Marzo 31 - 2023 

Seguridad ciudadana y derechos humanos

Por Laura Cruz 

Es difícil no hablar de Nayid Bukele sin mencionar su política de seguridad en el Salvador, que ha sido interpretada por sectores defensores de derechos humanos, como la aplicación del todo vale en una “guerra”, es decir, la ley del talión (el ojo por ojo y diente por diente).

Pero lo que se ha hecho en el país centroamericano ha tenido eco fuera de sus fronteras y en sociedades en donde se viven problemas de delincuencia similares, se ha añorado que se tomen medidas parecidas. Cali es uno de esos lugares, entre otras cosas, porque el 80% de su población, la percibe como una ciudad insegura según el último reporte del observatorio Cali Cómo Vamos. En la capital del Valle, muchas personas han puesto como ejemplo lo hecho con las pandillas salvadoreñas como una solución al problema local.

Las cifras del Salvador muestran que terminó el 2022 con una tasa de homicidios de 7,8 por cada cien mil habitantes, un contraste abismal con las cifras del 2015, cuando era considerado el más violento del mundo, puesto que presentaron 6 mil 600 homicidios, esto debido según Fortín Magaña, que para esa fecha era director del Instituto de Medicina Legal (IML), a las agresiones entre pandillas callejeras como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que por más de 20 años han generado terror en los habitantes.

En este panorama entra Nayib Bukele, de 39 años de edad. Comenzó su carrera política siendo alcalde del Nuevo Cuscatlán y posteriormente fue alcalde de San Salvador. A Bukele es difícil ponerlo en alguna orilla ideológica política porque que comenzó siendo parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, en el 2019 cuando ganó las elecciones presidenciales después de presentarse como un “outsider”, lo ya estaba con el partido de la extrema derecha Gran Alianza Nacional.

Bukele, sin importarle las críticas y reclamos de varias organizaciones de derechos humanos, ha implementado políticas que para muchos son anticonstitucionales, como declarar un Estado de Excepción saltándose las otras ramas del poder. Desde el 2019, cuando fue elegido Presidente, creó una política denominada Plan de Control Territorial en contra del Crimen Organizado, que como gran símbolo tiene el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Para su apertura utilizó un plan de medios eficaz, con videos cinematográficos de pandilleros totalmente sometidos, pero más allá de la dureza de las imágenes, las condiciones de los presos son extremas: no tienen derecho a visitas y las penas no bajan de 20 años.

Human Rights Watch (HRW), en su último informe, señaló que en el centro carcelario se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de ello, el presidente tiene la aceptación más alta en su país y es uno de los más populares en redes sociales cuando se reportan noticias sobre un delito. Por esto, en Hechoencali.com hicimos una pequeña revisión de los comentarios en algunas redes sociales cuando otros medios reportan hechos delincuenciales sucedidos en Cali y encontramos cosas como: “Necesitamos que Bukele gobierne Colombia para que haya orden”, otro internauta dice: “Qué vaina no tener un revolver en este momento…es mejor tener un arma y no usarla nunca, que necesitarla y no tenerla”. Otros van más lejos y escriben: “Cuánta falta hacen los grupos de limpieza social” y “Ahora matan por todo… se volvió negocio. Bukele donde estás”.

Cabe aclarar, claro, que hay personas en Cali que aún creen que la delincuencia se derrota con políticas de impacto social. En un pequeño ejercicio que hicimos en este medio, preguntando sobre la mejor manera de enfrentar los delitos, nos encontramos con respuestas como: “A largo plazo, hacer inversión social y de infraestructura fuerte en la ciudad. Mejorar la infraestructura carcelaria” “Revisión y depuración de malos elementos dentro de la misma Policía. Contar con un eficiente sistema de justicia”. “Recuperar la confianza en las autoridades. Desarrollar programas de emprendimiento”.

Pero es cierto que la aceptación de estrategias la de El Salavador, puede estar sustentada en las distintas violencias que vive la ciudadanía a diario que, además, no ve que las autoridades locales tengan suficiente fuerza para evitar que ello escale. Los procesos a largo plazo, más centrados en el diálogo, suelen ser vistos como inefectivos frente a las acciones como las del presidente salvadoreño que tienen efectos inmediatos. No hay que olvidar que, en el Plebiscito de 2016 para refrendar el acuerdo de paz con las FARC, el 50,2% de los votantes optaron por el No.

Es decir, un importante porcentaje de colombianos quiere resultados inmediatos, sin importar el costo. Eslóganes como “Mano Firme, Corazón Grande”, ofrecen dichos resultados y posibilitan ganar elecciones. La Seguridad Democrática, por ejemplo, fue mostrada como una efectiva estrategia de lucha en contra de la subversión, pero tuvo altísimos costos como las 6 mil 402 personas civiles asesinadas a manos del ejército, cuyos crímenes fueron encubiertos y presentados como bajas en combate.

Ese tipo de políticas, justificadas por el afán de proporcionar seguridad a la ciudadanía, pueden desencadenar en graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, bajo el régimen de excepción en el Salvador, muchos de los capturados no tienen derecho a la defensa, ya que si originalmente, una persona podía ser detenida por 72 horas, este plazo se amplió a 15 días.

Asimismo, actualmente, el inicio de un juicio se puede prolongar hasta por un año. Sumado a esto en el Salvador se está presentada violación del derecho a expresión por medio de una reforma a su código penal, donde prácticamente los medios no pueden publicar noticias relacionadas con declaraciones de líderes pandilleros, bajo amenaza de ser declarados cómplices de criminales.

La idea o la esperanza de que una figura como Bukele llegue al poder en Colombia o a Cali, tendría repercusiones serias. Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), estas políticas suelen tener buena aceptación por ser de un carácter populista, no obstante, a mediano y largo plazo no son sostenibles porque una buena parte de la población está en prisión y esta cuestión va generando un círculo de violencia.

De igual forma, la estrategia de Bukele y otros mandatarios similares, se sustenta en reducir todo a asuntos de orden público lo que implica olvidar que la delincuencia puede ser el resultado de múltiples factores sociales que se han acumulado por años. Eso justifica acciones que pueden estar por fuera de la ley.

En este contexto quedan varias preguntas, ¿De tener un Gobierno como el de Bukele, ¿cuál sería el costo para Cali en términos de Derechos Humanos? ¿Habría democracia o un liderazgo autoritario? ¿Qué costo están dispuestos a pagar los caleños por caminar seguros en la calle?