Prueba de fuego 

Lo que se espera que haga la JEP es exigirle a la DEA las pruebas con las que pidieron la orden internacional de captura, para someterlas a un análisis y a una necesaria confrontación por parte del acusado, todo en el marco de un debido proceso que en casos de extradición suelen desconocerse o limitarse, por responder de manera acuciosa o diligente a las autoridades norteamericanas

Prueba de fuego 

Abril 10 - 2018

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo

La captura de alias Jesús Santrich constituye una dura prueba de fuego para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por supuesto, para el propio proceso de paz con las Farc. Igualmente, la orden de detención internacional (expedida por la Interpol, según señaló el Fiscal Martínez Neira) pone contra las cuerdas el ordenamiento jurídico del país no solo con el cumplimiento de tratados de extradición, sino en lo que tiene que ver con la forma como operan las instituciones y la institucionalidad, pues al parecer, del operativo, liderado por el CTI, no fue informado el director de la Policía, Jorge Hernando Nieto. Y es posible que otros agentes institucionales hayan sido desconocidos, lo que bien se puede explicar por la existencia de un "doble Estado" en Colombia y de una institucionalidad cooptada por organismos policiales y de investigación internacional, como la DEA. 

Lo pactado en La Habana señala que quien fuera reincidente en la comisión de delitos, incluido el narcotráfico, posterior a la firma del Acuerdo Final II, o no diga la verdad sobre delitos de guerra cometidos en el marco de un degradado conflicto armado interno, perdería los beneficios recibidos por cuenta de la negociación política y pasaría a la justicia ordinaria. Es aquí en donde radica la primera gran prueba de fuego para los magistrados de la JEP, dado que la captura del exguerrillero se soporta en un pedido de extradición por parte de un juez federal norteamericano.

El análisis que hagan los magistrados de la JEP de los documentos y las pruebas con las que se acusa a Santrich, pondrá a esa jurisdicción en la mira no solo del Gobierno de los Estados Unidos, sino que al interior del país, el concepto emitido por una de las salas de reconocimiento, será determinante para el proceso de implementación del Acuerdo Final, en particular, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica de la que al parecer había total confianza en la cúpula fariana, a pesar de varios incumplimientos del Gobierno con la entrega de recursos económicos y de tierras para el desarrollo de los proyectos productivos con los que se aseguraría la reincorporación de los ex militantes farianos. Surtido el paso por la JEP, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia y al presidente Santos, tomar la decisión final de extraditar o no a Jesús Santrich.

Ahora bien, más allá de si las pruebas son irrefutables y contundentes en contra del ex negociador de las antiguas Farc, el operativo de captura no deja de llamar la atención y despertar suspicacias, por los siguientes hechos: el primero, la cercanía de la visita del presidente Trump, de la que se espera -¿se esperaba?- un respaldo al proceso de implementación del Acuerdo Final. En segundo lugar, según trascendió, el seguimiento a las actividades del excombatiente viene de meses atrás, lo que pone sobre el operativo un manto de duda, dado que el mismo se realizó con una intención política clara, por la coyuntura electoral (campaña presidencial) y por la ya cercana visita de Trump a Colombia.

Al juntar estas dos circunstancias es posible colegir que de forma premeditada se construyó no solo un caso judicial, sino una bomba mediática y política, justo antes del encuentro entre los presidentes Santos y Trump. Deslegitimar la negociación obedece a un cálculo político por parte de la derecha americana, con el firme propósito de que la cumbre presidencial se dé en un marco de desconfianza, que ya se venía construyendo con el anuncio de que las hectáreas sembradas de coca aumentaron durante el proceso de paz que se adelantaba en La Habana.

Con todo y lo anterior, lo que se espera que haga la JEP es exigirle a la DEA las pruebas con las que pidieron la orden internacional de captura, para someterlas a un análisis y a una necesaria confrontación por parte del acusado, todo en el marco de un debido proceso que en casos de extradición suelen desconocerse o limitarse, por responder de manera acuciosa o diligente a las autoridades norteamericanas.

Por estar de por medio la continuidad del proceso de paz y la implementación de lo acordado en Cuba y firmado en el teatro Colón, la confianza y la seguridad jurídica de los máximos comandantes de las Farc que negociaron el fin del conflicto armado con el Estado colombiano, el aparato de justicia de Colombia debe cerrar filas y hacer un frente común para que el debido proceso se respete y las pruebas que dice tener la DEA para acusar a Santrich, sean examinadas y preliminarmente refutadas.

Ahora bien, si se prueba que Santrich continuó delinquiendo, esa circunstancia deslegitima no solo a los miembros negociadores de las Farc, sino al mismo proceso de paz. Difícil de creer que el exguerrillero se haya arriesgado a continuar con negocios ilícitos, a sabiendas de que sobre la cúpula de las Farc hay una lista larga de políticos y jueces colombianos y americanos prestos a construir judicialmente casos, para afectar la legitimidad del Acuerdo y desbaratar el proceso y hacer trizas la unidad del partido Farc y con ella, provocar la desbandada de sus bases, para unirse al grupo de disidentes. Compleja coyuntura. Amanecerá y veremos.