Noviembre 28 – 2024

Este texto fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Daisy Yael Castañeda

En este mes dedicado a la no violencia contra la mujer, el desafío trasciende las fronteras de lo evidente y entra en una esfera más profunda: cuestionar las estructuras de poder que sostienen la violencia de género y explorar un nuevo modelo de justicia que, además de castigar, busque reparar y transformar. Este modelo debe ser capaz de eliminar prácticas que, lejos de proteger, terminan actuando como herramientas de omisión y revictimización, distorsionando los principios de equidad y respeto para ejercer poder sobre quienes buscan justicia. Esto nos invita a explorar un modelo de justicia que, más allá de la simple sanción punitiva, busque también la reparación y transformación de las relaciones sociales y de poder que perpetúan esta violencia. En este contexto, la justicia terapéutica emerge como una alternativa para enfrentar no solo a los perpetradores de violencia, sino también a las instituciones que, de manera consciente o no, reproducen prácticas revictimizantes que afectan gravemente a las mujeres.

Este abuso de autoridad y manipulación de principios como la equidad y el respeto constituyen una forma de violencia institucional: un tipo de agresión que transforma a las mujeres en objetos de trámite, cifras en expedientes o casos burocráticos que deben ajustarse a formalidades arbitrarias. En lugar de proporcionar un entorno seguro y empático, muchas instituciones judiciales y de protección terminan distorsionando sus propias funciones, convirtiendo procedimientos y políticas en obstáculos y opresiones. La violencia institucional no solo agrede a las mujeres en su dignidad, sino que las coloca en situaciones donde la búsqueda de justicia se convierte en una prolongación de su sufrimiento, enfrentándolas a la omisión y a un tratamiento insensible en el sistema.

Es aquí donde la justicia terapéutica presenta un cambio de paradigma. Este modelo, propuesto por el profesor David Wexler en 1996, observa los efectos de las prácticas legales no solo desde un enfoque punitivo, sino también desde una perspectiva terapéutica. Esto implica considerar cómo los procedimientos judiciales afectan el bienestar emocional, psicológico y social de las personas que los atraviesan, especialmente de las víctimas de violencia de género. En lugar de ser un sistema que revictimiza y genera barreras, la justicia terapéutica aboga por un enfoque sensible y reparador que priorice el apoyo emocional y social a las víctimas, lo cual es fundamental en un contexto de violencia contra la mujer.

La justicia terapéutica aboga por que los sistemas legales y las instituciones adopten una postura de apoyo y recuperación, permitiendo a las mujeres afectadas por la violencia encontrar un espacio seguro dentro del sistema judicial. Este modelo de justicia propone integrar conocimientos de psicología, trabajo social y criminología, fomentando prácticas que miren más allá de los hechos criminales y busquen abordar también los efectos traumáticos en la vida de las víctimas. Al hacerlo, se transforma la justicia en un medio de sanación y no solo de retribución. Esto es esencial en contextos donde el sistema tradicional muchas veces ignora el impacto emocional de sus prácticas, como la burocratización o los enfrentamientos directos entre las partes, y donde la mujer acaba siendo sometida a una nueva forma de abuso. (Rama judicial, concejo superior de la judicatura, 2024).

Aplicar la justicia terapéutica en contextos de violencia de género e institucional requiere un cambio de mentalidad y paradigma en todos los actores del sistema judicial, desde jueces hasta abogados, trabajadores sociales y en general equipos interdisciplinarios. Este cambio implica reconocer que la violencia contra la mujer no se limita a las acciones individuales de un agresor, sino que también se ve exacerbada cuando las instituciones no cumplen su rol protector y actúan como omisores ante la atención oportuna de las violencias. Un sistema de justicia que siga prolongando el dolor de las víctimas con procesos inhumanos, actitudes frías y una burocracia sin empatía no es un sistema verdaderamente justo. La justicia plena solo puede lograrse si el sistema deja de ser encubridor y comienza a reconocer su responsabilidad en la perpetuación de estas dinámicas. (espectador, 2024).

Integrar la justicia terapéutica en la lucha contra la violencia institucional significa replantear y eliminar actitudes y prácticas dentro de las instituciones que, lejos de proteger, intensifican y perpetúan el sufrimiento de las víctimas. En este sentido, es necesario que el sistema se transforme en un espacio de acogida, donde las mujeres se sientan seguras y respetadas, y donde sus experiencias y emociones sean consideradas en la búsqueda de soluciones y protección. Esta visión humanizadora de la justicia no solo contribuye a la protección de las mujeres, sino que también promueve una sociedad más equitativa, en la que las instituciones cumplen su función con empatía y respeto. (Wexler, Fariña Rivera, Morales Quintero, & Colin Soto, 2014).

Este mes de la no violencia de género recordamos que la igualdad de género no es solo un ideal abstracto, sino una realidad tangible construida a partir de cambios en la justicia y en las relaciones de poder. Integrar este paradigma terapéutico en casos de violencia de género contribuiría a que las instituciones no se conviertan en coautores de la violencia, sino en entidades protectoras activas de la paz y el bienestar de las mujeres. La justicia terapéutica tiene el potencial de transformar el tratamiento de estos casos, al considerar el impacto psicológico y social de cada intervención, y al ofrecer un enfoque que da prioridad a la sanación, la prevención y el apoyo efectivo a las víctimas. (Montoya, 2003).

Lograr una verdadera igualdad implica que la justicia no solo castigue a los culpables, sino que también actúe como un agente de sanación y transformación, respetando y protegiendo a quienes buscan ayuda. La igualdad de género debe reflejarse en la práctica cotidiana y en un sistema de justicia que, en lugar de ser un obstáculo, sea un aliado en la lucha contra la violencia de género.

Que noviembre el mes de la no violencia contra la mujer nos inspire a vivir una igualdad real, a hacer de la justicia terapéutica un pilar en nuestras instituciones y a crear una sociedad donde el respeto y la empatía sean la norma y no la excepción.

 _________________

Espectador, E. (22 de Febrero de 2024). El juez de Yopal que condenó al Estado por la omisión de un feminicidio. El juez de Yopal que condeno al Estado por la omisión de un feminicidio.

Montoya, A. L. (2003). Relación de poder en la sociedad patriarcal. Revista espiga , 75-90.

Rama judicial, concejo superior de la judicatura. (28 de octubre de 2024). Rama judicial. Obtenido de Rama judicial: https://lms-ejrlb.ramajudicial.gov.co   

Wexler, D., Fariña Rivera, F., Morales Quintero, L., & Colin Soto, S. (2014). Justicia terapéutica experiencias y aplicaciones. Segundo Congreso iberoamericano de justicia terapéutica, (pág. 224). Puebla México.

Noviembre 16 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

El grotesco acto público del congresista Miguel Polo Polo con el que se burló del dolor de las víctimas de los crímenes de Estado (falsos positivos), la designación descomedida de exjefes paramilitares como gestores de Paz por parte del presidente Petro y el fallo absolutorio de primera instancia a favor de Santiago Uribe Vélez, procesado por la conformación del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles de Yarumal (Antioquia), ofrecen pistas muy claras de las dificultades o talanqueras culturales que como sociedad y Estado afrontamos para pasar las dolorosas páginas que escribieron con sangre los actores armados, legales e ilegales, y poderosos agentes económicos de la sociedad civil, durante más de 50 años de conflicto armado interno.

Esas barreras culturales están soportadas en por lo menos cuatro factores: el primero, la debilidad del aparato de justicia, permeado por la corrupción de jueces y magistrados (el Cartel de la Toga, por ejemplo), a lo que se suman las presiones de las que son objeto los operadores judiciales al momento de fallar en derecho. Bajo esas circunstancias, terminamos como sociedad viendo a jueces y magistrados que temen a poderosos bandidos de cuello blanco porque están parapetados en fueros y dignidades cargadas de ilegitimidad y en relaciones familiares que terminan por debilitar la majestad de la justicia y las de otras instituciones estatales. La carrera judicial en el país está permeada por enrarecidos intereses de clase, recomendaciones y favores que en algún momento deberán ser pagados con fallos absolutorios o condenas amañadas.

El segundo, la ideologización del dolor de las víctimas y las responsabilidades de los victimarios que le sirve a específicos agentes del establecimiento colombiano y a otros de reciente aparición pública para deslegitimar la operación de los dos modelos de justicia que hoy operan en Colombia y repudiar a las familias que reclaman justicia punitiva, o por lo menos verdad, reparación y no repetición en el marco de una justicia restaurativa. Al convertir los padecimientos de hombres y mujeres violentados por paramilitares, militares, empresarios del campo y guerrilleros en un asunto ideológico, las víctimas pasan rápidamente a ser objetivo militar, político, judicial y de burla por aquellos agentes de la derecha que siguen instalados en la doctrina extendida del enemigo interno.

Un tercer elemento tiene que ver con la construcción de la verdad y la memoria histórica. Al tratar de edificar una versión oficial, plausible y verosímil de lo acontecido durante 50 años de guerra interna, los dos anteriores factores se juntan para impedir su aceptación, lo que imposibilita las acciones de perdón, arrepentimiento y la aceptación universal de esa verdad. De esa manera, esas y otras vicisitudes por las que pasan los procesos sociales, políticos y jurídicos pensados para construir verdad y memoria histórica terminan por evitar reconciliarnos. Y un cuarto factor tiene que ver con la consolidación de una fuerte animadversión hacia todo lo que huela a paz. Hablar de paz en Colombia es sinónimo de impunidad y debilidad estatal, lo que despierta las más airadas reacciones de aquellos sectores sociales que insisten naturalizar la ya histórica división moral entre buenos y malos, estadio de fraccionamiento que se profundizó desde el 7 de agosto de 2022 y que, por lo visto, se tornará perenne.

Mientras estos cuatro factores sigan instalados en las prácticas institucionales privadas y estatales, así como en las representaciones sociales de millones de colombianos, la construcción de una paz estable y duradera no solo seguirá siendo una quimera, sino el más fuerte obstáculo para minimizar los riesgos de vivir juntos en una democracia imperfecta, en una sociedad moralmente confundida y en un Estado que viene operando bajo criterios corporativos, en contravía de los derechos del colectivo.

El congresista Polo Polo dejó ver su estolidez en todo su esplendor. A él, gracias por dejarse ver como hijo legítimo de la Colombia premoderna, ignorante y empobrecida culturalmente que no nos deja avanzar hacia estadios civilizatorios superiores; designar a los paramilitares como gestores de Paz sin que hayan aportado verdad, justicia, reparación y no repetición constituye un acto desproporcionado de parte del presidente de la República. En particular, en el caso de Hernán Giraldo, alias Taladro, un depredador sexual que violó niñas y adolescentes mucho antes de que apareciera la canción +57 en la que se alude al frecuente deseo sexual de cientos de machos hacia las niñas de 14 años. En cuanto al fallo absolutorio proferido por el juez Jaime Herrera Niño, las dudas jurídicas y de otra índole le hacen mucho daño a la imagen de la justicia colombiana. Su fallo niega lo investigado por la JEP y otros agentes que dedicaron años a develar quiénes están detrás de los 12 Apóstoles. Lo cierto es que todos los grupos paramilitares, incluido el de Yarumal, asumieron la violación de los derechos humanos como un apostolado socialmente aceptado y admirado. 

Octubre 16 – 2024

Texto publicado en Desde Abajo que hace parte de la Alianza de Medios Alternativos PANAL MEDIOS

Por Julio Enrique Cortés Monroy

La COP16 a realizar en Cali, entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre, podría convertirse en una maravillosa oportunidad para saldar parte de la deuda histórica con esta región del pacífico colombiano. El sur occidente colombiano cuenta con un gran potencial de recursos naturales y una inmensa riqueza en biodiversidad, sin embargo, ha sido una región históricamente sumida en el abandono estatal, la corrupción, el atraso y la pobreza.

Por eso la COP16 puede tener significados importantes para las comunidades de Cali y la región circundante. Se espera que allí se manifiesten los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias que buscarán conseguir que sus propuestas y agendas tengan un papel decisorio a la hora de las negociaciones y compromisos que adopten los representantes políticos de los estados y agentes del poder transnacional.

No olvidemos que el estallido social del 2021 tuvo a Cali y al Valle como protagonistas de la lucha y resistencia de ese gran paro nacional. La juventud y las comunidades salieron a las calles a exigir sus derechos y un cambio para el país, pero la protesta social recibió como respuesta la brutal represión policial del gobierno Duque, dejando jóvenes asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados.

Resulta justo y necesario que la COP16 contribuya en abrir espacios para la participación y el diálogo social y se pongan de manifiesto las voluntades políticas de los diferentes actores sociales e institucionales, nacionales e internacionales. La COP16 debe repercutir en mejorar las condiciones sociales y ambientales de la región, de manera que se generen oportunidades de inclusión social y se realicen transformaciones en los territorios en favor de la calidad de vida de las comunidades.

Esta gran Conferencia Mundial de la Biodiversidad COP16 es una oportunidad para la reconciliación social y hacer la “Paz con la Naturaleza”, lema de esta COP, y fundamento de la política ambiental del presidente Petro y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. “Apostaremos porque Cali se convierta en una gran aula ambiental. A la población que está en la primera línea de la crisis climática y de la pérdida de la biodiversidad le corresponde alzar su voz en las negociaciones. Por eso, la participación del pueblo, de las comunidades y de la gente debe ser la prioridad. Las juventudes, pueblos originarios, mujeres de todas las naciones que participarán en la cumbre, tendrán un espacio de participación activa, en esta, que será, la COP de la gente”, dijo la ministra.

La Zona Verde estará ubicada en el Bulevar del río Cali y otros lugares de la ciudad. Este será el espacio para la participación de la sociedad civil, Ongs, la prensa alternativa y todas las personas interesadas en la protección y conservación de la biodiversidad. Aquí tendremos conferencias, paneles de discusión, talleres, exposiciones y presentaciones artísticas.  Desde aquí se trasladarán las propuestas de los movimientos sociales hacia la Zona Azul,que es donde estará el cuerpo diplomático de las Naciones Unidas, los ministros de ambiente de más de 180 países y sus respectivas delegaciones, así como la prensa acreditada.

Cali podrá aprovechar la COP16 para impulsar políticas que no solo aborden asuntos como la protección de la Biodiversidad y la lucha contra el Cambio Climático, sino que también tengan un enfoque de Justicia Social y Reparación de Derechos. Esto incluiría iniciativas que mejoren el acceso a la tierra, servicios básicos, protección de derechos de comunidades vulnerables, y medidas para reducir la pobreza a través de un desarrollo sostenible.

Otro de los logros será darle visibilidad Internacional y reconocimiento de las problemáticas locales poniendo en el centro de atención a los desafíos ambientales y sociales de la región: desigualdad social, el acceso a recursos, y la vulnerabilidad al cambio climático. Esto podría atraer recursos globales para mejorar la infraestructura, programas de reforestación, manejo de agua, y protección de ecosistemas. La cobertura mediática global que tendrá la COP16 ayudará a promover la imagen de Cali y Colombia en el mundo y destacar los atractivos turísticos, la cultura, la biodiversidad, y las oportunidades de ecoturismo del país.

La realización de la COP16 producirá múltiples beneficios para el turismo de la ciudad y del país al posicionar a Cali y a Colombia como destinos turísticos atractivos. Marysol Castillo, directora de la Licenciatura en Turismo de la Javeriana Cali, aseguró que “la COP16 beneficiará al turismo y la economía de Cali y del suroccidente colombiano al tratarse de un evento de talla internacional”.

Involucrar a las comunidades locales en la COP16 será clave para garantizar que las soluciones sean adecuadas y tengan un impacto real pues se empoderaría a las comunidades para que tomen un papel activo en la protección de sus territorios y recursos. La COP16 será una oportunidad para fomentar la educación y conciencia ambiental en la región, impulsando un cambio cultural hacia prácticas más sostenibles y responsables.

Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes: Será una oportunidad para fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que han sido históricamente marginadas y vulneradas. “Realmente creemos que fortalecer los sistemas de conocimiento, las gobernanzas, las territorialidades y la capacidad de incidencia de los pueblos indígenas repercute en una mayor integridad ecológica para la vida”, ha señalado la ministra.

Por su parte, el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, (OPIAC), Oswaldo Muca, aseguró “que en este Gobierno quede en la historia que pudimos hacer algo y que estamos convencidos que vamos a poder no solamente visibilizar a los pueblos indígenas, sino, además, en cabeza de la ministra, podemos decir que los pueblos indígenas somos importantes para salvar la biodiversidad no solamente en este país sino para el mundo”.

Septiembre 25 – 2024

Texto publicado en Quira Medios que hace parte de la Alianza de Medios Alternativos PANAL+

Por Pilar Cuevas Marín* y Diana Carolina Reyes López*

Las realidades sociales de las ciudades latinoamericanas, ameritan una reflexión sobre sus actuales transformaciones, pues se observan empoderamientos y liderazgos que insinúan cambios culturales en las relaciones de las comunidades.

 Compartimos una reseña del artículo “Buen vivir en clave de lo urbano” publicado originalmente en Revista de Ciencias Sociales (RCS), vol. XXX, No. 2, abril – junio 2024, donde sus autoras recogen estas preocupaciones y búsquedas por la construcción de identidades propias en los espacios urbanos de nuestra América, búsquedas que trascienden el contexto político-social, acercándose a cosmovisiones de esas otras realidades del Abya Yala, presentes en la memoria de los pueblos y territorios.

 Al final de la reseña se encuentra el articulo original completo, el cual puede ser descargado de forma gratuita para su lectura detalla y consulta bibliográfica.

 Agradecemos a las autoras por su participación en esta edición de Quira Medios, especialmente a Pilar con quien compartimos la enorme responsabilidad y privilegio de ser parte de la Universidad de la Tierra “Orlando Fals Borda”.

 ¿Es posible sentipensar las ciudades desde los buenos vivires? En el siguiente artículo, que hace parte de procesos colectivos y comunitarios de diálogo y escritura, exploramos este interrogante poniendo en primer plano la experiencia vivida por las y los autores en un escenario complejo y de muchas contradicciones como son las ciudades.  Invitadas/os a su lectura y reflexión.

 Varias afirmaciones en el campo del urbanismo contemporáneo, sobre todo en América Latina, han establecido la inviabilidad de la vida en la ciudad. Embebidas por las dinámicas del modelo de ciudad moderna y capitalista, la urbe concentra las condiciones de producción y acumulación que han llevado a formas de vida abigarradas, desterritorializadas y sin tiempo para lo “verdaderamente importante”. Ello por cuanto el neodesarrollismo en su lógica de mercado ha traído consigo lo que se denomina como extractivismo urbano y gentrificación, lo cual se ha visto reflejado en el desplazamiento de los viejos sectores populares urbanos para dar lugar a nuevos proyectos de urbanización basados en la acumulación e insaciable búsqueda de incrementar la renta de las propiedades urbanas.

 Como parte de este proceso, se intensifica un modelo de consumo que afecta las distintas esferas que dan sentido a la vida, y allí se tiene los hábitos alimenticios, la forma de vestir, la nueva industria cultural y del entretenimiento. Es un momento donde las plataformas de ventas en línea, centros comerciales y supermercados, vienen generando prácticas de acumulación basadas en un deseo de felicidad y bienestar por medio de la acumulación de bienes materiales. Esto ayuda a entender por qué se observa el deseo de personas y colectivos, en especial sectores medios, por “salir” de las ciudades, en tanto una alternativa a la forma de vida dominante que dignifique la condición humana, sobre la base de una reconexión con la naturaleza y los saberes ancestrales.

En este contexto, el artículo analiza la forma en que las ciudades en América Latina, lejos de ser el espacio donde se impone la lógica del mercado en su proceso de ocupación, son también escenarios de disputa por los sentidos en torno a cómo habitarlas. Sobre el cemento se gesta el territorio y las reivindicaciones que plantean formas de vida distintas, las cuales se han manifestado desde las luchas viviendistas de mediados del siglo pasado hasta las expresiones de procesos organizativos de diverso tipo.

 Por ello, las ciudades pueden también ser leídas en clave del buen vivir y de los principios que han llevado a constituirla como una filosofía del Sur, teniendo en cuenta los aportes teóricos de las pedagogías emancipadoras de las que son parte la educación popular, la investigación acción participativa y la reconstrucción de las memorias colectivas.

 De ahí que el propósito sea el de comprender la noción de buen vivir urbano, a partir de resignificar las categorías de territorio, territorialidad y sentido de lugar, recurriendo en especial a las ontologías políticas relacionales (Idrobo-Velasco y Orrego-Echeverría, 2021), y las contribuciones generadas por quienes han estado inmersos en los proyectos comunitarios y barriales alentados por las pedagogías emancipadoras en América Latina (Torres, 2011; 2018).

 Así las cosas, el artículo está escrito en tres capas, teniendo en cuenta la propuesta metodológica de la interdiscursividad como enfoque articulador de las distintas voces y perspectivas en el abordaje del tema. Desde allí, en la primera capa se trabaja el concepto del buen vivir entendido como filosofía del Sur; la segunda, recoge las nociones de territorio, territorialidad y sentido de lugar, para desde allí, esbozar una última sobre el concepto y alcance del buen vivir urbano en diálogo con las ontologías políticas relacionales y las pedagogías emancipadoras.

 El artículo aborda el buen vivir como filosofía del sur, tomando como referente las contribuciones del pensamiento ancestral de Abya Yala, así como las diversas expresiones que surgen de procesos organizativos y de los movimientos sociales. Se infirió qué dicha filosofía supone una nueva forma de vida, del ser-estando y del estar-siendo, radicalmente distinta a los modelos impuestos por el capitalismo y al paradigma dominante de la modernidad-colonial que llevaron a que en las ciudades se imponga hoy en día la lógica utilitarista-productiva, acumulativa y de consumo.

 Como se argumentó, el buen vivir confronta abiertamente esta lógica del capital, poniendo en cuestión las múltiples fragmentaciones, así como el antropocentrismo, en una apuesta por la relacionalidad, la reciprocidad y complementariedad. Con estas categorías, se estableció la estrecha relación entre el buen vivir y las nociones de territorio, territorialidad y sentido de lugar, acudiendo a la ontología política relacional, así como a las pedagogías emancipadoras para el contexto urbano.

En suma, el buen vivir en clave de lo urbano, desde la ontología política relacional y las pedagogías emancipadoras, allana el camino que reposiciona la comprensión del territorio en la praxis de las acciones comunitarias, las mismas que encarnan procesos de resistencia a una forma de control y de apropiación del mismo. En otras palabras, aporta en repensar la vida misma fuera de aquel derrotero unísono de la productividad como fin en sí mismo, poniendo en primer plano las demandas epistémicas, sociales, económicas, políticas y culturales concretas en el nivel local comunitario, y de las ciudades dando sentido a los lugares y resignificando el territorio. De ahí que, principios como el de la relacionalidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, puedan ser leídos desde el buen vivir y en clave de lo urbano.

*Pilar Cuevas Marín
Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos. Docente e Investigadora de la Maestría en Comunicación Educación en la Cultura en la Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia. 

*Diana Carolina Reyes López
Magíster en Estudios Culturales. Docente e Investigadora en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia. 

Septiembre 23 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Después del golpe de mano del ELN contra la instalación militar en Puerto Jordán (Arauca), el proceso de negociación entre los delegados del Gobierno y los de esa agrupación armada ilegal prácticamente entró en una fase terminal. La decisión de suspender los diálogos hace pensar que ese proceso está a punto de fracasar.

Después de la suspensión, sería recomendable que el Gobierno se parara de la mesa de diálogo para retomar una avanzada contrainsurgente cuyos resultados se parezcan a los que dejó la Operación Anorí (1973). Mientras que a los elenos no se les dé un golpe militar contundente, su dirigencia seguirá timando y burlándose del gobierno y de las comunidades campesinas que esperan que cesen las hostilidades en sus territorios. Con todo y lo que significa retomar acciones militares, el Estado no puede permitir el crecimiento de esa “guerrilla” y mucho menos que continúe ejerciendo el control territorial en las zonas en donde hace presencia el ELN.

No hay razón política para insistir en firmar un armisticio con una “guerrilla” que sufre el síndrome de la Eternidad. La mesiánica dirigencia del ELN solo estará dispuesta a dejar las armas cuando llegue a la Casa de Nariño un presidente de la República capaz de llevar al país por los caminos del socialismo, régimen y modelo económico, social y político en el que creen ciegamente los líderes de esa “guerrilla”. Y hablo del viejo socialismo de la URSS o el remedo de socialismo que se practica en Venezuela. Este es quizás el síntoma que con mayor precisión confirma que el Ejército de Liberación Nacional padece el síndrome de la Eternidad.

De ese factor principal se desdoblan otros indicios que hacen pensar en que efectivamente esa “guerrilla” sufre del síndrome de la Eternidad, esto es, que su presencia perenne está garantizada no tanto porque persistan las circunstancias que legitimaron su levantamiento en los años 60, sino porque en su devenir histórico probaron las ventajas y los beneficios de las economías ilegales (narcotráfico, minería y contrabando), lo que los alejó del proyecto revolucionario que encarnaron en las décadas de los 60, 70 y 80. En adelante, sus estructuras federadas entraron en una sintomática anomia institucional que los fue llevando a comportarse de la misma manera que el Clan del Golfo. De ahí que el remoquete de GAO no solo responde al trabajo ideológico y político-militar de las Fuerzas Militares deslegitimarlos como guerrilla, sino a la manera como el presidente Petro asumió su actual existencia y operación militar.

De igual manera, los elenos asumen que cada cuatro años el gobierno de turno deberá proponer la instalación de una mesa de diálogo o una guerra total. Si esa nueva administración le apuesta a la paz negociada, entonces animará y desgastará la salida negociada; si por el contrario ofrece una guerra total, por ese camino mantendrá las ganancias y la presencia de los Señores de la Guerra, al tiempo que mantendrá vigente la necesidad de la paz.

Así entonces, el negocio de la guerra también hace posible que la condición de ese síndrome se manifieste. Los elenos saben que hay Señores de la Guerra dentro y fuera del país que les permiten continuar existiendo no para “liberar” al país como lo advierte la sigla ELN, sino para condenarlo a más años de una confrontación bélica alejada de cualquier sentido político y militar. Lo que interesa es permanecer en el tiempo, mantener su vigencia, desamparada de cualquier posibilidad de tomarse el poder a tiros.

Quienes pensaron que sería más fácil hacer la paz con esa agrupación armada ilegal con el primer gobierno progresista y de izquierda moderada, se equivocaron. Hay razones ideológicas que separaron históricamente a la vieja y actual dirigencia del ELN, con los comandantes del M-19, grupo en el que militó Gustavo Petro. Mientras que los elenos siempre le apostaron al socialismo, la guerrilla urbana del M-19 le apostó a profundizar la democracia.

Mientras que los comandantes del M-19 que hicieron dejación de las armas creían profundamente en la que la paz era el camino para aportar a la construcción de una verdadera democracia, las otras guerrillas de la época, incluida el ELN, continuaron haciéndolo el juego al establecimiento colombiano que usaba el conflicto armado interno para evitar hacer las transformaciones sociales, económicas y políticas que se reclamaban a través del ejercicio de la violencia. En el libro De la insurgencia a la democracia (2009) García-Durán, Vera Grabe y Otti Patiño, estos dos últimos agentes negociadores del actual gobierno, dicen que “fuimos la primera organización insurgente que descubrió que la paz podía ser un elemento transformador porque, durante los últimos 50 años, la violencia en Colombia se había ligado con el poder y se ejercía para mantenerlo, conseguirlo o ejercerlo. La clase dirigente colombiana supo que mantener esa violencia podía ser la mejor manera de impedir las transformaciones sociales y políticas que necesitaba el país. En ese contexto, el M-19 se da cuenta de que la paz es una gran posibilidad para abrirles espacio a esos cambios».

Así que, bienvenidos a la Eternidad señores del ELN. Dirán sus anacrónicos líderes que mientras haya un Estado al cual combatir, ahí habrá un frente, un Antonio García o un Nicolás Rodríguez para hacer eterna su guerra.

Septiembre 11 – 2024

Este texto fue publicado por el Periódico Desde Abajo con el que integramos la Alianza de Medios Alternativos Panal +

Por  Marcelo Colussi

“¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la masa menos instruida? ¡Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa! (…) Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más corto de los alcances de entre aquellos a quienes se dirige. (…) La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su entendimiento limitado; por el contrario, su falta de memoria es muy grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea también capaz de captar la idea”. (Joseph Goebbels)

Según el punto de vista que se tome, lo que distingue al ser humano de otros animales pueden ser distintos elementos: por ejemplo, el “ser racional”, de acuerdo a la visión clásica de Aristóteles, que aún sigue rigiendo en nuestro pensamiento occidental. O el ser un “animal político”, en tanto que somos forzosamente miembros de la polis, la ciudad-Estado, que es lo mismo que decir: parte de la sociedad. Otro abordaje nos mostrará que ese ser humano es el único ser vivo que modifica su entorno según un proyecto propio, el cual va variando con el tiempo. En tal sentido “el trabajo es la esencia probatoria del ser humano”, dirá Hegel, frase retomada por los fundadores del socialismo científico: Marx y Engels (véase al respecto: “El papel del trabajo en la humanización del mono”, de Federico Engels).

Otra forma posible de concebirlo está dada por la comunicación, y más exactamente, por aquello que la posibilita: el lenguaje (lo cual es una forma de articular todas las anteriores visiones). Los animales también tienen sistemas de comunicación, pero nunca en el sentido humano. Existen complejos códigos comunicacionales según las muy diversas especies zoológicas; hay diferentes sistemas de emisión de mensajes, utilizando sus sentidos del olfato, la vista, el tacto, oído y gusto, empleando a veces complicados movimientos, bailes rituales, gestos faciales, actitudes posturales. Pero hay una constante: el lenguaje animal no miente. Puede haber mecanismos de “engaño” (el mimetismo, cambio de color o camuflaje, determinadas posiciones amenazadoras, olores “mentirosos” para engañar a la presa o al depredador, etc.), pero siempre en el orden de lo puramente instintivo, como mecanismos al servicio de la sobrevivencia. Nunca hay “intención” de mentir, de falsear; en el lenguaje humano, por el contrario, mentimos. Pensemos rápidamente, como primeros ejemplos, en el discurso político, o en la publicidad: reinos absolutos de la mentira, del engaño y la manipulación descarada. O en las promesas de amor eterno. ¿Nos podemos tomar en serio todo eso? Suenan a chiste, ¿no? Pues bien: el lenguaje humano es el único que posibilita realizar chistes, que son, en definitiva, juegos de palabra. 

La mentira es constitutiva de la especie humana. Siempre hay una posibilidad de equívoco en nuestra comunicación, consciente y racional, o no consciente. Los humanos nos comunicamos de diferentes maneras: en modo oral, escrito, gestual, con signos y símbolos varios. Siempre está presupuesto un código universal que nos constituye: el lenguaje. De acuerdo a la definición clásica -la que da la Real Academia Española de la Lengua- el lenguaje posibilita esa comunicación, la cual sería la “acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas.” Quizá la definición queda corta, porque en la comunicación, además de informar, hacemos otras cosas; de ahí que se habla de las distintas funciones del lenguaje: conativa, poética, fática, metalingüística, emotiva, mágica. 

No es cierto, contrariando la tradición aristotélico-tomista que nos domina al día de hoy, que pensamos, y luego transmitimos lo pensado por medio de ese supuesto instrumento que sería el lenguaje. Las ciencias sociales modernas (la semiótica, el psicoanálisis, la lingüística) ven el proceso exactamente al revés: el lenguaje nos constituye, nos arma como sujetos humanos. Como dice Paola Valderrama “Lo que el psicoanálisis descubre es que el lenguaje tiene efectos sobre aquellos que lo ‘habitan’, que el lenguaje no es una herramienta o un objeto a disposición de la voluntad de cada cual, sino que cada sujeto es determinado por el lenguaje, que el lenguaje es tan determinante sobre aquellos que hablan como las relaciones de producción pueden ser determinantes sobre aquellos que trabajan. Este habitar el lenguaje es a lo que Freud llamaba el inconsciente”. De ahí que la comunicación entre seres humanos de ningún modo responde a meros mecanismos instintivos -como sucede en el reino animal-. Siempre hay equívoco, mentira (si no, no existiría el polígrafo: valga este simpático video para evidenciarlo), transmisión de algo más -o algo menos- de lo que queremos decir. “Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó”, expresa Lacan. Hay lapsus, por ejemplo, cosa que no les sucede a los animales. En tal sentido, la comunicación humana siempre debe ser tomada con pinzas. Irremediablemente mentimos. 

Ahora bien: en el ámbito de la comunicación de masas, la situación se magnifica a grados superlativos. En ese espacio, el de lo social, de lo público, lo masivo dirigido a grandes colectivos humanos -de ahí que se hable, en forma creciente, de “medios masivos de comunicación”, mass media– lo que menos hay es información objetiva. Hay vil y descarada mentira, apelando siempre a la emotividad. Para graficarlo, quizá de un modo altamente patético, valga lo dicho por el sobrino de Freud, Edward Bernays quien, a partir de la formulación del concepto de inconsciente que hiciera su tío, llevó esa idea a Estados Unidos, dando lugar así a la psicología de la manipulación. Solo el título de su libro principal lo dice todo: “Propaganda. Cómo manipular la opinión pública en democracia”. Allí nos dice, sin ninguna vergüenza, que “El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del ser humano en el seno de un grupo.”

Pues bien: la comunicación de masas, que ha ido cobrando creciente importancia en el mundo moderno, capitalista, hoy totalmente globalizado, desde la imprenta de Gutenberg hasta las redes sociales de internet omnipresentes que actualmente parecen llevar la verdad revelada (más “verdadera” que la Biblia que imprimía aquel tipógrafo teutón), hoy día decide todo.

Si bien la gran masa humana no decide democráticamente nada -eso nunca fue así, en ninguna sociedad: solo quizá en los socialismos del siglo XX hubo unos primeros balbuceos al respecto-, hoy día el poder de manipulación comunicativa que detentan los megacapitales no tiene parangón. Lo que la gente hace, piensa, consume, aparentemente decide y lo que disfruta, es producto de monumentales, gigantescas y muy bien orquestadas políticas comunicacionales. Hoy ya no es solo la prensa escrita, el “cuarto poder”, como se le llamó. Es la parafernalia de recursos técnicos existentes, cada cual más atractivo, hipnotizador, envolvente. Ahí están, además de la otrora omnipoderosa prensa escrita (hoy ya alicaída), la radio, la televisión, el internet (nueva deidad incuestionable) y un etcétera que no para de crecer, influencers por ejemplo (actores, simples operadores de esos grandes poderes, quizá sin saberlo). Cada vez más, nuestros hábitos de vida están digitados por estos grandes centros decisorios. 

“En la sociedad tecnotrónica, el rumbo lo marcará la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos descoordinados que caerán fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotarán de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”, pudo decir sin ningún tapujo Zbigniew Brzezinsky, uno de los intelectuales orgánicos más importantes de los últimos años en Estados Unidos.

La “verdad” ya no importa (en realidad, a los poderes nunca le importó); lo único que se busca, ahora con medios de manipulación cada vez más finos y eficientes, hechos a la alta escuela, pretendidamente con estatus científico -no pasan de burdas tecnologías empíricas- es el manejo de las grandes masas. Para muestra, ahí está la publicidad, el “arte del engaño”, como se la ha nombrado.

“Una agencia de publicidad próspera manipula los motivos y deseos humanos y engendra una necesidad de bienes desconocidos o inclusive rechazados hasta entonces entre el público”, reconoce un pope del mercadeo, el estadounidense Ernest Dichter.

En otros términos, esta comunicación de masas, absolutamente unidireccional (del emisor al receptor, sin la más mínima posibilidad de retorno en sentido contrario) no solo moldea sino que, en todo caso, oficia como impiadosa dictadura. Miente, falsea las cosas, obliga a determinadas conductas (las que desean los emisores). “Para sofocar cualquier revuelta por adelantado (…) métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación. (…) Que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Transmitiremos masivamente, vía televisión [hoy día deberían agregarse redes sociales y aplicaciones de internet], estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional”, decía en 1956 el pensador austro-germano Günther Anders. “Estúpidos entretenimientos” … Más claro: imposible.

La gente no es estúpida, sino que la vuelven estúpida. ¿Cómo entender, si no, que una gran masa de población, eternamente sojuzgada, vea como el principal motivo de sus penurias a un otro diferente? (el extranjero que “viene a robar puestos de trabajo”, el de otra etnia, el de otra orientación sexual, el que no es igual que yo), y no a quien le explota. ¿Cómo entender, si no, que vote en las urnas por su propio verdugo? (Milei en Argentina, la andanada de ultraderecha en Europa, Bolsonaro en Brasil, etc.). ¿Cómo entender que las poblaciones, cada vez más, consuman sin parar cosas innecesarias? Se prefiere comprar el teléfono inteligente de moda antes que alimentarse nutritivamente. “Lo que hace grande a este país [Estados Unidos] es la creación de necesidades y deseos, la creación de la insatisfacción por lo viejo y fuera de moda”, expresó un publicista de la agencia estadounidense BBDO. 

“El poder de la prensa es primordial. [Hoy debería agregarse toda la parafernalia de los más variados y sofisticados mass media, pues la prensa escrita va de salida] Establece la agenda de discusión pública. Es un avasallador poder político que no puede ser controlado por ninguna ley. Determina lo que la gente habla y piensa con una autoridad reservada en algunas partes del mundo solo a los tiranos, sumos sacerdotes y mandarines”, decía un connotado periodista como Theodore White. Definitivamente la comunicación de masas, la creación de la opinión pública y la inducción de “necesidades” para comprar y comprar hasta el hartazgo, no las decide el receptor. La idea de “libertad”, tan cara a las modernas democracias de mercado que se llenan la boca entronizándola, sin dudas queda herida de muerte al analizar estos mecanismos comunicacionales. Como los perros de experimentación de Pavlov, somos condicionados a hacer lo que otros quieren que hagamos. Tal es el grado inmisericorde de manejo de nuestras voluntades que se llega a hablar de la barbaridad teórica de “post verdad”. Ya no hay verdad: estamos en el reino de la emotividad creada -magistralmente- por estas tecnologías modernas.

Entonces ¿estamos condenados a vivir en esta suerte de hipnosis colectiva? Los grandes capitales que manejan buena parte del mundo lo intentan. ¡Impidámoslo! Solo el pensamiento crítico, y las acciones que se deriven de él, podrán forjar otra cosa.

Agosto 28 – 2024

Este texto publicado en el periódico Desde Abajo y hace parte de la Alianza de Medios Alternativos

Por Santiago Peña Aranza*

En este artículo se abordan las posibles razones del cubrimiento negativo que hacen los grandes medios a la gestión del primer presidente de izquierda en Colombia; se plantea un cuestionamiento ético a los medios desde el deber ser del ejercicio periodístico, y se cuestiona el hecho de que se hable más de la libertad de prensa que del derecho a la información.

Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales el 19 de junio de 2022, se esperaba que sus relaciones con la prensa no fueran buenas. Su discurso frente a los medios había señalado la necesidad de fortalecer la prensa alternativa y los medios públicos; de hecho, en su gestión como alcalde de Bogotá, Canal Capital se convirtió en un referente, y hoy Rtvc asume ese cauce.

Fortalecer la prensa alternativa y los medios públicos significaba que ya no habría tanta pauta para los grandes medios privados y, por supuesto, esto no le gustaría a sus dueños y a la élite de sus equipos periodísticos.

El 5 de septiembre de 2023, en el artículo “Petro les corta la publicidad a los medios y la gasta en RTVC”, el portal La Silla Vacía reveló, luego de revisar los contratos de publicidad oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia y de todos los ministerios (salvo Cancillería, Salud y Cultura), que “el gobierno de Petro les quitó la pauta a los medios de comunicación privados y la redirigió al sistema de medios públicos”.

La Silla va más allá y compara los gastos en publicidad entre los gobiernos de Duque y Petro durante el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2022 y afirma que fue casi igual (algo más de 6 mil millones de pesos); sin embargo, mientras con Duque el 69 por ciento de ese dinero fue para los medios privados, con Petro la cifra fue 0 por ciento. Con Duque el 18 ciento benefició a Rtvc, el sistema de medios públicos, y con Petro la cifra ascendió al 84 por ciento.

Quizá por ese tipo de cosas, cuando Iván Duque cumplió un año en el gobierno, la revista Semana tituló “Un año de aprendizaje”, y cuando Gustavo Petro apenas completó siete meses la frase en portada resaltó “Colombia va mal”, cuando en Colombia en ningún gobierno han faltado los escándalos ni la mala gestión.

Ahora bien, según Tulio Ángel, presidente del gremio Asomedios, y en el mismo artículo aquí retomado: “la publicidad oficial nacional viene en reducción desde hace varios años y eso se debe a que plataformas tipo Netflix, empresas como Facebook y Google y también los influenciadores se llevan una buena porción de la inversión que antes iba a medios tradicionales”.

Pero no puede atribuírsele solo al tema de la pauta el cubrimiento negativo que hacen los grandes medios privados al gobierno Petro, que incluso ya eran hostiles cuando fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 o incluso Senador de la República.

¿Qué otras razones hay?

Puede haber varias razones para que los grandes medios privados tengan un cubrimiento negativo del primer gobierno de izquierda.

Las más justificadas pueden encontrarse en las propias fallas del gobierno: si comete errores de gestión o si tiene escándalos, es normal esperar que la prensa haga el cubrimiento e informe.

Ahora bien, en este punto lo cuestionado a los medios es que ante escándalos y errores, en la gestión de otros gobiernos no han sido tan implacables. La imparcialidad no se limita a consultar fuentes y tener las versiones de todos los actores frente a un hecho. Va más allá. Debe ser integral en el sentido de medir con la misma vara a todos los gobiernos.

Otra razón para que el cubrimiento sea negativo, puede ser que los medios (sus dueños) tengan una agenda política y económica diferente y opuesta a la que tiene el gobierno.

Si el dueño de un medio de comunicación es un banquero, es lógico que lo use para defender sus intereses como banquero. Y si también es dueño de un fondo privado de pensión, pues si alguna reforma pensional en trámite afecta sus intereses, naturalmente buscará defenderlos. Y así funciona con más temas de la agenda nacional.

En este punto, lo cuestionado a los medios y a los periodistas es que no digan abiertamente los intereses que están defendiendo y traten de hacer pasar los argumentos que esgrimen como imparciales. Y más grave aún: que para debilitar los argumentos del gobierno den información sesgada, a medias o falsa. Por supuesto, habría que analizar cada caso de manera puntual.

Según la Corte Constitucional en su Sentencia T-066 de 1998:

«Una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados. La importancia de la libertad de prensa para el buen funcionamiento del sistema político y para el desarrollo libre de cada una de las personas explica la amplia protección que se le dispensa a esta garantía en el constitucionalismo moderno».

Entonces, si el país necesita ciudadanos formados e informados para la realización de los debates que inquietan a la sociedad, informarles desde qué intereses hablan los medios también es fundamental.

¿Señalar esto es una amenaza a la libertad de prensa?

La sentencia de la Corte antes citada señala la importancia de la libertad de prensa para el buen funcionamiento del sistema político, pero no menciona la amenaza que puede representar para ese mismo sistema la ausencia de ética en el periodismo.

Las fake news, las verdades a medias, la dictadura del clic, el clickbait, los títulos y portadas sensacionalistas y demás recursos utilizados en los medios para aumentar el tráfico en sus sitios web y así poder incrementar ingresos, pueden generar emociones y fanatismos en las audiencias, al tiempo que erosionan los argumentos que deben primar en el debate democrático.

Señalar esto y evidenciar que en los medios de comunicación hay intereses políticos y económicos no es amenazar la libertad de prensa. De hecho, en el periodismo, como en cualquier oficio, hay gente que hace bien su trabajo y otra que lo hace mal. Incluso, puede llegar a ser subjetivo definir ese “lo hace bien o lo hace mal”, pero dar una opinión sobre esto tampoco es una amenaza o un ataque.

Ahora bien, las emociones y fanatismos generadas por actores políticos como el Presidente de la República, sus aliados o la oposición política, también erosionan el debate democrático, y el uso de adjetivos para descalificar la labor de los medios y los periodistas puede llevar a estigmatizaciones factibles de llegar a ser peligrosas en situaciones de alta polarización.

Los medios y los periodistas son intocables, no incuestionables; pero los cuestionamientos a la labor informativa también deben hacerse en el marco de la ética y la responsabilidad.

Libertad de prensa vs. derecho a la información

¿No es curioso que se hable más de libertad de prensa que del derecho a la información?

Está posicionado como verdad el enunciado de que la libertad de prensa es una condición necesaria para que exista la democracia. Esto viene de tiempo atrás. Cuando el liberalismo se presentaba como una ideología revolucionaria y su propósito era desmantelar la monarquía absoluta, abolir los títulos de la nobleza, desvincular la religión del Estado y rechazar el derecho divino de los reyes.

Esta ideología ganó rápidamente adeptos entre numerosos filósofos y economistas europeos y, posteriormente, se extendió también a la burguesía. Esta clase social en auge se fortalecía económicamente cada vez más con los cambios impulsados por la Revolución Industrial.

Los liberales aspiraban a establecer un nuevo sistema político fundamentado en el Estado de derecho y la democracia representativa, caracterizado por la defensa de los derechos individuales, como el derecho a la propiedad, la libertad de asociación, la libertad de culto y la libertad de expresión.

En el ámbito económico, abogaban por la libertad de mercado y el desarrollo del capitalismo, dejando atrás las estructuras feudales que sustentaban el poder de la nobleza. Además, este Estado de derecho promovía la igualdad ante la ley para todos los individuos, sin importar su orientación sexual, raza, etnia, origen o condición social.

Aunque todo esto suena muy bien, la realidad es que en esa época poseer una imprenta era extremadamente costoso. Solo algunos de estos burgueses liberales podían permitirse el lujo de adquirir una para difundir sus ideas políticas contrarias a los poderes establecidos, que ejercían una censura muy clara.

La libertad de prensa era la libertad del que tenía el dinero para tener una imprenta y la usaba para difundir sus ideas políticas. Esto deja claro que la prensa desde su origen tiene un carácter político muy fuerte, donde el discurso de la imparcialidad está presente para convertir lo que se dice en una verdad.

Ahora bien, existen claras diferencias entre la libertad de prensa y el derecho a la información, que surge formalmente con la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948.

Si bien la primera es el derecho de los medios de comunicación a publicar noticias, información y opiniones sin interferencia del gobierno; el segundo es el derecho de los ciudadanos al acceso a información veraz y oportuna. Es decir, la libertad de prensa sin ética y responsabilidad puede ser una amenaza para el derecho a la información.

Además, la libertad de prensa la ejercen desde la emisión aquellos que son dueños de medios de comunicación o trabajan en ellos como periodistas (aunque puede haber autocensura y de eso nadie habla); mientras los sujetos del derecho a la información son todos aquellos que conforman las audiencias.

Entonces, ¿No sería también el derecho a la información una condición necesaria para que exista la democracia?

Ojalá la Fundación para la Libertad de Prensa defendiera con la misma vehemencia el derecho de las audiencias a recibir información veraz desde la recepción y sacaran informes críticos sobre los casos en los que la prensa y los periodistas no actúan de manera ética.

También podría pronunciarse sobre casos evidentes en los que periodistas reconocidos usan los medios de comunicación que dirigen como trampolín político-electoral, poniendo en duda toda la pretensión de imparcialidad de sus respectivos medios.

Si lo hicieran, no sería un ataque a la libertad de prensa.

* Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Filósofo (UNC), M.A. en Filosofía Moral y PH.D. en Filosofía Política (P.W.U., USA). Adelantó su segundo Doctorado en Filosofía del Derecho (UNC). Es también Posdoctorado en Derecho de la misma universidad.

Julio 15 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

La polémica suscitada en redes sociales entre los defensores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y sus detractores deviene profundamente ideologizada por estar de por medio varios rifirrafes entre el presidente de la República y periodistas, originados en tratamientos periodísticos que el mandatario no comparte por considerarlos tendenciosos. La confrontación creció aún más por el trino del presidente Petro en el que señaló que la entidad defensora de la libertad de prensa responde a directrices de Francisco Santos Calderón, más conocido bajo el diminutivo de “Pachito”, contradictor o enemigo del jefe del Estado. De acuerdo con el vocero de la entidad en cuestión, el ex vicepresidente de Uribe nada tiene que ver con las taras de la Fundación.

No haré referencia en esta columna a la defensa que de la FLIP hacen periodistas y columnistas. Eso sí, debo indicar que la operación de la Fundación durante este gobierno ha estado en función de defender a los periodistas y empresas mediáticas que de manera concertada y deliberada atacan al gobierno con el único objetivo de generar desazón, miedo e incertidumbres en las audiencias. Han fustigado más los trinos de Petro y guardado silencio frente a notables tratamientos noticiosos que dejan ver la “mala leche” y la intención manifiesta de engañar a las audiencias. Baste con recordar que Ricardo Ospina, periodista de Blu radio, omitió decir que los hallazgos de corrupción de la Contraloría General de la República en la SAE tocaban de manera directa la gestión del gobierno de Duque, el mismo que la emisora defiende de tiempo atrás, quizás porque su conductor, Néstor Morales es cuñado de Iván Duque Márquez.

El punto que quiero exponer en esta columna tiene que ver con el sentido y los alcances de la defensa de la libertad de prensa. Señalo que no hay manera de defender la libertad de prensa cuando esta opera o está sujeta a los intereses corporativos de los agentes de poder económico que fungen como propietarios de las empresas mediáticas.  La libertad de prensa está atada al ejercicio del periodismo y por extensión está conectada al interés general de conocer la verdad por parte de unas audiencias “condenadas” a recibir únicamente la información y los análisis provenientes de medios hegemónicos. De igual manera, la libertad de prensa está ancorada al mandato constitucional que obliga a medios y periodistas a informar con veracidad, asumiendo responsabilidades sociales. Así las cosas, ni la FLIP ni otra instancia que se proponga crear podrá defender la libertad de prensa en los términos absolutos como se lo exigen a la Fundación para la Libertad de Prensa sus críticos. Es un imposible ético, procedimental, lingüístico, e institucional porque las dinámicas, las rutinas, lógicas y el lenguaje periodístico devendrán siempre amañados a lecturas subjetivas de quienes observan la realidad y deciden, muchas veces de manera caprichosa, qué hechos merecen elevarse al estatus de noticia.

Cuando se defiende la libertad de prensa, a sabiendas de que los periodistas y las empresas mediáticas operan y actúan bajo esas circunstancias, lo que terminan haciendo sus defensores es legitimar el conjunto de intereses y subjetividades que confluyen al momento de registrar una noticia. No hay manera de controlar los efectos y la incidencia de los puntos de vista de las fuentes consultadas y las interpretaciones que suelen hacer los periodistas de los hechos noticiables. Es más, los colegas saben que los editores suelen dar la instrucción de buscar fuentes “críticas” del gobierno cuando la intención de una nota sea justamente atacar a quienes representar el poder político en una administración.

Es importante que existan agentes como la FLIP para defender la libertad de prensa de actividades de censura promovidas por gobiernos o actores de facto. Pero poco o nada pueden hacer cuando los editores y periodistas acuerdan auto censurarse. La auto censura, en muchos casos, suele tener peores efectos políticos que las intentonas de censura por parte de gobiernos de mano dura. Omitir un dato, no pronunciarse sobre un hecho noticioso relevante de acuerdo con los manuales de periodismo, pero peligroso editorial y políticamente tanto para los propietarios, como para la empresa periodística. “Cuidar las relaciones con el contexto” es la frase que suelen exponer los censores institucionales cuando aparecen los dilemas éticos alrededor de una nota, fotografía o columna que está en manos de los “porteros” (editores). La comunicación de masas los llama gatekeepers.

Ahora bien, un lector atento se puede preguntar: ¿Se puede defender la libertad de prensa a pesar de esas circunstancias culturales y contextuales? En términos absolutos, no. Lo que se termina defendiendo no es la libertad de prensa como elemento universal, como bien societal con visos de una incontrastable universalidad. Lo que termina defendiéndose es la libertad de informar y de opinar bajo las particulares condiciones en las que un medio decide operar, de acuerdo con los intereses privados de sus propietarios.

Por fuera o más allá de las amenazas de agentes dictatoriales o censores de oficio, lo que se esperaría de medios y periodistas es que hicieran tratamientos periodísticos rigurosos, serios y apegados a la contrastación de fuentes. Eso se ha logrado y es posible mantenerlo como práctica periodística. Lo que sucede es que cuando los dueños de las empresas periodísticas y sus periodistas más obsecuentes asumen a un gobierno y en particular a un presidente de la República como su enemigo, la libertad de prensa se convierte en un derecho a mentir, tergiversar y ocultar, con el firme propósito de ahogar políticamente a ese enemigo. Para el caso, es claro que Gustavo Petro ha sido elevado a la condición de “enemigo” de parte de los agentes corporativos que están detrás de las empresas mediáticas que de manera decidida hostigan a diario al gobierno progresista. Esos agentes usan el poder de penetración que aún tienen sus medios, para deslegitimar a la actual administración.

Julio 10 – 2024

Por Édgar Rodríguez Cruz 

Este texto fue publicado en Quira Medios y es parte de la Alianza de Medios Alternativos

La decolonización del pensamiento en Colombia es una condición para construir un modelo de desarrollo propio que promueva el respeto por la vida y la naturaleza, la Paz como identidad nacional, cohesión social y participación ciudadana, descolonizando la estructura social.

“Decolonizar el pensamiento” es una acción crítica de desconstrucción de ideas y teorías que perpetúan la dependencia filosófico-intelectual del colonialismo, mientras la “Descolonización” se enfoca en realizar cambios políticos, económicos y culturales para transformar o eliminar las relaciones estructurales que perpetúan la dependencia impuesta desde la colonia. Ambos enfoques son complementarios y esenciales para la creación de sociedades verdaderamente independientes.

Así, la decolonización posibilita el proceso de descolonización, condición necesaria para afrontar las transformaciones justas e incluyentes que posibiliten construir modelos propios, acordes a la realidad local e historia, de otra manera, parafraseando a Antonio García Nossa, las nuevas generaciones continuarán atadas al atraso y la dependencia.

Colombia ha sido fragmentada por siglos de colonialismo y neocolonialismo perpetuando desigualdades y exclusiones. Decolonizar el pensamiento implica reconocer y valorar las diversas identidades culturales y sociales en aras de fortalecer la cohesión social en el país. Citando a Anibal Quijano, “La colonialidad del poder ha instaurado una jerarquía social que excluye y discrimina a los grupos indígenas y afrodescendientes, perpetuando una estructura social desigual“. Por su parte Myriam Jimeno sostiene que “la descolonización del pensamiento fomenta el respeto y la apreciación de la diversidad cultural, lo cual es esencial para construir una sociedad cohesionada“. Este proceso de reconocimiento y valorización cultural fortalece el tejido posibilitando que todas las voces, visiones y cosmovisiones participen en el diálogo nacional.

Para esto, la independencia intelectual es esencial para generar conocimiento autónomo que responda a las necesidades y realidades colombianas. Walter Mignolo sostiene que “El colonialismo epistemológico ha impuesto una visión eurocéntrica del conocimiento, desvalorizando los saberes ancestrales y locales“. Decolonizar el pensamiento es, por tanto, un paso necesario para liberarse de la dependencia e injerencia intelectual del eurocentrismo y fomentar una producción de pensamiento propio, genuino y relevante que responda a los retos y exigencias particulares del contexto biocultural colombiano.

Otro elemento fundamental para construir un modelo de desarrollo propio en Colombia es la participación social. La decolonización empodera a las comunidades haciéndolas protagonistas de su destino y del desarrollo del país. En este aspecto la educación asume un rol determinante, citando a Paulo Freire “La educación liberadora, basada en el diálogo y la participación, es esencial para que las personas se conviertan en sujetos activos de su propio desarrollo“. 

La visión de desarrollo eurocéntrica, tanto del capitalismo como del comunismo, prioriza el crecimiento económico sobre la sostenibilidad ambiental. Decolonizar el pensamiento permite a Colombia reconectar con las cosmovisiones ancestrales que ven a la naturaleza como un ente vivo y sagrado. Según Arturo Escobar, “las cosmovisiones indígenas y afrodescendientes proponen una relación armónica con la naturaleza, donde el bienestar humano no puede separarse del bienestar del entorno natural“. Esta perspectiva es fundamental para afrontar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, promoviendo prácticas de desarrollo que respeten y protejan la vida y la naturaleza.

Las sociedades originarias y afrodescendientes en Colombia han desarrollado formas de vida que priorizan el bienestar colectivo sobre el individualismo. Catherine Walsh al respecto afirma que “Es fundamental reestructurar los currículos escolares para incluir el conocimiento y las epistemologías de los pueblos originarios, promoviendo así un desarrollo centrado en el bienestar comunitario“. Incorporar estos valores en el modelo de desarrollo colombiano puede fomentar una mayor cohesión social y un sentido de comunidad más fuerte. Esto posibilita la reconstrucción de un modelo de sociedad que reivindique la diversidad cultural del país. 

La actual crisis del capitalismo ha expuesto las fallas de un sistema económico que perpetúa la desigualdad y la explotación, a su vez el agotamiento histórico del comunismo como alternativa al desarrollo, pone de manifiesto la necesidad de un modelo propio. Escobar plantea que “La decolonización del pensamiento ofrece una alternativa al modelo capitalista, promoviendo formas de vida y desarrollo más sostenibles y justas“. Por otra parte, las deficiencias del comunismo en términos de libertades individuales, eficiencia económica, adaptabilidad y equilibrio con la naturaleza, colocan entre dicho su viabilidad sistémica. 

Estamos en un momento de grandes retos y oportunidades, no solo para dar solución a las reivindicaciones históricas, sino para construir una alternativa propia al dualismo eurocéntrista capitalismo – comunismo que priorice el respeto por la vida y la naturaleza, el bienestar humano, la cohesión y la equidad social, para esto la decolonización y la descolonización del pensamiento son elementales para que Colombia pueda asumir con responsabilidad histórica y generacional una segunda independencia que le permita encaminar la sociedad hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible.

____________________

Referencias:

• Dussel, E. (1996). “Filosofía de la Liberación”. Cuarta edición corregido. Editorial Nueva América. Bogotá
• Escobar, A. (2014). “Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia”. Ediciones UNAULA. Medellín.
• Freire, P. (2005). “Pedagogía del oprimido”. Siglo XXI editores. Quincuagesimoquinta edición, nuevo formato. México
• García Nossa. A. (1978). “La estructura del atraso en América Latina”. El Ateneo Editorial. Tercera edición. Buenos Aires.
• Jimeno, M. (1990). “La Antropología en Colombia” En: Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXVIII, Bogotá.
• Mignolo, W. D. (2010). Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo.
• Quijano, A. (2000). “Colonialidad del poder y clasificación social”.
• Walsh, C. (2010). “Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir”. Tomo I. Serie Pensamiento Decolonial. 1era. edición: Ediciones Abya-Yala. 2013

Julio 3 – 2024

Por Diego Herrera Duque
Coordinador Área de Paz Corporación Viva la Ciudadanía

Este texto fue elaborado por Viva la Ciudadanía y hace parte de una alianza entre medios Alternativos

Las ciudades tienen derecho a la paz. Esta afirmación parte de dos premisas. La primera, es que históricamente las perspectivas de tratamiento del conflicto para la búsqueda de la paz en Colombia han estado situadas alrededor de la dimensión agraria o rural del conflicto armado, dejando por fuera las ciudades. La segunda, es que las políticas de abordaje del conflicto y de las violencias urbanas, se han concentrado fundamentalmente en enfoques securitarios y tratamientos punitivos, impidiendo que la ruta en la construcción de paz territorial urbana sea una alternativa a esas visiones tradicionales, que además no han logrado los resultados en materia de disminuir la capacidad criminal de las estructuras ilegales, por el contrario éstas se han expandido militar, social y políticamente, se han especializado en su organización y redes de articulación, y se han diversificado en su portafolio de economías criminales. La mejor política de seguridad será construir la paz urbana en los territorios con políticas basadas en un enfoque de derechos humanos.

La instalación hace un año, de la mesa de diálogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, entre la delegación del gobierno de Gustavo Petro y de los voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Área Metropolitana, impulsada en el marco de la política de Paz Total, abre nuevos desafíos en un escenario inédito de oportunidad política, para superar los ciclos de violencia urbana que ha vivido la región metropolitana en los últimos 40 años, y avanzar en creativas y ambiciosas propuestas para la construcción de la paz territorial urbana en esta ciudad región, así como en los espacios dialógicos que vienen caminando en Buenaventura y Quibdó.

Ello significa cambios en las miradas y las formas de tratamiento del conflicto violento en las urbes en la búsqueda de la paz. En esta dirección, es fundamental comprender que la realización del derecho humano a la paz, como un derecho de solidaridad, consagrado en el artículo 22 de la Constitución política de Colombia, busca una movilización activa de la sociedad civil, y hacerlo exigible al Estado en las ciudades.

Por ello, se hace esencial reconocer que, para materializar la paz urbana, se necesita la realización del Estado Social de Derecho con políticas integrales e inclusivas en comunas y corregimientos de las ciudades, y en particular, que se armonicen los instrumentos de paz que hoy tiene el gobierno central (por ejem. Barrios de Paz, Jóvenes en Paz, Servicio Social para la paz, etc) en su plan de desarrollo en coordinación y concurrencia con los gobiernos locales y sus planes territoriales.

En este sentido, se recomienda que las llamadas regiones paz que están previstas en la ley 2272 de 2022, incluyan de manera concreta “las regiones paz urbanas”, con una institucionalidad específica, o lo que ya muchos vienen planteando como la necesidad de una Consejería para la paz urbana. Esto no significa fragmentar la institucionalidad de la paz, sino más bien darle un lugar dentro de los lineamientos, políticas y recursos necesarios para asumir la ejecución de una agenda de paz en las ciudades, en la que concurren acuerdos de los espacios dialógicos instalados y las agendas ciudadanas que se vienen impulsando de manera autónoma desde la sociedad civil. En este punto, es preciso hacer la distinción, que una cosa es la agenda resultante de los diálogos socio jurídicos entre delegaciones del gobierno y voceros de grupos criminales, y otra es la agenda resultante del movimiento ciudadano por la paz urbana. Son diferentes pero interdependientes y complementarias.

Así mismo, en el marco de una propuesta política de acuerdo nacional, es imperativo un acuerdo específico por garantizar el derecho a la vida en las comunidades y pobladores de territorios urbanos que han sufrido los múltiples repertorios de violencia y padecido el control social y territorial de las estructuras criminales, sin una respuesta efectiva del Estado local y nacional en los últimos 40 años. Al respecto, un elemento central para cualquier acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales será la discusión pública sobre los derechos de las víctimas urbanas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Un debate crucial al desarrollo del espacio dialógico de la Cárcel La Paz, es la necesidad de un marco jurídico para las estructuras criminales. En este aspecto, será primordial explorar las posibilidades de la justicia restaurativa, cuya prioridad deberá ser la reparación del daño a las víctimas de la violencia urbana por parte de los grupos criminales con participación activa de las comunidades afectadas en las soluciones a desarrollar en esta alternativa de justicia en un campo de transicionalidad.

De otro lado, materializar el derecho humano a la paz en las ciudades, implica una sociedad civil organizada y movilizada para la paz urbana. Dicho de otra manera, ir en la dirección de constituir el sujeto encarnado en un movimiento ciudadano por la defensa y edificación de la paz urbana con agenda propia que interpela y aporta a los espacios de diálogo socio jurídico y permite acuerdos autónomos con los gobernantes para políticas e intervenciones integrales en los territorios.

Este camino de participación ciudadana tiene varios factores coligados. Uno, deberá sistematizar y reconocer las experiencias, prácticas, memorias, aprendizajes e iniciativas ciudadanas por la paz que la ciudad ha avanzado en las últimas décadas. Dos, el impulso de distintos repertorios de acción colectiva en función del objetivo de lograr la paz en las ciudades, con un enfoque diferencial, territorial, de género y de diálogo intergeneracional. Tres, ser un puente, un espacio autónomo de sociedad civil que articule la participación plural y efectiva de diversos sectores sociales, en el que se sientan reconocidos y con capacidad de incidir en la agenda pública. Cuarto, ir construyendo una agenda ciudadana para la paz urbana que posibilite acuerdos con el Estado e incidente en los diálogos entre gobierno y estructuras criminales. Quinto, que aporte a una cultura de paz favorable al proceso de paz urbana, construyendo y comunicando unas narrativas, imaginarios y sentidos políticos orientados a la consecución de la paz.

Finalmente, cumplido un año de la instalación de la mesa de dialogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, también es posible decir que un año ha cumplido el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana en Medellín y el Área Metropolitana, con una confluencia de más de 50  organizaciones e iniciativas que vienen trabajando en espacios plenarios, asamblearios, de audiencia y relacionamiento para rodear la mesa dialógica, tener iniciativa política en la agenda pública local y nacional, construir confianza e interacciones con distintos actores políticos y sectores sociales, y exigirle a las partes sentadas en la mesa de dialogo de la Cárcel de La Paz, en momentos de incertidumbre, hechos y desarrollos en la búsqueda de la paz y avanzar sin dilaciones, en materializar el derecho a la paz que reivindicamos para las ciudades de Colombia.

Por Édgar Rodríguez Cruz
Director de Quira Medios

Este texto fue publicado en Quira-Medios.com y hace parte de una alianza entre medios Alternativos que inauguramos con esta publicación

Junio 16  2024

La bioculturalidad se refiere a la interrelación entre la biodiversidad y las culturas humanas que coexisten y se influencian mutuamente. En Colombia, un país megadiverso tanto en términos biológicos como culturales, la bioculturalidad adquiere una relevancia especial. Esta confluencia no solo define la identidad del país, sino que también representa una vía crítica para la conservación de su patrimonio natural y cultural.

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, albergando aproximadamente el 10% de la biodiversidad global en su territorio. Este hecho, sumado a la presencia de más de 80 grupos étnicos y más de 60 lenguas indígenas, sitúa a Colombia como un referente mundial en términos de bioculturalidad. Según el Instituto Humboldt, “la riqueza biocultural de Colombia es única debido a la combinación de sus diversas culturas y la gran variedad de ecosistemas que se encuentran en su territorio”.

Las culturas ancestrales y afrocolombianas han desarrollado una vasta gama de conocimientos y prácticas que están íntimamente ligadas a la biodiversidad local. Estas prácticas no solo aseguran la subsistencia de estas comunidades, sino que también contribuyen a la conservación de los ecosistemas. Por ejemplo, los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana practican la agricultura itinerante y la gestión sostenible de recursos naturales, lo cual protege la biodiversidad del área.

El reconocimiento de la bioculturalidad es esencial para el diseño de estrategias de conservación que sean efectivas y equitativas. Según los investigadores Narciso Barrera-Bassols y Víctor Toledo “las estrategias de conservación que integran el conocimiento y las prácticas locales son más sostenibles y tienen mayores posibilidades de éxito a largo plazo”. En este sentido, los planes de conservación en Colombia han comenzado a incorporar el saber ancestral y las prácticas tradicionales como parte integral de sus enfoques.

Un ejemplo notable de esta integración es el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, el cual es reconocido tanto por su biodiversidad como por su importancia cultural. En 2018, fue declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO debido a su valor ecológico y cultural. Este reconocimiento subraya la necesidad de preservar no solo los ecosistemas, sino también las culturas que los han mantenido durante siglos.

A pesar de los avances en el reconocimiento de la bioculturalidad, Colombia enfrenta numerosos desafíos. La deforestación, el cambio climático y la expansión de actividades extractivas amenazan tanto la biodiversidad como las culturas locales. Las comunidades indígenas y afrodescendientes a menudo se encuentran en la primera línea de estos impactos, lo que pone en riesgo su modo de vida y sus conocimientos tradicionales.

No obstante, estos desafíos también presentan oportunidades para fortalecer la bioculturalidad. El auge del ecoturismo y del turismo cultural, por ejemplo, ofrece una vía para que las comunidades locales compartan sus conocimientos y prácticas mientras generan ingresos. Además, iniciativas como la creación de territorios indígenas autónomos han demostrado ser efectivas en la protección de la biodiversidad y la promoción de la autodeterminación cultural.

Así, la bioculturalidad en Colombia representa una riqueza invaluable que debe ser preservada y promovida. La interconexión entre la diversidad biológica y cultural no solo define la identidad del país, sino que también ofrece soluciones sostenibles para los desafíos ambientales y sociales contemporáneos. Integrar el conocimiento y las prácticas tradicionales en las estrategias de conservación es crucial para asegurar un futuro en el que tanto la naturaleza como las culturas locales puedan prosperar.

Abril 19 – 2023

Por Pablo Cala
Defensor de Derechos Humanos
Fundación Hasta Encontrarlos

En la rendición de cuentas de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD, del 02 de febrero de 2023 en Villavicencio, se presentó a los familiares y a toda la sociedad la cifra consolidada del registro de personas desaparecidas forzadamente y en el contexto del conflicto armado, con la impresionante cifra de 104.602 personas víctimas de este crimen, la cifra varió días después a 104.537. Desde el mismo día empezó a rondar la pregunta de ¿Quiénes son? Por lo Menos Sus Nombres deberían ser de conocimiento público, como una manera de dignificar sus vidas, reconocer por los familiares si entre ellos están sus seres queridos, de poder contribuir con nueva información en su búsqueda sabiendo quiénes son, de que no queden en el olvido y sea una contribución a la verdad y justicia, desde la memoria.

Seguramente que ninguno de nosotros desearía terminar siendo solo una cifra, todos queremos que se nos recuerde, Por lo Menos el Nombre. El derecho al Nombre está vinculado al derecho a la Identidad y es un derecho humano que comprende derechos correlacionados: desde el nombre propio se puede conocer la propia historia filial, se garantiza el reconocimiento de la personalidad jurídica y la nacionalidad. Como todos los derechos humanos, el derecho a la identidad se emana de la dignidad inherente al ser humano, razón por la cual le pertenece a todas las personas sin discriminación, y el Estado está obligado a garantizarlo, esté la persona viva o muerta, mucho más si se encuentra en la condición de desaparecida, donde la incertidumbre de su suerte y paradero hace que Nombrarla se convierta en la primera acción de búsqueda.

El derecho al Nombre e Identidad, se vincula con el derecho a su reconocimiento, a que seamos nombrados, por ello se convierte en una exigencia sustantiva conocer Por lo Menos Sus Nombres, al hablar de 104.537 personas desaparecidas. El Nombre, como derecho inherente a la persona humana, es un signo distintivo que revela la personalidad del sujeto y en tal sentido la Sentencia C-114/17 precisó que el Nombre es (i) un derecho inherente a todas las personas, (ii) un signo distintivo y (iii) una institución de policía que hace posible la identificación y evita la confusión de personalidades. Cuando se nombre a alguien que se conoce, se evoca a la identidad de la persona, su imagen, su comportamiento y en muchos casos su historia de vida, su propia esencia. La Constitución Política, así como el artículo 3º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, han establecido el derecho de las personas a que su personalidad jurídica sea reconocida. Ello supone que a todos los seres humanos se les atribuyen elementos que son de su esencia y definen su individualidad. Se trata de atributos de los que se predica su carácter inalienable, irrenunciable, imprescriptible, vitalicio, personal y absoluto.

Por ello, el 21 de febrero fue presentada la solicitud a la directora encargada de la UBPD, Dra. Claudia Isabel Niño Izquierdo, de dar a conocer públicamente del registro de 104 602 personas desaparecidas, por lo menos sus nombres. La solicitud se sustenta en una larga normativa nacional e internacional: desde el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia (CPC) y los artículos 13, 14 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Código Contencioso Administrativo y la Ley Estatutaria 1712 de 2014, sobre transparencia y derecho al acceso a la información pública nacional, en especial el art. 28, en concordancia con la Ley 1621 de 2013. Así como lo dispuesto en los Artículos 12, 15, 16, 21 y 44 de la CPC y el artículo 14 de la CPC, vinculante con el artículo 3º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en lo concerniente al derecho del reconocimiento al nombre o a la personalidad jurídica, y en concordancia con lo mandatado en el artículo 42 la CPC desarrollado en el Decreto Ley 1260 de 1970, en su Art. 3 y Decreto Ley 1260 de 1979, en sus Art. 52 y 53; y desde el Art. 93 de la CPC con la vinculatoriedad originada en la jurisprudencia de la Corte IDH en desarrollo del derecho a la identidad y al nombre en Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, sentencia del 8 de septiembre de 2005; Caso Masacre de las dos erres vs. Guatemala, sentencia del 24 de noviembre de 2009; Caso Contreras y Otros Vs. El Salvador, sentencia del 31 de agosto de 2011; Caso Gelman Vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011, para que en los términos de ley se resuelva las peticiones relacionadas con el conocimiento público de los nombres de las 104.602 personas desaparecidas que reportó la UBPD en su rendición de cuentas en Villavicencio, Meta, el 02 de febrero de 2023.

En respuesta a esta solicitud se desarrolló una reunión con directivas de la UBPD el 21 de marzo, allí se presentó de manera muy detallada el sistema de información que ha sido utilizado para llegar a esta cifra de 104.537 personas desaparecidas, de las cuales reportan 88.998 personas desaparecidas forzadamente, 12.729 personas secuestradas, 3661 personas reclutadas forzadamente y 3.428 de otros tipos de desaparición. La suma de estas cifras discriminadas es mayor, dado que algunos casos pueden estar cruzados en varias tipologías. Manifestaron varios impedimentos razonables sobre aquella información que no se podría entregar, caso de niños, niñas y adolescentes, de reclutamiento y otras. Al final se presentó el 24 de marzo una insistencia al derecho de petición, solicitando que se entregue Por lo Menos Sus Nombres en los 88.998 registros de personas desaparecidas forzadamente, desde el cruce de la información existente en la Unidad para las Víctimas, el SIRDEC y la propia UBPD, pidiendo a la Registraduría Nacional que coteje estos nombres y documentos de identidad para verificar su existencia y aporten a la memoria de los procesos de búsqueda las fotografías que existen en los registros de cedulación.

Confiamos que la nueva directora, la Dra. Luz Janeth Forero Martínez, sabrá dar una respuesta a estas solicitudes, donde por lo menos sus nombres es la posibilidad de avanzar en los procesos de búsqueda, partiendo de saber a quiénes buscamos. Sería un gran legado que la UBPD entregue a las víctimas y sociedad colombiana, que podría llegar al Centro Nacional de Memoria con la propuesta que todos los 104 537 nombres de personas desaparecidas sean inscritos en las paredes del Museo Nacional de la Memoria.

Por lo Menos Sus Nombres es una exigencia desde la memoria, la de cada persona desaparecida, la de sus familias, sus comunidades y procesos organizativos, de la generación en la que fueron desaparecidos y las nuevas generaciones que deben exigir la erradicación de la desaparición forzada como práctica de eliminar lo diverso, a quien siente y piensa diferente o simplemente como mecanismo de ocultamiento de un crimen, para perpetuar la impunidad.

Marzo 15 – 2023

Por German Ayala Osorio
Analista político 

El punto problemático de la participación de la sociedad vuelve, como ya dije, a aparecer en el punto 3. Transformaciones para la paz. Y el tono político- técnico hace pensar en que es posible llegar a un acuerdo de paz con esa guerrilla, a pesar de que en repetidas ocasiones sus voceros dejaron entrever que los tiempos de la paz son distintos y que la guerrilla no tendría ningún afán de firmar un acuerdo de paz. A lo que se sumó su incredulidad frente a los proyectos productivos, a las curules entregadas a las Farc en el Congreso y la siempre problemática dejación de las armas.

El punto 3.1 Propuestas elaboradas por la sociedad y sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda (Democracia para la Paz). 3.2 Políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad. 3.3 Planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, incluyendo los planes de vida y planes de etnodesarrollo, que constituyan opciones económicas, productivas y sustentables en beneficio de las comunidades. 3.4 Políticas, planes y programas que superen el conflicto agrario histórico, relativos al ordenamiento ambiental y territorial dirigidos a la recuperación sostenible y productiva de los territorios urbanos y rurales, la restauración y protección de la Madre Tierra. 3.5 Pactos sociales que consoliden los acuerdos y una pedagogía y comunicación hacia una cultura de paz. 3.6 El plan integral de transformaciones se articulará y armonizará con los planes nacionales de desarrollo.

Superar la pobreza estructural del país no depende exclusivamente del diseño de políticas públicas. Involucra, claro está, el fortalecimiento del aparato productivo que deviene no solo débil, sino que, en materia ambiental, cultural, ecológica y social, deviene insostenible, porque en buena parte depende de las rentas que producen actividades agro-extractivas (minería a gran escala, ganadería extensiva de baja producción y las grandes plantaciones dedicadas a producir agrocombustibles).

Si miran con cuidado el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso para su aprobación, se plantea hacer un ordenamiento territorial fundado en el agua. Más bien se trataría de un reordenamiento territorial que implicaría negociar con terratenientes, ganaderos y empresas mineras, sus actividades, lo que debería abrir la puerta para salvar los proyectos de vida colectiva y de producción de alimentos, de indígenas, campesinos y afros.

Esta misma agenda ya la había sometido a una crítica similar. Lo realmente nuevo en esta versión es cuando se dice que se va a examinar el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la reconciliación y la vida democrática en este país. Estamos de acuerdo en que el modelo económico debe sufrir ajustes. Si se mira el manejo macroeconómico del actual gobierno, nos damos cuenta de que Petro está siguiendo la ortodoxia económica en particular a los asuntos de la regla fiscal. Sobre el régimen político hay que decir que, si bien sufrió una derrota electoral, su vigencia y poder siguen intactos, tanto así que al mismo presidente de la República le tocó negociar su gobernabilidad con el más influyente y temido agente del Establecimiento colombiano: el súb judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez.

Ojalá se avance en la negociación con el ELN. Por las comunidades que afecta su operación militar, todo esfuerzo político por parar las hostilidades y el desplazamiento forzado, vale la pena hacerlo. Eso sí, tengo mis reservas frente al real convencimiento de la dirigencia de esa guerrilla. Su estructura confederada y su insistencia en ir haciendo los cambios al tiempo que se negocia, y su papel como mediadores, generan muchas dudas.

Febrero 22 – 2023 

Por German Ayala Osorio
Analista político 

En las acaloradas discusiones en torno a la propuesta de reforma a la salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro, sobresale un asunto clave: el pánico a que el Estado tenga el monopolio de la prestación de los servicios de salud. Nadie puede desconocer que el Estado colombiano tiene problemas para copar el territorio y hacer presencia institucional, efectiva, legítima y eficiente, en todo el territorio nacional; a lo que se suma que no es un referente de moralidad para sus ciudadanos. Como tampoco se pueden negar los problemas que los usuarios padecieron con el antiguo Seguro Social (ISS), institución y sistema que terminó mal por responsabilidad de médicos que preferían atender sus consultorios privados, que a los usuarios y por la corrupción de políticos inescrupulosos que metieron sus garras en las finanzas del sistema.

Fue de tal magnitud, que hoy sirve de argumento a los opositores de la reforma para asustar a los clientes que han padecido los “paseos de la muerte” y las demoras en la prestación de los servicios médicos de parte de las EPS. Así se haya avanzado en cobertura y calidad, ambos sistemas comparten la corrupción, la desidia y la falta de rigor profesional en toda la cadena de prestación de los servicios de salud.

Ese miedo al Estado, explicable por demás, esconde unas circunstancias culturales y humanas que no se pueden soslayar: ese Estado, paquidérmico, ineficiente, ineficaz y corrupto ha sido operado y es operado aún por seres humanos (técnicos, tecnólogos y profesionales) que llegaron a cargos de dirección y operativos gracias a políticos profesionales y a concursos que debieron fundarse en la evaluación transparente de las hojas de vida. Muchos de esos concursos fueron manipulados por políticos. Entonces, cuando se pretende asustar a la gente diciendo que está muy mal que el Estado tenga el monopolio de la prestación de los servicios de salud, de manera directa se está descalificando a los servidores públicos (incluidos contratistas) que hacen parte del sector salud y de la administración de los billonarios recursos.

No he escuchado a funcionarios públicos de carrera salir a defender los servicios médicos del Estado y la capacidad instalada para asumir los cambios que se proponen en la discutida propuesta de cambio a la ley 100 de 1993 y a las lógicas que logró imponer el ethos mafioso que penetró al sistema de salud y en particular el que guió a varios empresarios a montar EPS, prestar los servicios de intermediación por un tiempo, para luego declararse en quiebra o esperar la intervención de la Superintendencia del sector y por ese camino, no responder por desfalcos y malos manejos de los recursos públicos.

La no defensa del Estado se desprende, como valor moral y ético, de la naturalización del espíritu neoliberal que hizo posible el debilitamiento de las instituciones públicas y su consecuente aborrecimiento por parte de los ciudadanos. Si el Estado es inoperante y corrupto se explica porque hay funcionarios ineptos, incapaces y deshonestos a los que poco o nada les dice el concepto “servidor público”. Muchos de estos, puestos en cargos públicos por políticos inescrupulosos (presidentes, congresistas, concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores) que desdicen de lo público- estatal, pero que desde las entrañas del Estado lo debilitan para sacar réditos económicos y políticos, gracias a las transacciones que logran hacer con ciudadanos (empresarios y miembros de la élite dominante) que buscan capturar a las instituciones estatales para ponerlas a su servicio.

Así, el Estado inoperante es el resultado de políticos profesionales y conciudadanos corruptos e incapaces que, con enorme desidia, lograron consolidar y naturalizar la idea de que todo lo público-estatal no sirve, lo que significa que lo privado es lo único que sirve porque quienes están en ese sector, son honestos y probos, cuando ya el país vio como se quebraron EPS por los manejos irregulares y mafiosos de varios de sus gerentes.

Entonces, el problema no está en el monopolio estatal de la salud. El problema está en que la sociedad colombiana deviene confundida moralmente. El ethos mafioso guía nuestras vidas, herencia de una clase dirigente, política y empresarial cuyos miembros en su mayoría son corruptos, sucios y criminales. Los casos pululan. La negociación de la reforma a la ley 100 de 1993 se dará en función de los intereses privados que tienen varios de los congresistas que discutirán la propuesta de ajuste; y claro, vendrá el lobby de los dueños y accionistas de las EPS que dominan el mercado, porque no están dispuestos a dejar de manejar los billonarios recursos que el Estado les gira por cada paciente atendido en las IPS (hospitales públicos y clínicas privadas).

El demonio de la corrupción y del ethos mafioso que se naturalizó en Colombia entre 2002-2010 está en la sociedad, en cada uno de nosotros. La operación del Estado responde a nuestras prácticas omisivas y corruptas. El Estado es apenas la estructura institucional cuyos cimientos están hechos de avaricia, hambre de poder y de la evidente insolidaridad e indolencia de aquellos que le prestan un mal servicio al público.

Enero 25 – 2023

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Solo quienes decidieron dar sentido a sus vidas soportadas en un ya entronizado ethos mafioso, se atreven a desconocer que la corrupción es el mayor problema social y político del país. El principal líder del uribismo, Álvaro Uribe Vélez, jamás se quejó de la corrupción pública y privada. En su mendaz relato, solo atinó a defender ideas vacías como “Estado austero, cohesión social e inversión extranjera”.

Ahora que sus áulicos sienten pasos de animal grande por el interés del gobierno de Gustavo Petro de desenmarañar la red de corrupción que, por largos años, cubrió el manejo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Sistema de Salud y la contratación de la Ruta del Sol (caso Odebrecht), entonces orquestan un Paro Nacional, al tiempo que otros palaciegos (con y sin uniforme militar) intentan ambientar un golpe de Estado, o por lo menos, generar una crisis de legitimidad que provoque y legitime el levantamiento armado.

Aunque es un error del gobierno y de la ministra Carolina Corcho no entregar el proyecto de reforma a la salud a todos los actores involucrados, no es posible defender a capa y espada, como lo hace el uribismo, a las EPS, convertidas en nidos clientelares en las que se instaló el ethos mafioso, esto es, todas las prácticas torcidas para desangrar las finanzas públicas y por ese camino, enriquecer a unos pocos. Es innegable que con la Ley 100 del 93 se aumentó la cobertura, pero también es cierto que se pauperizó el trabajo de los médicos y del resto del personal de salud. Las quejas constantes de los usuarios en contra de las EPS convirtieron el acceso a la salud en un calvario para cientos de ciudadanos que vieron morir a familiares en el paseo de la muerte o por la espera de una cirugía que jamás se autorizó.

El argumento que esgrimen quienes no tienen de qué quejarse del servicio, no puede usarse para ocultar las prácticas corruptas de las EPS al momento de exigirle al Estado el reembolso de los dineros invertidos en los pacientes atendidos.

Y así como se equivoca la jefa de la cartera de salud al evitar la lectura previa del proyecto de reforma, también lo hace el presidente Petro al invitar a que las reformas (laboral, pensional y de la salud) que se avecinan, sean discutidas en la calle. Por más ejercicio de democracia directa que se considere, en las actuales circunstancias y ante el interés de Álvaro Uribe, del Centro Democrático y de sus áulicos de desestabilizar al país, discutir dichos proyectos en la calle podría salir mal. Hay asuntos técnicos cuya complejidad superaría la capacidad de discusión de quienes están dispuestos a defender a dentelladas, si es necesario, el proyecto político que orienta Gustavo Petro.

Las reacciones del uribismo eran previsibles y son comprensibles en la medida en que llevan más de 20 años privatizando el Estado y pauperizando la vida laboral de millones de colombianos. Como agentes defensores del modelo neoliberal, Uribe Vélez, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, entre otros más, las reformas propuestas por el actual gobierno no les son de buen recibo no solo por las diferencias ideológicas, sino porque detrás hay una lucha burocrática entre lo que se conoce hoy como el petrismo y el rancio uribismo, con una diferencia sustancial: Gustavo Petro cree que es posible que el Estado colombiano opere orientado bajo la filosofía de los viejos Estados de Bienestar europeos; mientras que sus contradictores políticos solo piensan en mantener el carácter corporativo del Estado, lo que supone mantener las condiciones de inequidad, concentración de la riqueza y del poder en pocas manos.

Las marchas convocadas para el 14 de febrero y primero de mayo por ambos bandos, no pueden reducirse a la permanencia en el tiempo de la llamada “polarización” social y política. Por el contrario, son la expresión clara de dos proyectos distintos de asumir el Estado y la vida en sociedad.

Aunque no creo que se dé el golpe de Estado en Colombia, lo que sí es posible que ocurra—si es que ya no está ocurriendo- es que poderosos agentes económicos de la sociedad civil orquesten acciones de parálisis de estratégicas actividades a partir de la aprobación en el legislativo de las reformas a la salud, laboral y pensional que busca el actual gobierno. Podrían intentar repetir lo que sucedió en Chile en 1973 cuando ganó las elecciones Salvador Allende.

Vuelvo e insisto: las elecciones regionales podrán ser un “parte aguas” en la gobernabilidad del gobierno de Gustavo Petro. Si el Pacto Histórico no se hace a las principales alcaldías y gobernaciones y consolida su proyecto político y social en las periferias, la capacidad de maniobra del gobierno se verá dramáticamente reducida. Y en esas condiciones, el uribismo podría dar el zarpazo.