Mayo 17 - 2023 

El nuevo Fiscal sería el detonante del Golpe de Estado  

Por Germán Ayala Osorio
Analista político 

Lo del golpe de Estado contra Petro no se reduce a la amenaza del vociferante coronel Marulanda. El asunto podría ser más serio de lo que parece. Quizás el coronel retirado y expresidente de Acore cometió la imprudencia de expresar públicamente su deseo de defenestrar (echar, lanzar, arrojar) al presidente de la República. Es probable que el mismo oficial (R) tenga información delicada que no supo manejar por su evidente inquina hacia el presidente de la República por ser de izquierda y haber sido guerrillero.

Hay una sumatoria de hechos y de acciones que hacen probable que agentes económicos y políticos de la sociedad civil estén pensando seriamente en tumbar a Petro. Las reformas a la salud, pensional y laboral tocan intereses de poderosos grupos de poder. Eso, en el marco de la legalidad y la institucionalidad. Ya en el mundo de la ilegalidad, la apuesta presidencial de golpear las finanzas de los narcotraficantes, quitándoles el dinero y la droga, tiene en graves aprietos no solo a los narcotraficantes, sino a los agentes encargados de inyectar a la economía formal el exceso de ganancia de dicha actividad ilícita. Los oficiales que el gobierno retiró por tener vínculos con las mafias, brindarían apoyo a los políticos y empresarios golpistas.

Expongo como hipótesis que el punto de quiebre que determinaría la salida inconstitucional de sacar a Gustavo Petro de la Casa de Nariño está en la elección del próximo fiscal general. Es ahí en donde los golpistas tomarían o no la decisión. Desde los nombres que proponga el presidente en la terna que le pasará en unos meses a la Corte Suprema de Justicia, hasta la elección final que tomará el alto tribunal.

Esa posible amenaza contra el orden constitucional bien podría obligar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a devolverle la terna al presidente una y otra vez, hasta desatar una crisis y un enfrentamiento entre los dos poderes. En medio de esa crisis, los defenestradores cumplirían con el objetivo de echar al presidente por uno de los balcones de la Casa de Nariño. El trabajo de análisis de los magistrados de la CSJ no estaría ceñido exclusivamente a reparos de las hojas de vida de los ternados. Por el contrario, estarían dadas para evitar -o facilitar- el golpe de Estado.

Los amigos de la temeraria acción de defenestrar al presidente de la República temen que Petro y la CSJ coincidan en elegir a un fiscal de verdad, probo penalista y no un juguete más de las mafias que por años se enquistaron en el Estado. La sugerencia del canciller Leyva Durán de conformar una comisión internacional, con el apoyo de la ONU, que investigue los más graves actos de corrupción en Colombia, tiene muy nerviosos a agentes económicos de la sociedad civil que podrían estar dispuestos a apoyar una aventura golpista de consecuencias inimaginables. Insistir en develar el entramado de corrupción en el caso Odebrecht podría ser el detonante de la acción criminal de los golpistas. El gobierno de Biden tiene los ojos puestos en ese asunto y en eso coincide con el presidente Petro.

Ya veremos en seis meses qué sucede con la terna de donde saldrá el remplazo del ladino e inefable fiscal Barbosa. Todo dependerá del nivel de crispación entre Petro y el viejo establecimiento, incluida las relaciones con la prensa tradicional. Concuerdo con la lectura que hace Álvaro Forero en reciente columna en El Espectador: “Petro puede concluir que insistir en negociar con el establecimiento es estéril, que lo llevaría a una situación política y electoral precaria como la de Boric en Chile, y que el camino que le queda es el de AMLO en México, quien sin hacer grandes reformas institucionales ha conseguido un poder y una popularidad altos recurriendo a la división de la sociedad y al fustigamiento diario de los sectores políticos y económicos que se le oponen, saltándose permanentemente a los medios de comunicación”.

Por todo lo anterior, no hay que descartar lo del golpe de Estado. Petro debe medir hasta dónde está dispuesto a llegar con su objetivo de desmontar las redes de corrupción y la podredumbre que se naturalizaron en la operación del Estado. Puede, al final, entender que es mejor pactar con esa parte del establecimiento y terminar su gobierno, logrando algunas reformas.