Mayo 16 – 2025

Este texto fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Édgar Rodríguez

Los modelos de desarrollo basados en la explotación ilimitada de los recursos naturales han demostrado ser insostenibles, por lo que la humanidad se encuentra abocada ante la urgencia de frenar la depredación irracional de la vida. En este sentido, reconocer derechos culturales, patrimoniales y jurídicos a la “Madre Tierra” no es solo una propuesta ética, sino una necesidad vital para la misma humanidad, pues posibilitaría racionalizar, aculturar y efectuar cambios profundos que permitan transitar de una visión antropocéntrica suicida hacia una relación ecocéntrica-biocéntrica sostenible.

El derecho ambiental tradicional, basado en regulaciones parciales y sanciones, ha fracasado en evitar la degradación sistemática de la Naturaleza por corresponder a una lógica económica de pagar por contaminar o normatividad inocua imposibilitada por tecnicismos jurídicos y leguleyadas. Ni las leyes nacionales ni los tratados internacionales han logrado frenar la contaminación, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, peor aún, la situación ambiental se agrava hasta el punto de alcanzar el punto de no retorno. Según el Informe de Evaluación Global sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos – IPBES, alrededor de un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción debido a actividades humanas (IPBES, 2019)

En el marco de la Alter Libro UniTierra 2025, “Feria de los libros, saberes y las culturas” organizada por la Universidad de la Tierra y la Memoria “Orlando Fals Borda”, de la cual Quira Medios es una de sus Aulas Vidas, en la mayoría de los círculos de la palabra y espacios de construcción dialógica, se reconoció que la Tierra es una Entidad Viva. Cosmovisiones ancestrales, como la de los pueblos andinos, así como la Yoruba de origen africano, sostienen que la Pachamama es madre y fuente de vida, y como tal merece respeto y protección de sus Derechos.

La teoría científico-ecológica contemporánea reconoce la interdependencia de todos los sistemas vivos, tal como se expone en el Informe Planeta Vivo 2022 de la World Wildlife Fund – WWF, se demuestra que la salud de los ecosistemas es esencial para la supervivencia humana. Por lo que, incluso, basados en una visión antropocéntrica, garantizar los Derechos al Planeta es fundamental para garantizar la existencia del ser humano.

Nos encontramos ante la urgencia de cambiar los modelos y estructuras sociales, obtusamente, aferradas a priorizar el lucro sobre la vida, imponiendo su filosofía individualista – utilitarista como paradigma de desarrollo. La sociedad occidental ha cimentado sus instituciones sobre la base del reconocimiento de Derechos, justo estos son los instrumentos necesarios para garantizar la dignidad y la existencia de la vida en la Tierra. Negarle estos Derechos a la Madre Tierra es perpetuar la ambición insaciable, suicida y sociópata de los grupos económicos y políticos que nos han traído hasta el punto de no retorno, y por lo visto, no planean parar hasta destruirlo todo.

No obstante, esta situación perversa, la humanidad está despertando gracias a las enseñanzas milenarias de los pueblos originarios guardadas en su memoria colectiva, tradiciones, usos y costumbres. En este sentido, reconocer los Derechos culturales y patrimoniales de las naciones originarias también es clave para entablar relaciones armónicas con la Naturaleza y todas las formas de vida. Los territorios no son solo espacios físicos, son también espacios de identidad, espiritualidad y memoria.

Desconocer este vínculo ha ocasionado amnesia colectiva, pérdida de saberes ancestrales, empobrecimiento cultural y desconexión de la humanidad con las vidas en el Planeta. Defender los derechos patrimoniales de la Tierra implica proteger estos conocimientos, filosofías y cosmovisiones que reconocen a la Naturaleza como parte de un mundo místico y sagrado y no como un factor de producción u objeto de comercialización.

La UNESCO, en su Convención sobre Patrimonio Cultural y Natural (1972), ya había señalado la importancia de preservar no solo monumentos sino también “los sitios naturales de valor excepcional” para las generaciones futuras. Extender esta perspectiva a toda la Madre Tierra refuerza la idea de que su destrucción implica una pérdida irreparable del patrimonio común de la humanidad.

En definitiva, reconocer Derechos a la Madre Tierra no se limita a una jurisprudencia fría e inerte, connota una transformación cultural profunda, que altere los imaginarios sociales y comportamientos que legitiman la explotación desenfrenada. Esta jurisprudencia implica leyes, políticas públicas, educación y modelos económicos que reconozcan a la Madre Tierra como un sujeto de Derechos, para así proteger a las formas de vida, al planeta, e incluso a la misma humanidad, de la casta de los “homo stultus” depredadores que no sacian su apetito destructivo.

La sobrevivencia de la vida en el planeta depende de un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con la Tierra. Reconocerle derechos jurídicos, culturales y patrimoniales no es un acto simbólico sino una medida urgente para garantizar su integridad y, en consecuencia, nuestra propia supervivencia.

La Madre Tierra no es un objeto pasivo, es un ser viviente que sostiene y entreteje la vida, nos debemos a ella, por lo que, como humanidad, tenemos la responsabilidad espiritual, ética, cultural y legal de protegerla. Tal como afirma la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (2010): “La Tierra y todos los seres que la componen tienen derechos intrínsecos, independientemente de su utilidad para los seres humanos”.

En este sentido, el movimiento por los Derechos de la Naturaleza aboga por mecanismos legales que den herramientas a una ciudadanía activa para actuar en defensa de la Tierra y de sus formas de vida y frenar la irracionalidad codiciosa de los delirantes del poder, pues de lo contrario no habrá territorio, cantos, ni nada que heredar, solo un vacío diminuto y profundo extraviado en la memoria del Universo.

Abril 23- 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Con la presentación de las 12 preguntas para que el Senado avale o no la Consulta Popular, el gobierno Petro adelanta de manera formal el debate electoral de 2026. Mientras que los candidatos y precandidatos de la derecha están decididos a “recuperar el país, salvarlo o recuperar el rumbo”, fruto de su visión catastrofista de la gestión del actual gobierno, el progresismo y la izquierda insisten en entregarle la responsabilidad social y política al constituyente primario de decidir sobre el futuro de la reforma laboral enterrada por la Comisión Séptima del Senado. Se invita al pueblo a movilizarse en medio de una peligrosa crispación ideológica entre la derecha y la izquierda, que alienta la lucha de clases, así como la permanencia de las ideas racistas, clasistas, machistas, misóginas, transfóbicas y homofóbicas diseminadas en todos los estratos sociales.

Antes de revisar el sentido y la pertinencia de cada uno de los interrogantes, es importante y necesario hacer referencia a los elementos, factores o circunstancias que dan vida al contexto sociocultural, económico y político en el que se instala el llamado a la Consulta Popular.

Desde una perspectiva sociocultural, hay sectores de la sociedad colombiana que exhiben “taras civilizatorias” que por largo tiempo impidieron alcanzar al colectivo a estadios de Modernidad. Al estar ubicadas cómodamente en esos escenarios de premodernidad, las élites económicas y políticas consolidaron un régimen de poder ilegítimo, mafioso, aporofóbico, corrupto, ecológica y ambientalmente insostenible, así como violento y proclive a violar los derechos humanos y desconocer las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política de 1991. Sus más visibles voceros lograron naturalizar esas impúdicas condiciones de vida capturando el Estado para hacerlo operar exclusivamente en beneficio de sus mezquinos intereses.

En lo que respecta a las clases dominadas o a los grupos subalternos, éstos también arrastran “taras civilizatorias” asociadas a la inexistencia de una conciencia de clase o en el mejor de los casos a la existencia de  una con un carácter complaciente que hace posible que cientos de miles de sus miembros actúen como súbditos o prefieran ejercer un tipo de ciudadanía no política o  de “baja intensidad”, en lugar de formarse para discutir de forma argumentada sobre los asuntos públicos que les interesan a todos.

La clase dominante y la subalterna juegan bajo las diferenciadas condiciones que impone un capitalismo salvaje que envilece las relaciones sociales, deslegitima la búsqueda de mejores condiciones laborales y justifica la operación de un Estado privatizado al servicio de una clase dominante cuyos miembros se autodeterminan capitalistas, pero que realmente son rentistas que por años han vivido de la “teta del Estado” a través de subsidios y la captura mafiosa de instituciones estatales. Ejemplo de lo anterior es la privatización de las vías a través de onerosas concesiones viales y consecuencialmente la imposición de gravosos peajes que terminan por encarecer la producción y circulación de mercancías, alimentos y la prestación de servicios. Eso sí, ese modelo de contratación enriquece a unas pocas familias y coadyuva a concentrar la riqueza en pocas manos. Acabar con el tren y evitar a toda costa su regreso va de la mano de la privatización de las vías 4G y 5G.

Los subsidios para los menos favorecidos también hacen parte del perverso juego político y electoral en el que la derecha viene incurriendo de tiempo atrás y en el que por supuesto incurrió el gobierno progresista de Gustavo Petro. Aunque con disímiles logros y objetivos, muchos de los subsidios alimentan, de un lado, las llamadas trampas de la pobreza (como Familias en Acción) y del otro, el favorecimiento económico a una clase dominante que, al sentirse privilegiada, deja salir su desprecio por el mestizaje que los arropó y les ayudó a justificar su racismo, clasismo y machismo, entre otras “taras civilizatorias”.

Antes de la pandemia del covid-19, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez regaló millones de pesos a las familias que apoyaron política y económicamente su reelección a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Durante la pandemia, pasó algo similar: mientras que los más pobres colgaban trapos rojos en las ventanas de sus viviendas como símbolo de necesidad y hambre, el gobierno Iván Duque Márquez, títere de Uribe, optó por beneficiar a los grandes ricos. “El dinero fue a parar en las cuentas de Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol Televisión y hoteles Decamerón”[1].

Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas hacían ingentes esfuerzos para sobrevivir en medio de una política económica errada, fruto de la captura mafiosa del Estado y su operación con los sempiternos criterios corporativos con los que se elimina cualquier posibilidad de actuar como un Estado Social de Derecho. Es en este punto en el que varias de las 12 preguntas enfrentan problemas de legitimidad y pertinencia social y económica. Veamos:

1.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? 2.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? 3.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? 6.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

En principio, el SÍ debería de ser la respuesta, pero al revisar las anteriores circunstancias contextuales y las propias de la carga impositiva que soportan las Pymes y MiPymes, entonces el No surge como alternativa y respuesta a unas condiciones desfavorables para quienes se esfuerzan por hacer empresa sin mayores apoyos de un Estado capturado por mafias de todo tipo y que opera para hacer más ricos a los ricos.

La pregunta 3, por ejemplo, no tendría mayor sentido si la banca privada, con el apoyo estatal, entregara créditos baratos para la compra de maquinaria o la expansión comercial de las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, no se necesitaría de una Consulta Popular para lograrlo. Bastaría con que los banqueros y el Estado tomaran la decisión. Pero para ello se necesitaría de un cambio cultural fruto de la superación de las “taras civilizatorias” de una élite económica parásita, rentista y premoderna. Por supuesto que los miembros de la clase subalterna también arrastran sus propias “taras”. La pereza, la desidia, la falta de compromiso con el trabajo y la irresponsabilidad de los trabajadores también hacen parte de las consideraciones al momento de votar la consulta, en caso, claro está, si el Senado la aprueba.

[1][1] Tomado de https://www.pares.com.co/post/subsidios-para-los-m%C3%A1s-ricos-de-colombia-una-estrategia-infame

Abril 6 – 2025

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Durante años el conflicto armado interno, sus dinámicas y efectos en la sociedad fueron un factor electoral importante que definió en las urnas las aspiraciones de varios candidatos presidenciales. Pastrana terminó derrotando a Samper con la imagen de su reunión con Tirofijo y Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de Nariño gracias a dos hechos, uno interno y el otro externo. El primero, por el fortalecimiento militar de las Farc-Ep y sus arremetidas contra la población civil; y el segundo, los ataques terroristas, contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Auto infringidos o no, ese suceso le sirvió a Uribe para justificar su política de seguridad democrática porque, según él, en el país no había conflicto armado sino una “amenaza terrorista”.

A partir de la negociación en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, las dinámicas del conflicto cambiaron radicalmente. La conversión de las entonces Farc-Ep en el partido Comunes fue un fuerte golpe político a la guerrilla del ELN en la medida en que su lucha armada perdió sentido histórico, lo que terminó acrecentando sus divisiones internas, pero sobre todo su consolidación como una estructura armada narcotizada a la que no le interesa negociar curules y proyectos productivos porque tienen el músculo económico suficiente para extender las hostilidades por varios años más. Las economías ilegales les quitaron el ropaje político a los elenos.

Con el triunfo político de Gustavo Petro sectores de la sociedad pensaron que por haber militado en el M-19 sería más fácil negociar y firmar un armisticio con los elenos. Tanto Petro y los miembros del ELN llegaron a sendas conclusiones que alejaron la posibilidad de alcanzar la paz. El presidente Petro confirmó que el Ejército de Liberación Nacional abandonó su espíritu revolucionario y se convirtió en un conjunto de “traquetos con camuflado”. Mientras que la dirigencia del Coce llegó a la conclusión de que Petro no era el líder de izquierda que ellos pensaron que era.

En el presente hay asuntos electorales muchos más importantes y definitivos para la sociedad y los grupos de poder que se disputan el control del Estado: uno de ellos es la continuidad o no del proyecto progresista que encarna Petro o el regreso de la derecha uribista y neoliberal responsable de la privatización del Estado, la pobreza y la inequidad estructurales, así como de los efectos socioambientales y ecológicos que deja un modelo de desarrollo fincado en un tipo de Sostenibilidad Asistémica Funcional.

Hay un aparente despertar de una ciudadanía que habla más de condiciones laborales dignas, del cuidado de la naturaleza, del disfrute de la vida y del tiempo libre; de la superación de la pobreza, del clasismo y el racismo, dos de las taras civilizatorias que arrastramos como sociedad; de sectores interesados en reindustrializar el país y de superar los años de atraso que garantizó una élite conservadora, retardataria, mediocre e incapaz de leer los cambios societales.

Eso sí, ya hay candidatos presidenciales que intentarán poner como tema central la consecución de la paz a partir del fracaso de la apuesta maximalista de la Paz Total del gobierno Petro. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ya salió a los medios a decir que ella “impondrá la paz”. La goda y neoliberal congresista quiere poner en la agenda electoral de 2026 el tema de la paz sin reconocer la existencia del conflicto armado interno. Hábilmente la “generala o muñeca” de Uribe evita hablar de conflicto armado porque ello iría en contravía de la doctrina de su patrón. Ella habla de paz porque le sirve para despotricar de Petro, de su pasado guerrillero y de la fracasada Paz Total. El país sabe que a la Cabal le gusta es la bala, la bala y la bala. 

He venido diciendo que no tiene sentido de realidad hablar hoy de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Como tampoco el país enfrenta una “amenaza terrorista”, apelativo con el que sagazmente Uribe borró la historia de años y años de un conflicto social, económico y político que, gracias al proceso de paz de La Habana, a los avances territoriales que en varias materias dejará la administración Petro, pero sobre todo a la lumpenización y traquetización de los elenos y las disidencias perdió ese rimbombante nombre que tanto le sirvió a políticos y a la academia para justificar hechos de paz y de guerra.

Ya es tiempo de dejar de llamar conflicto armado interno a unos hechos de violencia originados por la traquetización de las organizaciones “postguerrilleras”. Que hay que combatirlos, por supuesto, pero no tiene mayor sentido hablar de paz en términos de una negociación política cuando todos los actores ilegales, con los que eventualmente se piense dialogar, se comportan como bárbaros, salvajes y agentes anacrónicos. Hay que poner mucho cuidado a los agentes de la derecha que quieran hablar de paz y de guerra a sabiendas de que lo único que les interesa son los lucrativos negocios del narcotráfico, la minería legal e ilegal y la comercialización de armas. Entonces, estaríamos hablando de Pactos Prepolíticos que terminan sirviendo a la derecha mafiosa y criminal y a esas “guerrillas” que dejaron atrás su espíritu revolucionario para convertirse en traquetos que dejaron de patrullar para montarse con Toyotas de alta gama. 

Noviembre 29 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Después del acto de bellaquería que protagonizó contra los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército nacional el insustancial Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli leyó uno a uno los nombres de los 1934 muchachos “fusilados” por agentes estatales, casos que se conocen como los “falsos positivos”.  “La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral”, señaló el jurista y cabeza visible de ese Tribunal de Paz. Una vez terminen las investigaciones, ese tribunal de justicia transicional entregará el resto de las identidades, hasta completar las 6402. 

Huelga recordar que el señalado congresista recogió y botó a la basura las botas que representaban a los muchachos asesinados por el Ejército, a los que se las pusieron al revés. Además, Polo Polo exigió que a las adoloridas madres presentes en el Congreso y a los senadores y representantes que repudiaron su agraviante acto que le mostraran la lista de los jóvenes asesinados, identificados cada uno con su número de cédula. Hoy 28 de noviembre, más de ocho días después, la JEP le entregó la lista al país y de manera indirecta al insignificante e ignaro político uribista. 

El calificativo de inmoral que usa Ramelli debe extenderse y aplicarse para nombrar a quienes insisten a asumir posturas negacionistas para desconocer la desviación misional que sufrió el Ejército nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los impúdicos resultados obtenidos: 6402 civiles asesinados de manera cobarde, ilegal y cruel.

Junto a ese homúnculo que ostenta la credencial de congresista, la ladina senadora María Fernanda Cabal se viene mofando también de las madres de Soacha y de otras cuyos hijos fueron ultimados por militares que, cumpliendo directrices emanadas de la política de defensa y seguridad democrática (2002-2010), los vistieron de guerrilleros, asesinaron y presentaron como “bajas en combate”. Durante esos ocho años de aplicación de la temida política de Seguridad Democrática la perfidia se convirtió en un valor castrense, defendido desde las huestes del uribismo.

El acto de desagravio organizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) es, en sí mismo, un episodio y un ejercicio de memoria histórica con el que se prueba la veracidad de los hechos criminales perpetrados por “héroes de la Patria” y se consolida la narrativa que indica que dentro de la derecha uribizada existen agentes políticos inmorales y crueles que, además de exhibir sin pudor alguno sus estultas actitudes negacionistas, se exponen como fieles seguidores de esa visión weberiana del Estado en la que se defiende a dentelladas la violencia legítima del Estado. La JEP de manera directa le envía al congresista Polo Polo este mensaje: ahí está su hijueputa lista de los falsos positivos.

Cabal y Polo Polo son negacionistas de los falsos positivos y de otras prácticas violatorias de los derechos humanos. Sus inmorales posturas las asumen porque están amparados, quizás sin saberlo, en aquella doctrina de Max Weber que esgrime que la violencia del Estado siempre devendrá legítima. Ya lo había hecho en su momento Paloma Valencia, otra agente del uribismo que cree a pie juntillas en que el Estado es la única estructura de poder que puede y debe violentarnos. Esto dijo a la revista Semana a propósito de los informes entregados por la Comisión de la Verdad: “En su narrativa, la Comisión de la Verdad equipara al Estado con los paramilitares y la guerrilla. Me parecen monstruosos los paramilitares y la guerrilla. El Estado, con total legitimidad, entregó la vida de muchísimos hombres y mujeres, por el bienestar de todos (…). Claro que el Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares. Grupos ilegales jamás contaron con la legitimidad del Estado y sus fuerzas”.

Estos tres agentes weberianos representan con honores a la derecha colombiana que defiende la inexistente legitimidad del Estado y por ese camino, las acciones ilegales de miembros de las fuerzas armadas que, a pesar del proceso de paz de La Habana, aún siguen plegados a la doctrina del enemigo interno, la misma que siguen extendiendo a todo lo que huela a progresismo y a izquierda.

Adenda: no sería raro que el hombrecillo del Polo Polo exija a la JEP los informes de balística y las fotografías de cada uno de los asesinados, con los orificios de entrada y de salida. De este tipo se puede esperar eso y mucho más. 

Noviembre 28 – 2024

Este texto fue publicado en Quira Medios y hace parte de la Alianza PANAL MEDIOS

Por Daisy Yael Castañeda

En este mes dedicado a la no violencia contra la mujer, el desafío trasciende las fronteras de lo evidente y entra en una esfera más profunda: cuestionar las estructuras de poder que sostienen la violencia de género y explorar un nuevo modelo de justicia que, además de castigar, busque reparar y transformar. Este modelo debe ser capaz de eliminar prácticas que, lejos de proteger, terminan actuando como herramientas de omisión y revictimización, distorsionando los principios de equidad y respeto para ejercer poder sobre quienes buscan justicia. Esto nos invita a explorar un modelo de justicia que, más allá de la simple sanción punitiva, busque también la reparación y transformación de las relaciones sociales y de poder que perpetúan esta violencia. En este contexto, la justicia terapéutica emerge como una alternativa para enfrentar no solo a los perpetradores de violencia, sino también a las instituciones que, de manera consciente o no, reproducen prácticas revictimizantes que afectan gravemente a las mujeres.

Este abuso de autoridad y manipulación de principios como la equidad y el respeto constituyen una forma de violencia institucional: un tipo de agresión que transforma a las mujeres en objetos de trámite, cifras en expedientes o casos burocráticos que deben ajustarse a formalidades arbitrarias. En lugar de proporcionar un entorno seguro y empático, muchas instituciones judiciales y de protección terminan distorsionando sus propias funciones, convirtiendo procedimientos y políticas en obstáculos y opresiones. La violencia institucional no solo agrede a las mujeres en su dignidad, sino que las coloca en situaciones donde la búsqueda de justicia se convierte en una prolongación de su sufrimiento, enfrentándolas a la omisión y a un tratamiento insensible en el sistema.

Es aquí donde la justicia terapéutica presenta un cambio de paradigma. Este modelo, propuesto por el profesor David Wexler en 1996, observa los efectos de las prácticas legales no solo desde un enfoque punitivo, sino también desde una perspectiva terapéutica. Esto implica considerar cómo los procedimientos judiciales afectan el bienestar emocional, psicológico y social de las personas que los atraviesan, especialmente de las víctimas de violencia de género. En lugar de ser un sistema que revictimiza y genera barreras, la justicia terapéutica aboga por un enfoque sensible y reparador que priorice el apoyo emocional y social a las víctimas, lo cual es fundamental en un contexto de violencia contra la mujer.

La justicia terapéutica aboga por que los sistemas legales y las instituciones adopten una postura de apoyo y recuperación, permitiendo a las mujeres afectadas por la violencia encontrar un espacio seguro dentro del sistema judicial. Este modelo de justicia propone integrar conocimientos de psicología, trabajo social y criminología, fomentando prácticas que miren más allá de los hechos criminales y busquen abordar también los efectos traumáticos en la vida de las víctimas. Al hacerlo, se transforma la justicia en un medio de sanación y no solo de retribución. Esto es esencial en contextos donde el sistema tradicional muchas veces ignora el impacto emocional de sus prácticas, como la burocratización o los enfrentamientos directos entre las partes, y donde la mujer acaba siendo sometida a una nueva forma de abuso. (Rama judicial, concejo superior de la judicatura, 2024).

Aplicar la justicia terapéutica en contextos de violencia de género e institucional requiere un cambio de mentalidad y paradigma en todos los actores del sistema judicial, desde jueces hasta abogados, trabajadores sociales y en general equipos interdisciplinarios. Este cambio implica reconocer que la violencia contra la mujer no se limita a las acciones individuales de un agresor, sino que también se ve exacerbada cuando las instituciones no cumplen su rol protector y actúan como omisores ante la atención oportuna de las violencias. Un sistema de justicia que siga prolongando el dolor de las víctimas con procesos inhumanos, actitudes frías y una burocracia sin empatía no es un sistema verdaderamente justo. La justicia plena solo puede lograrse si el sistema deja de ser encubridor y comienza a reconocer su responsabilidad en la perpetuación de estas dinámicas. (espectador, 2024).

Integrar la justicia terapéutica en la lucha contra la violencia institucional significa replantear y eliminar actitudes y prácticas dentro de las instituciones que, lejos de proteger, intensifican y perpetúan el sufrimiento de las víctimas. En este sentido, es necesario que el sistema se transforme en un espacio de acogida, donde las mujeres se sientan seguras y respetadas, y donde sus experiencias y emociones sean consideradas en la búsqueda de soluciones y protección. Esta visión humanizadora de la justicia no solo contribuye a la protección de las mujeres, sino que también promueve una sociedad más equitativa, en la que las instituciones cumplen su función con empatía y respeto. (Wexler, Fariña Rivera, Morales Quintero, & Colin Soto, 2014).

Este mes de la no violencia de género recordamos que la igualdad de género no es solo un ideal abstracto, sino una realidad tangible construida a partir de cambios en la justicia y en las relaciones de poder. Integrar este paradigma terapéutico en casos de violencia de género contribuiría a que las instituciones no se conviertan en coautores de la violencia, sino en entidades protectoras activas de la paz y el bienestar de las mujeres. La justicia terapéutica tiene el potencial de transformar el tratamiento de estos casos, al considerar el impacto psicológico y social de cada intervención, y al ofrecer un enfoque que da prioridad a la sanación, la prevención y el apoyo efectivo a las víctimas. (Montoya, 2003).

Lograr una verdadera igualdad implica que la justicia no solo castigue a los culpables, sino que también actúe como un agente de sanación y transformación, respetando y protegiendo a quienes buscan ayuda. La igualdad de género debe reflejarse en la práctica cotidiana y en un sistema de justicia que, en lugar de ser un obstáculo, sea un aliado en la lucha contra la violencia de género.

Que noviembre el mes de la no violencia contra la mujer nos inspire a vivir una igualdad real, a hacer de la justicia terapéutica un pilar en nuestras instituciones y a crear una sociedad donde el respeto y la empatía sean la norma y no la excepción.

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Espectador, E. (22 de Febrero de 2024). El juez de Yopal que condenó al Estado por la omisión de un feminicidio. El juez de Yopal que condeno al Estado por la omisión de un feminicidio.

Montoya, A. L. (2003). Relación de poder en la sociedad patriarcal. Revista espiga , 75-90.

Rama judicial, concejo superior de la judicatura. (28 de octubre de 2024). Rama judicial. Obtenido de Rama judicial: https://lms-ejrlb.ramajudicial.gov.co   

Wexler, D., Fariña Rivera, F., Morales Quintero, L., & Colin Soto, S. (2014). Justicia terapéutica experiencias y aplicaciones. Segundo Congreso iberoamericano de justicia terapéutica, (pág. 224). Puebla México.

Noviembre 16 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

El grotesco acto público del congresista Miguel Polo Polo con el que se burló del dolor de las víctimas de los crímenes de Estado (falsos positivos), la designación descomedida de exjefes paramilitares como gestores de Paz por parte del presidente Petro y el fallo absolutorio de primera instancia a favor de Santiago Uribe Vélez, procesado por la conformación del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles de Yarumal (Antioquia), ofrecen pistas muy claras de las dificultades o talanqueras culturales que como sociedad y Estado afrontamos para pasar las dolorosas páginas que escribieron con sangre los actores armados, legales e ilegales, y poderosos agentes económicos de la sociedad civil, durante más de 50 años de conflicto armado interno.

Esas barreras culturales están soportadas en por lo menos cuatro factores: el primero, la debilidad del aparato de justicia, permeado por la corrupción de jueces y magistrados (el Cartel de la Toga, por ejemplo), a lo que se suman las presiones de las que son objeto los operadores judiciales al momento de fallar en derecho. Bajo esas circunstancias, terminamos como sociedad viendo a jueces y magistrados que temen a poderosos bandidos de cuello blanco porque están parapetados en fueros y dignidades cargadas de ilegitimidad y en relaciones familiares que terminan por debilitar la majestad de la justicia y las de otras instituciones estatales. La carrera judicial en el país está permeada por enrarecidos intereses de clase, recomendaciones y favores que en algún momento deberán ser pagados con fallos absolutorios o condenas amañadas.

El segundo, la ideologización del dolor de las víctimas y las responsabilidades de los victimarios que le sirve a específicos agentes del establecimiento colombiano y a otros de reciente aparición pública para deslegitimar la operación de los dos modelos de justicia que hoy operan en Colombia y repudiar a las familias que reclaman justicia punitiva, o por lo menos verdad, reparación y no repetición en el marco de una justicia restaurativa. Al convertir los padecimientos de hombres y mujeres violentados por paramilitares, militares, empresarios del campo y guerrilleros en un asunto ideológico, las víctimas pasan rápidamente a ser objetivo militar, político, judicial y de burla por aquellos agentes de la derecha que siguen instalados en la doctrina extendida del enemigo interno.

Un tercer elemento tiene que ver con la construcción de la verdad y la memoria histórica. Al tratar de edificar una versión oficial, plausible y verosímil de lo acontecido durante 50 años de guerra interna, los dos anteriores factores se juntan para impedir su aceptación, lo que imposibilita las acciones de perdón, arrepentimiento y la aceptación universal de esa verdad. De esa manera, esas y otras vicisitudes por las que pasan los procesos sociales, políticos y jurídicos pensados para construir verdad y memoria histórica terminan por evitar reconciliarnos. Y un cuarto factor tiene que ver con la consolidación de una fuerte animadversión hacia todo lo que huela a paz. Hablar de paz en Colombia es sinónimo de impunidad y debilidad estatal, lo que despierta las más airadas reacciones de aquellos sectores sociales que insisten naturalizar la ya histórica división moral entre buenos y malos, estadio de fraccionamiento que se profundizó desde el 7 de agosto de 2022 y que, por lo visto, se tornará perenne.

Mientras estos cuatro factores sigan instalados en las prácticas institucionales privadas y estatales, así como en las representaciones sociales de millones de colombianos, la construcción de una paz estable y duradera no solo seguirá siendo una quimera, sino el más fuerte obstáculo para minimizar los riesgos de vivir juntos en una democracia imperfecta, en una sociedad moralmente confundida y en un Estado que viene operando bajo criterios corporativos, en contravía de los derechos del colectivo.

El congresista Polo Polo dejó ver su estolidez en todo su esplendor. A él, gracias por dejarse ver como hijo legítimo de la Colombia premoderna, ignorante y empobrecida culturalmente que no nos deja avanzar hacia estadios civilizatorios superiores; designar a los paramilitares como gestores de Paz sin que hayan aportado verdad, justicia, reparación y no repetición constituye un acto desproporcionado de parte del presidente de la República. En particular, en el caso de Hernán Giraldo, alias Taladro, un depredador sexual que violó niñas y adolescentes mucho antes de que apareciera la canción +57 en la que se alude al frecuente deseo sexual de cientos de machos hacia las niñas de 14 años. En cuanto al fallo absolutorio proferido por el juez Jaime Herrera Niño, las dudas jurídicas y de otra índole le hacen mucho daño a la imagen de la justicia colombiana. Su fallo niega lo investigado por la JEP y otros agentes que dedicaron años a develar quiénes están detrás de los 12 Apóstoles. Lo cierto es que todos los grupos paramilitares, incluido el de Yarumal, asumieron la violación de los derechos humanos como un apostolado socialmente aceptado y admirado. 

Octubre 16 – 2024

Texto publicado en Desde Abajo que hace parte de la Alianza de Medios Alternativos PANAL MEDIOS

Por Julio Enrique Cortés Monroy

La COP16 a realizar en Cali, entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre, podría convertirse en una maravillosa oportunidad para saldar parte de la deuda histórica con esta región del pacífico colombiano. El sur occidente colombiano cuenta con un gran potencial de recursos naturales y una inmensa riqueza en biodiversidad, sin embargo, ha sido una región históricamente sumida en el abandono estatal, la corrupción, el atraso y la pobreza.

Por eso la COP16 puede tener significados importantes para las comunidades de Cali y la región circundante. Se espera que allí se manifiesten los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias que buscarán conseguir que sus propuestas y agendas tengan un papel decisorio a la hora de las negociaciones y compromisos que adopten los representantes políticos de los estados y agentes del poder transnacional.

No olvidemos que el estallido social del 2021 tuvo a Cali y al Valle como protagonistas de la lucha y resistencia de ese gran paro nacional. La juventud y las comunidades salieron a las calles a exigir sus derechos y un cambio para el país, pero la protesta social recibió como respuesta la brutal represión policial del gobierno Duque, dejando jóvenes asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados.

Resulta justo y necesario que la COP16 contribuya en abrir espacios para la participación y el diálogo social y se pongan de manifiesto las voluntades políticas de los diferentes actores sociales e institucionales, nacionales e internacionales. La COP16 debe repercutir en mejorar las condiciones sociales y ambientales de la región, de manera que se generen oportunidades de inclusión social y se realicen transformaciones en los territorios en favor de la calidad de vida de las comunidades.

Esta gran Conferencia Mundial de la Biodiversidad COP16 es una oportunidad para la reconciliación social y hacer la “Paz con la Naturaleza”, lema de esta COP, y fundamento de la política ambiental del presidente Petro y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. “Apostaremos porque Cali se convierta en una gran aula ambiental. A la población que está en la primera línea de la crisis climática y de la pérdida de la biodiversidad le corresponde alzar su voz en las negociaciones. Por eso, la participación del pueblo, de las comunidades y de la gente debe ser la prioridad. Las juventudes, pueblos originarios, mujeres de todas las naciones que participarán en la cumbre, tendrán un espacio de participación activa, en esta, que será, la COP de la gente”, dijo la ministra.

La Zona Verde estará ubicada en el Bulevar del río Cali y otros lugares de la ciudad. Este será el espacio para la participación de la sociedad civil, Ongs, la prensa alternativa y todas las personas interesadas en la protección y conservación de la biodiversidad. Aquí tendremos conferencias, paneles de discusión, talleres, exposiciones y presentaciones artísticas.  Desde aquí se trasladarán las propuestas de los movimientos sociales hacia la Zona Azul,que es donde estará el cuerpo diplomático de las Naciones Unidas, los ministros de ambiente de más de 180 países y sus respectivas delegaciones, así como la prensa acreditada.

Cali podrá aprovechar la COP16 para impulsar políticas que no solo aborden asuntos como la protección de la Biodiversidad y la lucha contra el Cambio Climático, sino que también tengan un enfoque de Justicia Social y Reparación de Derechos. Esto incluiría iniciativas que mejoren el acceso a la tierra, servicios básicos, protección de derechos de comunidades vulnerables, y medidas para reducir la pobreza a través de un desarrollo sostenible.

Otro de los logros será darle visibilidad Internacional y reconocimiento de las problemáticas locales poniendo en el centro de atención a los desafíos ambientales y sociales de la región: desigualdad social, el acceso a recursos, y la vulnerabilidad al cambio climático. Esto podría atraer recursos globales para mejorar la infraestructura, programas de reforestación, manejo de agua, y protección de ecosistemas. La cobertura mediática global que tendrá la COP16 ayudará a promover la imagen de Cali y Colombia en el mundo y destacar los atractivos turísticos, la cultura, la biodiversidad, y las oportunidades de ecoturismo del país.

La realización de la COP16 producirá múltiples beneficios para el turismo de la ciudad y del país al posicionar a Cali y a Colombia como destinos turísticos atractivos. Marysol Castillo, directora de la Licenciatura en Turismo de la Javeriana Cali, aseguró que “la COP16 beneficiará al turismo y la economía de Cali y del suroccidente colombiano al tratarse de un evento de talla internacional”.

Involucrar a las comunidades locales en la COP16 será clave para garantizar que las soluciones sean adecuadas y tengan un impacto real pues se empoderaría a las comunidades para que tomen un papel activo en la protección de sus territorios y recursos. La COP16 será una oportunidad para fomentar la educación y conciencia ambiental en la región, impulsando un cambio cultural hacia prácticas más sostenibles y responsables.

Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes: Será una oportunidad para fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que han sido históricamente marginadas y vulneradas. “Realmente creemos que fortalecer los sistemas de conocimiento, las gobernanzas, las territorialidades y la capacidad de incidencia de los pueblos indígenas repercute en una mayor integridad ecológica para la vida”, ha señalado la ministra.

Por su parte, el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, (OPIAC), Oswaldo Muca, aseguró “que en este Gobierno quede en la historia que pudimos hacer algo y que estamos convencidos que vamos a poder no solamente visibilizar a los pueblos indígenas, sino, además, en cabeza de la ministra, podemos decir que los pueblos indígenas somos importantes para salvar la biodiversidad no solamente en este país sino para el mundo”.

Septiembre 25 – 2024

Texto publicado en Quira Medios que hace parte de la Alianza de Medios Alternativos PANAL+

Por Pilar Cuevas Marín* y Diana Carolina Reyes López*

Las realidades sociales de las ciudades latinoamericanas, ameritan una reflexión sobre sus actuales transformaciones, pues se observan empoderamientos y liderazgos que insinúan cambios culturales en las relaciones de las comunidades.

 Compartimos una reseña del artículo “Buen vivir en clave de lo urbano” publicado originalmente en Revista de Ciencias Sociales (RCS), vol. XXX, No. 2, abril – junio 2024, donde sus autoras recogen estas preocupaciones y búsquedas por la construcción de identidades propias en los espacios urbanos de nuestra América, búsquedas que trascienden el contexto político-social, acercándose a cosmovisiones de esas otras realidades del Abya Yala, presentes en la memoria de los pueblos y territorios.

 Al final de la reseña se encuentra el articulo original completo, el cual puede ser descargado de forma gratuita para su lectura detalla y consulta bibliográfica.

 Agradecemos a las autoras por su participación en esta edición de Quira Medios, especialmente a Pilar con quien compartimos la enorme responsabilidad y privilegio de ser parte de la Universidad de la Tierra “Orlando Fals Borda”.

 ¿Es posible sentipensar las ciudades desde los buenos vivires? En el siguiente artículo, que hace parte de procesos colectivos y comunitarios de diálogo y escritura, exploramos este interrogante poniendo en primer plano la experiencia vivida por las y los autores en un escenario complejo y de muchas contradicciones como son las ciudades.  Invitadas/os a su lectura y reflexión.

 Varias afirmaciones en el campo del urbanismo contemporáneo, sobre todo en América Latina, han establecido la inviabilidad de la vida en la ciudad. Embebidas por las dinámicas del modelo de ciudad moderna y capitalista, la urbe concentra las condiciones de producción y acumulación que han llevado a formas de vida abigarradas, desterritorializadas y sin tiempo para lo “verdaderamente importante”. Ello por cuanto el neodesarrollismo en su lógica de mercado ha traído consigo lo que se denomina como extractivismo urbano y gentrificación, lo cual se ha visto reflejado en el desplazamiento de los viejos sectores populares urbanos para dar lugar a nuevos proyectos de urbanización basados en la acumulación e insaciable búsqueda de incrementar la renta de las propiedades urbanas.

 Como parte de este proceso, se intensifica un modelo de consumo que afecta las distintas esferas que dan sentido a la vida, y allí se tiene los hábitos alimenticios, la forma de vestir, la nueva industria cultural y del entretenimiento. Es un momento donde las plataformas de ventas en línea, centros comerciales y supermercados, vienen generando prácticas de acumulación basadas en un deseo de felicidad y bienestar por medio de la acumulación de bienes materiales. Esto ayuda a entender por qué se observa el deseo de personas y colectivos, en especial sectores medios, por “salir” de las ciudades, en tanto una alternativa a la forma de vida dominante que dignifique la condición humana, sobre la base de una reconexión con la naturaleza y los saberes ancestrales.

En este contexto, el artículo analiza la forma en que las ciudades en América Latina, lejos de ser el espacio donde se impone la lógica del mercado en su proceso de ocupación, son también escenarios de disputa por los sentidos en torno a cómo habitarlas. Sobre el cemento se gesta el territorio y las reivindicaciones que plantean formas de vida distintas, las cuales se han manifestado desde las luchas viviendistas de mediados del siglo pasado hasta las expresiones de procesos organizativos de diverso tipo.

 Por ello, las ciudades pueden también ser leídas en clave del buen vivir y de los principios que han llevado a constituirla como una filosofía del Sur, teniendo en cuenta los aportes teóricos de las pedagogías emancipadoras de las que son parte la educación popular, la investigación acción participativa y la reconstrucción de las memorias colectivas.

 De ahí que el propósito sea el de comprender la noción de buen vivir urbano, a partir de resignificar las categorías de territorio, territorialidad y sentido de lugar, recurriendo en especial a las ontologías políticas relacionales (Idrobo-Velasco y Orrego-Echeverría, 2021), y las contribuciones generadas por quienes han estado inmersos en los proyectos comunitarios y barriales alentados por las pedagogías emancipadoras en América Latina (Torres, 2011; 2018).

 Así las cosas, el artículo está escrito en tres capas, teniendo en cuenta la propuesta metodológica de la interdiscursividad como enfoque articulador de las distintas voces y perspectivas en el abordaje del tema. Desde allí, en la primera capa se trabaja el concepto del buen vivir entendido como filosofía del Sur; la segunda, recoge las nociones de territorio, territorialidad y sentido de lugar, para desde allí, esbozar una última sobre el concepto y alcance del buen vivir urbano en diálogo con las ontologías políticas relacionales y las pedagogías emancipadoras.

 El artículo aborda el buen vivir como filosofía del sur, tomando como referente las contribuciones del pensamiento ancestral de Abya Yala, así como las diversas expresiones que surgen de procesos organizativos y de los movimientos sociales. Se infirió qué dicha filosofía supone una nueva forma de vida, del ser-estando y del estar-siendo, radicalmente distinta a los modelos impuestos por el capitalismo y al paradigma dominante de la modernidad-colonial que llevaron a que en las ciudades se imponga hoy en día la lógica utilitarista-productiva, acumulativa y de consumo.

 Como se argumentó, el buen vivir confronta abiertamente esta lógica del capital, poniendo en cuestión las múltiples fragmentaciones, así como el antropocentrismo, en una apuesta por la relacionalidad, la reciprocidad y complementariedad. Con estas categorías, se estableció la estrecha relación entre el buen vivir y las nociones de territorio, territorialidad y sentido de lugar, acudiendo a la ontología política relacional, así como a las pedagogías emancipadoras para el contexto urbano.

En suma, el buen vivir en clave de lo urbano, desde la ontología política relacional y las pedagogías emancipadoras, allana el camino que reposiciona la comprensión del territorio en la praxis de las acciones comunitarias, las mismas que encarnan procesos de resistencia a una forma de control y de apropiación del mismo. En otras palabras, aporta en repensar la vida misma fuera de aquel derrotero unísono de la productividad como fin en sí mismo, poniendo en primer plano las demandas epistémicas, sociales, económicas, políticas y culturales concretas en el nivel local comunitario, y de las ciudades dando sentido a los lugares y resignificando el territorio. De ahí que, principios como el de la relacionalidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, puedan ser leídos desde el buen vivir y en clave de lo urbano.

*Pilar Cuevas Marín
Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos. Docente e Investigadora de la Maestría en Comunicación Educación en la Cultura en la Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia. 

*Diana Carolina Reyes López
Magíster en Estudios Culturales. Docente e Investigadora en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia. 

Septiembre 23 – 2024

Por German Ayala Osorio
Analista político 

Después del golpe de mano del ELN contra la instalación militar en Puerto Jordán (Arauca), el proceso de negociación entre los delegados del Gobierno y los de esa agrupación armada ilegal prácticamente entró en una fase terminal. La decisión de suspender los diálogos hace pensar que ese proceso está a punto de fracasar.

Después de la suspensión, sería recomendable que el Gobierno se parara de la mesa de diálogo para retomar una avanzada contrainsurgente cuyos resultados se parezcan a los que dejó la Operación Anorí (1973). Mientras que a los elenos no se les dé un golpe militar contundente, su dirigencia seguirá timando y burlándose del gobierno y de las comunidades campesinas que esperan que cesen las hostilidades en sus territorios. Con todo y lo que significa retomar acciones militares, el Estado no puede permitir el crecimiento de esa “guerrilla” y mucho menos que continúe ejerciendo el control territorial en las zonas en donde hace presencia el ELN.

No hay razón política para insistir en firmar un armisticio con una “guerrilla” que sufre el síndrome de la Eternidad. La mesiánica dirigencia del ELN solo estará dispuesta a dejar las armas cuando llegue a la Casa de Nariño un presidente de la República capaz de llevar al país por los caminos del socialismo, régimen y modelo económico, social y político en el que creen ciegamente los líderes de esa “guerrilla”. Y hablo del viejo socialismo de la URSS o el remedo de socialismo que se practica en Venezuela. Este es quizás el síntoma que con mayor precisión confirma que el Ejército de Liberación Nacional padece el síndrome de la Eternidad.

De ese factor principal se desdoblan otros indicios que hacen pensar en que efectivamente esa “guerrilla” sufre del síndrome de la Eternidad, esto es, que su presencia perenne está garantizada no tanto porque persistan las circunstancias que legitimaron su levantamiento en los años 60, sino porque en su devenir histórico probaron las ventajas y los beneficios de las economías ilegales (narcotráfico, minería y contrabando), lo que los alejó del proyecto revolucionario que encarnaron en las décadas de los 60, 70 y 80. En adelante, sus estructuras federadas entraron en una sintomática anomia institucional que los fue llevando a comportarse de la misma manera que el Clan del Golfo. De ahí que el remoquete de GAO no solo responde al trabajo ideológico y político-militar de las Fuerzas Militares deslegitimarlos como guerrilla, sino a la manera como el presidente Petro asumió su actual existencia y operación militar.

De igual manera, los elenos asumen que cada cuatro años el gobierno de turno deberá proponer la instalación de una mesa de diálogo o una guerra total. Si esa nueva administración le apuesta a la paz negociada, entonces animará y desgastará la salida negociada; si por el contrario ofrece una guerra total, por ese camino mantendrá las ganancias y la presencia de los Señores de la Guerra, al tiempo que mantendrá vigente la necesidad de la paz.

Así entonces, el negocio de la guerra también hace posible que la condición de ese síndrome se manifieste. Los elenos saben que hay Señores de la Guerra dentro y fuera del país que les permiten continuar existiendo no para “liberar” al país como lo advierte la sigla ELN, sino para condenarlo a más años de una confrontación bélica alejada de cualquier sentido político y militar. Lo que interesa es permanecer en el tiempo, mantener su vigencia, desamparada de cualquier posibilidad de tomarse el poder a tiros.

Quienes pensaron que sería más fácil hacer la paz con esa agrupación armada ilegal con el primer gobierno progresista y de izquierda moderada, se equivocaron. Hay razones ideológicas que separaron históricamente a la vieja y actual dirigencia del ELN, con los comandantes del M-19, grupo en el que militó Gustavo Petro. Mientras que los elenos siempre le apostaron al socialismo, la guerrilla urbana del M-19 le apostó a profundizar la democracia.

Mientras que los comandantes del M-19 que hicieron dejación de las armas creían profundamente en la que la paz era el camino para aportar a la construcción de una verdadera democracia, las otras guerrillas de la época, incluida el ELN, continuaron haciéndolo el juego al establecimiento colombiano que usaba el conflicto armado interno para evitar hacer las transformaciones sociales, económicas y políticas que se reclamaban a través del ejercicio de la violencia. En el libro De la insurgencia a la democracia (2009) García-Durán, Vera Grabe y Otti Patiño, estos dos últimos agentes negociadores del actual gobierno, dicen que “fuimos la primera organización insurgente que descubrió que la paz podía ser un elemento transformador porque, durante los últimos 50 años, la violencia en Colombia se había ligado con el poder y se ejercía para mantenerlo, conseguirlo o ejercerlo. La clase dirigente colombiana supo que mantener esa violencia podía ser la mejor manera de impedir las transformaciones sociales y políticas que necesitaba el país. En ese contexto, el M-19 se da cuenta de que la paz es una gran posibilidad para abrirles espacio a esos cambios».

Así que, bienvenidos a la Eternidad señores del ELN. Dirán sus anacrónicos líderes que mientras haya un Estado al cual combatir, ahí habrá un frente, un Antonio García o un Nicolás Rodríguez para hacer eterna su guerra.

Septiembre 11 – 2024

Este texto fue publicado por el Periódico Desde Abajo con el que integramos la Alianza de Medios Alternativos Panal +

Por  Marcelo Colussi

“¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la masa menos instruida? ¡Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa! (…) Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más corto de los alcances de entre aquellos a quienes se dirige. (…) La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su entendimiento limitado; por el contrario, su falta de memoria es muy grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea también capaz de captar la idea”. (Joseph Goebbels)

Según el punto de vista que se tome, lo que distingue al ser humano de otros animales pueden ser distintos elementos: por ejemplo, el “ser racional”, de acuerdo a la visión clásica de Aristóteles, que aún sigue rigiendo en nuestro pensamiento occidental. O el ser un “animal político”, en tanto que somos forzosamente miembros de la polis, la ciudad-Estado, que es lo mismo que decir: parte de la sociedad. Otro abordaje nos mostrará que ese ser humano es el único ser vivo que modifica su entorno según un proyecto propio, el cual va variando con el tiempo. En tal sentido “el trabajo es la esencia probatoria del ser humano”, dirá Hegel, frase retomada por los fundadores del socialismo científico: Marx y Engels (véase al respecto: “El papel del trabajo en la humanización del mono”, de Federico Engels).

Otra forma posible de concebirlo está dada por la comunicación, y más exactamente, por aquello que la posibilita: el lenguaje (lo cual es una forma de articular todas las anteriores visiones). Los animales también tienen sistemas de comunicación, pero nunca en el sentido humano. Existen complejos códigos comunicacionales según las muy diversas especies zoológicas; hay diferentes sistemas de emisión de mensajes, utilizando sus sentidos del olfato, la vista, el tacto, oído y gusto, empleando a veces complicados movimientos, bailes rituales, gestos faciales, actitudes posturales. Pero hay una constante: el lenguaje animal no miente. Puede haber mecanismos de “engaño” (el mimetismo, cambio de color o camuflaje, determinadas posiciones amenazadoras, olores “mentirosos” para engañar a la presa o al depredador, etc.), pero siempre en el orden de lo puramente instintivo, como mecanismos al servicio de la sobrevivencia. Nunca hay “intención” de mentir, de falsear; en el lenguaje humano, por el contrario, mentimos. Pensemos rápidamente, como primeros ejemplos, en el discurso político, o en la publicidad: reinos absolutos de la mentira, del engaño y la manipulación descarada. O en las promesas de amor eterno. ¿Nos podemos tomar en serio todo eso? Suenan a chiste, ¿no? Pues bien: el lenguaje humano es el único que posibilita realizar chistes, que son, en definitiva, juegos de palabra. 

La mentira es constitutiva de la especie humana. Siempre hay una posibilidad de equívoco en nuestra comunicación, consciente y racional, o no consciente. Los humanos nos comunicamos de diferentes maneras: en modo oral, escrito, gestual, con signos y símbolos varios. Siempre está presupuesto un código universal que nos constituye: el lenguaje. De acuerdo a la definición clásica -la que da la Real Academia Española de la Lengua- el lenguaje posibilita esa comunicación, la cual sería la “acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas.” Quizá la definición queda corta, porque en la comunicación, además de informar, hacemos otras cosas; de ahí que se habla de las distintas funciones del lenguaje: conativa, poética, fática, metalingüística, emotiva, mágica. 

No es cierto, contrariando la tradición aristotélico-tomista que nos domina al día de hoy, que pensamos, y luego transmitimos lo pensado por medio de ese supuesto instrumento que sería el lenguaje. Las ciencias sociales modernas (la semiótica, el psicoanálisis, la lingüística) ven el proceso exactamente al revés: el lenguaje nos constituye, nos arma como sujetos humanos. Como dice Paola Valderrama “Lo que el psicoanálisis descubre es que el lenguaje tiene efectos sobre aquellos que lo ‘habitan’, que el lenguaje no es una herramienta o un objeto a disposición de la voluntad de cada cual, sino que cada sujeto es determinado por el lenguaje, que el lenguaje es tan determinante sobre aquellos que hablan como las relaciones de producción pueden ser determinantes sobre aquellos que trabajan. Este habitar el lenguaje es a lo que Freud llamaba el inconsciente”. De ahí que la comunicación entre seres humanos de ningún modo responde a meros mecanismos instintivos -como sucede en el reino animal-. Siempre hay equívoco, mentira (si no, no existiría el polígrafo: valga este simpático video para evidenciarlo), transmisión de algo más -o algo menos- de lo que queremos decir. “Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó”, expresa Lacan. Hay lapsus, por ejemplo, cosa que no les sucede a los animales. En tal sentido, la comunicación humana siempre debe ser tomada con pinzas. Irremediablemente mentimos. 

Ahora bien: en el ámbito de la comunicación de masas, la situación se magnifica a grados superlativos. En ese espacio, el de lo social, de lo público, lo masivo dirigido a grandes colectivos humanos -de ahí que se hable, en forma creciente, de “medios masivos de comunicación”, mass media– lo que menos hay es información objetiva. Hay vil y descarada mentira, apelando siempre a la emotividad. Para graficarlo, quizá de un modo altamente patético, valga lo dicho por el sobrino de Freud, Edward Bernays quien, a partir de la formulación del concepto de inconsciente que hiciera su tío, llevó esa idea a Estados Unidos, dando lugar así a la psicología de la manipulación. Solo el título de su libro principal lo dice todo: “Propaganda. Cómo manipular la opinión pública en democracia”. Allí nos dice, sin ninguna vergüenza, que “El estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del ser humano en el seno de un grupo.”

Pues bien: la comunicación de masas, que ha ido cobrando creciente importancia en el mundo moderno, capitalista, hoy totalmente globalizado, desde la imprenta de Gutenberg hasta las redes sociales de internet omnipresentes que actualmente parecen llevar la verdad revelada (más “verdadera” que la Biblia que imprimía aquel tipógrafo teutón), hoy día decide todo.

Si bien la gran masa humana no decide democráticamente nada -eso nunca fue así, en ninguna sociedad: solo quizá en los socialismos del siglo XX hubo unos primeros balbuceos al respecto-, hoy día el poder de manipulación comunicativa que detentan los megacapitales no tiene parangón. Lo que la gente hace, piensa, consume, aparentemente decide y lo que disfruta, es producto de monumentales, gigantescas y muy bien orquestadas políticas comunicacionales. Hoy ya no es solo la prensa escrita, el “cuarto poder”, como se le llamó. Es la parafernalia de recursos técnicos existentes, cada cual más atractivo, hipnotizador, envolvente. Ahí están, además de la otrora omnipoderosa prensa escrita (hoy ya alicaída), la radio, la televisión, el internet (nueva deidad incuestionable) y un etcétera que no para de crecer, influencers por ejemplo (actores, simples operadores de esos grandes poderes, quizá sin saberlo). Cada vez más, nuestros hábitos de vida están digitados por estos grandes centros decisorios. 

“En la sociedad tecnotrónica, el rumbo lo marcará la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos descoordinados que caerán fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotarán de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”, pudo decir sin ningún tapujo Zbigniew Brzezinsky, uno de los intelectuales orgánicos más importantes de los últimos años en Estados Unidos.

La “verdad” ya no importa (en realidad, a los poderes nunca le importó); lo único que se busca, ahora con medios de manipulación cada vez más finos y eficientes, hechos a la alta escuela, pretendidamente con estatus científico -no pasan de burdas tecnologías empíricas- es el manejo de las grandes masas. Para muestra, ahí está la publicidad, el “arte del engaño”, como se la ha nombrado.

“Una agencia de publicidad próspera manipula los motivos y deseos humanos y engendra una necesidad de bienes desconocidos o inclusive rechazados hasta entonces entre el público”, reconoce un pope del mercadeo, el estadounidense Ernest Dichter.

En otros términos, esta comunicación de masas, absolutamente unidireccional (del emisor al receptor, sin la más mínima posibilidad de retorno en sentido contrario) no solo moldea sino que, en todo caso, oficia como impiadosa dictadura. Miente, falsea las cosas, obliga a determinadas conductas (las que desean los emisores). “Para sofocar cualquier revuelta por adelantado (…) métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación. (…) Que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Transmitiremos masivamente, vía televisión [hoy día deberían agregarse redes sociales y aplicaciones de internet], estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional”, decía en 1956 el pensador austro-germano Günther Anders. “Estúpidos entretenimientos” … Más claro: imposible.

La gente no es estúpida, sino que la vuelven estúpida. ¿Cómo entender, si no, que una gran masa de población, eternamente sojuzgada, vea como el principal motivo de sus penurias a un otro diferente? (el extranjero que “viene a robar puestos de trabajo”, el de otra etnia, el de otra orientación sexual, el que no es igual que yo), y no a quien le explota. ¿Cómo entender, si no, que vote en las urnas por su propio verdugo? (Milei en Argentina, la andanada de ultraderecha en Europa, Bolsonaro en Brasil, etc.). ¿Cómo entender que las poblaciones, cada vez más, consuman sin parar cosas innecesarias? Se prefiere comprar el teléfono inteligente de moda antes que alimentarse nutritivamente. “Lo que hace grande a este país [Estados Unidos] es la creación de necesidades y deseos, la creación de la insatisfacción por lo viejo y fuera de moda”, expresó un publicista de la agencia estadounidense BBDO. 

“El poder de la prensa es primordial. [Hoy debería agregarse toda la parafernalia de los más variados y sofisticados mass media, pues la prensa escrita va de salida] Establece la agenda de discusión pública. Es un avasallador poder político que no puede ser controlado por ninguna ley. Determina lo que la gente habla y piensa con una autoridad reservada en algunas partes del mundo solo a los tiranos, sumos sacerdotes y mandarines”, decía un connotado periodista como Theodore White. Definitivamente la comunicación de masas, la creación de la opinión pública y la inducción de “necesidades” para comprar y comprar hasta el hartazgo, no las decide el receptor. La idea de “libertad”, tan cara a las modernas democracias de mercado que se llenan la boca entronizándola, sin dudas queda herida de muerte al analizar estos mecanismos comunicacionales. Como los perros de experimentación de Pavlov, somos condicionados a hacer lo que otros quieren que hagamos. Tal es el grado inmisericorde de manejo de nuestras voluntades que se llega a hablar de la barbaridad teórica de “post verdad”. Ya no hay verdad: estamos en el reino de la emotividad creada -magistralmente- por estas tecnologías modernas.

Entonces ¿estamos condenados a vivir en esta suerte de hipnosis colectiva? Los grandes capitales que manejan buena parte del mundo lo intentan. ¡Impidámoslo! Solo el pensamiento crítico, y las acciones que se deriven de él, podrán forjar otra cosa.