Periodismo de Derechos Humanos

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9PR 2

Julio 29-2022

Por Jorge Luis Galeano  

Le llaman El Pedazo. Y sí, es un trozo del separador de la avenida Simón Bolívar de Cali que, en el 2021, se convirtió en el símbolo de la resistencia en marco del Paro Nacional. Ahí se levantó el monumento de 9 metros, cuya construcción le dio la vuelta al mundo y que se mantiene hasta ahora. En ese lugar se han gestado muchas iniciativas comunitarias, varias de ellas, tras el estallido social. Iniciativas que han sido encabezadas por varias de las personas jóvenes que participaron de las protestas y la reapropiación de ese sector. 

Y son justamente esas iniciativas las que se han visto seriamente afectadas tras la captura de 9 de esos jóvenes, cuyas amigas, amigos y familiares, aseguran que son líderes comunitarios y no parte de una banda delincuencial.

Pedazo 3

Los jóvenes tienen nombres y apodos. Apelativos con los que han sido conocidos en los barrios por mucho tiempo. Esos apodos, sin embargo, no son del agrado de todo el mundo. A Aura Ordóñez, madre de Alejandro Blandón Ordóñez, no le gusta el de su hijo ´Soldado´ dado, según nos contaron, porque le gusta vestir de camuflado. Ella prefiere Alejandro a secas y así se refirió a él, estudiante de Derecho de séptimo semestre, durante la entrevista en la que contó que “se dedica a hacer muchas labores sociales, especialmente, de la mano de la Minga Indígena”. 

De la misma manera, Marisel Triviño, tía de Wilson Steven Murillo más conocido como ´Chéchere´ cuenta que fue capturado cuando regresaba a su casa tras terminar su turno de vigilancia en un condominio. Lo describe como un joven trabajador que participó pacíficamente en el Paro y como voluntario en algunas actividades realizadas en Puerto Resistencia. Ella se pregunta ¿por qué esperar un año para capturarlos?


Jonathan Steven Ordoñez Angulo, hermano de otros de los detenidos, conocido como ´Desconfiado´ y cuyo nombre es Jefren Alberto Ordoñez Angulo, lo describe como un joven colaborador, con conciencia social, lo que lo hizo lanzarse a las calles durante el paro, pero siempre, enfatiza Jonathan, de manera pacífica. Por eso dice que es inocente de todo lo que se les acusa. 

Él y su familia conocen de primera mano lo que es la desigualdad en Colombia y el conflicto armado puesto que son del municipio de Magui Payán en Nariño, azotado por la pobreza y la guerra. 

Karen Grisales, amiga de los capturados, dice que las capturas son una fractura para los procesos sociales que venían adelantando. De hecho, asegura que “Es un golpe que nos quita los pies aquí para ocuparnos de cosas legales. Esto rompe el tejido social”, refiriéndose a todo lo gestado antes, durante y después del paro. Ella añade que el encarcelamiento de sus amigos es otras de las formas en las que el Gobierno saliente, demuestra su trato criminal a la protesta social que es un derecho de ciudadanos y ciudadanas. Karen 3

Se repite mucho la frase “falso positivo judicial” en boca de quienes conocen a los 9 de PR para referirse a sus capturas. La Fiscalía, por su parte, los acusa de homicidio, tortura, secuestro, daño en bien público, entre otros delitos y hoy se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí y por eso en ese pedazo de territorio llamado Puerto Resistencia se hacen actividades constantemente para recoger fondos, no solo para la defensa legal, sino para cubrir las necesidades diarias de los detenidos. 

Peter Sepúlveda, defensor de derechos humanos, habla de las huellas dejadas por las actividades comunitarias de los detenidos una vez terminó el Paro Nacional. 

Peter también dice que muchos de los hechos de los que es acusa fueron cometidos por personas ajenas al punto de resistencia. Así, por ejemplo, relata uno de los casos de los que se les acusa. 

El cambio de Gobierno da esperanza, al menos, en la percepción de lo que es la protesta social en Colombia. Se espera que se deje de criminalizar y tratarla como un problema de orden público. Ese cambio no podría significar mucho en relación a los procesos judiciales de los 9 detenidos por la separación de poderes, pero sí significaría más garantías para los procesados.

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