Agosto 28 – 2024

Este texto publicado en el periódico Desde Abajo y hace parte de la Alianza de Medios Alternativos

Por Santiago Peña Aranza*

En este artículo se abordan las posibles razones del cubrimiento negativo que hacen los grandes medios a la gestión del primer presidente de izquierda en Colombia; se plantea un cuestionamiento ético a los medios desde el deber ser del ejercicio periodístico, y se cuestiona el hecho de que se hable más de la libertad de prensa que del derecho a la información.

Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales el 19 de junio de 2022, se esperaba que sus relaciones con la prensa no fueran buenas. Su discurso frente a los medios había señalado la necesidad de fortalecer la prensa alternativa y los medios públicos; de hecho, en su gestión como alcalde de Bogotá, Canal Capital se convirtió en un referente, y hoy Rtvc asume ese cauce.

Fortalecer la prensa alternativa y los medios públicos significaba que ya no habría tanta pauta para los grandes medios privados y, por supuesto, esto no le gustaría a sus dueños y a la élite de sus equipos periodísticos.

El 5 de septiembre de 2023, en el artículo “Petro les corta la publicidad a los medios y la gasta en RTVC”, el portal La Silla Vacía reveló, luego de revisar los contratos de publicidad oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia y de todos los ministerios (salvo Cancillería, Salud y Cultura), que “el gobierno de Petro les quitó la pauta a los medios de comunicación privados y la redirigió al sistema de medios públicos”.

La Silla va más allá y compara los gastos en publicidad entre los gobiernos de Duque y Petro durante el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2022 y afirma que fue casi igual (algo más de 6 mil millones de pesos); sin embargo, mientras con Duque el 69 por ciento de ese dinero fue para los medios privados, con Petro la cifra fue 0 por ciento. Con Duque el 18 ciento benefició a Rtvc, el sistema de medios públicos, y con Petro la cifra ascendió al 84 por ciento.

Quizá por ese tipo de cosas, cuando Iván Duque cumplió un año en el gobierno, la revista Semana tituló “Un año de aprendizaje”, y cuando Gustavo Petro apenas completó siete meses la frase en portada resaltó “Colombia va mal”, cuando en Colombia en ningún gobierno han faltado los escándalos ni la mala gestión.

Ahora bien, según Tulio Ángel, presidente del gremio Asomedios, y en el mismo artículo aquí retomado: “la publicidad oficial nacional viene en reducción desde hace varios años y eso se debe a que plataformas tipo Netflix, empresas como Facebook y Google y también los influenciadores se llevan una buena porción de la inversión que antes iba a medios tradicionales”.

Pero no puede atribuírsele solo al tema de la pauta el cubrimiento negativo que hacen los grandes medios privados al gobierno Petro, que incluso ya eran hostiles cuando fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 o incluso Senador de la República.

¿Qué otras razones hay?

Puede haber varias razones para que los grandes medios privados tengan un cubrimiento negativo del primer gobierno de izquierda.

Las más justificadas pueden encontrarse en las propias fallas del gobierno: si comete errores de gestión o si tiene escándalos, es normal esperar que la prensa haga el cubrimiento e informe.

Ahora bien, en este punto lo cuestionado a los medios es que ante escándalos y errores, en la gestión de otros gobiernos no han sido tan implacables. La imparcialidad no se limita a consultar fuentes y tener las versiones de todos los actores frente a un hecho. Va más allá. Debe ser integral en el sentido de medir con la misma vara a todos los gobiernos.

Otra razón para que el cubrimiento sea negativo, puede ser que los medios (sus dueños) tengan una agenda política y económica diferente y opuesta a la que tiene el gobierno.

Si el dueño de un medio de comunicación es un banquero, es lógico que lo use para defender sus intereses como banquero. Y si también es dueño de un fondo privado de pensión, pues si alguna reforma pensional en trámite afecta sus intereses, naturalmente buscará defenderlos. Y así funciona con más temas de la agenda nacional.

En este punto, lo cuestionado a los medios y a los periodistas es que no digan abiertamente los intereses que están defendiendo y traten de hacer pasar los argumentos que esgrimen como imparciales. Y más grave aún: que para debilitar los argumentos del gobierno den información sesgada, a medias o falsa. Por supuesto, habría que analizar cada caso de manera puntual.

Según la Corte Constitucional en su Sentencia T-066 de 1998:

«Una prensa libre contribuye a informar y formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la realización de los debates sobre los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados. La importancia de la libertad de prensa para el buen funcionamiento del sistema político y para el desarrollo libre de cada una de las personas explica la amplia protección que se le dispensa a esta garantía en el constitucionalismo moderno».

Entonces, si el país necesita ciudadanos formados e informados para la realización de los debates que inquietan a la sociedad, informarles desde qué intereses hablan los medios también es fundamental.

¿Señalar esto es una amenaza a la libertad de prensa?

La sentencia de la Corte antes citada señala la importancia de la libertad de prensa para el buen funcionamiento del sistema político, pero no menciona la amenaza que puede representar para ese mismo sistema la ausencia de ética en el periodismo.

Las fake news, las verdades a medias, la dictadura del clic, el clickbait, los títulos y portadas sensacionalistas y demás recursos utilizados en los medios para aumentar el tráfico en sus sitios web y así poder incrementar ingresos, pueden generar emociones y fanatismos en las audiencias, al tiempo que erosionan los argumentos que deben primar en el debate democrático.

Señalar esto y evidenciar que en los medios de comunicación hay intereses políticos y económicos no es amenazar la libertad de prensa. De hecho, en el periodismo, como en cualquier oficio, hay gente que hace bien su trabajo y otra que lo hace mal. Incluso, puede llegar a ser subjetivo definir ese “lo hace bien o lo hace mal”, pero dar una opinión sobre esto tampoco es una amenaza o un ataque.

Ahora bien, las emociones y fanatismos generadas por actores políticos como el Presidente de la República, sus aliados o la oposición política, también erosionan el debate democrático, y el uso de adjetivos para descalificar la labor de los medios y los periodistas puede llevar a estigmatizaciones factibles de llegar a ser peligrosas en situaciones de alta polarización.

Los medios y los periodistas son intocables, no incuestionables; pero los cuestionamientos a la labor informativa también deben hacerse en el marco de la ética y la responsabilidad.

Libertad de prensa vs. derecho a la información

¿No es curioso que se hable más de libertad de prensa que del derecho a la información?

Está posicionado como verdad el enunciado de que la libertad de prensa es una condición necesaria para que exista la democracia. Esto viene de tiempo atrás. Cuando el liberalismo se presentaba como una ideología revolucionaria y su propósito era desmantelar la monarquía absoluta, abolir los títulos de la nobleza, desvincular la religión del Estado y rechazar el derecho divino de los reyes.

Esta ideología ganó rápidamente adeptos entre numerosos filósofos y economistas europeos y, posteriormente, se extendió también a la burguesía. Esta clase social en auge se fortalecía económicamente cada vez más con los cambios impulsados por la Revolución Industrial.

Los liberales aspiraban a establecer un nuevo sistema político fundamentado en el Estado de derecho y la democracia representativa, caracterizado por la defensa de los derechos individuales, como el derecho a la propiedad, la libertad de asociación, la libertad de culto y la libertad de expresión.

En el ámbito económico, abogaban por la libertad de mercado y el desarrollo del capitalismo, dejando atrás las estructuras feudales que sustentaban el poder de la nobleza. Además, este Estado de derecho promovía la igualdad ante la ley para todos los individuos, sin importar su orientación sexual, raza, etnia, origen o condición social.

Aunque todo esto suena muy bien, la realidad es que en esa época poseer una imprenta era extremadamente costoso. Solo algunos de estos burgueses liberales podían permitirse el lujo de adquirir una para difundir sus ideas políticas contrarias a los poderes establecidos, que ejercían una censura muy clara.

La libertad de prensa era la libertad del que tenía el dinero para tener una imprenta y la usaba para difundir sus ideas políticas. Esto deja claro que la prensa desde su origen tiene un carácter político muy fuerte, donde el discurso de la imparcialidad está presente para convertir lo que se dice en una verdad.

Ahora bien, existen claras diferencias entre la libertad de prensa y el derecho a la información, que surge formalmente con la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948.

Si bien la primera es el derecho de los medios de comunicación a publicar noticias, información y opiniones sin interferencia del gobierno; el segundo es el derecho de los ciudadanos al acceso a información veraz y oportuna. Es decir, la libertad de prensa sin ética y responsabilidad puede ser una amenaza para el derecho a la información.

Además, la libertad de prensa la ejercen desde la emisión aquellos que son dueños de medios de comunicación o trabajan en ellos como periodistas (aunque puede haber autocensura y de eso nadie habla); mientras los sujetos del derecho a la información son todos aquellos que conforman las audiencias.

Entonces, ¿No sería también el derecho a la información una condición necesaria para que exista la democracia?

Ojalá la Fundación para la Libertad de Prensa defendiera con la misma vehemencia el derecho de las audiencias a recibir información veraz desde la recepción y sacaran informes críticos sobre los casos en los que la prensa y los periodistas no actúan de manera ética.

También podría pronunciarse sobre casos evidentes en los que periodistas reconocidos usan los medios de comunicación que dirigen como trampolín político-electoral, poniendo en duda toda la pretensión de imparcialidad de sus respectivos medios.

Si lo hicieran, no sería un ataque a la libertad de prensa.

* Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia. Filósofo (UNC), M.A. en Filosofía Moral y PH.D. en Filosofía Política (P.W.U., USA). Adelantó su segundo Doctorado en Filosofía del Derecho (UNC). Es también Posdoctorado en Derecho de la misma universidad.

Julio 15 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

La polémica suscitada en redes sociales entre los defensores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y sus detractores deviene profundamente ideologizada por estar de por medio varios rifirrafes entre el presidente de la República y periodistas, originados en tratamientos periodísticos que el mandatario no comparte por considerarlos tendenciosos. La confrontación creció aún más por el trino del presidente Petro en el que señaló que la entidad defensora de la libertad de prensa responde a directrices de Francisco Santos Calderón, más conocido bajo el diminutivo de “Pachito”, contradictor o enemigo del jefe del Estado. De acuerdo con el vocero de la entidad en cuestión, el ex vicepresidente de Uribe nada tiene que ver con las taras de la Fundación.

No haré referencia en esta columna a la defensa que de la FLIP hacen periodistas y columnistas. Eso sí, debo indicar que la operación de la Fundación durante este gobierno ha estado en función de defender a los periodistas y empresas mediáticas que de manera concertada y deliberada atacan al gobierno con el único objetivo de generar desazón, miedo e incertidumbres en las audiencias. Han fustigado más los trinos de Petro y guardado silencio frente a notables tratamientos noticiosos que dejan ver la “mala leche” y la intención manifiesta de engañar a las audiencias. Baste con recordar que Ricardo Ospina, periodista de Blu radio, omitió decir que los hallazgos de corrupción de la Contraloría General de la República en la SAE tocaban de manera directa la gestión del gobierno de Duque, el mismo que la emisora defiende de tiempo atrás, quizás porque su conductor, Néstor Morales es cuñado de Iván Duque Márquez.

El punto que quiero exponer en esta columna tiene que ver con el sentido y los alcances de la defensa de la libertad de prensa. Señalo que no hay manera de defender la libertad de prensa cuando esta opera o está sujeta a los intereses corporativos de los agentes de poder económico que fungen como propietarios de las empresas mediáticas.  La libertad de prensa está atada al ejercicio del periodismo y por extensión está conectada al interés general de conocer la verdad por parte de unas audiencias “condenadas” a recibir únicamente la información y los análisis provenientes de medios hegemónicos. De igual manera, la libertad de prensa está ancorada al mandato constitucional que obliga a medios y periodistas a informar con veracidad, asumiendo responsabilidades sociales. Así las cosas, ni la FLIP ni otra instancia que se proponga crear podrá defender la libertad de prensa en los términos absolutos como se lo exigen a la Fundación para la Libertad de Prensa sus críticos. Es un imposible ético, procedimental, lingüístico, e institucional porque las dinámicas, las rutinas, lógicas y el lenguaje periodístico devendrán siempre amañados a lecturas subjetivas de quienes observan la realidad y deciden, muchas veces de manera caprichosa, qué hechos merecen elevarse al estatus de noticia.

Cuando se defiende la libertad de prensa, a sabiendas de que los periodistas y las empresas mediáticas operan y actúan bajo esas circunstancias, lo que terminan haciendo sus defensores es legitimar el conjunto de intereses y subjetividades que confluyen al momento de registrar una noticia. No hay manera de controlar los efectos y la incidencia de los puntos de vista de las fuentes consultadas y las interpretaciones que suelen hacer los periodistas de los hechos noticiables. Es más, los colegas saben que los editores suelen dar la instrucción de buscar fuentes “críticas” del gobierno cuando la intención de una nota sea justamente atacar a quienes representar el poder político en una administración.

Es importante que existan agentes como la FLIP para defender la libertad de prensa de actividades de censura promovidas por gobiernos o actores de facto. Pero poco o nada pueden hacer cuando los editores y periodistas acuerdan auto censurarse. La auto censura, en muchos casos, suele tener peores efectos políticos que las intentonas de censura por parte de gobiernos de mano dura. Omitir un dato, no pronunciarse sobre un hecho noticioso relevante de acuerdo con los manuales de periodismo, pero peligroso editorial y políticamente tanto para los propietarios, como para la empresa periodística. “Cuidar las relaciones con el contexto” es la frase que suelen exponer los censores institucionales cuando aparecen los dilemas éticos alrededor de una nota, fotografía o columna que está en manos de los “porteros” (editores). La comunicación de masas los llama gatekeepers.

Ahora bien, un lector atento se puede preguntar: ¿Se puede defender la libertad de prensa a pesar de esas circunstancias culturales y contextuales? En términos absolutos, no. Lo que se termina defendiendo no es la libertad de prensa como elemento universal, como bien societal con visos de una incontrastable universalidad. Lo que termina defendiéndose es la libertad de informar y de opinar bajo las particulares condiciones en las que un medio decide operar, de acuerdo con los intereses privados de sus propietarios.

Por fuera o más allá de las amenazas de agentes dictatoriales o censores de oficio, lo que se esperaría de medios y periodistas es que hicieran tratamientos periodísticos rigurosos, serios y apegados a la contrastación de fuentes. Eso se ha logrado y es posible mantenerlo como práctica periodística. Lo que sucede es que cuando los dueños de las empresas periodísticas y sus periodistas más obsecuentes asumen a un gobierno y en particular a un presidente de la República como su enemigo, la libertad de prensa se convierte en un derecho a mentir, tergiversar y ocultar, con el firme propósito de ahogar políticamente a ese enemigo. Para el caso, es claro que Gustavo Petro ha sido elevado a la condición de “enemigo” de parte de los agentes corporativos que están detrás de las empresas mediáticas que de manera decidida hostigan a diario al gobierno progresista. Esos agentes usan el poder de penetración que aún tienen sus medios, para deslegitimar a la actual administración.

Julio 10 – 2024

Por Édgar Rodríguez Cruz 

Este texto fue publicado en Quira Medios y es parte de la Alianza de Medios Alternativos

La decolonización del pensamiento en Colombia es una condición para construir un modelo de desarrollo propio que promueva el respeto por la vida y la naturaleza, la Paz como identidad nacional, cohesión social y participación ciudadana, descolonizando la estructura social.

“Decolonizar el pensamiento” es una acción crítica de desconstrucción de ideas y teorías que perpetúan la dependencia filosófico-intelectual del colonialismo, mientras la “Descolonización” se enfoca en realizar cambios políticos, económicos y culturales para transformar o eliminar las relaciones estructurales que perpetúan la dependencia impuesta desde la colonia. Ambos enfoques son complementarios y esenciales para la creación de sociedades verdaderamente independientes.

Así, la decolonización posibilita el proceso de descolonización, condición necesaria para afrontar las transformaciones justas e incluyentes que posibiliten construir modelos propios, acordes a la realidad local e historia, de otra manera, parafraseando a Antonio García Nossa, las nuevas generaciones continuarán atadas al atraso y la dependencia.

Colombia ha sido fragmentada por siglos de colonialismo y neocolonialismo perpetuando desigualdades y exclusiones. Decolonizar el pensamiento implica reconocer y valorar las diversas identidades culturales y sociales en aras de fortalecer la cohesión social en el país. Citando a Anibal Quijano, “La colonialidad del poder ha instaurado una jerarquía social que excluye y discrimina a los grupos indígenas y afrodescendientes, perpetuando una estructura social desigual“. Por su parte Myriam Jimeno sostiene que “la descolonización del pensamiento fomenta el respeto y la apreciación de la diversidad cultural, lo cual es esencial para construir una sociedad cohesionada“. Este proceso de reconocimiento y valorización cultural fortalece el tejido posibilitando que todas las voces, visiones y cosmovisiones participen en el diálogo nacional.

Para esto, la independencia intelectual es esencial para generar conocimiento autónomo que responda a las necesidades y realidades colombianas. Walter Mignolo sostiene que “El colonialismo epistemológico ha impuesto una visión eurocéntrica del conocimiento, desvalorizando los saberes ancestrales y locales“. Decolonizar el pensamiento es, por tanto, un paso necesario para liberarse de la dependencia e injerencia intelectual del eurocentrismo y fomentar una producción de pensamiento propio, genuino y relevante que responda a los retos y exigencias particulares del contexto biocultural colombiano.

Otro elemento fundamental para construir un modelo de desarrollo propio en Colombia es la participación social. La decolonización empodera a las comunidades haciéndolas protagonistas de su destino y del desarrollo del país. En este aspecto la educación asume un rol determinante, citando a Paulo Freire “La educación liberadora, basada en el diálogo y la participación, es esencial para que las personas se conviertan en sujetos activos de su propio desarrollo“. 

La visión de desarrollo eurocéntrica, tanto del capitalismo como del comunismo, prioriza el crecimiento económico sobre la sostenibilidad ambiental. Decolonizar el pensamiento permite a Colombia reconectar con las cosmovisiones ancestrales que ven a la naturaleza como un ente vivo y sagrado. Según Arturo Escobar, “las cosmovisiones indígenas y afrodescendientes proponen una relación armónica con la naturaleza, donde el bienestar humano no puede separarse del bienestar del entorno natural“. Esta perspectiva es fundamental para afrontar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, promoviendo prácticas de desarrollo que respeten y protejan la vida y la naturaleza.

Las sociedades originarias y afrodescendientes en Colombia han desarrollado formas de vida que priorizan el bienestar colectivo sobre el individualismo. Catherine Walsh al respecto afirma que “Es fundamental reestructurar los currículos escolares para incluir el conocimiento y las epistemologías de los pueblos originarios, promoviendo así un desarrollo centrado en el bienestar comunitario“. Incorporar estos valores en el modelo de desarrollo colombiano puede fomentar una mayor cohesión social y un sentido de comunidad más fuerte. Esto posibilita la reconstrucción de un modelo de sociedad que reivindique la diversidad cultural del país. 

La actual crisis del capitalismo ha expuesto las fallas de un sistema económico que perpetúa la desigualdad y la explotación, a su vez el agotamiento histórico del comunismo como alternativa al desarrollo, pone de manifiesto la necesidad de un modelo propio. Escobar plantea que “La decolonización del pensamiento ofrece una alternativa al modelo capitalista, promoviendo formas de vida y desarrollo más sostenibles y justas“. Por otra parte, las deficiencias del comunismo en términos de libertades individuales, eficiencia económica, adaptabilidad y equilibrio con la naturaleza, colocan entre dicho su viabilidad sistémica. 

Estamos en un momento de grandes retos y oportunidades, no solo para dar solución a las reivindicaciones históricas, sino para construir una alternativa propia al dualismo eurocéntrista capitalismo – comunismo que priorice el respeto por la vida y la naturaleza, el bienestar humano, la cohesión y la equidad social, para esto la decolonización y la descolonización del pensamiento son elementales para que Colombia pueda asumir con responsabilidad histórica y generacional una segunda independencia que le permita encaminar la sociedad hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible.

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Referencias:

• Dussel, E. (1996). “Filosofía de la Liberación”. Cuarta edición corregido. Editorial Nueva América. Bogotá
• Escobar, A. (2014). “Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia”. Ediciones UNAULA. Medellín.
• Freire, P. (2005). “Pedagogía del oprimido”. Siglo XXI editores. Quincuagesimoquinta edición, nuevo formato. México
• García Nossa. A. (1978). “La estructura del atraso en América Latina”. El Ateneo Editorial. Tercera edición. Buenos Aires.
• Jimeno, M. (1990). “La Antropología en Colombia” En: Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXVIII, Bogotá.
• Mignolo, W. D. (2010). Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo.
• Quijano, A. (2000). “Colonialidad del poder y clasificación social”.
• Walsh, C. (2010). “Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir”. Tomo I. Serie Pensamiento Decolonial. 1era. edición: Ediciones Abya-Yala. 2013

Julio 3 – 2024

Por Diego Herrera Duque
Coordinador Área de Paz Corporación Viva la Ciudadanía

Este texto fue elaborado por Viva la Ciudadanía y hace parte de una alianza entre medios Alternativos

Las ciudades tienen derecho a la paz. Esta afirmación parte de dos premisas. La primera, es que históricamente las perspectivas de tratamiento del conflicto para la búsqueda de la paz en Colombia han estado situadas alrededor de la dimensión agraria o rural del conflicto armado, dejando por fuera las ciudades. La segunda, es que las políticas de abordaje del conflicto y de las violencias urbanas, se han concentrado fundamentalmente en enfoques securitarios y tratamientos punitivos, impidiendo que la ruta en la construcción de paz territorial urbana sea una alternativa a esas visiones tradicionales, que además no han logrado los resultados en materia de disminuir la capacidad criminal de las estructuras ilegales, por el contrario éstas se han expandido militar, social y políticamente, se han especializado en su organización y redes de articulación, y se han diversificado en su portafolio de economías criminales. La mejor política de seguridad será construir la paz urbana en los territorios con políticas basadas en un enfoque de derechos humanos.

La instalación hace un año, de la mesa de diálogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, entre la delegación del gobierno de Gustavo Petro y de los voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Área Metropolitana, impulsada en el marco de la política de Paz Total, abre nuevos desafíos en un escenario inédito de oportunidad política, para superar los ciclos de violencia urbana que ha vivido la región metropolitana en los últimos 40 años, y avanzar en creativas y ambiciosas propuestas para la construcción de la paz territorial urbana en esta ciudad región, así como en los espacios dialógicos que vienen caminando en Buenaventura y Quibdó.

Ello significa cambios en las miradas y las formas de tratamiento del conflicto violento en las urbes en la búsqueda de la paz. En esta dirección, es fundamental comprender que la realización del derecho humano a la paz, como un derecho de solidaridad, consagrado en el artículo 22 de la Constitución política de Colombia, busca una movilización activa de la sociedad civil, y hacerlo exigible al Estado en las ciudades.

Por ello, se hace esencial reconocer que, para materializar la paz urbana, se necesita la realización del Estado Social de Derecho con políticas integrales e inclusivas en comunas y corregimientos de las ciudades, y en particular, que se armonicen los instrumentos de paz que hoy tiene el gobierno central (por ejem. Barrios de Paz, Jóvenes en Paz, Servicio Social para la paz, etc) en su plan de desarrollo en coordinación y concurrencia con los gobiernos locales y sus planes territoriales.

En este sentido, se recomienda que las llamadas regiones paz que están previstas en la ley 2272 de 2022, incluyan de manera concreta “las regiones paz urbanas”, con una institucionalidad específica, o lo que ya muchos vienen planteando como la necesidad de una Consejería para la paz urbana. Esto no significa fragmentar la institucionalidad de la paz, sino más bien darle un lugar dentro de los lineamientos, políticas y recursos necesarios para asumir la ejecución de una agenda de paz en las ciudades, en la que concurren acuerdos de los espacios dialógicos instalados y las agendas ciudadanas que se vienen impulsando de manera autónoma desde la sociedad civil. En este punto, es preciso hacer la distinción, que una cosa es la agenda resultante de los diálogos socio jurídicos entre delegaciones del gobierno y voceros de grupos criminales, y otra es la agenda resultante del movimiento ciudadano por la paz urbana. Son diferentes pero interdependientes y complementarias.

Así mismo, en el marco de una propuesta política de acuerdo nacional, es imperativo un acuerdo específico por garantizar el derecho a la vida en las comunidades y pobladores de territorios urbanos que han sufrido los múltiples repertorios de violencia y padecido el control social y territorial de las estructuras criminales, sin una respuesta efectiva del Estado local y nacional en los últimos 40 años. Al respecto, un elemento central para cualquier acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales será la discusión pública sobre los derechos de las víctimas urbanas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Un debate crucial al desarrollo del espacio dialógico de la Cárcel La Paz, es la necesidad de un marco jurídico para las estructuras criminales. En este aspecto, será primordial explorar las posibilidades de la justicia restaurativa, cuya prioridad deberá ser la reparación del daño a las víctimas de la violencia urbana por parte de los grupos criminales con participación activa de las comunidades afectadas en las soluciones a desarrollar en esta alternativa de justicia en un campo de transicionalidad.

De otro lado, materializar el derecho humano a la paz en las ciudades, implica una sociedad civil organizada y movilizada para la paz urbana. Dicho de otra manera, ir en la dirección de constituir el sujeto encarnado en un movimiento ciudadano por la defensa y edificación de la paz urbana con agenda propia que interpela y aporta a los espacios de diálogo socio jurídico y permite acuerdos autónomos con los gobernantes para políticas e intervenciones integrales en los territorios.

Este camino de participación ciudadana tiene varios factores coligados. Uno, deberá sistematizar y reconocer las experiencias, prácticas, memorias, aprendizajes e iniciativas ciudadanas por la paz que la ciudad ha avanzado en las últimas décadas. Dos, el impulso de distintos repertorios de acción colectiva en función del objetivo de lograr la paz en las ciudades, con un enfoque diferencial, territorial, de género y de diálogo intergeneracional. Tres, ser un puente, un espacio autónomo de sociedad civil que articule la participación plural y efectiva de diversos sectores sociales, en el que se sientan reconocidos y con capacidad de incidir en la agenda pública. Cuarto, ir construyendo una agenda ciudadana para la paz urbana que posibilite acuerdos con el Estado e incidente en los diálogos entre gobierno y estructuras criminales. Quinto, que aporte a una cultura de paz favorable al proceso de paz urbana, construyendo y comunicando unas narrativas, imaginarios y sentidos políticos orientados a la consecución de la paz.

Finalmente, cumplido un año de la instalación de la mesa de dialogo socio jurídico en la Cárcel La Paz de Itagüí, también es posible decir que un año ha cumplido el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana en Medellín y el Área Metropolitana, con una confluencia de más de 50  organizaciones e iniciativas que vienen trabajando en espacios plenarios, asamblearios, de audiencia y relacionamiento para rodear la mesa dialógica, tener iniciativa política en la agenda pública local y nacional, construir confianza e interacciones con distintos actores políticos y sectores sociales, y exigirle a las partes sentadas en la mesa de dialogo de la Cárcel de La Paz, en momentos de incertidumbre, hechos y desarrollos en la búsqueda de la paz y avanzar sin dilaciones, en materializar el derecho a la paz que reivindicamos para las ciudades de Colombia.