Octubre 14 - 2022

Por Laura Cruz 

En el cubrimiento que hemos realizado a lo largo de varios meses sobre las detenciones a personas pertenecientes a la Primera Línea, creada en marco del paro nacional de 2021, hablamos con el abogado Alberto Bejarano Schiess, quien junto varios colegas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, llevan la defensa de jóvenes detenidos por casos que han generado todo tipo de opiniones y polémicas a nivel nacional. Ese grupo de profesionales ha denominado su ejercicio una Minga judicial.

Alberto Bejarano es egresado de derecho de la Universidad Libre, se graduó como comunicador social y periodista de la Universidad del Valle. Lleva varios años ejerciendo derecho penal y derecho laboral. Durante casi dos meses, Hechoencali.com ha asistido a diferentes audiencias de los jóvenes detenidos y hemos podido hablar con los abogados defensores para tratar de transmitir la realidad jurídica que afrontan los muchachos de Primera Línea.

Aquí la primera parte de la charla con el abogado Alberto Bejarano

Hechoencali.com: ¿Quiénes conforman la defensa jurídica de los jóvenes de Primera Línea capturados ?

Alberto Bejarano: Aquí hay una especie de Minga. El equipo jurídico y político está conformado por el compañero Danilo Guarín, que hace parte de la Fundación Comité de Solidaridad para Presos Políticos, Manuel Alejandro García que pertenece a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos de trayectoria en el orden nacional, que han puesto su experiencia y conocimiento a través de sus profesionales para este fin. Participo yo, en la condición de abogado independiente y participa también el doctor David Albarracín, que hace parte del equipo defensor.

H.C: ¿ Qué casos está llevando la minga jurídica?

A.B: La forma en que los defensores de derechos humanos nos hemos juntado, yo diría que es casi como una Minga, si se quiere. Nosotros nos hemos reunido para asumir una parte sustancial del estallido con casos muy importantes, particularmente el que nos reúne con especial énfasis: el del Paso del Aguante. Los casos en particular de Carolina Montaño y Luis Felipe Sánchez, a quien le prorrogaron la medida de aseguramiento. En estos casos que, de alguna manera, hoy tienen un esfuerzo mancomunado de colaboración y apoyo de parte nuestra y de defensa judicial y hay una dinámica de equipo.

H.C: Precisamente con respecto al caso del patrullero asesinado en Cali en pleno paro nacional ¿Qué pruebas aportó la Fiscalía en la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento que se llevó a cabo esta semana?

A.B: Esta es una audiencia de muchas que se han dado y no será la última. De hecho en los próximos días, vamos a tener varias. Al principio cuando se presentó la muerte del patrullero, que realmente fue traumática para la sociedad, era muy fácil capturar a una cantidad de gente y meterla a prisión sobre la base del estado de ánimo que existía sobre ese momento y la presión que había sobre la rama judicial para producir resultados inmediatos.

Eso sucedió hace más de un año, entonces el proceso penal empieza a volverse mucho más exigente. La Fiscalía tiene a varias personas encarceladas sin mayores pruebas y se le está acabando el tiempo para mostrar sus argumentos. Mientras tanto, pasa el tiempo y hay un altísimo costo humano y social. Nuestros defendidos están en medidas de reclusión severas.

La Fiscalía tenía que cumplir con la obligación de prorrogar la medida que no puede sostener. Hay que entender algo: estos jóvenes son inocentes y para yo detener a alguien que es inocente porque no ha sido derrotado en juicio, tengo que tener razones muy precisas que establece la ley. En ese orden de ideas, la Fiscalía debe demostrar cada vez con mayor eficacia por qué estas personas están detenidas y algunas de ellas están en la cárcel casi que por nada y eso es un costo muy alto de pagar, no solo para los jóvenes sino para sus familias y para la sociedad entera.

H.C: En ese sentido ¿Por qué la Fiscalía insiste en la prórroga de la medida de aseguramiento?

A.B: La pregunta es ¿Por qué la Fiscalía necesita un año más? De hecho en el caso de Cristian y Carolina, la investigación concluyó hace diez meses y ni siquiera han sido llevados a juicio.

Un argumento que utilizó la Fiscalía para prorrogar la medida de aseguramiento es que los jóvenes constituyen un peligro para la sociedad, pero eso es falso. Los jóvenes detenidos son muchachos de los barrios, trabajadores. Carolina Cuero, por ejemplo, es madre soltera. Además, ya hubo un cambio de gobierno y el Presidente ha mostrado empatía por los detenidos. Sumado a eso, estos jóvenes no hacen parte de estructuras criminales ni de estructuras de poder pues en libertad no representan ningún peligro para la sociedad, ni para las víctimas, ni la investigación.

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Espere la segunda parte de esta entrevista  en la que hablaremos sobre falsos judiciales, violaciones de derechos humanos, presos políticos o de conciencia, cómo lo político ha influenciado estas capturas, entre otros temas.