Junio 2 – 2023

Por Laura Cruz

Con 122 votos a favor y uno en contra, quedó por fuera el artículo 304 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. Artículo que pretendía crear la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos e iba dirigido a generar una política a través de la cual, de manera participativa y colaborativa, tuviera presentes los “… enfoques de género, discapacidad, étnico-territorial y de curso de vida”. 

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ha sido uno de los principales triunfos de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Este es uno de los documentos más importantes del Gobierno Nacional, ya que es la hoja de ruta para el 2022-2026, también define los instrumentos financieros y presupuestales, para lograr dichas metas. 

Sin embargo, aunque el PND sea la bandera a izar del Gobierno, la aprobación del mismo no fue del todo un triunfo, puesto que para muchas organizaciones, el artículo 304 fue sacrificado para su aprobación. Cabe recordar que durante cuatro meses, (septiembre a diciembre del año pasado), se realizaron 51 diálogos vinculantes de los que salieron más de 89 mil propuestas fundamentales para definir la hoja de ruta del Gobierno. Algunas de ellas fueron: Ordenamiento Territorial; Seguridad Humana; Derecho Humano a la Alimentación; Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático; y Convergencia regional. A estos encuentros asistieron más de 250.000 personas. 

Es decir, el artículo 304, que se enfocaba en crear la Política de Derechos Sexuales y Reproductivos, fue una construcción social partiendo de los diálogos regionales. Por esta razón, a diferentes organizaciones sociales y colectivas de mujeres les preocupa su eliminación, ya que su finalidad era garantizar que todas las personas pudieran vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. 

Es importante saber que, aunque existen varios antecedentes internacionales, hay dos conferencias que marcan la senda por la que transitan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos: la Conferencia Internacional de la Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994 y la IV Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín de 1995, que reconoce los derechos como fundamentales para la vida y el libre desarrollo de la mujer. 

Derechos que hoy no se encuentran en el PND, en parte por una mala interpretación del artículo que hizo el representante Luis Miguel López, que señaló “El Gobierno pide una facultad extraordinaria para hacer una política de derechos sexuales, donde se incluyen a las niñas y el Ministerio de Educación, es decir, los colegios”. Y también el senador Mauricio Giraldo, que llegó repartiendo camándulas y fetos de plásticos a sus compañeros. Sin embargo, lo más preocupante es que los dos funcionarios proponian hablar solamente de derechos sexuales y excluir del artículo los derechos reproductivos. Quitar la palabra “reproducción”, pues para ellos significa aborto o también asesinato.

Para entender mejor qué son los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de las dos palabras, hablamos con Luis Felipe Rodríguez Rodas, candidato a Doctor en Educación, Magíster en Gestión Pública, Especialista en Estudios Políticos y Constitucionales y Licenciado en Lenguas Extranjeras y Enlace LGBTI en Alcaldía de Santiago de Cali, que, entre otras cosas, señaló que según el Ministerio de Salud, los derechos sexuales son aquellos que aseguran el ejercicio y desarrollo informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad “con el fin de que todas las personas tengan pleno disfrute de esta y del erotismo sin coacción y libre de cualquier forma de violencia. Para esto, se necesita del acceso a servicios de salud sexual y medidas de prevención como atención de infecciones de transmisión sexual (ITS), enfermedades y dolencias que afecten el ejercicio placentero de la sexualidad”. 

Los derechos reproductivos son aquellos que hablan de la facultad que tienen todas las personas de tomar decisiones libres y sin discriminación sobre la posibilidad de procrear o no y de regular su fecundidad con información, seguridad y garantizando el acceso a servicios de salud reproductiva. Estos últimos deben garantizar las maternidades seguras y el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).  

En el mismo sentido, Laura Alexandra Castro González, quien coordina la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización pionera en el Movimiento Causa Justa, se refirió a lo peligroso que hubiera sido hablar solamente de derechos sexuales y excluir del artículo los derechos reproductivos. “Los derechos sexuales y reproductivos se interconectan con otros derechos humanos e influyen directamente con el desarrollo del ser humano en diferentes etapas de su vida”. Agrega que, especialmente para las mujeres, el vínculo entre sexualidad y reproducción es más estrecho porque está asociado a cargas sociales que tienen efectos en desigualdad, en mayores dificultades para participación en esferas públicas y privadas. 

Para la coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, estos derechos, aunque autónomos, son dos caras de la misma moneda que se interconectan, porque muchas veces el ejercicio de esa sexualidad puede llevar a elegir cargas o responsabilidades o decisiones en materia reproductiva. Añade que lo derechos sexuales y reproductivos, no son solamente de las mujeres o de la comunidad LGBTIQ+, como a veces se cree, sino que son derechos de los que gozan niños y niñas, es decir desde una etapa temprana de la vida, hasta los adultos mayores, esto sin discriminación de género. Cabe agregar que la diferencia entre derechos sexuales y reproductivos es que los primeros se refieren al goce de una sexualidad plena. También está vinculado al acceso de educación, de salud sexual e integral, incluso vinculado al conocimiento pleno del cuerpo. Los segundos, los reproductivos, se centran en la posibilidad de decidir tener hijos o no tenerlos, cuántos, con quién tenerlos y en qué momento tenerlos.

Para más información sobre estos derechos, puede consultar https://www.unfpa.org/data/CO

Hay que señalar que las políticas públicas como el PND son instrumentos puntuales de medición, asignación de presupuesto, entonces con las políticas, se deriva la creación de programas, indicadores de cumplimiento que pueden ser indicadores de avances, o seguimientos y todo esto es muy importante para garantizar mejoras, en este caso, en la prestación de los servicios de salud o en la oferta de bienes que tiene el estado. Aunque Colombia cuenta con una Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos desde la década de los 90, ésta ha tenido varias actualizaciones, ha cumplido sus vigencias y ha sido necesario actualizarla. 

Para Castro hay dos factores relevantes por los que era importante que el artículo estuviera en el PND: la primera es que la última política que tuvo Colombia culminó en 2022, por eso era tan necesario que en este Plan Nacional de Desarrollo se incluyera de manera explícita porque tener esa política responde a las bases del PND que fueron consultadas por el gobierno con los diferentes grupos. El segundo es que, si el artículo quedaba unido al Plan de Desarrollo, había una transferencia de recursos más directa desde el Departamento de Planeación. 

Según el Partido Conservador, el artículo 304 buscaba “…imponer la educación sexual ideologizada en los colegios”. Sobre este pronunciamiento, Luis Felipe Rodríguez Rodas dijo que la educación sexual debe estar presente, hablar del cuidado y conocimiento de los cuerpos es fundamental, evitar conductas discriminatorias así como de las infecciones de transmisión sexual – ITS-, embarazos a temprana edad, identificar hechos de violencia sexual, conocer las rutas de atención por violencia sexual.También es fundamental que la niñez y la juventud estén informadas y empoderadas. Rodríguez fue enfático en decir que “Es una lástima que sigamos estando tan marcados por prejuicios y doble moral mientras el índice de violaciones y embarazos no deseados sigue estando presente”. 

Para Laura Castro, el hecho de que haya sido sacado el artículo fue también una pérdida simbólica, debido a la desinformación del Partido Conservador que usó estrategias de desinformación y manipulación como un video de cómo se lleva a cabo el aborto que está muy desactualizado en temas técnicos. Para Castro, el impacto fue más en términos de la estigmatización y también la desinformación sobre políticas de salud sexual integral. “Se habló también de políticas en derechos sexuales y reproductivos, vinculadas solamente al aborto, pero no se habló de cómo esta política ayudaría a reducir los embarazos en adolescentes o reducir cifras de mortalidad materna o incluso, cómo generaría más información para evitar el cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino”. 

Así mismo agregó que la experiencia del Plebiscito por la paz y el fantasma de la ideología de género fue lo que logró apelar a emociones como la desprotección de los niños, la vulneración de sus derechos, o las afrentas al modelo tradicional de familia. Lo que para Castro “resulta un caballo de batalla muy útil, muy instrumentalizado por los actores de derecha y los actores conservadores, de cara a los escenarios electorales”.

Nicolás Giraldo, coordinador de Cambio Político de Profamilia, señaló que, si bien no pasó el artículo 304, la política de derechos sexuales y reproductivos, se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en componentes como la seguridad humana y justicia social. Es decir, que están asegurados los recursos para la inversión. Ante estas declaraciones Luis Felipe Rodríguez, señaló no estar de acuerdo porque lo que no esté en el PND va a quedar con muy pocos recursos y va a ser un tema de gestión y voluntad política. Rodríguez dijo “ese artículo era necesario pues aseguraba recursos y les obligaba a las entidades competentes a desarrollar acciones en términos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de los colombianos. 

Por su parte, Castro enfatizó que si bien el artículo 304 no fue incluido en el PND, eso no quiero decir que el ejecutivo, es decir, el Ministerio de Salud, en articulación con el Ministerio de la Igualdad y el ICBF, no puedan destinar recursos de sus carteras específicas para la implementación de las políticas que, es ahora lo que les compete hacer. Así mismo dijo que desde Causa Justa, estarán con las puertas abiertas en materia de vigilancia, pero también de asistencia técnica a la actualización de esa política, que reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como derechos fundamentales y también lo hacen los tratados universales. Castro finalizó diciendo: “no hemos tenido una pérdida en esos derechos, en términos de esos principios que la Corte ya ha sido muy clara, y garantista. En el papel vamos muy bien, pero no resta atar esa implementación y esa garantía a instrumentos de políticas públicas”.

Mayo 12 – 2023 

En Hechoencali.com quisimos darle una mirada amplia a la libertad de prensa y por eso conversamos con distintos actores que hoy en día ejercen una labor informativa. Esto incluye, por supuesto, aquéllos que se han posicionado desde la alternatividad, sean periodistas formados académicamente o no, pero que han decidido garantizar el ejercicio de ese derecho humano en sus propias manos.

Por Jorge Luis Galeano 

Repite la palabra “verdad” muchas veces. Él siente que desde el periodismo tradicional ya no se muestra. Eso lo dice con un chaleco azul y blanco que tiene su nombre y la frase ´Derechos Humanos´ cocidas en la parte de adelante, mientras que en sus espaldas, se lee ´Prensa´. Hace más de cinco años que lo usa. Se acompaña de cámaras fotográficas y un celular con el que hace transmisiones en vivo a través de las redes sociales para visibilizar esas verdades que no aparecen en ninguna parte.

Héctor Martínez es, en realidad, una persona que se ha convertido en lo que es a punta de los golpes de la vida. Trabajó como conductor en un medio de comunicación en Bogotá y estuvo en la Defensa Civil, pero Colombia es un país que puede romper la vida a cualquiera, en cualquier momento y así fue para él. En el 2012, su hijo Héctor Fabio Reyes fue asesinado. Eso lo obligó a plantarse todos los días en la Plazoleta de San Francisco de Cali para exigir justicia. Día tras día y año tras año buscó que la persona culpable, pagara. El caso, sin embargo, no avanzó. Lo mostró en medios e hizo todo el ruido que pudo, pero no logró mucho. Eso, entonces, hizo que tomara la decisión de convertirse en defensor de derechos humanos porque descubrió que, como él, había muchas personas pasando por lo mismo

Pero ser defensor no era suficiente. Le llegaban denuncias de muchas vulneraciones de derechos humanos y al intentar que los medios las registraran, muchas veces se encontraba con barreras. Él dice “No pueden decir la verdad”, entonces, ante la sordera mediática, tomó la otra decisión importante: convertirse en prensa alternativa. Asegura que desde ahí, no debe esperar a que algún periodista cubra las denuncias que tiene, sino que él mismo lo hace. Para él, eso es decir la verdad “Que las víctimas puedan contar su verdad” algo que, asegura, no es fácil de hacer desde los medios tradicionales.

Once años después del asesinato de su hijo y en el mismo lugar en el que inició este viaje que lo convirtió en prensa alternativa, Héctor Martínez recoge su equipo y cuenta que se prepara para un nuevo cubrimiento de una denuncia ciudadana. Ahora no tiene que buscarlas, pues su página en facebook se ha vuelto muy popular y quienes sienten vulneración de sus derechos, acuden a él y piden su presencia.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, entre otras cosas dice que se garantiza que toda persona pueda “fundar medios masivos de comunicación”. Y así es como en Colombia, en los últimos tres años, han surgido cerca de 300 medios de comunicación. Uno de los momentos clave fue el Paro Nacional de 2021 que vio cómo la gente se volcaba a plataformas distintas a las de los medios tradicionales para saber lo que pasaba.

Uno de esos casos es el trabajo de Lisa Trujillo, profesional en Comunicación Social y Periodismo, vinculada a varias organizaciones sociales y a un medio independiente en Bogotá, pero que en 2020 creó un espacio propio en redes sociales para hacer un periodismo en defensa de los derechos humanos “Ahí se partió mi historia en dos porque me convertí en una persona interesada en defender la dignidad de la gente, en entender porqué hay tanta desigualdad” dice describiendo lo que ha significado para ella su labor periodística en Instagram, en la cuenta Me Dicen La Negra.

Ella se describe como Comunicadora Popular o, en sus propias palabras “estar en las calles, en los barrios no sólo para sacar provecho de los contextos, sino a construir procesos” es decir, acercarse a las comunidades y pese a que esto puede entenderse como una contradicción para el ejercicio periodístico, Lisa dice que en la medida en que el o la persona no “venda” sus principios, se mantiene lo fundamental: no decir mentiras y ser transparentes “Uno puede encariñarse mucho con una persona, pero si se descubre que es corrupta, o si ejerce violencia de género o recluta jóvenes para grupos armados ilegales, pues uno no puede guardar silencio”.

Ella ha sufrido violencias por su trabajo. Dice que la han insultado, acosado, incluso, ha sufrido atentados en su contra. Todo ello no sólo la afecta a nivel personal, pues genera miedo por ella y sus personas queridas, sino que obstaculiza su labor informativa. Ella, por su parte, tiene claro que no quiere morir por decir la verdad “Le he dicho a mis amigos que no quiero terminar siendo un cartel en una pared”.

En los departamentos del Meta y Guaviare, al oriente de Colombia, el ejercicio de la libertad de prensa es complicado por la falta de medios de comunicación y plataformas informativas que den cuenta de lo que allá sucede. Entra a escena, entonces, El Cuarto Mosquetero.

Este medio de comunicación alternativa y popular “No sólo trabaja desde lo periodístico, sino también, desde lo comunicativo informativo. Desarrollamos procesos formativos a personas de distintas edades para que puedan hacer uso de sus habilidades comunicativas, con ayuda de la tecnología, para que puedan dar a conocer sus cosmovisiones” dice Lina Álvarez, su directora.

Para ella, eso también es una forma en la que se puede garantizar el ejercicio del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa porque les ha permitido generar espacios de participación social y, de paso, “tenemos la posibilidad de ejercer la libertad de prensa al hacer el periodismo que queremos, como lo queremos y dentro de las comunidades”.

En ocho años de existencia, salvo las a conocidas estigmatizaciones que se reciben constantemente por ejercer periodismo alternativo y algunos ataques cibernéticos, no han tenido mayores inconvenientes para desarrollar su labor informativa, aun cuando abordan temas complejos como la paz, género, conflictos socioambientales, entre otros.

Hay normas y acuerdos que existen para proteger la libertad de prensa en Colombia y en el mundo. La Constitución Política de nuestro país, por ejemplo, habla de la garantía que tenemos todas las personas para expresar y difundir nuestros pensamientos y opiniones, informar y a recibir información veraz e imparcial. Esto último está ligado a la calidad de lo que se difunde, es decir, qué y cómo se cuenta en medios de comunicación y en las plataformas hoy existentes para ejercer plenamente este derecho. Así lo dice Oscar Martínez, director del medio digital El Faro de El Salvador, para quien el compromiso desde el periodismo debe estar, justamente, en la manera que crea y se ofrece el contenido a las audiencias.

Además de una mala práctica informativa, las presiones ejercidas desde el poder también son formas en las que se impide ejercer del derecho a la libre expresión y de prensa. De esto sabe mucho El Faro que ha sido sometido a una campaña de desprestigio y persecución por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Sus consecuencias se sienten a todo nivel: en lo personal para los y las periodistas y en el ejercicio como tal.

En Colombia, por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- dice que, desde el 2018, la violencia contra la prensa ha sido constante. En el 2022 hubo 218 amenazas, la cifra más alta de los últimos 15 años en el país. Además, dice que 2 periodistas fueron asesinados este año. Un total de 5 en los últimos tres años y añade que ya ha documentado 41 amenazas en lo corrido de 2023.

Sin embargo, la violencia no es la única preocupación para el ejercicio informativo. Aparece, también, la pauta como una herramienta para presionar e incluso, censurar a los medios de comunicación y así nos lo cuenta John Bock, director ejecutivo de la FLIP

Otra de las estrategias para garantizar la Libertad de Prensa son los acuerdos y declaraciones que son firmadas por actores públicos y privados que se comprometen a respetar este derecho. Es el caso de las declaraciones de Chapultepec y Salta por la libertad de prensa. La primera creada en 1994 y que enfatiza en que el ejercicio libre de la prensa “es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación” y tiene 10 principios, entre los cuales está el de que #Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.

Por su parte, la Declaración de Salta nació en 2018 y se ocupa del ejercicio de la libertad de prensa en el entorno digital. Entre sus 13 principios están:

1. Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.

2. La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Cuando se adopten decisiones sobre internet, deben considerarse los puntos de vista de todos los actores.

Este año las declaraciones fueron firmadas en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, en marco del XI Encuentro internacional de programas acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP). En el acto participaron Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y director global de Licencias e Innovación de Impresión del New York Times; Luis H. Pérez, rector de la UAO; Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP; Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun; Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación de Medios de Información, AMI; Tulio Ángel, presidente de Asomedios; Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y Catalina Jiménez, decana de la facultad de Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales de la UAO.

 Abril 28 – 2023 

Por Jorge Escobar Banderas  y Jorge Luis Galeano

Hablar del Paro Nacional en Colombia de 2021 trae a la memoria las barricadas, los enfrentamientos, el ESMAD, las capuchas, un poco el caos vivido en las calles de Cali que, rápidamente, se convirtió en la Capital de la Resistencia. Fueron 4 meses en los que esas imágenes fueron las protagonistas y que opacaron otros fenómenos no menos importantes.

La ciudad tuvo 25 puntos de resistencia y uno de ellos fue el de Meléndez, un barrio al sur de Cali. Ahí, como en los otros 24, hubo de todo: apropiación del espacio, cierre de vías, enfrentamientos, actividades culturales, de participación ciudadana, entre otras cosas. En ese lugar se concentraron las peticiones de los habitantes de la Comuna 18 que por años se sintieron abandonados por los Gobiernos y vieron en ello, una oportunidad.

Tras dos años del inicio de lo que se conoció como el estallido social, hablamos con una de las participantes de las protestas en ese punto y de quien no revelaremos su nombre por cuestiones de seguridad.

La participación en esas protestas, dice ella, ha tenido unos costos altísimos para muchas personas. Ella lo sabe porque es una de las tantas que han sufrido las consecuencias. “Dejó familias, líderes de los puntos desarraigados por la política de miedo infundida a través de las amenazas, la persecución política, la estigmatización y criminalización de la sociedad y los medios de comunicación tradicionales”.

Añade que, pese al tiempo transcurrido, continúa la estigmatización de los y las jóvenes que estuvieron en ese y otros puntos de resistencia de la ciudad “las personas que participamos en el paro nacional seguimos siendo estigmatizadas a pesar de que se sigue trabajando, ya no desde las barricadas, sino desde los procesos comunitarios en el mejoramiento de los territorios de la ciudad”

Para ella, el paro “ha dejado muchos interrogantes en una comunidad orgánica que se manifestó para visibilizar las inconformidades, la pobreza extrema y los altos índices de desigualdad que sigue siendo un motivo altamente motivador para movilizarse” pero también dice que parte del legado está en los muchos procesos comunitarios que surgieron, además de “las víctimas sobrevivientes, los familiares de las víctimas mortales que en su mayoría son madres que cargan esa memoria como una segunda vestimenta, los nuevos liderazgos que son como un vástago de esperanza para las comunidades instrumentalizadas por décadas”.

Y justamente sobre esa parte del legado, de los procesos comunitarios y organizativos es de lo que queremos hablar aquí porque, como decíamos antes, fueron opacados por la avalancha de información sobre violencia que se tomó todos los medios (tradicionales e independientes). Al respecto, nuestra invitada nos dice que “la estación de Meléndez a dos años del paro es esa plataforma de apertura a nuevas expresiones comunitarias y sociales del estallido social, de las cuales salen varios procesos que terminan siendo innumerables en una comuna tan diversa como la 18”.

Ella habla de fundaciones, organizaciones ambientales, grupos artísticos, colectivos de defensa de los Derechos Humanos “pero también se presenta un fenómeno muy interesante de fortalecimiento en recurso humano de las organizaciones ya existentes antes del estallido social, que llevan una trayectoria de muchos años trabajando por los territorios más vulnerables de la comuna y que integran a estos nuevos liderazgos comunitarios”.

Por eso es que decidimos subir a la parte alta de la Comuna 18 para conocer una de esas tantas organizaciones. Sus integrantes bajaban todos los días a la estación Meléndez para construir y labrar un camino que no terminara en el 2021.

Llegar al corazón de la comuna 18, ubicada en el suroccidente de Cali, significa recorrer sus calles empinadas y otras tantas que se encuentran destapadas. Tenacidad podría ser una palabra para describir este camino que día a día transitan cientos de mujeres y hombres para labrar un mejor destino.

En lo alto de la loma se abre espacio un parque rodeado por viviendas de dos y tres pisos, ventas de ropa por parte de mujeres cabeza de familia y algunas tiendas. La estridencia de la música se combinaba con los ladridos de los perros a su paso por la cancha de Los Mandarinos.

El día que lo visitamos, el ambiente era festivo. Por un lado, un grupo de niños jugaba con las piedras que encontraba en un trozo del camino que no está pavimentado y por el otro, se sentía la adrenalina que transmite el fútbol con un ‘picadito’ disputado entre los vecinos del barrio Alto Jordán.

Mientras esperábamos a las mujeres que conforman la Fundación Tepac, pudimos ver que desde este punto se divisa un paisaje monumental donde los contrastes sociales de Cali se hacen mucho más evidentes. En primer plano figuran los esbeltos edificios de sectores como Valle del Lili y Bochalema, los cuales contrastan con el panorama que se observa en la ribera del río Cauca. En el fondo, la inmensidad del monocultivo de caña de azúcar se extiende al piedemonte de la cordillera central.

Ese parque, el de Los Mandarinos, ha sido el punto cero, el centro de los sueños, anhelos y temores que han enfrentado ese grupo de mujeres que se la ha jugado toda por contribuir con el bienestar de su comunidad. Ellas promueven la participación ciudadana, el emprendimiento y el fortalecimiento de habilidades artísticas, deportivas y culturales.

Melissa, Deisy y Greidy, bajan por la loma y se asoman por la curva. Ese recorrido hoy tiene un significado diferente al de hace dos años. Antes de abril de 2021, no se consideraban agentes de cambio. Llevan camisetas iguales, color azul turquesa que tiene el logo de la fundación que nació, justamente, tras el estallido social, cuando el descontento generalizado por las cruentas condiciones de vida, entre un amplio espectro de la población, las impulsó a salir a las calles en un acontecimiento sin precedentes.

Bajar desde el Alto Jordán y otros barrios de la Comuna 18 era, en esa época, intentar hacerse visibles. Era intentar que la ciudad recordara que hay 21 barrios en esa Comuna y que entre ellos, 8 están priorizados como vulnerables, es decir, con altos índices de pobreza. El estallido fue, entonces, una oportunidad.

Y Cali fue el epicentro, acuñando el nombre de ‘capital de la resistencia’, título concedido por el aguante de hombres y mujeres, especialmente jóvenes de clases populares que enfrentaron el poderío del Estado. Los vecinos de la comuna 18 no fueron ajenos a tal situación.

Ellas bajaban de la ladera y se concentraron en la emblemática calle 5. La estación del sistema MIO de Meléndez fue el lugar donde decidieron manifestarse. Pero, más allá de hacer una recreación de los hechos que ahí tuvieron lugar, ocurrió algo impensado para algunos en medio de la conmoción: la gestación de un ideal de cambio.

La comunidad encontró en aquel lugar un instrumento para expresar sus ideas. Ahí, las áreas verdes se convirtieron en huertas urbanas, las rejas grises se llenaron de colores y las bahías de abordaje dieron paso a una biblioteca pública que pretendía estimular el debate, junto al intercambio de ideas.

Esta fue una deconstrucción del espacio. Aquel punto destinado a movilizar masas rumbo a su trabajo, se convirtió en un fortín colorido que deseaba ser un punto de encuentro a la vista de una ciudad que en muchas ocasiones ignora la existencia de la ladera.

Meses de aguante, como lo llamaron, no podían ser infértiles. La cosecha fue de ideas, de inquietudes, de ganas de transformación y tras la entrega de la estación y el punto de resistencia de la calle 5 con carrera 94, el regreso al barrio adentro fue distinto. Tenían una nueva perspectiva de vida. El reto en ese momento era canalizar ese deseo en acciones concretas.

Aparece, entonces, la Fundación Juvenil Tepac, cuyo nombre es la suma de las palabras: Tejido, Pacífico y Comunitario. Deisy Valencia es una de sus integrantes y reconoce que este nombre refleja la esencia y los valores del grupo, además de rendir un homenaje con los colores naranja, azul, turquesa y púrpura a la Guardia Indígena, que estuvo presente durante el estallido social en el punto de Meléndez.

Hablamos con ellas en una banca que está en el parque. Justamente ese sitio que les ha servido para ganarse la confianza de los vecinos. Cosa, claro que fue una auténtica proeza. Por ello, Deisy recuerda que durante una celebración del día de Halloween, no contaban con los recursos suficientes para organizar un festejo a los niños y niñas del sector. Sin embargo, la comunidad, al ver el ahínco y la preocupación por cumplir ese cometido, decidieron unirse en pro de la actividad.

“La comunidad hoy en día, dos años después, se ha dado cuenta de que los jóvenes queremos cambiar el territorio”, resalta.

Keitis Melissa Mina, también integrante de Tepac, dice que la metodología de trabajo tiene como eje fundamental la vinculación con el barrio, reconociendo las múltiples problemáticas que ahí se presentan, además del potencial, junto a la consecución de soluciones.

“Trabajar barrio adentro es hacerlo por el territorio, hacer cosas significantes e incluir o visibilizar esos sectores, esos lugares que no son visibles, que son invisibilizados. Queremos aportar nuestro granito de arena para que eso suceda y dejar ese legado”, explica.

El deseo por querer ayudar no se limita únicamente a la Comuna 18, sino que en el futuro proyectan hacer parte de múltiples alianzas que les permitan expandir sus acciones por diferentes zonas de la ciudad.

En Tepac la mirada está puesta en el ahora. Centrarse en lo que pasó o preocuparse por el futuro es algo que no tiene cabida. Sus integrantes reconocen que sus proyectos están enfocados en el corto plazo, con acciones concretas para atender las necesidades que se presenten en la comuna.

No obstante, y dándose la licencia de imaginar un escenario ideal, a Keyra Melissa Mina le gustaría que la fundación pudiese tener una sede, un espacio físico donde los vecinos puedan encontrarse y hacer uso de esas instalaciones para la realización de actividades pedagógicas y culturales.

De esta forma es como un grupo de jóvenes que se encontró en las manifestaciones del paro nacional hace dos años, se hizo consciente del rol que podían jugar en su barrio, promoviendo oportunidades para el bienestar de sus vecinos. Tal y como lo afirman en Tepac, todo ha sido un triunfo en este proceso.

Con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y poder impactar a un número más grande de personas, este grupo se encuentra abierto a la recepción de donaciones. Para ello, los interesados pueden comunicarse al número 315 685 43 73 o el correo electrónico: fundaciontepac28a@gmail.com

Abril 21-2023

Por Laura Cruz 

En América Latina 60 millones de personas pasan hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Esto equivale a una población un poco más grande que Colombia. En nuestro país, un 30 por ciento de los ciudadanos enfrenta la inseguridad alimentaria, este porcentaje equivale a 15.5 millones de personas a quienes se les vulnera el derecho a la alimentación. En el Valle del Cauca, el 22 por ciento de los habitantes no tiene qué comer, esto incluye por supuesto a los habitantes de Cali, ya que según Bienestar Social, el 13, 3 por ciento de la población de la ciudad, sufre de hambre.

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. El derecho a alimentarse dignamente está contemplado como un Derecho Internacional, por lo que varios países han implementado reformas y políticas públicas para disminuir la desigualdad alimentaria, incluso entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está contemplando que para el año 2030, la población mundial tenga cero hambre.

Sin embargo, este objetivo parece hoy una utopía, puesto que la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en “niveles de crisis o peores”. En América Latina y el Caribe, son 60 millones de personas sin alimentación asegurada, entre estos niños que tienen desnutrición crónica y aguda. Según Juan Carlos Buitrago, Director ejecutivo del Banco de Alimentos de Colombia, entre el 10 y el 15 por ciento de los menores en Colombia sufren desnutrición crónica.

El Programa Mundial de Alimentos, en el segundo semestre del 2022, realizó una evaluación enfocada en la seguridad alimentaria por departamento. Ahí, el Valle del Cauca aparece con un índice de inseguridad alimentaria del 22 por ciento, es decir, uno de cada cinco hogares se encuentra en inseguridad alimentaria en el departamento.

Así mismo, la Secretaría de Bienestar Social de Cali, señaló que cerca del 13,3 % de la población caleña no tiene garantizado el derecho a la alimentación. Sumado a esto, la Secretaría de Salud, indicó que el 4,7 % de los infantes que hacen parte de la primera infancia en la ciudad tienen desnutrición global, lo que equivale a tener menos peso del que corresponde de acuerdo a su edad.

La desnutrición aguda de los niños menores de cinco años es el reflejo de la extrema pobreza en la que viven cerca de 290.000 personas en Cali siendo este un problema estructural para las familias que ganan menos de $169.871 pesos mensuales, ingreso sobre el cual, en el 2022, el DANE calificó como condiciones de pobreza extrema. Esto debido a que más del 40 por ciento de la población se dedica al trabajo informal.

Según Bienestar Social, “en el desarrollo del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria – Comedores Comunitarios Corazón Contento, entre 2020 y 2022, la Administración del alcalde Jorge Iván Ospina realizó una inversión de más de $97 mil millones de pesos para beneficiar a 89.675 personas, de las cuales 18.500 son menores de 5 años. Reconociendo como prioritaria la intervención en las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 donde según el DANE se concentra la miseria en Cali”.

Si bien no se puede negar que estas políticas lograron mitigar el hambre de algunas comunidades, no son una solución de base, puesto que la ciudad tiene una tasa de desempleo del 12, 2 por ciento, el número de personas desocupadas creció de 4 mil personas a 149 mil personas. La cifra más preocupante fue la revelada por el Dane: el 48,4% de las personas ocupadas en la ciudad de Cali y el área metropolitana tenía una actividad informal al cierre del trimestre de diciembre del 2022 a febrero del 2023. Estos indicadores muestran cómo está relacionado el derecho a la alimentación con el derecho al trabajo, dos derechos que según las cifras, no se protegieron en la administración de Ospina, puesto que más del 22 por ciento de la población caleña sufre de hambre.

La casa no se diferencia de las otras del barrio Talanga de la Comuna 21, excepto por un pequeño tablero que hay afuera que dice “ Almuerzos, Casa del Desplazado”. Antes de que se atienda a cualquier forastero que llegue a algo diferente a comer, se recibe primero a los comensales diarios, que son casi 150, unos 750 a la semana y que pagan dos mil pesos, que muchos a veces no tienen. Se preocupan, tienen impotencia y hambre.

No todos entienden que no tienen seguridad alimentaria, porque ellos llaman las cosas por su nombre, y lo que tienen es hambre. La causa quizás la desconocen, todo cuesta más caro cada día, así resumen la inflación y quizás sea la mejor forma. La guerra de Rusia y Ucrania, la han oído nombrar pero no saben que este conflicto bélico aumentó el precio de los fertilizantes por ende de la comida, lo que sí saben es que la guerra interna que ha vivido Colombia los desplazó y que ha causa de ésta, también hay poco acceso a la comida.

Lacoste, como le dicen a Edilma Gomez, abreviando La Costeña, representante Legal de la Casa del Desplazado y líder comunitaria del barrio, es una mujer bajita, sin embargo, cuando habla de dignidad luce mucho más erguida. Llegó a Cali desde el Departamento de Córdoba y Urabá, desplazada por las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC), después de que abusaron sexualmente de ella. “Yo puedo hablar de eso sin que me tiemble la voz, sin que me queden las palabras dentro, porque yo decidí no ser más víctima y construir”.

Marzo 31 – 2023 

Por Laura Cruz 

Es difícil no hablar de Nayid Bukele sin mencionar su política de seguridad en el Salvador, que ha sido interpretada por sectores defensores de derechos humanos, como la aplicación del todo vale en una “guerra”, es decir, la ley del talión (el ojo por ojo y diente por diente).

Pero lo que se ha hecho en el país centroamericano ha tenido eco fuera de sus fronteras y en sociedades en donde se viven problemas de delincuencia similares, se ha añorado que se tomen medidas parecidas. Cali es uno de esos lugares, entre otras cosas, porque el 80% de su población, la percibe como una ciudad insegura según el último reporte del observatorio Cali Cómo Vamos. En la capital del Valle, muchas personas han puesto como ejemplo lo hecho con las pandillas salvadoreñas como una solución al problema local.

Las cifras del Salvador muestran que terminó el 2022 con una tasa de homicidios de 7,8 por cada cien mil habitantes, un contraste abismal con las cifras del 2015, cuando era considerado el más violento del mundo, puesto que presentaron 6 mil 600 homicidios, esto debido según Fortín Magaña, que para esa fecha era director del Instituto de Medicina Legal (IML), a las agresiones entre pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que por más de 20 años han generado terror en los habitantes.

En este panorama entra Nayib Bukele, de 39 años de edad. Comenzó su carrera política siendo alcalde del Nuevo Cuscatlán y posteriormente fue alcalde de San Salvador. A Bukele es difícil ponerlo en alguna orilla ideológica política porque que comenzó siendo parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, en el 2019 cuando ganó las elecciones presidenciales después de presentarse como un “outsider”, lo ya estaba con el partido de la extrema derecha Gran Alianza Nacional.

Bukele, sin importarle las críticas y reclamos de varias organizaciones de derechos humanos, ha implementado políticas que para muchos son anticonstitucionales, como declarar un Estado de Excepción saltándose las otras ramas del poder. Desde el 2019, cuando fue elegido Presidente, creó una política denominada Plan de Control Territorial en contra del Crimen Organizado, que como gran símbolo tiene el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Para su apertura utilizó un plan de medios eficaz, con videos cinematográficos de pandilleros totalmente sometidos, pero más allá de la dureza de las imágenes, las condiciones de los presos son extremas: no tienen derecho a visitas y las penas no bajan de 20 años.

Human Rights Watch (HRW), en su último informe, señaló que en el centro carcelario se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de ello, el presidente tiene la aceptación más alta en su país y es uno de los más populares en redes sociales cuando se reportan noticias sobre un delito. Por esto, en Hechoencali.com hicimos una pequeña revisión de los comentarios en algunas redes sociales cuando otros medios reportan hechos delincuenciales sucedidos en Cali y encontramos cosas como: “Necesitamos que Bukele gobierne Colombia para que haya orden”, otro internauta dice: “Qué vaina no tener un revolver en este momento…es mejor tener un arma y no usarla nunca, que necesitarla y no tenerla”. Otros van más lejos y escriben: “Cuánta falta hacen los grupos de limpieza social” y “Ahora matan por todo… se volvió negocio. Bukele donde estás”.

Cabe aclarar, claro, que hay personas en Cali que aún creen que la delincuencia se derrota con políticas de impacto social. En un pequeño ejercicio que hicimos en este medio, preguntando sobre la mejor manera de enfrentar los delitos, nos encontramos con respuestas como: “A largo plazo, hacer inversión social y de infraestructura fuerte en la ciudad. Mejorar la infraestructura carcelaria” “Revisión y depuración de malos elementos dentro de la misma Policía. Contar con un eficiente sistema de justicia”. “Recuperar la confianza en las autoridades. Desarrollar programas de emprendimiento”.

Pero es cierto que la aceptación de estrategias la de El Salavador, puede estar sustentada en las distintas violencias que vive la ciudadanía a diario que, además, no ve que las autoridades locales tengan suficiente fuerza para evitar que ello escale. Los procesos a largo plazo, más centrados en el diálogo, suelen ser vistos como inefectivos frente a las acciones como las del presidente salvadoreño que tienen efectos inmediatos. No hay que olvidar que, en el Plebiscito de 2016 para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, el 50,2% de los votantes optaron por el No.

Es decir, un importante porcentaje de colombianos quiere resultados inmediatos, sin importar el costo. Eslóganes como “Mano Firme, Corazón Grande”, ofrecen dichos resultados y posibilitan ganar elecciones. La Seguridad Democrática, por ejemplo, fue mostrada como una efectiva estrategia de lucha en contra de la subversión, pero tuvo altísimos costos como las 6 mil 402 personas civiles asesinadas a manos del ejército, cuyos crímenes fueron encubiertos y presentados como bajas en combate.

Ese tipo de políticas, justificadas por el afán de proporcionar seguridad a la ciudadanía, pueden desencadenar en graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, bajo el régimen de excepción en el Salvador, muchos de los capturados no tienen derecho a la defensa, ya que si originalmente, una persona podía ser detenida por 72 horas, este plazo se amplió a 15 días.

Asimismo, actualmente, el inicio de un juicio se puede prolongar hasta por un año. Sumado a esto en el Salvador se está presentada violación del derecho a expresión por medio de una reforma a su código penal, donde prácticamente los medios no pueden publicar noticias relacionadas con declaraciones de líderes pandilleros, bajo amenaza de ser declarados cómplices de criminales.

La idea o la esperanza de que una figura como Bukele llegue al poder en Colombia o a Cali, tendría repercusiones serias. Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), estas políticas suelen tener buena aceptación por ser de un carácter populista, no obstante, a mediano y largo plazo no son sostenibles porque una buena parte de la población está en prisión y esta cuestión va generando un círculo de violencia.

De igual forma, la estrategia de Bukele y otros mandatarios similares, se sustenta en reducir todo a asuntos de orden público lo que implica olvidar que la delincuencia puede ser el resultado de múltiples factores sociales que se han acumulado por años. Eso justifica acciones que pueden estar por fuera de la ley.

En este contexto quedan varias preguntas, ¿De tener un Gobierno como el de Bukele, ¿cuál sería el costo para Cali en términos de Derechos Humanos? ¿Habría democracia o un liderazgo autoritario? ¿Qué costo están dispuestos a pagar los caleños por caminar seguros en la calle?

Marzo 17 – 2023

Por Jorge Luis Galeano Bolaños 

El próximo 28 de abril se cumplirán dos años del inicio del Paro Nacional en Colombia. Durante ese tiempo se ha conocido información relacionada con las consecuencias de la acción de la Fuerza Pública en su intento por aplacar las protestas de las personas en las calles. Organizaciones nacionales e internacionales se dieron a la tarea de recopilar, analizar y crear informes acerca de lo ocurrido y uno de ellos, fue presentado recientemente en Cali para mostrar de qué manera la población LGBTIQ, las mujeres, las mujeres afrodescendientes, indígenas, defensoras de derechos humanos, entre otras, padecieron distintas violencias por parte de la Policía Nacional.

El documento creado publicado por Amnistía Internacional se titula: Colombia, la Policía Nacional no me cuida: violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021 y “devela prácticas reiteradas y generalizadas de violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI+, a través de la documentación de 28 casos.” Estos casos documentados sucedieron en Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá.

Algunos de los testimonios recopilados, dan cuenta del peligro que corrieron las personas, especialmente mujeres, defensoras de derechos humanos, integrantes de la comunidad LGBTIQ y similares, cuando la Policía intentaba dispersar las protestas.

Además de este tipo de violencia, el informe revela que la justicia es inoperante pues en este caso y pese a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, la investigación no avanza.

En otro de los casos, el documento dice que después de ser heridas con gases lacrimógenos y además, golpeadas por agentes del ESMAD, dos mujeres fueron agredidas sexualmente y luego, amenazadas.

El acto de presentación de este informe en Cali, se hizo en la Loma de la Cruz que durante el Paro se llamó la Loma de la Dignidad porque fue un punto estratégico en el desarrollo de las protestas. Ahí estuvieron las organizaciones que participaron en su construcción y una de ellas, de carácter local, es la Manada Feminista de Derechos Humanos y justamente, conversamos con una de sus integrantes, la historiadora Caro Hung Gray, quien nos habló de su trabajo en el informe y de la importancia de que la información de lo sucedido durante las protestas, se siga conociendo.

“Nosotras hicimos una labor de acompañamiento y sistematización de casos de violencias basadas en género en los que la responsabilidad de la Policía Nacional resultó comprometida.” Añade la historiadora que por su trabajo, lograron evidenciar que tras los actos de violencia, hubo graves daños a la integridad física y mental de las personas víctimas de esos hechos y que no se cumplieron con los estándares nacionales ni los protocolos internacionales en materia de derechos humanos.

Para Caro Hung, la importancia de la participación de una organización como La Manada en el informe de Amnistía Internacional radica en “la necesidad de hacer análisis con enfoque feminista para comprender cómo la violencia opera de manera diferencial en este tipo de casos.” De igual manera, asegura que lo que se evidenció es que hubo estigmatización y criminalización de la protesta social por parte de las autoridades que, además, expresaron su rechazo a la presencia de mujeres, mujeres trans y personas no binarias a través de las distintas violencias que ejercieron sobre ellas: la sexual, la verbal, la física, la simbólica y la política.

“De una u otra manera, se buscaba el ´disciplinamiento´ de los cuerpos de quienes protestaban pacíficamente. Y de manera diferencial, la presencia de las mujeres se vio truncada porque se nos negaba la participación en el espacio público.” Finaliza la historiadora, recordando que la estrategia usada para evitar que las mujeres hicieran presencia en las calles durante las protestas, fue, sobre todo,  la violencia sexual.

Pueden leer el informe completo aquí 

Marzo 3 – 2023 

Por Jhon Gamboa

A casi dos años del estallido social provocado por el Paro Nacional en Colombia, Siloé, una de las zonas más afectadas y violentadas por la fuerza pública en Cali, le ha apostado a un ejercicio de memoria y justicia alternativa: con el nombre de Tribunal Popular en Siloé, tuvo el propósito de presentar una versión de los hechos a partir de los relatos de familiares de víctimas. El pasado 13 de febrero, luego de cerca de un año de investigaciones, dictó su sentencia, que a pesar de no tener implicaciones legales, les ha brindado a los habitantes de este sector de ladera, la oportunidad en creer en una idea de justicia más cercana a sus historias.

José Benito Garzón es docente universitario y me explica, sentados a una de las mesas del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la historia de lo que fue el Tribunal Popular en Siloé. Según él, el Tribunal nació luego de preguntarse qué destino darle al vasto acervo de información que tenían en su poder como resultado del ejercicio que habían realizado grupos de defensores y activistas de los derechos humanos en múltiples puntos de la ciudad durante 2021. “En el mes de octubre decíamos: ¿qué hacemos con toda esta información? Y sobre todo con la de Siloé, que era la más cualificada”, me cuenta José.

Hubo varias propuestas. Se habló de un informe, también de una página web con la que se pudiera interactuar, pero no tardaron en desestimarse ambas. Ninguna de las dos los convencía, y no estaban seguros de que esa fuera la manera más idónea de generar conexión con la comunidad del barrio. Entonces a alguien se le ocurrió una idea para conjurar el fantasma de la impunidad que se cernía sobre los múltiples casos de violencia y asesinato de jóvenes manifestantes en Siloé. Habló de iniciar un proceso de justicia alternativa. Estuvieron de acuerdo.

Algunas personas ya tenían experiencia en el Tribunal Permanente de los Pueblos, una plataforma nacida en 1979 en Bolonia, Italia, que siguió la estela del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, y cuyo propósito es la promoción y defensa de los derechos humanos y la denuncia de faltas al derecho internacional humanitario. Sin embargo, en esta ocasión decidieron llamarlo “Tribunal Popular”, ya que su deseo era que desde un principio este órgano estuviera volcado hacia la comunidad. “Que no fuese la forma sino el propósito: recuperar confianza, construir tejido social”, dice José.

A la hora de pensar en quienes integrarían el Tribunal, recurrieron a la teoría de los seis grados de separación. Dicha teoría, acuñada por primera vez en 1930 y recogida por la sociología, está basada en un razonamiento cuantitativo, y postula que todas las personas en el planeta están conectadas a seis grados de separación. Es casi una visión piramidal de contactos, en el que uno te puede llevar a otro, y así sucesivamente, hasta dar con personas que en principio parecerían imposibles de contactar, por ubicarse en lo alto de la esfera social, como actores famosos o grandes personalidades de la política internacional. Así pues, con la idea de que alguien conoce a alguien, y ese alguien a alguien más, empezó el proceso de búsqueda de los que serían los y las magistradas del Tribunal Popular de Siloé.

Se utilizaron redes sociales propias, hubo interrelación y, poco a poco, empezaron a llegar las personas, entre ellos académicas, activistas, abogados. El número, en su momento, fue mucho mayor al que quedó al final, pues otras circunstancias empezaron a jugar en contra. Algunas personas querían estar, pero no contaban con tiempo. Otras tenían tiempo, pero no podían estar siempre. “Incluso algunos de ellos, como Boaventura, lo manifestaron: yo quiero estar pero no tengo todo el tiempo. Yo puedo aportar en esto y esto”, añade José.

Además de Boaventura de Sousa Santos, el eminente sociólogo portugués, el Tribunal estuvo compuesto entre otros por la filósofa cubana Johanka León del Río, la política de izquierda alemana Heike Hänsel, el abogado y dirigente social argentino Juan Grabois —a quien, en medio del Paro Nacional, se le impidió el ingreso al país—, al sociólogo argentino Daniel Feierstein y la investigadora y activista de derechos humanos Jo-Marie Burt.

Lo que vendría, en adelante, sería condensado en tres momentos puntuales del Tribunal. Las audiencias de instalación, la de acusación y la de sentencia. Era fines de 2021 y el camino apenas empezaba.

Para hacer parte del Tribunal era necesario contar con una conciencia ética que hubiera sido puesta al servicio de organizaciones o entidades, y una especial sensibilidad por la defensa de los derechos humanos, dos características que aseguraran que la posterior relación que se estableciera con los familiares de las víctimas en Siloé estuviera siempre marcada por el respeto a sus historias de vida. El Tribunal era consciente de que, con su labor, no quería revictimizar ni hacer ninguna acción con daño sobre cada una de las personas que se acercaran a brindar su testimonio.

Abelardo Aranda fue una de ellas. Él es el papá de Maicol Andrés Aranda Pérez, un joven de 24 años que fue asesinado durante las protestas del 28 de mayo en Siloé. Abelardo me cuenta que, además de su trabajo de investigación sobre lo ocurrido en el barrio durante el Paro, el Tribunal también les ha brindado un acompañamiento integral. “Nos han reunido, nos han hablado sobre los derechos humanos, sobre lo principal, que es el derecho a la vida… Ellos siempre han estado con nosotros ahí, nos han apoyado. Lo que no ha hecho el Estado colombiano”.

Por cuestiones de seguridad, muchos de estos testimonios se dieron de forma privada. Se trató del mismo ejercicio que hicimos muchas y muchos reporteros durante esa época, ahora sin la premura, la incertidumbre y la paranoia que imponía la amenaza constante de un nuevo enfrentamiento. Esta distancia les permitió a los y las magistradas adentrarse en el contexto del barrio, la historia de su conformación y las razones por las que desde sus inicios Siloé fue un barrio conocido bajo el rótulo de “peligroso”. Razones que, según su fallo, contribuyeron al desmedido asedio por parte de la fuerza pública durante los días del Paro Nacional.

Otra de las consecuencias derivadas del miedo generalizado durante el paro tuvo que ver con el subregistro que quedó de muchos casos. Pese a que la prensa mundial se volcó, durante esos días, sobre Siloé, la crudeza de algunos de los episodios de violencia y la brutalidad de las historias relegaron a las sombras a otras víctimas, quienes no figuraron más que como una cifra, en el mejor de los casos. Para ellas, el Tribunal fue una ocasión para salir a contar lo que les había ocurrido.

El total de eventos trágicos que contabilizó el Tribunal, dentro de lo que calificó como un “genocidio continuado”, fue de 16 asesinatos, 6 víctimas de tentativa de desaparición y/o desaparición forzada, 74 víctimas de tortura, 48 heridos con armas de fuego, 73 personas detenidas arbitrariamente y 94 víctimas de amenazas. Lo anterior sucedió en los 46 días en que el Tribunal se centró, y que fueron desde el 28 de abril hasta el 12 de junio de 2021. Más de tres casos por día.

A pesar de esto, la presencia del Tribunal en Siloé representó mucho más que la visibilización de los casos de violencia en el Paro. Fue, también, la oportunidad de recibir y brindar apoyo, incluso entre los mismos familiares de víctimas. Para Steven Ospina, líder social que jugó parte activa en las manifestaciones de Siloé, este fue un espacio que les sirvió para verse a través de otras personas que habían atravesado por lo mismo. “Donde se dan cuenta de que no es un castigo del destino o de la vida el hecho de que hayan perdido a un familiar, sino que fue un asesinato sistemático del Estado en el marco de una protesta”, me explica, y agrega que ese encuentro les permitió a las familias caminar de la mano a lo largo de su duelo, su dolor, y les devolvió la esperanza. En eso concuerda Abelardo, pues me dice que es importante para él saber que cuenta con alguien. “Que alguien lo acompaña a uno. Es que es muy duro… Hay familias que era su único hijo, y lo han perdido…”. Según él, en cada ocasión en la que se encuentran, se abrazan, lloran y ríen juntos, y siente vigente la esperanza de que se haga justicia con sus casos.

La sentencia del Tribunal Popular de Siloé se leyó el 20 de febrero, en las instalaciones del Colegio Eustaquio Palacios, a pocos metros de la glorieta donde ocurrió la mayoría de los casos fatales. En la sentencia se indica que esta “se profiere acudiendo a la ética ciudadana, la que nos compromete a la búsqueda de la verdad, la exigencia de justicia y reparación integral con garantías de no repetición, para que Nunca Más ninguna otra persona en ningún lugar del planeta sea sometida a aberraciones indignantes tras la acción u omisión de los Estados”. El documento dedica una primera parte a ahondar en la historia de la comuna 20, las olas de desplazados y los asentamientos que se fueron concentrando y dando nombre a algunos de los barrios del sector, y cómo desde entonces sufrieron sistemáticamente la violencia y la represión, además de la estigmatización por su carácter altivo y la presencia de grupos irregulares como el ELN y bandas criminales. Con respecto al Paro Nacional del 2021, el Tribunal consideró los delitos de “ejecución extrajudicial”, “tentativa de ejecución extrajudicial, incluso de feminicidio”, “genocidio continuado” e “intento de destrucción parcial del grupo nacional colombiano”.

En cuanto a responsabilidades, el Tribunal optó por dos ámbitos, uno nacional y otro regional. En el primero, se endilgó responsabilidad al expresidente Iván Duque, al exministro de Defensa Diego Molano, al Fiscal General Francisco Barbosa, al general (r) Eduardo Zapateiro y al brigadier general (r) Hoover Alfredo Penilla Romero, subdirector de la Policía Nacional. En el segundo, a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara luz Roldán Gonzáles; al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; al brigadier general Juan Carlos Rodríguez, comandante Policía Metropolitana de Cali; al brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana de Cali —quien en su momento reemplazó al brigadier general Rodríguez—; al Coronel Edgar Vega Gómez, comandante Operativo Policía Metropolitana de Cali; y al Teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía de Cali.

Cabe recalcar que, en todo caso, dicha sentencia no tiene carácter vinculante, por lo que lo que en esta se dictaminó no obliga a los declarados culpables a comparecer ante la justicia. Frente a esto, Steven opina que “esto es un ejercicio simbólico, de memoria y también de dignidad, porque nosotros entendemos que la justicia normal es una máquina de impunidad. Y que por esa vía de justicia no va a pasar nada, por más que hayan imputado a policías”. Para él, en últimas, el Tribunal es un ejercicio de memoria, de acompañamiento y sanación para las familias, y la posibilidad de que se visibilice las vidas de quienes fallecieron en el estallido social.

José me dice que el proceso que se inició con el Tribunal es un ejercicio a largo plazo, pero reconoce que existe la posibilidad de que, mediante este, muchos familiares de víctimas no logren obtener el nivel de satisfacción que esperan, ni que sus casos lleguen a resolverse pronto. Menciona, como ejemplo, el caso de Johny Silva, estudiante de la Universidad del Valle que murió asesinado luego de una incursión a la Universidad por parte de integrantes del ESMAD en 2005, cuyo caso todavía se mantiene en la impunidad. Pero agrega que tienen esperanza: “La idea es seguir presionando. Sobre todo con la CIDH, porque con la coyuntura el presidente estuvo reunido con la CIDH y se comprometió a asumir las recomendaciones”.

A propósito de dichas recomendaciones, el pasado 23 de enero la CIDH publicó su Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones, luego de su visita al país en 2021. Según su metodología, clasificó el estado de adecuación de políticas públicas y reforma en tres estados: parcial, en la que el Estado “ha adoptado algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de medidas adicionales sigue siendo necesaria”; parcial sustancial, cuando el Estado “ha adoptado medidas relevantes para su cumplimiento y ha aportado pruebas de dichas medidas, pero frente a la cual la CIDH considera que las medidas para su cumplimiento aún no han concluido”; y total, cuando el Estado “ha iniciado y concluido satisfactoriamente las medidas para su cumplimiento”.

El informe de la CIDH evaluó un total de 28 de las 41 recomendaciones tras su visita. De estas 28, 11 siguen pendientes de cumplimiento, 14 están parcialmente cumplidas y 3 han sido cumplidas de manera parcial sustancial. De aquellas que se enmarcan en la defensa de los derechos humanos en el marco de una protesta social como la que se vivió en el Paro Nacional del 2021, siete están pendientes de cumplimiento, lo que todavía deja al país muy lejos de lo que se espera en materia de defensa y garantías para las personas durante las protestas.

Sin embargo, Steven Ospina cree que está situación está cerca de cambiar, ahora que ha llegado a la presidencia Gustavo Petro, y que el fallo del Tribunal será bien recibido por parte del ejecutivo. “Yo creo que el fallo respalda la posición del señor presidente, que dice que la Policía y su doctrina está hecha para la muerte de los pobres. Para la muerte de los que se manifestaban”, pero aclara que más que esperar algo del gobierno –independiente de las políticas que se instauren con este gobierno—, lo que el Tribunal ha logrado es darle herramientas para afianzar y legitimar la importancia de la memoria en Siloé. “Con el fallo, particularmente, queda claro en la historia quiénes fueron. No es simplemente un chisme, sino que tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos testimonios, tenemos todo para mostrar que fueron ellos, así la justicia nunca lo haga visible”.

La memoria, entonces, el legado conjunto de aquellas personas que perdieron la vida durante las protestas y la lucha diaria por reivindicar sus historias, ahora por cuenta de sus familiares. Abelardo sabe que, con la publicación del fallo, quizá cambie la perspectiva del Tribunal, pero ellos seguirán en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para todas las familias involucradas. “Tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir en la juntanza porque esto no acaba aquí, esto es algo simbólico. Queremos que el gobierno actual nos escuche, que nos oiga, que estamos aquí, que también vivimos lo del Paro, y fue fuerte para nosotros”, cuenta, y me explica que la memoria también se trabaja:

“La memoria también se trabaja. El primer sábado de cada mes, estamos haciendo un acto de memoria en nombre de esos 16 muchachos que fueron asesinados en la glorieta de Siloé. El primer sábado de cada mes, a las 4:00 p.m. nos reunimos en la glorieta de Siloé, para hacer un acto de memoria en nombre de todas esas personas que cayeron ahí. Los hemos estado haciendo desde hace ya cuatro meses, y lo queremos seguir haciendo hasta que la memoria se haga costumbre.”

La lectura del fallo: 

Febrero 24 – 2023 

Por Jorge Luis Galeano  

El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y las organizaciones que lucharon por ello en todo el país, lo interpretaron como un triunfo, pues el tema ya empieza a ser tratado como un asunto de salud pública.

Para entender mejor los alcances y las implicaciones de la sentencia, conversamos con la organización que aglutinó a otras y que abanderó esa lucha. Nos referimos a Causa Justa.

Al cumplirse un año de dicho fallo, se organizaron plantones y celebraciones en varias ciudades para recordar la importancia de la Sentencia de la alta Corte porque no solo significa la posibilidad de interrumpir el embarazo voluntariamente, sino que se debe destacar “su carácter histórico porque, entre otras cosas, nos permite estar más cerca de la ciudadanía plena de las mujeres” dice Juliana Martínez Londoño, politóloga, Magister en Género y Diversidad, Doctora en Ciencias Humanas y Sociales y secretaria técnica del Movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de aborto.

La politóloga añade que esta decisión ha sido la más importante en los últimos 50 años y que además, ha permitido empezar a ver el aborto no como un delito sino como un “asunto de salud pública del que muchas veces, depende la vida de muchas mujeres.”

Un año después de la sentencia, la C-055, el Movimiento Causa Justa ha observado que las mujeres acceden al servicio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- de manera temprana, es decir, que no son gestaciones de 24 semanas, sino que pueden realizarse el procedimiento cuando han decidido hacerlo, sobre todo, en lugares en donde no les ponen barreras para ello.

Uno de los retos que sigue después del fallo judicial, es la implementación del mismo para que no se presenten barreras que impidan acceder al servicio de manera normal, ello incluye, la capacitación del personal médico y las instituciones. Además, Juliana Martínez dice que el otro asunto por el que se debe seguir trabajando es el de la despenalización social, porque “avanzamos en la despenalización de la conducta dentro del código penal, pero quedaron efectos sobre la manera en que la gente entiende esto y cómo se relaciona con las mujeres, las mujeres trans o personas no binarias que deciden interrumpir sus embarazos, así como en los prestadores del servicio de salud, que a veces reciben ataques por prestar este servicio.”

Cabe destacar que, si bien la decisión judicial despenaliza el aborto, su alcance involucra el ejercicio de otros derechos humanos por parte de las personas que deciden interrumpir el embarazo voluntariamente. En este caso, se habla de, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, siendo la IVE uno de ellos  “y que estos derechos tienen gran trascendencia en la vida de las mujeres por lo que implica la reproducción para sus vidas y todas las decisiones que involucren sus cuerpos” dice Martínez. Pero, además, la sentencia también pone a la IVE en relación al derecho a la Salud que hoy en Colombia es uno Fundamental.

De igual forma, afirma Juliana Martínez que “uno puede pensar en un mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres porque, por ejemplo, las barreras que se presentan cuando se solicita una IVE atentan contra los derechos humanos y por eso esta decisión judicial conecta derechos como: una vida libre de violencias y el derecho a la no discriminación.”

La secretaria del Movimiento Causa Justa habla de que se siguen presentando hechos de violencias y discriminación, sobre todo, para las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente sus embarazos que se encuentran en zonas rurales, aquellas que han sufrido violencia sexual, las niñas y las mujeres migrantes a quienes se les niega el servicio, pero además, con xenofobia.

Uno de los aspectos que a veces se convierte en una barrera de acceso a la IVE es el uso de la objeción de conciencia que es el derecho que la Constitución describe así: “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” y Juliana Martínez reafirma que este es derecho que debe ser respetado, pero que para el caso del aborto, no puede convertirse en excusa para que quien decide interrumpir su embarazo, vea afectado su propio derecho. Aquí, entonces, cómo opera la objeción de conciencia:

El gran objetivo de Causa Justa es la despenalización total del aborto y hacia el futuro han identificado los retos en 3 escenarios: el primero es la implementación de la Sentencia, la defensa legal y política del fallo para evitar que haya retrocesos o diseminación de información falsa y la eliminación del estigma social a través de la creación de espacios para hablar de que el aborto no es un delito y sea posible tener una conversación transparente, tranquila e informada.

Para más información puede visitar 

•  causajustaporelaborto.org 

•   profamilia.org 

•   orientame.org

hola esto es una prueba.