Solo aparceros 

Que el Gobierno de Santos logre poner fin al conflicto armado interno a través de la firma de acuerdos con las guerrillas de las Farc y ELN, no significa que las razones y circunstancias que legitimaron e hicieron posible el levantamiento armado de esas dos organizaciones subversivas, hayan sido superadas y se vayan a superar en el mediano y largo plazo. Eso debe quedar claro. Lejos está el país de superar la concentración de la tierra en pocas manos y de lograr la anhelada reforma agraria que haga posible que campesinos, afros e indígenas puedan vivir dignamente de lo que producen en sus territorios y que la Colombia citadina se beneficie con el consumo de alimentos a precios justos. 

Solo aparceros

Abril 13 - 2016 

Por Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo

Que el Gobierno de Santos logre poner fin al conflicto armado interno a través de la firma de acuerdos con las guerrillas de las Farc y ELN, no significa que las razones y circunstancias que legitimaron e hicieron posible el levantamiento armado de esas dos organizaciones subversivas, hayan sido superadas y se vayan a superar en el mediano y largo plazo. Eso debe quedar claro. Lejos está el país de superar la concentración de la tierra en pocas manos y de lograr la anhelada reforma agraria que haga posible que campesinos, afros e indígenas puedan vivir dignamente de lo que producen en sus territorios y que la Colombia citadina se beneficie con el consumo de alimentos a precios justos.

A la débil institucionalidad estatal, representada por ejemplo en el Incoder, se suma la férrea oposición política que desde ya lideran y expresan el presidente de Fedegan, José Félix Lafourie y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. El primero, defiende los intereses de cientos de ganaderos y agroindustriales que apoyaron, patrocinaron y en connivencia, aceptaron la creación y operación de los grupos paramilitares; grupos esos no creados, como muchos aún piensan, para el desarrollo de actividades contrainsurgentes.

Por el contrario, operaban para desplazar campesinos, afros e indígenas y de esta forma incrementar la desigualdad, la pobreza, la concentración de la tierra en pocas manos, desestimular la producción campesina y por ende, afectar la seguridad y la soberanía alimentarias de los colombianos y del propio Estado.

El segundo, histórico defensor de la "causa" paramilitar, viene de tiempo atrás afectando la institucionalidad estatal y hace hoy ingentes esfuerzos por deslegitimar la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde su rol como Procurador no solo desconoce la autoridad del Ejecutivo, sino que incita a que sectores de poder, legal e ilegal, se opongan al cumplimiento de dicha norma. Una clara contradicción que expresa el alto grado de polarización política e ideológica que subsiste en el país alrededor del tema agrario y lo más preocupante, las disímiles y contradictorias ideas que subsisten dentro del Estado, generadas por la decisión del Gobierno de Santos que se atrevió a poner el fin del conflicto armado por la vía de la negociación política, desestimando la lucha antiterrorista planteada entre 2002 y 2010.

Lafourie y Ordóñez insisten en defender a dentelladas el régimen de hacienda, y los modelos de explotación a gran escala. Estos defensores del modelo de plantación insisten y sueñan con un campo con campesinos, afros e indígenas sometidos a las lógicas de la aparcería o convertidos en terrazgueros. Sin duda, con lo que sueñan estos dos señores feudales es con un latifundio neocolonial en el contexto de una moderna economía capitalista.

Las declaraciones y las posturas asumidas por Ordóñez y Lafourie son una clara advertencia al Gobierno de Santos, a los reclamantes de tierras y a las guerrillas, entre otros sectores sociales: el país debe prepararse para ver en operación a ejércitos antirestitución de tierras. Muy seguramente de estos "ejércitos" harán parte los paramilitares que supuestamente se sometieron a la justicia en el fallido proceso de paz llevado a cabo entre los jefes paramilitares y el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Resulta de extrema gravedad que el Procurador Ordóñez lidere procesos de desconocimiento e incumplimiento de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras y apoye a viejos y conocidos despojadores de tierras. La toma de partido del Procurador no solo advierte las dificultades a las que se enfrenta el Estado como unidad simbólica y ordenador del territorio en sus ámbitos local y regional, sino que anima a que se continúe la resolución violenta de los conflictos por la tenencia de la tierra.

De igual manera, la postura asumida y las acciones que pueda emprender y liderar el Presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, dan cuenta de lo inconveniente y de lo peligroso que resulta que un gremio de la sociedad civil no acompañe el Proceso de Paz y en particular que insista en mantener y extender en el tiempo las condiciones que hicieron posible reconocer que el conflicto armado interno tiene un profundo anclaje agrario.

Lafourie y Ordóñez lideran y representan el país neocolonial que multinacionales y empresarios nacionales necesitan para plantar y hacer germinar allí sus proyectos agroindustriales, megaminería y explotación forestal, entre otras actividades. Es decir, el país soñado: sin campesinos, sin afros y sin indígenas. Solo aparceros.