México torturador: primera parte
Iniciamos una serie con el trabajo de la periodista caleña Margarita Solano, quien desde México nos entrega este panorama aterrador de la práctica de la tortura en ese país. Práctica que está prohibida en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una serie de normas nacionales e internacionales, pero como se muestra en esta esta primera entrega, se sigue ejerciendo de manera indiscriminada. Hoy conoceremos el martirio de personas inocentes sometidas a tratos crueles para que entreguen informaciòn o confiesen crimenes que no cometieron.
México torturador: primera parte
Octubre 19-2014
Por Margarita Solano
Especial desde México
Una década oscura esconde historias de horror en México. Voces quebradas en llanto que han sido torturadas por choques eléctricos, mutilaciones, golpes excesivos y asfixia a manos de policías y el Ejército mexicano. Las historias se han multiplicado en un 600% en diez años.
¨Llevo 22 años legalmente secuestrado por el sistema de justicia mexicano. Se me acusa falsamente de haber matado a mi hermana y mi cuñado. La única prueba que existe en mi contra es una confe-sión bajo tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, han demostrado que se me torturó para que confesara la comisión de dichos homicidios. En su momento, se me aplicó el Protocolo de Estambul por profe-sionales independientes e imparciales para determinar que he sido víctima de tortura en su faceta de violación de derechos humanos. No existe más evidencia en mi contra. Las pruebas periciales no consiguieron ubicarme en la escena del crimen. Mi caso fue el primero en llegar a la Corte Inter-americana de Derechos Humanos.
Las recomendaciones del Sistema Intermericano han quedado sin atención por parte del Estado mexicano, que se encuentra en posición de responsabilidad interna-cional por ello. Lo anterior a pesar del amplio discurso oficial que se dice en relación a los derechos humanos y del cabal cumplimiento de las resoluciones internacionales en la materia, lo que a todas luces representa ser un discurso estéril en el presente caso. La Suprema Corte de Justicia de la Na-ción ha atraído recientemente mi caso y ello abre la última oportunidad para que se me libere. Pido la solidaridad y el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional para darle visibilidad a mi caso y ayudarme a encontrar justicia¨, Alfonso Martín del Campo Dodd, firmado el 26 de julio del 2014.
El 30 de mayo de 1992, Alfonso estaba encerrado en un sótano lúgubre donde entran cientos de ladrones, asesinos, secuestradores, también víctimas que sin deberla ni temerla, terminan siendo torturados. Una decena de uniformados de la extinta Policía Judicial, le propiciaron una golpiza que lo dejó casi muerto, tendido, abatido. Después de sufrir repetidos golpes e inducciones de asfixia con una bolsa plástica, el hombre pasó a confesar un crimen que jura no haber cometido.
Ese mismo sábado de 1992 cuando Carlos Salinas de Gortari era ya Presidente de México y augu-raba un nuevo sexenio en materia de Derechos Humanos, Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba, hermana y cuñado de Alfonso Martín del Campo, habían muerto de 66 puñaladas en todo el cuerpo. Para la policía, Alfonso es el principal sospechoso del doble homicidio, para él, es una víctima más que se suma a las lista de miles de casos de tortura que en la última década se han multiplicado en México en un 600 por ciento.
Alfonso tenía 27 años cuando su vida dio un vuelto de 180 grados. Vivía en un barrio de clase me-dia alta y le gustaban las motos. No tenía antecedentes penales y tenía una novia con la que anhelaba casarse en un par de años. Todo cambió ese sábado cuando los policías lo obligaron a confesar el homicidio de su hermana y su cuñado.
¨Alfonso no presentaba sangre en la ropa o en ningún otro lado. Tras los análisis periciales de rigor, se determinó que los cabellos y demás tejidos humanos recuperados bajo las uñas de las víctimas no correspondían al presunto inculpado, es decir que eran de personas desconocidas hasta hoy. Fueron encontrados los trozos de medias que los secuestradores usaron como máscaras. Las ropas fueron incineradas por el ministerio público. Los cuchillos sembrados en la escena no tenían sangre ni hue-llas. No hay evidencia científica que relacione a Alfonso con el crimen¨, se lee en el portal http://www.alfonsomartindelcampododd.com.
Martín del Campo, declaró ante un juez que su confesión había sido producto de un día completo de tortura pero su argumento poco valió para condenarlo a 50 años de prisión por doble homicidio. Meses después, su torturador, Sotero Galván Gutiérrez, aceptó haberlo desnudado, golpeado y asfi-xiado con una bolsa de plástico. Sin embargo, nunca fue sancionado penalmente mientras que Al-fonso lleva 22 años tras las rejas en un penal de máxima seguridad en Pachuca, Hidalgo y la única prueba relevante, según el mismo fallo, fue su confesión.
El caso de Alfonso tocó el ámbito internacional sin que las recomendaciones de la Comisión Inter-nacional de Derechos Humanos, la ONU y Amnistía Internacional, hayan logrado que el sistema de justicia mexicano de un revés a la sentencia y deje en libertad a Martín del Campo.
En noviembre de 2009, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos emitió el informe 117,2009 donde solicita al Estado Mexicano anular la confesión obtenida bajo tortura en las instala-ciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, revisar la totalidad del proceso judicial y disponer de la inmediata liberación de la víctima.
Amnistía Internacional hizo recientemente un llamado al Estado Mexicano para implementar las recomendaciones de la CIDH a favor de Alfonso Martín del Campo Dodd. Actualmente, el caso se encuentra en espera de resolución en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el 2015, Alfonso cumplirá 50 años, 22 de ellos en prisión. Sus padres, que confiaron siempre en su inocencia, fallecieron sin poderlo ver en libertad.
El martirio de los inocentes
Una década oscura esconde historias de horror en México. Voces quebradas en llanto que han sido torturadas por choques eléctricos, mutilaciones, golpes excesivos y asfixia a manos de policías y el Ejército mexicano. Las historias como las de Alfonso, se han multiplicado en territorio nacional en un 600% en diez años.
La encuesta encargada por Amnistía Internacional sobre actitudes hacia la tortura es contundente. El 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados, declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia. Si a esto se suma, el que en la mayoría de delitos de alto impacto 8 de cada 10 policías están involucrados, el caldo de cultivo es un abuso de autoridad constante.
Andrea es universitaria del Tec de Monterrey y entre una cerveza y otra, asegura que en caso de una emergencia, ¨preferiría morir que llamar a la policía¨. Su testimonio, es similar al de Carlos en la Ciudad de México, quien asegura que los uniformados se la pasan día y noche ¨nada más viendo a quien se chingan¨, es decir, a quien se joden. La policía en sus tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, se han convertido en los verdugos de una sociedad mexicana que clama por su seguridad.
El mes pasado, cuando una decena de jóvenes humildes de la Normal de Ayotzinapa fueron al mu-nicipio de Iguala, el recibimiento fue brutal. Policías municipales dispararon sin clemencia a los estudiantes que solo llevaban la ropa puesta. 43 continúan desaparecidos y uno de ellos fue brutal-mente asesinado después de quitarle en vida la piel del rostro.
Lo que le ocurrió a Alfonso en el 2012, se repite como una práctica recurrente que incluso a muchas autoridades les causa mofa. El Internet está lleno de videos donde policías se carcajean mientras someten a palos a individuos de la calle. Como si fuera un deporte, patean, escupen, empujan, ave-ces sin necesidad de que confiesen nada.
Los niños tampoco se salvan. 'Nacho´, tiene trece años y fue obligado a decir que su papá había asaltado un supermercado aunque no era cierto. Para lograrlo, policías federales mexicanos lo ame-nazaron con lanzarlo a un lago de lagartos en un zoológico de Tabasco al sureste de México, lo tor-turaron con golpes en distintas partes del cuerpo y le dieron choques eléctricos. "Andaba jugando mi balón cuando de repente se me atravesó una camioneta de la que bajaron policías que me persi-guieron hasta la casa de mi abuelita, donde me escondí en un ropero, pero hasta ahí llegó el jefe de ellos", contó Nacho a los medios de comunicación.
Ignacio Ramírez, padre del menor, dijo a los medios no ser un delincuente, sino un albañil. Junto a su esposa Margot, acudió a la Procuraduría de Justicia del estado de Tabasco para denunciar el abu-so policial a su hijo. Es octubre, han pasado dos meses de aquella agresión y las autoridades locales no han logrado detener a ningún responsable por la los delitos y amenazas que recibió el menor.
Lo que sí recibió Margot, fue a un jefe de la policía decidido a pactar con ella para que no denun-ciara, argumentando que tenía un video donde se veía a su hijo robando el mismo supermercado con el que antes habían inculpado a su papá. Cuando la madre exigió ver las imágenes, el policía no tuvo de otra que admitir que era mentira.
En abril de este mismo año, un indigente fue torturado por policías locales en el turístico puerto de Acapulco, a cinco horas de la Ciudad de México. La escena se viralizó gracias a un video grabado con un teléfono celular. En él se ve a un hombre con la cabeza cubierta por una bolsa plástica, sin camisa y siendo golpeado por tres policías, entre ellos una mujer, a punta de tolete en las piernas, la espalda y los pies."Por favor ya no más", suplica el hombre ante la inclemencia de los uniformados que se forman para seguir golpeando sus glúteos y piernas. Segundos antes de que termine el video, el hombre cae al piso, se tapa lo que alcanza de su cuerpo y los policías le exigen a golpes que se vuelva a levantar.
En Tamaulipas, al norte de México, la escena se repite pero esta vez con los miles de migrantes de Centro América que intentan cumplir el sueño americano. "Se suben hombres armados a los camio-nes en donde vamos y si no damos cuota para pasar por sus carreteras, nos cortan los dedos o jalan el gatillo", cuenta un migrante hondureño que prefiere guardar el anonimato.
Le llaman el ¨ojo del diablo¨, a la frontera entre México y Estados Unidos. Miles de Centroameri-canos saben que aun peor que caer de ¨La Bestia¨, -el tren que transporta diario a cientos de indo-cumentados, muchos de ellos mutilados al caer- es el trayecto entre las ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros en Tamaulipas, Ciudad Juárez en Chihuahua o Nogales en Sonora. En todos, el narcotráfico coludido con policías locales, los secuestran, torturan y si bien les va, los dejan vivir y pasar del lado estadounidense si es que pagan fuertes sumas de dinero.
Ángel Amillara Colón Quevedo sufrió abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas ar-madas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad negra de Honduras. Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnuda-ron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas. Fue acusado sobre la base de la decla-ración que le obligaron a hacer después de ser torturado.
Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014. El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más de veinte personas procedentes de todo el país que, como Ángel Colón, sufrieron palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semiasfixia a manos de la policía o las fuerzas ar-madas mexicanas, con el fin de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.
El fantasma de los ´falsos positivos´ en México
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