Periodismo de Derechos Humanos

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¡Gente de paz! 

Paz YaAunque el Gobierno tiene cierta voluntad política para implementar los acuerdos, hay unos poderes fácticos que se lo impiden. En este sentido, el punto de reforma agraria ha sido uno de los más difíciles, pues quienes han acumulado tierras no quieren perderlas y han usado todo su andamiaje parlamentario para torpedearlo bajo el pretexto de 'defender la propiedad privada'. Como hace 50 años, el problema está en el campo.La única respuesta posible, como en muchas otras oportunidades, se encuentra en las calles. Ese debe ser el idioma que hable el movimiento social. Desde allí se debe presionar para que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos, pues hoy no es momento de hacerle 'conejo' a la paz. Por eso, la cita es este jueves, 1 de junio, a las 6 p.m. en el Parque de los Poetas del Boulevard del Río en Cali. 

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Sí, negros 

BuenaventuraCada que los medios de comunicación bogotanos se dan una vuelta por cualquier punto de lo que con desdén la academia centralista llamó el andén pacifico colombiano, es por una tragedia o por un carnaval. Una matazón perpetrada por fusiles de cualquier color o una colorida fiesta de negros. Sí, negros. O porque apareció otra mal llamada "casa de pique" en Buenaventura o se celebra otro San Pacho en Quibdó. Por una veda de camarón en Tumaco o unos náufragos en Timbiquí, correos humanos de los narcos. Por una masacre en Bojayá o en Barbacoas. O un paro cívico, como el que pareciera estarse saliendo de madre. 

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¿Quién defiende a los defensores? 

Defender los DDHH 2Desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, algo se hizo evidente en Colombia: la violencia no se detuvo y no se detendrá, al menos, para quienes se desempeñan como defensores de derechos humanos. Las amenazas y los asesinatos se incrementaron en los últimos meses y así lo muestran las cifras, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo que entre enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, registra ya 156 asesinatos de líderes sociales al igual que 500 amenazas y situaciones de riesgo. No olvidemos que es obligación del Estado proteger a quienes defienden los derechos humanos. Debemos empezar a exigir que la defensa de los derechos humanos no se convierta en una labor de alto riesgo, sino por el contrario, una obra de exaltar pues mitiga los efectos de las vulneraciones a nuestros derechos, pero como van las cosas, queda en el aire queda la sensación de total desamparo para esas personas y cabe la pregunta: ¿quién defiende a los defensores? 

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El duro golpe de la Corte Constitucional

Corte ConstitucionalAunque el Gobierno mantiene las mayorías en el Congreso, la lentitud con la que en adelante se discutirán los proyectos de ley y el ambiente pre electoral que vive ya el país y el que vivirá en 2018, facilitan las tareas al Centro Democrático (CD) en su único objetivo electoral y político de torpedear el proceso de implementación de lo firmado en el teatro Colón. Las anteriores circunstancias e incluso, las acciones persuasivas que desde el CD ya se vienen haciendo sobre congresistas de la ya maltrecha Unidad Nacional, ponen en riesgo la cohesión de ésta. Al final, la decisión de la Corte Constitucional confirma que no existe y que no hay la voluntad de concebir una institucionalidad capaz de asumir la búsqueda de la Paz como un asunto de Estado. Sin duda alguna, se trata de un duro golpe el que acaba de propinar la Corte Constitucional al proceso de implementación del Acuerdo Final (II). 

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¿Palacio a la JEP?

Diego PalaciosPermitir que los casos de Diego Palacio y los de otros ex funcionarios de la administración de Uribe Vélez lleguen a la JEP, es facilitarle el trabajo que el Centro Democrático y otros sectores de poder emprenderán para deslegitimar dicha jurisdicción, reduciendo su origen eminentemente jurídico, a un carácter político. Según se colige de la carta enviada por Palacio al Secretario General de la JEP, el ex ministro insiste en su inocencia y espera una segunda instancia que pueda revisar la sentencia proferida por la CSJ y reversar dicho fallo condenatorio. Resulta inaceptable que el condenado ex funcionario de Uribe Vélez pretenda que la Jurisdicción Especial para la Paz funja como una corte de revisión y casación de un abierto y probado caso de corrupción política. 

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