El calvario de los líderes sociales en Colombia 

Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el 2017 se registraron 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos, de los cuales el 84 eran a defensores de derechos humanos 

El calvario de los líderes sociales en Colombia 

Julio 24 - 2018

Por Christiam Chaparro

El panorama es desalentador. El ejercicio de defensa de los derechos humanos en Colombia está en coma. Poco a poco los nombres van cayendo tras las balas. Ni siquiera hay un suspiro para las réplicas.

Los casos más recientes se presentaron en Jamundí y Suárez – Cauca. En el primero, Libardo Moreno de 78 años de edad, fue asesinado el lunes 23 de julio en Villacolombia, zona rural de Jamundí. El hombre era administrador del acueducto de Villacolombia, y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Pilas y fue atacado con arma de fuego por desconocidos cuando se desplazaba por la vía que lleva a Las Pilas.

El segundo caso más reciente es el de Ibes Trujillo Contreras, quien fue encontrado sin vida el 17 de julio a orillas del río Marilopez en la vereda Las Brisas, del municipio de Suárez (Cauca), en estado avanzado de descomposición.

Trujillo había sido secuestrado por tres personas el pasado 10 de julio cuando llegaron a su casa en zona rural del municipio de Suárez y lo retuvieron junto a otro hombre, que posteriormente fue liberado. Este hombre fue quien dio pistas sobre la suerte que corría el líder social.

"El cuerpo sin vida tiene señales de tortura en cuello y rostro. Por los elementos encontrados en las inmediaciones el asesinato se presentó a causa de golpes propinados con piedras", reseñó en un comunicado el colectivo Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Ibes no era un individuo cualquiera. Para Nada. En el 2001, por ejemplo, creó un comité de derechos humanos y así nació Renacer siglo XXI, una de las primeras organizaciones de víctimas del Cauca. Después conformó junto a otros líderes la Coordinación Nacional Afro (Conapro), donde jugó un papel importante para juntar bases afro en su departamento. También ejercía como Fiscal del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Timba y hacía parte del movimiento político Marcha Patriótica.

Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el año 2017 se registraron 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos a líderes sociales y comunitarios. De estos, el 64% ocurrió en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac).

Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, según la Defensoría del Pueblo, son los departamentos más afectados por esta violencia y añade que entre 2016 y el 18 de julio de 2018, se habían asesinado a 326 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

La falta de garantías para los defensores 

Grupos paramilitares, la estigmatización del movimiento social, la criminalización de la protesta social y la impunidad, son algunos de los detonantes para que en Colombia no hayan garantías para los defensores de Derechos Humanos.

Así lo dio a conocer la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) en su último informe titulado Colombia: No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos, el cual descrbie el contexto en el que se encuentran los defensores de Derechos Humanos en el país.

De acuerdo con la investigación, "las estructuras paramilitares son las responsables del 84 % de las agresiones y asesinatos a defensores de derechos humanos, presentados en el año 2017. Mientras que en el 2016 fueron los responsables del 88 % de las acciones violentas contra los defensores".

Además, otro de los puntos clave del documento es la afirmación de que en Colombia continúa la estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos y a la protesta social desde las tres ramas del poder, los cuerpos de la Policía y el Ejército. Tal es el caso del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien en el 2017 dijo que los asesinatos de líderes sociales eran producto de "líos de faldas".

Por último, el informe reseña que el 90 % de las agresiones contra defensores de derechos humanos continúan en la impunidad, es decir, sin una investigación que rinda cuentas sobre quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos hechos.

El caso Darnelly Rodríguez

El semáforo estaba en rojo. Darnelly Rodríguez, quien minutos atrás se había subido a un taxi, mira con detenimiento su teléfono. El taxista observa que dos hombres en una moto parquean al lado de su vehículo. Uno de ellos saca un arma y el taxista decide arrancar.

"El taxista se metió a una bomba, y empezó a decir por el radio que había un ladrón. No obstante, minutos después me preguntó sobre qué labor ejercía. Le respondí que era defensora de derechos humanos". Darnelly recuerda muy bien aquel hecho. Era la segunda vez que le realizaban un atentado. Corría el año 2014 y por aquel tiempo en Colombia se vivían momentos de agitación social. Un mes antes los agricultores comenzaron a realizar un Paro Agrario a causa de la crisis económica en el sector agrario.

"Durante el Paro Agrario estuvimos haciendo defensa por los campesinos que realizaban esta movilización. Fueron momentos difíciles, pues a varios defensores los golpearon y, además de esto, hubo 54 compañeros detenidos por parte de la Fuerza Pública", rememora.

El interés por los derechos humanos le interesó a Darnelly cuando varios compañeros de la Universidad del Valle le hablaron de este tema. Así pues, desde el año 2008 ingresó a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, y de la que en la actualidad funge como coordinadora a nivel departamental, donde a diario realiza capacitaciones en poblaciones del suroccidente colombiano sobre derechos humanos.
"El nombre de la organización hace alusión por la muerte de un compañero, quien fue asesinado por los paramilitares en Cauca junto a su esposa. En efecto, en la Red hacemos procesos de formación, trabajo político e interlocuciones con instituciones", comenta. 

Para Darnelly, el trabajo de ser líder social en Colombia no tiene garantías para la ejecución de este rol. "Por ejemplo, a mí me da pavor ir a Buenaventura, porque uno conoce la situación que se vive allá. Si voy, le toca andar a uno cuatro ojos. Lo mismo me sucede con El Naya y Florida, lugares que están sitiados por los grupos armados", asevera.

Sin embargo, la coordinadora de la Red de Derechos Humanos en el Valle aclara que seguirá ejerciendo su labor a pesar de las amenazas que llegan en mensajes de texto a su celular porque, como ella bien lo dice "el miedo solo se diluye cuando aglomeran las personas." Darnelly añade que lo peor que les puede suceder, aparte de que los asesinen, es que desintegren la organización, como lo han querido hacer desde hace tiempo. 

Testimonios

En el siguiente audio, escuchamos a varios lideres y liderezas amenazados que cuentan sus experiencias de vivir con la constante incertidumbre de no saber si un día, al salir de sus hogares, no regresen y ensanchen la lista y las estadísticas de defensores de derechos humanos asesinados.