El deber ser de un ciudadano anticorrupción 

El país no sale de un escándalo de corrupción y ya entra a otro: de las coimas de Odebrecht que tiene en apuros al segundo senador con más voto del Partido de la U, Bernardo Miguel Elías, hasta los enredos de tres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que amenaza a uno de los presidenciables, Luis Alfredo Ramos, y al presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, hecho que ha venido a fracturar aún más este grupo político de lo que ya estaba.

El deber ser de un ciudadano anticorrupción 

Agosto 29 - 2017

Por Luis Eduardo Gutiérrez Rojas
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos - Universidad del Valle

No se puede dudar que la corrupción es un fenómeno universal que no es exclusivo de este país: América Latina y Europa también padecen hechos como estos que terminan afectando la administración pública. 

Ante esta realidad que deteriora la percepción ciudadana de las instituciones democráticas y del propio sistema democrático, surge la pregunta que desde diferentes disciplinas se ha intentado responder: ¿Qué factores inciden para que se presenten hechos de corrupción? La respuesta está lejos de ser minimalista y o como la de aquellos que argumentan "es la plata, estúpido". Es tan compleja como la que debe buscarse para responderse a una segunda interrogante: ¿Por qué si hay tantas medidas jurídicas contra los delitos a la administración pública (incluso se ha tipificado el delito de corrupción privada) siguen presentándose esta clase de hechos?

La definición del concepto corrupción, como toda categoría conceptual que debe ser sujeto de construcción teórica y disciplinar, es una cuestión polémica. No es posible hallar la DEFINICIÓN, por el contrario, hay una variedad de enfoques que ponen el foco en un aspecto u otro. Algunos relacionan la ocurrencia del fenómeno con aspectos culturales, históricos, políticos, económicos o sociológicos. Abogar por un esfuerzo que unifique las definiciones es una tarea difícil de lograr porque la naturaleza de las ciencias sociales, al trabajar con conceptos abstractos que deben ser construidos desde la teoría social, es de disertación, debate y polémica.

Hay que, por tanto, tomar un referente que sirva de guía y de consenso y ese es el que otorga Transparencia Internacional, ONG mundial que intenta luchar contra la corrupción: "...abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca." La corrupción a gran escala es aquella que se produce a niveles del alto gobierno, casos como los que estamos viendo hoy son un gran referente; la menor se refiere al clásico soborno que se da para que aquel que está en posición de poder cometa una acción ilícita, antiética u omita su deber; por último, Transparencia ubica la corrupción política, la cual se caracteriza por la manipulación institucional que se hace para obtener un beneficio particular.

A nivel general, se podría definir corrupción como el acto de ofrecer o solicitar una acción irregular, por fuera del marco institucional o que sea violatorio de este a cambio de un beneficio que puede ser económico o no.

Como estas hay muchas definiciones, todas dependen del enfoque, y adicional a esto, el clientelismo es otro concepto que está estrechamente relacionado con el de corrupción, pero esto será tema de un próximo artículo. Identificar una definición y un enfoque claro es de suma importancia porque así se determinan las acciones que se van a emprender para combatirlo.

La Contraloría General de la Nación, reveló en enero de 2016 que los costos de Reficar llegaron a 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de lo inicialmente previsto.

Las autoridades políticas nacionales han asumido una posición legalista, o lo que denominaríamos en ciencia política, institucional clásica. En palabras castizas se puede definir esto como aquella posición que le otorga una capacidad, sobrevalorada en muchos aspectos, a lo legal-normativo en el condicionamiento del comportamiento de los individuos. En otras palabras, se piensa que con el poder de las leyes emitidas desde el congreso se va a combatir de manera exitosa la corrupción, pero no hay necesidad de realizar un gran tratado teórico para darnos cuenta que hasta ahora la cosa ha servido poco.

La procuraduría, que es la entidad encargada de vigilar a la administración pública tiene su propio enfoque para combatir la corrupción: la teoría del triángulo del fraude. Esta parte desde una perspectiva individualista que concibe el acto de corrupción como una confluencia de tres factores: presión, que es lo que motiva el acto; oportunidad, que es la debilidad institucional que permite el acto; y racionalidad, argumentación que hace quien comete el acto para justificarse.

La entidad emprende sus acciones bajo esta teoría y así se empeña en realizar acciones orientadas a fomentar la autorregulación de servidor para atacar la presión; promueve la cultura de la legalidad e integridad para contrarrestar la racionalidad; y, por último, intenta reducir la oportunidad mediante mecanismos institucionales. En este último aspecto es donde ha habido un gran desarrollo de un marco normativo orientado a reducir la ocasión de la corrupción. 

Según La Fiscalía General de la Nación, Odebrecht habría pagado $84.000 millones de pesos en sobornos entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra.

La ley bandera de este panorama es la 1474 de 2011, mejor conocida como el estatuto anticorrupción. Este texto introduce una serie de medidas penales y administrativas tendientes a combatir la corrupción: estableció la inhabilidad para que personas que hayan sido previamente condenadas por corrupción no puedan contratar con el Estado; prohibió a personas naturales y jurídicas que aporten a las campañas políticas para las elecciones a presidencia, gobernaciones o alcaldías contratar con el Estado. Este punto es de resaltar en la ley, porque es conocido que aquellos que aportan dinero a campañas políticas, esperan que el candidato, si resulta ganador, retribuya el aporte en contratación y así recuperar y multiplicar la inversión.

Esta medida, sin embargo, se enfrenta con un inconveniente de carácter legal y otro "cultural": en primer lugar, la declaración de ingresos y gastos de las campañas políticas son ineficaces, los candidatos reportan lo que quieren, hacen artimañas para sobrepasar los topes permitidos sin ser reprendidos por ello y no son honestos en lo que reportan; en segundo lugar, es muy fácil para un aportante hacer contratos en cuerpo ajeno, es decir, conseguir por interpuesta persona el contrato, es así de simple y no le causa grandes inconvenientes morales.

Entre otros aspectos cabe mencionar reformas que el estatuto realizó al código penal para imponer castigos, no solo a la corrupción en el sector público, sino también al sector privado; limita incluso el uso de dineros para la publicidad; promueve el control y la vigilancia en el Sistema de Seguridad Social en Salud; reguló el famoso lobby, aunque de manera incipiente; creó incluso una instancia para luchar contra la corrupción, la Comisión Nacional para la Moralización; un espacio de participación ciudadana, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción; estableció la obligatoriedad para que cada entidad de cualquier orden redacte un plan de corrupción en donde se identifiquen los riesgos a que cada entidad se ve sometida; entre muchas otras.

Así podría continuar enumerando los elementos de este estatuto, disertar sobre la oportuno que es poner a las entidades a identificar sus propios riesgos de corrupción cuando dentro de ellas es donde se comete, cuando algunos de los que participan en la elaboración de esos planes son corruptos, es como poner al ratón a cuidar del queso o poner a mis gatos a cuidar de un canario. Lo mismo se puede hacer con la ley 1712 de 2014, mejor conocida ley de transparencia y acceso a la información o con la ley 1778 de 2016 que castiga la corrupción transnacional o con el Índice de Gobierno Abierto, IGA, de la Procuraduría que busca calificar a las entidades territoriales en materia de cumplimiento normativo contra la corrupción, todas que terminan convirtiéndose en medidas casi que estéticas por su "flacidez" y por su indefensión ante las violaciones.

Por muy robusto que la normatividad sea, no se está llegando al punto profundo del problema que se puede resumir en tres palabras: cultura, ética y ciudadanía. La corrupción es legitimada por alguna parte de la población y el clientelismo lo está aún más, este último, aunque no es ilegal, está a un paso de convertirse en delito, camina por un hilo muy delgado. Es ético el problema porque hay una falta de valores y principios en la base social hacia lo público, no hay sentido de pertenencia por lo estatal, no hay una formación adecuada en la escuela o en las universidades sobre lo público. Por último, no hay una ciudadanía participativa y activa en los procesos políticos, los ciudadanos apenas votan, mucho menos se van a involucrar en procesos más complejos como hacer parte de las instancias con que cuenta el Estado o intentar siquiera hacer control social.

Esto es apenas esperable, la corrupción nos envuelve en un círculo vicioso: para qué participar en política si va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo porque la gran masa ciudadana no participa y por tanto no hay un gran control, más allá del de la contraloría o procuraduría, que todos sabemos están en la misma colcha de los políticos corruptos.

Este panorama no deja más que una conclusión clara: la corrupción es un fenómeno imposible de abordar bajo un solo enfoque, en el caso colombiano el legalista. Hay que darle una mirada multidisciplinar al asunto: las medidas institucionales no son, ni serán suficientes para combatir este mal que aqueja y que parece atacar con más fuerza ahora que las FARC se han desmovilizado.

Por eso es que muchos analistas han coincidido en argumentar que con la desmovilización de la guerrilla se deja ver un verdadero monstruo que había pasado algo desapercibido. Es hora de atacar la corrupción desde otras aristas, Colombia es un país hermoso en el papel pero terrible en muchas de sus prácticas.