Septiembre 9 - 2022 

Por Laura  Cruz 

Es lunes nueve de la mañana. En el computador aparecen fotografías de rostros que me son familiares. Tienen fondos oscuros y con un guarda del INPEC detrás. He visto algunas de esas caras en carteles junto a la palabra libertad, en camisetas de madres que han dejado casi todo de lado para ir a plantones, protestas, reuniones con abogados y entrevistas para exigir justicia y la excarcelación de sus hijos que forman parte de los 25 jóvenes capturados en Cali en marco de la protesta social que inició el 28 abril del año 2021 y que para la gente, en general, duró 36 días, para esos rostros no ha terminado, pues siguen resistiendo y gritando justicia detrás de los muros.

Los jóvenes que aparecen en la pantalla son: Jhon Michael Cardona Jaramillo, Cristian Andrés Cortés Ortiz, Carolina Montaño Cuero, quienes durante las protestas estuvieron en el Paso del Aguante y que el día cinco de septiembre asistieron a la audiencia ante el juez 20 penal municipal con función de garantías, propuesta por el Fiscal para prorrogar la medida de aseguramiento un año más, sin embargo, esta se aplazó algunos días.

Me reúno unos minutos antes de que empiece la audiencia. John Cardona aparece en la pantalla con muletas ya que le partieron una pierna en la cárcel Villahermosa de Cali por una deuda de cinco mil pesos. Carolina me saluda y Cristian comenta algo, a ninguno le preocupa que la audiencia se haya demorado en comenzar. Para ellos el computador es una ventana al mundo, sonríen y hacen bromas, están felices, yo diría eufóricos y no es extraño. Ya llevan más de un año de estar privados de la libertad en las cárceles conocidas por su violencia, no solo entre los presos, sino por las nefastas condiciones del sistema: hacinamiento, falta de condiciones dignas, para comer, bañarse, nulos servicios de salud, entre otras violaciones de derechos humanos.

La vida de Jhon, Carolina y Cristian cambió el 28 de abril cuando comenzó el Paro Nacional en Cali y decidieron hacer parte de la Primera Línea. Ellos y otras personas jóvenes, se ubicaron en el sector ubicado en la carrera 1 con calle 73 debajo del Puente Comercio y que fue rebautizado como Paso del Aguante. Los tres compartían junto a sus compañeros la sensación de injusticia porque en Colombia el costo de la vida cada vez era más alto y no había ni siquiera la opción de trabajar. Sus ganas de cambio y la improvisación de organización que fueron construyendo en el camino, los llevaron a resistir los 36 días del Paro.

No obstante, para ellos la lucha no había terminado ya que fueron capturados meses después, acusados de porte ilegal de armas, tortura, homicidio agravado, desparición forzada agravada, junto a siete jovenes más por su supuesta participación en el homicidio del patrullero Carlos Andrés Rincón, quien fue detenido irregularmente por una multitud, justamente en el Paso del Aguante. El patrullero fue torturado por medio de golpes y heridas múltiples ocasionadas con un arma cortopunzante para después asesinarlo de dos tiros en el rostro y arrojar su cadáver al río Cauca.

Las imprecisiones de la Fiscalía

El abogado Alberto Bejarano, que representa a varios de los acusados de estar involucrados en el homicidio del patrullero, señaló primero que el proceso de los jóvenes puede terminar en vencimiento de términos, ya que la parte acusatoria, en este caso la Fiscalía, no ha mostrado una solo prueba de que sus defendidos hayan estado en el momento del asesinato del policía, ni que tampoco hayan participado en su detención. La única prueba del ente acusador es que algunos de los jóvenes vieron cuando Carlos Andrés Rincón era llevado por una multitud y que intentaron por todos los medios impedirlo. Sin embargo, hasta ahora no hay una sola prueba de que hayan participado en el homicidio.

Danilo Guarin, quien también defiende a integrantes de la Primera Línea que fueron involucrados en el homicidio, señaló que aunque el caso, los cargos, la hora y la fecha son los mismos, “la Fiscalía de manera desleal hizo una diáspora de los procesos enviándolos a varios juzgados, lo que hace aún más difícil llevar el pleito. Aunque hemos solicitado conectividad procesal en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, nos han negado ese derecho”. 

Para Bejarano, que no haya una conectividad procesal también es muy grave “Los abogados no conocemos todo el expediente, a pesar de que llevamos un año con el mismo. Las dificultades que hemos tenido es que el expediente no se nos ha presentado de manera integral y completa. Cada día hay nuevos hallazgos y no propiamente porque la Fiscalía los revele, sino porque nosotros vamos encontrándonos a veces en las cárceles con detenidos que no conocíamos o con allanamientos y procesos que tampoco se nos habían informado”, señala el jurista.

Por esta razón, apelaron ante el Tribunal Superior de Cali y está pendiente que se resuelva la conectividad procesal. Mientras la Fiscalía da claridad en este proceso judicial, las familias de los diez jóvenes capturados por presunto homicidio siguen haciendo plantones como el día 8 de septiembre que estuvieron en la Plazoleta San Francisco. Exigen al ente acusador que muestre la responsabilidad de los pelados en el proceso o que los dejen en libertad.

La Primera Línea de Defensa de los Capturados

No solo en Puerto Resistencia, en las plazoletas o en la Fiscalía, las familias y amigos de los jóvenes han protestado, sino que han llegado hasta el Congreso y el poder ejecutivo para pedir la liberaciòn de los jóvenes, incluso en su primer discurso presidencial Gustavo Petro dijo: "Somos las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser", dijo Petro para referirse a personas privadas de la libertad. "Cuántos jóvenes esposados, cuantos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor", añadió y puntualizó que le pedía al Fiscal General que liberara a los jóvenes.

Posteriormente fue realizada la Caravana Internacional de Juristas, en la que participaron 18 abogados y defensores de derechos humanos de diversos países como: Francia, Gran Bretaña, España, Holanda, Suiza, quienes se concentraron en ver las condiciones de los jóvenes capturados, así como las familias de jóvenes asesinados o desaparecidos. Dicha Caravana le dijo al Ministro de Justicia que estaban alarmados por el hacinamiento en las cárceles y por la arbitrariedad con que el Estado ha manejado la situación.

Otra de las iniciativas en pro de la libertad de los detenidos es la propuesta del Canciller Alvaro Leiva de la Ley de Acogimiento a la que podrían incluir los jóvenes de la Primera Línea, no obstante, esta ley ha generado mucha controversia, por ejemplo el Representante a la Cámara, José Alberto Tejada, ha dicho “ Yo estoy en total desacuerdo. No soy abogado pero el sentido común me dice que se somete a un delincuente o un alzado en armas, y los muchachos ni son delincuentes ni están alzados en armas, son protestantes sociales”.

Cabe señalar que Tejada ha sido uno de los representantes que más ha defendido el derecho a la protesta social. Hace poco visitó a los jóvenes presos en la cárcel de Jamundì y en entrevista con este medio señaló: “La violación de derechos humanos que se presenta contra los jovenes es de todo tipo. Comenzando por el hacinamiento de las cárceles. Porque se les prohíbe ejercer su opinión y su derecho a la libertad”.

El representante a la Cámara también dijo que durante su visita pudo constatar que hay otros cinco jóvenes capturados por protestar. Así mismo denunció que le prohibieron visitar a la joven Carolina Montaño Cuero.

Entre los defensores de los Jóvenes de Primera Línea se encuentra la bancada del Pacto Histórico que propuso la creación de una comisión accidental entre Senado y Cámara para buscar alternativas tanto jurídicas como políticas para la excarcelación de los detenidos.

¿Presión sobre los testigos?

El día 9 de mayo del 2021 Andrés Ospina Monsalve, Andrés Caicedo Ortiz y Kevin David Cerón Diaz, salieron del Paso del Aguante hacia Puerto Resitencia y pidieron a un conductor que los llevara, subiéndose en la parte de atrás de la volqueta. Durante el recorrido otros jóvenes también se subieron al vehículo para ir hasta Puerto Resistencia, entre ellos Joiner Alejandro Diaz Lavarde, que había sido captado momentos antes por un dron haciendo disparos al aire, lo que hizo que pasados diez minutos de trayecto, la Policía detuviera el vehículo. En este operativo los cuatro jóvenes fueron detenidos, al igual que el conductor Harley Rosero.

Los capturados fueron llevados a la Estación del Diamante de Cali y fueron judicializados por los delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple y porte ilegal de armas, puesto que el conductor, después de ser capturado, declaró que los muchachos lo amenazaron de muerte para que los llevara, sin embargo, para el abogado defensor, la Policía orientó la declaración del testigo diciéndole que dijera eso.

“Inclusive es muy importante señalar que primero, a los tres jóvenes no les encontraron ningún arma, además la Fiscalía pidió antes una preclusión de la investigación a favor de mis tres defendidos: Andrés Ospina, Caicedo y Cerón, no obstante el juez del momento, el cuarto penal especializado, negó esa petición. Entonces a la Fiscalía le tocó acusar. Cabe señalar que a mis defendidos no les encontraron ningún arma.”

En en la última declaración que dio el conductor durante el Juicio Oral, que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, señaló que Andrés Ospina Monsalve, Andrés Caicedo Ortiz y Kevin David Cerón Diaz, no habían tenido nada que ver con el secuestro, ya que iban en la parte de atrás del vehículo. A la única persona que señaló fue a Joiner Alejandro Diaz Lavarde, que era el único que iba en la cabina y quien, según su declaración, le dijo que los llevara al punto, amenazándolo con un arma en la cabeza.

El abogado defensor Leonardo Tangarife, señaló que una de las pruebas de que el testigo miente es que su defendido llevaba un arma traumática y no una pistola, ya que el informe policial señala que la cacha era de madera y en el informe del perito señala que la cacha es de metal. Tangarife puntualizó que hubo cambió del arma en el proceso. Así mismo que la versión del testigo es un poco reforzada, amañada, en la búsqueda de que no se vaya a ver perjudicado, porque a él en un principio también lo capturaron”.

Diaz Lavarde lleva más de un año privado de la Libertad en la cárcel de mediana y alta seguridad de Cómbita, Boyacá. Su abogado manifestó que ya hizo la petición de traslado a una prisión más cercana ya que lleva más de un año sin ver a ningún familiar, lo que es una violación a sus derechos, como manifiesta su abogado, sin embargo el Juez de Control de Garantías manifestó que, según el Informe Policial,  había amenazado de muerte a los policías que hicieron la detención por lo que lo consideran un peligro no solamente para la comunidad, sino para la vida e integridad física de los agentes del orden y por eso soliticaron enviarlo a una cárcel de máxima seguridad.

De ser hallado culpable Joiner Alejandro Diaz Lavarde, podría pagar más de 18 años de prisión. Diaz tiene antecedentes por narcotráfico en mínima cantidad, condena que pagó en Pasto. Trabajaba como conductor y vivía con su madre que dependía económicamente de él , al igual que un hijo de once años.

“La Fiscalía no tiene pruebas”

El diez de mayo del 2021, en el punto de Meléndez fue capturado Arles Hernán Bolaños de 18 años. Lo único que la Policía le encontró en el momento de la captura fue un escudo que utilizaba para cubrirse de los gases lacrimógenos y las balas que disparaba el Esmad durante las protestas. Bolaños fue acusado de terrorismo, no obstante, por falta de pruebas tuvieron que retirar los cargos y ahora lo están acusando de obstrucción en vía publica.

Acusación que no tiene ningún peso para su abogado defensor quien señala que, primero a la Fiscalía le queda muy difícil probar que el joven armó la barricada y segundo, la vía de ese sector no era la única para acceder a Jamundí ya que estaban la Autopista Suroriental y la Avenida Pasoancho.

¿Presos Políticos o Presos de conciencia?

José Alberto Tejada representante a la Cámara declaró que: “Nosotros tenemos evidencia de que hay 25 jóvenes capturados que están pasando prisión y en el Valle hay alrededor de 50 muchachos en diversos lugares. a nivel nacional estimamos que 250 jóvenes hoy están con medida intramural. La gran mayoría de ellos con pruebas acusatorias muy débiles, y por eso creemos que se están configurando falsos positivos judiciales.” Además argumentó que los jóvenes son presos políticos porque se enfrentaron al poder.

Por otro lado, el abogado Danilo Guarín que hace parte del Comité de Abogados de Preso Políticos, señaló que en el caso de los capturados que hacen parte de la Primera Línea, no es que sean presos políticos de rigor, pero son presos de conciencia porque son detenidos por actuar a favor de una causa muy justa, que fue el Estallido Social del 2021, es decir son detenidos por sus ideas. Serían presos políticos porque están asumiendo una carga política por parte del Estado. “Por esa actitud, digamos, en cierto sentido rebelde, oponerse a algunas directivas directrices del Estado y por eso en particular han sido detenidos muchos, casi realmente todos con argumentaciones jurídicas o probatorias o fácticas, digamos de casi que montaje de la Fiscalía a través de la Policía Nacional.” También añadió que muchas de las detenciones son falsos judiciales, con maniobras judiciales y de la Policía en pro de un nombramiento nuevo o un avance que los favorezca.

Faltan diez en Puerto Resistencia

Karen Grisales, quien hace parte de la organización Uramba Red Pacifico, dice que que las capturas realizadas en Puerto Resistencia, posterior al Paro Nacional, buscan fracturar los liderazgos de los puntos debilitando los liderazgos principales, además señaló que la persecución a los diez jóvenes que fueron detenidos es claramente política porque ellos fueron parte activa de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Grisales también denunció la crisis carcelaria que se encuentran los jóvenes de Primera Línea que ella denomina presos políticos por su lucha y sus acciones, que se basan en la defensa de los derechos humanos.

“Con la captura de los pelados nos golpean, serían mentirosa si dijera que no, nos desgastan con todo el proceso de liberación, son demasiados esfuerzos que rompen el tejido social, porque hace que nuestras energías estén encaminadas en otras cosas que no tendrían porque ser, porque ellos deberían estar aquí construyendo país. No es un golpe solo a las familias sino a toda la comunidad que nos concedemos y concretamos aquí en el punto.” señala Karen.

Grisales añade que entre los detenidos se encuentra Leonardo Quintero , conocido como Papas que es un apodo más no un alias. Quintero es líder estudiantil y del barrio mucho antes del Paro. Así mismo los otros jóvenes llevaban muchos años en procesos sociales en el territorio, es decir que los liderazgos no nacieron durante el Paro sino que los continuaron durante las protestas y trataron de que mermara la violencia.

Cada uno de los diez jóvenes de PR tiene familia que están en estos momentos asistiendo a plantones y al punto de Puero Resistencia para tratar de buscar recursos para llevarles a la cárcel de Jamundí, donde se encuentran detenidos, sin embargo, las peticiones de las familias y la defensa de los abogados parecen no llegar a oídos de la Fiscalía, puestos que las capturas no cesan, ya que el 1 e septiembre de 2022 fue detenido Harold Manuel Reina Piedrahita, otro líder juvenil de Puerto Resistencia.

Los cargos y las personas detenidas en Cali

En Colombia hay 250 jóvenes (hombres y mujeres) que participaron del Paro, detenidos en distintas cárceles del país. De ellos, 25 son de Cali. Sus familias, amigos y equipos de defensa, aseguran que la gran mayoría de esos casos están sustentados en pruebas muy débiles por lo que se refieren a ellos como Falsos Positivos Judiciales.

En el caso de las personas detenidas en Cali, se les imputan los de cargos de:  

 Y a continuación, la lista de las personas detenidas en Cali. Este listado fue facilitado por las organizaciones sociales y los equipos de defensa jurídica