Octubre 7 - 2018 

Por Federico Pérez Bonfante

Hace un año, exactamente el 4 de octubre de 2017, el periódico El Tiempo publicó una noticia con el siguiente titular: La crisis que está a punto de estallar en las universidades públicas. En el artículo se afirmaba, entre otras cosas:

"Sin embargo, las quejas de los rectores estatales no son nuevas. Desde hace meses se venían calentando los ánimos. El Sistema Universitario Estatal (SUE) envió al Ministerio por lo menos dos cartas solicitando más recursos para la educación superior. La última tuvo como destinataria la Ministra de Educación, y en esta, los 32 rectores de la alianza le hicieron un fuerte reclamo y demandaron asignación inmediata de los dineros que deben ser asignados por el Congreso de la República para su financiamiento."

Si se rastrean noticias relacionadas con el asunto, se puede concluir que anualmente las universidades públicas, en particular los estudiantes, salen a las calles a reclamar los recursos mínimos para culminar cada uno de los años respectivos. Esto sugiere que hay un problema estructural que permanece intacto, y que solo nos hemos centrado en el síntoma. En otras palabras, que la movilización de las universidades públicas es un acetaminofén para una infección, cuando lo que requerimos es un antibiótico.

En un reciente comunicado del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia se señala: "Una cifra cercana a los 15 billones de pesos de desfinanciamiento acumulado a lo largo de varios años y que sigue creciendo, afecta la viabilidad de las instituciones y crea un escenario de riesgo inminente para la continuidad de sus labores."[i] La razón de tal hueco ha sido el modelo de financiamiento de las universidades públicas, el cual quedó estipulado en la Ley 30 de 1992, particularmente en sus artículos 86 y 87. Estos artículos señalan que las transferencias que reciben las universidades públicas por parte de la Nación crecen de acuerdo al Índice de Precio al Consumidor (IPC).

Esos recursos se ajustaban para financiar la realidad de las universidades públicas en 1992, pero hoy la realidad es otra:

"Entre 2004–2017, la cobertura estudiantil en pregrado creció 57,9 % y en posgrado 184,8 %; los programas de estudio de pregrado y posgrado crecieron 34 % y 96 %, a nivel de maestría 148,4 % y de doctorado 355,6 %; los grupos de investigación aumentaron 103,6 %; el número de artículos publicados en revistas indexadas creció 19,7 %; las patentes otorgadas crecieron 4.160 %; el número de metros construidos para nueva infraestructura física aumentó 86,7 % y la movilidad internacional estudiantil y de profesores colombianos creció 4 % y 292,3 %, respectivamente.[ii]"

Así las cosas, el desarrollo cualitativo de las universidades públicas va en una dirección y los recursos financieros va en la dirección opuesta, lo cual derivará, tarde o temprano, en el colapso de las mismas. Este escenario, que las comunidades universitarias vemos como negativo, resulta positivo en el marco de las ideas económicas que nos gobiernan. Para ser más preciso: las universidades públicas no deben existir (como tampoco los hospitales) o, en el mejor de los casos, deben autofinanciarse.

No me cabe duda que esta es la consigna del Ministro Carrasquilla y todos sus antecesores. Y se han dado pasos en esa dirección con la anuencia de los rectores de las universidades públicas, los cuales, al fin de cuentas, han logrado serlo gracias al respaldo de los gobiernos nacionales y regionales de turno, así como al apoyo de los grupos económicos más poderosos de cada departamento, los cuales tienen asiento en el Consejo Superior, órgano que designa a los rectores. Estos pasos han sido básicamente tres, dos endógenos y uno más exógeno.

En el primero de los casos, las direcciones universitarias han convertido la extensión en el canal para vender "servicios académicos" que permitan a las universidades captar recursos del sector privado, hecho que pone a las universidades en el riesgo de extraviar su camino, toda vez que las mismas empiezan a concebirse como centros comerciales o industrias del saber, cuando la producción de conocimiento lograda en las universidades públicas debería irrigar los sectores más vulnerados de la sociedad sin la expectativa de renta económica. En el caso de la Universidad del Valle, la actual dirección universitaria ha orientado para que la extensión genere recursos de autofinanciación, hecho que sintoniza con el pensamiento económico de lo que ha sido la política de desfinanciación de las universidades públicas.

Se afirma que los recursos generados por las propias instituciones educativas "pueden representar en promedio cerca del 50 % del presupuesto total de las universidades."[iii] De forma contundente podemos señalar, entonces, que ya no tenemos universidades públicas en términos de financiamiento, sino mixtas. La segunda iniciativa que han tomado las direcciones universitarias ha sido el fortalecimiento de la oferta de posgrados, pues estos tienen un costo de matrícula que genera un plus económico en la vía de la autofinanciación. Este mecanismo ha sido impulsado por todas las direcciones universitarias de la Universidad del Valle, y de manera decisiva por la actual. Aclaro, no con esto me opongo a la idea de contar y crecer en posgrados, pero sí a que sea este un mecanismo de autofinanciación.

El paso exógeno ha sido fortalecer el sector privado de educación superior en detrimento de las universidades públicas. Para no extenderme, el mejor ejemplo es el programa SER PILO PAGA, pero no es el único; en Colombia las universidades privadas captan recursos públicos a través de proyectos de investigación y otros caminos.

Así las cosas, y quedando mucha tela por cortar, ya no basta con reclamar una partida presupuestal adicional que permita terminar el año, aunque hay que hacerlo; se requiere una nueva ley de educación superior que fortalezca financieramente a las universidades públicas, que les permita desarrollar todo su potencial intelectual, que democratice la elección de rectores y la constitución del Consejo Superior, de suerte tal que blinde a la universidad pública de los intereses de los grupos económicos y los partidos políticos, que prohíba tajantemente la destinación de recursos públicos a las universidades privadas, que cuente con un presupuesto adecuado para la permanencia estudiantil a través de un Bienestar robusto, así mismo para la investigación y la extensión, todo lo anterior como reivindicación de la autonomía universitaria. Esto exigirá el mejor concurso de quienes constituimos la comunidad universitaria; los jóvenes han sido quienes mejores apuestas han empeñado; los profesores, en términos generales, estamos en deuda.

[i] Se puede consultar a través de la página web de la UDEA. El comunicado se titula Urgente atender la crisis del desfinanciamiento de IES públicas.

[ii] LOGROS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DESFINANCIAMIENTO. Por RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS. Publicado en el periódico El Colombiano el día 30 de agosto de 2018.

[iii] Tomado del artículo LOGROS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DESFINANCIAMIENTO.