"Fast track": necesario para implementación del Nuevo Acuerdo de Paz 

Women's Link solicita a la Corte Constitucional que permita la utilización del llamado "fast track" para lograr la implementación del Nuevo Acuerdo de Paz, de manera que se garanticen el derecho a la paz de todos los y las colombianas, y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de todas las mujeres afectadas por el conflicto armado. Sin fast track para tramitar la ley de amnistía se incrementan la fragilidad del cese al fuego bilateral, la posibilidad de que ocurra un acto de violencia que active la confrontación o que facilite el reclutamiento de ex combatientes de las FARC por parte de otros grupos armados. Todo ello atenta contra el derecho a la paz de los y las ciudadanas colombianas. 

"Fast track": necesario para la implementación del Nuevo Acuerdo de Paz

Diciembre 12 – 2016

Por Women´s Link*

Si bien Women's Link conoce las complejidades jurídicas a las cuales se enfrenta la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la posibilidad de aplicar o no el fast track, considera imperativo que este Tribunal tenga en cuenta la urgencia de implementar el Nuevo Acuerdo, de manera que se permita el ejercicio del derecho a la paz a los y las colombianas, y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a las mujeres víctimas del conflicto esperanzadas en el proceso de justicia transicional que se adelanta actualmente en el país.

Por ello, la organización de derechos humanos hace un llamado para que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre la constitucionalidad del fast track, un mecanismo contenido en el Acto Legislativo para la Paz que facultaría al Congreso por un periodo de seis meses para que tramite de manera más rápida tanto leyes ordinarias como reformas a la Constitución.

Sin fast track para tramitar la ley de amnistía se incrementan la fragilidad del cese al fuego bilateral, la posibilidad de que ocurra un acto de violencia que active la confrontación o que facilite el reclutamiento de ex combatientes de las FARC por parte de otros grupos armados. Todo ello atenta contra el derecho a la paz de los y las ciudadanas colombianas. 

Así mismo, si la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -que implica realizar reformas constitucionales- debe esperar ocho debates, dos vueltas y un promedio de dos años para operar, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas podría retrasarse de tal manera que el mecanismo puede terminar siendo totalmente inefectivo. 

La refrendación que hizo el Congreso al Nuevo Acuerdo de Paz fue un primer gran paso hacia la consolidación de una paz estable y duradera que ojalá pueda comenzar a construirse lo antes posible, con el aval de la Corte Constitucional, para garantizarle a las mujeres campesinas, indígenas, afro descendientes, jóvenes, niñas, con discapacidad, urbanas y de la población LGBTI el acceso a todos los derechos sociales y jurídicos contenidos en el Nuevo Acuerdo.

Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer seguimiento a la implementación de todas las medidas que, en el Nuevo Acuerdo de Paz, benefician a las mujeres y a acompañar a todas aquellas que en este nuevo escenario de paz y reconciliación requieran acceder a dichas medidas. Igualmente, reafirmamos la trascendencia de este instrumento, único en el mundo que incluye el enfoque de género y los derechos de las mujeres, lo cual responde a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

*Organización internacional para la defensa de los Derechos Humanos, que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.