Junio 15 - 2022

Por Germán Ayala Osorio
Analista político 

Dice mucho de la sociedad colombiana y de su aparato normativo, que un ciudadano o, quizás mejor, un hombrecito pueda aspirar a ser presidente estando imputado o acusado de delitos graves de corrupción. Ese hecho, en lugar de provocar el rechazo generalizado de las cabezas visibles de las instituciones estatales, e incluso, de los más reconocidos agentes de la sociedad civil, parece despertar en quienes decidieron subirse a la #Rodolfoneta, algo de complacencia con quien además de no tener escrúpulos, reta a la justicia y por esa vía, se convierte en el líder negativo que parecen necesitar quienes no ven ningún problema en votar por la candidatura de quien deambula tranquilo a pesar de su condición sub júdice. Dentro de aquellos que desestiman la gravedad de los cargos que pesan sobre Hernández están quienes ven una posibilidad para negociar burocracia a cambio de la impunidad que muy seguramente le garantizará la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que no es más que un comité de aplausos en el que se asegura que los presidentes y expresidentes en Colombia sea el eslabón de la corrupción.

Ese silencio cómplice se explica porque la corrupción en Colombia se naturalizó. Hay un ethos mafioso que guía la vida de millones de colombianos, en particular la de aquellos que decidieron apoyar a Rodolfo Hernández. Quienes acompañan la aventura electoral del acusado por corrupción no solo están validando sus actuaciones, al parecer dolosas, si se tiene en cuenta la gravedad de las acusaciones y el material probatorio que expuso la Fiscalía en su acusación, sino que desconocen el clamor generalizado de gran parte de la sociedad de dejar atrás esas prácticas corruptas ya normalizadas.

La llegada de Hernández a estas instancias electorales se da en buena medida por circunstancias procedimentales y políticas. En las primeras confluye la decisión del operador judicial que fijó como fecha para el juicio, el 21 de julio, un mes después de conocido el resultado electoral. Si Hernández llega a resultar ganador en la jornada del 19 de junio, ese proceso se frena ante el fuero presidencial que acompañará al exalcalde de Bucaramanga por cuatro años. Si por el contrario, no alcanza los votos necesarios para encumbrarse como presidente de la República, deberá afrontar el juicio en su condición de congresista, lo que implica que su caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia.

Es fácil suponer que detrás de la decisión del juez hubo presiones de toda índole. Por lo menos, se desconoció un factor contextual importante que se expresa de esta manera: si hay un ciudadano que decide presentarse a la contienda electoral, la decisión administrativa y procedimental conducente al llamado a juicio debió tomarse desde el preciso momento en el que el país conoció de la inscripción de Hernández Suárez. Esa medida estaría justificada ética, política y moralmente. No necesitaría de elementos propios de los procedimientos reglados que existen dentro del aparato de justicia. Simplemente, bastaría con imaginar el daño que a la imagen del país y a la de la justicia produciría al permitir que una persona acusada de graves delitos, pudiese aspirar a dirigir el destino de más de 50 millones de personas, incluyendo, por supuesto, a los propios operadores judiciales que participaron del proceso por el que Hernández debería de estar respondiendo en estos momentos.

Dirán los expertos que al no haber sentencia de por medio, no se le pueden conculcar los derechos políticos a Hernández. Esa lectura jurídico-política se deslegitima por los más de dos años que lleva el proceso penal que afronta Hernández y por las condiciones en las que el juez tomó la decisión de fijar la fecha del juicio. Pero quizás el mayor factor que le resta legitimidad a ese principio es la burla que supone ver a un candidato presidencial cuyo lema es luchar contra la corrupción, cuando ya fue llamado a juicio por un caso de corrupción. Más risible resulta el asunto cuando leemos el nombre del movimiento político con el que el Consejo Nacional Electoral validó la candidatura de Hernández: Liga de Gobernantes Contra La Corrupción. Una cosa es que Hernández diga que se "limpia el culo con la ley", y otra muy distinta es facilitarle las cosas para que lo haga.