Febrero 10 - 2023

Por Jorge Luis Galeano Bolaños 

“No hay agenda” se escucha del otro lado de la línea cuando intento sacar una cita para medicina general en la IPS que me brinda el servicio de salud. Dos semanas seguidas he recibido la misma respuesta y no sé lo que significa ¿No hay doctores disponibles? ¿Están de vacaciones y aún no saben qué turnos tendrán? ¿Hay tantas citas asignadas que no dan abasto?

La respuesta, claro, nunca llega. Yo tengo suerte porque puedo solicitar y pagar una cita por medio de servicios particulares que me aseguran una atención oportuna y de calidad, pero esa no es la suerte de muchas personas que dependen de las Empresas Promotoras de Salud -EPS- y las Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS- para solucionar sus problemas de salud. Y ese es, tal vez, uno de los problemas menos graves del sistema de salud de Colombia que hoy se lleva la atención del país por la reforma que el Gobierno presentará al Congreso.

Esta reforma no es un asunto nuevo y no será el primer intento, pero sí es la que ha logrado un debate más profundo sobre lo que realmente se necesita para hacer que la salud sea, realmente, un derecho humano.

Las miradas son múltiples porque los actores son múltiples y conciliar los retos técnicos y financieros con la idea de la salud como derecho no es para nada fácil. Hay quienes miran hacia las EPS como las responsables de los múltiples problemas que hoy sufren los usuarios. La Organización Defensa del Paciente, por ejemplo, recibió más de “78 mil casos en que las EPS negaron o demoraron autorizaciones de servicios de salud. 76% fueron por lo que está incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS, antiguo POS) y en el 14% pacientes fallecieron esperando: 10.923 muertes evitables”. Todo esto entre 2017 y 2022.

"Apoyamos una #ReformaALaSalud que mejore el acceso a los servicios, la oportunidad y calidad de los mismos y que garantice condiciones laborales dignas a trabajadores y trabajadoras del sector. Reconstruir no es destruir, es mejorar lo existente" @castellanosfj director @odpdh pic.twitter.com/B9OxP5lUMC

— Organización para la Defensa Del Paciente DD.HH. (@odpdh) February 7, 2023

Esos números se suman al hecho de que a octubre de 2022 había 16 EPS en proceso de liquidación y 10 más vigiladas por la Superintendencia de Salud porque “estas entidades reciben montos para mantener la salud de las personas, pero no se reflejan en inversiones para cumplir con dicho objetivo, además porque incumplen los márgenes de solvencia financiera para su funcionamiento y deudas con las entidades prestadoras de servicios de salud” dijo en su momento el superintendente Ulahy Beltrán.

Las EPS, desde su creación en 1993 a través de la ley 100, han estado en el centro de la discusión y por eso hoy captan la atención de los medios, puesto que de lo se que conoce de la propuesta del Gobierno, se sabe que habría una transformación de estas entidades para acomodarse a un sistema cuyos recursos serían manejados directamente por el Estado. Esto ha generado preocupación en ciertos sectores que traen a colación lo sucedido con el Seguro Social. La ministra de Salud, Carolina Corcho, por su parte, indica que el manejo de esos dineros tendría un sistema de vigilancia constante para que la ciudadanía pueda monitorear la transparencia del proceso.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI- gremio que agrupa a 11 EPS en Colombia publicó una encuesta en la que mostraba que el 64% de las 2475 personas participantes, decían tener temor a que los recursos de salud sean manejados de la forma en que propone el Gobierno.

Además, ha reiterado que la crisis del sistema de salud no es responsabilidad de estas entidades y que se ha creado un ambiente de desinformación de su labor. Recientemente le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que recuerde las tareas que cumplen:

1. Con recursos limitados, hacen uso eficiente de los recursos para que todos los colombianos estén cubiertos en salud, independientemente del tratamiento que se necesite. Además gestionan el riego, por eso son aseguradoras.

2. Estudian qué riesgos en salud hay y contratan los servicios apropiados para el tratamiento. Eso supone coordinar a profesionales, instituciones médicas, clínicas, laboratorios y farmacias, pagar cuentas, organizar atenciones, remisiones, salas de cirugía y controlar el gasto.

Ministra, estos señalamientos no aportan a un debate informado sobre nuestro Sistema de Salud. La invitamos a revisar todas las funciones que hacen las EPS (hilo ?) https://t.co/ztwpkEFjMa

— ACEMI (@acemi_gremio) February 4, 2023

Además, recientemente publicaron un video aclarando lo que para la Asociación, es la verdad sobre la deuda de las 11 EPS que agremia y pidieron, por el contrario, que el Gobierno se ponga al día en deudas que dicen, ascienden a los 2.5 billones de pesos

Si bien el modelo no solo son las EPS, están en el centro del debate, pues entre sus funciones está “El recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer por ley para acceder al servicio” es decir, el manejo de los recursos. Para Nancy Faride Arias, académica, conocedora del sistema e integrante de la Juntanza Feminista de Mujeres y Disidencias Sexuales y de Género, ese es uno de los grandes problemas: la atención plena de los usuarios.

Arias dice, por ejemplo que “el diseño institucional creado en la ley 100 generó un incentivo perverso, puesto que permite a las EPS negar servicios y derechos para acrecentar sus ganancias” Añade que cuando el Estado gira los recursos a través del Fondo ADRES, se pierde el control sobre los dineros públicos que pasan a ser administrados por la EPS “El negocio está ahí: en tener el mayor número de afiliados que se traduce en un mayor giro de recursos, y en ahorrar costos negando servicios”.

Además, asegura que uno de los mecanismos que estas Empresas han encontrado una forma de retener los recursos y convertirlos en ganancias es objetar la facturación presentada por las IPS cuando atienden a los pacientes, es decir “una vez que las IPS realizan un servicio de salud para los usuarios, remiten a las EPS las correspondientes facturas. Para estas últimas, el negocio consiste en impugnar la veracidad de la facturación, y por tanto, del servicio prestado por las IPS, con la esperanza de no pagar tantos servicios como sea posible y, por esta vía, retener ingresos del sistema de salud en su propio beneficio”.

Cabe añadir que la Fiscalía General de la Nación estableció que un billón 126.000 millones de pesos están comprometidos por presuntos hechos de corrupción en contratos en los cuales aparecen implicados funcionarios y exfuncionarios relacionados con las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Nancy Faride también dice que otra de las formas a través de las cuales las EPS se quedan con el dinero del sistema es montando sus propias IPS “y contratar con ellas los servicios de salud de sus afiliados, para trasladar sus ingresos hacia estas instituciones y convertir las mismas en dividendos de sus accionistas”.

El debate está abierto y se endurecerá más cuando el proyecto sea presentado con el articulado completo. Por ahora, lo que se conoce con respecto a las EPS es que no serán eliminadas, sino que deberán hacer un proceso de transformación para adaptarse a un modelo que el Gobierno ha llamado “preventivo”.

En términos generales, la Reforma tendría tres pilares fundamentales.

1. El manejo público de los recursos públicos del sistema de salud que históricamente han sido manejados por entidades privadas,

2. La creación del Consejo Nacional de Salud para la discusión de políticas públicas en esta materia.

3. La implementación de un programa de atención primaria en salud para lograr que el sistema opere en función de la prevención.

Manejo público de los recursos públicos

Haría que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), no transfiera los recursos a las entidades privadas para soportar la prestación de los servicios de salud, y, en cambio, haga lo propio con las clínicas y hospitales, de manera directa y sin intermediarios.

Creación del Consejo Nacional de Salud

Estaría integrado por representantes de los trabajadores del sistema de salud, de los gremios médicos, del sector empresarial y de las comunidades indígenas y afro, integrarían para acompañar la formulación de las políticas públicas en salud que habrán de aplicarse en todo el territorio nacional.

Implementación del Programa de Atención Primaria en Salud

Lograr que los ciudadanos de zonas apartadas también puedan ser atendidos en sus necesidades básicas de salud. Se buscaría la implementación de un esquema completo de servicios de urgencias, salas de parto y equipos de personal de salud que se desplacen hasta los territorios más vulnerables para hacer detecciones tempranas de enfermedades y tratar, de manera oportuna, enfermedades que puedan agravarse.