Agosto 29 - 2018

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo

A pesar del mensaje que el resultado envía al Congreso de la República, es poco probable que lo preguntado en la consulta se convierta en proyectos de ley y en leyes que prohíban o minimicen las prácticas corruptas ya naturalizadas en las relaciones entre el Estado y los particulares 

Mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil preparaba la logística para la llamada consulta anticorrupción del 26 de agosto del año en curso y una parte del país se alistaba para votar, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, designaba al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, consumado clientelista y corrupto, como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Así de contradictoria es Colombia, su dirigencia política, empresarial, mediática, eclesiástica, académica y por supuesto, el resto de los colombianos que se pueden agrupar en la categoría Pueblo. 

Para confirmar el espíritu contradictorio con el que solemos actuar los colombianos, horas después de finalizada la jornada de votación del domingo 26 de agosto, el presidente de la República se dirigió al país en su primera alocución presidencial, para felicitar a los animadores de la consulta contra la corrupción, a la Registraduría y la institucionalidad democrática, cuando claramente el mandatario no acogió la iniciativa como una bandera de gobierno.

Duque se limitó a decir, días antes de la consulta, que votaría, aunque jamás dijo en qué sentido. Igualmente, el mandatario de los colombianos volvió a mostrarse a favor de luchar contra la corrupción, sin responder a los cuestionamientos que agentes de diferentes sectores de poder político, social y mediático le hicieron por la designación de Ordóñez, quien salió de la Procuraduría General de la Nación porque el Consejo de Estado anuló su espuria reelección.

Y si el Presidente Duque es contradictorio, no podríamos esperar que el grueso de la sociedad mostrara un talante distinto. Por el contrario, de los 36.421.026 ciudadanos habilitados para votar, solo 11.669.069 depositaron su voto en la ya señalada jornada. Es decir, el 32.03% del total del censo electoral.

A pesar de que no se alcanzó el umbral, los promotores de la consulta contra la corrupción y otros tantos ciudadanos insisten en que se trató de un "triunfo" importante. Aseguran, además, que la clase política clientelista y corrupta "quedó notificada" de que hay casi 12 millones de colombianos que están reclamando cambios sustanciales en sus costumbres políticas. Difiero de la postura triunfalista. No se alcanzó el umbral, lo que significa que la consulta fracasó, aunque haya sido por menos de 500 mil votos.

Conocido el resultado, intentaré un ejercicio explicativo de lo acaecido en Colombia este domingo 26 de agosto, en aras de mirar qué puede pasar más adelante con esta sociedad moralmente confundida y políticamente contradictoria.

A pesar del fracaso por no haber alcanzado el umbral (12,140.342 votos), la votación lograda constituye un "triunfo" moral y manda un mensaje claro de un sector importante del censo electoral que está hastiado de los corruptos, de la corrupción y del clientelismo.

Eso sí, no se puede perder de vista que a pesar de que ganó el Sí en todas las siete preguntas, los porcentajes alcanzados por el NO para las mismas, aunque mínimos, dan cuenta de un número de colombianos que podrían estar mandando también un mensaje distinto y que los acerca a ser proclives a no rechazar tajantemente prácticas políticas como las de la contratación pública, que devienen contaminadas por mezquinos intereses particulares (los contratistas, por ejemplo).

Así se trate de porcentajes que no superaron el 1,2% en promedio, hay colombianos que no solo se mostraron en contra lo preguntado en la consulta, sino que bien podrían estar apoyando prácticas corruptas, amparados en la defensa de sus particulares intereses. Por ejemplo, contratistas que rechazan transparencia en los pliegos, en las formas de contratación; congresistas y altos funcionarios del Estado que no aceptan la reducción del salario o que no desean hacer públicos sus bienes. Y otros, que simplemente vieron como inaceptable restringir a tres periodos su paso por el Congreso, cuando, justamente, han hecho ingentes esfuerzos por consolidar una clientela que cada cuatro años les asegura los votos suficientes para mantener una curul.

Lo positivo 

Fue positivo el origen de la campaña y la forma como se hizo la convocatoria: no hubo ofrecimientos de dádivas, tamales, tejas, contratos y demás prebendas que suelen ofrecer los candidatos a ejercer cargos públicos de elección popular.

De igual manera, resulta positivo que 11.669.069 hayan salido a manifestarse en uno y otro sentido, a pesar, insisto, de no haber alcanzado el umbral. Es un número importante que abre una ventana de esperanza de cambio para un país sumido en la desesperanza y en la desconfianza en la democracia. 

Este tipo de ejercicios consultivos sirven para ir, poco a poco, minando la apatía ciudadana y por esa vía, ganar en cultura política, la misma que deviene empobrecida en una sociedad escindida, con un capital social bajo, confundida moral y éticamente y que tiene problemas para entender qué es eso de lo público.

Lo negativo 

El resultado mismo, pues da cuenta de una ciudadanía con una baja o empobrecida cultura política y democrática. En el fondo, lo que exhibió el electorado colombiano el 26 de agosto es una negativa comprensión del sentido de lo Público. Y en eso confluyen y convergen tanto los que no votaron, como los pocos que lo hicieron por la opción del NO, con los políticos corruptos y los funcionarios estatales y privados, involucrados en prácticas y maniobras dolosas, fraudulentas e indignas.

Al no tener claro cuáles son esos asuntos públicos que nos competen discutir y defender a todos, los ciudadanos optan por negarse a participar en consultas como la del domingo en la que se necesitaba demostrar que se tiene la competencia ciudadana para reconocer cuándo un asunto es público, pero por, sobre todo, entender el sentido de votar Sí o No a los interrogantes planteados.

Es claro que se perdió la oportunidad no de acabar con la corrupción, pero si de haber mandado un mensaje contundente a la clase empresarial, militar y política, que de tiempo atrás viene aportando a la naturalización del ethos mafioso] en el que se sostienen las prácticas engañosas y ladinas de congresistas y particulares.

Es un hecho negativo que la clase política en su conjunto no hubiera acompañado el sentido de la consulta. Los partidos políticos exhibieron, nuevamente, su débil liderazgo en el cumplimiento de su función de generar estados de opinión pública. A ello se suma el discreto papel, por llamarlo de algún modo, de los expresidentes Pastrana, Gaviria y Samper, figuras que cada vez generan más animadversión en los electores. En particular los dos primeros, que, junto a Uribe, orquestaron la elección del Contralor General de la República y pusieron en el órgano de control a una ficha política que sin duda servirá al actual Gobierno y a sus propios mentores.

Esperada, pero no por eso excusable, la actitud asumida por el senador Uribe y los miembros de su bancada del Centro Democrático, al rechazar el llamado a la consulta y de hacer parte de una campaña para tergiversar sus alcances. Al final, ordenaron a los miembros de su rebaño, en particular en Antioquia, a no salir a votar ese domingo 26 de agosto. Y así sucedió con el grueso de los llamados miembros del "uribismo" que, a pesar de perder cada día adeptos, se mantiene como una fuerza política importante.

Igualmente, negativo resultó el papel que jugaron los medios masivos. La gran prensa televisiva fue incapaz de hacer pedagogía de la consulta y de confrontar con rigor periodístico la campaña que Uribe y el Centro Democrático emprendieron para confundir al electorado, tal y como lo hicieron el 2 de octubre de 2016, para el plebiscito por la paz.

Lo que se puede venir 

A pesar del mensaje que el resultado envía al Congreso de la República, es poco probable que lo preguntado en la consulta se convierta en proyectos de ley y en leyes que prohíban o minimicen las prácticas corruptas ya naturalizadas en las relaciones entre el Estado y los particulares. 

Mientras se mantengan los niveles de apatía, pobreza cultural y material, incapacidad para entender y defender asuntos públicos; mientras haya física hambre, desempleo, subempleo y la imperiosa necesidad de millones de colombianos dispuestos al Todo Vale, para alcanzar sus objetivos de vida; mientras "salir adelante", como apuesta y proyecto de vida no esté soportado en una férrea ética ciudadana, la corrupción en Colombia seguirá siendo, como hasta ahora, no solo el peor mal de la sociedad colombiana, sino su forma de proceder y de crear toda clase de vínculos. Insisto en que el país necesita de una urgente y sólida revolución cultural.

El problema es que no hemos logrado que sobre esa meta confluyan políticos profesionales, empresarios, banqueros, militares, policías, académicos, intelectuales, sacerdotes, obispos, profesores y estudiantes, entre otros. Es decir, cada uno está defendiendo lo suyo. Al final, los corruptos no quedaron notificados de nada. Nosotros mismos quedamos notificados de nuestra propia incapacidad para transformarnos culturalmente.