Octubre 5 - 2022 

Por Germán Ayala Osorio
Analista política 

Circula ya la narrativa del Centro Democrático, o mejor, la versión de Álvaro Uribe Vélez, con la que responden al relato que la Comisión de la Verdad le entregó al país, como resultado de su tarea de aportar al esclarecimiento de lo sucedido en Colombia durante los más de 50 años de conflicto armado interno. Se trata, sin duda, de un relato construido desde la resistencia al proceso de paz de La Habana, con la intención de deslegitimar el trabajo que orientó el padre Francisco de Roux.

Citaré apartes del documento con el que el uribismo insiste en su pretensión de imponer su visión amañada de la historia política del país, instalados en la negación del conflicto armado, lo que de muchas maneras explica el sentido del texto al que titularon ¿Cuál Verdad?

En la presentación, a cargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, justifican la aparición del documento por la “osadía de la Comisión de la Verdad de faltar a la verdad en muchos casos”. Juzgar a la Comisión de la Verdad como temeraria solo se explica por quien durante sus años como presidente de la República actuó siempre en función de desconocer la institucionalidad oficial, en arreglo a sus formas tradicionales (informales) de ejercer el poder: por debajo de la mesa, y haciendo acuerdos muy propio de acuerdos entre amigos, capos o líderes de organizaciones al margen de la ley. Que un expresidente trate de deslegitimar a una entidad estatal no deja de ser paradójico, pero explicable por el talante informal de quien manejó los asuntos del Estado durante ocho años, como si se tratara de la compra y venta de ganado o de caballos de paso fino. “Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época…”

Insiste el 1087985 en que les “robaron el resultado del plebiscito”. Y al hacerlo, guarda silencio sobre dos aspectos claves: el primero, que el jefe de Estado, en este caso, Juan Manuel Santos Calderón, tenía la responsabilidad social y política, así como el respaldo institucional y constitucional para sacar adelante el proceso de paz y la consabida legitimación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la insurgencia de las Farc-Ep.

Hay que decir que Santos pretendió enterrar al uribismo con el plebiscito, apuesta que le salió mal y afectó la legitimidad del acuerdo de paz alcanzado en Cuba. El segundo aspecto sobre el que guarda silencio Uribe Vélez es la engañosa y mentirosa campaña del No, con la que buscaron “sacar verraca a la gente a votar”, lo que claramente constituyó un juego sucio y poco democrático. Él mismo, apenas se hicieron públicas las confesiones de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No, salió a decir: “hay que cuidar las comunicaciones”. Es decir, la campaña sucia fue una decisión del partido (bueno, realmente es una secta-partido).

Miente el expresidente antioqueño al decir que el texto firmado en La Habana sufrió cambios “superficiales”. No. En materia del comparecimiento ante la JEP, de terceros civiles que hubiesen patrocinado estructuras paramilitares, después del resultado del plebiscito, el gobierno y las Farc-Ep aceptaron quitar la obligatoriedad, y dejar la presentación voluntaria de esos particulares o terceros civiles que auparon y apoyaron económica y políticamente la operación de las AUC. Eso es un cambio sustancial a lo acordado inicialmente.

Otra de las molestias que no supera el latifundista y caballista - Santos lo llamó rufián de esquina- tiene que ver con la elegibilidad política. Si bien Santos negó ante los medios de comunicación que se fuera a dar esa posibilidad, al final la entrega de las 10 curules se dio. Y ello se explica por el origen político de la confrontación armada, lo que supone una solución que tocara en algo las co-relaciones de fuerza al interior del régimen de poder y ello medio se logró con la llegada al Congreso de los excombatientes.

En su diatriba contra el texto de la Comisión de la Verdad, el Gran Imputado recuerda que hay disidencias de las antiguas Farc-Ep. Al respecto, dice: “Continúan delinquiendo estructuras que se hacen llamar disidencias, varios jefes guerrilleros, que firmaron el Acuerdo de Paz, retornaron a la lucha armada en nombre de una segunda Marquetalia alegando un supuesto incumplimiento cuando en realidad huían de acusaciones de complots de narcotráfico”.

En este pasaje, Uribe desestima lo ocurrido con el entrampamiento que la DEA y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le pusieron a Jesús Santrich, para llevarlo en extradición hacia los Estados Unidos. En declaraciones públicas, alias Iván Márquez se escondió en la selva porque temía por acciones similares que se estarían preparando en su contra. De igual manera, calla sobre las acciones adelantadas por Iván Duque Márquez, para ralentizar y hacer trizas la paz, lo que justificó la aparición de las disidencias.

En el documento, el Gran Capataz de Colombia expone la ojeriza ideológica que profesa hacia todos los que no piensen como él. Dice el vulgar caballista que “sin faltar al respeto de sus integrantes, es notoria la inclinación ideológica de los miembros de la Comisión de la Verdad con excepción del exmilitar, Mayor Carlos Ospina, persona ecuánime cuyas apreciaciones fueron desconocidas”

Con esta velada descalificación, Uribe Vélez insiste en reconocer a los demás bajo la relación Amigo-Enemigo, con la que se proscribe cualquier posibilidad de encuentro dialógico, en el que triunfe el mejor argumento. Por el contrario, al no existir argumentos válidos para erosionar la consistencia de ese otro que lo interpela, es preferible atacarlo y la mejor forma de hacerlo es decir que es de “izquierda”, es decir, amigo de los terroristas y enemigo del país. Uribe sigue atado a esa perversa relación, que se explica con la frase, “el que no está conmigo, está contra mí”. Ya Estanislao Zuleta había hecho referencia al asunto.

Termino con esta cita: “lo que no analiza la Comisión de la Verdad es que el Acuerdo de La Habana puso a nuestras Fuerzas Armadas democráticas de igual a igual con quienes cometían actos terroristas, pero finalmente quedaron en desventaja. Digo lo anterior porque a ambos se les exige reconocer delitos para estar en libertad o para tener sanciones alternativas y simbólicas. Sin embargo, para el integrante de las Farc reconocer un delito es aceptar lo que era su deber ser, para el miembro de las Fuerzas Armadas aceptar un delito es confesar que violó la ley, que actuó en contra de su deber ser”. Y esto es muy grave para nuestra democracia porque al miembro de las Fuerzas Armadas le duele perder su libertad y su familia lo quiere en casa, para lo cual un posible ignominioso camino es aceptar el delito así no lo hubiera cometido”.

Vuelve al exmandatario a insistir en la idea de que el Estado no operó como un actor armado y político dentro del conflicto armado interno. Se equivoca Uribe: el Estado, a través de sus fuerzas armadas, participó de las hostilidades y violó los derechos humanos y el DIH. Es comprensible la postura del 1087985 por cuanto él es responsable, políticamente, de las 6402 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares que estuvieron bajo su mando. Es claro que violaron la ley. En su lastimera lectura, olvida reconocer que cientos de militares condenados a 30 o más años por delitos de lesa humanidad, hoy gozan de libertad y están con sus familias, gracias a los beneficios que les otorga la JEP en su condición de comparecientes.

El texto en cuestión tiene 272 páginas. Seguiré en este ejercicio de confrontación de lo expuesto por Uribe Vélez, pues su verdad está llena de mentiras y de verdades a medias que deben ser cotejadas con hechos y circunstancias que el uribismo quiere desconocer y ocultar.