Protección transnacional 

La violencia contra líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente debería ser ya un asunto transnacional que presione a los gobiernos a compartir estrategias de protección que integren apoyo permanente en la persecución a quienes cometan esos crímenes que, valga decirlo, muchas veces ya pueden identificados o al menos, el perfil desde donde llegan dichas agresiones.

Protección transnacional 

Marzo 4 - 2018

Por Jorge Luis Galeano
Director de Hechoencali.com

La vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos no es exclusiva de Colombia. Tristemente Latinoamérica es el lugar más peligroso para ejercer dicha labor y aunque cada país tiene sus particularidades, hay temas que son transversales: la protección del medio ambiente y la lucha por la tierra. Según Global Witness, nuestro continente ocupó el primer lugar en el ranking mundial de asesinatos de personas que defendían la tierra y el medio ambiente en 2017, con un total de 116 homicidios de los 197 q ue se presentaron en todo el mundo.

Y dentro del continente, Brasil, México y Colombia fueron los países más peligrosos para esas personas, pues entre los tres aportaron 93 asesinatos. Un panorama que debería alertar a las autoridades de dichas naciones para incrementar la protección de los líderes ambientales y defensores de la tierra.

Lo anterior también debería hacer pensar que lo que está en juego no es solamente la vida de las personas, sino las democracias mismas de las naciones, pues la violencia contra quienes defienden los derechos humanos es un símbolo del fracaso de estados que se dicen llamar democráticos al no poder proteger a quienes difieren o proponen ideas diferentes a las establecidas.

En ese sentido, la violencia contra líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente debería ser ya un asunto transnacional que presione a los gobiernos a compartir estrategias de protección que integren apoyo permanente en la persecución a quienes cometan esos crímenes que, valga decirlo, muchas veces ya pueden identificados o al menos, el perfil desde donde llegan dichas agresiones. El informe revela que los autores de las violencias son: terratenientes, empresas hidroeléctricas, mineras, agroindustriales, mineros y taladores ilegales, agentes de seguridad privada, fuerzas de seguridad estatales y paramilitares.

Colombia que, tristemente aportó 32 de los homicidios, vive su propia tragedia e informes como el recientemente publicado ´Piedra en el zapato´ de la organización Somos Defensores, evidenció que como en otros países, la tierra y la minería son asuntos relacionados con el asesinato de líderes sociales. Su coordinador, Carlos Guevara, dice que los líderes más frecuentemente asesinados son aquéllos relacionados con el territorio: indígenas, campesinos, afrodescendientes. Ello debería ser motivo de vergüenza nacional: los defensores de derechos humanos están siendo asesinados en toda Colombia sin que la protección del Estado sea efectiva.

Dicho informe da cuenta de cosas graves, pero previsibles: que las zonas en donde ya no operan las extintas Farc, son ahora escenarios de disputas entre su disidencia, el ELN, el EPL, la BACRIM y narcotraficantes, y que la presencia del Estado aún es precaria o nula. Ello hace de los defensores de derechos humanos presas fáciles y los primeros blancos en dichas peleas.

La protección, por ende, debe ser un asunto transnacional. La democracia debería ser escenario de discusión, de intercambio de ideas diferentes sin que por ello, corra peligro la vida de ningún ser humano y las aterradoras cifras de Latinoamérica y particularmente, las de Colombia, deberían impulsar la concreción de las promesas del Gobierno en materia de protección de los defensores de derechos humanos que, valga recordar, ya han perdido a 532 de sus colegas en lo que va del Gobierno Santos.