Octubre 21 - 2022
Por Laura Cruz
Segunda parte de la entrevista a Alberto Bejarano Schiess quien, junto varios colegas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, lleva la defensa de jóvenes detenidos que hicieron parte del Paro Nacional en el sector conocido como Paso del Comercio y que durante el estallido social fue denominado el Paso del Aguante.
Durante varios meses, Hechoencali.com ha asistido a las diferentes audiencias de los jóvenes detenidos y hemos podido hablar con los abogados defensores para tratar de transmitir la realidad que afrontan los muchachos de Primera Línea. Las audiencias han sido por prórroga de la detención preventiva para Carolina Montaño Cuero, Cristian Cortés, Cristian Arroyabe Bermudez y Jhon Maicol Cardona. Además por vencimiento de términos en el caso de Luis Felipe Sanchez y Cristian Aguilar Isaza. En ninguno de los casos los jueces han dado una respuesta y tan solo han anunciado que, en los primeros días de noviembre, se conocerá la decisión.
Sobre estos procesos hablamos con Alberto Bejarano, que es egresado de derecho de la Universidad Libre, se graduó como comunicador social y periodista de la Universidad del Valle. Lleva varios años ejerciendo derecho penal y derecho laboral. Con el apoderado hablamos también de cómo la Fiscalía ha manejado el proceso, de la repercusión que tiene el mismo a nivel político y social, de los falsos positivos judiciales y de la diferencia entre presos políticos y presos de conciencia.
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Hechoencali.com: Para usted ¿Cómo ha manejado el caso la Fiscalía, particularmente el expediente del patrullero Carlos Andres Orozco Martinez, asesinado en el marco del Paro Nacional en la ciudad de Cali?
Alberto Bejarano: Parte esencial de la investigación se mantiene oculta para la defensa, no se nos evidencia que pueden haber más personas involucradas y de hecho estoy convencido que las hay, pero no han sido vinculadas por parte de la Fiscalía a la investigación formal. El Fiscal lo que hizo fue identificar a quienes estaban en el lugar de los hechos como jóvenes y manifestantes, y entonces dirigió la investigación penal en contra ellos, pero ha obviado una gran cantidad de elementos circunstanciales y contextuales que muestran que el crimen del patrullero, que evidentemente sí ocurrió, comprometió a otras personas que no hacen propiamente parte del proceso de las movilizaciones de los jóvenes, sino que estaban en las calles también al momento de los hechos. Esa es una hipótesis nuestra, que en las calles no solo estaban los jóvenes de la Primera Línea, habían otros actores involucrados en ciclos de violencia y agresión que precisamente son los que la Fiscalía no ha tenido en cuenta a la hora de investigar.
H.C: A mí me llamaba la atención viendo el informe de necropsia que hace la Fiscalía del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, que en todo momento quien hace el informe menciona a jóvenes de Primera Línea y es como si ya hubiera un culpable. ¿Usted piensa que la Fiscalía siempre ha tenido un culpable, en este caso los integrantes de Primera Línea?
A.B: Es bien acotada la observación. La Fiscalía no ha podido probar, aunque insiste en ello, que la Primera Línea es una especie de concertación para asesinar y matar. Eso es lo que nos está diciendo el expediente. Y de hecho, la acusación de coautoría impropia que utilizan para atribuirle responsabilidad a los jóvenes que están investigando es una figura jurídica que implica una conducta delictiva colectiva, lo cual no está probada en los expedientes. Es decir, la idea general expresada en las audiencia públicas en la etapa preliminar es que hay varios autores que se organizaron para matar al patrullero a partir de la manera como fue asesinado y entonces se predetermina sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de elemento material probatorio, sin ningún tipo de consideración adicional, que eso es responsabilidad genérica de los jóvenes de la Primera Línea.
Lo que estamos encontrando es que los jóvenes de la Primera Línea que estamos defendiendo fueron las únicas personas que intentaron de forma mancomunada, y eso espero demostrarlo en algún momento en el proceso, que intentaron actuar para salvar el patrullero de sus agresores y esto es totalmente contrario a lo que dicen los investigadores de la Policía y a las tesis de la Fiscalía.
Lo que no hace la Fiscalía y lo que no han hecho los investigadores es abrir el compás de probabilidades y abrir las hipótesis de la investigación para entender quién más estaba ahí y quién más tenía interés en configurar esos hechos de sangre y muerte en desarrollo del Paro en las calles. Hay que encontrar respuestas en términos de ¿quiénes estaban en las calles esa noche y quiénes venían dominando, inclusive contra la voluntad muchas veces de los jóvenes en los escenarios de la resistencia los hechos de violencia que hoy se investigan?.
H.C: Este caso no solo ha tenido solo implicaciones a nivel jurídico sino también políticas ¿Esas implicaciones políticas qué tanto peso tienen en las decisiones judiciales?
A.B: Asesinar a un policía, bajo cualquier circunstancia, adquiere una connotación de ofensa muy grave a la sociedad entera porque ese servidor público es quien tiene a su cargo las garantías del orden social, porque su función es proteger y servir a la comunidad. Tú vas a tener una respuesta societaria de indignación, de rechazo más allá de lo normal.
El contexto sociopolítico de este juicio está atravesado por una cantidad de variables ligadas al orden público, ligadas a una protesta que se vio finalmente sumida y ahogada en violencia. El 3 de junio de 2021, en la jornada sangrienta en la que murió Carlos Andrés Martínez, fue la última noche del paro en el Paso del Aguante. Hasta ahí llegó la protesta. ¿Y cómo termina el paro? Termina en un acto de violencia indescriptible y dolorosísimo para toda la sociedad, para su familia y para las instituciones. Entonces en medio de este tipo de hechos, totalmente reprochables, se crea un vacío que hace que los jóvenes que finalmente resistieron hasta el final con la idea de una protesta social, terminen totalmente solos en las calles enfrentando el rechazo y la indignación de comunidades que tan solo unos días antes los acompañaron masivamente en la movilización.
Así mismo hay un contexto sociopolítico de ese conflicto que la misma Policía creó a partir de sus propias acciones violentas y criminales en muchos casos al excederse en el uso de la fuerza de forma repetida y que obviamente afecta las sensibilidades presentes en un juicio como estos porque pone a la policía en una actitud contestataria, en un ciclo demencial de defenderse contra todo y a todo costo sin ninguna mediación.
En el caso del Paso del Aguante , se habla del caso de un policial asesinado, cuando puede ser presentado tranquilamente en un contexto en el que se presentaron de diez a 12 a 14 jóvenes asesinados en el marco de las protestas y que en varios casos, conducen a la autoría y responsabilidad presunta de actores estatales, autores delincuenciales, estructuras armadas y adultas que no responden al control de los jóvenes que las mayoría de las veces, son el eslabón más débil de la cadena, frente a lo cual, nuestro sistema de Justicia no ha logrado generar ninguna garantía.
H.C: ¿Usted cree que en la mayoría de casos de los detenidos estamos hablando de falsos judiciales?
A.B: Para mí el concepto de falso positivo judicial es más un término que remite a una discusión política referida a la mala utilización del poder judicial para perseguir un proceso de carácter político. Si tú me preguntas políticamente si eso se presenta, yo creo que sí, eso ha afectado a la Rama Judicial en particular, porque uno ve a muchos jueces fallando de forma consciente o inconsciente a partir de sus miedos, fallando con sus preconceptos, fallando inclusive, a partir de un lugar en la sociedad que sienten como propio y amenazado por los jóvenes y los jóvenes pobres además.
Los jueces, muchas veces son personas de clase media, que tienen ciertos ingresos que los ponen en cierto umbral y que tienen una lógica de vida distinta a la realidad popular de las calles y las barriadas de la ciudad. Los jueces no ven a las barriadas ni a sus problemas, no tienen esa lógica o no son, digamos, personas de cierta dinámica social en movimiento, por el contrario, los jueces viven en circunstancias de vida que los alejan de las realidades que juzgan. Acuérdate, por ejemplo, cuando arranca toda esta dinámica del Paro, lo que se decía es que las barriadas van a venir a tomarse las unidades residenciales y a saquear los hogares y las residencias y los apartamentos. Ese temor de esos sectores medios, están ahí y siguen estando ahí, obviamente muchos de ellos justificados, porque hubo mucha violencia y hubo zozobra pero que terminan determinando una decisión judicial cuando el imputado o sindicado es un joven del estallido social, con resultados absolutamente arbitrarios y dolorosos.
El derecho implica, de alguna manera, cierta desatención a mi propia realidad para poder administrar justicia y para buscar justicia de conformidad con los criterios y los estándares de juzgamiento que deben regir en sociedad. Entonces creo que hay intenciones políticas de contenido represivo extendidos a todos los niveles de la institucionalidad y a ciertos niveles muy altos del organigrama del Estado, aunque eso ha cambiado últimamente. El cambio de gobierno significó un cambio de paradigma en las alturas, sobre todo en las alturas. Pero también creo que las circunstancias que vemos aun en la base de la sociedad y del aparato judicial que hacen que ese tipo de actitudes represivas y revanchistas aún prevalezcan con mucha fuerza en la realidad cotidiana de muchos de estos espacios incluyendo el juzgamiento de la violencia que vivimos en el caso del Paro Nacional en la ciudad.
H.C: ¿Para usted estamos hablando de presos políticos o presos de conciencia?
Yo creería que el término exacto es presos de conciencia y no presos políticos. Me parece que este término exagera y distorsiona lo que realmente está sucediendo. El preso político es una persona que se levanta en armas en contra del Estado y para ese levantamiento se organiza de forma tal que pueda sostener ese conflicto de carácter rebelde, además desconoce al Estado colombiano como autoridad legítima en el territorio y propende por un nuevo Estado que generalmente pretende imponer a través de una rebelión que la mayoría de las veces es armada. Además los delitos penales por los cuales es acusado un preso político son rebelión, asonada y sedición.
Estos jóvenes del estallido social se expresan de otra forma: son presos de conciencia y un preso de conciencia es una persona que efectivamente está siendo perseguida por el Estado, pero no por razón de su postura frente a ese Estado, sino por razón de lo que piensa. ¿Qué piensan los jóvenes? Necesitamos cambios, oportunidades, trabajo, salud y educación, entre otras aspiraciones.
La mayoría de los jóvenes que son Primera Línea votaron por Petro. ¿Qué significa eso? Que están de acuerdo con el régimen político y democrático porque participan de la democracia. El caso de Puerto Resistencia lo ilustra muy bien ya que hicieron campaña electoral. Creo que los jóvenes del Paso del Aguante, de estar libres, hubieran hecho lo mismo. Entonces no es una actitud insurreccional frente al Estado, es una actitud de expresar lo que piensan y por expresarse, efectivamente están siendo perseguidos de manera cruel y desproporcionada.
H.C: ¿Qué violaciones de derechos humanos han sufrido los jóvenes detenidos?
A.B: Empiezo por la violación del derecho fundamental a la libertad, que es algo que tú escuchaste muchas veces en las audiencias. Yo creo que esa es la más grave de todas las violaciones hoy por hoy. En las conversaciones que yo sostengo a diario con ellos, lo que más les está afectando es la privación de la libertad injusta, esto por encima de las carencias materiales de las cárceles en que se encuentran, debemos tener en cuenta que las cárceles nuestras son ratoneras, son lugares horribles, lúgubres,hacinados, indignos, ni que decir de las Estaciones de Policía y los centros de detención transitorios. Hay problemas de alimentación, malos tratos, salud, humillaciones permanentes, salubridad, higiene. Sumado a eso, estos jóvenes no son delincuentes y se tienen que relacionar todos los días con personas que sí lo son.
También hay actos de agresión contra los jóvenes que hemos defendido. Ha habido momentos en que su vida ha estado legítimamente en riesgo en los centros carcelarios y penitenciarios, es decir han podido morir. De hecho, el caso del joven que murió en Tuluá en el incendio de la cárcel , él estuvo en Primera Línea, murió incinerado sin haber sido juzgado, tan solo para mostrar un caso.
Sin embargo, lo que más los va menguando día a día en su condición de detenidos, inclusive físicamente, que uno ve inclusive de manera virtual en las audiencias, es que están soportando un peso muy grande como es la privación de la libertad arbitraria, y en una opinión nuestra, es una privación que no debió suceder, que no corresponde a derecho, en ese sentido es lo más grave que pueda suceder en materia derechos humanos. Encarcelar y privar de la libertad al ser humano cuando no te asiste la razón jurídica, es algo catastrófico y un desenlace desgarrador para las ilusiones de cambiar un país y las vidas de quienes creyeron en ello y que a su vez,fueron capaces de luchar por ello.
Minga judicial por la Primera Línea: Parte I
Un grito que atraviesa los muros
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