Justicia Transicional y educación en el posconflicto

Si se habla de justicia transicional es debido a las circunstancias actuales de Colombia. Es un concepto que genera curiosidad entre todas las personas del país, pero que empieza a hacer parte de su léxico colectivo. Sin embargo, el tema está distante del entendimiento del ciudadano común y corriente, pues este concepto puede parecer ambiguo entre muchos ciudadanos. A propósito de este tema, el lll Foro de Derechos Humanos organizado por la Universidad Católica de Cali, puso en debate el futuro próximo del país, bajo su temática "Justicia Transicional, retos y desafíos para Colombia". Por un lado, se destacó la importancia de la educación como punto de partida para generar Paz. 

Justicia Transicional y educación en el posconflicto 

Octubre 23 - 2016

Por Marcela Monsalve

Si se habla de justicia transicional es debido a las circunstancias actuales de Colombia. Es un concepto que genera curiosidad entre todas las personas del país, pero que empieza a hacer parte de su léxico colectivo. Sin embargo, el tema está distante del entendimiento del ciudadano común y corriente, pues este concepto puede parecer ambiguo entre muchos ciudadanos. 

A propósito de este tema, el lll Foro de Derechos Humanos organizado por la Universidad Católica de Cali, puso en debate el futuro próximo del país, bajo su temática "Justicia Transicional, retos y desafíos para Colombia". Por un lado, se destacó la importancia de la educación como punto de partida para generar Paz. 

Según Carlos Mario Molina, doctor en Derecho Público Interno y uno de los ponentes del foro, en el posconflicto se deben incluir a las personas que nunca estuvieron incluidas, pues según el académico, esa es una de las formas de integrar a la sociedad a las personas que siempre estuvieron al margen de toda institucionalidad. Para él es clave enseñar la historia en un país en el que ha tenido lugar un conflicto armado y se han cometido violaciones masivas de los derechos humanos, aunque ello sea especialmente complicado.

En el artículo 22 de la constitución política, se menciona que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, y aunque no exista una ley que prohíba la guerra, en el 2014 la ley 1732 hace alusión al desarrollo de Cátedras de Paz por parte de instituciones públicas y privadas: "Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura independiente."

El Doctor Carlos Molina hace alusión a la pedagogía como instrumento para educar a las futuras generaciones: "la educación permite generar las condiciones para que una sociedad pueda avanzar con reconciliación, equidad y reparación. Ahí vamos a encontrar la fórmula para cerrar brechas y avanzar hacia el desarrollo de una sociedad pacífica."

Durante el foro se reiteró que, entre otras cosas, la educación cierra brechas, es decir, reduce la desigualdad. Las cátedras de Paz de todas las instituciones cumplen con ejes temáticos basados en los derechos humanos de la constitución colombiana. Su estructura y herramientas pedagógicas deben educar con un enfoque de justicia y derechos humanos, participación política, recuperación de la memoria histórica, diversidad y pluralidad, uso y sostenibilidad de los recursos naturales, proyecto de vida, entre otros.

Además, el foro sobre los derechos humanos puso en evidencia la relación entre el Acuerdo de Paz y la educación. Cada uno de los puntos del acuerdo obedecen también a la necesidad pedagógica de los ciudadanos, es decir, la educación empieza a aplicar parámetros que tienen relación con cada uno de los temas del Acuerdo de Paz.

En el primer punto de Acuerdo se hace referencia al tema rural, este debe integrarse en las cátedras en torno a la enseñanza del valor que tiene la tierra en la sociedad, porque si se anula ese valor, se anula al campesinado.

El segundo punto se refiere a la participación política, que aunque es polémico, es el más fácil de resolver, así lo afirma Molina. Desde la educación, se puede generar espacios de inclusión y participación política dentro de la institucionalidad, para que pueda cesar esa exclusión.

Otros de los puntos, son relacionados a las drogas ilícitas, la reinserción a la vida civil, el derecho a las víctimas y el refrendar los acuerdos. En todos estos, la educación en Colombia le está apostando pedagógica y didácticamente a la aceptación de los desmovilizados como ciudadanos, es decir, a la reconstrucción de tejido social y remuneración de derechos humanos que antes estaban nulos.

¿Cuál es la diferencia entre justicia transicional y posconflicto?

La Justicia Transicional le permite al país terminar el conflicto armado, y atender las necesidades, exigencias y reclamos de la sociedad y de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y reformas institucionales. Este es el aporte de la Justicia Transicional a la no repetición del conflicto. Se requiere, además de esto, que el Estado ponga en marcha programas complementarios y propios de una etapa que va después del conflicto armado.

Estos instrumentos deben buscar proteger los derechos de la ciudadanía, fortalecer la institucionalidad y las capacidades de los individuos para que puedan hacer valer sus derechos por sí mismos, así como conseguir que los vecinos recobren la confianza entre sí y en el Estado.

Otro de los ponentes del foro fue el Dr Jean Carlo Mejia, quien enfatizó que las Fuerzas Armadas de Colombia (FFAA) han estado siempre presentes en el Acuerdo, y, además, mencionó que el posconflicto depende en gran parte de las FFAA "los militares saben al pie de la letra de qué se trata el Acuerdo Final, de los 5 puntos, participaron en 3 directamente, y asi sucesivamente. Si se hubieran excluido de las negociaciones la guerra también sería con ellos".

Por otro lado, se aludió a qué modelos de Justicia Transicional deben ir acompañados de programas de desarrollo local para reducir las brechas de desigualdad social, mejorar las condiciones de seguridad fortaleciendo las capacidades de la Policía y las autoridades judiciales, garantizar que existan mecanismos efectivos para resolver los conflictos sociales, asegurar que no existan zonas del territorio aisladas y desconectadas, así como de programas para que los vecinos vuelvan a confiar entre sí y en el Estado.

Esas condiciones y garantías, sumadas a los instrumentos propios de un modelo de Justicia Transicional, aumentan sustancialmente las probabilidades de que la paz sea estable y duradera.

El lll Foro de Derechos Humanos organizado por la Universidad Católica Lumen Gentium se llevó a cabo el viernes 21 de octubre de 2016, entre las 8:00am y las 6:00pm en el auditorio Diego Garcés.

Crisis de los Derechos Humanos en Colombia 

Pese a ese ideal de justicia que es considerado por las personas, existe un paralelo con la protección de derechos en Colombia. De acuerdo con el último informe presentado el pasado jueves por el país ante la ONU, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó la falta de respuestas claras del Gobierno de Colombia sobre temas como la violencia contra las mujeres, la discriminación racial, el desplazamiento e ineficiencia de la justicia en todos los niveles.

"Es la tercera vez que Colombia ha comparecido ante este Comité en los años en los que he estado, y el sentimiento de 'déjà vu' es deprimente porque he escuchado exactamente lo mismo", señaló Sir Nigel Rodley, miembro del órgano de Naciones Unidas, de acuerdo con declaraciones que publica el diario colombiano El Tiempo.

La delegación del gobierno colombiano, encabezada por Paula Gaviria, Alta Consejera para los derechos humanos de la Presidencia de la República, afrontó duras críticas por la violación de derechos humanos. Los evaluadores por su parte, se mostraron inconformes por las cifras que presentó el Estado, especialmente con la violencia hacia las mujeres en Colombia, de acuerdo con Yineth Bedoya, periodista y víctima de violación y tortura, quien estuvo presente en la audiencia.

Los expertos se enfocaron en los casos de impunidad de violencia sexual y en la violencia que las mujeres sufren no en el marco del conflicto armado sino en la vida cotidiana, además, los miembros del comité desaprobaron la asistencia que el Estado le hace a las mujeres en temas de judicialización en casos de violencia intrafamiliar.