¿Palacio a la JEP?

Permitir que los casos de Diego Palacio y los de otros ex funcionarios de la administración de Uribe Vélez lleguen a la JEP, es facilitarle el trabajo que el Centro Democrático y otros sectores de poder emprenderán para deslegitimar dicha jurisdicción, reduciendo su origen eminentemente jurídico, a un carácter político. Según se colige de la carta enviada por Palacio al Secretario General de la JEP, el ex ministro insiste en su inocencia y espera una segunda instancia que pueda revisar la sentencia proferida por la CSJ y reversar dicho fallo condenatorio. Resulta inaceptable que el condenado ex funcionario de Uribe Vélez pretenda que la Jurisdicción Especial para la Paz funja como una corte de revisión y casación de un abierto y probado caso de corrupción política. 

¿Palacio a la JEP? 

Abril 9 - 2017

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social- periodista y politólogo

Permitir que los casos de Diego Palacio y los de otros ex funcionarios de la administración de Uribe Vélez lleguen a la JEP, es facilitarle el trabajo que el Centro Democrático y otros sectores de poder emprenderán para deslegitimar dicha jurisdicción, reduciendo su origen eminentemente jurídico, a un carácter político.

La probada compra de la reelección presidencial que permitió que Uribe (2002- 2010) extendiera su mandado hasta el 2010 (buscó quedarse otro período), obedece a una práctica corrupta que dio origen a lo que el país conoció como la "yidispolítica". La condena proferida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Diego Palacio no debería ser de conocimiento de los magistrados de la JEP, en tanto que en razón y en el contexto del conflicto armado interno no se puede justificar la comisión del delito de cohecho, en el que están comprometidos Palacio y otros ex ministros, y la también condenada, la ex congresista Yidis Medina.

Según se colige de la carta enviada por Palacio al Secretario General de la JEP, el ex ministro insiste en su inocencia y espera una segunda instancia que pueda revisar la sentencia proferida por la CSJ y reversar dicho fallo condenatorio. Resulta inaceptable que el condenado ex funcionario de Uribe Vélez pretenda que la Jurisdicción Especial para la Paz funja como una corte de revisión y casación de un abierto y probado caso de corrupción política.

En su carta, Palacio señala que existe una conexión natural entre la PDSD (Política de Defensa y Seguridad Democrática), su continuidad a través de la reelección de Uribe Vélez, su mentor, y el devenir del conflicto armado interno, en la medida en que gracias a su aplicación, los hechos bélicos se escalaron, se profundizó el desplazamiento forzado, aumentaron los "falsos positivos" y se degradó el conflicto armado, todo en el marco del objetivo estratégico (con un carácter vindicativo) de eliminar militarmente a las Farc. En la misiva del ex ministro, se lee que la "reelección... tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad de la Política de Seguridad Democrática, eje central de su plataforma (2006-2010) la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra grupos armados".

Lo que olvida Diego Palacio es que el documento jurídico-político que dio vida a dicha política pública y justificó la acción militar del Estado para acabar militarmente a las guerrillas (en especial, con las Farc) no reconoce la existencia del conflicto armado y por el contrario, habla de una amenaza terrorista. De esa forma, Uribe, su gobierno y por lo tanto sus altos funcionarios, desconocieron los derechos de las víctimas, así como invalidaron la tesis histórica que señala que el Estado y las guerrillas son actores políticos armados. Quizás, entonces, el magistrado que revise la solicitud elevada por Palacio encuentre en dicha contradicción y en el hecho punible por el que fue condenado el solicitante, razones para impedir que a la JEP lleguen asuntos y casos de corrupción que claramente afectarían la imagen y el carácter jurídico que los negociadores del Gobierno y las propias Farc le dieron a dicha jurisdicción en el Acuerdo Final.

Concuerdo con la posición editorial asumida por EL ESPECTADOR. Señala la nota del diario de los Cano que "Si Palacio no tiene en sus planes confesar, ¿qué es lo que le aporta al país a cambio de su eventual libertad? Si en efecto se acepta a la JEP y de nuevo se encuentra como culpable, sabemos que perdería los beneficios y tendría una condena incluso mayor a la que actualmente opera sobre él. ¿De verdad eso es lo que desea? Y, más importante aún, ¿qué tan conveniente es que la JEP sea usada como una segunda instancia cuando su propósito es contarle la verdad al país sobre los casos del conflicto armado? ¿No es eso una perversión oportunista del objetivo para el que fue aprobada? Ya tiene la JEP su primer reto para demostrar que no es un tribunal político. Ojalá no permita que le pongan palos a la rueda de la columna vertebral del posconflicto". 

Ahora bien, dada la evidente y explicable lealtad de Diego Palacio con el hoy senador Uribe Vélez, bien podríamos pensar que la solicitud del ex ministro hace parte de una muy bien pensada estratagema política del CD y de su líder para deslegitimar una jurisdicción que les preocupa, en la medida en que allí muy seguramente comparecerán militares y otros ex ministros que bien pueden dar cuenta de la responsabilidad política que recae en Uribe y en los consejos de ministros en donde se tomaron decisiones militares y que de manera directa o indirecta terminaron en la violación de los derechos humanos y en la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de agentes del Estado.