Justicia Transicional y Santiago Uribe Vélez 

Cuando la prensa titula "Capturado el hermano del senador Uribe"o hace referencia al vínculo familiar, anula y desestima el acervo probatorio que la Fiscalía ha recogido en varios años de investigación sobre la conformación de ese grupo paramilitar, liderado por el ganadero antioqueño, de acuerdo con los testimonios de varios comandantes paramilitares y del ex oficial de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses. Huelga recordar las acciones de despojo de tierras, desplazamiento forzado y masacres perpetradas por las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos, como el de Los 12 Apóstoles. 

Justicia Transicional y Santiago Uribe Vélez

Foto: zonacero.com

Marzo 02-2016

Por Germán Ayala Osorio 
Comunicador social y politólogo

Es un enorme error conceptual y político hacer aparecer la captura de Santiago Uribe Vélez como parte de una "persecución política" orquestada desde la Casa de Nariño en contra de lo que se conoce, eufemísticamente, como el "uribismo [1]". Ni hay persecución política en contra del Centro Democrático y mucho menos, la captura del ganadero se puede interpretar de esa manera.

Que Santiago Uribe sea hermano de quien gobernó o mandó en Colombia entre 2002 y 2010 es un hecho meramente circunstancial que no puede ser usado para invalidar la decisión judicial de la Fiscalía, que lo viene investigando, de tiempo atrás, por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por varios crímenes cometidos por esa organización.

Cuando la prensa titula "Capturado el hermano del senador Uribe" [2] o hace referencia al vínculo familiar, anula y desestima el acervo probatorio que la Fiscalía ha recogido en varios años de investigación sobre la conformación de ese grupo paramilitar, liderado por el ganadero antioqueño, de acuerdo con los testimonios de varios comandantes paramilitares y del ex oficial de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses. Huelga recordar las acciones de despojo de tierras, desplazamiento forzado y masacres perpetradas por las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos, como el de Los 12 Apóstoles.

Ahora bien, no se puede ocultar que la "polémica" decisión judicial en contra del caballista antioqueño es un golpe muy fuerte para el ex presidente Álvaro Uribe, en su condición de hermano. Es inevitable que así sea, pero ello no se puede interpretar como parte de una estrategia del Gobierno de Santos, que tiene como propósito "doblegar" la voluntad del Senador del Centro Democrático, y de esa forma, hacer que modifique o morigere su postura frente al Proceso de Paz, en especial en lo que tiene que ver con el modelo de justicia transicional acordado en La Habana.

Es posible si, conectar la acción legal en contra del ciudadano Santiago Uribe con el Proceso de Paz de La Habana y en particular con la implementación a futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, una vez se firme el Acuerdo general y definitivo. Eso sí, con una salvedad: la conexión hay que hacerla desechando su vínculo familiar con el ex Presidente y dándole prioridad a una condición que los medios están ocultando: Santiago Uribe Vélez sería un victimario en el contexto del conflicto armado interno.

En la perspectiva de reconocer a Santiago Uribe Vélez como victimario, su captura y posterior juzgamiento se convierte en una oportunidad para que sectores sociales y políticos entiendan que las condiciones de favorabilidad jurídica (beneficios jurídicos) que recibirán los miembros de la cúpula de las Farc, se podrán aplicar no solo a Santiago Uribe Vélez, sino a generales, coroneles y ojalá, más adelante, a agentes de la sociedad civil que apoyaron, por ejemplo, la conformación de grupos paramilitares. Recordemos que lo acordado en Cuba permite investigar a agentes privados (no combatientes) que de manera directa e indirecta hayan participado de acciones político-militares en el contexto del conflicto armado interno.

Es positivo para el modelo de justicia transicional acordado en Cuba, que el propio Establecimiento tenga y ponga a buen recaudo a figuras políticas, militares y empresarios procesados por la comisión de diversos delitos en razón del conflicto armado. Hacerlo así, podría facilitar la comprensión social y política de los márgenes de impunidad  que de todas maneras acompañan a este tipo de acuerdos de paz en donde se da cabida a escenarios transicionales. Estaremos en poco tiempo ante decisiones de una justicia más política que jurídica, en tanto que habrá beneficios para quienes confiesen y reconozcan la responsabilidad y aporten al esclarecimiento de la verdad por los hechos en los que violaron los derechos humanos en su condición de victimarios.

Es decir, los colombianos deberán entender que las penas alternativas de restricción a la libertad que se les impondrán a los dirigentes de las Farc servirán, muy seguramente, para cesar los procesos judiciales o proponer la condonación de penas a militares de alto rango, políticos, ganaderos y otro tipo de empresarios que de manera directa e indirecta apoyaron actividades criminales y la comisión de delitos.

Bienvenida entonces la captura y procesamiento penal de Santiago Uribe, en el entendido de que este ciudadano haría parte de un largo listado de victimarios que en el contexto del conflicto armado interno, violaron los derechos humanos. Listado que muy seguramente el país conocerá cuando los tribunales del modelo de justicia acordado en La Habana, empiecen a operar.

Espero eso sí, que la Fiscalía acierte en la imputación de cargos y en el acervo probatorio, para que un juez encuentre méritos suficientes para procesar al ganadero Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares. No puede la Fiscalía equivocarse en este caso. Cualquier error será capitalizado política y mediáticamente.

Adenda: las posturas asumidas por varios medios masivos, en especial noticieros de televisión y periodísticos radiales, hacen pensar en que los Medios en Colombia cada vez más operan como Actores Políticos.