Diciembre 24 - 2021

Por Jorge Luis Galeano Bolaños

“Mantener la Democracia, maestro” Esta frase es célebre en Colombia porque marca una contradicción. Se dijo en pleno operativo de retoma del Palacio de Justicia que dejó cientos de desaparecidos, torturados y asesinados a manos del Estado. 

Esa contradicción es tradicional en nuestro país pues muchas cosas se han hecho a “nombre de la democracia” pero que son contrarias a ella: reelecciones presidenciales, planes Colombia, políticas de seguridad democrática, modificaciones a la Constitución, etc. Y el actual Gobierno y su bancada en el Congreso han hecho inmensas demostraciones de querer acomodar la legislación y la jurisprudencia a su particular y peligrosa idea de democracia y derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en el paro de 2019 cuando se pedía que el ESMAD se transformara en una fuerza de respuesta rápida, no letal ¿Qué hizo Duque? Lo reforzó y nunca consideró la petición ciudadana, pese a las denuncias de abuso de poder del Escuadrón.  

Si saltamos al 2021, las cosas no cambiaron. Durante el estallido social, el Presidente movilizó a la Fuerza Pública, no para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la protesta, sino para evitarlo violentamente. Ello, acompañado de una intensa campaña mediática que buscó instalar la narrativa de “vándalos” para describir a quienes salieron a las calles a exigir las profundas transformaciones que requiere Colombia. Esa narrativa, además, se mezcló con constantes alocuciones en las que, en vez de abrir espacios serios de diálogo, anunció más Policía y Ejército en las calles para “mantener el orden” lo que ocasionó un baño de sangre en lugares como Cali o si no, pregúntenles a las familias de los de 40 jóvenes asesinados en esta ciudad entre abril y julio. 

Pero el afán del Gobierno de “mantener la Democracia” también lo ha llevado a tratar de evitar que prosperan las denuncias mediáticas y ciudadanas en contra de la corrupción. Recordemos que hace poco se discutió en el Cámara de Representantes un proyecto de Ley contra la corrupción, en el que había un artículo que pretendía encarcelar a quienes denunciaran a funcionarios públicos de quienes se sospechara haber cometido actos corruptos. El mencionado artículo, llamado “Artículo Mordaza”, era abiertamente anticonstitucional y vulneraba el derecho a la libre expresión. A pesar de que se logró eliminar de la propuesta, el hecho de que se propusiera y se discutiera, habla del talante de la bancada oficialista y el talante de Gobierno que hoy tiene Colombia. En ninguna Democracia se intentaría crear una ley para proteger a personas corruptas y sancionar a quienes les denuncian. 

Pero decía que Duque y su bancada insisten, desde todos los frentes, en imponer su lógica de democracia. Por eso el Ejecutivo presentó, con mensaje de urgencia, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Proyecto que fue aprobado en diciembre, a pocos días de las vacaciones y sin las necesarias discusiones que un tema como ese requiere. 

¿Cuál es la preocupación o, más bien, las preocupaciones que quedan con esta nueva ley? Si bien está presentada como una forma de luchar más efectivamente contra hurtos y los otros crímenes que se pueden desprender de ello como asesinatos, secuestros, violencia sexual, etc, sólo acude al populismo punitivo al incrementar penas, pero para nada se concentra en reformas estructurales en el aparato judicial que permitan atender de manera más efectiva dichos delitos. El mismo número de jueces, las mismas cárceles que tendrán más trabajo y menos herramientas para hacerlo.  

Pero además de lo anterior, esta ley claramente abre una gran puerta para obstaculizar, una vez más, ejercicios plenos de derechos como al de la protesta pacífica. Los ponentes han dicho que ello no es así, que la ley nada tiene que ver con las movilizaciones y que no busca impedir que la gente proteste. Claro, ningún proyecto lo va a decir así, abiertamente. El asunto es que su alcance puede ser ese. 

Parte del problema es lo que, en la práctica, significará algunas acciones de personas que podrían escudarse en lo que dentro de esa ley se ha llamado “legítima defensa privilegiada” para agredir a personas que hagan ejercicio de su derecho a la protesta, tal y como ocurriera en Ciudad Jardín en Cali. Pero el asunto es más grande: esta ley es el reflejo de la mirada militarista que el gobierno Duque le ha dado a los problemas sociales de Colombia y al hecho de que prefiere ocultarlos, reforzando las acciones violentas del Estado en vez de escuchar a la ciudadanía para solucionarlos en realidad. 

Imaginemos qué puede pasar si hay nuevas movilizaciones y algunas personas interpretan que gritar arengas contra el Gobierno, pintar un grafiti en una pared, tomarse una estación de transporte público merece una respuesta bajo la lógica de esa legítima defensa privilegiada. ¿Qué va a pasar? La gente en la calle seguirá poniendo los muertos porque en estos casos, determinar si se actuó en legítima defensa, sólo se puede hacer de manera posterior al hecho, cuando el daño ya se ha cometido. 

Y esto sin mencionar la labor de defensores y defensoras de Derechos Humanos que pueden ser detenidos y detenidas si la Policía interpreta que su trabajo es obstaculizado durante marchas o movilizaciones sociales si, por ejemplo, buscan evitar detenciones arbitrarias u otras formas de abuso de poder. 

Es aterradora la irresponsable postura del gobierno y sus partidos sobre la protección de los Derechos Humanos y su afán por “mantener la democracia, maestro”. Esto me recuerda uno de los tantos mensajes en las paredes de Cali durante el Paro, que era un ruego para que parara la represión y que hoy se convierte en otra súplica para que termine este Gobierno: “Que cese la horrible noche…”