Diciembre 9 - 2022 

Por Jorge Luis Galeano Bolaños 

Karina Reyes Varela, como muchas personas jóvenes en Colombia, sintió que la situación del país en 2019, 2020 y 2021 ameritaba salir a las calles para protestar y exigir que el Gobierno Nacional repensara su política económica y social. Ella vive en Bugalagrande, un municipio a 108 kilómetros al norte de Cali. Es profesora, técnica en preescolar y madre de un niño de 5 años.

“Ella fue detenida el 9 de diciembre de 2021” dice María Elena Varela, madre de Karina, en medio de un plantón para pedir por su libertad. Karina protestó en el sitio conocido como la “Y” entre Bugalagrande y Andalucía (otro municipio al norte del Valle del Cauca) y hoy la Fiscalía la acusa de tener nexos con la guerrilla y de ser experta en explosivos. Su madre, por su parte, dice que todo eso es un montaje porque “mi hija no tiene antecedentes penales por ningún delito” y añade que han querido dañar su imagen, incluso en los medios, ya que en el programa Los Informantes, aparece como si ella hubiera sido la jefe todo lo sucedido en el Valle del Cauca, en marco del Paro.

María Elena añade: “Y yo quiero aclarar eso: mi hija no es ninguna delincuente. Ella es una profesora muy reconocida en Bugalagrande. Solo la detuvieron por participar en el paro y decir que quería defender sus derechos”. Karina hoy está en la cárcel de Jamundí y completa un año detenida. Como ha sucedido en casos similares, las audiencias se han aplazado varias veces y la que estaba programada para el 4 de noviembre, se movió para febrero de 2023. Además, justo el 9 de diciembre, cuando se cumple un año de su detención, un juez decidió prorrogar la medida de aseguramiento, tras una petición que había hecho la Fiscalía para evitar que Karina salga en libertad por vencimiento de términos.

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Karina podría ser una de las personas beneficiadas de la propuesta del presidente Petro de convertir en gestores de paz a jóvenes que hayan participado en las protestas de 2021 y que estén en las cárceles del país. Es una esperanza que se asoma frente a lo que madres como María Elena, llaman “una gran injusticia”. Aún no se sabe si en este caso, ella, efectivamente, sea beneficiada porque no se conocen los detalles de cómo se llevaría a cabo dicha tarea.

Por ahora, los Ministros de Justicia y del Interior, han sido enfáticos en decir que no se trata de impunidad, ni de suspensión de los procesos judiciales. Esto, ante el temor de algunos sectores de que ello sea una intervención del poder Ejecutivo en el Poder Judicial. De hecho, esta semana se llevó a cabo otra de las audiencias en Cali después del anuncio del Presidente. Audiencia que, entre otros casos, se centraba en el de Carolina Montaño, acusada de participar en el asesinato de un patrullero de la Policía en junio de 2021.

Su caso, como los otros en curso, no se detendría si ella se convierte en gestora de paz y lo mismo sucede con Karina quien, de salir en libertad bajo esta figura, seguiría vinculada a la investigación y asumiría las consecuencias de cualquier decisión judicial que se tome.

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Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de que las personas sean excarceladas no es nueva “Existe, por ejemplo, la figura de vencimiento de términos. De igual manera está la revocatoria de la medida de aseguramiento, que es otro camino jurídico que existe hoy y que permitiría la excarcelación de estos jóvenes” afirma Alberto Bejarano, abogado penalista que lleva varios de estos casos en Cali.

Todo lo anterior hace parte de la justicia ordinaria, pero el Gobierno Nacional habla de Gestores de Paz, figura que fue creada para facilitar la transición a la vida civil de excombatientes en el conflicto armado colombiano. El representante a la Cámara, Ariel Ávila ha explicado que, en este caso, no se ha igualado a los jóvenes del paro con integrantes de grupos armados, sino que en la prórroga que se hizo de la Ley 418 o de orden público, se incluyó la posibilidad de que personas que participen de protestas sociales o que ejerzan liderazgos sociales o comunitarios y miembros de grupos indígenas y afrodescendientes, se conviertan en personas que aporten en la consolidación de la Paz Total, realizando distintas tareas que aún están por determinarse.

El abogado Bejarano añade que esta posibilidad vale la pena ser explorada, entre otras cosas “porque sería un alivio humanitario a todos estos jóvenes y sus familias que han soportado las durísimas condiciones que ha implicado esta persecución penal en su contra” Además, reafirma que nada de esto (la posibilidad de la libertad para estos jóvenes) influye en los procesos judiciales que se adelantan y, por el contrario “una discusión pública sobre este tema, nos pone a hablar sobre lo que se está desarrollando en sedes judiciales y de esa manera, favorecer un derecho fundamental que es de la libertad”.

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María Elena, madre de Karina, dice que el impacto de su detención se ha sentido en su nieto y en la economía del hogar, pues ella ahora debe sostenerlos a los dos con un trabajo informal “Yo trabajo del diario, digamos”. La situación de Karina en la cárcel no ha sido fácil, pero María Elena dice que poco a poco ha mejorado porque “con el paso de los días, han visto que ella no es lo que pinta la Fiscalía y ciertos medios de comunicación. Tanto que fue escogida por sus compañeras de patio como la de derechos humanos” puntualiza. Es decir, ella ahora es la vocera, quien habla por ellas cuando tienen alguna petición, asiste a reuniones en las que buscan soluciones a las problemáticas de salud o alimentación, tan comunes en las cárceles del país.

Y ante la posibilidad de que pueda estar en libertad bajo la figura de Gestora de Paz, María Elena dice: “A pesar de que no sería una libertad por completo, sería para mí y mi familia el mejor regalo de navidad”.