Caño Cristales ¿en riesgo?

La locomotora minero energética del Gobierno de Santos avanza a toda velocidad sin que a su paso, a esa descontrolada "máquina", se le puedan hacer controles en algunas "estaciones". La débil institucionalidad ambiental existente en Colombia no puede ni siquiera examinar, mitigar y mucho menos detener los efectos negativos que viene dejando sobre valiosos ecosistemas esa incontrolable locomotora. Tanto así, que las actividades de mitigación quedan prácticamente supeditadas a la "buena voluntad" de las empresas que tienen intereses en la exploración y explotación de recursos del subsuelo. 

Caño Cristales ¿en riesgo?

Imagen: www.cano-cristales.com

Abril 17 - 2016

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo

La locomotora minero energética del Gobierno de Santos avanza a toda velocidad sin que a su paso, a esa descontrolada "máquina", se le puedan hacer controles en algunas "estaciones". La débil institucionalidad ambiental existente en Colombia no puede ni siquiera examinar, mitigar y mucho menos detener los efectos negativos que viene dejando sobre valiosos ecosistemas esa incontrolable locomotora. Tanto así, que las actividades de mitigación quedan prácticamente supeditadas a la "buena voluntad" de las empresas que tienen intereses en la exploración y explotación de recursos del subsuelo.

Como punta de lanza del modelo de desarrollo extractivo, la locomotora minero energética de tiempo atrás viene posando su pesada estructura sobre ecosistemas de páramo, sub páramo y llanuras; y ahora se anuncia su llegada a territorios, ecosistemas valiosos y estratégicos y a lugares como La Macarena, en donde aún podemos gozar de la rabiosa belleza de Caño Cristales.

Con la aprobación de la licencia ambiental que autoriza la exploración de hidrocarburos (Resolución de ANLA, 0286, del 18 de marzo de 2016) a la empresa HUPECOL OPERATING CO LLC, es claro que sobre el Río de los Siete Colores se ciernen enormes riesgos, a pesar de los 68 kilómetros que separan las plataformas de exploración [1] de dicho afluente y de sus ecosistemas asociados.

Si bien el Presidente Santos ordenó suspender provisionalmente la licencia ambiental otorgada a la empresa HUPECOL, de origen estadounidense, la decisión técnica, jurídica y política tomada por la ANLA deja entrever la existencia de una política ambiental pensada exclusivamente para garantizar beneficios económicos a empresas nacionales y multinacionales. Una política ambiental que, sostenida en una histórica y débil institucionalidad, prácticamente abocaría al país a soportar desastres ambientales y a la privatización de recursos estratégicos como el agua.

En relación con la proximidad de la firma del fin del conflicto armado, es probable que la ANLA y el Gobierno de Santos estén pensando en aumentar la presencia de proyectos de exploración y explotación minera en aquellos lugares en los que por largo tiempo las guerrillas ejercieron "soberanía". Es decir, que una vez desmovilizadas y reintegradas las Farc y el ELN a la vida civil, el Gobierno estaría dispuesto a vender al mejor postor los servicios ambientales de zonas cercanas a PNN e incluso, dentro de estos mismos territorios sobre los que el Estado aún ejerce poca presencia institucional y por lo tanto, exiguo control sobre disímiles actividades legales e ilegales que allí se desarrollan.

Así, esos y otros ecosistemas biodiversos pasarían de sobrevivir a la otoñal presencia de las guerrillas y a los daños ambientales generados por las actividades militares (incluye atentados) adelantadas por estos grupos subversivos, a sufrir quizás los mayores daños y efectos por cuenta de las empresas nacionales y extranjeras interesadas en aprovechar que el país "estará en paz", lo que les facilitaría la exploración y explotación de petróleo, coltán y oro, entre otros.

Sin duda, la reacción de sectores de opinión que se oponen a la exploración petrolera en ese lugar específico de La Macarena, "obligó" al Presidente a ordenar la suspensión de dicha licencia. Decisión esta que puede estar sostenida en una recomendación de sus asesores en el sentido en que dejar avanzar las actividades de exploración de HUPECOL, afectaría aún más la imagen del Gobierno, de cara a la aprobación del plebiscito, si este sobrevive al examen que le hará la Corte Constitucional.

Adenda: llama la atención el silencio de las Delegaciones de Paz de las Farc y del ELN en torno a la licencia ambiental otorgada a la empresa estadounidense. ¿Acaso Farc están pensando más en la salida de Simón Trinidad, que en oponerse a la exploración de HUPECOL? Es claro que la variable ambiental no es transversal a las Agendas pactadas.

[1] En la Resolución se lee: "requiriendo para ello la construcción de hasta quince (15) plataformas multipozo y la perforación de hasta diez (10) pozos exploratorios en cada plataforma multipozo..." La actividad de exploración estará ubicada en: "El AIPE Serranía se localiza en una zona de litigio de límites entre los municipios de La Macarena en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, tiene una extensión de 34.649 ha y se encuentra bajo la competencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (CORMACARENA) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía — CORPOAMAZONIA.