Mayo 28 – 2026 

Por Jorge Luis Galeano

El panorama humanitario actual de Colombia, muestra una reactivación de las dinámicas de confrontación y control social en diversas regiones del país. Los datos oficiales y los análisis de organismos internacionales revelan que la población civil continúa siendo afectada por las acciones de estructuras armadas de diversa índole, en un contexto de transición política hacia un nuevo periodo presidencial.

El balance de la organización Human Rights Watch (HRW) correspondiente a 2026 señala que las estrategias de control poblacional mediante economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación persisten bajo el accionar de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia) y las distintas vertientes de las disidencias de las antiguas FARC (Estado Mayor Central, Estado Mayor de Bloques y Frentes, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano).

Este escenario coexiste con la propuesta gubernamental del penalista Abelardo de la Espriella, cuyo programa de gobierno se fundamenta en el sometimiento judicial y el ejercicio de la fuerza del Estado, prescindiendo de los modelos de negociación política con agrupaciones al margen de la ley.

El rezago en la estabilización de los territorios se refleja en el indicador del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte a abril de 2026, el cual reporta que el desplazamiento forzado acumula históricamente más de 9 millones de víctimas. El informe de HRW complementa esta realidad con los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicando que más de 137.000 personas sufrieron confinamiento obligatorio por combates y amenazas, mientras que la región del Catatumbo registró la salida forzada de 64.000 personas debido a las disputas territoriales del ELN.

Frente a este estancamiento humanitario, la plataforma programática de De la Espriella plantea la sustitución de las mesas de diálogo por una política de control territorial directo y la reconstrucción operativa de la Fuerza Pública. La propuesta del candidato contempla la creación de frentes de seguridad local, un Bloque de Búsqueda contra la extorsión y una Primera Línea de Seguridad conformada por reservistas y veteranos de las fuerzas militares.

Este enfoque de seguridad privada y despliegue militar se cruza con la trayectoria del abogado, quien ha mantenido vínculos estrechos con la reserva activa y sectores institucionales de la seguridad nacional. Asimismo, el informe de HRW advierte sobre los desafíos en la rendición de cuentas de la Fuerza Pública, mencionando eventos como el uso de bombardeos donde fallecieron menores de edad reclutados forzosamente, y la persistencia de limitaciones en la jurisdicción de la justicia penal militar para procesar violaciones a los derechos humanos.

La sustitución del marco de la Paz Total por el modelo de Patriotismo Constitucional de De la Espriella redefine la manera de abordar el narcotráfico y las finanzas criminales, elementos que HRW señala como combustibles de la violencia actual. El programa del candidato estipula la erradicación forzada y fumigación aérea de 330.000 hectáreas de coca, acompañada de mecanismos de “extinción de dominio express” para el desmantelamiento de activos ilícitos.

Esta línea de acción se nutre de la experiencia técnica de De la Espriella en el derecho penal financiero y corporativo. Su firma abanderó defensas complejas en litigios de activos y representó inicialmente a David Murcia Guzmán en el caso de la captadora ilegal DMG, lo que le otorgó conocimiento sobre el funcionamiento de las redes de lavado de dinero y flujos de capitales en efectivo.

Por su parte, el tejido social que recibiría estas medidas muestra un acumulado de daños severos según el boletín de abril de 2026 del RUV: el homicidio registra 846.697 víctimas totales —desglosadas en 153.803 directas y 868.661 familiares indirectos—, mientras que la desaparición forzada afecta a 49.419 personas de forma directa y a 288.370 de manera indirecta. El informe de HRW resalta que la violencia también afecta la conservación ambiental, pues las disidencias imponen la deforestación (registrando 113.608 hectáreas afectadas en el último ciclo) como método de presión y financiamiento, configurando un escenario donde la efectividad de la justicia penal ordinaria propuesta por la campaña medirá su capacidad de respuesta frente a las economías rurales e ilegales.

Un eventual gobierno de De la Espriella implicaría una redefinición de la relación del Ejecutivo con los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El candidato ha manifestado su rechazo a otorgar tratamientos penales especiales a organizaciones criminales, promoviendo en su lugar el fortalecimiento del sistema carcelario ordinario como centro de contención y cumplimiento estricto de penas.

El reporte de HRW describe el estado actual de la justicia transicional en el país, resaltando que la JEP emitió sus primeras sentencias condenando a miembros del Secretariado de las FARC por el secuestro de 21.396 víctimas y a 12 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, imponiendo sanciones de ocho años de restricción de la libertad sin prisión efectiva, decisiones que fueron apeladas por las organizaciones de víctimas debido a la ausencia de perímetros de vigilancia estrictos.

La visión punitiva de De la Espriella, manifestada a lo largo de su trayectoria en la representación de víctimas en casos de alto impacto como los de Rosa Elvira Cely o Natalia Ponce de León donde exigió las máximas penas del código penal, se contrapone al esquema de sanciones propias de la JEP. Bajo su premisa de que la Constitución es el límite del poder pero la ley penal debe aplicarse sin concesiones políticas, la interacción entre su modelo de sometimiento estatal y las instituciones transicionales vigentes marcará el diseño institucional de la justicia y la seguridad ciudadana en el corto plazo.