Mayo 29 – 2026

Por Jorge Luis Galeano

El debate sobre el futuro del conflicto armado en Colombia se concentra en la viabilidad de los modelos de pacificación institucional. Frente a la estrategia de acercamientos simultáneos con organizaciones ilegales, la propuesta de gobierno de la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia Laserna plantea una reconfiguración hacia la seguridad territorial con énfasis en la acción de la Fuerza Pública. Este enfoque busca responder a una realidad humanitaria caracterizada por la persistencia de las economías ilegales, el confinamiento de comunidades y el aumento en las agresiones a defensores de derechos humanos.

Los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) a abril de 2026 consolidan un acumulado histórico de 9.115.103 personas afectadas por el desplazamiento forzado desde 1985. Aunque las estadísticas estatales mostraron una reducción de este fenómeno entre 2013 y 2017, las dinámicas de confrontación rural entraron en un nuevo ciclo de incremento. El informe anual de Human Rights Watch (HRW) detalla que la violencia forzó la salida de sus hogares de 64.000 personas solo en la región del Catatumbo debido a incursiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sumándose a las mediciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que reportó 79.500 víctimas de desplazamientos masivos en los primeros ocho meses del año previo.

Frente a este escenario de movilidad forzada y confinamiento, que según la OCHA mantuvo bloqueadas a 137.000 personas en sus veredas por disputas armadas, la propuesta de gobierno de Valencia se desmarca de las mesas de diálogo y se enfoca en la recuperación operativa del territorio. La estrategia se soporta en el “Plan 30-30”, concebido para incorporar 30.000 nuevos militares y 30.000 policías al pie de fuerza nacional, respaldado por una adición presupuestal de 20 billones de pesos en el sector defensa.

Durante su ejercicio en el Senado, Valencia centró sus debates de control político en la afectación de la seguridad en el suroccidente del país, argumentando que los ceses al fuego debilitaban la presencia del Estado. Su programa traslada esta postura a la militarización inmediata de las vías y el uso de tecnologías de ciberinteligencia para disolver los cercos que los grupos armados imponen a las poblaciones rurales.

El panorama de los derechos humanos expuesto por los organismos internacionales evidencia rezagos en la protección de las comunidades vulnerables y en la judicialización de las conductas criminales. HRW señala un incremento del 81% en el reclutamiento forzado de menores, pasando de 342 casos a 625 en el último registro consolidado por la Defensoría del Pueblo, junto con un alza del 145% en civiles afectados por artefactos explosivos y drones de uso bélico. Asimismo, la violencia contra liderazgos comunitarios persiste como un factor crítico, con 157 nuevas denuncias de asesinatos recibidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, frente a un sistema judicial donde la Fiscalía General de la Nación ha logrado condenas en el 16,5% de los casos investigados desde 2016.

La respuesta programática de la candidatura de Valencia ante los indicadores de homicidio (que en el RUV registra 846.697 víctimas históricas entre directas e indirectas) y desaparición forzada se fundamenta en el fortalecimiento de la justicia ordinaria y el rechazo a los tratamientos penales especiales. Como legisladora, la senadora radicó iniciativas para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), buscando separar el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública y endurecer las restricciones de libertad a los excombatientes. En un eventual gobierno, su política prescinde de leyes de sometimiento con beneficios económicos o rebajas de penas extraordinarias para grupos como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. El diseño institucional contempla la creación de fiscalías especializadas por estructuras delictivas y el despliegue de juzgados itinerantes de respuesta rápida en corregimientos apartados, complementado con el aislamiento tecnológico de los centros penitenciarios para mitigar las redes de extorsión.

El análisis de las condiciones de vida en las zonas de mayor afectación por el conflicto armado revela una brecha económica estructural. De acuerdo con las agencias de supervisión, la tasa de pobreza multidimensional en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se ubicó en un 24,4%, cifra que duplica la media nacional del 11,5%. A este factor socioeconómico se añade el impacto ambiental en Parques Nacionales Naturales, donde las organizaciones criminales instrumentalizan a la población rural para la expansión de cultivos de uso ilícito y la deforestación, la cual alcanzó las 113.608 hectáreas anuales en los monitoreos oficiales.

Para contrarrestar estos índices, el modelo de paz de la aspirante presidencial articula las herramientas de formalización económica que impulsó en el Congreso, tales como la Ley de Escalera de la Formalidad (Ley 2254 de 2022), con un subsidio estatal del 40% del salario mínimo para el primer empleo de jóvenes víctimas en áreas vulnerables. No obstante, su propuesta introduce una reforma a la focalización geográfica: expandir los recursos de inversión a municipios que no están incluidos en los mapas PDET pero que registran altos índices de pobreza y flujos de población desplazada. En el plano ambiental, en consonancia con su postura legislativa de rechazo a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú por consideraciones de soberanía, la estrategia gubernamental define la conservación de las reservas naturales como un asunto de seguridad nacional. El plan contempla la expulsión militar de las estructuras armadas en la Amazonía y el Chocó biogeográfico, enlazando la recuperación de la soberanía estatal con incentivos directos a través de pagos por servicios ambientales bajo la modalidad de familias guardabosques.