Enero 21 - 2019

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo

El "síndrome del enemigo interno" les permite no solo descalificar las pretensiones de las guerrillas, sino calificar como "enemigos", "amigos de los terroristas" o "terroristas vestidos de civil" a quienes piensan distinto, se atreven a criticar al Gobierno o a la fuerza pública por hechos como los Falsos positivos, la corrupción política y el contubernio con fuerzas paramilitares, entre otros asuntos 

Dos decisiones afectan hoy el lento, complejo y difícil proceso de consolidación de una paz completa en Colombia, iniciado a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. Ambas disposiciones comparten la estolidez propia de quienes insisten en la acción militar para alcanzar sus propósitos políticos, los cambios económicos y las transformaciones sociales y culturales. De un lado, está la decisión político-militar del Comando Central (COCE) del ELN, de atacar con explosivos a la Escuela de formación de oficiales de la Policía en Bogotá. Y del otro, la decisión del presidente Iván Duque de levantar la mesa de diálogo instalada en La Habana, como reacción a la acción dinamitera perpetrada por el ELN contra la instalación policial.

Así como comparten el carácter temerario, las dos decisiones bien se pueden entender en el marco de lo que aquí llamo el "síndrome del enemigo interno". Tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como el presidente Duque y el "uribismo", en representación del Establecimiento, comparten los padecimientos de este síndrome que afecta la posibilidad de consolidar la paz en Colombia, el mismo que sirve a la radicalización de la opinión pública y que al tiempo, crea y re-crea las condiciones para que el país regrese a las aciagas noches y circunstancias de la Seguridad Democrática y por supuesto, a las ya conocidas dinámicas propias de un conflicto armado que una parte de la sociedad creyó que era posible superar.

Por el lado del ELN, queda claro que su envejecida dirigencia aún no está preparada para dar el paso hacia la firma de un Acuerdo de Paz con el Estado, contrario a lo demostrado por la también otoñal dirigencia de las FARC, cuyos miembros entendieron, aunque tardíamente, que a través de la lucha armada no alcanzarían el poder del Estado. Hoy, a pesar del asesinato de por lo menos 80 exguerrilleros de base, de los incumplimientos del Estado y de los ingentes esfuerzos del llamado "uribismo" para hacer trizas el Acuerdo de paz, los ex guerrilleros farianos se mantienen en el compromiso pactado y están en camino de fortalecer el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Quizás subsiste una razón fundamental para que la guerrilla del ELN se mantenga en pie de lucha: su implacable, férrea y por momentos irracional "fe revolucionaria", circunstancia que la convierte en una guerrilla dogmática y ortodoxa, que prefiere extender en el tiempo una anacrónica lucha armada que solo sirve a los propósitos guerreristas de los agentes del Establecimiento que al sufrir del mismo "síndrome del enemigo interno", harán todo lo posible para mantener las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de un país inmiscuido en un conflicto armado interno.

En esas condiciones, las páginas de la prensa nacional se enfocarán en cubrir los atentados dinamiteros, los combates entre la fuerza pública y el ELN y los secuestros de civiles, entre otras actividades y acciones. Atrás quedarán, probablemente, las denuncias por corrupción contra el Fiscal General de la Nación y el enmascaramiento que el gobierno de Duque está haciendo de lo que ayer llamaron "mermelada" los detractores del gobierno de Juan Manuel Santos.

Y por el lado del Gobierno de Iván Duque Márquez, se confirma su nulo interés por establecer condiciones para mantener el diálogo, poner fin a las hostilidades con la guerrilla del ELN y por alcanzar un acuerdo de paz, como el que lograra su antecesor con la entonces guerrilla de las Farc. Se suma a lo anterior, su actitud complaciente frente a las acciones legislativas de su partido, el Centro Democrático (CD), cuyo objetivo es torpedear el proceso de implementación de lo acordado en La Habana y por esa vía, impedir la construcción de una paz estable y duradera.

Volverá entonces a imponerse la tesis negacionista y el no reconocimiento de la guerrilla del ELN como un actor político con el que es posible negociar el fin del conflicto armado. Esa misma tesis que no solo negaba la existencia del conflicto armado interno, sino que insistía en calificar los hechos y acciones de guerra, bajo el concepto de "amenaza terrorista". Huelga recordar que esa nomenclatura fue el sustento político, conceptual e ideológico de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (2002-2010).

Hay que decir que no solo padecen del "síndrome del enemigo interno" el Gobierno de Duque, una parte importante del Establecimiento y la guerrilla del ELN, sino sectores claves y decisivos de la sociedad civil y de la sociedad colombiana. En las marchas ciudadanas de rechazo por el atentado con carro bomba, efectuadas el domingo 20 de enero, se pudieron ver reacciones agresivas de ciudadanos que no aceptan y creen en los diálogos de paz, al tiempo que exhiben una incomprensible actitud de rechazo hacia quienes consideran que las circunstancias contextuales vividas en Colombia y en el mundo en los convulsionados años 60 legitimaron el levantamiento armado.

El "síndrome del enemigo interno" les permite no solo descalificar las pretensiones de las guerrillas, sino calificar como "enemigos", "amigos de los terroristas" o "terroristas vestidos de civil" a quienes piensan distinto, se atreven a criticar al Gobierno o a la fuerza pública por hechos como los Falsos positivos, la corrupción política y el contubernio con fuerzas paramilitares, entre otros asuntos.

Así entonces, el "síndrome del enemigo interno" representa el azaroso regreso a los procesos de estigmatización social y política de grupos sociales y sectores políticos de izquierda, o grupos de ambientalistas, libre pensadores, críticos y analistas, cuyas acciones y discursos eran y son asociados al proyecto político-militar de las guerrillas.

Insistir en la existencia de una amenaza interna (terrorista) posibilita al Establecimiento y a los sectores guerreristas, proscribir de las agendas públicas-políticas las reformas estructurales que por ejemplo exige lo pactado en La Habana entre el Estado colombiano y las Farc. El cerramiento democrático, la debilidad del Estado y su cooptación mafiosa, son temas que quedarán proscritos de las agendas ciudadanas.

Vuelve la guerra

Antes de conocerse el comunicado con el que el ELN se atribuye la responsabilidad del atentado dinamitero contra las instalaciones policiales, el Gobierno de Iván Duque Márquez, doblemente presionado, de un lado, por la dimensión del acto criminal y, del otro, por los sectores de poder militar, empresarial y político simpatizantes con la tesis negacionista del conflicto armado interno, decidió levantar las órdenes de captura y por esa vía, poner fin a la mesa de diálogo que el gobierno anterior dejó instalada en Cuba.

A la decisión presidencial se suma la petición al gobierno de Cuba, para que capture y entregue a las autoridades nacionales a los miembros de la cúpula del ELN que hacen presencia en La Habana.

Contrariando y desconociendo lo pactado por el Gobierno de Santos, en nombre del Estado colombiano, Duque insiste en que los hechos acaecidos en Bogotá obligan moral y políticamente al gobierno cubano a cumplir con la captura y entrega de los líderes guerrilleros, lo que no solo va en contravía de lo pactado por el anterior gobierno, sino que dejaría al Estado colombiano en una situación por lo menos incómoda ante el mundo, por el incumplimiento de los protocolos y las condiciones de seguridad que en su nombre se firmaron para adelantar las conversaciones de paz con el ELN en territorio extranjero.

Al cerrar la puerta a la negociación política, Duque vuelve a poner en riesgo la vida de las comunidades afro colombianas, campesinas e indígenas que sobreviven en los territorios en los que esa guerrilla hace presencia. Pero la responsabilidad por lo que suceda con esas comunidades no solo la debe asumir el gobierno de Iván Duque y el conjunto del Estado, sino la propia dirigencia del ELN.

El atentado en Bogotá corresponde a una acción aleve y criminal que se produce en un momento histórico clave para el país, como quiera que se respiraba un ambiente de tranquilidad, a pesar por la crispación política y social provocada por las denuncias y los reclamos ciudadanos ante los actos de corrupción que comprometen al Fiscal General de la Nación; igualmente, por las negativas representaciones sociales que se vienen construyendo en torno a la gestión y el talante del presidente de la República, llamado por varios sectores de opinión como el "subpresidente" de Uribe.

Podría decirse que desde la firma del Acuerdo Final con las Farc, venía generándose una creciente opinión pública cualificada para debatir sobre temas distintos a los que la agenda castrense tenía acostumbrados a los colombianos a discutir: ataques y tomas de pueblos por parte de las guerrillas, toma de rehenes y combates con la fuerza pública.

Con la acción criminal, el ELN rompió con un proceso importante de re-construcción de una agenda política y de construcción de una ciudadanía cada vez más consciente de que los reales problemas del país pasan por el modelo económico neoliberal, la enorme, costosa y naturalizada corrupción (pública y privada) y el regreso al poder del ethos mafioso que operó en Colombia entre 2002 y 2010. Además, con la muerte de una veintena de cadetes de la Policía, el ELN termina invalidando y debilitando al movimiento ciudadano que estaba intentando acorralar políticamente a un alfil importante del llamado "uribismo": el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN).

Es decir, al no medir las consecuencias que generaría y generará en lo consecutivo la explosión del carro bomba en la Escuela General Francisco de Paula Santander, el ELN termina "dándole" una mano a esa parte del Establecimiento que venía siendo cuestionada y acorralada por un conjunto variopinto de ciudadanos cansados de la corrupción política que se respira al interior del aparato de justicia, de la Fiscalía, en las altas cortes y dentro del propio gobierno.

Así mismo, el ELN contribuye en gran medida a debilitar la discusión por la muerte sistemática de lideresas y líderes sociales, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos y reclamantes de tierras, en la medida en que quienes continúen presionando el esclarecimiento de esos hechos y las denuncias por la anuencia de instituciones del Estado en la comisión de los crímenes, serán vistos como "amigos de la guerrilla", en el marco del "síndrome del enemigo interno" que hoy vuelve a imperar en el país.

El ELN "justifica" su accionar en contra de la Escuela de Cadetes, señalando lo siguiente:

"El Presidente no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año, su respuesta fue realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019.

Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese. También bombardeó un campamento nuestro el 25 de diciembre, lanzando más de 12 bombas de centenares de libras de explosivos cada una, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento.

La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social.

Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente. Valoramos necesario que instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada".

Considero no solo desproporcionado el ataque contra los cadetes, sino cobarde en la medida en que se trataba de jóvenes desarmados. Y más aún, el ELN actuó bajo el innoble principio de la Ley del Talión. Encontrar justificaciones en el derecho de la guerra, alejó a los miembros del COCE de la posibilidad de comprender el momento histórico por el que atravesaba el país.

Ni era el momento de atacar, ni la forma de hacerlo. Con todo y lo anterior, queda claro que mientras el ELN, el Gobierno y una parte del Establecimiento extrañen la presencia y la operación de un enemigo interno, la consolidación de una paz estable y duradera quedará en una simple ilusión. Ahora, por cuenta de las posturas radicales y obtusas de unos y otros, el país está de regreso a la tesis negacionista del conflicto armado interno. Y por esa vía, junto a la opinión pública, elenos, fuerzas militares, el "uribismo" y otros sectores de poder político y económico, vuelven a sufrir del "síndrome del enemigo interno".