El aborto en Colombia: primera parte
En Colombia, la ley avala la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales definidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. Han pasado ya 8 años de dicha decisión y aún el tema es debatido en el país. Dos visiones se enfrentan. Cada una defendiendo el derecho a la vida. Sin embargo, más allá de la discusión, que en muchas ocasiones sobrepasa lo jurídico y se torna religiosa y moral, la jurisprudencia es clara por lo que no se puede ignorar que la salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental protegido por la Constitución de 1991. Primera entrega de esta serie.
El aborto en Colombia: primera parte
Agosto 31-2014
Por Jorge Luis Galeano
En Colombia, la ley avala la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales definidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. Han pasado ya 8 años de dicha decisión y aún el tema es debatido en el país. Dos visiones se enfrentan. Cada una defendiendo el derecho a la vida. Sin embargo, más allá de la discusión, que en muchas ocasiones sobrepasa lo jurídico y se torna religiosa y moral, la jurisprudencia es clara por lo que no se puede ignorar que la salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental protegido por la Constitución de 1991.
En ese sentido, mientras desde la ley no se disponga otra cosa, las entidades y funcionarios públicos y privados del sistema de salud están en la obligación de garantizarle a la mujer la protección del derecho de decidir sobre su cuerpo.
Fuente: Profamilia
Según un estudio presentado por el instituto alemán Guttmacher, más de 102 mil mujeres fueron atendidas en el sistema de salud por complicaciones de abortos mal practicados en 2013 y en 2008, el 99.2% de dichas intervenciones fue clandestina. La sentencia expresa prohibiciones claras que impidan que una mujer o niña pueda ejercer su derecho de pedir una interrupción voluntaria del embarazo, entre otras, están:
Fuente: Profamilia:
El debate sigue abierto pues la Procuraduría ha pedido la nulidad de dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos de mujeres y niñas que pidieron la interrupción voluntaria del embarazo, una de ellas se refiere al de una niña de 12 años a quien se le negó la intervención y cuya EPS fue sancionada y obligada a pagar una indemnización a la menor de edad por haberle violentado un derecho fundamental.
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