Mayo 27 – 2026

Por Jorge Luis Galeano

La campaña electoral en Colombia en 2026 no ha sido ajena a la ausencia de debates de ideas y propuestas de gobierno y a la abundancia de información de mala calidad que le impide a la ciudadanía decidir libremente por quién votar. En ese sentido, y faltando pocos días para la primera vuelta presidencial, ofrecemos un resumen de las propuestas de las tres candidaturas más opcionadas en un tema clave: la paz. Análisis hecho a partir de la trayectoria de quienes aspiran a ganar, sus propuestas concretas y dos de los informes que describen la actual situación de derechos humanos y conflicto armado en el país: el de Human Rights Watch (HRW) 2026 y los datos más recientes del Registro Único de Víctimas (RUV). Iniciamos con Iván Cepeda.

Un poco de contexto: el informe de Human Rights Watch (HRW) de 2026 señala que la violencia en Colombia se ha reconfigurado en algunos territorios debido a la expansión de organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC —entre ellas el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba” y alias “Andrey Avendaño” y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)— y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Estos grupos operan mediante el control de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) a abril de 2026, el conflicto armado acumula históricamente 846,697 víctimas de homicidio (153,803 directas y 868,661 indirectas).

El escenario de orden público de cara al periodo electoral de 2026 registró eventos de gravedad como el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, además de la suspensión de las negociaciones con el ELN en enero de 2025 debido a las ofensivas y afectaciones a civiles registradas en la región del Catatumbo, mientras que las conversaciones con otras estructuras como el EMBF, el CNEB y el EGC han reportado avances limitados.

Frente a esta situación, la propuesta de gobierno del candidato presidencial Iván Cepeda plantea la continuidad de los acercamientos amparados en la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), norma de la cual fue coautor y ponente durante sus 12 años en el Senado de la República. Sin embargo, su programa de campaña propone cambiar la metodología y establecer condiciones inamovibles, estableciendo una línea no negociable: el cese del asesinato de líderes sociales y firmantes de paz para mantener la vigencia de cualquier mesa de diálogo.

El diseño gubernamental que proyecta la candidatura de Cepeda propone sustituir las estrategias convencionales de seguridad por el modelo que llama de Seguridad Humana, enfocado en la provisión de derechos básicos como el agua, la tierra, la educación y el empleo, con el fin de intervenir los factores que facilitan la presencia de los grupos armados ilegales en las zonas rurales. Esta visión busca aplicar de forma prioritaria los recursos estatales en los 170 municipios bajo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en donde HRW documenta que, para 2026, la tasa de pobreza (24,4 %) duplica la media nacional (11,5 %), lo que coincide con los retrasos en la implementación del componente de reforma rural del Acuerdo de 2016, aspectos que la Corte Constitucional ordenó evaluar en septiembre de 2025 debido a deficiencias en la unidad responsable.

Los datos oficiales del RUV de abril de 2026 reflejan que el desplazamiento forzado es el hecho victimizante con mayor impacto acumulado en el país, registrando más 9 millones de personas afectadas desde 1985. Aunque entre 2013 y 2017 se presentó una tendencia a la baja, las estadísticas muestran un repunte a partir de 2018, identificando cifras críticas en 2021 (62,268 víctimas) y 2022 (72,696 víctimas). El 2025 se situó como el periodo con mayor afectación por desplazamientos masivos dentro del registro histórico analizado, sumando 82.118 personas civiles afectadas en 133 eventos de confinamiento o expulsión.

La evaluación de HRW complementa este panorama al reportar que sólo entre enero y agosto de 2025, más de 79,500 personas sufrieron desplazamientos masivos, concentrados en gran medida en el Catatumbo por disputas territoriales del ELN, una cifra que superó en un 53% el total registrado en todo el 2024. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que 137,000 personas permanecieron bajo la condición de confinamiento por amenazas o combates armados en el mismo lapso, al tiempo que las víctimas por artefactos explosivos aumentaron en un 145% y los ataques con drones con explosivos crecieron en un 138%. El informe de HRW añade que, a la fecha de corte, solo el 17 % de los más de 10 millones de víctimas registradas en Colombia ha recibido la correspondiente indemnización administrativa por parte del Estado.

Frente a la persistencia de la crisis humanitaria y la saturación de las capacidades locales para atender a la población desplazada, la plataforma de Cepeda plantea como solución jurídica la prórroga por cuatro años más del periodo de implementación del Acuerdo de Paz de 2016, bajo el argumento de subsanar los tiempos de ejecución que la campaña considera interrumpidos en mandatos previos. Este enfoque guarda relación con su trayectoria en el Senado, donde impulsó la transformación de la Comisión de Paz en una Comisión Legal Permanente de la Ley 5ta, orientada al seguimiento técnico y presupuestal de las obligaciones del Estado con las comunidades afectadas.

Además se plantean tres acciones que, para el candidato, son fundamentales para luchar en contra del desplazamiento forzado y el confinamiento de las comunidades:

• Soluciones duraderas y retorno digno: ejecución de un documento CONPES específico de soluciones duraderas que contemple inversiones por un valor de 10 billones de pesos, distribuidos en los próximos diez años, destinado a asegurar las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad en los procesos de retorno de las poblaciones afectadas. Asimismo, plantea la inclusión formal del exilio y el desplazamiento transfronterizo dentro del catálogo de hechos victimizantes sujetos a los derechos de verdad, justicia y reparación.

En materia de restitución de tierras, se establece el compromiso de agilizar la devolución de predios despojados a familias campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, mediante la transferencia directa a las víctimas de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación.

• Implementación de la Seguridad Humana: Esta línea contempla la optimización de los sistemas de alerta temprana y la instauración de mecanismos de monitoreo participativo para anticipar la ocurrencia de desplazamientos.

Para contener el accionar de los grupos armados ilegales que generan el abandono de los territorios, se plantea el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad encaminado a desarticular las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Adicionalmente, el programa busca unificar iniciativas como “Jóvenes en Paz” para vincular a la población juvenil a ofertas de educación y empleo como estrategia de prevención frente al reclutamiento forzado, fenómeno que según datos de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas registró incrementos entre 2024 y 2025.

• Transformación del territorio y reparación colectiva: la propuesta establece la atención prioritaria sobre cerca de 40 pueblos indígenas identificados en riesgo de extinción debido a las dinámicas sistémicas de violencia y despojo de sus territorios ancestrales, articulando el programa bajo la premisa de centrar la gestión gubernamental en la dignidad y el testimonio de las víctimas como eje de las garantías de no repetición.

La situación de los derechos humanos analizada por HRW detalla un incremento en las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, registrando al menos 1,500 homicidios desde 2016 según la Defensoría del Pueblo, y 157 nuevas denuncias recibidas por la ONU entre enero y septiembre de 2025. El informe indica debilidades en los índices de judicialización: la Fiscalía General de la Nación investigó 1.381 casos de homicidios contra defensores entre 2016 y 2024, formulando cargos en el 38 % de ellos y logrando condenas en el 16,5 %. En lo que respecta a la desaparición forzada, el RUV contabiliza 49.419 víctimas directas y 288.370 familiares en calidad de víctimas indirectas.

La propuesta programática de Iván Cepeda aborda esta problemática mediante dos ejes: la elevación a prioridad nacional de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas a través de la implementación integral de la Ley de Mujeres Buscadoras —iniciativa de su autoría en el Senado— y el establecimiento de una instancia judicial de máximo nivel para el juzgamiento del genocidio y crímenes contra la humanidad que involucre a determinadores políticos y económicos. En su ejercicio parlamentario, Cepeda fue coautor de la Ley 1719 de 2014, enfocada en garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una conducta que, según la Defensoría del Pueblo, ha mostrado incrementos en 2024 y 2025, vinculada en un 60 % a redes de explotación sexual.

Finalmente, HRW documenta que en septiembre de 2025 la JEP dictó sus dos primeras sentencias, condenando a siete antiguos integrantes del Secretariado de las FARC por secuestro, tortura y violencia sexual, y a doce exmiembros del Ejército por 135 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Ambas decisiones impusieron la sanción propia de ocho años de restricción efectiva de la libertad sin prisión ordinaria. Estas sentencias fueron apeladas por las organizaciones de víctimas bajo el argumento de que el tribunal no definió un sistema de vigilancia estricto ni delimitó de forma clara los perímetros de movilidad de los condenados. La plataforma electoral del candidato apunta a respaldar estos esquemas transicionales buscando corregir las observaciones operativas formuladas por las asociaciones de víctimas afectadas por el conflicto.