Marzo 24 - 2023 

El conflicto armado que no cesa en Colombia

Por Jorge Luis Galeano  

¿Se imagina no poder salir de su casa, de su barrio, de su ciudad porque actores armados se enfrentan entre sí o imponen condiciones y reglas arbitrarias que le impiden moverse libremente a donde usted quiera? Suena a una cuarentena, pero no una causada por un virus o, al menos, no uno convencional. El conflicto armado colombiano podría verse como un virus, pero uno que no se trata con una vacuna. Pues eso: no poder moverse y estar a merced de la violencia es lo que tuvieron que vivir 39.404 personas en Colombia en 2022 como consecuencia de los tantos conflictos armados internos que se sufren en nuestro país.

Ese dato es uno de los tantos que reveló el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- en su más reciente informe: Retos Humanitarios 2023 que da cuenta de la continuación de acciones violentas por parte de los actores armados que operan en el país y que, en su mayoría, violan las reglas del Derecho Internacional Humanitario, es decir, las que rigen lo que se puede y no se puede hacer en marco los conflictos armados.

El confinamiento, por ejemplo, es una de esas violaciones porque involucra a personas indefensas en las hostilidades y las pone en riesgo por quedar en mitad de enfrentamientos o por transitar por campos minados, acceder a alimentos, etc. Este fenómeno lo padecieron con mayor intensidad los departamentos de el Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Este último con afectación a más de 4 mil personas.

 

Gráfico: Informe Retos Humanitarios 2023 CICR

Pero eso no es lo único que reveló este informe. Según el documento, hubo 58 mil personas afectadas por desplazamientos masivos en Colombia. Eso es como si toda la población de municipios como Florida o El Cerrito en el Valle del Cauca, tuvieran que huir de sus hogares para salvar sus vidas. Ese fenómeno, el desplazamiento masivo, se presenta cuando son más de diez personas que se desplazan de manera simultánea.

El otro fenómeno, el desplazamiento individual que es "gota a gota", una, dos o tres personas que tienen que salir de sus hogares, pero no necesariamente al mismo tiempo, victimizó a 123.220 personas en Colombia.

Tanto en los desplazamientos masivos como en los individuales, el Valle del Cauca está entre los departamentos más afectados.

Gráfico; Retos Humanitarios 2023 CICR

Otra de las preocupaciones del Comité está relacionado con las víctimas de artefactos explosivos, puesto que registraron 515 víctimas, que es el número más alto de los últimos seis años. “Esta cifra confirma la tendencia que observamos desde 2018, donde año a año la problemática se ha ido profundizando y con ello la dimensión de esta tragedia humanitaria” señala el informe.

Por este panorama, el CICR hace un llamado a todos los actores armados a respetar las normas del DIH, a dejar por fuera de las hostilidades a la población civil e insiste en que el Estado ocupe las zonas de conflicto para mitigar las graves consecuencias que está sufriendo la población civil.

Aquí escuchamos a José Guillermo Londoño, jefe adjunto del CICR en Cali describiendo los distintos conflictos armados internos que se viven en Colombia

¿Y la Paz Total?

Las cifras del informe y las conclusiones del mismo, muestran un deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia. Esta situación podría poner en riesgo una de las apuestas más grandes del Gobierno de Colombia: la Paz Total. Los analistas Diego Arias y Germán Ayala, nos compartieron sus percepciones y las posibilidades que tiene hoy, en medio de la difícil situación humanitaria.

Para Arias, la Paz Total no está teniendo un efecto positivo en materia de orden público, ni de garantía de los derechos humanos de las personas. Además “no está claro que se esté cumpliendo con el cese al fuego. Aquí (suroccidente de Colombia) hay presencia del ELN y de las disidencias y en ningún caso se puede comprobar que haya disminuido la intensidad de las hostilidades”.

En ese mismo sentido, Germán Ayala dice que uno de los problemas para que planes como la Paz Total tengan efecto, es la precaria o nula presencia del Estado en zonas rurales y mientras ello continúe, no es posible garantizar la seguridad y otros derechos plenamente. Pero añade que el otro factor es que “el Estado no tiene el monopolio de las armas. La pregunta es ¿de dónde sale tanta arma?”. El analista dice que tras la reciente denuncia de tráfico de armas de uso privativo la Policía, hay que pensar que “mientras no se rompa eso, será imposible para el Estado lograr algo”.

A Diego Arias, por su parte, le preocupa que el Estado no pueda ocupar las zonas en conflicto porque “si no lo hizo cuando las FARC abandonaron esos territorios, cuando era el mejor momento, mucho menos lo va hacer ahora cuando las hostilidades han aumentado”. Reconoce, eso sí, que el Gobierno sí tiene un plan claro para llevar toda su oferta (social, económica, de seguridad) a muchos territorios, pero señala que el momento no es el más adecuado porque implica una victoria militar que cada vez es más lejana porque, reitera, no se logró cuando las FARC dejaron las armas.

El ambicioso plan de la Paz Total ha implicado intentar dialogar con varios grupos armados al mismo tiempo, lo que ha generado críticas. Recientemente, el presidente Gustavo Petro, ordenó reactivar las operaciones militares contra el Clan del Golfo y Germán Ayala señala que esa idea en particular “nació muerta” porque dicho grupo ha tenido control territorial del Bajo Cauca antioqueño por muchos años, producto, entre otras cosas de lo que el analista llama “mal proceso de desmovilización de las Autodefensas” y está vinculado a la minería ilegal y el narcotráfico porque lo que un Gobierno que pretenda luchar contra esos flagelos de la manera en la que lo plantea Petro, encontrará una gran resistencia, haciendo imposible el éxito.

Finalmente, Diego Arias dice que “basta con que una parte de la ecuación no salga bien para que el resto termine mal”. Habla, por ejemplo, de lo que sucede en el Chocó en donde se planteó una serie de medidas para aliviar las consecuencias del conflicto en la población civil, una de ellas, el cese al fuego entre el Estado y el ELN, pero “resulta que las mayores disputas en esa zona, la del Bajo San Juan, son entre el ELN y el Clan del Golfo. ¿Entonces qué tipo de alivios humanitarios pueden implementarse si el Clan no va a estar en la dinámica del cese al fuego?