Julio 6 – 2023 

Por Laura Cruz y Jorge Luis Galeano

“Estar aquí construyendo tejido social es como si a Nico no lo hubieran asesinado, como si su lucha no hubiera muerto. Creo que eso es lo que me sostiene todos los días”, dice Laura Guerrero, quien lleva en la camiseta, el rostro de Nicolás, su hijo mayor. Así lo ha llevado durante dos años desde que salió al Paso de Comercio a una velatón en memoria de un joven asesinado y, presuntamente, un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le disparó.

Esta vez, la lleva puesta en marco de un evento de memoria en el que, justamente, se recuerda la vida de su hijo y la de Yinson Angulo, otro joven asesinado durante el Paro. Se les recuerda como lo que eran: alegres, creativos y trabajadores y por eso, como parte de las actividades, se pintan sus rostros en una caseta de la Cancha de la Escuela Kokiro, del barrio Floralia al norte de Cali. Se les deja ahí para que no sean olvidados. Sólo han pasado dos años de los hechos y aunque Yinson vivía a una cuadra, muchos de sus vecinos, ya no lo recuerdan. Esa es la lucha de personas como Laura y Gloria, mamá de Yinson: que nunca se olviden sus vidas y lo que pasó.

Laura Guerrero ya conocía el dolor por haber perdido a su esposo años atrás, sin embargo, el que le arrebataran a su hijo es, quizás, algo que no tiene nombre, como diría la poeta Piedad Bonnet. Quizás de allí, de las ganas de ponerle nombre, nace Memoria Viva Colombia. Puede ser como un antídoto contra el olvido.

Memoria Viva Colombia -Mevico- apareció tras el encuentro de familiares de jóvenes que fueron asesinados durante el Paro Nacional de 2021 en distintos lugares de Colombia. En Cali fueron 64, según la ONG Temblores. Estas familias se unieron con la intención de “permanecer recordando quiénes eran nuestros hijos, reivindicar sus nombres, sus luchas y sueños, su anhelo de un mejor país” dice Laura.

En estos momentos alrededor de 50 familias conforman Mevico. También hay varias organizaciones que han acompañado el proceso como el Observatorio de Paz, la Arquidiócesis de Cali, la Pastoral Social, el Centro de Paz Urbana, que ha sido un punto de encuentro para familiares y víctimas. Así mismo la ONG Nomadesc, ha trabajado de la mano con Memoria Viva Colombia y caminan con la Galería de la Memoria. Laura relató que la Galería de La Memoria es una muestra fotográfica itinerante que está siendo llevada a diferentes lugares de Colombia “porque la gente sabe que asesinaron 64 jóvenes en Cali, que tenían nombre, número de cédula, una familia detrás de él y eso hace que tengan rostros”.

Memoria Viva Colombia, ha iniciado una labor para conservar la memoria de aquellos que fueron asesinados en el Paro y también ha sido el refugio de varias madres que comenzaron a caminar juntas para exigir justicia, hacer memoria y abrazar al que quedó. Así mismo, para que nazcan nuevos liderazgos. “No podemos desconocer que muchas de las familias son de una condición socio económica muy difícil, que muchos de estos hijos traían el alimento a sus casas, ayudaban a sus madres con sus hermanos menores, entonces realmente creo que siempre va a haber la necesidad, de ayuda de una mano amiga en estos casos”, dice Laura, una de las fundadoras de Memoria Viva Colombia, quien también señaló que una de las madres que perdió a su hijo, padece cáncer y que el sistema de salud la revictimiza, ya que los medicamentos no le son entregados a tiempo.

Memoria Viva Colombia se ha convertido en un hijo más que nació después del mío. Con los otros cofundadores hemos acogido a aquellos lesionados, incluso viéndolos como la esperanza, el futuro lo que no tuvieron nuestros hijos, ellos quedaron en malas condiciones, pero nuestros hijos, no tuvieron ni siquiera la oportunidad, enfatizó Guerrero.

Los jóvenes que fueron lesionados no sólo enfrentan dolencias físicas sino emocionales, este tipo de situaciones hacen que hoy viven una realidad y es que muchos por la gravedad de sus heridas no pudieron volver a trabajar ya que enfrentan dolencias sumamente graves. Los fundadores de Mevico señalaron que: “tenemos lesionados que no pueden tener las tres comidas a veces ni siquiera una diaria, tomando medicamentos y que no pueden comprarlos”.

Desde Memoria Viva Colombia plantearon que no es lo mismo que alguien que trabajaba en logística y ahora esté en una silla de ruedas, son cosas bastantes pesadas de lidiar y eso desde lo psicólogo desde lo mental, desde lo físico que les cuesta mucho incluso ir a una cita médica porque no tienen para un bus y son personas que dos años después siguen lidiando con las consecuencias, tenemos personas con colonoscopia, en estado de discapacidad diferente por sus brazos, por sus piernas, la columna.

Uno de los casos que más ha despertado la indignación de la comunidad es el de Dudan Villegas que es uno de los sobrevivientes que en el 2019, recibió un disparo por parte de la Fuerza Pública que hizo que perdiera la movilidad, pero hoy gracias a la solidaridad de diferentes personas y de organizaciones como Mevico, va a viajar a Cuba para poder acceder a un tratamiento.

El caminar de las madres y familiares que hacen parte de Mevico les ha permitido no sólo exigir justicia, sino también empezar a sanar. “Entre nosotros es casi una especie de acicalamiento, porque el estado hizo presencia sí, pero para asesinar, para desaparecer, para violentar, pero no para reparar”, señaló Laura Guerrero. Cuando en la organización hablan de reparar no hablan sólo en términos económicos sino de reparación emocional y de salud mental, ya que la pérdida de un familiar de manera tan violenta es un proceso complejo, sumado a que las familias tienen que cargar con la revictimización: han llamado a los jóvenes vándalos, delincuentes, guerrilleros queriendo validar desde ese discurso de odio, el “enemigo interno”.

Gloria Estela Rodríguez, madre de Yinson Andrés Angulo, asesinado por el Esmad el 1 de mayo del 2021, quien hace parte de Mevico, resaltó la importancia del evento en el barrio Floralia, en donde, además de la pintatón, hubo una olla comunitaria con la que se construyó tejido social, además de un círculo donde se realizaron ojos de dios (tejidos). También hubo acompañamiento de circo por parte de la Maloca que nació en el Estallido Social.

A él le hubiera gustado que yo hiciera presencia donde se recuerda su nombre, donde se recuerda su memoria y esa es la idea: no dejar morir la memoria y para eso estamos: para seguir siendo la voz de aquellos que fueron callados” dice Gloria, quien también lleva una camiseta con el rostro estampado de su hijo. Ella se duele del olvido “lastimosamente Colombia es un país que no tiene memoria y al no tener memoria cometemos los mismos errores. El objetivo es que no suceda y no haya repetición de una masacre, de algo tan violento y tan fuerte como fue el asesinato de mi hijo y de los hijos de muchas madres más”.

Para Gloria “Memoria Viva Colombia ha sido una manera de empezar a hablar, a conocer a tratar a las otras madres y a saber que no fue solamente mi hijo”. Desde la organización, ella ha podido sanar, empoderarse y viajar. Hace poco fue a un intercambio a Costa Rica, en el cual pudo aprender en diferentes talleres y escuchar diferentes testimonios.

En cuanto al nuevo gobierno y a los políticos que vienen realizando campañas a nivel territorial, Laura Guerrero fue enfática en afirmar que, en el furor del Estallido Social, muchos políticos utilizaron la bandera de los chicos para las campañas pero que después de ser elegidos no han vuelto a aparecer. Incluso dijo que “caminamos de la mano con Francia Márquez quien es hoy vicepresidenta de Colombia, pero de ella no volvimos a recibir ni una llamada. Quienes hablaban en campaña de los muchachos y las violencias nunca han vuelto a aparecer. Hoy no se refieren a nosotros”.

La cofundadora de Mevico también afirmó que algunos jóvenes que pertenecieron a la Primera Línea se encuentran apoyando a candidatos que están en campaña, por lo que hizo un llamado a evaluar, no sólo el discurso de quienes estuvieron allí afuera, sino quienes realmente han permanecido en ese acompañamiento hasta el día hoy. “Muchos compañeros hoy están montados allá. Sobre la sangre de nuestros hijos ocupan cargos, les permiten unos puestos de trabajo”.

Para finalizar, Laura hizo un llamado a la conciencia al Gobierno del Cambio para que se den las garantías de no repetición. Para que estos hechos lamentables no ocurran en ningún hogar colombiano, que ninguna familia tenga que pasar por este dolor de la pérdida de nuestros hijos y quienes quedaron puedan vivir con dignidad. “No tenemos que vivir de forma constante reclamando la dignidad para nuestras vidas y las de nuestras familias”

Junio 30 – 2023

Por Laura Cruz

Como el macrocaso 11 se conocerá el capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que se abrirá formalmente y que tiene como objetivo la investigación y juzgamiento de la violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano. Gracias a la tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación y por Yolanda Perea Mosquera, una sobreviviente de este delito, en la que pedían la protección de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia en un plazo razonable.

La petición fue concedida por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión de la JEP al fallar ordenar a la Sala de Reconocimiento de la JEP que en menos de 30 días decida sobre la priorización del caso que investigará violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio o discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversas.

De investigaciones por parte de un órgano de control sobre las violencias sexuales contra las mujeres se tienen pocos antecedentes, sin embargo, uno de los más relevantes es el de La Comisión de la Verdad: Mi cuerpo es la verdad (EXPERIENCIAS DE MUJERES Y PERSONAS LGBTIQ+ EN EL CONFLICTO ARMADO). Para elaborar este informe la Comisión recogió 10 mil 864 testimonios de mujeres en los que se hizo patente cómo el conflicto armado las afectó de forma desproporcionada y causó en ellas un impacto diferenciado.

Entre los hallazgos que encontró la Comisión están:

Primero que hubo impactos diferenciados y desproporcionados, como el desplazamiento forzado, aunque es un delito dirigido contra la población civil en general, fueron afectadas gravemente 4.025.910 mujeres (el 50,1 % de las víctimas).

La Comisión mostró que las violencias sexuales fueron una práctica de todos los actores armados, extendida e invisibilizada durante el conflicto. En muchos casos, funcionó como una estrategia de guerra para producir el desplazamiento forzado y controlar determinadas zonas y se agudizaron en el período de mayor degradación de la guerra, entre 1996 y 2007.

Lida Elena Tascón Bejarano, Directora de la Casa de las Memoria del Conflicto y la Reconciliación señala: “El informe de la Comisión de la Verdad nos da una radiografía de lo que ha pasado con las mujeres en el conflicto armado, y nos muestra la gravedad del problema. También deja claro que las mujeres no solo viven las violencias en sus cuerpos como su primer territorio, sino también en los territorios desde sus comunidades”.

Añade que con la radiografía que hace la Comisión de la Verdad, se hace más que necesario que se abra el macro caso en la JEP “ya que el país aún hoy desconoce las realidades de las violencias sexuales que han sufridos las mujeres y que en la mayoría de los casos no se quedaron en la guerra, sino que aún siguen afectándolas”.

En Colombia, hasta ahora se habían realizado investigaciones sobre violencia sexual en el marco de otros delitos como secuestro, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. La JEP ya se había pronunciado respecto a la violencia sexual en estos casos que sistematizó señalando que hubo 2 mil 300 víctimas. 900 casos atribuidos a las FARC, 350 casos atribuidos a la Fuerza Pública y 700 casos a grupos paramilitares. Sin embargo, según el Registro Único de Víctimas, más de 30 mil mujeres habrían sido víctimas de violencias sexuales durante el conflicto armado en Colombia.

Para Verónica Moreno, psicóloga de Justicia y Paz, el hecho de que se aborde la violencia sexual en un macrocaso en la JEP es fundamental por dos razones: primero porque, en el caso de las dinámicas del conflicto armado, el cuerpo de las mujeres ha sido instrumentalizado por los grupos armados para tener control sobre las comunidades y población civil que se encuentra en los territorios.

Así mismo señala que “el acceder a una mujer sin su consentimiento y muchas veces por varios hombres, además de las afectaciones en las mujeres, tiene un impacto en las subjetividades de las comunidades, pues simboliza el acceder al Interior de la comunidad, a la vida y a sus miembros”.

A pesar de que las violencias sexuales durante la guerra han sido sistemáticas, han sido invisibilizadas, no sólo por los responsables sino por el mismo Estado. Para Lineth Katherine Coronado Vitolo, psicóloga, magister en DDHH, especialista en psicología jurídica y forense, candidata a especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, quien es docente y directora del voluntariado en prevención de Violencia y voluntaria de la ONG Fundación Mujer Libre USA, la violencia en Colombia es un fenómeno culturalmente aceptado e invisibilizado y este se incrementa aún más en las poblaciones donde no llega el Estado.

Por esta razón para Coronado es un logro que la justicia colombiana ahonde y aperture macrocasos que se centren en la violencia sexual y den a conocer el fenómeno. Estas acciones en el marco de la guerra son usuales e incluso aceptadas, por lo que la población en general debe conocer sobre los efectos y le otorgue a las víctimas restitución y dignidad.

Coronado fue enfática en señalar que: “Es importante garantizar la no repetición por medio de acciones de visibilización y educación a la población para que estos eventos violentos no se repitan y sean sancionados, no sólo en la norma, sino que también moralmente”.

Para Martha Elena Giraldo Mendoza, activista social, defensora de derechos humanos, eeminista e investigadora en temas del impacto de la guerra y las violencias en la vida de las mujeres, la apertura del macrocaso 11 es una oportunidad para romper la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia y la investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Giraldo puntualizó que: “ Este es un espacio para la superación de la impunidad que existe alrededor de estos crímenes y aquellos asociados a la discriminación por razones de género”. Sumado esto, dice la activista, sirve para incorporar y evidenciar a través de la Justicia Transicional la gravedad de los hechos, implementando metodologías de investigación y juzgamiento de crímenes cometidos contra el cuerpo y la vida de las mujeres y las personas LGTBIQ en el marco del conflicto armado que incluyan el enfoque de género y el enfoque diferencial.

María de los Ángeles Ríos Zuluaga, abogada, y coordinadora del área de incidencia de la Red Nacional de Mujeres, que hace parte de La Alianza Cinco, (Colombia Diversa, Sisma Mujer, Humanas Colombia y la Red Nacional de Mujeres), dijo que debe tenerse en cuenta que las violencias sexuales, violencias reproductivas y otras violencias basadas en la sexualidad de las víctimas, son un crímenes que, en el marco del Acuerdo de Paz, no fueron objeto de amnistía o indulto y en ese sentido, es obligatorio para la Justicia Transicional, un adecuado tratamiento conforme a los más altos estándares de los derechos humanos.

Para Zuluaga en el proceso que llevará la JEP, es necesario que:

1. Los parámetros tradicionales del derecho penal con relación a la prueba deben flexibilizarse y concentrarse en el testimonio de la víctima.

2. Que la sanción no puede estar sujeta a que haya un reconocimiento por parte de los responsables, puesto que los grupos al margen de la ley tienen resistencia a reconocer los hechos de violencia.

3. Se debe dar un valor al contexto como prueba, esto quiere decir que las violencias sexuales fueron posibles porque subyacen a un contexto, un sistema de violencias que es permitido contra los cuerpos de las mujeres.

4. La JEP no está sancionando en el vacío. Colombia es un país que tiene experiencias previas, de intentos de sanción a graves violaciones de derechos humanos y en ese sentido es necesario que las tengan en cuenta. Por ejemplo, en el marco de Justicia y Paz, hay varias sentencias en las cuales se reconocen los daños en el marco de la violencia.

Este macrocaso no puede ser residual, es decir, que se entienda que lo que no va en los demás macrocasos, entonces va al macrocaso once.

1. No se puede revictimizar a las víctimas y la JEP tiene que garantizarles las condiciones económicas, emocionales para el proceso.

2. No puede haber impunidad, se debe sancionar a los responsables, también a los máximos responsables, que esto es muy importante porque hizo parte de políticas de los actores armados.

Entre las conclusiones a las que llega Zuluaga es que la JEP además de llevar un proceso judicial, también debe llevar un proceso dialógico. “Así como el esclarecimiento de la verdad debe tener un énfasis en el cual se tenga en cuenta las necesidades de las víctimas”.

También se debe dar una especial relevancia a las víctimas porque este tipo de violencias no son creídas y muchas veces son cuestionadas porque tienen sobre ellas la vergüenza, el juzgamiento, la revictimización. Por esa razón señala Zuluaga que: “Es necesario que en este proceso de esclarecimiento se adopten unas medidas que permitan saber lo que realmente pasó”.

Junio 23 – 2’023

Por Laura Cruz

En Colombia se está tramitando un proyecto que busca eliminar y prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” que tienen el objetivo de “curar” a las personas del colectivo LGTBIQ+ a través de ritos, “terapias psicológicas” o incluso exorcismos. El proyecto de ley fue presentado por el congresista Mauricio Toro Forero, que tiene todo el respaldo de las colectivas y las comunidades LGTBIQ+ que señalan que es necesario que haya políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida y a garantizar los derechos de las personas diversas.

El proyecto responde al “All Out”, un movimiento global por los derechos de las personas LGBTIQ+, al que se han unido más de 40 mil personas que le dicen NO a las mal llamadas «terapias de conversión». En el mundo ya son siete los países que las prohíben: Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta. Sin embargo, en 68 países de diferentes continentes, se siguen llevando a cabo. En América Latina, Caribe, Asía, África, incluso se calcula que unas 700.000 personas lesbianas, gais, trans o de género diverso han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida.

Referente a las terapias de conversión que generan polémica a nivel mundial, a través de un informe especial, la ONU ha concluido que son prácticas representativas de tortura que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+ y recomienda a los Estados, prohibirlas mediante leyes, pues denigran la dignidad de quienes son sometidos a ellas. A este llamado se unieron diferentes colectivos que, a través de Toro, presentaron el proyecto que tiene como objetivo eliminar y prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”.

Para entender qué derechos vulnera las mal llamadas “terapias de conversión” entrevistamos a Nataly González Arce, quien hace parte de la dirección de Comunes en Cali, es psicóloga con una especialización en neuropsicología infantil, cursante de maestría clínica y neurociencia social y precandidata al Concejo. Ella explicó que las terapias de conversión no tienen nada que ver con las buenas prácticas en la salud mental. 

“Ni la psiquiatría ni la psicología avalan ese tipo de terapias. No las avalan porque esas terapias son fundamentalmente de tipo religioso. Estas prácticas no son terapéuticas. Tú puedes ser psiquiatra y aplicarlas, pero ni la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, ni la Sociedad Colombiana de Psicología, te van a decir que alguna práctica terapéutica puede denigrar la dignidad del otro”. 

Sin embargo, González señala que en la historia de la salud mental, la homosexualidad se consideró una patología; y ese sería un punto en el que se relacionaría con las terapias de conversión, por supuesto un punto de encuentro no favorable, ya que la psicología corrigió su error y desde hace décadas no se patologiza a las personas homosexuales. 

“Ese tipo de terapias de conversión tienen varios paradigmas; ontológicamente mi visión del sujeto es que está confundido y sólo yo lo voy ayudar; lo segundo es que a nivel epistemológico, se cree que la verdad la tenemos nosotros (los “terapeutas”). Bajo estas premisas pueden generar que afloren comportamientos psicóticos, depresiones, patologías reales”. 

El proyecto que busca eliminar y prohibirlas , ya pasó el primer debate en el Congreso, por lo que el pasado 18 de junio en la Marcha del Orgullo Gay, la comunidad celebró que el proyecto vaya por buen camino. 

En cuanto a los derechos que vulneran las mal llamadas “Terapias de Conversión”, la neuropsicóloga fue enfática en afirmar: “En estas terapias se vulneran la dignidad de las personas, la libertad, incluso la propia vida porque si no los logran “curar”, que es lo que pasa generalmente, se corre el riesgo de que la persona sufra cuadros depresivos serios”.  Por eso González recalcó que esto es un tema de salud pública, más que un tema ideológico, lo que retifica el Instituto Williams de la Escuela de Derecho de UCLA, que dice que un estimado de 22% de personas LGBTQ+ que en Colombia han sido sometidas a terapia de conversión, tuvieron 76% más de probabilidades de intentar suicidarse, comparado con los colombianos LGBTQ+ que no fueron sometidos a ellas. 

4 mil 160 adultos de la comunidad LGBTIQ+ de Colombia, entrevistaron los investigadores para examinar la prevalencia de las ideaciones suicidas, la planificación del suicidio y los intentos de suicidio a lo largo de su vida para evaluar la asociación entre la exposición a la terapia de conversión y el suicidio. Esta es la encuesta más grande de personas LGBTIQ+ en Colombia hasta la fecha, y la primera en estudiar la asociación entre la terapia de conversión y el suicidio en Colombia.

Junio 16 –  2023 

Por Laura Cruz 

Después de 16 años, su rostro sigue sonriendo por el mismo hombre con el que se comprometió cuando estaba embarazada. Carlos Julio Caballero era su nombre y hoy sólo existe en la memoria, en los corazones de quienes lo amaron y en los rasgos de su hija de 16 años que sigue exigiendo justicia para su padre y su familia. Integrantes del del Gaula del ejército lo asesinaron.

Carlos Julio hace parte de las 160 víctimas individuales, acreditadas por la Justicia Especial Para la Paz -JEP- que abrió el Caso 05 para tratar de acercarse a la verdad y estudiar las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitaria ocurridas en el conflicto armado desde 1993 hasta el 2016 en 16 municipios del norte del Cauca y del Valle del Cauca. Yunari (la prometida de Caballero) y su hija, hacen parte de las 200.000 víctimas acreditadas de manera colectiva, puesto que las familias de las personas asesinadas son las que han sufrido e intentado por todos los medios saber ¿Quién dio la orden? En el caso de estos departamentos, la JEP tiene identificados a los actores responsables de la violencia que vivió la población por más de 16 años.

Entre ellos se encuentra la Farc-EP, quienes ocupaban la región a través del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano, los cuales operaban en este territorio por sus características geográficas, afectando a la población indígena, afrocolombiana y campesina. Sin embargo, no fueron los únicos actores armados que cometieron violaciones de derechos humanos, ya que la Fuerza Pública, tanto Ejército, como Policía y oficiales del Gaula del Valle del Cauca, cometieron ejecuciones extrajudiciales, muchas veces en alianza con los paramilitares del Bloque Calima. Gracias a las audiencias que ha realizado la JEP, hoy familiares de las víctimas se acercan a la verdad, por esta razón y en un acto restaurativo que tuvo lugar en la Universidad Santiago de Cali, dos ex-oficiales del Gaula que están compareciendo ante la JEP.

Se trata del exmayor Mauricio Ordóñez Galindo y el excoronel Jorge Enrique Florián Díaz, quien fue señalado por varios miembros de las fuerzas armadas de ser el “cerebro de los falsos positivos” en el Gaula del Valle, y que hoy comparecen ante la JEP, decidieron entregar a las víctimas las medallas que recibieron de forma inmerecida, ya que los resultados que presentaban a sus superiores eran producto de los asesinatos de hombres inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado. 

“Estas medallas significan la sangre de él, ahí se encuentra su sangre derramada, pero también significan haber ganado la batalla, haber cumplido lo que un día prometí”, dice Yunari Ordoñez, mientras sostiene la foto de su prometido. Para ella, antes de que ocurriría la masacre, la mañana y la tarde de ese día fueron uno de los días más felices de su vida. Era el año 2007 y casi las dos de la tarde, cuando Carlos la llevó a casa de un amigo. “Me dijo que me tenía una sorpresa, yo me imaginé que era una muda de ropa, pero cuando llegamos a la casa de su amigo, le pasaron un anillo, entonces Carlos me dijo: “Te acuerdas que dijimos que cuando estuvieras embarazada nos íbamos a casar. ¿Quieres casarte conmigo? yo le respondí inmediatamente que sí”.

En ese momento Carlos no cabía en la ropa de la felicidad. Invitó a sus amigos al matrimonio, después caminó hacia donde había quedado encontrarse con un militar que le había pedido que lo acompañara a Santander de Quilichao. “Él habló con el militar, le dijo: yo voy, pero con ella y mi junior; el hombre me volteó a mirar y le preguntó ¿cuál Junior?”

Carlos le respondió: Es que ella está embarazadita.
Militar: No importa, vamos.

“Ahora yo me pregunto ¿por qué si la militar sabía que los iban a asesinar, no le importaba llevarme a mí, aunque estuviera embarazada?”. Sin embargo, cuando llegaron a un sector, Carlos le dijo a Yunari que se bajara, que alistara maletas para viajar al grado de su hermana. “Yo me bajé lo abracé, me acuerdo como si fuera ayer. Al militar que se lo llevó y que espero verlo pronto frente a mí, le dije: “se lo recomiendo porque él para mí, vale más que mil kilos de oro, y arrancaron”. Ella se quedó llorando sin saber por qué, mientras más avanzaba el carro más lloraba, pensó que era el embarazo, sin embargo, hoy sabe que el corazón sentía el peligro, intuía de alguna manera que era la última vez que lo vería.

“El día que recibí la noticia fue a las siete de la mañana. Yo sabía que no estaba bien, porque Carlos siempre me llamaba. No sé si usted ha visto cuando uno juega en la playa a hacer un castillo y que alguien va, lo derrumba y la persona luego dice: ¡ah! lo derrumbé, así me sentí. Ni más ni menos”.

La historia de Yunari Ordoñez y Carlos Julio Castillo, se repite en el Valle y el Norte del Cauca, ya que militares decidieron asesinar a hombres inocentes que habitaban en esta región. Hoy la JEP, en un ejercicio por buscar justicia, paz y reconciliación, lleva a cabo estos encuentros con el objetivo de que llegue el perdón y el arrepentimiento o, por lo menos, que estas palabras se puedan nombrar al final de un conflicto que sólo dejó llanto y dolor.

El excoronel Jorge Enrique Florián Díaz, pidió perdón por medio de una carta y dijo que quienes estaban encargados de proteger la vida decidieron asesinar, así mismo señaló que sabe que ni el tiempo, podrá curar el dolor en las familias que ellos dejaron. Los dos exmilitares entregaron las medallas a funcionarios de la JEP, quienes las pusieron en un cofre de vidrio y dijeron que se trataba de un acto simbólico, con el fin de reparar a las víctimas y que en algún momento, pueda haber una reparación.

Por otro lado, el Magistrado Óscar Parra Vera dijo: “Estas son medallas de la infamia, son medallas manchadas de sangre”.

Al finalizar la entrega de las medallas, Yunari Ordoñez les dijo a los dos oficiales: “Quiero que, así como un día dijeron en voz alta que ellos eran guerrilleros, les digan a nuestros hijos que ellos (sus padres) no lo eran. Que ellos puedan estar orgullosos de sus padres donde quiera que estén”. El exmayor Mauricio Ordóñez Galindo, admitió su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y reafirmó que tales actos no deben repetirse. “Esto no es sólo simbólico, también estoy enviando un mensaje a los militares, porque lo que ocurrió no puede volver a suceder (…)  “Lo siento mucho, Carlos Julio Caballero, no era guerrillero”.

Junio 2 – 2023

Por Laura Cruz

Con 122 votos a favor y uno en contra, quedó por fuera el artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. Artículo que pretendía crear la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos e iba dirigido a generar una política a través de la cual, de manera participativa y colaborativa, tuviera presentes los “… enfoques de género, discapacidad, étnico-territorial y de curso de vida”. 

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ha sido uno de los principales triunfos de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Este es uno de los documentos más importantes del Gobierno Nacional, ya que es la hoja de ruta para el 2022-2026, también define los instrumentos financieros y presupuestales, para lograr dichas metas. 

Sin embargo, aunque el PND sea la bandera a izar del Gobierno, la aprobación del mismo no fue del todo un triunfo, puesto que para muchas organizaciones, el artículo 304 fue sacrificado para su aprobación. Cabe recordar que durante cuatro meses, (septiembre a diciembre del año pasado), se realizaron 51 diálogos vinculantes de los que salieron más de 89 mil propuestas fundamentales para definir la hoja de ruta del Gobierno. Algunas de ellas fueron: Ordenamiento Territorial; Seguridad Humana; Derecho Humano a la Alimentación; Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático; y Convergencia regional. A estos encuentros asistieron más de 250.000 personas. 

Es decir, el artículo 304, que se enfocaba en crear la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos, fue una construcción social partiendo de los diálogos regionales. Por esta razón, a diferentes organizaciones sociales y colectivas de mujeres les preocupa su eliminación, ya que su finalidad era garantizar que todas las personas pudieran vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. 

Es importante saber que, aunque existen varios antecedentes internacionales, hay dos conferencias que marcan la senda por la que transitan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos: la Conferencia Internacional de la Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994 y la IV Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín de 1995, que reconoce los derechos como fundamentales para la vida y el libre desarrollo de la mujer. 

Derechos que hoy no se encuentran en el PND, en parte por una mala interpretación del artículo que hizo el representante Luis Miguel López, que señaló “El Gobierno pide una facultad extraordinaria para hacer una política de derechos sexuales, donde se incluyen a las niñas y el Ministerio de Educación, es decir, los colegios”. Y también el senador Mauricio Giraldo, que llegó repartiendo camándulas y fetos de plásticos a sus compañeros. Sin embargo, lo más preocupante es que los dos funcionarios proponian hablar solamente de derechos sexuales y excluir del artículo los derechos reproductivos. Quitar la palabra “reproducción”, pues para ellos significa aborto o también asesinato.

Para entender mejor qué son los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de las dos palabras, hablamos con Luis Felipe Rodríguez Rodas, candidato a Doctor en Educación, Magíster en Gestión Pública, Especialista en Estudios Políticos y Constitucionales y Licenciado en Lenguas Extranjeras y Enlace LGBTI en Alcaldía de Santiago de Cali, que, entre otras cosas, señaló que según el Ministerio de Salud, los derechos sexuales son aquellos que aseguran el ejercicio y desarrollo informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad “con el fin de que todas las personas tengan pleno disfrute de esta y del erotismo sin coacción y libre de cualquier forma de violencia. Para esto, se necesita del acceso a servicios de salud sexual y medidas de prevención como atención de infecciones de transmisión sexual (ITS), enfermedades y dolencias que afecten el ejercicio placentero de la sexualidad”. 

Los derechos reproductivos son aquellos que hablan de la facultad que tienen todas las personas de tomar decisiones libres y sin discriminación sobre la posibilidad de procrear o no y de regular su fecundidad con información, seguridad y garantizando el acceso a servicios de salud reproductiva. Estos últimos deben garantizar las maternidades seguras y el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).  

En el mismo sentido, Laura Alexandra Castro González, quien coordina la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización pionera en el Movimiento Causa Justa, se refirió a lo peligroso que hubiera sido hablar solamente de derechos sexuales y excluir del artículo los derechos reproductivos. “Los derechos sexuales y reproductivos se interconectan con otros derechos humanos e influyen directamente con el desarrollo del ser humano en diferentes etapas de su vida”. Agrega que, especialmente para las mujeres, el vínculo entre sexualidad y reproducción es más estrecho porque está asociado a cargas sociales que tienen efectos en desigualdad, en mayores dificultades para participación en esferas públicas y privadas. 

Para la coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, estos derechos, aunque autónomos, son dos caras de la misma moneda que se interconectan, porque muchas veces el ejercicio de esa sexualidad puede llevar a elegir cargas o responsabilidades o decisiones en materia reproductiva. Añade que lo derechos sexuales y reproductivos, no son solamente de las mujeres o de la comunidad LGBTIQ+, como a veces se cree, sino que son derechos de los que gozan niños y niñas, es decir desde una etapa temprana de la vida, hasta los adultos mayores, esto sin discriminación de género. Cabe agregar que la diferencia entre derechos sexuales y reproductivos es que los primeros se refieren al goce de una sexualidad plena. También está vinculado al acceso de educación, de salud sexual e integral, incluso vinculado al conocimiento pleno del cuerpo. Los segundos, los reproductivos, se centran en la posibilidad de decidir tener hijos o no tenerlos, cuántos, con quién tenerlos y en qué momento tenerlos.

Para más información sobre estos derechos, puede consultar https://www.unfpa.org/data/CO

Hay que señalar que las políticas públicas como el PND son instrumentos puntuales de medición, asignación de presupuesto, entonces con las políticas, se deriva la creación de programas, indicadores de cumplimiento que pueden ser indicadores de avances, o seguimientos y todo esto es muy importante para garantizar mejoras, en este caso, en la prestación de los servicios de salud o en la oferta de bienes que tiene el estado. Aunque Colombia cuenta con una Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos desde la década de los 90, ésta ha tenido varias actualizaciones, ha cumplido sus vigencias y ha sido necesario actualizarla. 

Para Castro hay dos factores relevantes por los que era importante que el artículo estuviera en el PND: la primera es que la última política que tuvo Colombia culminó en 2022, por eso era tan necesario que en este Plan Nacional de Desarrollo se incluyera de manera explícita porque tener esa política responde a las bases del PND que fueron consultadas por el gobierno con los diferentes grupos. El segundo es que, si el artículo quedaba unido al Plan de Desarrollo, había una transferencia de recursos más directa desde el Departamento de Planeación. 

Según el Partido Conservador, el artículo 304 buscaba “…imponer la educación sexual ideologizada en los colegios”. Sobre este pronunciamiento, Luis Felipe Rodríguez Rodas dijo que la educación sexual debe estar presente, hablar del cuidado y conocimiento de los cuerpos es fundamental, evitar conductas discriminatorias así como de las infecciones de transmisión sexual – ITS-, embarazos a temprana edad, identificar hechos de violencia sexual, conocer las rutas de atención por violencia sexual.También es fundamental que la niñez y la juventud estén informadas y empoderadas. Rodríguez fue enfático en decir que “Es una lástima que sigamos estando tan marcados por prejuicios y doble moral mientras el índice de violaciones y embarazos no deseados sigue estando presente”. 

Para Laura Castro, el hecho de que haya sido sacado el artículo fue también una pérdida simbólica, debido a la desinformación del Partido Conservador que usó estrategias de desinformación y manipulación como un video de cómo se lleva a cabo el aborto que está muy desactualizado en temas técnicos. Para Castro, el impacto fue más en términos de la estigmatización y también la desinformación sobre políticas de salud sexual integral. “Se habló también de políticas en derechos sexuales y reproductivos, vinculadas solamente al aborto, pero no se habló de cómo esta política ayudaría a reducir los embarazos en adolescentes o reducir cifras de mortalidad materna o incluso, cómo generaría más información para evitar el cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino”. 

Así mismo agregó que la experiencia del Plebiscito por la paz y el fantasma de la ideología de género fue lo que logró apelar a emociones como la desprotección de los niños, la vulneración de sus derechos, o las afrentas al modelo tradicional de familia. Lo que para Castro “resulta un caballo de batalla muy útil, muy instrumentalizado por los actores de derecha y los actores conservadores, de cara a los escenarios electorales”.

Nicolás Giraldo, coordinador de Cambio Político de Profamilia, señaló que, si bien no pasó el artículo 304, la política de derechos sexuales y reproductivos, se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en componentes como la seguridad humana y justicia social. Es decir, que están asegurados los recursos para la inversión. Ante estas declaraciones Luis Felipe Rodríguez, señaló no estar de acuerdo porque lo que no esté en el PND va a quedar con muy pocos recursos y va a ser un tema de gestión y voluntad política. Rodríguez dijo “ese artículo era necesario pues aseguraba recursos y les obligaba a las entidades competentes a desarrollar acciones en términos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de los colombianos. 

Por su parte, Castro enfatizó que si bien el artículo 304 no fue incluido en el PND, eso no quiero decir que el ejecutivo, es decir, el Ministerio de Salud, en articulación con el Ministerio de la Igualdad y el ICBF, no puedan destinar recursos de sus carteras específicas para la implementación de las políticas que, es ahora lo que les compete hacer. Así mismo dijo que desde Causa Justa, estarán con las puertas abiertas en materia de vigilancia, pero también de asistencia técnica a la actualización de esa política, que reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como derechos fundamentales y también lo hacen los tratados universales. Castro finalizó diciendo: “no hemos tenido una pérdida en esos derechos, en términos de esos principios que la Corte ya ha sido muy clara, y garantista. En el papel vamos muy bien, pero no resta atar esa implementación y esa garantía a instrumentos de políticas públicas”.

Mayo 12 – 2023 

En Hechoencali.com quisimos darle una mirada amplia a la libertad de prensa y por eso conversamos con distintos actores que hoy en día ejercen una labor informativa. Esto incluye, por supuesto, aquéllos que se han posicionado desde la alternatividad, sean periodistas formados académicamente o no, pero que han decidido garantizar el ejercicio de ese derecho humano en sus propias manos.

Por Jorge Luis Galeano 

Repite la palabra “verdad” muchas veces. Él siente que desde el periodismo tradicional ya no se muestra. Eso lo dice con un chaleco azul y blanco que tiene su nombre y la frase ´Derechos Humanos´ cocidas en la parte de adelante, mientras que en sus espaldas, se lee ´Prensa´. Hace más de cinco años que lo usa. Se acompaña de cámaras fotográficas y un celular con el que hace transmisiones en vivo a través de las redes sociales para visibilizar esas verdades que no aparecen en ninguna parte.

Héctor Martínez es, en realidad, una persona que se ha convertido en lo que es a punta de los golpes de la vida. Trabajó como conductor en un medio de comunicación en Bogotá y estuvo en la Defensa Civil, pero Colombia es un país que puede romper la vida a cualquiera, en cualquier momento y así fue para él. En el 2012, su hijo Héctor Fabio Reyes fue asesinado. Eso lo obligó a plantarse todos los días en la Plazoleta de San Francisco de Cali para exigir justicia. Día tras día y año tras año buscó que la persona culpable, pagara. El caso, sin embargo, no avanzó. Lo mostró en medios e hizo todo el ruido que pudo, pero no logró mucho. Eso, entonces, hizo que tomara la decisión de convertirse en defensor de derechos humanos porque descubrió que, como él, había muchas personas pasando por lo mismo

Pero ser defensor no era suficiente. Le llegaban denuncias de muchas vulneraciones de derechos humanos y al intentar que los medios las registraran, muchas veces se encontraba con barreras. Él dice “No pueden decir la verdad”, entonces, ante la sordera mediática, tomó la otra decisión importante: convertirse en prensa alternativa. Asegura que desde ahí, no debe esperar a que algún periodista cubra las denuncias que tiene, sino que él mismo lo hace. Para él, eso es decir la verdad “Que las víctimas puedan contar su verdad” algo que, asegura, no es fácil de hacer desde los medios tradicionales.

Once años después del asesinato de su hijo y en el mismo lugar en el que inició este viaje que lo convirtió en prensa alternativa, Héctor Martínez recoge su equipo y cuenta que se prepara para un nuevo cubrimiento de una denuncia ciudadana. Ahora no tiene que buscarlas, pues su página en facebook se ha vuelto muy popular y quienes sienten vulneración de sus derechos, acuden a él y piden su presencia.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, entre otras cosas dice que se garantiza que toda persona pueda “fundar medios masivos de comunicación”. Y así es como en Colombia, en los últimos tres años, han surgido cerca de 300 medios de comunicación. Uno de los momentos clave fue el Paro Nacional de 2021 que vio cómo la gente se volcaba a plataformas distintas a las de los medios tradicionales para saber lo que pasaba.

Uno de esos casos es el trabajo de Lisa Trujillo, profesional en Comunicación Social y Periodismo, vinculada a varias organizaciones sociales y a un medio independiente en Bogotá, pero que en 2020 creó un espacio propio en redes sociales para hacer un periodismo en defensa de los derechos humanos “Ahí se partió mi historia en dos porque me convertí en una persona interesada en defender la dignidad de la gente, en entender porqué hay tanta desigualdad” dice describiendo lo que ha significado para ella su labor periodística en Instagram, en la cuenta Me Dicen La Negra.

Ella se describe como Comunicadora Popular o, en sus propias palabras “estar en las calles, en los barrios no sólo para sacar provecho de los contextos, sino a construir procesos” es decir, acercarse a las comunidades y pese a que esto puede entenderse como una contradicción para el ejercicio periodístico, Lisa dice que en la medida en que el o la persona no “venda” sus principios, se mantiene lo fundamental: no decir mentiras y ser transparentes “Uno puede encariñarse mucho con una persona, pero si se descubre que es corrupta, o si ejerce violencia de género o recluta jóvenes para grupos armados ilegales, pues uno no puede guardar silencio”.

Ella ha sufrido violencias por su trabajo. Dice que la han insultado, acosado, incluso, ha sufrido atentados en su contra. Todo ello no sólo la afecta a nivel personal, pues genera miedo por ella y sus personas queridas, sino que obstaculiza su labor informativa. Ella, por su parte, tiene claro que no quiere morir por decir la verdad “Le he dicho a mis amigos que no quiero terminar siendo un cartel en una pared”.

En los departamentos del Meta y Guaviare, al oriente de Colombia, el ejercicio de la libertad de prensa es complicado por la falta de medios de comunicación y plataformas informativas que den cuenta de lo que allá sucede. Entra a escena, entonces, El Cuarto Mosquetero.

Este medio de comunicación alternativa y popular “No sólo trabaja desde lo periodístico, sino también, desde lo comunicativo informativo. Desarrollamos procesos formativos a personas de distintas edades para que puedan hacer uso de sus habilidades comunicativas, con ayuda de la tecnología, para que puedan dar a conocer sus cosmovisiones” dice Lina Álvarez, su directora.

Para ella, eso también es una forma en la que se puede garantizar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa porque les ha permitido generar espacios de participación social y, de paso, “tenemos la posibilidad de ejercer la libertad de prensa al hacer el periodismo que queremos, como lo queremos y dentro de las comunidades”.

En ocho años de existencia, salvo las a conocidas estigmatizaciones que se reciben constantemente por ejercer periodismo alternativo y algunos ataques cibernéticos, no han tenido mayores inconvenientes para desarrollar su labor informativa, aun cuando abordan temas complejos como la paz, género, conflictos socioambientales, entre otros.

Hay normas y acuerdos que existen para proteger la libertad de prensa en Colombia y en el mundo. La Constitución Política de nuestro país, por ejemplo, habla de la garantía que tenemos todas las personas para expresar y difundir nuestros pensamientos y opiniones, informar y a recibir información veraz e imparcial. Esto último está ligado a la calidad de lo que se difunde, es decir, qué y cómo se cuenta en medios de comunicación y en las plataformas hoy existentes para ejercer plenamente este derecho. Así lo dice Oscar Martínez, director del medio digital El Faro de El Salvador, para quien el compromiso desde el periodismo debe estar, justamente, en la manera que crea y se ofrece el contenido a las audiencias.

Además de una mala práctica informativa, las presiones ejercidas desde el poder también son formas en las que se impide ejercer del derecho a la libre expresión y de prensa. De esto sabe mucho El Faro que ha sido sometido a una campaña de desprestigio y persecución por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Sus consecuencias se sienten a todo nivel: en lo personal para los y las periodistas y en el ejercicio como tal.

En Colombia, por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- dice que, desde el 2018, la violencia contra la prensa ha sido constante. En el 2022 hubo 218 amenazas, la cifra más alta de los últimos 15 años en el país. Además, dice que 2 periodistas fueron asesinados este año. Un total de 5 en los últimos tres años y añade que ya ha documentado 41 amenazas en lo corrido de 2023.

Sin embargo, la violencia no es la única preocupación para el ejercicio informativo. Aparece, también, la pauta como una herramienta para presionar e incluso, censurar a los medios de comunicación y así nos lo cuenta John Bock, director ejecutivo de la FLIP

Otra de las estrategias para garantizar la Libertad de Prensa son los acuerdos y declaraciones que son firmadas por actores públicos y privados que se comprometen a respetar este derecho. Es el caso de las declaraciones de Chapultepec y Salta por la libertad de prensa. La primera creada en 1994 y que enfatiza en que el ejercicio libre de la prensa “es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación” y tiene 10 principios, entre los cuales está el de que #Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.

Por su parte, la Declaración de Salta nació en 2018 y se ocupa del ejercicio de la libertad de prensa en el entorno digital. Entre sus 13 principios están:

1. Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.

2. La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Cuando se adopten decisiones sobre internet, deben considerarse los puntos de vista de todos los actores.

Este año las declaraciones fueron firmadas en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, en marco del XI Encuentro internacional de programas acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP). En el acto participaron Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y director global de Licencias e Innovación de Impresión del New York Times; Luis H. Pérez, rector de la UAO; Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP; Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun; Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación de Medios de Información, AMI; Tulio Ángel, presidente de Asomedios; Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y Catalina Jiménez, decana de la facultad de Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales de la UAO.

 Abril 28 – 2023 

Por Jorge Escobar Banderas  y Jorge Luis Galeano

Hablar del Paro Nacional en Colombia de 2021 trae a la memoria las barricadas, los enfrentamientos, el ESMAD, las capuchas, un poco el caos vivido en las calles de Cali que, rápidamente, se convirtió en la Capital de la Resistencia. Fueron 4 meses en los que esas imágenes fueron las protagonistas y que opacaron otros fenómenos no menos importantes.

La ciudad tuvo 25 puntos de resistencia y uno de ellos fue el de Meléndez, un barrio al sur de Cali. Ahí, como en los otros 24, hubo de todo: apropiación del espacio, cierre de vías, enfrentamientos, actividades culturales, de participación ciudadana, entre otras cosas. En ese lugar se concentraron las peticiones de los habitantes de la Comuna 18 que por años se sintieron abandonados por los Gobiernos y vieron en ello, una oportunidad.

Tras dos años del inicio de lo que se conoció como el estallido social, hablamos con una de las participantes de las protestas en ese punto y de quien no revelaremos su nombre por cuestiones de seguridad.

La participación en esas protestas, dice ella, ha tenido unos costos altísimos para muchas personas. Ella lo sabe porque es una de las tantas que han sufrido las consecuencias. “Dejó familias, líderes de los puntos desarraigados por la política de miedo infundida a través de las amenazas, la persecución política, la estigmatización y criminalización de la sociedad y los medios de comunicación tradicionales”.

Añade que, pese al tiempo transcurrido, continúa la estigmatización de los y las jóvenes que estuvieron en ese y otros puntos de resistencia de la ciudad “las personas que participamos en el paro nacional seguimos siendo estigmatizadas a pesar de que se sigue trabajando, ya no desde las barricadas, sino desde los procesos comunitarios en el mejoramiento de los territorios de la ciudad”

Para ella, el paro “ha dejado muchos interrogantes en una comunidad orgánica que se manifestó para visibilizar las inconformidades, la pobreza extrema y los altos índices de desigualdad que sigue siendo un motivo altamente motivador para movilizarse” pero también dice que parte del legado está en los muchos procesos comunitarios que surgieron, además de “las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas mortales que en su mayoría son madres que cargan esa memoria como una segunda vestimenta, los nuevos liderazgos que son como un vástago de esperanza para las comunidades instrumentalizadas por décadas”.

Y justamente sobre esa parte del legado, de los procesos comunitarios y organizativos es de lo que queremos hablar aquí porque, como decíamos antes, fueron opacados por la avalancha de información sobre violencia que se tomó todos los medios (tradicionales e independientes). Al respecto, nuestra invitada nos dice que “la estación de Meléndez a dos años del paro es esa plataforma de apertura a nuevas expresiones comunitarias y sociales del estallido social, de las cuales salen varios procesos que terminan siendo innumerables en una comuna tan diversa como la 18”.

Ella habla de fundaciones, organizaciones ambientales, grupos artísticos, colectivos de defensa de los Derechos Humanos “pero también se presenta un fenómeno muy interesante de fortalecimiento en recurso humano de las organizaciones ya existentes antes del estallido social, que llevan una trayectoria de muchos años trabajando por los territorios más vulnerables de la comuna y que integran a estos nuevos liderazgos comunitarios”.

Por eso es que decidimos subir a la parte alta de la Comuna 18 para conocer una de esas tantas organizaciones. Sus integrantes bajaban todos los días a la estación Meléndez para construir y labrar un camino que no terminara en el 2021.

Llegar al corazón de la comuna 18, ubicada en el suroccidente de Cali, significa recorrer sus calles empinadas y otras tantas que se encuentran destapadas. Tenacidad podría ser una palabra para describir este camino que día a día transitan cientos de mujeres y hombres para labrar un mejor destino.

En lo alto de la loma se abre espacio un parque rodeado por viviendas de dos y tres pisos, ventas de ropa por parte de mujeres cabeza de familia y algunas tiendas. La estridencia de la música se combinaba con los ladridos de los perros a su paso por la cancha de Los Mandarinos.

El día que lo visitamos, el ambiente era festivo. Por un lado, un grupo de niños jugaba con las piedras que encontraba en un trozo del camino que no está pavimentado y por el otro, se sentía la adrenalina que transmite el fútbol con un ‘picadito’ disputado entre los vecinos del barrio Alto Jordán.

Mientras esperábamos a las mujeres que conforman la Fundación Tepac, pudimos ver que desde este punto se divisa un paisaje monumental donde los contrastes sociales de Cali se hacen mucho más evidentes. En primer plano figuran los esbeltos edificios de sectores como Valle del Lili y Bochalema, los cuales contrastan con el panorama que se observa en la ribera del río Cauca. En el fondo, la inmensidad del monocultivo de caña de azúcar se extiende al piedemonte de la cordillera central.

Ese parque, el de Los Mandarinos, ha sido el punto cero, el centro de los sueños, anhelos y temores que han enfrentado ese grupo de mujeres que se la ha jugado toda por contribuir con el bienestar de su comunidad. Ellas promueven la participación ciudadana, el emprendimiento y el fortalecimiento de habilidades artísticas, deportivas y culturales.

Melissa, Deisy y Greidy, bajan por la loma y se asoman por la curva. Ese recorrido hoy tiene un significado diferente al de hace dos años. Antes de abril de 2021, no se consideraban agentes de cambio. Llevan camisetas iguales, color azul turquesa que tiene el logo de la fundación que nació, justamente, tras el estallido social, cuando el descontento generalizado por las cruentas condiciones de vida, entre un amplio espectro de la población, las impulsó a salir a las calles en un acontecimiento sin precedentes.

Bajar desde el Alto Jordán y otros barrios de la Comuna 18 era, en esa época, intentar hacerse visibles. Era intentar que la ciudad recordara que hay 21 barrios en esa Comuna y que entre ellos, 8 están priorizados como vulnerables, es decir, con altos índices de pobreza. El estallido fue, entonces, una oportunidad.

Y Cali fue el epicentro, acuñando el nombre de ‘capital de la resistencia’, título concedido por el aguante de hombres y mujeres, especialmente jóvenes de clases populares que enfrentaron el poderío del Estado. Los vecinos de la comuna 18 no fueron ajenos a tal situación.

Ellas bajaban de la ladera y se concentraron en la emblemática calle 5. La estación del sistema MIO de Meléndez fue el lugar donde decidieron manifestarse. Pero, más allá de hacer una recreación de los hechos que ahí tuvieron lugar, ocurrió algo impensado para algunos en medio de la conmoción: la gestación de un ideal de cambio.

La comunidad encontró en aquel lugar un instrumento para expresar sus ideas. Ahí, las áreas verdes se convirtieron en huertas urbanas, las rejas grises se llenaron de colores y las bahías de abordaje dieron paso a una biblioteca pública que pretendía estimular el debate, junto al intercambio de ideas.

Esta fue una deconstrucción del espacio. Aquel punto destinado a movilizar masas rumbo a su trabajo, se convirtió en un fortín colorido que deseaba ser un punto de encuentro a la vista de una ciudad que en muchas ocasiones ignora la existencia de la ladera.

Meses de aguante, como lo llamaron, no podían ser infértiles. La cosecha fue de ideas, de inquietudes, de ganas de transformación y tras la entrega de la estación y el punto de resistencia de la calle 5 con carrera 94, el regreso al barrio adentro fue distinto. Tenían una nueva perspectiva de vida. El reto en ese momento era canalizar ese deseo en acciones concretas.

Aparece, entonces, la Fundación Juvenil Tepac, cuyo nombre es la suma de las palabras: Tejido, Pacífico y Comunitario. Deisy Valencia es una de sus integrantes y reconoce que este nombre refleja la esencia y los valores del grupo, además de rendir un homenaje con los colores naranja, azul, turquesa y púrpura a la Guardia Indígena, que estuvo presente durante el estallido social en el punto de Meléndez.

Hablamos con ellas en una banca que está en el parque. Justamente ese sitio que les ha servido para ganarse la confianza de los vecinos. Cosa, claro que fue una auténtica proeza. Por ello, Deisy recuerda que durante una celebración del día de Halloween, no contaban con los recursos suficientes para organizar un festejo a los niños y niñas del sector. Sin embargo, la comunidad, al ver el ahínco y la preocupación por cumplir ese cometido, decidieron unirse en pro de la actividad.

“La comunidad hoy en día, dos años después, se ha dado cuenta de que los jóvenes queremos cambiar el territorio”, resalta.

Keitis Melissa Mina, también integrante de Tepac, dice que la metodología de trabajo tiene como eje fundamental la vinculación con el barrio, reconociendo las múltiples problemáticas que ahí se presentan, además del potencial, junto a la consecución de soluciones.

“Trabajar barrio adentro es hacerlo por el territorio, hacer cosas significantes e incluir o visibilizar esos sectores, esos lugares que no son visibles, que son invisibilizados. Queremos aportar nuestro granito de arena para que eso suceda y dejar ese legado”, explica.

El deseo por querer ayudar no se limita únicamente a la Comuna 18, sino que en el futuro proyectan hacer parte de múltiples alianzas que les permitan expandir sus acciones por diferentes zonas de la ciudad.

En Tepac la mirada está puesta en el ahora. Centrarse en lo que pasó o preocuparse por el futuro es algo que no tiene cabida. Sus integrantes reconocen que sus proyectos están enfocados en el corto plazo, con acciones concretas para atender las necesidades que se presenten en la comuna.

No obstante, y dándose la licencia de imaginar un escenario ideal, a Keyra Melissa Mina le gustaría que la fundación pudiese tener una sede, un espacio físico donde los vecinos puedan encontrarse y hacer uso de esas instalaciones para la realización de actividades pedagógicas y culturales.

De esta forma es como un grupo de jóvenes que se encontró en las manifestaciones del paro nacional hace dos años, se hizo consciente del rol que podían jugar en su barrio, promoviendo oportunidades para el bienestar de sus vecinos. Tal y como lo afirman en Tepac, todo ha sido un triunfo en este proceso.

Con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y poder impactar a un número más grande de personas, este grupo se encuentra abierto a la recepción de donaciones. Para ello, los interesados pueden comunicarse al número 315 685 43 73 o el correo electrónico: fundaciontepac28a@gmail.com

Abril 21-2023

Por Laura Cruz 

En América Latina 60 millones de personas pasan hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Esto equivale a una población un poco más grande que Colombia. En nuestro país, un 30 por ciento de los ciudadanos enfrenta la inseguridad alimentaria, este porcentaje equivale a 15.5 millones de personas a quienes se les vulnera el derecho a la alimentación. En el Valle del Cauca, el 22 por ciento de los habitantes no tiene qué comer, esto incluye por supuesto a los habitantes de Cali, ya que según Bienestar Social, el 13, 3 por ciento de la población de la ciudad, sufre de hambre.

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. El derecho a alimentarse dignamente está contemplado como un Derecho Internacional, por lo que varios países han implementado reformas y políticas públicas para disminuir la desigualdad alimentaria, incluso entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está contemplando que para el año 2030, la población mundial tenga cero hambre.

Sin embargo, este objetivo parece hoy una utopía, puesto que la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en “niveles de crisis o peores”. En América Latina y el Caribe, son 60 millones de personas sin alimentación asegurada, entre estos niños que tienen desnutrición crónica y aguda. Según Juan Carlos Buitrago, Director ejecutivo del Banco de Alimentos de Colombia, entre el 10 y el 15 por ciento de los menores en Colombia sufren desnutrición crónica.

El Programa Mundial de Alimentos, en el segundo semestre del 2022, realizó una evaluación enfocada en la seguridad alimentaria por departamento. Ahí, el Valle del Cauca aparece con un índice de inseguridad alimentaria del 22 por ciento, es decir, uno de cada cinco hogares se encuentra en inseguridad alimentaria en el departamento.

Así mismo, la Secretaría de Bienestar Social de Cali, señaló que cerca del 13,3 % de la población caleña no tiene garantizado el derecho a la alimentación. Sumado a esto, la Secretaría de Salud, indicó que el 4,7 % de los infantes que hacen parte de la primera infancia en la ciudad tienen desnutrición global, lo que equivale a tener menos peso del que corresponde de acuerdo a su edad.

La desnutrición aguda de los niños menores de cinco años es el reflejo de la extrema pobreza en la que viven cerca de 290.000 personas en Cali siendo este un problema estructural para las familias que ganan menos de $169.871 pesos mensuales, ingreso sobre el cual, en el 2022, el DANE calificó como condiciones de pobreza extrema. Esto debido a que más del 40 por ciento de la población se dedica al trabajo informal.

Según Bienestar Social, “en el desarrollo del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria – Comedores Comunitarios Corazón Contento, entre 2020 y 2022, la Administración del alcalde Jorge Iván Ospina realizó una inversión de más de $97 mil millones de pesos para beneficiar a 89.675 personas, de las cuales 18.500 son menores de 5 años. Reconociendo como prioritaria la intervención en las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 donde según el DANE se concentra la miseria en Cali”.

Si bien no se puede negar que estas políticas lograron mitigar el hambre de algunas comunidades, no son una solución de base, puesto que la ciudad tiene una tasa de desempleo del 12, 2 por ciento, el número de personas desocupadas creció de 4 mil personas a 149 mil personas. La cifra más preocupante fue la revelada por el Dane: el 48,4% de las personas ocupadas en la ciudad de Cali y el área metropolitana tenía una actividad informal al cierre del trimestre de diciembre del 2022 a febrero del 2023. Estos indicadores muestran cómo está relacionado el derecho a la alimentación con el derecho al trabajo, dos derechos que según las cifras, no se protegieron en la administración de Ospina, puesto que más del 22 por ciento de la población caleña sufre de hambre.

La casa no se diferencia de las otras del barrio Talanga de la Comuna 21, excepto por un pequeño tablero que hay afuera que dice “ Almuerzos, Casa del Desplazado”. Antes de que se atienda a cualquier forastero que llegue a algo diferente a comer, se recibe primero a los comensales diarios, que son casi 150, unos 750 a la semana y que pagan dos mil pesos, que muchos a veces no tienen. Se preocupan, tienen impotencia y hambre.

No todos entienden que no tienen seguridad alimentaria, porque ellos llaman las cosas por su nombre, y lo que tienen es hambre. La causa quizás la desconocen, todo cuesta más caro cada día, así resumen la inflación y quizás sea la mejor forma. La guerra de Rusia y Ucrania, la han oído nombrar pero no saben que este conflicto bélico aumentó el precio de los fertilizantes por ende de la comida, lo que sí saben es que la guerra interna que ha vivido Colombia los desplazó y que ha causa de ésta, también hay poco acceso a la comida.

Lacoste, como le dicen a Edilma Gomez, abreviando La Costeña, representante Legal de la Casa del Desplazado y líder comunitaria del barrio, es una mujer bajita, sin embargo, cuando habla de dignidad luce mucho más erguida. Llegó a Cali desde el Departamento de Córdoba y Urabá, desplazada por las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC), después de que abusaron sexualmente de ella. “Yo puedo hablar de eso sin que me tiemble la voz, sin que me queden las palabras dentro, porque yo decidí no ser más víctima y construir”.

Marzo 31 – 2023 

Por Laura Cruz 

Es difícil no hablar de Nayid Bukele sin mencionar su política de seguridad en el Salvador, que ha sido interpretada por sectores defensores de derechos humanos, como la aplicación del todo vale en una “guerra”, es decir, la ley del talión (el ojo por ojo y diente por diente).

Pero lo que se ha hecho en el país centroamericano ha tenido eco fuera de sus fronteras y en sociedades en donde se viven problemas de delincuencia similares, se ha añorado que se tomen medidas parecidas. Cali es uno de esos lugares, entre otras cosas, porque el 80% de su población, la percibe como una ciudad insegura según el último reporte del observatorio Cali Cómo Vamos. En la capital del Valle, muchas personas han puesto como ejemplo lo hecho con las pandillas salvadoreñas como una solución al problema local.

Las cifras del Salvador muestran que terminó el 2022 con una tasa de homicidios de 7,8 por cada cien mil habitantes, un contraste abismal con las cifras del 2015, cuando era considerado el más violento del mundo, puesto que presentaron 6 mil 600 homicidios, esto debido según Fortín Magaña, que para esa fecha era director del Instituto de Medicina Legal (IML), a las agresiones entre pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que por más de 20 años han generado terror en los habitantes.

En este panorama entra Nayib Bukele, de 39 años de edad. Comenzó su carrera política siendo alcalde del Nuevo Cuscatlán y posteriormente fue alcalde de San Salvador. A Bukele es difícil ponerlo en alguna orilla ideológica política porque que comenzó siendo parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, en el 2019 cuando ganó las elecciones presidenciales después de presentarse como un “outsider”, lo ya estaba con el partido de la extrema derecha Gran Alianza Nacional.

Bukele, sin importarle las críticas y reclamos de varias organizaciones de derechos humanos, ha implementado políticas que para muchos son anticonstitucionales, como declarar un Estado de Excepción saltándose las otras ramas del poder. Desde el 2019, cuando fue elegido Presidente, creó una política denominada Plan de Control Territorial en contra del Crimen Organizado, que como gran símbolo tiene el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Para su apertura utilizó un plan de medios eficaz, con videos cinematográficos de pandilleros totalmente sometidos, pero más allá de la dureza de las imágenes, las condiciones de los presos son extremas: no tienen derecho a visitas y las penas no bajan de 20 años.

Human Rights Watch (HRW), en su último informe, señaló que en el centro carcelario se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de ello, el presidente tiene la aceptación más alta en su país y es uno de los más populares en redes sociales cuando se reportan noticias sobre un delito. Por esto, en Hechoencali.com hicimos una pequeña revisión de los comentarios en algunas redes sociales cuando otros medios reportan hechos delincuenciales sucedidos en Cali y encontramos cosas como: “Necesitamos que Bukele gobierne Colombia para que haya orden”, otro internauta dice: “Qué vaina no tener un revolver en este momento…es mejor tener un arma y no usarla nunca, que necesitarla y no tenerla”. Otros van más lejos y escriben: “Cuánta falta hacen los grupos de limpieza social” y “Ahora matan por todo… se volvió negocio. Bukele donde estás”.

Cabe aclarar, claro, que hay personas en Cali que aún creen que la delincuencia se derrota con políticas de impacto social. En un pequeño ejercicio que hicimos en este medio, preguntando sobre la mejor manera de enfrentar los delitos, nos encontramos con respuestas como: “A largo plazo, hacer inversión social y de infraestructura fuerte en la ciudad. Mejorar la infraestructura carcelaria” “Revisión y depuración de malos elementos dentro de la misma Policía. Contar con un eficiente sistema de justicia”. “Recuperar la confianza en las autoridades. Desarrollar programas de emprendimiento”.

Pero es cierto que la aceptación de estrategias la de El Salavador, puede estar sustentada en las distintas violencias que vive la ciudadanía a diario que, además, no ve que las autoridades locales tengan suficiente fuerza para evitar que ello escale. Los procesos a largo plazo, más centrados en el diálogo, suelen ser vistos como inefectivos frente a las acciones como las del presidente salvadoreño que tienen efectos inmediatos. No hay que olvidar que, en el Plebiscito de 2016 para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, el 50,2% de los votantes optaron por el No.

Es decir, un importante porcentaje de colombianos quiere resultados inmediatos, sin importar el costo. Eslóganes como “Mano Firme, Corazón Grande”, ofrecen dichos resultados y posibilitan ganar elecciones. La Seguridad Democrática, por ejemplo, fue mostrada como una efectiva estrategia de lucha en contra de la subversión, pero tuvo altísimos costos como las 6 mil 402 personas civiles asesinadas a manos del ejército, cuyos crímenes fueron encubiertos y presentados como bajas en combate.

Ese tipo de políticas, justificadas por el afán de proporcionar seguridad a la ciudadanía, pueden desencadenar en graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, bajo el régimen de excepción en el Salvador, muchos de los capturados no tienen derecho a la defensa, ya que si originalmente, una persona podía ser detenida por 72 horas, este plazo se amplió a 15 días.

Asimismo, actualmente, el inicio de un juicio se puede prolongar hasta por un año. Sumado a esto en el Salvador se está presentada violación del derecho a expresión por medio de una reforma a su código penal, donde prácticamente los medios no pueden publicar noticias relacionadas con declaraciones de líderes pandilleros, bajo amenaza de ser declarados cómplices de criminales.

La idea o la esperanza de que una figura como Bukele llegue al poder en Colombia o a Cali, tendría repercusiones serias. Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), estas políticas suelen tener buena aceptación por ser de un carácter populista, no obstante, a mediano y largo plazo no son sostenibles porque una buena parte de la población está en prisión y esta cuestión va generando un círculo de violencia.

De igual forma, la estrategia de Bukele y otros mandatarios similares, se sustenta en reducir todo a asuntos de orden público lo que implica olvidar que la delincuencia puede ser el resultado de múltiples factores sociales que se han acumulado por años. Eso justifica acciones que pueden estar por fuera de la ley.

En este contexto quedan varias preguntas, ¿De tener un Gobierno como el de Bukele, ¿cuál sería el costo para Cali en términos de Derechos Humanos? ¿Habría democracia o un liderazgo autoritario? ¿Qué costo están dispuestos a pagar los caleños por caminar seguros en la calle?

Marzo 17 – 2023

Por Jorge Luis Galeano Bolaños 

El próximo 28 de abril se cumplirán dos años del inicio del Paro Nacional en Colombia. Durante ese tiempo se ha conocido información relacionada con las consecuencias de la acción de la Fuerza Pública en su intento por aplacar las protestas de las personas en las calles. Organizaciones nacionales e internacionales se dieron a la tarea de recopilar, analizar y crear informes acerca de lo ocurrido y uno de ellos, fue presentado recientemente en Cali para mostrar de qué manera la población LGBTIQ, las mujeres, las mujeres afrodescendientes, indígenas, defensoras de derechos humanos, entre otras, padecieron distintas violencias por parte de la Policía Nacional.

El documento creado publicado por Amnistía Internacional se titula: Colombia, la Policía Nacional no me cuida: violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021 y “devela prácticas reiteradas y generalizadas de violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI+, a través de la documentación de 28 casos.” Estos casos documentados sucedieron en Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá.

Algunos de los testimonios recopilados, dan cuenta del peligro que corrieron las personas, especialmente mujeres, defensoras de derechos humanos, integrantes de la comunidad LGBTIQ y similares, cuando la Policía intentaba dispersar las protestas.

Además de este tipo de violencia, el informe revela que la justicia es inoperante pues en este caso y pese a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, la investigación no avanza.

En otro de los casos, el documento dice que después de ser heridas con gases lacrimógenos y además, golpeadas por agentes del ESMAD, dos mujeres fueron agredidas sexualmente y luego, amenazadas.

El acto de presentación de este informe en Cali, se hizo en la Loma de la Cruz que durante el Paro se llamó la Loma de la Dignidad porque fue un punto estratégico en el desarrollo de las protestas. Ahí estuvieron las organizaciones que participaron en su construcción y una de ellas, de carácter local, es la Manada Feminista de Derechos Humanos y justamente, conversamos con una de sus integrantes, la historiadora Caro Hung Gray, quien nos habló de su trabajo en el informe y de la importancia de que la información de lo sucedido durante las protestas, se siga conociendo.

“Nosotras hicimos una labor de acompañamiento y sistematización de casos de violencias basadas en género en los que la responsabilidad de la Policía Nacional resultó comprometida.” Añade la historiadora que por su trabajo, lograron evidenciar que tras los actos de violencia, hubo graves daños a la integridad física y mental de las personas víctimas de esos hechos y que no se cumplieron con los estándares nacionales ni los protocolos internacionales en materia de derechos humanos.

Para Caro Hung, la importancia de la participación de una organización como La Manada en el informe de Amnistía Internacional radica en “la necesidad de hacer análisis con enfoque feminista para comprender cómo la violencia opera de manera diferencial en este tipo de casos.” De igual manera, asegura que lo que se evidenció es que hubo estigmatización y criminalización de la protesta social por parte de las autoridades que, además, expresaron su rechazo a la presencia de mujeres, mujeres trans y personas no binarias a través de las distintas violencias que ejercieron sobre ellas: la sexual, la verbal, la física, la simbólica y la política.

“De una u otra manera, se buscaba el ´disciplinamiento´ de los cuerpos de quienes protestaban pacíficamente. Y de manera diferencial, la presencia de las mujeres se vio truncada porque se nos negaba la participación en el espacio público.” Finaliza la historiadora, recordando que la estrategia usada para evitar que las mujeres hicieran presencia en las calles durante las protestas, fue, sobre todo,  la violencia sexual.

Pueden leer el informe completo aquí