asegurando su acceso a la educación, la salud y la protección contra cualquier tipo de violencia o explotación.

La inclusión de los menores en estos procesos no solo contribuye a su protección integral, sino que también establece bases sólidas para una paz duradera, reconociendo que su bienestar y desarrollo son esenciales para la reconstrucción del tejido social en Colombia.

*Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ) es una organización no gubernamental fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con la defensa y promoción integral de los derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto armado. A lo largo de más de 25 años, HVCJ ha trabajado en articulación con distintos sectores de la sociedad, formando parte del comité operativo de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes, el Fondo de Fortalecimiento y Protección (FFP), la Red Llano y Selva por la Defensa del Territorio y la Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Su labor se ha enfocado en la incidencia política, el acompañamiento jurídico y la visibilización de violaciones a los derechos humanos, lo que le ha valido reconocimiento a nivel nacional e internacional, siendo finalista en 2016 del premio otorgado por Diakonia y la Embajada de Suecia por su compromiso en la defensa de los derechos humanos en Colombia. 

hvcj@humanidadvigente – netprensa@humanidadvigente.net

Marzo 25 – 2025

Texto: Laura Cruz Comunicaciones ICA
Fotografías: Nelson de Jesús Bedoya Ríos Comunicaciones ICA

En 2024, Colombia alcanzó un récord histórico en la producción de cacao con 73 mil toneladas cosechadas. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad equivale a llenar 49 piscinas olímpicas con granos de cacao. Pero este no fue el único logro del sector agropecuario, durante el segundo semestre de 2023 su crecimiento fue clave para impulsar la economía del país. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), actividades como la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca lograron un aumento del 10,2 % en su valor agregado, superando en 8,1 puntos porcentuales la variación del PIB nacional. Esta diferencia resalta el papel fundamental del agro como motor del desarrollo económico en Colombia.

Leyendo el párrafo anterior vemos solo cifras, pero estas metas alcanzadas son la suma del esfuerzo de los campesinos colombianos que, desde regiones apartadas e incluso jamás nombradas, trabajan para que a nuestras mesas lleguen alimentos de la mejor calidad.

Algunas de las manos que han hecho posible estos logros son las de Yosimar Maury Martínez, un joven que vive en Sucre en el corregimiento de El Coco.

“No sé exactamente por qué mis padres eligieron mi nombre, pero hay una historia curiosa detrás. Mis hermanos mayores eran apasionados del fútbol, y cuando nací, jugaban constantemente en el campo. Mis padres debatieron entre dos nombres: “Gareca” y “Yosimar”. Así, en algunos pueblos de Majagual me llaman Gareca, en otros, Yosimar. Con el tiempo, cuando inicié mi vida profesional, el primero quedó en el olvido, y todos comenzaron a llamarme solo Yosimar. Sé que mi nombre viene de un jugador brasileño, pero su elección sigue siendo un pequeño misterio familiar”.

Yosimar ha heredado de sus padres el color de los ojos, la forma de hablar y lo más importante: el amor por la tierra. Sus padres han hecho del campo una forma de vida, no porque no conozcan otra sino porque todos los días eligen cultivar la tierra, como un ritual, como una forma de estar más cerca de Dios.

“Mis padres son nativos del campo, ambos tienen 77 años y son del corregimiento de El Coco. Somos diez hermanos y, gracias al esfuerzo de nuestros padres, todos estamos vivos y trabajando, ya sea como profesionales o como campesinos. En mi caso, aunque soy profesional, sigo trabajando en el campo y compartiendo con los campesinos en el día a día”.

Yosimar forma parte de Jóvenes Rurales y es una voz importante en su territorio. Si alguien quiere ir al corregimiento de El Coco, debe viajar desde Sincelejo hasta Majagual, el recorrido en carro puede tomar hasta dos horas. Luego, debe ir a la zona de La Mojana, conseguir una motocicleta y atravesar por una hora la finca Las Pozonas hasta encontrar el hogar de Yosimar: árboles de roble, cedro, penique y uvero dan la bienvenida a El Coco, que de lejos parece un paisaje dibujado por un niño.

“Actualmente, me encuentro en el pueblo. Nunca he dejado mi territorio porque amo el campo y quiero vivir aquí toda mi vida”. Yosimar más que un joven rural es un líder social nato, una persona emprendedora, que ha salido del campo a estudiar, pero sin dejar su tierra, porque entiende que el campo se debe tecnificar (…) llevo tres años trabajando con el cultivo de cacao, manejando las especies CCN51 y CCN64, que son variedades híbridas. Como joven emprendedor, he estado regalando semillas a las comunidades y orientándolas en la creación de viveros, el lavado de semillas para asegurar su correcta germinación y la técnica de clonación, que en el campo llamamos injerto. También les enseño sobre el proceso de poda y la manipulación adecuada del cultivo de cacao”.

La clonación o injerto es un proceso que consiste en tomar una rama muy delgada de otro árbol de cacao más viejo, vigoroso y ejemplar. Luego, la rama se corta en el pecíolo, que es la unión entre la hoja y la rama. Posteriormente, en el árbol joven —que lleva aproximadamente seis meses o un año de sembrado— se realiza un pequeño corte en el tronco, se le hace una herida en la que se injerta la rama más pequeña, y finalmente, se cubre con una cinta para evitar la entrada de agua y proteger el injerto.

El árbol de cacao y la familia de Yosimar tienen muchas cosas en común: los troncos viejos, pero ejemplares, sus conocimientos sanan la herida de los próximos campesinos que harán del cultivo una forma de vida.

“Estamos promoviendo el cacao como un proyecto social sostenible, ya que es un cultivo que puede producir durante aproximadamente sesenta años. En nuestra región, en la zona de La Mojana, municipio de Majagual, hemos logrado que el cacao comience a producir en apenas dos años y cinco o seis meses, generando ya una rentabilidad para los campesinos.

Actualmente, en nuestro territorio, se vende a $20.000, el kilo y, con solo cinco o seis mazorcas, se puede obtener un kilo de cacao. Cultivar una hectárea de cacao implica una inversión máxima de entre un millón quinientos mil y dos millones de pesos, incluyendo el trabajo del campesino. Es una diferencia muy significativa respecto a otros cultivos”.

Durante la vigencia 2024, el instituto desarrolló diversas actividades de protección fitosanitaria en el sistema productivo de cacao en el departamento de Sucre. Estas actividades se enfocaron especialmente en la región de La Mojana Sucreña, en los municipios de Majagual y Guaranda.

Además, se realizaron cuatro eventos de comunicación del riesgo con la participación de 103 personas. En estos eventos se abordaron temas fundamentales, como el manejo de Monilia, Phytophthora y Escoba de Bruja, así como la implementación de buenas prácticas agrícolas, aliadas en el mejoramiento de los sistemas productivos de cacao.

El ICA ha detectado que la mayoría de los cultivadores de cacao en la subregión de La Mojana son jóvenes que apenas inician su producción; jóvenes como Yosimar, que nunca piensa en irse del campo.

“En lo personal, nunca había tenido un contacto tan cercano con el ICA. En nuestra región, conocíamos esta institución solo cuando venían a vacunar el ganado. Sin embargo, ahora el ICA ha pasado de ser un ente regulador para convertirse en un organismo capacitador para los campesinos, brindándonos conocimiento sobre cómo trabajar mejor el campo. Ya no lo veo solo como un regulador, sino como un aliado en la formación de los productores rurales. Nos sentimos satisfechos con el apoyo del ICA departamental y de la doctora Catherine Duarte, quienes nos han brindado capacitaciones y asesoramiento en el manejo del cultivo. Antes de esto, trabajábamos el cacao de manera empírica en los corregimientos de El Coco, El Naranjo y Pueblo Nuevo. Ahora, estos tres corregimientos han implementado este cultivo con éxito y ya están viendo producción”.

Como Yosimar hay miles de jóvenes campesinos que, con un trabajo disciplinado y riguroso, hacen que el plato de comida que llega a nuestra mesa parezca producto de un proceso sencillo. No obstante, comer bien, sano y en abundancia son cosas que le debemos a la gente que se ha quedado en el campo. Ser campesino es una vocación en la que las manos y la tierra se vinculan como lo hace la familia:

“Yo tengo dos hijos. Uno tiene 15 años, está estudiando y trabajando en el campo. Su meta a futuro es ser ingeniero industrial, para procesar la materia prima que se produzca en nuestro campo. Mi otro hijo tiene apenas 22 días de nacido. Me gustaría que mis hijos se preparen, que se queden en el campo, para que la educación rural y la solidaridad con el campo no se pierdan. Porque, con sinceridad, nosotros, los campesinos, nos sentimos sumergidos en el yugo de no contar con la educación adecuada para seguir en el campo y trabajar. Sin embargo, el campo es la base fundamental para que nuestro país tenga lo que producimos aquí.

Me gustaría que mis hijos sean profesionales, mucho mejores que yo, y que no abandonen a los campesinos ni al campo”.