Abril 7 - 2021

Texto elaborado y publicado originalmente en La Cola de Rata y amablemente cedido para compartirlo con nuestra audiencia

La mayoría de capturados y muertos durante los enfrentamientos son muchachos entre los 16 y 25 años, que ni siquiera participaron de los ciclos anteriores de confrontación...

Texto Camilo Alzate – Fotografías de Santiago Ramírez

Fue a mediados de diciembre que el sacerdote Adriel Ruiz escuchó a los vecinos del Lleras la historia de un muchacho al que recién habían desaparecido junto a dos más del barrio Juan XXIII. Su falta fue encontrarse en el mar unos costales flotando con varios kilos de cocaína. La Fiscalía emprendió investigaciones y un testigo aportó las coordenadas donde se supone que estaban enterrados los tres: era en la zona de baja mar, atravesando el estero San Antonio, sobre una isla frente al barrio Lleras de la comuna 3, donde Adriel ha desempeñado un fuerte liderazgo social y comunitario con la Casa Cultural de la Memoria.

Por eso los investigadores lo buscaron para que consiguiera un bote con qué cruzar hacia el estero. Adriel se negó, está amenazado por las bandas de la zona y debe andar con un esquema de protección que incluye escoltas desde julio del año pasado. Al final, unas lanchas de la Armada llevaron a los de la Fiscalía, pero la marea no los dejó avanzar mayor cosa y tuvieron que retirarse. Cuando regresaron veinte días más tarde, en enero, sólo hallaron un cadáver descompuesto. Era el muchacho del barrio Lleras.

Esta anécdota revela la amalgama de violencia y desgobierno en que está sumida Buenaventura desde hace décadas. "Lo que estamos viviendo ahora es lo mismo que empezó hace veinte años, pero con actores distintos", zanja Adriel Ruiz. "Muchas de las cosas que suceden aquí no se deciden acá, las deciden quienes tienen intereses en Buenaventura, intereses tanto legales como ilegales".

Y todo indica que decidieron prenderle fuego de nuevo a la ciudad. A mediados de marzo nuestro equipo recorrió la isla de Cascajal, en la que se apeñuscan las terminales portuarias y logísticas, el centro y las zonas de baja mar más afectadas con la violencia. En El Firme una religiosa narró el asesinato a bala de una tendera: su victimario fue un niño al que no quiso entregar una botella de licor. La semana anterior a nuestra llegada hubo balaceras por las noches y muertos en el barrio Lleras. Tres días antes en Pueblo Nuevo bajaron un muchacho de un taxi para matarlo delante de los vecinos.

Cada día hay atracos, extorsiones, asaltos en los que derriban a la gente de sus motos para luego cobrar un "rescate" por la moto robada. La percepción general es que Buenaventura nunca había vivido una crisis igual, donde la pugna territorial se confunde con un brote de delincuencia común sin precedentes. Algunos como el defensor público Alberto Sandoval lo atribuyen a la catástrofe económica de la pandemia.

La Policía asegura que ha "neutralizado" a más de 90 miembros de las bandas en lo corrido del año. La mayoría de capturados y muertos durante los enfrentamientos son muchachos entre los 16 y 25 años, que ni siquiera participaron de los ciclos anteriores de confrontación en los años 2000, 2008 y 2013. "Terminan sacrificados en una violencia que se determina desde otras esferas", concluye Adriel Ruiz, quien no cree en esa narrativa oficial de que el problema son unos pandilleros disparándose por una plaza de vicio o peleando un cargamento de cocaína. No obstante, esa es la explicación de bolsillo de las autoridades, para quienes toda la crisis se reduce a que la banda de los 'Shotas' la emprendió contra 'Los Espartanos', o a que 'La Empresa' mantiene disputas con 'La Constru' y 'Los Urabeños', y así en un relato de nunca acabar.

En 2020 el número oficial de homicidios fue de 120, una cifra inferior a los peores años del conflicto con el famoso pico entre 2000 y 2001, cuando la disputa territorial entre los paramilitares y las FARC dejó 440 muertos. Pero las estadísticas señalan que la tendencia viene al alza: en 2017 se registraron 67 homicidios, 91 en 2018 y 100 en 2019. Algo similar sucede con los casos de desaparición forzada: hubo 6 en 2019 y más de 50 en 2020. En sólo dos meses de 2021 Adriel Ruiz ya había contabilizado una decena de desapariciones.

"Todos creen que el conflicto arrancó el 30 de diciembre, eso lo repiten los medios, las ONG, el país en pleno, pero lo de diciembre sólo fue la manifestación de algo que ya habíamos alertado", le explicó el líder social Orlando Castillo a Juliette de Rivero, representante de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, durante un recorrido por el barrio La Playita y Puente Nayero el 15 de marzo. Castillo se refería a los enfrentamientos que empezaron a fines del 2020 y que se cobraron siete víctimas el último día del año, cuando pandilleros armados con fusiles rodaron en motocicleta repartiendo el terror a domicilio, imágenes que algunos vecinos grabaron con sus teléfonos y luego se volvieron virales.

La oficina de la Alta Comisionada publicó un comunicado el 19 de marzo, tres días después de su visita al puerto, confirmando que tan sólo en los dos primeros meses de 2021 ya tenía registros del "homicidio de 41 personas; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento forzado de más de 8.000". Juliette de Rivero se mostró muy preocupada en Puente Nayero y recalcó la urgencia de que el gobierno colombiano se comprometa con la implementación de los acuerdos de paz.

 

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"La institucionalidad no funciona, la Fiscalía no funciona, la Fuerza Pública sí, pero en contubernio con las estructuras armadas", dice Orlando Castillo en el salón de su casa una vez la visita de la ONU se ha retirado y el barrio regresa a la agobiante normalidad de siempre. El mar revuelve olas bajo nosotros mientras al fondo cruzan buques descomunales y las minúsculas canoas de los pescadores, que salen a la faena desde los barrios vecinos. Los soldados de la Armada patrullan por los palafitos haciendo equilibrio para no irse al agua, donde un grupo de hombres sigue empujando un bote por el barranco de la calle hasta echarlo a flotar.

Orlando Castillo es pequeño y ligero como una hojita de mangle rojo, y su voz es tan suave que uno no logra compaginar esa apariencia de fragilidad con la fortaleza para aguantar más de cuarenta amenazas de muerte, varios atentados a bala y la presión de los grupos armados, a los que se enfrentó muchas veces denunciando las tenebrosas "casas de pique" donde descuartizaban a las víctimas, o arrebatándoles personas que llegaron a refugiarse en su barrio, Puente Nayero, el primer espacio humanitario urbano del país, que imita las experiencias de las comunidades de paz de Jiguamiandó, Cacarica o San José de Apartadó, donde se prohíbe el ingreso a cualquier actor armado.

"la élite de este país tiene la necesidad de apropiarse de estos territorios a espaldas de nuestras comunidades".

"En los noventa comienza la ley 70 con la titulación colectiva de los territorios del Pacífico a las comunidades afrocolombianas", recapitula Castillo, "eso riñe con la visión de los poderosos que ya no podían golpearnos jurídicamente, entonces comienza la otra estrategia: el vaciamiento del territorio, la élite de este país tiene la necesidad de apropiarse de estos territorios a espaldas de nuestras comunidades".

Una estrategia cuya estela de daños sigue el curso del dinero. Observando con atención la cartografía de violencia y despojo territorial en Buenaventura, forzosamente hay que notar que en los mismos lugares donde ocurría la confrontación aparecieron megaproyectos de ampliación portuaria, grandes terminales de logística o vías cruciales para la entrada y salida de contenedores.

Toda la ciudad es una alegoría de aquello. Por el puerto pasa el 42 por ciento del comercio exterior colombiano, según datos de la Sociedad Portuaria, lo que deja ingresos al país por más de 5.3 millones de dólares anuales. Un batallón custodia las bodegas y terminales, que se apartan del resto la ciudad con muros blancos coronados con alambre de púas, siempre vigilados por militares y tanquetas del ESMAD.

Al otro lado de esos muros el 80 por ciento de la población vive en la pobreza, la tasa de desempleo duplica el promedio nacional y en 2019 el registro único de víctimas llevaba censados a 222.452 bonaverenses, eso significa que por lo menos la mitad de la población ha sufrido las consecuencias directas de la guerra. "Las audiencias de los paramilitares revelaron cómo fueron los empresarios quienes los trajeron acá, cómo financiaron la violencia más aterradora, que es la de las casas de pique", asegura Adriel Ruíz, "esas responsabilidades no se tienen claras a la hora de abordar el problema".

La diferencia con las violencias anteriores ha sido una respuesta que ni los grupos armados, ni el Estado central esperaban: miles de bonaverenses, muchos de ellos jóvenes, se echaron a las calles exigiendo una intervención integral de la institucionalidad, para que detuviera el desangre, claro, pero ante todo reclamaban saldar la deuda histórica que la nación conserva con Buenaventura y sus habitantes.

Leonard Rentería fue la voz más visible de las últimas protestas que paralizaron el puerto durante días. Una entrevista suya con Blu Radio se hizo viral en las redes sociales cuando con tono fuerte y exaltado desenmascaró el racismo de los periodistas. "Este territorio le ha permitido a Colombia acceder a la riqueza y los recursos económicos, pero no nos ven como parte fundamental de la nación, siguen creyendo que por ser afrocolombianos somos inferiores al resto del país, entonces no hay necesidad de intervenir en Buenaventura", se queja Rentería en una placita aledaña al malecón, mientras gesticula frunciendo el ceño de rapero acostumbrado a las multitudes. Acá hay otra cara de Buenaventura: el malecón rebosa de familias que se sacan selfies, que juegan con sus niños. Son tantas que casi no caben amontonadas en uno de los pocos lugares seguros y tranquilos de la ciudad.

Leonard lidera procesos culturales en algunos de esos barrios violentos y abandonados, donde es más fácil toparse con los militares de la Armada en cada esquina que con el agua corriente, el alcantarillado o una oferta laboral decente para los jóvenes. "Nosotros sí podemos soportar décadas de humillación y de maltrato, pero ellos ¿no pueden aguantar una semana o quince días sin mercancía? –insiste Rentería– "¿cuándo harán un debate serio sobre la realidad y la vida de los negros y los indígenas que vivimos en el Pacífico?".

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Aún no son las nueve de la mañana en Puente Nayero. Dos hombres en el salón beben a pico de botella una balsámica amarga, con un entusiasmo que no alcanza para emborracharse. Uno ya es viejo, el otro se resiste a dejar de ser muchacho. Ese, al que llaman 'Benito' o 'Tocayo', está recordando esa noche hace más de diez años cuando dos paramilitares lo buscaban para matarlo. Pasaron frente a él, nunca lo reconocieron.

Sigo aquella conversación, que debe haberse repetido quién sabe cuántas veces en cuántas bocas por estos callejones de barro y cascajo, mientras el mar irrumpe atrás de las vigas de madera: los cargueros faraónicos conviven con los pescadores, con sus redes enredadas desde siempre, con los pelícanos distraídos que le ponen el pecho a la lluvia menuda al fondo, allí donde comienza el estero San Antonio y donde todos creen que hay sumergidos más de mil desaparecidos de las guerras pasadas, tan presentes.

*Investigación realizada con apoyo de Open Society Foundations.